Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2025-2027 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2025.

Muchas gracias, señora presidenta. Señor Marí, qué trabajo les cuesta a ustedes reconocer los datos objetivos en los que coinciden todos los paneles internacionales y qué coraje les da que España vaya bien. ¡Qué coraje les da! (Aplausos). Claro, recuerden: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Esa es la tesis en la que se instala el Partido Popular. Efectivamente, hace un año la ciudadanía española logró frenarles a ustedes en alianza con la ultraderecha, y es por eso por lo que hoy este Gobierno se sienta en el banco azul y ustedes se sientan en la oposición. (Aplausos). Se llama democracia, señor Marí; se llama democracia, esa que ustedes parece que no respetan porque su único objetivo, dicho por ustedes y por su líder, es derrocar a Sánchez, echar a Sánchez. Les da igual el IVA de los alimentos, les da igual la inflación, les da igual cómo vaya la economía de las familias o el tejido productivo; les da igual. Ustedes no aceptan el resultado democrático de hace un año. Eso es todo, eso es todo. (Aplausos). Decía que comparezco nuevamente en la tribuna para presentar los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y cada uno de los subsectores para el período 2025-2027. Junto a ello, señorías, informaré sobre el límite de gasto no financiero para el año 2025, que aprobamos la semana pasada en el Consejo de Ministros. Como siempre, señorías, insisto para que no se preste a confusión, el techo de gasto, el límite de gasto no financiero no se somete a votación. Por tanto, solo votamos el establecimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones en el período 2025-2027. Saben sus señorías, también, que esta es una fase previa, un paso previo en la elaboración y presentación, espero que en tiempo y en forma, de los presupuestos del Estado para el año 2025; unas cuentas públicas con las que queremos continuar consolidando derechos, libertades, fortalecimiento de la clase media y trabajadora, y transformando el modelo productivo. Es decir, continuar la senda de progreso, de modernización de nuestro país de los últimos años. Por tanto, tendremos tiempo a lo largo de los próximos meses de debatir sobre estas cuestiones. Pero, señorías, quería trasladarles que, efectivamente, la hoja de ruta que comprometimos con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente Sánchez continúa su senda y, por tanto, haciendo realidad esta España diversa y esta España plural.

Y antes de entrar en ese detalle del acuerdo que sometemos a votación, hay que recordar el contexto económico y también de gobernanza fiscal europea en la que enmarcamos la senda de estabilidad. Respecto al contexto macro, las nuevas previsiones que aprobamos en el Consejo de Ministros y que sustentan la senda recogen la sólida situación y las perspectivas de la economía española, como se pone de manifiesto con los principales organismos nacionales e internacionales, todos ellos revisando al alza sus propias previsiones, eso que tanto le exaspera al Partido Popular.

Como saben, España seguirá liderando el crecimiento económico entre las principales economías de la zona euro, tanto en este año como en el próximo, tras cerrar el pasado con un aumento del PIB, fíjese señor Marí, cinco veces superior a la media de la zona euro. El crecimiento económico de nuestro país es cinco veces superior a la media de la zona euro. La creación de empleo marca también récord, con cerca de 21,4 millones de personas y afiliados a la Seguridad Social, concretamente en el mes de junio. Este dinamismo permitirá crear alrededor de un millón de puestos de trabajo entre los años 2024 y 2025, superando los 22 millones de ocupados para el próximo año. Igualmente, mantenemos la evolución positiva del sector exterior, que permitirá a España seguir manteniendo su notable capacidad de financiación, destacando la aportación récord de los servicios no turísticos.

Estos datos ponen de manifiesto, por mucho que algunos lo quieran negar, el cambio estructural que está produciéndose en la economía española de mano de las políticas que estamos impulsando y, también, cómo no, del plan de recuperación. Es ese dinamismo de la actividad económica y la prudencia que caracteriza la gestión de este Gobierno lo que ha permitido reducir el déficit hasta el 3,6 en 2023, 60 000 millones de euros en tres años. Repito, 60 000 millones de euros en tres años. Estas son dos de las grandes claves que nos han permitido cumplir con nuestro compromiso con la consolidación fiscal. De un lado, la gestión económica muy distinta de la que se practicó en la crisis financiera anterior. En este caso se fundamenta en protección de renta, en apoyo al tejido productivo, también en los acuerdos en el diálogo social, que está ofreciendo resultados extraordinarios en términos de crecimiento, de empleo y de cohesión, como constatan todos los organismos nacionales e internacionales. Debe ser el Partido Popular el único al que le parece que un buen dato de recaudación es una mala noticia; Partido Popular que, permanentemente, dice que bajando los impuestos se incrementa la recaudación. Cuando este Gobierno incrementa la recaudación manteniendo su política pública de apoyo a las familias y de apoyo al tejido productivo, entonces, al Partido Popular le parece que aumentar la recaudación es malo. (Aplausos). No se aclaran. Si, incluso, ustedes anhelan aumentar la recaudación como todos los gobiernos anhelamos, señorías.

En términos de prudencia presupuestaria y fiscal, creo que, evidentemente, a pesar del suspenso que tuvimos con las reglas fiscales, los gobiernos hemos demostrado responsabilidad y compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas. Le decía que hemos cerrado 2023 con un déficit inferior al de países como Francia, como Italia, incluso por debajo del que habíamos comprometido con la Comisión. Este comportamiento se ha traducido en confianza por parte de las autoridades europeas para que España no se incorpore al procedimiento de déficit excesivo; es decir, se confía en nuestro país porque nos hemos ganado la confianza a pulso, con hechos, a pesar de ese discurso catastrofista que se escucha con frecuencia y que se repite una y otra vez en esta tribuna por miembros del Partido Popular. Nuestra previsión: seguir reduciendo el déficit hasta el 3 % en el 2024 y el 2,5 % en 2025. Por tanto, una política económica eficaz, responsable, capaz de hacer compatible el refuerzo del estado del bienestar con creación de empleo, con crecimiento económico y con reducción de desequilibrios que se han provocado, básicamente, por el contexto internacional de la pandemia y, posteriormente, la guerra de Ucrania.

Hemos demostrado —y‌ probablemente eso es lo que no aceptan— que hay alternativa a la política neoliberal y a la receta austericida de la derecha. Hay otra respuesta posible: la que ha hecho este Gobierno que, además, ha sido justa y eficaz, porque en estos años ha quedado claro que sin recortes también se puede reducir el déficit, reforzando, ni más ni menos, el estado del bienestar y desplegando un escudo social —‌lo comentábamos anteriormente— de más de 120 000 millones, beneficiando a la mayoría social del país. Respecto a ese marco de gobernanza fiscal, recuerdan que en el año 2020 se activó esa cláusula de salvaguarda y se suspendieron las reglas fiscales; una situación que ya ha finalizado, después de un debate intenso en las instituciones europeas sobre cuánto y cómo habría que reactivarlo. España jugó un papel fundamental en este debate, logrando que este resultado final sean unas reglas que, en espera de su adaptación total, preservan el crecimiento económico, el modelo social europeo, a diferencia de lo que ocurrió —‌como digo— en la anterior crisis financiera, donde también la respuesta de Europa fue distinta. Por ello, vamos a contar con unas reglas fiscales más creíbles, más claras, que nos ayuden a seguir avanzando en esta senda, a la vez que vamos a proteger las inversiones en los ámbitos estratégicos para el futuro. Esas reglas que proponemos en el día de hoy están en sintonía con las que se están marcando desde Europa. En los debates que tendremos, a partir de ahora, con la Comisión también iremos traduciendo ese cambio de nomenclatura y de parámetros que se está trabajando en Europa, adaptado a nuestra ley orgánica y, por tanto, a los objetivos de deuda, de déficit y de regla de gasto a los que estamos acostumbrados en esta Cámara.

Para que nos entiendan los ciudadanos, si hasta ahora el objetivo de déficit y deuda pública era lo que primaba en el control de las cuentas públicas, ahora el principal factor será el denominado gasto primario neto. A ello sumamos que, en septiembre o en el mes de octubre, se enviará, junto al plan presupuestario, un plan fiscal a medio plazo que podrá ser de cuatro o de siete años. Por ello, las conversaciones con la Comisión nos están permitiendo ahormar estos cambios con el cronograma habitual que tenemos todos los Estados miembros para la preparación de presupuestos, garantizando que estemos en línea, traduciendo esas reglas fiscales a las actualmente vigentes y también reforzando el compromiso de reducción de gasto estructural y de sostenibilidad de las cuentas públicas de cara al futuro.

Hecha esta explicación, solamente, señorías, voy a relatar los datos que sometemos a su consideración en el día de hoy. Para 2025 el conjunto de administraciones públicas tendremos un objetivo de déficit del 2,5 %, en el 2026 del 2,1 % y en el 2027 bajaremos hasta el 1,8 %. Se trata de una senda más exigente que la aprobada en el último programa de estabilidad de 2023, que es la que entró en vigor después de que el Partido Popular rechazara la última senda que presentamos en esta Cámara y que presentamos en el Senado, negándose —‌lo recuerdan sus señorías— a conceder mayor margen fiscal, mayor capacidad de gasto —4500 millones— a las comunidades autónomas y ayuntamientos. Pues bien, la senda vigente para las administraciones públicas, hasta ahora, es del 2,7 % en 2025 y 2,5 % en 2026. Con el acuerdo que proponemos hoy, serán del 2,5 % y del 2,1 %, respectivamente. Sin embargo —y‌ este es el dato importante, señorías—, quiero dejar claro que el esfuerzo en reducción del déficit será íntegramente asumido por la Administración central y, por tanto, por la Administración General del Estado, sin que el esfuerzo de reducción del déficit tenga impacto alguno en comunidades autónomas y en entidades locales. (Aplausos). Nunca antes se ha traído a esta Cámara una senda marcada con esta orientación política. Repito, los ayuntamientos, las comunidades autónomas no tendrán que hacer un esfuerzo añadido de reducción del déficit para los próximos años, porque en el caso de comunidades autónomas, como aprobamos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el objetivo se sitúa en el 0,1 % de déficit para 2025, lo que supone una décima más de margen respecto al cierre del año 2024, pero, sobre todo, supone dos décimas más de lo que tendrían que realizar si estuviera vigente la senda que actualmente está aprobada. El objetivo, por tanto, se mantendrá también en el 0,1 % en 2026 y 2027. Por eso decía que no tendrán que hacer un esfuerzo añadido en reducción del déficit.

Por otra parte, el mayor margen para comunidades autónomas se une a que en 2025 recibirán las mayores entregas a cuenta de su historia, con 147 412 millones, lo que representa un 9,5 % más. Si tenemos en cuenta también la liquidación del sistema de 2023, la financiación total que recibirán el próximo año alcanzaría 158 167 millones, lo que supone un nuevo récord de recursos para las entidades autonómicas.

La nueva senda que hoy sometemos a votación también resulta más favorable para los ayuntamientos que la actualmente vigente. Ahora ya no se les exige superávit, sino que pedimos equilibrio presupuestario. Dicho de otra forma, se les concede una décima más de margen fiscal para 2025 y dos décimas más para el año 2026. En términos de traducción en margen presupuestario, señorías, esto significa que se suma este objetivo de ayuntamientos a las mayores entregas a cuenta para el 2025 que tendrán entidades locales con 26 893 millones, lo que representa un 13,1 % más de lo que tuvieron en el año 2024. En resumen, comunidades autónomas y entidades locales tendrán mayor capacidad de gasto: 4500 millones de euros más para el año 2024 y 6000 millones de euros más para el año 2025. Por tanto, señorías, creo que realmente hacemos gala de nuestro compromiso con las administraciones territoriales cuando el Gobierno de España en solitario asume la reducción del déficit para los próximos años. (Aplausos).

Señorías, decía que, en concreto, el objetivo de estabilidad para el año 2025 para la Administración central se situará en el 2,2 %, lo que supone una reducción de 8 décimas respecto al cierre de 2024, previsto en la senda vigente del programa de estabilidad. De esta manera, la Administración central tendrá que reducir el déficit al 1,8 en 2026 y al 1,5 en 2027.

Por último, la Seguridad Social mantendrá durante toda la senda el objetivo de déficit del 0,2 %, compatible con el compromiso de actualización de las pensiones en función del IPC que se registra cada año. Señorías, también quiero destacar que las mayores transferencias que va a recibir la Seguridad Social serán en el año 2025, alcanzaremos los 22 881 millones, un 7 % más. Eso significa que esta partida cumplirá también con las recomendaciones del Pacto de Toledo, lo que hace evidente el esfuerzo por la sostenibilidad del sistema. (Aplausos). Sinceramente, señorías, creo que los datos que les voy exponiendo hacen imposible justificar un voto en contra de la senda de estabilidad.

