Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Ayer, el juez Peinado citaba a declarar como testigo al presidente del Gobierno el próximo día 30 de julio. Ya le tienen, señorías del Partido Socialista. Esto es lo que persigue la guerra sucia judicial, esto es lo que persigue el lawfare: el espectáculo mediático, el desprestigio social, mancharte y, al final, la destrucción política y también personal. No sé si se han dado ustedes cuenta de que desde que cerraron el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular todo ha ido a peor. En estas semanas la derecha judicial ha tomado como rehén a la mujer del presidente el Gobierno; absolvieron al acosador durante meses en la puerta de la casa en la que vivían tres niños pequeños, casa en la que vivían también el vicepresidente del Gobierno, Iglesias, y la ministra Montero, y también en estas semanas hemos visto cómo Marchena y Llarena retorcían, probablemente prevaricando, la ley de amnistía. Ahora van directamente a por un presidente del Gobierno democráticamente elegido. Ustedes, señorías del Partido Socialista, pensaron que dándole la mitad del Consejo a la derecha, pactando impunidad para Marchena, para Llarena, para García Castellón, para Escalonilla, para Lamela o para Espejel, dándoles derecho de veto y también, sobre cualquier nombramiento o sobre cualquier sanción, capacidad de limitarlo, la derecha iba a detener sus ataques hacia el presidente y hacia el Partido Socialista. Nada más lejos de la realidad, señorías del Partido Socialista. La realidad es que esta derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo. No van a parar, señorías del PSOE, y creo que, además, ustedes se van a arrepentir de esta decisión. Por eso, por última vez les pido que se piensen muy bien, muy bien lo que van a hacer en el día de hoy. Todavía están ustedes a tiempo de rectificar. Si no lo hacen por Podemos, si no lo hacen por las fuerzas independentistas, si no lo hacen por los activistas criminalizados, por lo menos háganlo por ustedes mismos y por su jefe, el presidente del Gobierno. Rompan el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial con el PP y pacten con la mayoría democrática y plurinacional que les permite estar donde están un Consejo General del Poder Judicial con un mandato claro de lucha contra la corrupción. Piénsenlo bien, porque cuando ustedes hoy escriban los nombres pactados con el Partido Popular no solo estarán legitimando un Partido Popular que nos espió ilegalmente, no solo estarán legitimando una derecha judicial que trató de acusar de terrorismo a los líderes independentistas, no solo estarán legitimando la derecha judicial que criminaliza el activismo social, sino que, probablemente, ustedes estarán cavando su propia tumba política y comprometiendo definitivamente —‌y eso es claro— las posibilidades de transformación social y de cambio de esta legislatura.

Con este acuerdo, señorías del Partido Socialista, ustedes entierran la legislatura progresista (aplausos), porque eso es lo que persigue la guerra sucia judicial: perpetuar los privilegios de los de siempre. Guerra sucia es lo que vemos cuando el Estado tiene que pagar 500 millones de euros a las eléctricas por una sentencia del Supremo por el antiguo bono social eléctrico; es lo que vemos cuando un juez absuelve al agresor de una persona LGTBI por una agresión en el Pride del año pasado; es lo que vemos cuando el juez Aguirre, aparte de intentar tumbar a este Gobierno acusando de traición a Puigdemont, también absuelve al policía que hizo perder un ojo a una mujer que participó en una manifestación diciendo que ella se lo buscó; es la persecución judicial al sindicalismo encabezada por el juez Lino Rubio, que va a mandar a prisión a Las seis de La Suiza, y son los jueces que incumplen a sabiendas el escudo social que impide desahuciar a familias con niños, y lo hacen, y que también dan impunidad a Desokupa. Nunca, señorías del Partido Socialista, ha sido contra nosotras; siempre ha sido contra el avance en derechos.

Además, señorías del Partido Socialista —h‌oy el ministro no ha venido—, creo que ustedes se equivocan cuando le tienden la mano una y otra vez a este Partido Popular, cuando se la tienden para el Consejo General del Poder Judicial, cuando viene el presidente a una comparecencia y solo se dirige al Partido Popular, cuando tienden la mano para la reforma de la Ley de Extranjería. Es evidente que ustedes están preparando una legislatura en la que piensan que van a necesitar mucho al Partido Popular. Conformaron una gran coalición con el Partido Popular para la austeridad en el año 2011 y ahora están conformando una gran coalición para la guerra. Se equivocaron entonces, señorías del Partido Socialista, y se vuelven a equivocar ahora (aplausos), sobre todo porque, por mucho que intenten contarle a la gente que los acuerdos con el PP dan estabilidad a nuestro país y son buenos para el Estado, la realidad es que en los últimos quince años el período de mayor estabilidad de nuestro país ha sido cuando ustedes aceptaron la presencia de Podemos en el Gobierno y aceptaron la condición de Podemos de que la dirección del Estado se hiciera con la mayoría progresista y plurinacional. Ahí hubo doscientas leyes progresistas; ahí tuvieron lugar los mayores avances feministas, que nos han convertido en una referencia internacional; ahí tuvimos avances sociales y en materia de vivienda sin precedentes en nuestro país. Eso es estabilidad, señorías del Partido Socialista, y no este acuerdo bochornoso que va contra la democracia y que legitima a la gente que nos abochorna como país y que entierra nuestra democracia utilizando al Ministerio del Interior para perseguir a sus adversarios políticos y espiarnos ilegalmente.

Miren, señorías, más del 80 % de la población española cree que la justicia no es imparcial y que está condicionada por poderes políticos o económicos. Semejante dato creo que nos debería hacer reflexionar. Hoy el Partido Socialista desperdicia una oportunidad de oro para la regeneración democrática, y nuestra democracia va a pagar las consecuencias durante años. Señorías del Partido Socialista, regeneración democrática es lo contrario de pactar con el PP, es lo contrario de volver al bipartidismo y es lo contrario de pactar con el partido más corrupto de Europa. (Aplausos). Y no es cierto que no tuvieran más opciones. Hace cinco años, en menos de un mes, podíamos haber reformado la ley y conformado un Consejo que tuviera un mandato claro de lucha contra la corrupción; un Consejo en el que estuviera, por ejemplo, Victoria Rosell, la única superviviente del lawfare, que ha conseguido meter en la cárcel a los responsables. En vez de eso, ustedes han elegido proteger a los que nos espiaron ilegalmente. Y eso, señorías del Partido Socialista, nosotras no lo vamos a olvidar.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Egun on, jaun-andreok. Nos encontramos debatiendo el mismo texto que el pasado 4 de julio, en su toma en consideración. En aquel momento nos abstuvimos y, por congruencia, hoy también lo haremos, como aquel día dijimos, no solo por no haberse consultado nuestra opinión, sino también porque, a nuestro juicio, no se aborda el problema sistémico de fondo que se ha manifestado respecto al Consejo General del Poder Judicial, y es que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista lo que siempre han buscado ha sido una cuota mayoritaria en la composición del Consejo General, a través de la designación de personas ideológicamente afines, para que estas actúen en sus competencias de nombramiento de la cúpula judicial, es decir, de los cargos gubernativos judiciales y de magistrados del Supremo, en personas también afines al bloque ideológico que representan; cargos gubernativos judiciales que, les recuerdo, son los presidentes de audiencias, tribunales superiores de Justicia y correspondientes salas de estos órganos judiciales y del Supremo.

