Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Quiero comenzar mi intervención denunciando el silencio del Gobierno de España y también de este Parlamento ante el genocidio que se está viviendo en Palestina desde hace ya nueve meses y que está siendo cometido por el Estado terrorista de Israel. Ayer supimos que el Gobierno de España nos mintió y que durante todos estos meses, a pesar de haber dicho que no lo harían, han seguido comprando y vendiendo armas a Israel por valor de más de 1000 millones de euros. Es una auténtica vergüenza, y no se va a hacer con nuestro silencio. Vamos a seguir exigiendo el embargo total de armas ya. (Aplausos). Hace dos semanas el Partido Socialista y el Partido Popular firmaban un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial que abre un nuevo tiempo de gran coalición en España y en Europa. Es un acuerdo para renovar el Consejo que viene a legitimar la guerra sucia judicial contra Podemos, contra las fuerzas independentistas, pero también contra los anarquistas, contra los ecologistas, contra los antifascistas, contra toda la gente que quiere cambiar las cosas a mejor en nuestro país. Miren, señorías del Partido Socialista, este acuerdo era simplemente indefendible cuando se firmó hace unas semanas, pero es que ahora creo que, con todo lo que hemos visto en estos días y en estas semanas, ustedes no se pueden permitir firmar este acuerdo. En estos días hemos visto cómo el juez Aguirre acordaba sus maniobras judiciales con el único objetivo de tumbar a un Gobierno legítimo. Hemos visto al juez Peinado, en medio de un vodevil judicial, amenazando a la mujer del presidente con detenerla si no acudía a la declaración de un testigo, señorías. Hemos visto —l‌o supimos ayer— que se investigó de manera ilegal a cincuenta y cinco diputados y diputadas de Podemos (aplausos), que tenían por único objetivo traer la transformación social y política a este país: más de mil búsquedas ilegales tenía el diputado de Podemos Alberto Rodríguez; más de seiscientas búsquedas ilegales, el ecologista Juancho López de Uralde; más de cien búsquedas ilegales Pablo Iglesias, con entradas como «barcos» o «joyas». Era evidente lo que estaban buscando: nuestro desprestigio y que el Gobierno de izquierdas no llegara en este país hasta el año 2020. (Aplausos). En estos días hemos visto también cómo el juez Marchena y el juez Llarena han retorcido la ley de amnistía, probablemente prevaricando, para no cumplirla. Después de ver todo eso, señorías del Partido Socialista, ustedes no pueden llevar adelante este acuerdo, no, porque lo que están haciendo es legitimar la guerra sucia judicial y política contra Podemos y contra las fuerzas independentistas, y ahora también contra el presidente del Gobierno. Díganme, señorías del Partido Socialista, ¿a qué policías de los que nos investigaron ilegalmente se va a condenar desde unos altos tribunales que van a ser nombrados por el mismo Partido Popular que nos investigó ilegalmente? (Aplausos). Es imposible, no se va a acabar con la guerra judicial de esta manera. ¿Cuántos jueces de los que han participado en la guerra sucia judicial van rendir cuentas después de este acuerdo bipartidista de gran coalición para los jueces? Ninguno, señorías del Partido Socialista, y eso no se puede permitir. Este acuerdo es una ignominia, como está viendo todo el mundo, es un obús en la línea de flotación de nuestra democracia. Honestamente se lo vuelvo a pedir: rompan el acuerdo con el Partido Popular y acuerden con la mayoría democrática.

Vayamos a algunos ejemplos concretos de jueces que no van a pagar por la guerra sucia judicial que cometieron contra mi partido y contra otros. El juez García-Castellón, de la Audiencia Nacional, conocido en Valladolid por su cruzada personal contra una clínica de interrupción voluntaria del embarazo. Es un juez que se inhibió en el caso contra Augusto Pinochet, el dictador chileno. Más recientemente, abrió un caso por el informe PISA que no tenía ni siquiera sello judicial. El juez García-Castellón convirtió a las víctimas en acusados en aquel llamado caso Dina. Ha tratado de acusar de terrorismo a Marta Rovira y a Carles Puigdemont. Y lleva años protegiendo a los corruptos del Partido Popular, como Dolores de Cospedal, Ignacio González o Esperanza Aguirre. (Aplausos). ¿Va a rendir cuentas el señor GarcíaCastellón? ¿Se le va a condenar por prevaricación? Desde luego que no. Lo que va a pasar es que el juez García-Castellón se va a jubilar cuando le dé la gana.

Segundo ejemplo. Los jueces Marchena y Pablo Llarena, presidente y magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la sala más poderosa del tribunal más poderoso de este país, aquella que el señor Cosidó, el portavoz en el Senado del Partido Popular, quería controlar por la puerta de atrás. Yo, después de este acuerdo, creo que solo cabe darles la enhorabuena a sus señorías del Partido Popular, ya que ahora no tienen que controlarla por la puerta de atrás, ya la pueden controlar ustedes por la puerta grande. (Aplausos). Consiguió el señor Marchena su plaza en el año 2014 a pesar de tener muchísimos menos méritos para el puesto que el señor Conde-Pumpido, que también aspiraba a esa plaza. Él es el responsable de que se retirara de manera fraudulenta el escaño de Alberto Rodríguez, ese al que investigaron más de mil veces, en la pasada legislatura. Fue también el responsable de que no se investigara a Pablo Casado por su máster irregular, cuando era presidente del Partido Popular, y también es responsable de que el Tribunal Europeo de Derechos Humano tirara de las orejas a España por el caso Atutxa. Junto a Llarena, ha retorcido, como decía, la ley de amnistía para dejarla sin efecto y para subvertir la voluntad popular del Poder Legislativo. Casualmente, este enemigo de la democracia, el señor Marchena, terminaba su mandato en septiembre de 2024. ¡Qué bien les ha quedado el timing, señorías del Partido Popular! No solo va a seguir en su puesto, sino que probablemente va a haber reforzada su posición.

Otros jueces y juezas que no van a rendir cuentas por la guerra sucia judicial tras la confirmación de esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular son la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que condenó a los jóvenes de Altsasu a altísimas penas de prisión únicamente por una pelea de bar, a pesar de que ese caso nunca tenía que haber salido de Navarra, y la jueza Concha Espejel, que condenó el rapero Valtònyc, para bochorno internacional de nuestro país, por las letras de sus canciones y por injurias a la Corona. Y, como ellas, el juez Peinado, como decía, actualmente en pleno vodevil judicial contra la mujer del presidente del Gobierno, el juez Aguirre o el juez Escalonilla, que tuvo secuestrado a mi partido durante tres años por el falso caso Neurona.

Señorías, ninguno de ellos va a recibir sanción alguna. No irán a la cárcel, no van a ser condenados por prevaricación, aunque deberían. Van a ser promocionados y, seguramente, algunos de ellos también van a decidir a quién promociona. Mucho menos conocidos, pero igualmente enemigos de la democracia, son los jueces que acaban de condenar a los seis de Zaragoza, que están ya en prisión y cuyo único delito es ser antifascistas y llamar fascistas a los fascistas de VOX. (Aplausos). También el juez Lino Rubio, que acaba de condenar a penas de cárcel a las sindicalistas de La Suiza, cuyo único delito cometido es hacer sindicalismo combativo y proteger a una compañera que estaba sufriendo un acoso laboral salvaje. (Aplausos).

Fíjense, señorías, solo hay un juez en España responsable del lawfare que ha acabado en la cárcel. ¿Saben quién es? Las señorías del Grupo Popular sí lo saben. Es el juez Alba, que conspiró con el exministro del Partido Popular José Manuel Soria para tumbar a la jueza Victoria Rosell, que en ese momento se estaba presentando a las elecciones por Podemos. (Aplausos). Su objetivo fue tumbar a Vicky y el objetivo no se cumplió. ¿Saben por qué? Porque Victoria Rosell combatió por su honra y también contra la corrupción judicial hasta que consiguió meterle en la cárcel. Eso, señorías, es lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España, tomarse en serio la lucha contra el lawfare y lo que no hemos visto en estos años.