En cuanto a la deuda pública, tras el incremento provocado por la pandemia o la invasión en Ucrania, mantenemos la línea descendente de los últimos años, con el objetivo de bajarla hasta el 105,1 %, una disminución de más de 20 puntos en cuatro años. Esta reducción de la ratio deudaPIB es posible gracias a la prudente gestión presupuestaria, al crecimiento económico y a la creación de empleo. La senda profundizará en este descenso. En concreto, la deuda pública se situará en el 103,6 % del PIB en 2025, en el 101,8 % en 2026 y caerá por debajo del 100 %, hasta el 99,7 %, en 2027.

Por último, quiero informarles de que la regla de gasto queda fijada en 3,2 en 2025, en 3,3 en 2026 y en 3,4 en 2027; una regla acorde con ese nuevo marco de gobernanza y compatible con la tasa de crecimiento del gasto primario neto, que, como les decía, es la variable principal de las nuevas reglas fiscales y que se contemplará en ese plan estructural para el medio plazo que remitiremos el próximo trimestre.

Voy terminando, señorías. Me referiré de forma breve al denominado techo de gasto para 2025, que no se somete a votación. En concreto, el techo de gasto nacional, sin fondos europeos, se situará en 195 353 millones de euros. Esto supone un 3,2 % más que el del año 2024; en definitiva, 6138 millones de euros más. Se trata de un incremento importante, pero al mismo tiempo prudente, que anticipa ese compromiso con la responsabilidad fiscal, pero también con el refuerzo de los servicios públicos: sanidad, educación o dependencia. El límite del gasto no financiero total, es decir, incluyendo fondos europeos, se situará en 199 171 millones de euros, una cifra similar a la registrada en el año anterior. Esto es así porque, como estaba previsto en el plan de recuperación y en la adenda, España en los próximos años va a recibir más préstamos que transferencias y saben sus señorías que los préstamos no se incorporan al límite de gasto no financiero porque son capítulo 8. Así que pongo en valor el importante esfuerzo que está haciendo el presupuesto nacional para compensar las anualidades que ya no vamos a recibir de los fondos Next Generation y que con el presupuesto ordinario, señorías, nos van a permitir seguir impulsando esas políticas que hemos tenido la capacidad de poner en valor.

En cualquier caso, las partidas europeas seguirán siendo una potente palanca para la transformación del modelo productivo, sobre todo en digitalización, transición verde o cohesión territorial. Por eso, señorías, se contemplarán en los correspondientes presupuestos las partidas que nos permitan atender esta nueva fase. En este sentido, ese ritmo de ejecución va avanzando en lo que va de año, ya que hasta comienzos de julio se han autorizado 12 500 millones de euros. Esto significa el 35 % de los créditos presupuestados. Además, señorías, también hemos cumplido con el cuarto desembolso, lo que supone que España recibirá casi 10 000 millones de euros en este ejercicio.

Termino. Hoy damos un primer paso muy importante para la aprobación futura de los presupuestos generales para 2025. Como siempre hago desde esta tribuna, tiendo mi mano y la de mi equipo para mantener debates y reuniones que permitan seguir avanzando y que de esta manera podamos presentar las nuevas cuentas en tiempo y en forma. Nuestra propuesta es muy clara: trabajaremos para profundizar en la consolidación de derechos, en el fortalecimiento de la clase media y en la protección de los colectivos vulnerables. Para ello hay que desplegar toda la potencialidad del estado del bienestar con la política económica que venimos desarrollando: un buen ritmo de crecimiento y de creación de empleo, transformando y modernizando el tejido productivo, haciendo frente a los retos de las sociedades avanzadas, reindustrializando nuestro país, ganando competitividad y también autonomía estratégica, pero sobre todo combatiendo las desigualdades de la justicia fiscal y garantizando la cohesión social y territorial, y la convivencia democrática. Los datos demuestran que la política del Gobierno funciona. Hoy tenemos más crecimiento y mejor empleo, y este Gobierno no se va a desviar del compromiso que adquirió con la ciudadanía, también con los grupos políticos y con el resto de la sociedad, porque, a pesar de la crispación política con la que la oposición quiere ocultar la acción del Gobierno, la realidad es que España es hoy un país más estable, más sólido, con mayor potencial económico y con mejores oportunidades. Sabemos que quedan retos pendientes: vivienda asequible, adaptación de la capacitación profesional, los problemas de la España vaciada, la lucha incansable contra la violencia de género, la apuesta por la cultura sin censura, avances en conciliación o la preservación de la memoria frente a quienes quieren que siga enterrada. Por eso necesitamos unas cuentas públicas que puedan ayudar a dar respuesta a estos retos.

Por los argumentos que acabo de exponer, señorías, pido que con su voto aprueben este objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones y cada uno de los sectores que acabo de presentar. También estoy convencida de que los gobiernos locales y autonómicos lo agradecerán.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, el debate de hoy es un debate muy importante porque lo que nos estamos jugando es nada más y nada menos que la sostenibilidad del gasto público y, por lo tanto, la sostenibilidad de los servicios públicos y del estado del bienestar. Como se ha explicado, el Gobierno presenta a esta Cámara una serie de objetivos de estabilidad presupuestaria atendiendo lo que marca la ley orgánica correspondiente y, efectivamente, solo vamos a votar los objetivos de déficit y de deuda para el conjunto de las administraciones públicas y no el límite o techo de gasto no financiero ni la regla de gasto, que en todo caso se acompaña en la información que se nos da. Todo esto, además, en el entorno de un cambio normativo, porque esta Ley orgánica de estabilización presupuestaria y sostenibilidad financiera no está adaptada al nuevo marco europeo. El techo de gasto realmente es menos importante. Saben ustedes que, por un lado, no incluye la Seguridad Social y, por otro, no se ha cumplido nunca y nunca ha pasado nada. Es mucho más relevante la regla de gasto, que es vinculante y crucial en las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que se verificará anualmente y que va a ser clave para la futura estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad del gasto público en España. Pues bien, nos trae el Gobierno un documento en un contexto financiero, económico y político que lleva justamente a que sea una misión imposible apoyar este texto, y ello por tres tipos de razones que pasaré ahora a desarrollar. En primer lugar, intrínsecas al plan que se nos presenta; en segundo lugar, de política económica más general, y en tercer lugar, de política propiamente dicha. Cada uno de los tres argumentos bastaría por sí mismo para rechazar este documento, pero es su efecto conjunto, insisto, lo que hace una misión imposible votar a favor de lo que nos presenta el Gobierno. (Aplausos). En primer lugar, hay inconsistencias intrínsecas en la propuesta, y solo voy a poner tres ejemplos. La señora ministra sabe, porque seguro que ha tenido acceso al informe que ha hecho público la AIReF el día 17 de julio sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto en este ejercicio, en el año 2024, que pese a que está en crecimiento el PIB, efectivamente, gracias entre otras cosas a ese sector tan valorado por algunos de los socios del Gobierno que es el turismo, y pese a que se advierte de graves riesgos por el diferencial de productividad que estamos teniendo con el resto de la Unión Europea o la retracción de la inversión, de lo que advierte la AIReF sobre todo es del deterioro de la situación fiscal de las administraciones públicas a medio plazo, advirtiendo que se eleva el ajuste necesario que habrán de realizar las administraciones públicas españolas para cumplir con los requisitos de sostenibilidad del nuevo marco europeo de gobernanza fiscal. De hecho, la AIReF calcula que solo este año hay que hacer un ajuste, o bien por el gasto, o bien por el ingreso, de 10 700 millones de euros, y además señala que la reducción de la deuda de un punto, que es el mínimo que marca la nueva normativa europea, se debe exclusivamente a los efectos de la inflación tanto en el PIB nominal como en el deflactor correspondiente. Hay una segunda causa intrínseca por lo que estas cuentas son increíbles, y es que no sabemos si esto va a ser así o va a cambiar dentro de unas semanas. La señora ministra no tuvo a bien informarnos de qué pasa con la condonación de la deuda. Es verdad que condonar la deuda a las comunidades autónomas no afecta al global de deuda del país, pero sí que afecta al reparto entre distintas administraciones territoriales. Hoy vamos a votar un reparto de la deuda pública entre las comunidades autónomas y el Estado. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber condonación? ¿No la va a haber? ¿Está incluida en este documento? ¿No lo está? ¿Se varía? ¿No se varía? Es decir, esto puede ser papel mojado en cuanto ustedes decidan pactar con sus socios algo que implique que condonan una deuda que varía inmediatamente lo que se votaría aquí. (Aplausos). Por cierto, hay asimetría en el reparto. Las comunidades autónomas tienen un 4 % de capacidad de déficit y yo solo recuerdo lo que ustedes decían cuando con el Gobierno del Partido Popular estábamos en torno al 20 %. Evidentemente, eso no es así, igual que tampoco es así que las comunidades autónomas no tengan que hacer un esfuerzo añadido. Se dice que no hay un esfuerzo añadido porque, en teoría, este año era cero, pero la realidad es que es 0,3 y ustedes mantienen el 0,1, por tanto, van a tener que hacer un gran esfuerzo.

Hay una tercera razón intrínseca, esto también lo dice la AIReF, que no contemplan otros gastos contingentes y no contemplan el incremento del gasto en defensa. Hemos ido a la cumbre de la OTAN siendo el país con menor gasto en defensa, el 1,28 del PIB, cuando estamos comprometidos al 2 % y la OTAN nos exige esfuerzos de 10 000 millones de euros al año, esto en un entorno bélico que justifica que haya decretos de emergencia y en un contexto donde Estados Unidos es posible que tenga un presidente que nos deje un poco abandonados a los europeos en temas de defensa. Y tampoco se tienen en cuenta las transferencias a las Seguridad Social. La AIReF dice que, con todo esto, estos datos no son verosímiles y no hacen sostenibles las cuentas a largo plazo.

En segundo lugar, hay motivos económicos. Fíjese, le voy a comprar que la economía española, en lo que es el PIB, crece como un cohete, aunque me parece un poco exagerado crecer al 2,5 y decir que va como un cohete. Si creciese como un cohete, en el entorno de unas reglas de estabilidad financiera que tienen una clara justificación keynesiana, es decir, cuando la economía va mal uno se endeuda y tiene déficit y cuando la economía está en bonanza —‌y no digamos ya si va como un cohete— lo que hay que hacer es reducir la deuda y, en su caso, tener equilibrio o superávit, si vamos como un cohete —d‌ igo—, ¿por qué tenemos las cifras que tenemos? Portugal, que es un país que estuvo gobernado por los socialistas, redujo la deuda pública aprovechando la bonanza después de la COVID-19 del 135 al 99 % de su PIB, es decir, la redujo un 36 %, y ustedes la han reducido de 120 a 107, el 13 %, tres veces menos. Hoy mismo el Banco de España ha hecho público un informe que dice que la deuda ha crecido en el interanual un 5,3 %.

El déficit estructural, según todas las fuentes, está en torno al 4 %. Las nuevas reglas fiscales marcan el 1,5 %, todo ello con los ingresos disparados. Somos el primer país de Europa con un 2,9 de incremento de la presión fiscal, muy notable en el ámbito de las cotizaciones sociales, con 40 000 millones más y 63 000 millones más desde 2018 solo con los impuestos, como para después decir que han reducido el déficit en 60 000 millones; ya saben quién lo ha pagado. Pero, al mismo tiempo, están consolidando el gasto de la pandemia, no dejan de hacerlo constantemente. Han incrementado el gasto público un 3,7 % del PIB, de 403 a 556 000 millones. Toda esta mejora en la recaudación, que se debe básicamente a la inflación, o por lo menos en un porcentaje muy elevado —‌también a la creación de empleo—, ¿mejora las cuentas de España y la sostenibilidad a medio plazo? Si hubiese una crisis, ¿estaríamos mejor? La AIReF dice que no, incluso aunque no haya crisis, dice que está en riesgo la sostenibilidad a medio plazo.

Ahora tendremos que presentar el plan fiscal estructural a medio plazo que marcan las nuevas normas, y esto me lleva a la tercera y última razón, que es la razón política. Ustedes no han tenido ni un solo contacto con relación al techo de gasto con el Partido Popular, grupo mayoritario de esta Cámara y líder de la oposición. Ustedes no han tenido un solo contacto para hablar de este plan, del plan fiscal estructural a medio plazo que, como usted sabe, va a comprometer por lo menos a dos gobiernos. Aunque aguanten ustedes toda la legislatura, como mínimo son cuatro años, por tanto, en la próxima legislatura estará en vigor. Lo más probable es que sea a siete años, por tanto, será durante dos legislaturas. No solo no han buscado diálogo, sino que había una oportunidad de diálogo en el Senado y ustedes en este mismo Pleno se han cargado la norma que permitía hablar al Partido Popular con su mayoría en el Senado. (Aplausos).

