Comunicación de la próxima expiración del mandato de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, así como remisión de información relativa al escalafón y el Registro de asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados obrantes en dicho Consejo, determinantes para la presentación de candidaturas, en cumplimiento del artículo 568 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y comunicación de que se ha declarado la apertura del plazo de presentación de candidaturas para la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al turno judicial (corresponde a los números de expediente 244/000001/0000 de la XII Legislatura, 244/000001/0000 de la XIII Legislatura y 244/000001/0000 de la XIV Legislatura).

Gracias, presidenta. Las candidaturas remitidas por el Consejo General del Poder Judicial para proceder a la designación de vocales del turno judicial que, a fecha 27 de junio de 2024, mantienen las condiciones legalmente exigibles para su elección son las siguientes: don Alejandro Abascal Junquera, don Fernando Andreu Merelles, don Ángel Ramón Arozamena Laso, doña Lucía Avilés Palacios, don José Antonio Baena Sierra, don Javier Mariano Ballesteros Martín, doña María Aurora de la Cueva Aleu, doña María Esther Erice Martínez, don Ignacio Espinosa Casares, doña María Gemma Espinosa Conde, don Rafael Estévez

Benito, don José María Fernández Seijo, doña Montserrat Figuera Lluch, doña Mónica García de Yzaguirre, doña Susana González de la Varga, doña Sonia Montserrate Gutiérrez Muñoz, don Manuel María Jaén Vallejo, doña Adoración Jiménez Hidalgo, don José Antonio López Soto, don Juan Luis Lorenzo Bragado, don Ignacio Martín Verona, doña María Pilar Martínez Ceyanes, don José Eduardo Martínez Mediavilla, don José Antonio Montero Fernández, doña Virginia Moreno Gómez, don José Luis Núñez Corral, don Francisco Manuel Oliver Egea, don José Carlos Orga Larrés, don José María Páez Martínez-Virel, don Carlos Hugo Preciado Domènech, doña María José Renedo Juárez, doña María Pilar Esther Rojo Beltrán, doña María Victoria Rosell Aguilar, don Raúl Sánchez Conesa, doña Ana del Ser López, doña María del Mar Serna Calvo, doña Isabel Serrano Frías, don Carlos Manuel Suárez-Mira Rodríguez, doña María Tardón Olmos, doña María de los Reyes Vila Pariente y don David Villagrá Álvarez.

La Comisión Consultiva de Nombramientos, en su sesión extraordinaria de 16 de julio de 2024, ha emitido criterio favorable respecto de los siguientes candidatos para su designación como vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas: titulares, don José Luis Costa Pillado, doña Inés María Herreros Hernández, doña María Pilar Jiménez Bados y doña Argelia Queralt Jiménez; suplentes, don Antonio Dorado Picón, don José Luis González Cussac y doña Marta Bueno Salinas.

Gracias, presidente. Señorías, buenas noches. Como hoy la cosa va de nombres y frente al pacto contra la democracia, el pacto de gran coalición que hoy suscriben el Partido Socialista y el Partido Popular, que viene a legitimar la guerra sucia judicial y que lava la cara al partido más corrupto de toda Europa (rumores), hoy quiero utilizar estos pocos minutos... (Protestas). Es que son ustedes el partido más corrupto de Europa, es una descripción. No es un insulto, es una descripción. (Aplausos.—Rumores).