Señorías, creemos que esta es la correa de transmisión que consideramos que ha de desmontarse, privando, como dijimos aquel día, al Consejo de su función de nombramiento de los cargos gubernativos judiciales, pues los vocales del Consejo siempre serán identificables, como hasta ahora lo han sido, en uno u otro sector ideológico, sea con la mediación de los partidos políticos en el sistema de elección parlamentaria o sea con la mediación de las asociaciones judiciales en los sistemas de elección corporativa. Esta es una cuestión que se irradia irremediablemente en sus nombramientos, debiéndose, por ello, atribuirse esa función de manera directa a todos los miembros de la carrera judicial, sin mediación de partidos ni de Consejo General, constituyéndose de este modo en electores los jueces y magistrados del respectivo ámbito sobre los que los presidentes de audiencias, tribunales superiores de Justicia y salas tengan competencias gubernativas, de modo y manera, como ya se hace, con notable consenso y éxito, con otros cargos judiciales gubernativos, como son los decanatos de los juzgados, preservando en todo caso al Consejo la organización de estos procesos electorales y sus garantías. De este modo, como ya expusimos en su momento, se diluiría el interés de cooptación de los vocales del Consejo tanto por los partidos como por las asociaciones judiciales, rompiéndose así el percibido vínculo de sectores ideológicos con los nombrados para ocupar cargos gubernativos judiciales, hoy en día con un alto grado también de discrecionalidad.

De este modo, a nuestro juicio, sí se daría un auténtico cambio en la percepción actual de las cosas, como lo es la apariencia de politización de la actuación del Consejo General en los nombramientos de los cargos gubernativos judiciales y la de estos en su desempeño; apariencia de politización que no es solo una percepción de la opinión pública, señorías, sino también de la propia carrera judicial, que considera que estos cargos de la cúpula judicial no se vinculan tanto al esfuerzo y buen trabajo desarrollado por los aspirantes, que puede hacer prever un futuro buen desempeño de estos cargos en la gestión de los tribunales, sino, muy al contrario, a la afinidad con los partidos políticos que han propiciado el nombramiento de los distintos vocales, a la afinidad con las asociaciones judiciales o incluso a la simple relación de amistad, directa o interpuesta, con los vocales.

Resumiendo, señorías, más que modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo, lo que habría de hacerse es desapoderar al Consejo de su función de nombramiento de la cúpula gubernativa judicial, dando el protagonismo directo y sin mediaciones a los jueces y magistrados de cada ámbito, sobre los que, como les decía, los presidentes de audiencias, tribunales superiores o salas tengan competencias gubernativas, lo mismo que hoy se hace con los decanatos. Por añadidura, se podrían afrontar futuros posibles bloqueos en la elección de los vocales de procedencia judicial, con la determinación de que, ya que sobre ellos no pesa el mandato constitucional que imponga los tres quintos de ambas Cámaras, si en el tiempo estipulado para su renovación no se produjera esta por el bloqueo parlamentario, se solventara la situación mediante sorteo de la lista de aspirantes electos remitida por el Consejo, en vista de que todos los aspirantes y remitidos son objetivamente aptos para tal fin; propuesta de sorteo que también podría combinarse con una vuelta al modelo contemplado en la reforma de la ley orgánica, producido por la Ley Orgánica 2/2001, cuando en su artículo 111.3 redujo el margen de elección del Congreso y Senado al disponer que la lista de candidatos que le presente el Consejo lo será hasta un máximo del triple de los que deban nombrar las Cámaras, es decir, treinta y seis. También se podría reformar la ley orgánica, alineada con la ya realizada en 2013, con la Ley Orgánica 4/2013, para evitar bloqueos en la renovación de los vocales del Consejo cuando una de las Cámaras no lo haga a tiempo, ampliándose la posibilidad ya contemplada de que el Consejo se constituya solo con los vocales renovados de procedencia judicial si no hubiera acuerdo en las Cámaras sobre la renovación de los de procedencia de entre juristas de reconocido prestigio. De este modo, el Consejo nunca estaría en funciones, y ya no sería tampoco necesario limitar parte de sus funciones, como se encuentra hoy en día regulado para cuando se produzca esa situación.

Finalizo, presidente, reiterándome en la abstención a la proposición de ley tramitada, al no abordar, a nuestro juicio, lo que consideramos el problema sistémico de fondo respecto al Consejo General del Poder Judicial.

Nada más y muchas gracias.

Gràcies, president. Bon dia, senyories. Ens arriba a debat la votació del dictamen aprovat a la Comissió de Justícia de la setmana passada, que no és diferent a la proposició original de la reforma de la Llei orgànica del poder judicial i de la llei que regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal. Una proposició tramitada per urgència, la que no han tingut els darrers cinc anys, i que ara, amb 26 dies, hauran deixat vista per sentència. Per cert, com fan sovint en aquest estat, escrita abans del debat i que ja la podien donar per dada i beneïda el dia de la seva presentació. Perquè són unes reformes acordades per PP i PSOE, els dos partits sistèmics de l’estat espanyol. Sí, senyor Aranda, malgrat no li agradi, partits sistèmics; el seu, també. Partits sistèmics que pacten canvis cosmètics després d’anys de retrets i gesticulació desproporcionada pel bloqueig del Consell General del Poder Judicial.

I ara ja s’han entès. Ja tenen acord, un acord, com hem tingut oportunitat de recordar en altres intervencions, forjat i anunciat a l’estranger, en el clímax de l’enfangada general, certament inversemblant després de tot el que hem sentit a dir en aquesta cambra. En fi, suma y sigue, que diuen a la Meseta. I aquí estem, aguantant la broma d’aquesta reforma per reforçar la independència i la integritat del seu sistema judicial. Com s’atreveixen a parlar d’independència i integritat del sistema judicial després de l’exhibició a cop de togues d’alguns jutges que vostès —‌els de la dreta i l’extrema dreta, per descomptat, però també vostès— han envalentit durant els darrers anys per aturar l’independentisme?

I saben què ha passat? Que el que han aturat és la poca democràcia que tenien. Mirin, el dia de debat a les totalitats de VOX i Podemos, els demanava que per què volen reforçar la independència del sistema judicial. Volen fer-ho per poder perseguir els jutges prevaricadors o volen fer-ho per continuar callant i encobrint-los? No cal que em contestin, sabem que som allà mateix. Som en el mateix lloc, malgrat la propaganda per vendre que aquesta reforma s’ajusta a criteris europeus. Aquesta reforma, l’únic que fa és sofisticar un xic més la perpetuació d’un sistema de portes giratòries per anar de la política a la judicatura i de la judicatura a la política, com sempre, i encara afegint a l’articulat mecanismes per fer-ho sense risc i a càrrec del contribuent. Vostès, un cop més, perpetuen el model assegurant que volen fer el contrari. Res de separació de poders. Un cop més, com els darrers 40 anys, el que pacten és la divisió del poder, entesa com el seu repartiment, entre populars i socialistes, entre socialistes i populars. Un cop més, l’espanya política practicant lampedusianisme d’estat, fent veure que tot canvia per no canviar res. Tornen a aplicar la fórmula de la Transició, la de l’Espanya de la fina capa de color que, per poc que rasquis, torna a la foscor.

Des de Junts per Catalunya, els darrers anys els hem advertit i hem denunciat reiteradament el descrèdit del govern del Poder Judicial, de les seves constants ingerències polítiques, de les fortes pressions partidistes que han portat a les cúpules de la judicatura a emetre opinions polítiques, a criticar l’executiu i a qüestionar els legisladors. Aquest és el veritable problema del sistema judicial espanyol i, més concretament, de les cúpules i òrgans de govern del Poder Judicial. Un problema estructural que s’arrossega de fa dècades i que ha provocat una falta absoluta de neutralitat judicial, una mancança que alguns només han començat a veure ara fa quatre dies, quan els ha afectat a ells.