¿Ustedes creen que, en esta situación política, en la que cuando hay una ley que les motiva al diálogo con el Grupo Popular lo que hacen es cepillarse la ley, es razonable? No es razonable, como no es razonable decir, como dijo aquí el presidente, que hubo bulos y que el 18 % de los españoles piensan que la economía está en crisis como el primer ejemplo de bulo, cuando nos dicen las estadísticas de AROPE que el 26,5 % está en riesgo de pobreza y el 50 % no llega a fin de mes; a lo mejor el bulo es que son demasiado pocos los que piensan que la economía va mal.

Nosotros, para resumir, no les vamos a apoyar por los tres motivos que acabo de resumir: la credibilidad de las cifras es baja, los riesgos de sostenibilidad a medio plazo son altos y se ha abusado del procedimiento legislativo para aprobar un techo de gasto en vez de buscar el consenso con el Partido Popular. Como ven, poca credibilidad, riesgos de insostenibilidad y perversión del proceso legislativo, una radiografía del Gobierno del señor Sánchez.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Nos presenta el Gobierno unos objetivos de déficit y deuda pública más ambiciosos que los presentados a comienzo del año, y también un aumento del límite de gasto no financiero que para el año 2025 será del 3,2 %. Nos anticipa, por tanto, el Gobierno su intención de llevar a cabo un importante aumento de la presión fiscal. Nada nuevo viniendo de un gobierno socialcomunista que legisla con un claro afán recaudatorio y que ha subido 69 veces los impuestos desde que alcanzó el poder en el mes de junio del año 2018. Nada nuevo viniendo de un gobierno que ha llevado a cabo el mayor incremento de la presión fiscal de todos los países de la Unión Europea entre los años 2019 y 2022, un gobierno cuyas políticas empobrecen a los españoles. Y esto no es una opinión, es una realidad. Veamos los datos. Uno, en el primer trimestre de 2024, según el informe de la OCDE sobre perspectivas de empleo publicado el 9 de julio, los salarios reales en España seguían un 2,5 % por debajo de los niveles previos a la pandemia. (Aplausos). Dos, los altos niveles de inflación han supuesto una importante pérdida del poder de compra, especialmente en las rentas más bajas. Tres, se ha acentuado la pérdida de poder adquisitivo de los españoles al no haber ajustado las tarifas de los impuestos al aumento de la inflación. (Aplausos). Cuatro, el PIB per cápita real es un 3,6 % inferior al de 2019. (Aplausos). Cinco, España es el país europeo en el que más ha caído la renta per cápita en paridad de poder adquisitivo en los últimos cinco años. España está 12 puntos por debajo en paridad de poder adquisitivo respecto a la media de los países de la Unión Europea. Seis, el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social ha aumentado en España desde el año 2019, pasando del 26,2 % al 26,5 % en el año 2023. Somos el país con mayor nivel de pobreza de la Unión Europea tras Rumanía y Bulgaria (aplausos), un porcentaje que se eleva al 34,5 % en menores de dieciocho años, lo que nos sitúa en el segundo país de la Unión Europea cuando hablamos de pobreza o exclusión social infantil. Siete, el 37 % de la población no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Ocho, se ha producido, según el Banco de España, una reducción en la liquidez de los hogares españoles. Nueve, el esfuerzo fiscal de los españoles se encuentra un 52,8 % por encima del promedio de la Unión Europea. Diez, la baja productividad de la economía española es, según la OCDE, uno de los factores que impiden a los españoles disfrutar de una mayor prosperidad económica. (Aplausos). Once, la deuda de cada español se ha incrementado, gracias al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, en más de 7100 euros, y, como dice la señora vicepresidenta del Gobierno: repito, en más de 7100 euros cada español. (Aplausos). Hablamos de un gobierno que nos empobrece y que lleva a cabo una gestión irresponsable de las cuentas públicas, un gobierno irresponsable que no ha aprovechado los incrementos en la recaudación tributaria de los últimos años para equilibrar o alcanzar un superávit en las cuentas públicas. Pensemos que desde el año 2017 hasta el año 2023 la recaudación tributaria ha aumentado un 37,3 %, mientras el déficit de las cuentas públicas a finales del año 2023 era superior al existente al cierre del año 2017. Este aumento de la recaudación tributaria del 37,3 % —56,1 % en el caso del IRPF— desde el año 2017 ha sido muy superior al aumento del PIB real y del empleo, lo que es un indicador claro de la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. Unos gobiernos socialistas irresponsables que han elevado la deuda pública en más de 400 000 millones de euros hasta situarla por encima de los 1,6 billones, con be; repito, por encima de los 1,6 billones de euros, con be. Unos gobiernos que ignoran que una creciente deuda pública hace más vulnerable al sector público y al conjunto de la economía, socava el crecimiento general de la productividad y de la economía y supone una indudable pérdida de soberanía. Unos gobiernos que cargan su irresponsabilidad en las generaciones futuras, pero también condicionan las decisiones de gasto actuales, porque se condicionan las decisiones de gasto cuando tienes que asumir una elevadísima carga de intereses que detraen fondos que se podrían dedicar a otros fines. Y es que no estamos hablando de importes pequeños, hablamos de un importe de 35 967 millones de euros de intereses pagados en el año 2023 y de un importe de 147 432 millones de euros en intereses acumulados desde el año 2019. Lo increíble es que este Gobierno considere un éxito de gestión que, al cierre del primer trimestre del año, España se encuentre entre los cinco países de la Unión Europea con una deuda por encima del producto interior bruto. No solo eso, además plantea que seguiremos teniendo una deuda por encima del producto interior bruto, de acuerdo con los objetivos que hoy nos presenta el Gobierno hasta el año 2027. Nos plantea, a la vista de los déficits previstos, que la reducción en el porcentaje de deuda se basará en el aumento del PIB y que el monto de la deuda seguirá aumentando para hacer frente a los déficits comentados.

Mencioné al principio de mi intervención que lo que hoy votamos supondrá un aumento de la presión fiscal, y supondrá un aumento de la presión fiscal a la vista de los datos del informe sobre ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto 2024 elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal; un informe que constata que el Gobierno no es capaz de contener el gasto primario neto, el cual aumentará un 4,3 % en 2024 frente a la recomendación del 2,6 %.

Voy terminando. Este incremento del gasto supone un deterioro de la situación fiscal a medio plazo de las administraciones públicas. Señorías, porque creemos que se puede alcanzar una verdadera estabilidad presupuestaria, votaremos en contra; porque creemos que se tiene que reducir la presión fiscal a todos los españoles, votaremos en contra; porque creemos que para equilibrar las cuentas públicas es necesario llevar a cabo un ambicioso plan para reproducir el gasto político y eliminar duplicidades, votaremos en contra; porque creemos que un gobierno amante del despilfarro y permisivo con la corrupción y la malversación está deslegitimado para proponer cualquier plan, votaremos en contra…

… porque sabemos que el único objetivo de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa, votaremos en contra. Y, como dije en los dos plenos anteriores, votaremos en contra porque la condición indispensable para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas es que este Gobierno se vaya.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Como ha dicho la vicepresidenta primera, hoy esta Cámara podría, o no, aprobar la senda de estabilidad presupuestaria y, como muy bien ha dicho la vicepresidenta primera, se trata de una senda presupuestaria más restrictiva para la Administración central y mucho más holgada para las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social. Me permito hacer un pequeño paréntesis didáctico y pedagógico, siguiendo el ejemplo del señor Pedro Puy, para dedicar un momento a transmitir tranquilidad a la Cámara. Si no sale adelante la senda de estabilidad presupuestaria, esto no paraliza el proceso de aprobación de los presupuestos generales del Estado, simplemente lo que significaría es que volvemos a la senda anterior; pero lo que la senda anterior significa para algunos, que a lo mejor votan en contra, es pegarse un tiro en el pie (aplausos), porque la senda anterior es a la inversa, es mucho más holgada para la Administración central y mucho menos generosa y holgada para comunidades autónomas, corporaciones locales y Seguridad Social. Cierro el paréntesis pedagógico para tranquilizar a la Cámara.

Para mi grupo, la verdad es que en esta senda de estabilidad presupuestaria hubiéramos preferido que no fuera tan acelerada la reducción del déficit público, en tanto en cuanto nosotros entendemos que todos los márgenes fiscales que tenemos los debemos emplear para reducir la tasa de desempleo, que es nuestro gran problema, el tener una tasa de desempleo de dos dígitos. Como ha dicho el señor Pedro Puy, efectivamente, Keynes recomendaba recomponer los colchones fiscales en las etapas de crecimiento, pero esta recomendación era solo una vez que se había alcanzado el pleno empleo, pues, hasta que no se alcanza el pleno empleo, la recomendación ortodoxa de política económica es que todo el dinero se gaste en conseguir un mercado de trabajo más ancho, un mercado de trabajo en pleno empleo. (Aplausos). De hecho, ese mercado de trabajo más ancho es el mejor colchón fiscal frente a cualquier crisis. Lo mismo sucede con la deuda pública, donde lo que hay que hacer, desde el punto de vista de la ortodoxia, es aprovechar todos los márgenes fiscales, que en este caso nos proporciona Bruselas, para aumentar el tejido productivo y la actividad y reducir el peso de la deuda pública sobre el producto interior bruto. Nosotros, obviamente, vamos a votar a favor de esta senda de estabilidad presupuestaria que se nos presenta hoy, pero lo vamos a hacer con alguna condición, que entendemos que va a cumplir el Gobierno. Tiene que ser una senda donde no haya recortes y donde el gasto social siga aumentando.

Desde nuestro punto de vista, para hacer compatible la consolidación fiscal con la mejora de los derechos sociales lo que se tiene que producir es que sigamos aproximando nuestro nivel de contribución fiscal a los estándares europeos. Esto es lo que tenemos que hacer, sobre todo porque el techo de gasto nacional crece en 6000 millones y es un crecimiento estrecho para lo que es esperable del gasto inercial de nuestro presupuesto, y porque es verdad que tenemos una previsión de ingresos tributarios que posiblemente a final de año va a ser demasiado optimista y podamos estar 4000 millones por debajo de esa previsión. Por tanto, tenemos que hacer tareas, desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista impositivo, para elevar nuestras posibilidades de gasto.

¿Y para qué queremos elevar esas posibilidades de gasto? Para mejorar los derechos sociales de los ciudadanos. En SUMAR, para el próximo presupuesto de 2025, queremos aumentar en cuatro semanas los permisos de cuidados remunerados para cuidar a los niños, niñas y ‘niñes’ de 0 a 8 años. (Aplausos). También queremos aumentar en cuatro semanas el permiso por nacimientos y seguir aumentando el gasto en dependencia, así como universalizar una prestación por crianza para combatir las elevadas tasas de pobreza infantil que tenemos en el país, que no se corresponden con la cuarta economía de la Unión Europea.

¿Cómo generar ese mayor espacio fiscal para el gasto social y para la consolidación simultáneamente, cómo conseguir esa cuadratura? En SUMAR lo que planteamos es eliminar algunas exenciones. En concreto, a nosotros, y entiendo que también al Gobierno, nos gustaría eliminar la exención del IVA a las viviendas turísticas, porque lo que queremos es que las viviendas se utilicen para el alquiler permanente y no para el turismo. (Aplausos). También queremos suprimir la exención al IVA de las universidades privadas, porque entendemos que esto es un beneficio fiscal que no se justifica para familias que están en una buena posición desde el punto de vista de la renta. (Aplausos). Y también queremos eliminar la exención del IVA al queroseno de los aviones (aplausos), porque nuestro partido apoya la transición verde. Como dice el acuerdo de gobierno, queremos transformar en permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, pero sin los recortes que quieren promover algunos grupos de esta Cámara. (Aplausos). Queremos elevar el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas y extender esta lógica a las grandes herencias también, porque esto está funcionando muy bien para terminar con la competencia fiscal entre comunidades autónomas. Queremos terminar con los agujeros fiscales del impuesto de sociedades, de los que se benefician las grandes corporaciones, que provocan que su tipo de interés efectivo esté por debajo del de las pymes, haciéndoles competencia fiscal desleal. (Aplausos). Y, por último, queremos también bajar los impuestos, pero en este caso se los queremos bajar a los consumos vitales de energía eléctrica para promover la transición verde.