Si, en vez de este contubernio bipartidista que han pactado el Partido Popular y el Partido Socialista para dejar en la impunidad la guerra sucia judicial, el Partido Socialista hubiera hecho lo que tenía que hacer, que era pactar la renovación con el Consejo General del Poder Judicial con la mayoría democrática, ahora tendríamos a una jueza decente como Victoria Rosell combatiendo la corrupción judicial desde el Consejo General del Poder Judicial (aplausos), tendríamos a una mayoría de jueces decentes acometiendo la necesaria regeneración de la justicia.

Así que, señorías del Partido Socialista —‌insisto—, rompan el acuerdo con el Partido Popular, pacten con la mayoría democrática y dejen de hacer trampas a la gente. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Termino. He escuchado… (Rumores). Hoy tengo muchísimo tiempo, así que me van a tener que escuchar. He escuchado a gente decir que hay que dejar correr este tema, que en realidad esto de los jueces a la gente no le importa, que lo que le importa son las cosas del comer, la vivienda, las pensiones, la precariedad laboral… A mí me van a disculpar, pero creo que pocos temas hay tan relevantes para las cosas de comer como hacer frente a la guerra sucia judicial. ¿Por qué? Pues, miren, porque el mensaje que en este momento el Poder Judicial le quiere mandar a la gente de nuestro país y que le manda este acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular es muy sencillo, pero muy peligroso: no te metas en política. Eso es lo que le hacen ahora a la gente que se mete en política y que quiere transformaciones sociales. Antes nos mandaban tanques; antes la derecha política y judicial sacaba los tanques a la calle y daba golpes de Estado. Ahora te mandan [golpismo judicial]1. Nosotras vamos a decir alto y claro que ni nos van a tumbar ni nos van a doblar con [golpismo judicial]1.

Miren, hoy en día, si eres una ecologista que tira zumo de remolacha en el Congreso, si eres una persona de izquierdas en Euskadi o en Navarra, si eres un independentista o eres de Podemos, te puede perseguir la justicia, como nos ha ocurrido a nosotros. Pero el objetivo no somos nosotros y nosotras, el objetivo es frenar la transformación social, frenar el avance en derechos por la vía de machacar a quienes promueven ese cambio social. Así que, claro que sí, no hay nada que ayude más a que la gente tenga vidas buenas en este país que combatir la guerra judicial en un momento político, en un momento histórico en el que las transformaciones sociales no se frenan con tanques, sino con [golpismo judicial] 1. Quizás uno de los mejores ejemplos de esto es Irene Montero, la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país. Cuando se desplegó… (Risas.—Rumores). Es de lo que estamos hablando hoy precisamente. Cuando se desplegó la ofensiva judicial contra la ley del solo sí es sí, que era la mayor conquista institucional del feminismo de la última década, se desacreditó públicamente a Irene. Se dijo que la ley tenía un error y, finalmente, el Partido Socialista rompió la mayoría plurinacional y democrática y pactó con el PP la vuelta atrás en el Código Penal. Pero el objetivo no era Irene, el objetivo era un disciplinamiento colectivo a las feministas y a todas las que queremos cambiar las cosas.

Así que hoy, desde Podemos, decimos aquí que esta vez no va a funcionar, al menos no con nosotras y no con Podemos. Por eso, no vamos a dejar de denunciar esta gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, porque creo que hasta sus señorías del Partido Socialista se están dando cuenta de que esta derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo, de que a esta derecha no se les puede dar ni agua, porque la ofensiva judicial solo se va…

… a recrudecer. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Esta proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que nos presenta el nuevo grupo parlamentario constituido en esta Cámara, la PP-PSOE, que es un grupo formado, como todos ustedes saben, mediante fusión por absorción del segundo con respecto al primero, contará con la enmienda a la totalidad (aplausos) con texto alternativo de nuestro Grupo Parlamentario VOX. Este nuevo grupo parlamentario, la PP-PSOE, no es una coalición electoral transparente y abierta previa a las elecciones, sino que consuma la trampa posterior de una coalición política de intereses

1  Palabras retiradas por la Presidencia, de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.

compartidos. Se basa el acuerdo de coalición política posterior a las elecciones en seis ejes fundamentales. El primero, sobre política exterior y Unión Europea. El acuerdo consagra que, en el 90 % de las votaciones en el Parlamento Europeo, votarán igual y conjuntamente, y lo harán de acuerdo con los tres objetivos principales: uno, aceptar plenamente y a pie juntillas todas las políticas emanadas del globalismo; dos, aceptar sin rechistar todas las políticas del fanatismo climático, especialmente la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo, y, tres, aceptar sin rechistar políticas de fronteras abiertas, regularización de inmigrantes ilegales y aceptación del efecto llamada, especialmente para los menas.

El segundo eje es el de la ideología de género, aceptar la imposición de la ideología de género con el principio básico de discriminación del hombre frente a la mujer, aceptando todas las imposiciones del lobby LGTBI y de los lobbies abortistas y proeutanasia. El tercer eje del acuerdo es la manipulación histórica y el control informativo, es decir, todas aquellas leyes llamadas de memoria histórica, que son de mentira histórica, así como la compra de los medios de comunicación a través de los presupuestos públicos. El cuarto eje es la colonización de todas las instituciones, da igual si es la radiotelevisión, el Tribunal de Cuentas, el CIS, las comisiones nacionales o el Banco de España; da lo mismo.

El quinto eje de este acuerdo es la injerencia política en la justicia, especialmente en el Tribunal Constitucional, con la entrada de los magistrados correspondientes en el reparto y, ahora, y es lo que nos toca, el control del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado como paso previo a los nombramientos políticos de las altas magistraturas en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, en los Tribunales Superiores de Justicia y en las audiencias provinciales. (Aplausos).

Y última parte de este acuerdo. El acuerdo se remarca con una declaración de principios final que consiste en mantener el engaño permanente a sus votantes. Aquel PSOE dijo que jamás gobernaría con quienes tenían las manos manchadas de sangre, que jamás gobernaría con los comunistas de las cartillas de racionamiento, que jamás gobernaría con los golpistas que habían dado un golpe de Estado en Cataluña contra el ordenamiento constitucional y contra la nación. Y ese Partido Popular, en el engaño permanente, dijo que jamás pactaría esas políticas con el Partido Socialista. Esto, evidentemente, ha quedado confirmado en el engaño más absoluto.

Es un acuerdo que podríamos denominar con dos calificativos, el del reparto y el de la discriminación. En primer lugar, se reparten los sillones de todos los entes y de todas las instituciones, especialmente, por ejemplo aquí, de todas las comisiones parlamentarias. Segundo, el reparto de los vocales del Consejo General como parte previa del reparto de los magistrados elegidos por cada grupo. Y, en tercer lugar, el reparto de los menas, que acaban de suscribir. (Aplausos). Igualmente, podemos decir que es el acuerdo de la discriminación (Aplausos). Es la discriminación frente a los españoles; discriminación por origen nacional, el español queda discriminado frente al extranjero; discriminación por sexo, el hombre queda discriminado frente a la mujer, y la discriminación por opinión política, aquellos grupos que defendemos ideas políticas contrarias a su acuerdo quedamos absolutamente discriminados. (Aplausos).

El Consejo General del Poder Judicial. Durante cinco años el Partido Popular nos ha estado diciendo que no iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial hasta que no se reformase primero la Ley Orgánica del Poder Judicial y se estableciese un sistema de elección de los vocales de procedencia judicial para que fueran elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías; y que solo después accedería a la renovación de las vacantes de los vocales del Consejo.

Pues bien, lo que han pactado no tiene nada que ver. Han pactado reformar la ley y repartirse los vocales, sin que, por ninguna parte de ese acuerdo, y mucho menos en la proposición de ley, figure nada sobre la modificación del sistema de elección de los vocales de origen judicial. (Aplausos). Únicamente, han tenido la desfachatez de establecer en su disposición final que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta proposición de reforma, se llevará a cabo por el Consejo General del Poder Judicial ―que previamente han elegido ellos, se lo recuerdo― un informe en el que se examinarán otros sistemas judiciales europeos. Esto es, una vez más, tratar a España como si fuéramos una colonia de Bruselas, donde se fueron a pactar ese acuerdo y, ahora, nos dicen que hay que mirar a ver qué hacen otros países y otros sistemas, como si no tuviéramos mayoría de edad parlamentaria suficiente para establecer el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos).