És precisament aquesta manca de neutralitat, d’imparcialitat, la que va portar a la judicialització de la política i la politització de la justícia que els catalans, i sobretot els independentistes, encara patim. Ara, amb l’aplicació de la llei d’amnistia, amb els falsos raonaments de Llarenas i Marchenas, jutges empeltats del règim i representants de l’obsessió d’estat amb el president Puigdemont, la democràcia se’ls desfà a les mans. Ho saben. Hi ha jutges que fan política des del seu càrrec, política per subvertir l’estat de dret amb el qual sempre s’omplen la boca; jutges que li poden dir al Govern que li queden dos telediaris alemanys, dos i ja està; jutges que els anuncien cap a on van i ho fan sense embuts, literalment els envien a prendre per on seuen.

I vostès què fan? Pactar. Vostès pacten amb els que els aplaudeixen. És aquesta la reforma que tenen per acabar amb la parcialitat? És aquesta la reforma que tenen per acabar amb la falta d’imparcialitat? És aquesta la reforma que tenen per acabar amb els jutges prevaricadors? De veritat? Mirin, ho podem mirar del dret o del revés. Aquesta reforma ni amb correccions tècniques ni sense soluciona el problema de fons, i no ho fa perquè la imparcialitat la condiciona l’extrema dreta judicial. La imparcialitat es condiciona a la sacrosanta unitat d’Espanya, que sempre passa per davant, inclús dels drets fonamentals. Els hi vaig dir i els hi repeteixo: amb el pacte entre la dreta popular espanyola i l’esquerra socialista espanyola, es reitera el fracàs de la transició espanyola i es manté la negror de les cúpules judicials espanyoles.

També els hi deia fa 15 dies: aquest pacte no només no regenera res, sinó que invalida les tèbies mesures de regeneració democràtica que ens va presentar la setmana passada, des d’aquí mateix, el president Sánchez, perquè els jutges que poden i volen podran continuar prevaricant amb impunitat. Aquest nou pacte d’estat els empara. Els de la bancada de l’esquerra, avui, es rendeixen a les tesis dels populars i la toga nostra. Veiem el llop amb pell de xai alimentant el llop malvat de totes les campanyes i deixant les ovelles a la seva sort, un error més que els fa suspendre en democràcia. Poden celebrar el pacte, poden celebrar aquesta reforma, poden celebrar la renovació del Consell General del Poder Judicial. El que no sé si poden, senyors socialistes, és estar tranquils.

[El señor vicepresidente: Debe finalizar, por favor].

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nos llega a debate la votación del dictamen aprobado en la Comisión de Justicia la semana pasada, que no difiere de la proposición original de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal; una proposición tramitada por urgencia, una urgencia que no han tenido en los últimos cinco años y que ahora, en veintiséis días, habrán dejado vista para sentencia. Por cierto, como hace a menudo este Estado, escrita antes del debate y que ya querían dar vista para sentencia cuando se presentó. Se trata de unas reformas acordadas por el PP y el PSOE, los dos partidos sistémicos del Estado español —‌sí, señor Aranda, a pesar de que no le guste, son partidos sistémicos, el suyo también—; partidos sistémicos que pactan cambios cosméticos, después de años de reproches y gesticulación desproporcionada por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y, ahora, ya se entienden, ya tienen un acuerdo; un acuerdo que, como ya hemos podido recordar en otras intervenciones, se forjó y se anunció en el extranjero, en el clímax del embarrado general. Ciertamente, parece increíble, después de todo lo que hemos oído en esta semana. Como dicen ustedes, suma y sigue. Y aquí estamos, aguantando la broma de esta reforma para reforzar la independencia y la integridad de su sistema judicial. ¿Cómo se atreven a hablar de independencia e integridad del sistema judicial después de la exhibición a golpe de toga de algunos jueces, que ustedes —‌los de la derecha y la extrema derecha, por supuesto, pero también ustedes— han envalentonado los últimos años para parar al independentismo? ¿Y saben qué ha sucedido? Que lo que han parado es la poca democracia que tenían. Miren, el día del debate de la totalidad de VOX y Podemos les preguntaba por qué quieren reforzar la independencia del sistema judicial. ¿Quieren hacerlo para poder perseguir a los jueces prevaricadores o quieren hacerlo para continuar callando y encubriéndolos? No hace falta que contesten, sabemos que ahí estamos; estamos en el mismo lugar, a pesar de la propaganda para vender que esta reforma se ajusta a los criterios europeos. Esta reforma lo único que hace es sofisticar un poco más la perpetuación de un sistema de puertas giratorias para ir de la política a la judicatura y de la judicatura a la política, como siempre; y añadiendo a este sistema los mecanismos para hacerlo sin riesgo y a cargo del contribuyente. Ustedes, una vez más, perpetúan el modelo, asegurando que lo que quieren hacer es lo contrario. Nada de separación de poderes; una vez más, como en los últimos cuarenta años, lo que pactan es la división del poder, entendida como su reparto entre populares y socialistas, entre socialistas y populares. Una vez más, la España política pacta practicando lampedusismo de Estado, pretendiendo hacer ver que todo cambia para no cambiar nada. Vuelven a aplicar la fórmula de la Transición, la de la España de la fina capa de color que, por poco que rasquen, vuelve a la oscuridad. Desde Junts per Catalunya, en los últimos años, les hemos advertido y hemos denunciado reiteradamente el descrédito del gobierno del Poder Judicial, de sus constantes injerencias políticas, de las fuertes presiones partidistas que han llevado a las cúpulas de la judicatura a emitir opiniones políticas, a criticar al Ejecutivo y a cuestionar a los legisladores. Este es el veritable problema del sistema judicial español, y más concretamente de las cúpulas y órganos de gobierno del Poder Judicial; un problema estructural que se arrastra desde hace décadas, y que ha provocado una falta absoluta de neutralidad judicial; una falta que algunos han empezado a ver ahora, hace cuatro días, cuando les ha afectado a ellos.

Precisamente, esta falta de neutralidad y de imparcialidad es la que llevó a la judicialización de la política y a la politización de la justicia que los catalanes, y sobre todo los independentistas, todavía sufrimos: ahora, con la aplicación de la ley de amnistía, con los falsos razonamientos de los Llarenas y Marchenas, jueces del régimen y representantes de la obsesión del Estado con el presidente Puigdemont. La democracia se les deshace en las manos, lo saben. Hay jueces que hacen política desde su cargo, política para subvertir el Estado de derecho con el que siempre se llenan la boca; jueces que puedan decirle al Gobierno que le quedan dos telediarios alemanes, dos, y ya está; jueces que les anuncian hacia dónde van, y lo hacen sin filtros, literalmente les mandan a tomar viento.

¿Y ustedes qué hacen? Pactan; ustedes pactan con aquellos que les aplauden. ¿Es esta la reforma que tienen para terminar con la parcialidad? ¿Es esta la reforma que tienen para terminar con la falta de imparcialidad? ¿Es esta la reforma que tienen para terminar con los jueces prevaricadores, de verdad? Lo podemos mirar del derecho o del revés; esta reforma, ni con correcciones técnicas o sin ellas soluciona el problema de fondo. Y no lo hace porque la imparcialidad la condiciona la extrema derecha judicial; la imparcialidad viene condicionada por la sacrosanta unidad de España, que siempre pasa por delante, incluso de los derechos fundamentales. Se lo dije, y lo repito: con el pacto entre la derecha popular española y la izquierda socialista española se reitera el fracaso de la transición española y se mantiene la oscuridad de las cúpulas judiciales españolas.