Simultáneamente, queremos también aumentar los ingresos fiscales, pero no solo eliminando exenciones y deducciones, sino también ampliando los ingresos. Para ampliar esos ingresos queremos hacer políticas estructurales, y las dos políticas estructurales fundamentales para aumentar la base fiscal del país son mejorar el poder de compra de los salarios y facilitar el acceso a la vivienda. Para nosotros la vivienda es un derecho, no un activo de mercado. Queremos prohibir la compra de viviendas para aquellos que lo ven como un activo de inversión, y solo queremos que puedan comprar viviendas aquellas personas que van a vivir en ellas. (Aplausos). Como he dicho antes, queremos desincentivar fiscalmente los apartamentos turísticos, queremos controlar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas para evitar el rentismo y queremos terminar definitivamente con las golden visa. Crear un parque de vivienda pública para el alquiler asequible no descalificable es otra parte central de esta política de vivienda.

Con dos vectores: el primero es que queremos movilizar el gran número de viviendas vacías que tenemos en zonas tensionadas, rehabilitándolo a través de agencias públicas de alquiler seguro y garantizado, donde el sector público haga de casero, y elevando su fiscalidad cuando no hay otro mecanismo para poner esas viviendas vacías en el mercado. Y el segundo vector es construir quinientas mil viviendas, a un precio de 400 euros el alquiler, haciéndolo directamente desde el sector público, es decir, como Estado emprendedor, y eliminar a las inmobiliarias privadas de la ecuación.

Ya termino, presidenta. Eso es lo que queremos hacer. En resumen, el objetivo no es tener unas cuentas públicas inmaculadas, sino un buen mercado de trabajo del que deriven unas cuentas saneadas. El objetivo no es aprobar con Bruselas, sino aprobar con nuestros desempleados encontrándoles empleo (aplausos), con las personas que no tienen hogar encontrándoles una vivienda (aplausos), o con los asalariados que han perdido poder de compra recuperándolo. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, algunos de ellos puestos en pie).

Molt bona tarda. Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, senyores ministres. Ho debatíem, de fet, el mes de febrer, i ho tornem a fer. Ho tornem a fer al cap de res, el mes de juliol. Avui tornem a debatre sobre la distribució dels objectius de dèficit i el sostre de despesa de l’Estat. I de fet, el que persegueix Esquerra Republicana de Catalunya continua sent exactament el mateix. Ho dèiem el febrer, que feia més fred; ho diem avui, el mes de juliol, amb aquesta xafogor horrorosa. El que volem des d’Esquerra Republicana és que Catalunya disposi de les màximes eines i recursos possibles, bàsicament, per garantir una vida digna a la gent i una prosperitat econòmica compartida. Nosaltres sabem, i deixi’m dir que vostès, una mica tots, ens hi ajuden, val a dir, cada dia, que la millor manera d’aconseguir això que els acabo d’exposar, això que perseguim, bàsicament, és la independència de Catalunya. I justament per això necessitem conquerir nous espais de sobirania.

Dit això, en aquest debat que avui ens porten, en aquest calorós mes de juliol, hi ha, bàsicament, dues diferències respecte al de fa cinc mesos. La primera: s’ha iniciat una reforma de la Llei d’estabilitat pressupostària que suprimirà la capacitat de veto del Senat en la fixació dels objectius que acordi el Congrés. La segona diferència: l’Administració de l’Estat opera amb pressupostos prorrogats del 2023. És a dir, l’aprovació dels objectius de dèficit i del sostre de despesa al Congrés de Diputats resulta més imprescindible encara, ja que suposa el pas previ —p‌ revi, també, però necessari— per poder presentar i negociar uns nous pressupostos per l’any 2025.

Més novetats. Més novetats en aquest debat. Aquest debat ens arriba una setmana després que se celebrés el Consell de Política Fiscal i Financera, un debat en què la posició del Govern de la Generalitat de Catalunya, deixin-m’ho dir així, va ser ben clara i ben diàfana. Clara en exposar tot allò que no funciona de l’actual sistema de finançament. Ho va fer la consellera Mas, i ho va fer amb arguments que, de ben segur, comparteixen, també, altres territoris, i que hem denunciat, val a dir, deixin-m’ho dir així, manta vegades: el desmesurat desequilibri vertical, un desmesurat desequilibri vertical ocasionat els darrers anys i que provoca que l’Estat acumuli més recursos en detriment de les comunitats autònomes, i també el sistema de bestretes, un sistema que ens priva de disposar en temps i forma dels recursos que ens pertoquen com a territori i que, a més, resta condicionat a l’aprovació dels pressupostos de l’estat, o bé resta condicionat a una norma jurídica que ho habiliti. I això, deixin-m’ho dir així, el que fa és portar, tot plegat, al terreny de la negociació política un element que hauria de ser un simple automatisme. Aquesta és la situació. Una posició que també va ser ben clara en la proposta del que entenem que ha de ser un canvi de paradigma en matèria de finançament. Això també ho saben. Ho saben. Nosaltres no ho amaguem. De fet, som transparents. Catalunya vol gestionar i vol recaptar tots els tributs que es generen al nostre país. I Catalunya vol disposar d’uns recursos suficients per finançar amb garanties els seus serveis públics. En resum, volem un finançament just, una proposta que, deixin-m’ho dir així, també, no va en contra de ningú; una proposta que va a favor de tothom; una proposta que va a favor de la gent.

Un últim apunt i una reflexió, i amb això vaig acabant, pel que fa a la distribució dels objectius de dèficit. Senyora ministra, per molt que expliquin que una dècima de dèficit és una gran concessió a les comunitats autònomes, la realitat és que l’Administració central s’apropia del 96 % de marge global del dèficit. I la realitat és, també, que les comunitats autònomes que assumeixen el 33 % de despesa pública només disposen d’un 4 % de marge conjunt de dèficit per al 2025. Aquesta és la realitat. I aquesta distribució dels objectius de dèficit profundament desproporcionada es revela, deixin-m’ho dir així, també, com especialment injusta, injusta amb majúscules, sobretot quan observem quines competències desenvolupa cada administració. Jo li parlaré de Catalunya, que és la que conec. A dia d’avui, la Generalitat de Catalunya és responsable d’educació, és responsable de salut, d’interior, d’habitatge, de drets socials, etcètera, etcètera, etcètera. I avui Catalunya es veu obligada a donar respostes a la ciutadania, respostes a tota la ciutadania, amb un dèficit fiscal que és asfixiant, que és insuportable, i amb un marge de despesa que, valgui la redundància, no li permet cap tipus d’actuació. D’acord, sí, hem guanyat una dècima. Tornem a posar en valor aquesta dècima. I és això millor que res? Home, doncs deixin-m’ho dir, de dècima en dècima... Però bé, és una dècima més. I jo demano: quin àmbit sectorial requereix més marge de despesa que aquells que impacten directament en la vida i el benestar de les persones? Només es mereixen una dècima més?

En definitiva, ho he explicat, també, moltes vegades: l’espoli fiscal és espoli social. I això és molt trist, però és extremadament important que totes i tots en siguem conscients. Això continua sent, doncs, una anomalia que requereix d’un canvi estructural. No pot ser que cada any ens trobem discutint sobre aquesta distribució dels objectius de dèficit. És que és cada any. Però insisteixo: si tinguéssim un finançament just, aquest debat dels objectius, segurament, seria secundari. Gran part dels dèficits i el conseqüent endeutament responen precisament a la insuficiència de recursos ocasionada per l’actual model de finançament. Recordem, fem una mica d’història, que en el període 2012-2022, els recursos disponibles de l’Administració de l’Estat han crescut més del doble del que ho han fet els recursos de les comunitats autònomes, més del doble, sense que s’hagi produït cap canvi en la distribució de competències. Tot per l’Estat.

I una reflexió, també, i acabo, presidenta. Hem estat gairebé quatre anys amb les regles fiscals suspeses. Quatre anys. I ens trobem que, amb la reactivació de les regles fiscals a nivell europeu, aquí continuem sotmesos a una llei d’estabilitat pressupostària aprovada l’any 2012 per una majoria de dretes —‌Partit Popular, Convergència i Unió i un partit que alguns no sé si recordaran, que es deia UPyD—, una llei que va institucionalitzar l’austeritat; una llei que va endarrerir la cooperació econòmica i que, per tant, requereix de canvis profunds. Anem a l’arrel dels problemes.

I finalment, i acabo, ara sí, presidenta. Pel que fa al compliment dels acords, ho han de fer millor.

Buenas tardes. Gracias, presidenta, diputados, diputadas, señoras ministras. Lo debatimos ya el mes de febrero y volvemos a debatirlo ahora en el mes de julio. Hoy volvemos a hablar sobre la distribución de los objetivos de déficit y el techo de gasto del Estado. De hecho, lo que persigue Esquerra Republicana de Cataluña sigue siendo exactamente lo mismo. Lo dijimos en febrero, que hacía un poquito más de frío, y lo volvemos a decir hoy, el mes de julio, con este calor terrible: lo que queremos es que Cataluña tenga las máximas herramientas y recursos posibles para garantizar, básicamente, una vida digna a la gente y una prosperidad económica compartida. Nosotros sabemos —‌y permítanme decirles que ustedes, un poco todos, nos ayudan cada día a verlo así— que la mejor manera de conseguir esto que acabo de decir que perseguimos es la independencia de Cataluña, y justamente por eso necesitamos conquistar nuevos espacios de soberanía. Dicho esto, en este debate que hoy tenemos en este caluroso mes de julio hay dos diferencias respecto al de hace cinco meses. En primer lugar, se ha iniciado una reforma de la ley de estabilidad presupuestaria que suprimirá la capacidad de veto del Senado en la fijación de los objetivos que acuerde el Congreso. La segunda diferencia es que la Administración del Estado opera con presupuestos prorrogados de 2023; es decir, la aprobación de los objetivos de déficit y del techo de gasto en el Congreso de los Diputados resulta más imprescindible todavía, ya que supone el paso previo —‌previo, pero necesario— para poder presentar y negociar unos nuevos presupuestos para el año 2025. Más novedades de este debate: este debate llega una semana después de que se celebrara el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Fue un debate en el que la posición del Gobierno de la Generalitat de Catalunya —v‌ amos a decirlo claramente— fue clara y diáfana; clara, porque expuso todo lo que no funciona del actual sistema de financiación. Lo hizo la consejera Mas con argumentos que seguro comparten otros territorios y que hemos denunciando un montón de veces —p‌ ermítanme la licencia—: el desmedido desequilibrio vertical ocasionado en los últimos años, que provoca que el Estado acumule más recursos en detrimento de las comunidades autónomas, y también el sistema de anticipos, un sistema que nos impide disponer en tiempo y forma de los recursos que nos tocan como territorio y que, además, permanece condicionado a la aprobación de presupuestos del Estado o condicionado a una norma jurídica que lo habilite. Esto lo que hace es llevar todo esto al terreno de la negociación política cuando se trata de un elemento que debería ser un simple automatismo. Esta es la situación. Una posición que también fue muy clara en la propuesta de lo que entendemos que debería ser un cambio de paradigma en materia de financiación. Lo saben, lo saben, no nos escondemos, somos transparentes: Cataluña quiere gestionar y recaudar todos los tributos que se generan en nuestro país y Cataluña quiere disponer de unos recursos suficientes para financiar con garantías sus servicios públicos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). En resumen, queremos una financiación justa; una propuesta que no va en contra de nadie, una propuesta que va a favor de todos y todas, una propuesta que va a favor de la gente.

Un último apunte y una reflexión —‌y ya iré terminando— por lo que se refiere a la distribución de los objetivos del déficit. Señora ministra, por mucho que expliquen que una décima del déficit es una gran concesión a las comunidades autónomas, la realidad es que la Administración central se apropia del 96 % del margen global del déficit y la realidad es que también las comunidades autónomas, que asumen el 33 % del gasto público, solo disponen de un 4 % de margen conjunto de déficit para el 2025. Esta es la realidad. Esta distribución de los objetivos de déficit, profundamente desproporcionada, se revela —‌lo diré— como especialmente injusta —‌injusta en mayúsculas— sobre todo cuando observamos qué competencias desarrolla cada Administración. Yo hablaré de Cataluña, que es la que yo conozco. A día de hoy, la Generalitat de Catalunya es responsable de educación, salud, interior, vivienda, derechos sociales, etcétera, y a fecha de hoy Cataluña se ve obligada a dar respuestas a la ciudadanía, respuestas a toda la ciudadanía, con un déficit fiscal que es asfixiante, que es insoportable, y con un margen de gasto que —‌valga la redundancia— no le permite ningún margen de actuación. De acuerdo, sí, hemos ganado una décima, y volvamos a dar valor a esta décima. ¿Esto es mejor que nada? Pues, bueno, sí. De décima en décima pues vamos sumando. Pero yo me pregunto: ¿Qué ámbito sectorial requiere más margen de gasto que aquellos que impactan directamente en la vida y el bienestar de las personas? ¿Solo se merecen una décima más?