Esta proposición de la ‘PP-PSOE’ empieza con una afirmación que sería para reírse, cuando no para llorar: que el objetivo es reformar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial reforzando, precisamente, esa independencia y esa integridad. ¿Pero cómo? se estarán preguntando los españoles. ¿Cómo? ¿Repartiéndose diez vocales el PP y diez vocales el PSOE? ¿Pero cómo? ¿Reforzando y blindando el control de la Fiscalía General del Estado por parte del Gobierno de turno? (Aplausos). ¡Qué poca vergüenza, qué hipocresía y qué tomadura de pelo! (Aplausos).

El Partido Popular ―y aquí me viene el refrán español de ‘dime con quién andas y te diré quién eres’― es el que está pactando con el PSOE de los dos estados de alarma declarados inconstitucionales por vulnerar derechos fundamentales; el PSOE de los indultos a los golpistas de Cataluña; el PSOE de la derogación del delito de sedición porque les molestaba a sus socios; el PSOE de la rebaja de las penas en malversación; el PSOE de la aprobación de la Ley de Amnistía a quienes dieron un golpe de Estado (aplausos); el PSOE de los ERE, del Koldo, del Tito Berni y de Begoña Gómez. (Aplausos). Ese es el PSOE con el que han pactado esta nueva coalición, la ‘PP-PSOE’ y el nuevo grupo parlamentario.

Nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo intenta reforzar ―y creemos que se lograría si fuese aceptada― el objetivo primero de la despolitización del Consejo General del Poder Judicial, que es tanto como decir ―y esto es lo importante― la despolitización de los nombramientos de jueces y magistrados en las altas magistraturas del Poder Judicial. Pero, también, la despolitización de la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo? Pues muy sencillo, los veinte vocales, los doce que corresponden al origen judicial, como dijo la ley de 1980, elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías, con un voto personal igual, directo y secreto, garantizando, por tanto, que la mayoría del Consejo General del Poder Judicial no sea de origen político, de las Cortes, del Congreso y de los diputados. Recordemos que la Constitución dejó claro que habría ocho, cuatro del Congreso y cuatro del Senado, que tendrían un origen político. Lo dejó bien claro; porque si hubiera querido que todos fueran de origen político, como han pactado sus señorías de la ‘PP-PSOE’, habría dicho: El Consejo General del Poder Judicial tiene veinte vocales, diez elegidos por el Congreso y diez elegidos por el Senado. ¿Por qué dijo cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado y doce de origen judicial que tendrán que venir elegidos entre jueces y magistrados? Porque los constituyentes no querían, y por tanto los españoles, que se eligieran también por los políticos, sino que fueran elegidos por los jueces y magistrados. (Aplausos).

Argumentan algunos ―ya lo he dicho en esta tribuna en recientes ocasiones― que carecería de legitimidad democrática ese Consejo General. ¿Cómo va a carecer de legitimidad democrática un Consejo General del Poder Judicial que viene recogido en el artículo 122 de la Constitución, que estaría regulado por una ley orgánica que proviene de las Cortes Generales y que, además, jueces y magistrados se encuentran, conforme al artículo 117, sometidos a la ley? ¿Cómo va a ser antidemocrático si son jueces y magistrados sometidos a la ley elegida previamente por los representantes de los españoles en las Cortes Generales?

Directamente lo que proponemos es que la justicia sea un poder independiente, y que la elección de magistrados sea únicamente por criterios de antigüedad y de especialidad. Experiencia, mérito y capacidad; no adscripción o afinidad política. (Aplausos). Parece muy difícil que el fiscal general del Estado pueda cumplir el mandato constitucional del artículo 124 de promover la acción de la justicia, de defender la legalidad o de velar por la independencia de los tribunales cuando su nombramiento y su cese dependen del Gobierno. La única manera de solucionarlo es que ese informe preceptivo de la Constitución que se exige al Consejo General del Poder Judicial sea un informe vinculante y, por tanto, salvo que tenga la aprobación del Consejo General, no podrá ser nombrado ni cesado ningún fiscal general del Estado. Con eso, quitamos a los políticos las manos del control de la Fiscalía General del Estado.

En definitiva ―y con esto voy terminando―, señor presidente, este pacto es la culminación del más aberrante bipartidismo por el que se han repartido durante décadas el poder en España y han discriminado a los españoles. Pero solo queda VOX y millones de españoles que les pondrán en su sitio.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidente. Intervengo muy brevemente. Se proponen a debate dos enmiendas de totalidad, una del Grupo Parlamentario VOX y otra del Grupo Parlamentario Mixta, de Podemos, frente a la proposición de ley orgánica de reforma de la orgánica del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal. Ya señalo, desde este momento, que no contarán con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. En cuanto a la de Podemos porque no compartimos ―y así lo hemos manifestado en varias ocasiones públicamente― que se rebajen las mayorías requeridas si los vocales del Consejo General no fueran renovados en el plazo legalmente previsto. Ello supondría un enfrentamiento directo con la Comisión Europea, ya que, en su momento, manifestó serias objeciones respecto a esta posibilidad por no ser compatible con el Estado de derecho en la Unión. Y, respecto al resto de cuestiones que plantea, entendemos que son perfectamente abordables a través de enmiendas parciales.

En cuanto a la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario VOX, quiero señalar que no compartimos la vuelta que se propone al modelo de 1980 para la determinación de los vocales del Consejo de procedencia judicial. Como tampoco compartimos su propuesta respecto a cargos gubernativos judiciales, es decir, los gestores de los tribunales, para que su provisión se realice con exclusivos criterios de antigüedad con arreglo a su escalafón. Se ha dicho en múltiples ocasiones que un buen juez puede no ser un buen gestor. Del mismo modo, no compartimos —‌respecto al ministerio fiscal— que se convierta en vinculante su audiencia ante el Consejo General tanto para su nombramiento como para su cese. Ello supondría, a nuestro juicio, una modificación del apartado 1 del artículo 124 de la Constitución al privar al Gobierno de la reserva constitucional que le dispensa para la propuesta de fiscal general del Estado.

Votaremos en contra de ambas enmiendas. Nada más y muchas gracias.

Gràcies, president. En aquest punt tractem conjuntament les dues esmenes a la totalitat presentades pel grup VOX i per la diputada Belarra del Grup Mixt. Junts per Catalunya no entrarem a l’anàlisi dels textos alternatius. En el primer cas, perquè no valorem opcions feixistes i, en el cas del Grup Mixt, perquè no té cap possibilitat de prosperar davant el pacte per posar fi al llarg bloqueig per renovar el Consell General del Poder Judicial entre PSOE i PP, els dos partits sistèmics de l’estat espanyol. Un acord que semblava impossible després de més de cinc anys d’exagerada gesticulació d’uns i altres, i més encara amb l’actual enfangada general. Per cert, un acord anunciat des del cor d’Europa o, dit diferent, des de fora de l’estat, allò que tantes vegades el populisme polític de dretes ens ha retret i ens ha criticat.

Un acord que també incorporava aquesta proposició per reforçar la independència del poder judicial. La independència del poder judicial, diuen, en el temps que vivim, com a mínim, sona a acudit de mal gust. Sorprèn que, després de l’exhibició a cop de toga de les darreres setmanes i dels darrers dies, encara s’atreveixin a parlar de reforçar la independència del poder judicial. Per fer què? Per continuar callant? Per continuar empassant?

En relació a la renovació, res de nou. Es confirma que populars i socialistes no busquen la divisió de poders, que seria l’exigible, si volen tenir una democràcia plena de veritat, sinó que el que busquen és la divisió del poder entesa com el seu repartiment, com han fet els darrers 40 anys. Per cert, per alguns, els anuncio que un mal repartiment, perquè ens venen que hi haurà deu membres conservadors i deu de, a priori, progressistes, però el cert és que qui continuarà controlant el Consell serà l’extrema dreta judicial.