También se lo dije hace quince días: este pacto no solo no regenera nada, sino que invalida las medidas tibias de regeneración democrática que nos presentó la semana pasada, aquí mismo, el presidente Sánchez. Porque los jueces que pueden y quieren podrán seguir prevaricando con total impunidad; este nuevo pacto de Estado les ampara. Los de la bancada de la izquierda hoy se rinden a las tesis de los populares y a ‘la toga nostra’. Vemos el lobo con piel de cordero alimentando al lobo malvado de todas las campañas, y dejando las ovejas a su suerte, un error más que les hace suspender en democracia.

Pueden celebrar el pacto, pueden celebrar la reforma, pueden celebrar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que no sé si pueden, señores socialistas, es estar tranquilos.

Acabo. No comptin amb Junts per Catalunya per blanquejar aquest sistema judicial d’aquest estat corcat. Nosaltres, sols o acompanyats, continuarem plantant cara per desemmascarar el partit de les cúpules judicials, que, lluny d’impartir justícia, apliquen venjança, i ara ja saben bé que no només a l’independentisme. Res més. Visca Catalunya lliure.

Termino. No cuenten con Junts per Catalunya para blanquear este sistema judicial de este Estado carcomido. Nosotros, solos o acompañados, seguiremos plantando cara para desenmascarar el partido de las cúpulas judiciales, que, lejos de impartir justicia, aplica venganza, y ahora ya saben que no solo será el independentismo. Muchas gracias. Visca Catalunya lliure.

Gràcies, president. Bon dia, diputades. Bon dia, diputats. Una prèvia: ja no vam participar en la comissió on es va debatre, tant en la ponència com en la comissió, aquesta llei. Tampoc vam participar a la votació sobre la seva presa en consideració. No participarem de la votació, avui, d’aquesta llei. I no participarem de la votació dels membres del Consell General del Poder Judicial.

Senyors socialistes, tenien una oportunitat. Perquè vostès ja saben com va això de la política. Tenien l’oportunitat de, en lloc de reservar-se cinc dies de reflexió, emprendre una real modificació de l’estructura d’aquest estat, que s’ha demostrat que, pel que fa a la justícia, és absolutament fallida, i no l’han aprofitat. Reflexionin el que vulguin, cinc dies, cinc anys o cinc mesos, m’és igual, però arribin aquí amb alguna cosa que, efectivament, sigui consistent amb una volguda democratització d’aquest poder de l’Estat, que se suposa que és la judicatura.

Després d’una legislatura com la que portem, d’un any, després de cinc anys de no ser capaços de posar-se d’acord, perquè se suposava que hi havia temes bàsics, fonamentals, de consideració i de la idea que es té del que és el Poder Judicial, se’n van a Brussel·les o se’n van a l’estranger, es posen d’acord, arriben aquí i tenim una proposició firmada pel PSOE i pel PP, que, amb això, s’han posat d’acord. Què és, per nosaltres? A part d’indiferent, —p‌ erquè un dia o altre muntarem el nostre propi poder judicial, així que tinguem un estat, que tard o d’hora el tindrem—, és lamentable. És lamentable, i més quan estan patint vostès, també, les envestides d’aquest poder judicial, que és qualsevol cosa llevat d’independent.

Saben què és lamentable, també? És lamentable que els jutges, en aquest estat, facin el que vulguin i mai passi res. És lamentable que es decreti una presó provisional de dos anys, s’arxivi el cas i no passi res. És lamentable que no hi hagi cap sistema de sancions aplicades als jutges perquè mai passa res. I es jubilarà el senyor García Castaño i no haurà passat res. I es jubilaran Llarena i Marchena i Lamela, i no haurà passat res. I tothom és conscient de la prevaricació que hi ha hagut darrere de les seves sentències i de les seves resolucions. Tothom: els d’una part i els de l’altra. A uns els afavoreix i, per tant, és okey; als altres no els agrada, i ara comencen a anar per vostès, que no els passi res, però tampoc diuen res. I això, saben què passa? Que fa malbé les bases d’un suposat estat democràtic. Que fa aflorar allò que fa anys que els venim dient. Fa aflorar que aquest estat no està basat en el respecte als drets humans, en la democràcia i en la separació de poders. I això explica, també, l’absoluta desconfiança que, cada vegada més, generem respecte dels ciutadans, siguin els espanyols, siguin els catalans, siguin els gallecs, siguin els bascos.

Qui pot creure un estat on els seus jutges no apliquen lleis ratificades per un congrés democràticament escollit perquè no els agraden? I ho fan a través de tot el filibusterisme judicial que puguin trobar: diguin-li recursos, diguin-li dilatacions, diguin-li consultes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, diguin-li com vulguin. Quina és la gran sort que tenim? Doncs que, a vegades, es despisten. A vegades es despisten i fan pròrrogues fora de joc. I fan pròrrogues just quan ja ha acabat el partit, i aleshores cau una instrucció tan lamentable i tan vergonyosa com la del cas Tsunami. Els recordo que ningú ha sigut capaç d’agafar García Castellón i dir-li: «Però, escolti’m, perdoni...» Anava a dir una barbaritat. «Però vostè què es pren per fer les resolucions judicials i per fer les investigacions?» Com es pot dir que algú com la Marta Rovira, algú com el Ruben Wagensberg, algú com el president Puigdemont poden ser titllats de terroristes? I vostès han estat impassibles, en aquesta cambra, sentint-ho. La sort és que una cosa que sí que és evident és quan un termini finalitza, i fins aquí hem arribat. Saben comptar: 29 dies són 29 dies, això és bo.

Per tant, de veritat pretenen que participem en aquesta farsa? De veritat pretenen que donem, per activa o per passiva, el nostre consentiment a aquesta farsa que estan representant aquí? Amb l’oportunitat que tenien de modificar el sistema de funcionament del Consell General del Poder Judicial, i han canviat alguns terminis i han canviat algunes condicions? De debò? De debò creuen que, quan portem anys intentant explicar quina és la farsa de la transició del 78, quan avui ens la tornen a portar en forma de Llei orgànica del poder judicial, nosaltres hi donarem consentiment? No només no hi donarem consentiment, sinó que, en tot allò que puguem, no ens en fem responsables. Estan fent vostès un flac favor a la seva pròpia democràcia. Estan fent vostès un flac favor a la pervivència d’un suposat —‌d’un suposat, insisteixo— element de democràcia o de justícia imparcial. Vostès mateixos estan destrossant el seu estat, i nosaltres n’hem estat l’espoleta que ha fet saltar. Però després van venir els de Podemos, després vindran els de SUMAR i vostès ja hi estan enfangats.

Saben què els diem? Que tenint l’oportunitat i no aprofitant-la, que els hi aprofiti, que els vagi molt bé aquesta fantàstica xapa i pintura que li han fet a un organisme que no funciona, i que en són conscients, que no funciona. El dia que vulguin canviar les canonades, el dia que vulguin canviar les bigues de l’edifici, parlem-ne. Perquè nosaltres també en som receptors, de la malícia d’aquest sistema. Però, mentrestant, per vostès faran. El 30 de juliol en tindran un tast. Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, diputadas, diputados. Una previa. Ya no participamos en la Comisión donde se debatió, tanto en la Ponencia como en la Comisión, esta ley; tampoco participamos en la votación sobre su toma en consideración; no participaremos de la votación de hoy de esta ley; y no participaremos de la votación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Señores socialistas, tenían una oportunidad, porque ustedes ya saben cómo va esto de la política. Tenían la oportunidad de, en vez de reservarse cinco días de reflexión, acometer una real modificación de la estructura de este Estado que se ha demostrado que, por lo que se refiere a la justicia, es absolutamente fallida, y no la han aprovechado. Reflexionen lo que quieran, cinco días, cinco años o cinco meses, me da igual, pero lleguen aquí con algo que efectivamente sea consistente, con una querida democratización de este poder del Estado, que es la judicatura.