¿Sí, presidente? (Asentimiento). Gracias. Decía que, ya que la cosa va hoy de nombres, yo quería utilizar estos minutos que tengo de intervención para que consten en el Diario de Sesiones los nombres de algunas de las personas víctimas del lawfare del Partido Popular; personas que, independientemente de su adscripción política, han sufrido en nuestro país la criminalización, la persecución y la represión por ser de Podemos, independentistas, antifascistas, activistas, feministas, anarquistas o ecologistas; por cantar contra la monarquía o, simplemente, por ser demócratas y perseguir la paz (aplausos); al final, por defender el avance en derechos y la democracia frente a quienes quieren que nada cambie en España. Pablo Iglesias (risas), Irene Montero (rumores), Isabel Serra, Victoria Rosell, Pablo Echenique, Juan Carlos Monedero, Alberto Rodríguez, los seis de Zaragoza, las seis de La Suiza, los sindicalistas del SAT, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carles Puigdemont (rumores), Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Anna Gabriel, El Adri, los raperos Hasél y Valtònyc, los chavales de Altsasu —‌cuya madre está también aquí—, Alfon, Nahuel, los criminalizados del caso Bateragune, los de la Operación Araña, Celia Mayer, Carlos Sánchez Mato, Cristina Fallarás, Pamela Palenciano, Rocío Saiz, los sindicalistas condenados por participar en piquetes informativos, los alcaldes y alcaldesas criminalizados únicamente por permitir votar, la ciudadanía movilizada por el derecho a decidir, los y las activistas de Futuro Vegetal y Rebelión Científica. Asimismo, están los cincuenta y cinco diputados y diputadas de Podemos espiados ilegalmente por ser de Podemos o por presentarse a las elecciones de la mano de Podemos: Javier Sánchez Serna, Rafael Mayoral, Juan Manuel del Olmo, Amparo Botejara, Juantxo López de Uralde, Ángela Rodríguez Pam, Noelia Vera, Ana Terrón, Segundo González, Isabel Franco, Nagua Alba, Félix Alonso, Rosana Alonso, Pedro Arrojo, Àngela Ballester, Carolina Bescansa, Rita Bosaho, David Bravo, David Bruzos, Pablo Bustinduy, Sara Carreño, Sofía Fernández Castañón, Mae de la Concha, Juan Antonio Delgado, Yolanda Díaz, Xavi Domènech, Marta Domínguez, Gloria Elizo, Íñigo Errejón, Marcelo Expósito, Miguel Anxo, Alexandra Fernández, Mar García Puig, Antón Gómez-Reino, Belén Guerra,

Txema Guijarro, Auxiliadora Honorato, Fernando Iglesias, (rumores) ―son muchos, señorías, pero los espiaron ustedes a todos (aplausos)―, Jorge Luis Bail, Ana Marcello, Lucía Martín, Rubén Martínez Dalmau, Rosa Martínez, Eduardo Maura, María Isabel Medina, Joan Mena, Alberto Montero, Jaume Moya, Sergio Pascual, Rosana Pastor, Meri Pita, Tania Sánchez, Eduardo Santos, Marta Sibina, María Dolores Terradas, Josep Vendrell, Aina Vidal, Raimundo Viejo Viñas, Miguel Vila, Juan Pedro Yllanes, Joan Baldoví, Enric Bataller y yo misma, señorías. (Rumores.—Varios señores diputados: ¡Oooh!— Aplausos de algunos de los miembros del Grupo Parlamentario Mixto, puestos en pie). Son personas inocentes, perseguidas por jueces corruptos y colaboracionistas de la estrategia del Partido Popular para detener a Podemos, a las fuerzas independentistas, a los movimientos sociales y, por encima de todo ello, señorías, a la transformación social en España.

Señorías del Partido Socialista, hoy, cuando escriban los acuerdos con el Partido Popular en sus papeletas, recuerden los nombres de estas personas, porque son las víctimas del lawfare a quienes ustedes les van a dar la espalda. Nosotras, como les decía antes, no lo vamos a olvidar.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, el 26 de noviembre del año 2013 el Congreso de los Diputados votó por última vez la elección de los diez vocales del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado once años hasta que el Partido Popular ha permitido a la soberanía nacional elegir el gobierno de uno de los tres poderes del Estado. En estos años, hemos elegido en cinco ocasiones al Poder Ejecutivo, al presidente y a los Gobiernos de España ―en 2015, 2016, 2018, 2020 y 2023― y la ciudadanía ha elegido al Poder Legislativo otras cinco veces, pero el Partido Popular no ha permitido ejercer la potestad constitucional de elegir al gobierno del Poder Judicial, lo que por fin vamos a hacer hoy. Lamenten que no se lo agradezcamos.

La democracia solo funciona si todos los actores políticos respetan las reglas del juego, y en los seis años transcurridos desde que el Partido Popular decidió impedir la elección del gobierno del Poder Judicial ha quedado claro que para los señoritos del Partido Popular la democracia no es, sino su cortijo. El Partido Popular solo acepta las reglas que satisfagan sus intereses y para liberar al secuestrado hemos tenido que pagar un rescate: la aprobación de una proposición de ley para lavar la cara al Partido Popular. (Aplausos). Porque ni la Unión Europea ha exigido esta reforma ni los jueces van a elegir al gobierno del Poder Judicial. Ya se lo dijimos el otro día, el 0,001 % de la población de este país no tiene legitimidad para elegir a uno de los poderes del Estado, la legitimidad solo reside en la representación de la soberanía popular, en esta casa. Con la proposición de ley que se ha aprobado ya sin enmiendas ―exclusivamente por el Partido Popular y el PSOE― van a impedir que varias promociones de magistrados y magistradas, en especial los procedentes del turno de juristas de prestigio, puedan alcanzar las altas magistraturas judiciales de este país, y esto va a ayudar al Partido Popular a seguir teniendo a la justicia a su servicio. Como el lamentable espectáculo del juez instructor que nadie sabe qué investiga, pero que genera cientos de titulares de prensa, citando como testigo al presidente, marido de la investigada, sabiendo que la ley exime a cualquier testigo de declarar en contra de su cónyuge.