Respecte a la reforma legislativa, i malgrat la propaganda que s’ajusta a criteris europeus, l’únic que fa és sofisticar un xic més la perpetuació d’un sistema de portes giratòries mitjançant el qual es pot anar i tornar de la judicatura a la política. És cert que es modifica el temps que ha de transcórrer en el procés de retorn, però aquest acaba sent un període remunerat fins la reincorporació i adscripció a la presidència del Supremo. Senyories, aquestes mesures, lluny de ser un desincentiu per fer girar la porta, el que fan és garantir les anades i tornades de la judicatura a la política sense risc i a càrrec del contribuent. La mesura, de ben segur, garantirà la independència, almenys l’econòmica, d’algun jutge, però la imparcialitat, com sempre, continuarà en entredit. Quan l’Espanya política pacta, el que fan és perpetuar més del mateix, assegurant que volen fer just el contrari. Vostès són una banda de trilers, fent que sembli que tot canvia per no canviar res. És la fórmula de sempre, la de la transició, la del judici al cop del 23-F i la de tantes i tantes trampes d’Estat.

Des de Junts per Catalunya, els darrers anys hem advertit i denunciat reiteradament el descrèdit del poder judicial, fruit de les constants ingerències polítiques i les fortes pressions partidistes que han portat a les cúpules de la judicatura a emetre opinions polítiques, a criticar i fins i tot a qüestionar els legisladors. Aquest és el veritable problema de les cúpules i els òrgans de govern del poder judicial, un problema estructural que s’arrossega de fa dècades i que ha provocat una falta absoluta de neutralitat judicial, que alguns només han començat a veure ara fa quatre dies, quan els ha afectat a ells. Precisament és aquesta manca de neutralitat la que va portar a la judicialització de la política i a la politització de la justícia que els catalans i, sobretot, els independentistes, encara patim. Per cert, a Catalunya hi ha estupor amb l’aplicació de la llei d’amnistia, amb els falsos raonaments dels jutges, dels jutges del règim, i l’obsessió d’Estat amb el president Puigdemont.

La democràcia se’ls desfà davant seu. I vostès, els del PSOE, pacten amb els que aplaudeixen. Quina proposta tenen per acabar amb aquests jutges prevaricadors? Quina? Ens la poden dir? Mirin, ens ho mirem del dret o del revés, aquesta reforma del Consell General del Poder Judicial no soluciona el seu problema de parcialitat, perquè la sacrosanta unitat d’Espanya sempre passa per davant dels drets fonamentals.

Amb el pacte entre la dreta popular espanyola i l’esquerra socialista espanyola, es reitera el fracàs de la transició espanyola i es manté la foscor de les cúpules judicials espanyoles. El pacte no només no regenera res, sinó que invalida qualsevol mesura de regeneració democràtica que ens pugui venir a presentar la setmana que ve, a bombo i plateret, el president Sánchez, perquè els jutges que poden i volen fer podran continuar prevaricant amb la impunitat que aquest nou pacte d’Estat, amb què els socialistes es rendeixen a les tesis dels populars i la toga nostra, avala. Aquells que, en campanya, proclamen als quatre vents que cal protegir-se del llop com si no hi hagués demà, amb aquest acord, avui, l’alimenten.

No comptin amb nosaltres per blanquejar aquest estat corcat. Junts per Catalunya som aquí per plantar cara, per desemmascarar el partit de les cúpules judicials que, lluny d’impartir justícia, apliquen venjança. Junts per Catalunya continuarem treballant per la independència del nostre país, que és l’única garantia de viure en una veritable democràcia que respecti les llibertats i els drets de tots els catalans, pensin el que pensin. Res més, i visca Catalunya lliure.

Gracias, presidente. En este punto tratamos conjuntamente las dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo VOX y por la diputada Belarra del Grupo Mixto. Junts per Catalunya no entraremos en el análisis de los textos alternativos. En el primer caso, porque no valoramos opciones fascistas; en el caso del Grupo Mixto, porque no tiene ninguna posibilidad de prosperar ante el pacto para poner hilo al largo bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial entre PSOE y PP, los dos partidos sistémicos del Estado español. Un acuerdo que parecía imposible después de más de cinco años de exagerada gesticulación de unos y otros y más, todavía, con el actual enfangamiento general. Por cierto, un acuerdo anunciado desde el corazón de Europa o, dicho de otra manera, desde fuera del Estado, aquello que tantas veces el populismo político de derechas nos ha echado en cara y nos ha criticado. Un acuerdo que también incorporaba esta proposición para reforzar la independencia del Poder Judicial. La independencia del Poder Judicial, dicen. En el tiempo en que vivimos, como mínimo suena a chiste de mal gusto. Sorprende que, después de la exhibición a golpe de toga de las últimas semanas y de los últimos días, todavía se atrevan a hablar de reforzar la independencia del Poder Judicial. ¿Para hacer qué? ¿Para continuar callando? ¿Para continuar tragando? En relación con la renovación nada de nuevo. Se confirma que populares y socialistas no buscan la división de poderes, que sería lo exigible si quieren tener una democracia plena de verdad, sino que lo que buscan es la división del poder entendida como su reparto, como han hecho durante los últimos cuarenta años. Por cierto, para algunos les anuncio que un mal reparto, porque nos venden que habrá diez miembros conservadores y diez, a priori, progresistas, pero lo cierto es que quien continuará controlando el Consejo será la extrema derecha judicial. Respecto a la reforma legislativa, y a pesar de la propaganda de que se ajusta a criterios europeos, lo único que hace es sofisticar un poco más la perpetuación de un sistema de puertas giratorias mediante el que se puede ir y volver de la judicatura a la política. Es cierto que se modifica el tiempo que transcurre en el proceso de vuelta, pero este acaba siendo un periodo remunerado hasta la reincorporación y adscripción a la Presidencia del Supremo. Señorías, estas medidas, lejos de ser un desincentivo para hacer girar la puerta, lo que hacen es garantizar las idas y vueltas de la judicatura a la política sin riesgo y a cargo del contribuyente. La medida seguro que garantizará la independencia, al menos la económica de algún juez, pero la imparcialidad, como siempre, continuará en entredicho. Cuando la España política pacta lo que hacen es perpetuar más de lo mismo, asegurando que quieren hacer justo lo contrario. Ustedes son una banda de trileros haciendo que parezca que todo cambia para no cambiar nada. Es la fórmula de siempre, la de la Transición, la del juicio al golpe del 23F y la de tantas y tantas trampas de Estado.

Desde Junts per Catalunya en los últimos años hemos advertido y denunciado reiteradamente el descrédito del Poder Judicial fruto de las constantes injerencias políticas y las fuertes presiones partidistas, que han llevado a las cúpulas de la judicatura a emitir opiniones políticas, a criticar e, incluso, a cuestionar a los legisladores. Este es el auténtico problema de las cúpulas y órganos del gobierno del Poder Judicial; un problema estructural que se arrastra desde hace décadas y que ha provocado una falta absoluta de neutralidad judicial que algunos solo han comenzado a ver ahora, hace cuatro días, cuando les ha afectado a ellos. Precisamente, es esta falta de neutralidad la que llevó a la judicialización de la política y a la politización de la justicia que los catalanes, sobre todo los independentistas, todavía sufrimos. Por cierto, en Cataluña hay estupor con la aplicación de la ley de amnistía, con los falsos razonamientos de los jueces, de los jueces del régimen, y la obsesión de Estado con el presidente Puigdemont.

La democracia se les deshace ante sus ojos y ustedes, los del PSOE, pactan con los que lo aplauden. ¿Qué propuesta tienen para acabar con estos jueces prevaricadores? ¿Cuál? ¿Nos la pueden decir? Lo miremos del derecho o del revés esta reforma del Consejo General del Poder Judicial no soluciona ese problema de parcialidad, porque la sacrosanta unidad de España siempre pasa por delante de los derechos fundamentales. Con el pacto entre la derecha popular española y la Esquerra Socialista española se reitera el fracaso de la Transición española y se mantiene la oscuridad de las cúpulas judiciales españolas. El pacto no solo no regenera nada, sino que invalida cualquier medida de regeneración democrática que nos puede venir a presentar la semana próxima a bombo y platillo el presidente Sánchez. Porque los jueces que pueden y quieren hacer podrán continuar prevaricando con la impunidad de que este nuevo pacto de Estado, con el que los socialistas se rinden a las tesis que los populares y la ‘toga nostra’ avalan. Aquellos que en campaña proclaman a los cuatro vientos que hay que protegerse del lobo como si no hubiera un mañana, con este acuerdo hoy lo alimentan.