Después de una legislatura como la que llevamos de un año, de cinco años, de no ser capaces de ponerse de acuerdo porque se suponía que había temas básicos, fundamentales de consideración y de la idea que se tiene de lo que es el Poder Judicial, se me van a Bruselas o se me van fuera, se ponen de acuerdo y llegan aquí y tenemos una propuesta, una proposición firmada por el PSOE y por el PP. Y con esto se han puesto de acuerdo, que es para nosotros, aparte de indiferente ―porque un día u otro vamos a montar nuestro propio Poder Judicial, cuando tengamos un Estado, que lo vamos a tener―, lamentable, y más cuando están aquí ustedes también, las embestidas de este Poder Judicial, que es cualquier cosa, pero no independiente.

¿Saben qué es lamentable también? Es lamentable que los jueces en este Estado hagan lo que quieran y nunca pase nada. Es lamentable que se decrete una prisión provisional de dos años, se archive el caso y no ocurra nada. Es lamentable que no haya ningún sistema de sanciones aplicadas a los jueces, porque nunca ocurre nada. Y se jubilará el señor García Castaño y no ocurrirá nada, se jubilarán Llarena, Marchena y Lamela y no habrá ocurrido nada. Y todos todos somos conscientes de la prevaricación que ha habido detrás de sus sentencias y resoluciones, todo el mundo, los de una parte y los de otra; a unos les favorece y, por lo tanto, es okey, y a los otros no les gusta y ahora empiezan a ir a por ustedes y que no les ocurra nada, pero tampoco dicen nada. ¿Y con esto saben qué ocurre? Que esto malmete las bases de un supuesto Estado democrático que hace aflorar aquello que les estamos diciendo desde hace años, hace salir a la luz que este Estado no está basado en los derechos humanos, en la democracia y en la separación de poderes, y esto explica también la absoluta desconfianza que cada vez más generamos respecto a los ciudadanos, sean los españoles, los catalanes, los gallegos o los vascos.

¿Quién se puede creer a un Estado donde los jueces no aplican leyes ratificadas por un Congreso democráticamente escogido, porque no les gustan? Y lo hacen a través de todo este filibusterismo judicial que puedan encontrar, digamos recursos, dilataciones, consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que quieran le pueden decir. Pero ¿cuál es la gran suerte que tenemos? Que a veces se despistan y hacen prórrogas fuera de juego, prórrogas justo cuando ya ha terminado el partido, y después cae una instrucción tan lamentable y vergonzosa como la del caso Tsunami. Les recuerdo que nadie ha sido capaz de coger a García Castellón y decirle: Perdone ―iba a decir una barbaridad―, ¿pero usted qué se toma para hacer las resoluciones judiciales y las investigaciones? ¿Cómo se puede decir que alguien como Marta Rovira, Rubén Wagensberg o el presidente Puigdemont pueden ser calificados de terroristas? Y ustedes se han mantenido impasibles en esta Cámara o escuchándolo. La suerte es que una cosa que sí que es evidente es cuando un plazo finaliza, y hasta aquí hemos llegado. Saben contar, veintinueve días son veintinueve días.

Por lo tanto, ¿de verdad pretenden que participemos de esta farsa? ¿Pretenden que por activa o por pasiva demos nuestro consentimiento a esta farsa que están representando aquí? Con la oportunidad que tenían de modificar el sistema de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, y han cambiado plazos y condiciones. ¿De verdad? ¿De verdad creen que cuando llevamos años intentando explicar cuál es la farsa de la Transición del 78, cuando algunos la vuelven a traer en forma de ley del Poder Judicial, nosotros les vamos a dar consentimiento? No solo no vamos a consentirlo, sino que en todo aquello que se pueda, que podamos, no nos hacemos responsables. Están haciendo ustedes un flaco favor a su propia democracia. Están ustedes haciendo un flaco favor a la pervivencia de un supuesto, insisto, elemento de democracia donde la justicia es imparcial. Ustedes mismos están destruyendo su Estado y nosotros hemos sido la llama que ha saltado, pero después vendrá Podemos, después vendrá SUMAR, y ustedes ya están aquí en el fango. Tienen ahora la oportunidad y, si no la aprovechan, que les aproveche a ustedes, que les vaya muy bien esta fantástica chapa y pintura que le han hecho a un organismo que no funciona y que son conscientes que no funciona. El día que ustedes quieran cambiar las vigas del edificio, nos tendrán allí, porque nosotros también somos receptores de la malicia de este sistema, pero, mientras tanto, el 30 de julio van a poder probarlo por primera vez.

Muchas gracias. (Aplausos).

Hablar de la justicia, después de oír hoy a las derechas competir por quién es más insolidaria y cruel con los chicos que emigran porque no tienen otra salida, parece una broma macabra. Y es que hay que tener una ínfima catadura moral para rendirse cada día a multinacionales y fondos extranjeros que esquilman a nuestra gente y luego presumir de patriotas pidiéndole a la Armada que apunte contra cayucos con menores migrantes. Por eso justamente, señorías, los muchachos que se arrojan al mar buscando una vida mejor siempre serán más dignos que los señoritos y los fascistas que les ladran con furia (aplausos), pero que luego lamen la mano de los poderosos de siempre.

Hoy, señorías, se cierra un capítulo nefasto de un secuestro institucional único en nuestro entorno perpetrado por el Partido Popular, pero la regeneración de la justicia seguirá siendo un asunto pendiente. Hoy se incorporarán al órgano de gobierno de los jueces algunos nombres valiosos, solventes, que paliarán los desmanes de los últimos años, pero la mayoría progresista plurinacional que enriquece al Gobierno y que cree en una justicia mejor no saldrá reforzada, porque no se ha sentido interpelada y porque sabe que el PP no ha cambiado, que simplemente ha utilizado el argumento de la despolitización de la justicia para vetar a juristas honrados y para encaramar con descaro a los suyos. (Aplausos). Este Consejo debería haber contado con magistrados intachables como José Ricardo de Prada y Victoria Rosell, que no están por haber plantado cara a la corrupción del PP, y en cambio los candidatos de Génova, de FAES y de la COPE campan a sus anchas en el Supremo o en el Tribunal Constitucional. No sabemos qué habría pasado si el presidente del Gobierno hubiera cumplido su anuncio de recurrir a la mayoría de investidura para forzar el fin del bloqueo indecente de estos años; lo que sí sabemos es que, cuando Aznar comenzó a lanzar arengas llamando a la acción, la Sala del Supremo que el PP se jactó de controlar por la puerta de atrás respondió, y lo hizo inaplicando burdamente la ley de amnistía con argumentos prevaricadores que revolverían a Montesquieu o a Jefferson en sus tumbas. Y lo que hemos visto también es a las derechas recurriendo a ultras de HazteOir, de Manos Limpias, hasta encontrar un juez bien ‘peinado’ que aplique al presidente y a su familia el mismo lawfare indecente utilizado con Podemos, con independentistas vascos y catalanes o con compañeras como Ada Colau o Mónica Oltra. (Aplausos).