En definitiva —‌lo he explicado muchas veces—, el expolio fiscal es expolio social, y esto es muy triste, pero extremadamente importante. Debemos ser conscientes de ello. Esto sigue siendo una anomalía que requiere un cambio estructural. No puede ser que cada año volvamos a discutir sobre esta distribución de los objetivos de déficit, cada año. Pero, insisto, si tuviéramos un financiamiento justo, este debate de los objetivos de déficit sería secundario seguramente. Gran parte de los déficits y el consecuente endeudamiento responden precisamente a la insuficiencia de recursos ocasionada por el actual modelo de financiamiento. Recordemos que en el período 2012 a 2022 los recursos disponibles de la Administración del Estado han crecido más del doble de lo que han hecho los recursos de las comunidades autónomas —‌más del doble— sin que se haya producido ningún cambio en la distribución de competencias; todo para el Estado.

Y otra reflexión, y ya acabo, presidenta. Hemos estado casi cuatro años con las reglas fiscales suspendidas, y nos vemos en la situación que con la reactivación de las reglas fiscales a nivel europeo aquí seguimos sometidos a una ley de estabilidad presupuestaria aprobada el año 2012 por una mayoría de derechas —P‌ P, CiU y UPyD, si lo recuerdan—, una ley que institucionalizó la austeridad y retrasó la recuperación económica.

Acabo, presidenta. Debemos atajar las raíces de los problemas…

Ai, vice... Malament. Això no hauria de passar, mentre un ponent parla i té la presidenta Armengol, que després aparegui el vicepresident. Acabo molt ràpid, és que em guardava un minut. Això és aplaudit perquè és compartit per la majoria de diputats d’aquesta cambra.

Vicepresident, acabo. El compliment dels acords. Només vull dir que el Partit Socialista ho hauria de fer millor, perquè no podem anar-los arrossegant. Justament hem acordat, ahir, amb la Generalitat de Catalunya. Al final, s’ha materialitzat un seguit d’acords. S’han materialitzat a la Comissió Mixta d’Assumptes Econòmics i Fiscals, però són assumptes pactats fa vuit mesos.

I només vull dir que, ministra, per la part que li toca, facin el favor de complir, perquè avui ja tenen una llufa penjada.

(Risas.—La señora Jordà i Roura mira hacia la Presidencia). Esto no debería pasar mientras alguien habla, porque antes estaba la presidenta y, de pronto, acabo de ver al presidente. Se me cambió aquí la persona que tenía detrás. (Aplausos). Esto se aplaude porque, bueno, entiendo que todos nos hemos visto en esta situación en algún momento.

Bien, ya termino. El cumplimiento de los acuerdos. Yo quería decir que tienen que mejorar; el Partido Socialista tiene que mejorar. No podemos ir arrastrándoles. Ayer, con la Generalitat de Catalunya se acordó y se materializó una serie de acuerdos en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, pero son asuntos que se pactaron hace ocho meses.

Y, bien, solo quería añadir, señora ministra, por lo que le concierne, que, por favor, cumplan, porque hoy ya van arrastrando cosas pendientes…

Ja la tenen penjada i s’ho hauran de treballar molt perquè aquesta llufa els desaparegui de l’esquena. Gràcies, vicepresident.

… y tendrán que, realmente, trabajar para lograr cumplirlo. Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, president. Passa massa sovint, en aquest hemicicle, que allò que hi exposa el Govern de l’Estat no té cap semblança amb la realitat del carrer. Avui ens porten a aprovació el primer tràmit per uns nous Pressupostos Generals de l’Estat i, per tant, l’aprovació dels objectius d’estabilitat pressupostària, deute públic i el límit de la despesa per l’exercici 2025. És una proposta acompanyada d’una glossa sobre aquest paradís a la Terra que vostès diuen que és Espanya. De fet, el propi president Sánchez, la setmana passada, des d’aquest mateix faristol, afirmava que Espanya vivia el millor moment de la seva història i que, quan anava a Europa, ja no anava a escoltar, sinó que anava a fixar posició.

De veritat? De veritat es creuen vostès que Espanya viu el millor moment de la seva història? De fet, si afirmen això, només pot ser perquè vostès viuen en una bombolla lluny de la realitat de la gent. Vostès no saben què passa al carrer, si son capaços d’afirmar amb aquesta alegria que Espanya viu el millor moment de la seva història. Com en les clàssiques pel·lícules de dissabte a la tarda sobre reis simpàtics, despullin-se vostès de totes les seves riqueses, camuflin la seva identitat i escampin-se d’amagat al carrer, com a ciutadans anònims, per saber què pensa de veritat la gent i cap a on va el seu país; escoltin les converses dels ciutadans a la taula del costat fent un cafè o esperant torn en una botiga per comprar; mirin als ulls dels qui van a la feina cada dia al matí amb tren, a veure què hi veuen; parin atenció al que pensen els petits i mitjans empresaris; mirin de conèixer l’opinió dels mestres o sanitaris sobre cap a on avança la nostra societat, i deixin parlar els autònoms sobre com avança de veritat l’economia. Surtin dels despatxos i deixin-se impregnar per la realitat.

I saben què s’hi trobaran? Un país decrèpit on el pas dels anys no fa més que accentuar que les coses van cada vegada pitjor. I vostès poden dir que aquesta és la nostra opinió i que això no són dades. Doncs volen dades? Dades tindran. Tenen la pitjor taxa d’atur juvenil de tota Europa. Són el segon país d’Europa on més pujarà el preu de compra d’habitatge. En deu anys, el preu del lloguer ha augmentat un 60 %. En deu anys, s’ha reduït a la meitat el número de joves que tenen una casa en propietat, i els que van de lloguer hi han de dedicar, de mitja, el 94 % del seu sou. Espanya té una taxa de desocupació del doble de la mitjana europea: quatre vegades més que la d’Alemanya; un 50 % més que França; un 60 % més que Itàlia; un 80 % més que Portugal. I tot això amb un augment dels salaris del 8 % en els darrers 30 anys, quan els francesos, per exemple, han tingut un augment del 36 % i els alemanys, del 34 %. Un deute públic que ha passat del 53 % al 108 % actual en els últims 15 anys. Un sistema de pensions cada vegada més deficitari, i un estat que presumeix d’uns majors ingressos quan aquests són fruit de la inflació, que castiga cada dia els ciutadans, i dels fons de resiliència, que tots sabem que són temporals. I tot això sense parlar del funcionament de la sanitat, de l’educació, del transport públic o el sistema judicial, que ens donarien indicadors similars.

En definitiva, a Espanya cada vegada costa més viure-hi dignament, i cada vegada hi tenen un futur més negre. Perquè ser espanyol, avui, és una ruïna. El que els deia: tenen un país decrèpit que viu gràcies a mentir als seus ciutadans i, sobretot, gràcies a empobrir els catalans. Fa unes setmanes, el president Sánchez ens demanava aquí mateix, també, que no féssim trampes amb les xifres d’execució pressupostària, que no teníem motius per queixar-nos i que havíem d’estar contents d’aquest gran moment de concòrdia per Catalunya que representava l’aposta de l’Estat per Catalunya. Escoltant-lo, ens feia pensar que les dades d’execució pressupostària que tenia, segurament, eren espectaculars per aquest exercici 2023. I a fe de Déu que han estat espectaculars, perquè tenim les seves dades d’execució pressupostària d’aquest any que hem tancat, 2023, i avui estem en condicions d’afirmar que el president Sánchez va mentir. I va mentir intencionadament, perquè llavors faltaven pocs dies per les eleccions catalanes.

Volen les xifres publicades per vostès mateixos d’amagat aquests últims dies? Doncs l’any passat, a Catalunya, només es va executar un 45 % d’allò pressupostat. Saben quant es va executar a Madrid? A Madrid es va executar un 212 %. A Catalunya només es van invertir 130 euros per ciutadà; 372 euros es van invertir a Madrid per cada ciutadà; 396 a Castella i Lleó; 643 a Múrcia. De les dinou comunitats i ciutats autònomes, Catalunya és la tercera que més paga a través dels seus impostos, però aquest any passat hem estat els últims, absolutament els últims, en execució pressupostària. Cap altra ha tingut un percentatge d’execució pressupostària tan petit com Catalunya, cap. Hem estat els últims. Tots els altres ciutadans de l’estat, tots, han tingut una execució per habitant molt per sobre dels catalans.

En conseqüència de tot això, des del 2015 han deixat d’invertir a Catalunya 8000 milions d’euros, com si, durant quatre anys, l’Estat no hagués fet cap inversió a Catalunya. Ho entenen, ara? Si Espanya és un país, com diuen, que viu el millor moment de la història, amb aquestes dades és evident que és un país decrèpit que viu gràcies a empobrir Catalunya un any darrere l’altre amb la mateixa fórmula: danyar la nostra qualitat de vida amb uns serveis públics absolutament precaris; espoliar-nos fiscalment 22 000 milions d’euros anuals; assignar-nos cada any un pressupost més petit del que ens pertocaria pel nostre pes poblacional i pel nostre producte interior brut, i executar, després, una petita part d’aquests pressupostos que, com dèiem, ja era més petit del que pertocava. Finalment, tot això orientat a reduir la nostra competitivitat, sobreinvertint a Madrid i a la resta de territoris. I finalment, això sí, acusant-nos d’insolidaris per evitar que així ens puguem queixar. Doncs mirin, no. Doncs no. En això potser poden comptar amb altres, però, amb aquesta realitat, no comptaran amb nosaltres. O entenen que això no pot ser o vagin buscant-se altres camins, que no passaran per Junts per Catalunya per poder aprovar els seus Pressupostos Generals de l’Estat per aquest any 2025. Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, presidente. Pasa demasiado a menudo en este hemiciclo que lo que el Gobierno del Estado expone no se parece para nada a la realidad de la calle. Ustedes hoy someten a aprobación el primer trámite para unos nuevos presupuestos generales del Estado y, por lo tanto, los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto para el ejercicio 2025, una propuesta acompañada de lo que sería el paraíso en la tierra que ustedes dicen que es España. De hecho, el propio presidente Sánchez la semana pasada desde este mismo atril afirmaba que España pasaba por su mejor momento de la historia y que cuando iba a Europa ya no iba a escuchar, sino que iba a fijar posiciones. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿De verdad creen ustedes que España está pasando por su mejor momento de la historia? Si afirman esto, de hecho, solo puede ser porque ustedes viven en una burbuja lejos de la realidad de la gente. Ustedes no saben qué sucede en la calle si son capaces de afirmar con esta alegría que España vive su mejor momento de la historia. Como en las películas clásicas, esas que están los sábados por la tarde en la televisión, con los reyes simpáticos, dejen atrás todas sus riquezas, escápense a la calle a escondidas, sean ciudadanos anónimos para acercarse a lo que piensa la gente y hacia dónde va el país. Escuchen las conversaciones de los ciudadanos en la mesa de al lado mientras toman un café o mientras esperan su turno en una tienda; miren a los ojos a los que van cada mañana a trabajar en tren, a ver qué es lo que ven en esos ojos; presten atención a lo que piensan las pymes; intenten conocer qué piensan los maestros y los sanitarios sobre hacia dónde avanza la sociedad, y escuchen también a los autónomos sobre cómo avanza realmente la economía. Salgan de sus despachos y déjense impregnar por la realidad. ¿Y saben qué verán? Verán un país decrépito en el que el paso de los años solo hace acentuar que las cosas cada vez van a peor. Y ustedes podrán decir que esta es nuestra opinión y que no son datos. ¿Quieren datos? Datos tendrán. Tienen la peor tasa de desempleo juvenil de toda Europa. Son el segundo país de Europa donde más subirá el precio de compra de la vivienda. En diez años el precio del alquiler ha aumentado un 60 %, en diez años se ha reducido a la mitad del número de jóvenes que tiene una casa en propiedad y los que tienen vivienda de alquiler de media le dedican el 94 % de su sueldo. España tiene una tasa de desempleo que es el doble de la media europea, cuatro veces más que la de Alemania, un 50 % más que Francia, más que Italia, más que Portugal también, y todo esto con un aumento del salario del 8 % en los últimos años, cuando los franceses han visto su sueldo aumentado un 33 % y en Alemania un 44 %; una deuda pública que ha pasado al 108 % actual en los últimos quince años; un sistema de pensiones cada vez más deficitario, y un Estado que presume de unos mayores ingresos, cuando estos ingresos son fruto de la inflación que castiga cada día a los ciudadanos y de los fondos de resiliencia, que todos sabemos que son temporales. Y todo esto sin hablar del funcionamiento de la sanidad, de la educación, del transporte público o del sistema judicial, que nos darían indicadores similares. En definitiva, en España cada vez cuesta más vivir dignamente y cada vez el futuro es más negro, porque ser español hoy en día es una ruina. Lo que les decía, tienen ustedes un país decrépito que vive gracias a las mentiras que cuentan a los ciudadanos y gracias, sobre todo, al empobrecimiento de los catalanes.