¿Pero por qué son posibles estos excesos judiciales? Pues ello es consecuencia de oír en esta Cámara que cualquier gobierno de izquierdas es ilegítimo. El secuestro del Consejo General del Poder Judicial va a concluir sin coste alguno para los secuestradores y eso debilita a la democracia. La obligación de quienes sí respetan las reglas de la democracia es tomar medidas para evitar que nunca más la justicia o las instituciones se utilicen para exclusivo beneficio de las oligarquías de este país, con la colaboración de una parte del Poder Judicial, que ha organizado la guerra jurídica contra quienes consideran sus enemigos. Por todo esto es urgente conseguir que la derecha saque sus garras de la justicia, o la destrozarán, además de meter preso a cualquiera que les moleste. (Aplausos).

Para arrojar a la basura lo que queda de un Consejo General del Poder Judicial que se ha ganado un lugar destacado en la historia de la ignominia institucional de España de nada nos sirven los relatos, sino medidas políticas eficaces, que es lo que le ha faltado al bipartidismo en estos últimos cincuenta años, y es lo que este Gobierno de izquierdas tiene obligación de hacer. En primer lugar, aprobar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, que nunca nunca podrá ser peor que el todavía vigente; un consejo que se comprometa a garantizar los derechos de los justiciables y los derechos de todas las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos. Y a continuación, estamos obligados a acometer esas medidas de regeneración democrática, derogar la reforma mordaza de la ley de seguridad ciudadana que hizo el Gobierno del PP y los delitos que sancionan la libertad de expresión; y acabar con la guerra jurídica de la derecha, trasladando la instrucción penal a la Fiscalía, permitiendo que se pueda reclamar responsabilidad civil a los jueces que cometen barbaridades como cualquier profesional, y aprobando medidas para reparar el buen nombre y el prestigio de las personas afectadas por las interminables investigaciones judiciales.

Pero eso no lo puede hacer solo este grupo parlamentario, eso lo tenemos que hacer los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición y todas las fuerzas políticas democráticas de este país. Esa es hoy la urgencia democrática, y esta votación no es más que un paso para conseguir ese objetivo fundamental.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Este reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial que ha alcanzado la PPSOE, ese nuevo grupo fuerte de coalición del bipartidismo, sin lugar a dudas vulnera el artículo 122.3 de la Constitución, que dejó bien claro que solo cuatro de los vocales debían ser elegidos a través del Congreso de los Diputados y otros cuatro a través del Senado, y que doce, y, por tanto, la mayoría de esos veinte, debían ser elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías. Esto algunos lo discuten, pero lo hemos dicho muchas veces en esta tribuna: si el constituyente hubiese querido que, como ustedes acaban de acordar, el cien por cien, por tanto, veinte vocales, fueran elegidos por las Cortes, lo habría dicho: diez por el Congreso y diez por el Senado (aplausos), y dijo expresamente que doce, la mayoría, lo fueran por los jueces y magistrados. En segundo lugar, vulnera el artículo 117.1 de la Constitución, que es el que determina de una manera muy clara la independencia del Poder Judicial. Y, por tanto, cualquier injerencia como la que ustedes han cometido en las últimas décadas, y ahora renuevan, no es otra cosa que volar por los aires un principio fundamental del Estado de derecho, de la Constitución y de la división de poderes. En tercer lugar, vulnera, sin lugar a dudas, el principio de la soberanía nacional, más concretamente de la soberanía judicial, porque se han ido ustedes a pedir permiso a Bruselas. Es más, lo han establecido en su propia proposición de ley en la disposición adicional, diciendo que habremos de homologar el sistema de elección de los jueces a lo que hayan establecido otros países. Como les decía esta mañana, es un desprecio a esta Cámara por supuesto, y una absoluta dependencia, casi en régimen de colonización, de lo que otros Estados puedan decidir sobre sus sistemas judiciales. (Aplausos). En cuarto lugar, vulnera el principio básico de la igualdad de los españoles ante la ley del artículo 14, porque el reparto que ustedes han alcanzado no representa, no respeta el más mínimo principio de proporcionalidad democrática entre los nombrados. Para que se me entienda, de los doce vocales de origen judicial, once están asociados, pero les han otorgado ustedes el 91,66 % del Consejo General del Poder Judicial, cuando hay nada menos que un 42,89 % de jueces y magistrados que no pertenecen a ninguna asociación judicial, a los que ustedes solo les han otorgado un 8 % de ese Consejo General del Poder Judicial. Para que se me entienda todavía más claro, de los doce vocales, siete pertenecen a la Asociación Profesional de la Magistratura, pero ustedes les han otorgado un 58,33 % del Consejo General del Poder Judicial, cuando esta asociación, entre todos los jueces y magistrados de España, no alcanza más que el 25,90 %; o sea, le han dado el doble de representación en el Consejo que los propios jueces y magistrados les han otorgado. (Aplausos). En igual sentido, de los doce vocales, cuatro pertenecen a la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, y ustedes les han otorgado nada menos que el 33,33 %, cuando esta asociación no representa ni al 7,86 % (aplausos); es decir, les han otorgado muchísima más representación de la que corresponde. En resumen, si sumamos los siete vocales a los que ustedes han decidido otorgar representación en el Consejo General y que pertenecen a la Asociación Profesional de Magistratura más los cuatro que pertenecen a Jueces para la Democracia, representan once. Esos once suponen el 91,66 % del Consejo General del Poder Judicial, cuando ambas asociaciones no representan ni el 33 % de todos los jueces y magistrados de España.