No cuenten con nosotros para blanquear este Estado podrido. Junts per Catalunya estamos aquí para plantar cara, para desenmascarar al partido de las cúpulas judiciales que, lejos de impartir justicia, aplican venganza. Junts per Catalunya continuaremos trabajando para la independencia de nuestro país, que es la única garantía de vivir en una auténtica democracia que respete las libertades y los derechos de todos los catalanes, piensen lo que piensen.

Nada más y viva Cataluña libre.

Gracias. Teníamos dudas sobre intervenir o no, pero creemos que se han dicho algunas cosas que merecen ser comentadas, sobre todo, contrarrestadas. Primero de todo, quiero felicitar a la compañera Ione Belarra. Es muy difícil hacer lo que ha hecho, que es decir la verdad con nombres y apellidos. (Aplausos). Seguramente, también se borrará del Diario de Sesiones lo que yo diré, pero sí, es golpismo, es [golpismo judicial]2. (Aplausos). ¿Por qué es [golpismo judicial]2? Porque una serie de personas utilizan el poder de su toga para intentar revertir el poder de las urnas. Eso es de primero de golpismo. No importa la ley, simplemente importa su ideología, y eso no te hace juez, sino que te hace un agente político. ¡Pues que se presenten a las elecciones! Así de claro. Si no, ¿qué hacen? [Golpismo judicial]2. Y ahora que lo retiren del Diario de Sesiones. En cuanto a la votación, nosotros no vamos a participar, como el otro día. El propio Tribunal Constitucional ya dice que un acuerdo de este tipo o el máximo órgano de los jueces debería recoger las diferentes corrientes, sensibilidades políticas e ideológicas de esta Cámara, y es obvio que este acuerdo no lo recoge. Se pierde una oportunidad de oro, señorías del Grupo Socialista y del Gobierno; concretamente, se van a arrepentir. Se van a arrepentir y creo que lo saben. No sé exactamente —‌bueno, sí lo sé— por qué pactan y votan esto con el Partido Popular, pero se van a arrepentir, y sobre todo un día como hoy, en que se confirman cosas que muchos de nosotros y nosotras sabemos, que hemos padecido, en el día que se demuestra que la mal llamada policía patriótica, y digo mal llamada porque, si entiendo que una policía patriótica defiende la patria, qué basura de patria, una patria que espía… (rumores).

Gracias, presidente. Decía que, en un día como hoy en el que ya se sabe que la mal llamada policía patriótica espió, por órdenes políticas, a gente que simplemente no le gustaba como pensaba. Y decía que era la mal llamada policía patriótica porque, si entiendo que defendía a la patria, qué basura de patria una patria que tiene que espiar a la gente simplemente porque no les gusta cómo piensan. Así que también desde aquí mi solidaridad con todos aquellos y aquellas que hoy se confirma que han sido espiados. Como siempre digo, nosotros estamos en quinto de policía patriótica, nos espiaron y nos encarcelaron. De hecho, muchos de nosotros tenemos la costumbre de saludar al guardia civil de turno que nos está grabando; al menos yo lo hago con mi madre y mi madre también lo hace. Así que desde aquí le saludo a él o a ella, porque la verdad es que tiene un curro bastante desagradecido. En un día como hoy creo que es más vergonzoso que nunca votar esto, y hay poco más que decir, pero sí contrarrestar algunas cosas que ha dicho el ‘capitán España’, señor ‘Smit’, repito, ‘Smit’. Habla de efecto llamada y creo que es bastante miserable porque es efecto huida, huida de unos países para intentar venir a Europa (aplausos), una Europa que oprime a esos países. Pero sobre todo quiero decir un par de cosas. La primera es que la inmigración, las corrientes migratorias no son un problema, son lo que somos. Muchos de ustedes, yo mismo, son hijos y nietos de gente que llegó de otros lugares a intentar ganarse la vida. Hacer eso sería escupir sobre la memoria de mi familia, y me da igual si son de Jaén o del Magreb, es exactamente lo mismo. (Aplausos). Segunda, no es cierto que hay un problema con la inmigración y por eso hay mucho fascismo. Hay un problema con el fascismo que acusa a la inmigración. En dos años han llegado 200 000 personas a este país —200 000— de Ucrania, concretamente 1700 niños y niñas, y a eso nadie, sobre todo de la derecha y la ultraderecha, lo llamó oleada de nada, no lo llamó amenaza; eso sí, casi todos eran blancos y rubios. Desde aquí felicito y doy las gracias a los casi 400 niños y niñas que han permitido que la derechona se rompa y hoy VOX haya anunciado la ruptura de según qué gobiernos.(Aplausos). Simplemente al señor ‘Smit’ y compañía les digo que, si tan poco les gusta la gente que viene de otros países, haciendo una búsqueda mientras hablaba usted, señor ‘Smit’, he encontrado una oferta de trabajo por si les interesa a usted o a sus amigos que tan poco les gustan los migrantes, para recoger tomates en un invernadero de El Ejido, a 54 grados ―literalmente― por 900 pavos al mes durante doce horas. ¿Lo van a hacer ustedes? (Un señor diputado: ¿Y tú?). ¿A que no? Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Bé, permeteu-me, senyories, que no siga molt original recordant un principi bàsic del nostre sistema democràtic, i és que la justícia emana del poble, i no dels jutges, igual que el poder legislatiu emana del poble, i no dels diputats i diputades. Açò està passant actualment en l’estat espanyol? Doncs la resposta és molt senzilla: no està passant. Tot i això, fa poc més de dues setmanes, el Partit Popular i el Partit Socialista van anunciar un gran acord per a renovar el Consejo General del Poder Judicial i per a reformar la llei del poder judicial i del Ministeri Fiscal, per tal de salvar la justícia espanyola i curar-nos de tots els mals. La recepta? La recepta és un pacte amb el Partit Popular, el qual s’ha passat 22 anys segrestant el poder judicial. Crec que el Partit Socialista no acaba d’entendre la gravetat de la situació. No podem premiar aquells que bloquegen; no podem pactar la reforma de la justícia amb aquells que la tenen segrestada. Recordem allò de «Controlaremos la sala segunda del Tribunal Supremo por la puerta de atrás».

I per si tot això fora poc, ahir ens vam assabentar que el PP va utilitzar la mal anomenada policia patriòtica per espiar diputats i diputades de Podemos, també de Compromís, en els anys 2015 i 2016. Espionatge il·legal als adversaris polítics en un moment clau, ja que la unió de les forces d’esquerres, en aquell moment, podia tirar el Partit Popular de la Moncloa. I és que el Partit Popular ni creu en la justícia ni creu en la democràcia. L’única intenció del Partit Popular sempre ha sigut controlar la justícia de forma antidemocràtica i tombar el Govern, qualsevol govern, este o qualsevol govern d’esquerres. I jo, des d’ací, volia enviar-los tot el meu suport a tots els diputats electes espiats il·legalment, als de Podemos i als del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR, a la nostra companya Yolanda Díaz, a Íñigo Errejón, a Aina Vidal, a Fèlix Alonso i al nostre ministre, Pablo Bustinduy. Teniu tot el nostre suport. Voldria, també, fer una menció especial a una persona que també va estar espiada pel Partit Popular, a una persona a qui li tinc una estima personal i un gran respecte i admiració política, al meu estimat Joan Baldoví, una persona de fermes conviccions democràtiques que sempre ha treballat per a que hi hagi governs d’esquerres en este país. Una forta abraçada, company Baldoví.