Hace unas semanas el presidente Sánchez nos pedía aquí mismo también que no hiciéramos trampas con las cifras de ejecución presupuestaria, porque no teníamos motivos para quejarnos, y que teníamos que estar contentos de este gran momento de concordia para Cataluña que representa la apuesta del Estado para Cataluña. Escuchándole, nos hacía pensar que seguramente los datos de ejecución presupuestaria que tenía eran espectaculares para este ejercicio 2023, y Dios sabe que han sido espectaculares, porque hemos visto sus datos de ejecución presupuestaria de este año que acabamos de cerrar, 2023, y hoy estamos en condiciones de afirmar que el presidente Sánchez mintió; mintió intencionadamente, porque entonces le faltaban pocos días para las elecciones catalanas. ¿Quieren las cifras publicadas por ustedes mismos a escondidas en los últimos días? Se las voy a dar. El año pasado, en Cataluña solo se ejecutó un 45 % de lo presupuestado. ¿Saben cuánto se ejecutó en Madrid? En Madrid se ejecutó un 212 %. En Cataluña solo se invirtieron 130 euros por ciudadano; 372 fueron los euros por ciudadano invertidos en Madrid, 396 en Castilla y León y 643 en Murcia. De las diecinueve comunidades y ciudades autónomas, Cataluña es la tercera que más paga a través de sus impuestos, pero este año pasado fuimos los últimos, absolutamente los últimos en ejecución presupuestaria; ninguna otra ha tenido un porcentaje de ejecución presupuestaria tan pequeño como Cataluña, ninguna. Hemos sido los último; todos los demás ciudadanos del Estado, todos, han tenido una ejecución presupuestaria por habitante mucho mayor que los catalanes.

En consecuencia, desde 2015, han dejado de invertir en Cataluña 8000 millones de euros, como si durante cuatro años el Estado no hubiera invertido nada en Cataluña. No sé si lo entienden ahora. Si España es un país, como dicen, que vive su mejor momento en la historia, con estos datos es evidente que es un país decrépito que vive gracias a empobrecer a Cataluña año tras año y con la misma fórmula: dañar nuestra calidad de vida con unos servicios públicos absolutamente precarios, expoliarnos fiscalmente 22 000 millones de euros anuales, asignarnos cada año un presupuesto más pequeño de lo que nos tocaría por nuestro peso poblacional y por nuestro PIB y ejecutar después una pequeña parte de estos presupuestos que, como decía, ya eran más pequeños de lo que deberían. Finalmente, todo esto con el objetivo de reducir nuestra competitividad sobreinvirtiendo en Madrid y en el resto de territorios.

Y finalmente, eso sí, nos acusan de insolidarios para evitar que así nos podamos quejar. Pues bien, no, no; en esto quizá pueden contar con otros, pero con esta realidad no cuenten con nosotros. O entienden que esto no puede ser o vayan buscando otros caminos que no pasarán por Junts per Catalunya para poder aprobar sus presupuestos generales del Estado para este año 2025.

Muchas gracias.

Arratsalde on, presidente anderea, diputatu jaun-andreok. Gaur, horrela espero dugu, irekiko dugula 2025eko aurrekontuetarako prozesu berria. Aurrekontuak negoziatzeko eta gauzatzeko lehen pausoa emango dugu berriro ere gizarte eta langileen gehiengoaren beharrei erantzun behar duten testuinguru batean. Aurrekontu hauek eraldaketa sozialerako aurrekontuak izan behar direla uste dugu. Neurri ekonomiko eta sozialez gain, politika ausartak eta sakonak martxan jartzeko bidea jarri beharko lukete, egungo eredu ekonomikoa justuagoa eta jasangarriagoa izan dadin, bai pertsonekiko eta baita planetarekiko ere. Zeren bai, egia da, babes politikaz gain, sektore ahul eta behartsuenen bizitzak hobetzeko beharrezkoak diren neurri horiez gain, egiturazko neurriak indarrean sartzeko erreminta izan behar dira aurrekontu hauek. Eta ez gara nekatuko behin eta berriro esateaz. Bada garaia egungo ereduaren oinarriak errotik eraldatzeko eta euskal herritarren eta gehiengo sozialen mesedetan jartzeko. Helburu hori izan behar dute aurtengo aurrekontuek. Horregatik kezkatzen gaitu Europak arau fiskalen itzulera ekartzeak murrizketa sozialak ekar ditzakeelako. Izan ere, erakundeen politika publikoak eta gastu gaitasuna hobetzeko tresna gisa erabili dituzte arau horiek denbora luzez. Eta arau fiskalak mugak ezartzen dituzte, bai, baina muga horiek bi eratara aplikatu daitezke: murrizketen bidez edo diru bilketa handituz, aberatsei eta enpresa eta banku handiei zergak ezarriz.

Buenas tardes, señora presidenta. Diputados y diputadas, señoras y señores, señorías, hoy daremos el primer paso que inicia el proceso para los presupuestos para el año 2025, un proceso de confección y negociación de unos presupuestos que, a nadie se le escapa, se vuelve a producir en un contexto en el que resulta necesario atender las necesidades de las mayorías sociales y trabajadoras. Deberían ser estos unos presupuestos para la transformación, unos presupuestos que deberían contener medidas económicas y sociales que mediante políticas audaces y de calado comiencen la transformación del modelo actual hacia uno más justo y sostenible con las personas y con el planeta. Porque sí, además de políticas de protección, que son absolutamente necesarias para proteger las vidas de los sectores más vulnerables, son necesarias ―no nos cansaremos de decirlo― más políticas estructurales dirigidas a mejorar y transformar los pilares del actual sistema en beneficio de la ciudadanía vasca y del resto de los pueblos del Estado. Ese es el objetivo que deben perseguir tanto los presupuestos como también los objetivos presupuestarios que hoy se presentan. Por eso nos preocupa el retorno de las reglas principales marcadas por Europa y su implementación, unas reglas que han sido utilizadas durante demasiado tiempo como herramientas que ahogaban las capacidades de las diferentes instituciones para desplegar políticas públicas en todos los niveles. Las reglas fiscales marcan unos límites, sí, pero estas se pueden aplicar desde una visión de disminución de la inversión pública, mediante recortes, o con un aumento de la recaudación, por medio de la ampliación de figuras fiscales que graven a los más ricos o a las grandes empresas y bancos.

Nosotros tenemos, con todas las limitaciones aún existentes, nuestro propio régimen fiscal y, aunque deban ser negociadas con nuestros Gobiernos, estas reglas también afectarán a nuestras instituciones y al despliegue de las políticas públicas. Creemos que se debe asegurar la inversión necesaria para hacer frente a las necesidades actuales y también para poder seguir reforzando las políticas públicas destinadas al bienestar social de la ciudadanía. Decía usted, ministra, que no se producirían recortes y que se apostará por el crecimiento para compensar las reglas exigidas. Bien, esperamos que así sea y que se cumpla con el principio de no recortar la inversión pública, porque, de no ser así, estos objetivos pueden convertirse en una losa para todas las políticas que con mucho esfuerzo se despliegan cada año desde ayuntamientos, diputaciones o Gobiernos. Y ya sabemos dónde nos llevan las políticas de austeridad y recortes.

Somos plenamente conscientes de que unos presupuestos no pueden solucionar los grandes retos a los que se enfrenta la ciudadanía, pero sí pueden desarrollar una nueva senda para implementar esas políticas públicas en términos de justicia social, laboral, económica o climática. Esto es lo que esperamos y por lo que queremos trabajar un año más, porque creemos que los más de 195 000 millones acordados por el Gobierno ofrecen un margen para convertir esos miles de millones no en gasto, sino en inversión, en inversión social, en inversión climática, en inversión en sanidad, en inversión en dignidad laboral, en inversión en vivienda o en inversión industrial sostenible. Son solo algunos de los retos que se nos presentan y que necesitan respuestas urgentes.

Hace unos meses, cuando iniciábamos la tramitación presupuestaria, el rechazo a los presupuestos en Cataluña y la consecuente convocatoria electoral paralizaron aquella tramitación, dejando en el aire importantes avances en los que ya se estaba trabajando. Ahora queremos volver a iniciar esta tramitación con el compromiso de retomar aquellos avances e ir más allá. Por eso, acudiremos a este nuevo debate y negociación presupuestaria una vez más con responsabilidad, pero también con mucha exigencia para defender los intereses de la ciudadanía vasca y responder a sus necesidades. No tenemos otro objetivo que lograr avances sociales y económicos que mejoren la vida de vascos y vascas y, por extensión y por convicción solidaria, también de la clase de trabajadora de este Estado y sus pueblos. Esta es nuestra voluntad y lo hemos dicho muchas veces. Es el momento de dar un impulso a esta legislatura; es el momento de recomenzarla con mayor profundidad social y plurinacional. Esta debe ser una nueva oportunidad, y con ese convencimiento nosotras trabajaremos de nuevo en estos presupuestos. Esto es lo que queremos hacer.

Señora ministra, esperamos que el Gobierno también esté a la altura de lo que se espera y acuda con actitud abierta y receptiva para lograr nuevas conquistas y avanzar en todo lo que la ciudadanía nos está exigiendo a todos y a todas. No será un proceso fácil —‌usted lo sabe, ministra—, pero esperamos ser capaces de lograr buenos acuerdos para avanzar en derechos y libertades para todos y todas.

Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Nire taldeak aurrekoetan egin duen moduan, aurrekontu egonkortasuneko eta zor publikoko helburu hauen alde bozkatuko du. Izan ere, inbestidura akordio batera iritsi bagara, logikoena da Gobernuari eskura duen tresna bakarra izateko aukera ematea, hau da, aurrekontu plana izateko, aukera legegintzaldian aurrera egiteko, bere ekintza plana betetzeko, alderdi politikoekin lortutako akordioak betetzeko eta ekonomia produktiboago baterantz aurrera egiteko, justizia sozial gehiagorekin eta aberastasunaren birbanaketa handiagoarekin.

Mi grupo, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, va a votar a favor de estos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, porque, si llegamos a un acuerdo de investidura, lo lógico es dar al Gobierno la posibilidad de tener la única herramienta de que dispone para avanzar en la legislatura, cumplir su plan de acción, cumplir con los acuerdos alcanzados con las distintas formaciones políticas y avanzar hacia una economía más productiva, con más justicia social y más redistribución de la riqueza, que no es otra que el contar con un plan presupuestario.

Como decía, mi grupo va a dar apoyo a estos objetivos, pero un apoyo que no está exento de algunas cuestiones que entendemos que hay que abordar y que a continuación voy a exponer.

En primer lugar, el Gobierno nos presenta unos objetivos de estabilidad exclusivamente para las comunidades autónomas de territorio común, y esto es lo que hoy debatimos aquí. Los objetivos de estabilidad de las comunidades forales tienen otro recorrido que no es este y, por tanto, hoy aquí no se votan.

Lehenik eta behin, Gobernuak egonkortasun helburu batzuk aurkeztu ditu, lurralde erkideko autonomia erkidegoetarako soilik, eta hori da gaur hemen eztabaidatzen ari garena. Beraz, gaur ez ditugu foru lurraldeen egonkortasun helburuak eztabaidatzen. Izan ere, helburu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko Itunaren Batzorde Mistoan eta Nafarroako Hitzarmenaren Batzordean negoziatu eta hitzartu behar baitira, Estatuaren eta foru lurraldeen arteko aldebikotasun harremanari dagokionez. Batzorde hauek ondino ez dira gauzatu, baina espero dut ahalik eta lasterren deitzea gure administrazioek ere aurrekontuak berme guztiekin egin ditzaten.

En primer lugar, el Gobierno nos presenta unos objetivos de estabilidad solo para las comunidades autónomas de territorio común, que es lo que hoy debatimos aquí. Por tanto, hoy no debatimos los objetivos de estabilidad en los territorios forales, ya que los mismos han de ser negociados y pactados en la Comisión Mixta del Concierto para la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Convenio para la Comunidad Foral Navarra, en esa relación de bilateralidad entre el Estado y los territorios forales. Estas comisiones aún no se han materializado, pero espero que se convoquen lo antes posible para que nuestras administraciones también puedan elaborar sus presupuestos con todas las garantías.

En segundo lugar, vuelven a presentar unos objetivos simétricos, pese a que las nuevas reglas fiscales europeas adoptan enfoques mucho más flexibles por país en función de su situación de partida, precisamente para equilibrar flexibilidad con responsabilidad fiscal y equilibrar consolidación fiscal con crecimiento. Sin embargo, una vez más el Gobierno no tiene en cuenta aquí esta realidad territorial, económica y fiscal a la hora de establecer estos objetivos de estabilidad, algo que desde luego es necesario en el esquema descentralizado y competencial del Estado, más aún si cabe en el caso de las comunidades forales en las que tenemos una autonomía fiscal que nos permite adoptar decisiones de gasto financiadas por aumentos de tributos que ellas mismas regulan. Todo ello para asegurar su capacidad de inversión y gasto en políticas públicas de su competencia.