Voy terminando, presidente. (Rumores). Este acuerdo es, sin lugar a dudas, el mayor desprecio al mínimo respeto que deberían tener ustedes a los españoles. Es una muestra más de la colonización permanente de los partidos de todas las instituciones y de todos los poderes. (Aplausos).

Termino, presidente. Como digo, es el triunfo de la partitocracia que no cree, como creemos nosotros, en una nación soberana con un Poder Judicial verdaderamente independiente. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señora presidenta, produce estupor escuchar a los herederos nostálgicos del franquismo apelar al constituyente de 1978; estupefacción ante quienes hoy se reclaman y se reivindican como intérpretes auténticos de la Constitución; ellos, que no solo no la votaron, sino que la combatieron.

Hoy, los socialistas venimos a esta tribuna a reivindicar el valor del pacto, el mérito del acuerdo y la virtud del diálogo. El acuerdo es origen y esencia del pacto constituyente. La Constitución es una invitación permanente al pacto. El acuerdo no es ni puede ser entelequia o un mero desiderátum. El pacto es el verdadero músculo y nervio de la vida política de un régimen constitucional. Sin acuerdo político, señorías, nuestra Constitución flaquea. Por ello, respetemos el valor del pacto político. Pactar y acordar no es traicionar, no hay desmérito ni vergüenza en el acuerdo; todo lo contrario, grandeza y dignidad; en definitiva, renunciar a lo propio en beneficio del interés general. Y recelemos de quienes abominan del pacto calificándolo como mercadeo o pasteleo, porque no han entendido nada, no entienden nada de su fuerza integradora como esencia del constitucionalismo democrático, y jamás comprenderán que sin pacto político no hay Constitución y que la Constitución está preñada de exigencias de acuerdo.

Señorías, sin política de la buena, la del acuerdo y la transacción, la Constitución sufre, no sigamos poniéndola a prueba. Cinco años y medio sin cumplir la Constitución; eso, señorías, no sale gratis: desprestigio de las instituciones, descrédito de la justicia, coste económico incalculable, desmotivación de los profesionales, retrasos, dilaciones, conculcación del derecho a la tutela judicial. La justicia ha sufrido y tardará en reponerse. Aprendamos de esta lección. Casi seis años perdidos, porque los vocales del Consejo que hoy elegimos gozarán de una inmensa legitimidad, como los anteriores, la colosal legitimidad que otorga una urna en esta tribuna, donde depositarán el voto 350 representantes del pueblo español. En democracia, señorías, no cabe dignidad superior al investir una magistratura constitucional, especialmente si está llamada a gobernar a quienes administran la justicia que emana del pueblo, la justicia que emana del pueblo.