Però, malauradament, la persecució a les persones progressistes no només es tracta d’espionatge, sinó també que els jutges s’entreguen a l’extrema dreta. I els posaré dos exemples. Un: tots i totes es van consternar en un vídeo de l’Orgull del 2019 que passava a Barcelona, que van veure a les xarxes, que un jove, en un McDonald’s de la ciutat, era agredit verbalment i li deien: «Vamos a hacerte heterosexual a hostias». Doncs això que vam veure tots i totes en aquell moment i que, efectivament, vam veure com era un delicte d’odi, per a l’Audiència Provincial de Barcelona, no ho és. De fet, esta setmana ha sigut absolt dient que l’acusat va proferir vexacions i insults per la forma de vestir del jove, no per la seva orientació sexual. Eix és l’argument de l’Audiència de Barcelona. I els jutges han sentenciat que eix assetjador pot continuar intimidant i insultant a qui li doni la gana, a les persones homosexuals. Això ho fa la justícia de l’estat espanyol, i això no podem permetre que torni a passar.

Però si hi ha un cas que coneguem molt bé la gent de Compromís és el cas de Mónica Oltra. Repassarem els moments estel·lars d’este guió, que ha estat escrit per l’ultra Cristina Seguí —‌que, per cert, acaba de ser condemnada per difondre un vídeo de menors sent violades— i també per l’advocat de Francisco Camps i Alberto de Rosa, propietari dels hospitals privatitzats del PP. Tota una producció de terror amb el suport d’uns jutges entregats a la causa. En esta història, hi ha un jutge d’instrucció que, després de dos anys d’investigació, diu que no hi ha res. Després de dos anys de declaracions, d’estudiar documentació i d’investigar-ho tot, fa una interlocutòria molt extensa i fonamentada explicant que no hi ha indicis per a seguir investigant. «No se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra ni cualquier otra persona de la Conselleria dieran orden, instrucción, consigna o indicación alguna». La Fiscalia tampoc veu res. Però l’Audiència Provincial de València diu: «Que sí, que todo esto está muy bien, pero queremos ver a Mónica Oltra sentada en el banquillo». I això és el que volen, una foto de la nostra companya Mónica Oltra asseguda al banc dels acusats. I el jutge instructor, que ha estat obligat, dicta una interlocutòria de processament on el seu fonament de dret és una única frase: «Per imperatiu legal». O sigui, que l’obliguen a obrir el procediment. Todo en orden, señorías del PP.

I de tot això quina lliçó traiem? Compromís va eixir en tromba el dia en què la dreta política, mediàtica i judicial apuntaven a Begoña Gómez en un clar cas de persecució judicial per acabar amb este Govern de coalició. Què va passar quan li feien el mateix en el govern del Botànic, però, en comptes de a Begoña Gómez, a Mónica Oltra? Senyories socialistes, els recordo els titulars d’aquell moment: «Ximo Puig media adoptar una decisión ante la negativa de Mónica Oltra a dimitir». «El presidente valenciano anuncia que es tiempo de reflexionar y adoptar decisiones». Ni els socialistes valencians ni el PSOE van estar a l’altura de la nostra companya Mónica Oltra en aquell fatídic moment, i en estos moments també estan pagant les conseqüències.

I des del Grup Parlamentari Plurinacional SUMAR i des de Compromís, considerem que esta reforma del poder judicial i del Ministeri Fiscal no és suficient ni de lluny. Este pacte no soluciona el greu problema que tenim a l’Estat, i és que hi ha un grup de jutges activistes que s’esforcen en revertir els resultats de les urnes a cop de sentències, i ho fan moguts per manaments polítics de la dreta i de l’extrema dreta. I davant d’això s’han d’establir mecanismes sancionadors amb responsabilitat civil dels jutges, i s’han d’establir límits lògics i conseqüències per a qui abusa de la utilització política de la justícia. No podem permetre la utilització indiscriminada amb denúncies falses com fan VOX o Manos Limpias.

Companys i companyes del Partit Socialista, òbviament, anem a votar a favor de desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial, com no podia ser d’una altra manera, però no anem a ser còmplices dels acords als quals heu arribat amb el Partit Popular per a la reforma de la justícia. Quan vulgueu fer una veritable reforma per a solucionar el problema judicial d’este Estat, ens trobareu. I ens trobareu a les trinxeres i ens trobareu per a defensar la democràcia i la majoria social. Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Permítanme, señorías, que no sea muy original recordando un principio básico de nuestro sistema democrático y es que la justicia emana del pueblo y no de los jueces, igual que el Poder Legislativo emana del pueblo y no de los diputados ni diputadas. (Aplausos). ¿Eso está pasando actualmente en el Estado español? La respuesta es muy sencilla: no, no está pasando. A pesar de ello, hace poco más de dos semanas el Partido Popular y el Socialista anunciaron un gran acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y reformar la ley del poder judicial y el Ministerio Fiscal para salvar la justicia española y curarnos de todos los males. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿La receta? La receta es un pacto con el Partido Popular, que se ha pasado veintidós años secuestrando el Poder Judicial. Creo que el Partido Socialista no acaba de entender la gravedad de la situación. No podemos premiar a quienes bloquean. No podemos pactar la reforma de la justicia con quién la tiene secuestrada. Recordemos aquello de controlaremos la Sala Segunda Tribunal Supremo por la puerta de atrás.

Y por si todo eso fuera poco, ayer supimos que el PP utilizó la mal llamada policía patriótica para espiar a diputados y diputadas de Podemos, también de Compromís en los años 2015 y 2016, espionaje ilegal a los adversarios políticos en un momento clave, ya que la unión de las fuerzas de izquierdas en aquel momento podía tirar al Partido Popular de la Moncloa y es que el Partido Popular no cree ni en la justicia ni en la democracia. La única intención del Partido Popular siempre ha sido controlar la justicia de forma antidemocrática y tumbar al Gobierno, cualquier Gobierno, este o cualquiera de izquierdas. (Aplausos). Desde aquí quería enviar todo mi apoyo a todos los diputados electos espiados ilegalmente, a los de Podemos y a los del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, a nuestra compañera Yolanda Díaz, a Íñigo Errejón, a Aina Vidal, a Félix Alonso y a nuestro ministro Pablo Bustinduy. (Aplausos). Tenéis todo nuestro apoyo. Quería también hacer una mención especial de una persona que también estuvo espiada por el Partido Popular, una persona a la que tengo una estima personal y un gran respeto y admiración política, a mi querido Joan Baldoví, una persona de profundas convicciones democráticas que siempre ha trabajado para que existan gobiernos de izquierdas en este país. Una abrazada muy fuerte, compañero. (Aplausos).

Desgraciadamente, la persecución de las personas progresistas no se trata solo de espionaje, sino también de que los jueces se entregan a la extrema derecha, y les pondré dos ejemplos. Uno, a todos nos consternamos con un vídeo del Orgullo de 2019 que ocurría en Barcelona, como vimos en las redes, en el que un joven en un McDonald’s era agredido verbalmente. Le decían: Te vamos a hacer una heterosexual a hostias. Lo que vimos todos y todas en aquel momento, que efectivamente vimos que era un delito de odio, para la Audiencia Provincial de Barcelona no lo es. De hecho, esta semana ha sido absuelto diciendo que el acusado profirió vejaciones e insultos por la forma de vestir del joven, no por su orientación sexual. Ese es el argumento de la Audiencia de Barcelona. Y los jueces han sentenciado que el acosador puede continuar intimidando e insultando a quién le dé la gana, a las personas homosexuales. Esto lo hace la justicia del Estado español y no podemos permitir que vuelva a pasar. (Aplausos).

Pero, si hay un caso que conocemos muy bien la gente de Compromís, es el de Mónica Oltra. Repasaremos los momentos estelares de este guion escrito por la ultra Cristina Seguí ―que por cierto acaba de ser condenada por difundir un vídeo de menores siendo violadas― y también por el abogado de Francisco Camps y Alberto de Rosa, propietario de los hospitales privatizados del Partido Popular. Toda una producción de terror con el apoyo de algunos jueces entregados a la causa. En esta historia hay un juez de instrucción que, después de dos años de investigación, dice que no hay nada. Después de dos años de declaraciones, de estudiar documentación y de investigarlo todo, hace un auto muy extenso y fundamentado explicando que no hay indicios para seguir investigando. No se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra o cualquier otra persona de la Consejería dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna. La Fiscalía tampoco ve nada. Pero la Audiencia Provincial de Valencia dice que sí, que todo eso está muy bien, pero que quieren ver a Mónica Oltra sentada en el banquillo. Y eso es lo que quieren, una foto de nuestra compañera Mónica Oltra sentada en el banquillo de los acusados. Y el juez instructor, que se ha visto obligado, dicta un auto de procesamiento en el que su fundamento de derecho es una única frase, «por imperativo legal», es decir, le obligan a que abra el procedimiento. ¡Todo en orden, señorías del PP!