En este sentido, en tercer lugar, como usted ha dicho, vicepresidenta, hay que aterrizar en el Estado el nuevo marco de gobernanza fiscal de la Unión Europea. Esto hace necesario cambiar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para… (Rumores).

… adaptarla a la realidad y hacerlo de acuerdo, como he dicho, a la arquitectura institucional del Estado en cuanto al reparto vertical y horizontal del objetivo de déficit y deuda y para modificar la definición —c‌ omo ya se ha dicho aquí— de la aplicación de la regla de gasto para no ahogar la capacidad de inversión necesaria a la hora de abordar la transición digital energética y social y afianzar el estado de bienestar para seguir garantizando servicios públicos o servicios sociales —‌sanidad, educación y vivienda—, competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales.

Todo esto, vicepresidenta, hace necesario un diálogo con las distintas administraciones públicas y Gobiernos y un debate en Cortes Generales para abordar conjuntamente una reforma del marco fiscal y del sistema de financiación. Sin embargo, como he dicho, hoy nos presentan unos objetivos informados en ese Consejo de Política Fiscal que, aun siendo mejores que los previstos en el escenario anterior, siguen siendo simétricos, y en los que las comunidades autónomas y ayuntamientos son, si me permite, los que más esfuerzo realizan, porque su margen es más pequeño, además de que son los que más cargas tienen en materia de políticas públicas y de políticas sociales porque son los que están más cerca de los ciudadanos y ciudadanas.

En cuanto al déficit y la deuda, como usted ha dicho, nos presenta una reducción más ambiciosa, pues el déficit pasa del 3 % este año al 2,5 en 2025. La mayor parte del déficit, como ya he dicho, lo tendrá la Administración central, aunque reconocemos que la senda se flexibiliza para las comunidades autónomas y ayuntamientos, que en este caso pueden tener una décima de déficit y equilibrio presupuestario, respectivamente, en comparación con el escenario anterior. Algo similar ocurre con el objetivo de deuda: senda descendente y situándola en el 103,6 en 2025. Unas reducciones que, además, se sustentan en una mayor previsión del crecimiento del PIB, que ha sido avalada también por la mayoría de los organismos nacionales e internacionales.

El Gobierno nos informa del techo de gasto y, como también ha dicho usted, ese no se vota. Dado que siempre se habla de este como un gasto récord y como el primer paso para un presupuesto expansivo, creo que hay que dejar claro, por un lado, que ese mayor techo de gasto per se no hace que los presupuestos sean expansivos y, por otro, que, si tenemos en cuenta que el gasto no financiero sin fondos europeos crecerá en un 3,2 % y la inflación prevista se va a situar en el 3 %, podemos decir que el gasto real no va a crecer. Por tanto, estamos ante un techo de gasto más bien limitado, que va a hacer que el Gobierno tenga que priorizar las políticas de inversión y gasto. En este sentido, entendemos que, por lo menos, se debe utilizar la buena coyuntura económica favorable de crecimiento económico y de empleo para abordar aquellas reformas que aún no se han acometido, como la reforma fiscal, para generar ingresos públicos de forma estructural y garantizar ese estado de bienestar y de crecimiento económico.

Somos conscientes de las limitaciones de la gobernanza europea, del contexto geopolítico y geoeconómico, aún incierto a nivel mundial, y de las tensiones políticas internas del Estado. Por eso, entendemos que es necesaria una estabilidad económica y política para transformar la economía, reforzar las políticas públicas y avanzar en justicia social y fiscal. Para ello, desde nuestro punto de vista sería necesario tramitar estos objetivos, porque son la antesala, la presentación y posterior negociación de unos presupuestos generales, que hoy parece que se van a dilatar.

Además, hoy ―que nadie lo ha dicho― revertiremos la enmienda que incorporó el PP en el Senado en la ley de paridad, haciendo valer su mayoría en dicha Cámara, para recuperar el veto del Senado a los presupuestos; un veto, por cierto, cuya única finalidad, señorías del Grupo Popular, es permitirles actuar para sus intereses partidistas. Y es que, dentro de su estrategia política, nunca hubieran llegado a un acuerdo, señor Puy, en cuanto a los objetivos de déficit y deuda con el Gobierno, precisamente, porque su objetivo es retrasar la presentación de un presupuesto, aunque con ello condicionen y perjudiquen a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos también en la elaboración de sus propios presupuestos.

Porque, hoy, de no aprobarse esta senda, es cierto, que se retrasan y se iría a una senda mucho más estricta y, desde luego, mucho peor.

Mi grupo se ha posicionado en muchas ocasiones a favor de la modificación del artículo 15.6 de la ley orgánica de estabilidad, porque no nos parece adecuado que se establezca una prerrogativa del Senado distinta a la que existe para el resto de las leyes que tramitamos en esta Cámara. Ahora bien, para mi grupo, la forma idónea de realizarlo hubiera sido, quizá, a través de una proposición o proyecto de ley de modificación de esta ley orgánica de estabilidad, en lugar de hacerlo a través de una enmienda. En este sentido, también pedimos coherencia a quienes hoy se rasgan las vestiduras y hablan de trilerismo político por este hecho, cuando ese mismo grupo, estando en el Gobierno, ha actuado de la misma manera en numerosas ocasiones.

Amaitzera noa. Gaur bozkatzen duguna une jakin bateko argazki finko bat da, erabakiak hartzeko erreferentzia baliagarriak eskaintzen dituena, eta aurrekontu politika zehatzetan gauzatu ezean, ezertarako balioko ez duena. Nire taldeak gaur helburu hauen alde bozkatuko du Estatu Aurrekontu Orokorrak negoziatzeko atea zabalik uzteko. Gaur hitz egiteko, negoziatzeko eta hitzartzeko ate ireki baten alde bozkatzen dugu. Eskerrik asko.

Finalizo. Hoy lo que votamos es una foto fija de un momento determinado, que nos ofrece referencias útiles para la toma de decisiones y que, de no materializarse en políticas presupuestarias concretas, de nada servirán. Mi grupo hoy votará para dejar la puerta abierta a una negociación de los presupuestos generales del Estado. Hoy votaremos a favor de una puerta abierta para dialogar, negociar y pactar.

Gracias.

Gracias, presidenta. El Gobierno presenta una senda de déficit y un techo de gasto que, a nuestro juicio, desaprovecha la oportunidad de seguir impulsando la inversión productiva y la inversión social. Durante la legislatura pasada, el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos logró aumentar el techo de gasto cerca de un 60 % más respecto a lo que habían hecho los gobiernos de la derecha. Igualmente, a principios de 2024 trajeron al Congreso un programa de gasto que dimos por bueno. Entonces, el Ministerio de Hacienda se comprometía a cubrir casi en su totalidad el gasto de los fondos europeos, aumentando así el techo de gasto, con fondos incluidos, de 198 000 a 199 000 millones de euros entre 2023 y 2024, y estableciendo un déficit del conjunto de las administraciones del 3 %. Sin embargo, hoy nos traen un plan que, si bien no recorta, sí estanca la inversión pública. Es cierto que están volviendo las reglas fiscales europeas que establecen criterios arbitrarios absurdos de reducción de déficit. Bajo estas reglas fiscales, algunos estudios calculan que España estaría obligada a reducir el déficit público en un 0,5 % anual durante siete años. Nosotros rechazamos ―lo saben― esta ideología neoliberal, que nos impone un marco de austeridad que no tiene en cuenta las necesidades urgentes de inversión para impulsar, por ejemplo, la industrialización, la transición ecológica o para atajar la desigualdad social. Ahora bien, incluso, dentro de este marco de austeridad impuesto desde la Unión Europea, España tendría margen fiscal para acometer inversiones importantes; primero, porque se han ido revisando al alza las previsiones económicas para 2024 y 2025, mejorando de 3 a 5 puntos porcentuales el crecimiento económico. Además, hace unas semanas, la Comisión Europea daba por buenas las cifras de déficit de un 3 % para 2024, y de un 2,8 % para 2025. A pesar del margen de maniobra que ustedes tienen para liderar las transformaciones productivas y sociales que tenemos por delante, ustedes nos presentan una senda de déficit que apunta a una reducción de déficit más fuerte de lo que nos pide Europa. En vez de un 2,5 % del déficit para el Gobierno central y un 2,8 % para el conjunto de las administraciones, plantean un 2,2 % para el Gobierno central y un 2,5 % para el conjunto. Es más, si tenemos en cuenta la inflación acumulada, el techo de gasto que nos presentan supone un retroceso respecto a 2023. Como digo, si se tiene en cuenta esa inflación, estaríamos pasando de 198 000 millones de euros, en 2023, a 190 000 millones, en 2025. Nos sorprende ver que el Partido Socialista desaprende las lecciones de la pasada legislatura. Si salimos de la crisis de la COVID-19, fue gracias a la generación de un círculo virtuoso entre inversión pública, demanda y transformación productiva, mejora del mercado laboral y generación de ingresos para más inversión pública. Generando esta austeridad autoimpuesta, el Gobierno muestra más interés en ser alumno aventajado de los que han promulgado medidas neoliberales y medidas fallidas de la austeridad. Y así, en lugar de avanzar en una reforma fiscal que mejore la progresividad de nuestro sistema y que haga pagar a los que más se han lucrado con la inflación, deciden ponerse el corsé de una austeridad preventiva.

Señorías del Gobierno, en Podemos pensamos que hay que destinar los recursos disponibles a la inversión productiva y a la protección social, así como profundizar en la reforma fiscal. De momento tienen margen para aumentar el déficit del Gobierno central, pasando, como le digo, del 2,2 % al 2,4 %, lo que permitiría generar 3000 millones de euros más. Este país tiene todavía muchas transformaciones por delante que acometer, desde la prestación universal por crianza de 200 euros hasta impulsar una verdadera renta básica. Esperemos, por tanto, que ustedes no vuelvan a la senda de austeridad ni que retroceda la inversión pública.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Boa tarde noite xa. Señora vicepresidenta, señora ministra, a Comisión Europea restableceu a aplicación da regra de estabilidade macroeconómica e financeira, é dicir, volver ó control de déficit, redución de débeda e o seu mantemento en magnitudes que achan sustentábeis no longo prazo. Unhas normas que, lembremos, foran suspendidas ou flexibilizadas para poder afrontar o elevado gasto público preciso para facer fronte á crise económica e social derivada, primeiro, da pandemia e, despois, da escalada inflacionista. Como deixamos claro no debate que se produciu nos obxectivos de estabilidade, débeda e límite de gasto para os fallados orzamentos de 2024 que finalmente tombou o PP no Senado, o BNG rexeita estas políticas, precisamente porque temos claro que na actual situación de incerteza sobre a recuperación económica é preciso continuar cunha política económica e fiscal expansiva para reforzar os servizos públicos e potenciar a iniciativa e a recuperación de emprego. Criticámolo o ano pasado e, no entanto, votamos a favor basicamente por dúas razóns: primeiro, porque, se así non fose, os criterios a aplicar serían peores, especialmente para Concellos e comunidades autónomas e, sobre todo, para facilitar que puidesen ser elaborados uns orzamentos que permitisen verificar políticas necesarias, entre elas, as previstas no acordo de investidura que deben beneficiar o conxunto dos galegos e galegas. Finalmente, o Partido Socialista decidiu renunciar a elaborar os orzamentos para 2024 e hoxe trae unha proposta globalmente máis restritiva, aínda que, é verdade, máis favorábel para Concellos e comunidades autónomas, pois o déficit previsto nestes casos para os próximos tres anos sobe de cero, de menos 0,1 para as comunidades autónomas e de máis 0,2 para os entes locais. Mais isto non debe ser considerado sen esquecer os problemas de déficit que a Administración de Galiza e os Concellos do noso país sofren como consecuencia da falta de reforma e adecuación do sistema de financiamento autonómico e local para as Administracións galegas. E sen esquecer tampouco que a Administración central continúa a reservar para si propia a maior capacidade de incorrer en déficit. E non é lóxico tendo en conta que son as comunidades autónomas as que soportan o peso do gasto e investimento correspondente ós servizos públicos fundamentais: sanidade, educación ou servizos sociais. E tamén os Concellos en moitos casos, facendo fronte a competencias impropias, mais que, efectivamente, asumen porque achan necesarias. Lembramos, pois, a necesidade dun sistema de financiamento xusto baseado nun concerto e nunha relación bilateral co Estado que elimine o actual espolio fiscal e garanta que a totalidade dos impostos pagados en Galiza sexan recadados pola Administración galega e a inmensa maioría repercutan no financiamento dos nosos servizos públicos. E tamén lembramos a reclamación ó Estado de que compense a débeda histórica en investimentos no noso país. Nos obxectivos de débeda, a minoración afecta todos os sectores da Administración, mais as Administracións centrais e a Seguranza Social continúan a ser favorecidas no reparto da capacidade de se endebedar. A respecto do límite de gasto non financeiro total do Estado para 2025, sitúase en parámetros similares ós previstos para 2024, por tanto, tampouco hai moito de que presumir.