Permanecer impasibles frente a esa ofensiva reaccionaria sería una torpeza y una deserción inaceptable. Somos muchos los grupos que hemos presentado propuestas para revertir el sesgo clasista, sexista y centralizador de la justicia, para convertirla en un servicio público de calidad independiente del poder político y del poder económico. Pero lo que urge es que esos cambios, señorías, se hagan ya, antes de que la justicia, como decía Ortega y Gasset, sea poco más que una telaraña que atrapa moscas y deja pasar elefantes. Y lo que defendemos para la justicia vale también para los medios, porque creemos, sí, que hay que combatir los pseudomedios financiados para propagar bulos al interés del pagador, pero también creemos que mientras haya fondos como BlackRock, con peso creciente en Atresmedia, en Mediaset o en Prisa, será imposible destapar negocios obscenos como el de la especulación inmobiliaria y dramas como los de los desahucios.

Señorías, para evitarlo no basta con exigir transparencia, hacen falta medidas antioligopólicas que limiten el poder de esos fondos y permitan avanzar a un modelo de distribución por tercios de medios públicos, de medios privados y de medios comunitarios. Lo que queremos, como ya se dijo aquí, no es una oligarquía con migajas de libertad, lo que queremos es una democracia plena con libertades plenas y eso no es posible sin poner coto al poder económico concentrado y sin redistribuir la riqueza. (Aplausos). Para eso hacen falta buenas leyes, claro que sí, pero, sobre todo, hacen falta ciudadanos y movimientos que puedan exigirlas sin miedo en las instituciones y en las calles. Por eso está bien que el presidente del Gobierno venga aquí a condenar el zafio espionaje de la policía del PP a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón y a tantos diputados y diputadas de esta Cámara, pero sería mucho mejor que el ministro Marlaska pusiera fin a la infiltración policial arbitraria en colectivos antifascistas y defensores de los derechos humanos. (Aplausos).

Más aún, si de verdad se quiere regenerar la justicia, lo que toca es modificar ya el Código Penal de Rajoy para que nadie haga pasar huelgas legítimas, tractoradas de agricultores o tsunamis democráticos como actos de terrorismo; suprimir, claro que sí, los preceptos de la ley mordaza, hoy emulados por Milei en Argentina, para que ningún policía pueda multar caprichosamente protestas pacíficas; y derogar, por supuesto, las injurias a la Corona, porque ni un rapero ni nadie puede ir a la cárcel por recordar a ValleInclán cuando decía que aquí los Borbones se echan más que por reyes por ladrones. (Aplausos).

Porque un día como hoy de hace un año millones de mujeres, de jóvenes, de trabajadoras y trabajadores de todo el Estado, votaron por una alternativa democrática al proyecto clasista, sexista y racista de las derechas radicalizadas, y porque otro día de julio, pero de 1936, fueron millones también los que salieron a la calle a parar un golpe fascista. Ya es hora de que la mayoría de investidura actúe honrando ese compromiso cívico, esos gestos de resistencia democrática, y debería hacerlo por la memoria del lehendakari Aguirre y del presidente Companys, que marcharon juntos al exilio, debería hacerlo por la memoria del galeguista Alexandre Bóveda y por las Trece Rosas de Madrid, asesinadas por la Dictadura, debería hacerlo por la memoria de Federica Montseny y de Dolores Ibárruri, cuyos retratos deberían entrar sin demora en este Parlamento (aplausos) y, sobre todo, deberían hacerlo por ese pueblo llano que jamás aceptó que una república que formó maestros, que abrió escuelas y que creó bibliotecas públicas en los pueblos pueda equipararse a un régimen militar indecente que asesinó a maestros, que cerró escuelas y que quemó libros. (Aplausos).

Por ellos y ellas, señorías, también nosotros tenemos la obligación de actuar y de movilizarnos con generosidad, con inteligencia y con determinación, no para complacer a los poderosos de siempre, sino para defender la felicidad de todas y todos.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Bueno, tras la serie de alaridos pseudointelectuales del montonerismo tucumano, vamos a hablar realmente de lo que importa. (Risas y aplausos). Se consuma el compadreo, se consuma el compadreo de la PPSOE, ese bipartidismo que pacta a escondidas en Bruselas y que luego viene aquí a hacer su teatro. Ese acuerdo que constaba de dos anexos. El primer anexo del acuerdo decía: hay que hacer una reforma estética, puro maquillaje, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que parezca que hemos avanzado algo en esa pretendida lucha por la independencia del Poder Judicial. Vamos, pequeños aspectos absolutamente secundarios para intentar disimular lo importante, que era el segundo anexo, la lista de los elegidos, de los peones judiciales, de los comisarios políticos togados, sus marionetas con las que luego van a elegir a aquellos jueces y magistrados para que les sirvan a sus intereses. Encima, meten una disposición adicional para intentar engañar o seguir engañando a su electorado que dice: en el plazo de seis meses ese Consejo General del Poder Judicial estudiará y elevará un informe sobre sistemas de elección de vocales en otros países europeos con sistemas parecidos al Consejo General, llamados consejos de magistratura, e intentaremos encontrar un modelo que sea homologable. O sea, que nos tenemos que homologar a Europa (aplausos), no tenemos mayoría parlamentaria necesaria. Necesitamos, como auténticos paletos venidos a la capital, ir a preguntarle a Bruselas si le parece bien o no el sistema de elección de los vocales. ¡Qué vergüenza, qué desprecio a esta Cámara y qué insulto a los españoles! O sea, que tenemos que homologarnos, a ver si les parece bien a Francia o a Italia. ¡Pero si tenemos una Constitución que lo deja muy claro! El artículo 122 lo dejó clarísimo, señores de la PPSOE: doce vocales no podían ser elegidos por los partidos políticos, por el Congreso y el Senado. Así de sencillo, doce de veinte, la mayoría. Ustedes llevan décadas aplicando justo lo contrario, aquello que el Tribunal Constitucional advirtió de que no podía pasar y es lo que viene pasando: no podrá convertirse el Consejo General del Poder Judicial en un reparto de las mismas cuotas partidistas que el Congreso y el Senado. Eso es lo que todos ustedes de la PPSOE vienen haciendo. (Aplausos). Sí, porque los señores del Partido Popular, por supuesto con el apoyo del Partido Socialista, cuando pudieron hacerlo no lo hicieron. Con Aznar de presidente y mayoría absoluta no modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial y no establecieron el sistema de elección para que doce vocales fueran elegidos por y entre jueces y magistrados. Tampoco lo hicieron con Mariano Rajoy y ahora con Feijóo hacen exactamente lo mismo. La pregunta que debemos hacernos no tiene nada de retórica, es muy sencilla: ¿debe o no despolitizarse la justicia? ¿Deben o no sacar las manos los partidos políticos en la elección mayoritaria del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir de la elección posterior de las altas magistraturas del Supremo, Audiencia Nacional, tribunales superiores de Justicia y audiencias provinciales? La respuesta del PSOE y de todos sus socios de la izquierda y de la extrema izquierda es muy clara: no. Ellos creen en una justicia absolutamente de izquierdas, una justicia —‌la podrían denominar así en su argot— revolucionaria, una justicia soviética, una justicia donde al final quienes estén allí no sean otra cosa que sus comisarios políticos para tapar sus corruptelas, sus casos de corrupción, porque si la justicia no les da la razón entonces abren todo ese abanico de acusaciones: esto es la derecha judicial, estos son los fachas con toga, esto es el lawfare, como hemos vuelto a escuchar desde esta tribuna. Pero el Partido Popular no se queda más lejos, solo que utiliza la careta, solo que utiliza el maquillaje. Ellos, con la boca pequeña, dicen: sí, sí, nosotros queremos una justicia independiente; sí, sí, que los doce puedan ser elegidos por jueces y magistrados. Pero los hechos les dejan en evidencia y al final buscan lo mismo: tener el control del Poder Judicial para que también les tape sus vergüenzas y tener su cuota de poder en el Poder Judicial. (Aplausos). Son ustedes la PPSOE, son ustedes el reparto de cuotas más indecente. Solo VOX, una vez más, ha sido capaz de presentar una enmienda a la totalidad con texto alternativo, que todos ustedes votaron en contra, para defender una justicia verdaderamente independiente como condición necesaria de una división de poderes y de un Estado de derecho. Solo nosotros hemos defendido que habrán de ocupar las altas magistraturas por estricto orden de escalafón y antigüedad, sin otro tipo de condicionantes ni de méritos de adscripción política; porque, al final, solo si doce de esos veinte vocales vienen elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías en voto personal, secreto y directo, se garantiza que los que ustedes elijan en Congreso y Senado no puedan condicionar al Poder Judicial. (Aplausos). Y no debe haber ninguna utilización, no; como cuando ustedes dicen que el Poder Judicial debe atender a las sensibilidades políticas, no; a lo único que deben atender es a la ley, al estricto cumplimiento de la ley, con independencia e imparcialidad absoluta. No hay sensibilidades ni asociaciones vinculadas a determinadas opiniones políticas que deban tenerse en cuenta; única y exclusivamente sujeción a la ley. Esto es lo que le da la legitimidad al Poder Judicial, que aplique la ley que han elegido democráticamente unas Cámaras. (Aplausos).