Y de todo ello, ¿qué lección sacamos? Compromís salió en tromba el día en que la derecha política, mediática y judicial apuntaba a Begoña Gómez en un caso claro de persecución judicial para acabar con este Gobierno de coalición. ¿Qué pasó cuando hicieron lo mismo al Gobierno del Botánico, pero, en lugar de a Begoña Gómez, era a Mónica Oltra? Señorías socialistas, les recuerdo los titulares de aquel momento: «Ximo Puig medita adoptar una decisión ante la negativa de Mónica Oltra a dimitir», «El presidente valenciano anuncia que es tiempo de reflexionar y adoptar decisiones». Ni los socialistas valencianos ni el PSOE estuvieron a la altura de nuestra compañera Mónica Oltra en aquel fatídico momento y ahora también están pagando las consecuencias.

Desde el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, desde Compromís consideramos que esta reforma de Poder Judicial y del Ministerio Fiscal no es suficiente ni de lejos. Este pacto no soluciona el grave problema que tenemos en el Estado, y es que hay un grupo de jueces activistas que se esfuerzan en revertir los resultados de las urnas a golpe de sentencias, y lo hacen movidos por mandatos políticos de la derecha y la extrema derecha. Y ante esto se han de establecer mecanismos sancionadores con responsabilidades civiles de los jueces, han de establecerse límites lógicos y consecuencias para quien abusa de la utilización política de la justicia. No podemos permitir la utilización indiscriminada de denuncias falsas, como hacen VOX o Manos Limpias.

Compañeros y compañeras del Partido Socialista, obviamente votaremos a favor de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como no podía ser de otra manera, pero no seremos cómplices de los acuerdos a los que habéis llegado con el Partido Popular para la reforma de la justicia. Cuando queráis hacer una auténtica reforma para solucionar el problema judicial de este Estado, nos encontraréis ahí, nos encontraréis en las trincheras para defender la democracia y la mayoría social.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Los acuerdos de Estado en materia de justicia no son una novedad en democracia. Fue un acuerdo suscrito por el presidente Aznar y el entonces secretario general del PSOE, Rodríguez Zapatero —‌en la oposición—, el que resolvió que la elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial fuera mixta. Los jueces elegirían a los candidatos, y solo de entre estos candidatos el Parlamento nombraría a los vocales, una fórmula híbrida entre la elección corporativa y la elección parlamentaria. Ese pacto se ha ido cumpliendo por los sucesivos Gobiernos presididos por el Partido Popular y el Partido Socialista. Lo quiero recordar porque fue cumplido hasta el año 2018, porque durante los cinco años de bloqueo pudiera parecer que desde el Gobierno se está defendiendo este modelo como propio, frente a otro modelo del Partido Popular. El Partido Socialista ha defendido y ha hecho honor al cumplimiento de un pacto de Estado, del que ustedes, señorías del PP, aparentan renegar cuando están en la oposición, por intereses partidistas, pero mientras estuvieron en el Gobierno aplicaron y regularon (aplausos), porque la letra pequeña se incorpora en una reforma aprobada en 2013, con mayoría absoluta del Partido Popular, no por una ley socialista. No cuestionaron entonces ustedes, con su mayoría absoluta, la independencia judicial, ustedes lo saben bien. Sobreactúan cuando se rasgan las vestiduras contra un sistema que ustedes no solo votaron, sino que —‌reitero— desarrollaron. En seis meses el Consejo General del Poder Judicial enviará un texto a esta Cámara; veremos sus términos y lo analizaremos. Nuestra posición sigue estando en la fórmula mixta: es el equilibrio más virtuoso entre el necesario origen democrático de la elección de un órgano de Gobierno como es el Consejo y la necesaria participación de la Judicatura en dicha elección. De ahí nuestro rechazo a la elección exclusivamente corporativa que plantea la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario VOX, que en ningún caso garantiza una independencia judicial mejor que la vigente. Menoscaba, sin embargo, su propuesta, señorías de VOX, el artículo 1.2 de la Constitución española, que afirma que todos los poderes del Estado emanan de la soberanía nacional, que reside en el pueblo español, cuyos representantes están en estas Cortes Generales. (Aplausos). Pero centrémonos en algunos aspectos de la proposición de ley. La propia exposición de motivos afirma que su objetivo es reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial, y lo hace estableciendo, por ejemplo, tiempos de espera y un régimen de incompatibilidades en los pasos de la política y la Judicatura y su retorno no porque desconfiemos a priori de los que lo hacen, sino porque pensamos que la imagen de su independencia se ve reforzada con esta medida. También se refuerza la independencia judicial al establecer mayorías de tres quintos para una serie de nombramientos, como son los de las presidencias de audiencias provinciales, los magistrados del Tribunal Supremo y otros cargos judiciales. Desde luego, a un conocedor del derecho y de las sucesivas reformas sobre las mayorías necesarias para realizar nombramientos le debió resultar muy sorprendente escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular atribuirse la mayoría de tres quintos para las presidencias, por ejemplo, de las audiencias provinciales; literalmente, en sus palabras, señor portavoz, «acabar con el rodillo de medio Consejo sobre el otro medio». Señor Tellado, estimado señor Tellado, bienvenido a la posición en la que el PSOE lleva muchos años. (Aplausos). Si algún día regresan al Gobierno, ojalá no pretendan restaurar entonces ese rodillo que impusieron en 2013.

Concluyo, señorías. Con este acuerdo vamos a poner punto final a más de cinco años de bloqueo de un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial y por fin damos cumplimiento al artículo 122 de la Constitución. Es lo que los socialistas llevamos reclamando desde 2018. La democracia, señorías, se fortalece si todos respetamos sus instituciones. El bloqueo en su renovación ha dañado a una institución tan importante como es el Consejo. Confiemos en que con este nuevo acuerdo, con la aprobación de esta proposición de ley y el perfil de los vocales propuestos para su renovación consigan devolverle el prestigio que nunca debió de perder. Más allá de ningún interés partidista, ese es el anhelo que como demócratas los socialistas firmamos con ese acuerdo. El acuerdo beneficia a la carrera judicial, a la salud institucional de España. Contribuirá a la descongestión de procedimientos judiciales y, sin duda, reforzará el Estado de derecho. Pone fin a la anomalía institucional y constitucional, como bien afirma el ministro Bolaños. Con el acuerdo entre diferentes mostramos que las crisis más graves se pueden resolver precisamente gracias a eso, al acuerdo entre partes, entre diferentes, y este acuerdo responde a un clamor social; son palabras del presidente Pedro Sánchez. (Aplausos).

El señor Feijóo, quien en este momento no está en el hemiciclo, a propósito del resultado esperanzador de las elecciones francesas, hizo una necesaria reflexión en torno a la moderación para seguir construyendo Europa huyendo de los extremismos. Señorías del PP, tienen ustedes una ocasión magnífica para dejar de hacer seguidismo de las posiciones de la ultraderecha y romper ustedes —r‌ecalco, ustedes— sus alianzas y sus ataduras. (Aplausos).