En fin, continuamos discrepando profundamente destas políticas de contención marcadas pola Unión Europea, mais hoxe actuaremos co mesmo espírito do debate para 2024 co obxectivo prioritario de facilitar que este ano si haxa orzamentos do Estado. Veremos se é posíbel. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, noche ya. Señora vicepresidenta, señora ministra, la Comisión Europea estableció la aplicación de las reglas de estabilidad macroeconómica y financiera, es decir, volver al control del déficit, reducción de la deuda y a su mantenimiento, magnitudes que encuentran sostenibles a largo plazo; unas normas que, recordemos, habían sido suspendidas o flexibilizadas para poder afrontar el elevado gasto público necesario para hacer frente a la crisis económica derivada, primero, de la pandemia y, después, de la escalada inflacionista. Como dejamos claro en el debate producido en los objetivos de estabilidad, deuda y límite de gasto para los fallidos presupuestos de 2024, que finalmente el PP tumbó en el Senado, el BNG rechaza estas políticas, precisamente, porque tenemos claro que, en la actual situación de incertidumbre sobre la recuperación económica, es necesario continuar con una política económica y fiscal expansiva para reforzar los servicios públicos y potenciar la iniciativa y la recuperación del empleo. Lo criticamos el año pasado y, sin embargo, votamos a favor, básicamente, por dos razones; primero, porque, si así no fuera, los criterios a aplicar serían peores, especialmente para ayuntamientos y comunidades autónomas, y, sobre todo, para facilitar que se pudiesen elaborar unos presupuestos que permitieran verificar políticas necesarias, entre ellas, las previstas en el acuerdo de investidura, que deben beneficiar al conjunto de los gallegos y las gallegas. Finalmente, el Partido Socialista decidió renunciar a elaborar los presupuestos para 2024 y hoy trae una propuesta globalmente más restrictiva, aunque es verdad que es más favorable para ayuntamientos y comunidades autónomas, ya que el déficit previsto en estos casos para los próximos tres años sube de 0 a 0,1, en el caso de las comunidades autónomas, y de 2 a 0 para las entidades locales. Esto, sin embargo, no lo debemos considerar sin olvidar los problemas de déficit que la Administración de Galicia y los ayuntamientos de nuestro país sufren como consecuencia de la falta de reforma y la adecuación de los sistemas de financiación autonómico y local para las administraciones gallegas y sin olvidar tampoco que la Administración central sigue reservándose para sí misma la mayor capacidad de incurrir en déficit. No es lógico teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que soportan el peso del gasto y la inversión correspondiente a servicios públicos fundamentales: sanidad, educación o servicios sociales. También los ayuntamientos, en muchos casos, hacen frente a competencias impropias, pero que efectivamente asumen porque las encuentran necesarias. Recordemos, pues, la necesidad de un sistema de financiación justo, basado en un concierto y una relación bilateral con el Estado que elimine el actual expolio fiscal y garantice que la totalidad de los impuestos pagados en Galicia sean recaudados por la Administración gallega y la inmensa mayoría repercutan en la financiación de nuestros servicios públicos. También recordamos la reclamación al Estado de que compense la deuda histórica en inversiones en nuestro país. En los objetivos de deuda, la minoración afecta a todos los subsectores de la Administración, pero la Administración central y la Seguridad Social continúan siendo favorecidas en el reparto de la capacidad de endeudarse. En lo que se refiere al techo de gasto no financiero total del Estado para 2025, se sitúa en parámetros similares a los previstos para 2024. Por lo tanto, tampoco hay mucho de lo que presumir. En fin, continuamos discrepando profundamente de estas políticas de contención marcadas por la Unión Europea, pero hoy actuaremos con el mismo espíritu del debate para 2024 con el objetivo prioritario de facilitar que este año sí haya presupuestos del Estado. Veremos si es posible. Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Jo, senyor Cruset, no sé què és el que ha canviat del febrer a ara. Vostès, al febrer, van aprovar la senda d’estabilitat pressupostària, i ara és més positiva. Aquella era més restrictiva que l’actual. No sé què ha passat. A lo millor és que està més a prop que mai, això espero, que tinguem de president de la Generalitat a Salvador Illa. Però paciència. Paciència. Perquè jo soc de les que creu que vostès no estaven més còmodes pactant amb l’Aznar o amb el senyor Feijóo. Així que paciència.

Gracias, presidenta. Señor Cruset, no sé lo que ha cambiado desde febrero hasta ahora. Ustedes en febrero aprobaron la senda de estabilidad presupuestaria y ahora es más positiva. La anterior era más restrictiva. No sé lo que ha pasado. Quizá es que está más cerca que nunca de tener de presidente de la Generalitat a Salvador Illa (aplausos), pero paciencia, porque yo soy de las que creen que ustedes estaban más cómodos con Aznar o Feijóo.

Señor Puy, no es que no queramos hablar con el Senado, lo que no queremos es hablar con el cortijo en el que ustedes han convertido al Senado. (Aplausos). Eso es lo que han hecho ustedes con el Senado. No queremos un Senado que se está convirtiendo en la ampliación II de Génova, 13. (Rumores). Ya ha llegado el señor Hernando y esto ya se ha trasquilado.

Señor Puy, después de lo de la semana pasada del tono duro, ¿qué les han puesto? ¿El tono dulce ahora? Porque es un tono dulce el que usted ha tenido aquí en tribuna, pero, como siempre, todo mal; y no solo mal, todo peor. Pues miren, señores del Partido Popular, el Fondo Monetario Internacional elogió la brillantez —l‌o califico así, brillantez— de la política económica de España y felicitó al Gobierno. (Rumores.—Aplausos). Ya sé que esto a ustedes les sabe muy mal. Por eso, sube aquí el diputado Puy y nos habla de tres excusas. Dice que no quiere poner excusas. Tres excusas ha puesto: excusas intrínsecas, excusas económicas y excusas políticas. Déjese de excusas. Aquí ustedes solo vienen a hacer política. Sus comunidades autónomas, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se abstuvieron en el último consejo porque creen que esta senda de estabilidad es mucho más beneficiosa para ellas. En cambio, ustedes aquí hoy han anunciado que van a votar que no.

Vamos a sus excusas económicas. Uno, para criticar un dato económico —‌y habiendo estado en el Gobierno—, al menos, tendría que encontrar algún dato económico que, en su legado, en su gestión fuera superior al del Gobierno actual. Díganme ustedes, todos los diputados del Partido Popular, con el último gobierno de Mariano Rajoy, un gobierno del Partido Popular, y sin excusas ¿cuándo el paro fue inferior al actual de 2,8 millones de personas? Nunca. (Aplausos). ¿Cuándo hubo 21,5 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social? Nunca. ¿Cuándo tuvimos un salario mínimo interprofesional como el actual de 1134 euros? Nunca. ¿Cuándo han subido las pensiones como ahora ligadas al IPC? Nunca. Y ustedes dicen que si freímos a impuestos. ¿Pero quién fríe a impuestos? Lo que ustedes hicieron cuando gobernaron fue mortificarnos a subidas de impuestos. (Aplausos). El IVA de la luz hoy está al 10 % y estaba al 21 %. El de los alimentos estaba al 4 %. Subieron ustedes todos los IVA y todos los impuestos. Le voy a decir más, déficit público, tanto que dicen ustedes. ¿Cuándo, mientras gobernaron ustedes este país, hubo un déficit público con el objetivo actual del Gobierno del 3 %? Ya se lo digo yo: Nunca. Porque incluso con la deuda pública, cuesta encontrar también un año en el que sea tan diferente el índice de deuda. Hasta el señor Feijóo —y‌ usted, señor Puy, que estuvo con él en Galicia— aumentó la deuda de Galicia hasta multiplicarla por tres. Este Gobierno ha reducido la deuda pública 17 puntos en tres años. Así que no hay tono duro ni tono dulce ni tono suave, que usted ha utilizado aquí, ni ruido suficiente que pueda tapar el progreso de este Gobierno, el progreso que ha provocado en nuestro país.

Después, usted viene con las excusas intrínsecas. Ha leído aquí el informe de la AIReF, pero claro, como siempre, se olvida de los buenos datos que también da la AIReF. La AIReF ha mejorado la previsión de crecimiento y se alinea con la del Gobierno del 2 al 2,5 %. Usted ha alertado de una cosa y a mí me ha gustado que haya hecho esa alerta; la alerta del deterioro de la situación fiscal, de que ojo con el déficit. Sí, sí, pero acabe la frase, el déficit de las comunidades autónomas. Mejora el saldo del déficit central y empeora el de las comunidades autónomas. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes en las comunidades autónomas donde están gobernando están entrando en una espiral de a ver quién es el que baja más los impuestos; una espiral muy peligrosa; una espiral que implica que no cumplamos tampoco el mandato de la Constitución de que quien tenga más pague más y el de la redistribución de la riqueza. Si hay sanidad pública en nuestro país y las comunidades autónomas pueden ofrecer sanidad pública es porque hay impuestos. (Aplausos). Si hay educación es porque hay impuestos. A lo mejor en Andalucía, donde el señor Moreno Bonilla ha renunciado al impuesto de patrimonio, no tendríamos las listas de espera más grandes de la historia de nuestra democracia. (Aplausos). A lo mejor en Extremadura no tendríamos un índice de la tasa de la pobreza infantil del 32,8 %. (Rumores). Y la presidenta extremeña ha quitado la gratuidad de los comedores escolares. (Rumores). A lo mejor en Madrid se podría vivir y los jóvenes podrían pagar un alquiler, porque hoy los jóvenes en Madrid están pagando un 15 % más caro el alquiler que en Cataluña porque a la señora presidenta Ayuso no le da la gana de aplicar el tope en los alquileres.

(Aplausos). Así que sí, empeora el déficit, pero empeora el déficit de las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas del Partido Popular no están haciendo los deberes.

Después me habla de la condonación de la deuda. ¿Qué miedo tienen a un debate tranquilo sin que haya teatro, sin que haya insultos y sin que haya enfrentamiento territorial? (Rumores.—Protestas). ¿Qué miedo tienen? Los cambios estructurales siempre, en materia de financiación, han venido de acuerdos bilaterales de los que luego se han beneficiado el resto de las comunidades autónomas.

Le voy a hacer más preguntas, señor Puy. ¿Quién concedió la recaudación del 30 % del IRPF a Cataluña? Aznar. ¿Quién concedió el impuesto de patrimonio —‌su recaudación y su gestión— a Cataluña? Aznar. ¿Y quién lo hizo con el impuesto de sucesiones y donaciones? Aznar. ¿Quién le dio la competencia en tráfico? Aznar ¿Quién le dio la competencia política en trabajo? Aznar ¿Quién le dio 30 000 millones de las antiguas pesetas a Cataluña? Aznar. ¿Para Aznar aquello qué fue? Un acuerdo nacional. (Aplausos). ¿Quién dice que ahora no buscamos también acuerdos nacionales? ¿Quién dice que no?

Acabo. Rechazar la senda de estabilidad significa quitarle 2 décimas —¡2 décimas!— de margen fiscal a las comunidades autónomas. Significa 30 000 millones de euros menos cada año, en 2025 y en 2026; hablamos de 6000 millones de euros menos. Para los ayuntamientos significa un impacto negativo de 1500 millones de euros el año que viene y al siguiente, 3000; 4500 millones de euros menos para nuestros ayuntamientos. ¿De verdad quieren eso? Nuestras administraciones, las locales y las comunidades autónomas, necesitan más recursos y menos discursos. Así que cuando a ustedes les venga bien, se pueden poner a trabajar en ello porque, aunque a ustedes les moleste, vicepresidenta y ministra de Hacienda, no hay precedente en nuestro país de un Gobierno central que haya dado tantos recursos a nuestras administraciones para sustentar el gasto. (Aplausos).

Señorías, como decían ustedes, aquí hay una mayoría parlamentaria. Hace justo un año votamos y los ciudadanos nos dieron la oportunidad de demostrar que podemos frenar a la derecha y a la ultraderecha. (Protestas). Para el progreso de nuestro país, los objetivos de estabilidad y la senda de déficit son importantes para nuestras administraciones. Cumplamos con ese mandato y trabajemos por el interés general de nuestra ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).