Desgraciadamente, ustedes ―y con esto voy terminando― los de la PPSOE votan juntos todo: el fanatismo climático de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo; las fronteras abiertas y el reparto de menas; las imposiciones ideológicas de género; la desmemoria histórica; la politización de la justicia y hasta han sido capaces de votar juntos en el Parlamento Europeo el ‘no’ a condenar el atentado contra Donald Trump. ¡Qué vergüenza! ¡Qué indecencia! (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Señorías, con el debate de hoy damos cumplimiento a un nuevo paso en la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal; una ley consensuada entre los dos principales partidos de esta Cámara y que viene acompañada del proceso de nombramiento de los vocales no judiciales para el Consejo General del Poder Judicial, en el que estamos inmersos tanto el Congreso como el Senado. Es decir, desde el Poder Legislativo estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional y legal; tarde, eso sí, concretamente, seis años tarde; seis años en defensa propia del PP porque, cuando no gobiernan, quieren que los jueces les faciliten lo que no les han dado las urnas. (Aplausos). Señorías, la merma del mandato constitucional, por expirar los cinco años marcados en la Constitución, ha supuesto una pérdida de legitimidad del órgano. Asimismo, su no renovación en tiempo y forma ha degradado el normal funcionamiento del sistema democrático. Por ello, quisiera comenzar haciendo un poco de memoria con una serie de datos objetivos y objetivables. Primero, el 4 de diciembre de 2013, los veinte vocales del nuevo Consejo General del séptimo mandato tomaron posesión de su cargo ante el Rey don Juan Carlos. En ese momento, los vocales elegidos, fruto del acuerdo entre el PP ―entonces en el Gobierno― y el PSOE ―entonces en la oposición―, iniciaban una andadura cuyo mandato constitucional era y es de cinco años, es decir, hasta 2018. Segundo dato, cinco años más tarde, el 1 de junio de 2018, en esta Cámara salía adelante por primera vez en la historia una moción de censura, finalizando así el Gobierno del presidente Rajoy, solo unos días después de que la Sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenara a 29 de los 37 acusados en el juicio del caso Gürtel. Y no son presunciones los delitos como asociación ilícita, fraude a la administración, cohecho activo y pasivo, falsedad en documento mercantil, malversación, blanqueo de capitales y un largo etcétera. Pareciera que no, pero ese tema tiene y ha tenido su importancia. Dos meses más tarde, el 3 de agosto de 2018, se publicaba el acuerdo del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General por el que se disponía el inicio del procedimiento para la renovación del Consejo General del Poder Judicial; el 3 de agosto de 2018. Lo que debía ser un proceso similar al de 2013, con un acuerdo entre los dos grandes partidos, se ha alargado de manera innecesaria casi seis años. Para que nos entiendan en casa, el órgano de gobierno de los jueces y juezas ha estado más tiempo con el mandato caducado que en su periodo legal. Por ello, hoy uno llega a este punto con una sensación un poco extraña. Y es extraña porque, ciertamente, por un lado ―no me importa reconocerlo―, es una gran noticia que los dos principales partidos de esta Cámara nos pongamos de acuerdo y traigamos aquí una ley como la que vamos a aprobar hoy; pero, claro, por otro lado, existe la sensación de llegar tarde, la certeza de que este pacto podría haber llegado hace cinco años, lo que genera cierta desazón por el tiempo perdido, las excusas acumuladas y por las oportunidades perdidas.

Señorías, algo falla cuando, durante cinco años, se puede tergiversar el significado constitucional del refuerzo de las mayorías para aprobar determinadas leyes y retardar los necesarios consensos que todas las democracias necesitan. Señorías, los tres quintos no son un parapeto; son un refuerzo democrático constitucional. Dicho esto, señorías, siempre, siempre es una buena noticia que en esta Cámara se produzcan acuerdos. Mi partido, este grupo, tiene en el acuerdo su divisa parlamentaria; lo demostramos en cada Pleno con la inmensa mayoría de los grupos de la Cámara; también con el suyo, señor Cervera. El acuerdo suma, el acuerdo nos hace avanzar, el acuerdo nos hace mejores, el acuerdo, señorías, eleva nuestra democracia.

Señorías, en este lustro de retardo hemos tendido la mano para llegar a un acuerdo como el que estamos cerrando ahora. Hace cinco años no fue posible. Hace cuatro años no fue posible. Hace tres años no fue posible. Hace dos años tampoco. Hace un año tampoco. No ha sido posible hasta ahora. Con más de veinte excusas, la ratio de excusa por año sale a más de cuatro, pero celebremos el acuerdo que hoy nos trae aquí.

Miren, hablando de la ley, la ley que hoy queremos aprobar supone un refuerzo en sí inequívoco de la independencia e integridad del sistema judicial. Por ejemplo, primero, refuerzo de requisitos para ser magistrado en el Supremo. Segundo, clarificación de las situaciones de excedencia y de tránsito entre política y justicia. Tercero, código de incompatibilidades para los miembros del Consejo y para la Fiscalía. Y, cuarto, establecimiento de los tres quintos para algunos acuerdos dentro del mismo Consejo. Por cierto, estoy convencido de que los veinte nuevos miembros que tomen posesión en breve serán capaces de llegar a esos acuerdos y a esas mayorías. Señorías, esta ley también prevé que el nuevo Consejo remita, en seis meses, a las Cortes y al Gobierno un estudio, aprobado también por tres quintos del propio Consejo, sobre sistemas de nombramiento en otras partes de nuestro entorno, e incluye también la previsión del aumento de la plantilla judicial y fiscal con doscientas plazas cada año, para que, en cinco años, se produzca un incremento de mil jueces y fiscales.

Señorías, lo dije en este Pleno hace dos años, dotar a los poderes públicos de legitimidad democrática era y sigue siendo una prioridad sobre cualquier otra consideración acerca de su funcionamiento orgánico. Es imperativo vincular el Poder Judicial a la soberanía nacional, al artículo 1.2 de la Constitución, al pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. La conexión entre el Gobierno, el Poder Judicial y las Cortes, lejos de corromper, legítima y dignifica al Poder Judicial, haciendo de este una figura indiscutiblemente democrática.