Señorías, cumplamos la Constitución ahora y siempre, cuando nos conviene y cuando no, con lealtad, con lealtad constitucional. Respetemos la Constitución y a su intérprete supremo. No se puede respetar la Constitución sin respetar al Tribunal Constitucional. No es un cáncer, es el supremo intérprete de la Constitución. Cuestionarlo, erosionar su credibilidad supone torpedear los cimientos del edificio constitucional. No vuelvan a las andadas, señorías. Los socialistas siempre hemos estado ahí, desde 1978, honrando el pacto constituyente, que ha servido y sirve a la causa de la libertad y del progreso. Lecciones de constitucionalismo, señorías, ninguna. La Constitución nos pertenece a todos, a todos los que alguna vez soñaron el ideal ilustrado de la fraternidad y a todos los que ambicionamos una sociedad más justa, más decente y más digna.

Nada más y muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, intervengo muy brevemente para terminar este turno de explicación de voto o de exposición en relación con la votación que se va a afrontar a continuación. Tras votar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y tras votar —‌como acabamos de votar— y aprobar la reforma del Ministerio Fiscal, vamos a proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Evidentemente, no estamos ante una renovación habitual, lo hacemos después de haber llevado a cabo y aprobado reformas importantes. En definitiva, por primera vez se afronta una renovación desde la regeneración. Esta es la gran diferencia de lo que hoy vamos a hacer aquí. Por eso lo que podemos decir es que esta renovación es buena para España, y es buena para España porque avanza en la independencia de la justicia en un momento en el que el Gobierno y sus socios la han atacado más que nunca. Es buena también, porque esta es una renovación que va a reforzar nuestro Estado de derecho y que asume los valores europeos en un momento en que es importante que fortalezcamos a nivel interno esos valores. En definitiva, este es un acuerdo en el que ganan todos los españoles, y ganan todos los españoles piensen lo que piensen y voten a los que voten. ¿Y por qué ganan todos los españoles? Porque lo único que nos ha movido al Partido Popular ha sido el interés general; en definitiva, que ganen los ciudadanos con una justicia mejor, con unas instituciones mejores desde el objetivo de la regeneración. Este acuerdo no es para el Partido Popular un acuerdo cualquiera, esta no es una votación ni una elección cualquiera, porque nos sometimos hace exactamente un año al juicio de los españoles con un claro compromiso de regeneración. Esa regeneración es la palabra que les dimos a los españoles, y un año después podemos estar aquí, en esta tribuna, diciendo que lo hemos hecho; hemos renovado, sí, pero hemos regenerado. Esta renovación parte además de asumir ya, sin tan siquiera haber llegado al BOE las reformas que hoy acabamos de aprobar, que la renovación se ha conformado desde esos criterios de independencia, de profesionalidad y de idoneidad que defendimos en nuestro programa electoral, pero que además acabamos de aprobar. Y además será un Consejo General del Poder Judicial que asumirá el compromiso que por ley acabamos de aprobar y que también aprobará la Cámara Alta, el compromiso de trasladar en seis meses una propuesta al legislador por mayoría de tres quintos para que sean los propios jueces los que establezcan cómo elegirán a su órgano de gobierno. Por lo tanto, es la última renovación que se hace con estas reglas del juego, pero que ya parte de haber asumido las nuevas reglas del juego. Señorías, creo que es importante que la sociedad española vea que el Partido Popular es un partido que tiene a gala cumplir con la palabra dada (rumores) y que el programa electoral que sometimos a las urnas, ese que mayoritariamente obtuvo el respaldo de los españoles, merece la pena cumplirlo. Por lo tanto, es mucho más que una serie de nombres, como ustedes lo quieren reducir. Hemos escuchado la oposición a este acuerdo, pero es lógico de aquellos que no creen en España y que no quieren una justicia que funcione; es lógico si vemos que hablan aquellos partidos que no creen en las instituciones y que quieren instituciones débiles, porque esta es una renovación que viene a fortalecer la justicia en nuestro país. Y evidentemente retrata también a partidos como el de la señora Belarra. La verdad es que no tendríamos tiempo para poder enumerar la lista de pederastas y de violadores que por una mala ley se han visto favorecidos (aplausos) por la acción de un partido como el de Podemos. Esa sí que es una lista que avergüenza a todos los españoles. En definitiva, señorías, este acuerdo, esta votación, esta renovación supone un faro encendido por el Partido Popular en el oscuro túnel político de lo que representa el sanchismo. Muchas gracias. (Aplausos).