Señorías, la voluntad política se demuestra alcanzando acuerdos trascendentes. La ciudadanía nos reclama a todos los grupos presentes en esta Cámara que seamos capaces de alcanzar acuerdos en asuntos de Estado: la justicia lo es, la inmigración también.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señora Leal, no puede hablar en serio de moderación después de escuchar todos los insultos que sus socios de Gobierno le han dedicado a la justicia y a los jueces a lo largo de la última hora. Supongo que habla en broma. (Aplausos). Seguimos tramitando este paso adelante para la mejora de la independencia de la justicia en España que supone este nuevo texto legal, un conjunto de medidas que, como expusimos la semana pasada, fueron defendidas por el Partido Popular en su plan de calidad institucional, en su programa electoral y en el discurso de investidura del presidente Feijóo; medidas que hoy están a un paso de convertirse en ley gracias al acuerdo que propuso el Partido Popular, que propuso Alberto Núñez Feijóo, con la garantía de la Unión Europea y que hemos logrado para el bien de España. Y sigue molestando a determinados grupos que no creen en la independencia de la justicia, a los grupos que la semana pasada, con la tolerancia de la Presidencia del Congreso de los Diputados y del propio ministro de Justicia, llamaron mafia togada, jueces fascistas o partido de las togas al Poder Judicial democrático de España. No debe extrañarnos. También la semana pasada decíamos por qué esta ley es una anomalía en esta legislatura: porque es la primera vez en esta legislatura que una gran votación en esta Cámara parte de un acuerdo entre los grupos mayoritarios y genera grandes recelos entre los grupos radicales y minoritarios. Lo normal en estos últimos años ha sido y sigue siendo que primero el Gobierno llegue a acuerdos con los radicales y luego trate de hacérselos tragar a la mayoría. Eso es lo que ha pasado, señora Leal, en todos estos meses. (Aplausos). Y así se gestaron los grandes éxitos del sanchismo, como la ley del solo sí es sí, la ley de memoria pactada con Bildu, la ley de vivienda, la reforma de los delitos de sedición y malversación o la ley de amnistía. Ese es el legado del Gobierno de Sánchez, medidas a la carta para los radicales lanzadas al debate público para tensionar al máximo a la sociedad española pretendiendo sacar beneficios electorales de la polarización. Lo que hoy se vota aquí es, gracias al PP, todo lo contrario, y por eso molesta tanto y por eso molesta donde molesta. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!). Con relación a la enmienda a la totalidad de VOX, yo no estoy seguro de qué es exactamente lo que molesta a VOX, que nos presenta un texto alternativo que realmente no es un texto alternativo sino complementario. Su texto modifica dieciocho artículos de las leyes actuales, pero, de esos dieciocho, solo tres están afectados por esta reforma. Es decir, no es que estén en desacuerdo con lo que proponemos cambiar; simplemente, también quieren cambiar otras cosas que no están en este texto. A nosotros no nos parece mal. De hecho, nosotros les votamos a favor hace unos meses la toma en consideración del texto que hoy plantean en forma de enmienda a la totalidad, igual que ustedes nos votaron a favor de la toma en consideración de una reforma de estas leyes en la pasada legislatura. ¿Y saben qué pasó con aquella reforma? Que la mayor parte de aquel texto que ustedes apoyaron y el PSOE rechazó está dentro del texto que hoy sometemos. Dígannos exactamente qué punto de esta ley les molesta o qué punto de esta ley les parece un retroceso. Todos los cambios que se introducen mejoran el texto vigente en el sentido de dar más independencia y autonomía a la justicia.

Por eso, y su enmienda lo demuestra, a VOX, probablemente lo único que le puede molestar de esta ley es no firmarla, no participar de ella (aplausos), porque les voy a decir una cosa: el contenido de esta ley es el programa de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, a la que ustedes votaron favorablemente hace exactamente un año. ¿Qué les molesta? ¿Les molesta que el PSOE haya asumido las mismas tesis que asumieron ustedes hace exactamente un año? Eso a nosotros no nos molesta, porque el PP es un partido con vocación de mayoría y lo que pone por delante siempre es el cumplimiento de nuestro programa electoral. (Aplausos). Señores de VOX, diríjanse a su propia hemeroteca. «VOX se abre a negociar con el Partido Socialista el reparto del CGPJ». (Muestra un recorte de prensa). «VOX se ofrece al PSOE para repartirse la tarta del Poder Judicial» (muestra otro recorte de prensa). Señor Ortega Smith, ayer defendían lo mismo que Esquerra Republicana en relación con los menores no acompañados, exactamente lo mismo, y hoy van a votar con Podemos. (Aplausos). Yo creo que deben dar una vuelta a alguna de sus posiciones.

Con respecto a la intervención del señor Rufián, menos lecciones, señoría; usted, que se dedica a otorgar carnés a todo el mundo, sabe que el único Gobierno autonómico que se ha negado a acoger a menores inmigrantes es el de su partido. (Aplausos). No vaya a ser que los racistas y los xenófobos sean ustedes.

Preocupante es la enmienda a la totalidad que presentan en Podemos, donde hay una voluntad clara de oponerse de raíz a cualquier ley que avance en la independencia judicial. No hay nada que detesten más que un poder judicial independiente y que no esté al servicio de los Gobiernos. Eso va totalmente en contra de cómo entienden ustedes la política, señora Belarra. Yo, generalmente, pido a la Presidencia del Congreso que retiren determinadas alusiones, y, en su caso, habría que pedir que retiren íntegramente su intervención, que es una ofensa a todo el Poder Judicial. Debería darle vergüenza, usted ha sido ministra. (Aplausos).

El problema es la concepción que ustedes tienen del poder. Para ustedes, el ganador de unas elecciones se lo debe llevar todo, el que suma mayoría más uno en el Legislativo tiene que tener el control absolutamente de todo, de todos los poderes de su Estado: el Gobierno, el Parlamento, la justicia, los tribunales constitucionales. Ese es su concepto, el Gobierno tiene que ser omnipotente y omnipresente y sin nadie que le tosa, ni un solo contrapeso, ni un solo contrapoder. Y por eso a ustedes siempre les ha estorbado la Constitución, siempre les ha estorbado la Corona, siempre les ha estorbado la justicia, siempre les ha estorbado Europa. Ustedes son más de defender a delincuentes, a violadores y a terroristas. Eso es lo que ponen de manifiesto cada vez que se suben a la tribuna. (Aplausos). ¿Y sabe por qué están en contra de la Constitución, de la Corona, de la justicia y en contra de Europa? Porque son instituciones que ponen freno a sus ansias de acumular poder. Y esta ley es la mejor representación de todo lo que odian, medidas para reforzar la independencia judicial avaladas por la Constitución española y avaladas por la Unión Europea. Con esta ley España se aleja más de su sueño totalitario y bien que nos alegramos. Probablemente ustedes preferirían una ley de democratización de la justicia como la que aprobó Cristina Kirchner, en Argentina, con el asesoramiento de un juez que sí ha sido prevaricador y ha sido condenado, su amigo Baltasar Garzón. Ese es el modelo de Podemos. (Aplausos). Ese es el modelo que aspira a un poder ilimitado a base de pervertir las circunstancias.

Este acuerdo consigue que por primera vez en seis años la democracia española avance en reforzar sus contrapoderes, en lugar de avanzar en el camino de destruirlos, como ha hecho la mayoría parlamentaria que hoy gobierna España y que la señora Belarra considera la única democrática y que para nosotros probablemente es la menos democrática. Estamos en esta situación porque hemos podido obligar al Gobierno y al Partido Socialista a apartarse del camino y del discurso que le marcan sus socios radicales, ustedes entre ellos, y a aceptar las normas y los límites de una democracia liberal europea y de un Estado de derecho moderno. (Un señor diputado: ¡Tiempo!). Por eso hoy queda patente que esa mayoría parlamentaria a la que Sánchez ha entregado la gobernabilidad de este país no está a la altura para una

España responsable y seria que quiere actuar dentro de los estándares europeos en los asuntos de Estado, y precisamente por eso estamos seguros de que esa mayoría parlamentaria no durará mucho tiempo.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.—La señora Belarra Urteaga pide la palabra).

Gracias, presidenta. Por el artículo 71 del Reglamento, por alusiones a mi grupo, solicito a la Mesa que se retiren todas las alusiones del señor Tellado a mi grupo parlamentario (risas), después además de que el señor Rodríguez Gómez de Celis haya retirado en mi intervención «golpismo judicial», sabiendo, como sabemos —‌nos enteramos ayer— que esta es la gente que nos espió de manera ilegal. (Rumores.—Aplausos). Son ellos, ellos son los que nos espiaron ilegalmente, y se les permite salir ahí a insultar a mi grupo. Yo creo que es más que suficiente, presidenta. (Aplausos).