Acabo, como no puede ser de otra manera, felicitándonos por este nuevo acuerdo, por un buen acuerdo, y con el regusto de un cierto mal sabor de boca por el tiempo perdido hasta ahora, pero con la esperanza de que el futuro sea mejor y de que las renovaciones de los órganos no dependan de quién está en el Gobierno o en la oposición, sino de la lealtad institucional, independientemente del lugar que ocupas; y con el deseo de que ese nuevo Consejo inicie, desarrolle, cumpla y finalice su mandato de cinco años en plena normalidad institucional.

Resumiendo, que la siguiente renovación sea en 2029 y no en 2034. Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, hoy va a ser un día importante para nuestra democracia. El proyecto de ley que someteremos a votación es el primer paso para terminar con cuarenta años de injerencia del poder político en el Poder Judicial. Con las reformas que hoy aprobaremos en esta Cámara rescatamos a Montesquieu y, por tanto, Montesquieu vuelve y su espíritu estará más presente que nunca en nuestra vida institucional, de donde nunca debió salir. Hoy no es un punto de llegada, pero sí marcamos un rumbo distinto frente a lo que había venido sucediendo hasta la fecha. Por supuesto que no se resolverán todos los problemas que amenazan a nuestro Estado de derecho, pero se establece un cauce para que algunos de los más importantes puedan afrontarse. Además, se hace del mismo modo que lo hicimos en la etapa más brillante de nuestra historia reciente, la transición, esa que tanto molesta a las que no quieren ni creen en España.

Esta ley es fruto del consenso, es fruto del pacto y de la negociación entre las principales fuerzas políticas de nuestro país. Una ley que supone una moción de censura a quienes creen en la política de muros, ya que vencemos quienes creemos en la política de puentes. Una derrota de quienes creen en la política de bloques, de quienes piensan que con 51 frente a 49 se puede gobernar un país. Una ley en la que, como nos gusta en el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo, logrando amplias mayorías parlamentarias reflejamos la voluntad de la inmensa mayoría de los españoles. (Aplausos).

Señorías, como saben, esta reforma era una condición inexcusable del Partido Popular para llevar a cabo la renovación del Consejo, pero no era ni es una línea roja caprichosa. Esta ley era una exigencia de la Unión Europea que, en los informes del Estado de derecho, urgía cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo. Esta ley era también una exigencia del Consejo de Europa, porque la Comisión de Venecia es también muy clara a la hora de demandar la independencia de los consejos. Por tanto, gracias a la firmeza del Partido Popular hoy el Estado de derecho va a estar más cerca de los estándares europeos. En definitiva, nuestra democracia va a ser mejor, más fuerte y más transparente. Solo hay que escuchar lo que dicen los socios del Gobierno para convencernos todavía más de que es un acierto. A quienes no creen en España lo que les duele es que España tenga una justicia que funcione. Quienes no creen en las instituciones lamentan que se refuercen las instituciones y quienes se pasan el día insultando a los jueces desde esta tribuna lo que no soportan es que los jueces en nuestro país sean independientes y no comisarios políticos a su dictado. (Aplausos). También retrata ―sí, retrata― a los compañeros de viaje de Sánchez, es decir, a aquellos que le critican por pactar con el Partido Popular la independencia de la justicia, pero callan con la corrupción. Y, señores de VOX, preferimos seguir homologados con Europa que estar homologándonos con esas peligrosas amistades que ustedes han empezado a frecuentar últimamente. (Aplausos).

En definitiva, esta transformación no lo va a ser de manera inmediata, pero sí se da un plazo tasado de seis meses para que sean los propios miembros del Consejo los que presenten una propuesta de elección que esté en sintonía con los estándares europeos. Esto es una garantía para que, en la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial, sean los jueces quienes elijan a los jueces. Con este acuerdo se pone fin a una época de injerencias que, solo retorciendo mucho la Constitución o pretendiendo hacerla decir lo que no dice, se puede justificar. En ningún momento, además, se va a eliminar el papel que tiene el Parlamento. Eso sí, se acotará a lo que la Constitución y Europa establecen que debe hacer un Parlamento.

Además, esta ley incluye reformas de calado para evitar algunas de las tropelías que ha llevado a cabo este Gobierno. Así, por ejemplo, no se podrá pasar del Consejo de Ministros o de un cargo gubernamental a un cargo institucional de la judicatura ni muchísimo menos a la Fiscalía General del Estado. (Aplausos). En definitiva, señores socialistas, se acabaron las puertas giratorias del sanchismo, esas que tanto han escandalizado a la opinión pública española y que lo siguen haciendo.

Además, se busca dotar de mayor solidez a la elección de los magistrados por parte del Consejo General del Poder Judicial, especialmente a los del Supremo. La reforma blinda la necesidad de lograr amplios acuerdos en el funcionamiento del Consejo, es decir, que los nombramientos más relevantes requieran una mayoría de tres quintos. Pasamos al entendimiento desde el bloqueo y desde el frentismo que ha instaurado el sanchismo. Se trata, por tanto, de comenzar a proteger la justicia del intervencionismo y la manipulación de Sánchez.

Eso sí, todos somos conscientes de que los Estados de derecho en nuestras democracias están amenazados, pero la singularidad que vivimos en nuestro país es que quien deteriora nuestro Estado de derecho es el propio Gobierno. Pedro Sánchez y sus ministros han hecho del insulto y de la presión a los jueces moneda corriente a la hora de funcionar. Lo hicieron cuando aplicaban la ley del solo sí es sí: llamaron fachas con toga a aquellos que lo único que hacían era reducir las penas porque ustedes habían aprobado esa ley. Lo hicieron cuando procesaban a sus socios independentistas por el golpe de 2017 o cuando ahora ponen límites a la ley de amnistía. De nuevo sucede con el procesamiento por corrupción de la mujer del presidente y de su entorno familiar. El Gobierno pretende hacer que Sánchez, su familia o sus intereses políticos sean intocables. Ya les adelanto que ni España ni la Unión Europea aceptarán esa muestra de despotismo. Señores socialistas, basta ya de defender, de justificar y de amparar zonas de impunidad para Pedro Sánchez. España es una democracia de ciudadanos libres e iguales y no un coto privado para la familia del presidente. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Muy bien!).

Es inédita en España esta agresión a los jueces y solo en Europa tiene precedentes en Hungría y Polonia. Así que, los animamos a que dejen de insultar y garanticen la independencia de quienes les investigan. En definitiva, señores socialistas, sean demócratas. Lo mismo sucede, además, con el fiscal general del Estado, que ya no solo actúa como abogado de la familia de Sánchez, sino que además considera que entre sus funciones está ganar el relato en la opinión pública de los procesos que afectan a ciudadanos particulares.

Señorías, en definitiva, ante un presidente del Gobierno que ha actuado como depredador del Estado de derecho y principal amenaza de la independencia de jueces y fiscales, hemos blindado todo lo que está en nuestra mano blindar.

Voy terminando. Hemos acentuado los criterios de profesionalidad e independencia de los miembros del Consejo y sus decisiones. Además, ponemos un plazo para adecuar el mismo a la realidad europea bajo las garantías de la Comisión. Es un primer paso para que España vuelva a ser una democracia sólida, porque España tiene un Gobierno fallido, pero España no es un país fallido y tiene una oposición ―la del Partido Popular― responsable que sabe que la alternativa se manifiesta también sabiendo llegar a acuerdos. Frente al griterío estéril de los extremos, la política útil en la que creemos quienes pensamos que desde la moderación y el centro se construye una España mejor.

Hoy, con la aprobación de esta ley, no nos cabe ninguna duda de que el final de Sánchez y de lo que representa esta cada día más cerca.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).