Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Buenos días, señorías.

Tomo la palabra ante ustedes para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores frente a la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Quiero decirles que esta norma es fundamental en el proyecto que tiene este Gobierno para la justicia. Queremos impulsar ―me lo habrán escuchado más veces― la mayor transformación de la justicia en décadas, y queremos hacerla a través de estas reformas legislativas, que son imprescindibles. Queremos una justicia que sea ágil, que sea digital, que funcione y que sea útil para los principales destinatarios de la justicia, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y, además, queremos hacer una reforma integral de la Administración de Justicia, que nos permita pasar de una estructura del siglo XIX a tener una justicia con una estructura del siglo XXI.

Ya hemos dado pasos en esta dirección. Ya se aprobó y se convalidó por esta Cámara el Real Decreto Ley 6/2023, que potencia, por ejemplo, todos los trámites, todas las vistas telemáticas; impulsa la Carpeta Justicia para hacer posible que cualquier profesional o cualquier ciudadano, desde su casa o desde su despacho, pueda acceder a todos los procedimientos en los que sea parte o en los que esté asesorando a un cliente. También se introduce en la ley ―ya está en vigor, es el Decreto Ley 6/2023― la posibilidad de procesos de robotización y de utilización de inteligencia artificial para algunos procesos que son repetitivos y que consumen mucho tiempo a los funcionarios y funcionarias, y que, sin embargo, no aportan un valor añadido, y así se pueda hacer a través de las máquinas.

Por eso, como continuación a ese Real Decreto Ley 6/2023, que suponía la trasposición a nuestro derecho de la Ley de Eficiencia Procesal y de la Ley de Eficiencia Digital, hoy traemos este proyecto de ley de reforma de nuestra justicia, para dotarla con una estructura orgánica que sea eficaz, que se adapte al siglo XXI, que sea rápida, que sea ágil y que pueda permitir mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas. Es un proceso de reforma que ya se inició en la legislatura anterior, que se denominaba Proceso de eficiencia organizativa del servicio público de la justicia. De hecho, se hizo un trabajo muy fructífero y muy intenso por parte de los distintos grupos parlamentarios, que dio lugar a multitud de enmiendas que ya fueron aprobadas en ponencia en la legislatura anterior. Es voluntad Gobierno que todas esas enmiendas que ya se pactaron, se negociaron y se acordaron en la legislatura anterior, se puedan incorporar al proyecto de ley que hoy presentamos para defenderla de la enmienda a la totalidad presentada.

Los tres ejes fundamentales de esta norma son: primero, una reforma organizativa de nuestra justicia para llevarla al siglo XXI; para que pasemos de una estructura que es del siglo XIX al siglo XXI. Se crean los tribunales de instancia, de tal manera que, en una única organización, en cada partido judicial, habrá un tribunal que permita mayor flexibilidad en el conocimiento de las causas, en la carga de trabajo y también en la creación de secciones especializadas en lo mercantil, en familia o en violencia de género, que puedan hacer su trabajo con mayor celeridad. Se crean las oficinas de justicia en los municipios, que sustituirán a los juzgados de paz, para convertirlos en puntos de cercanía de la justicia a los ciudadanos de nuestro país; de tal manera que vivir en un municipio pequeño o en una zona despoblada de nuestro país, no perjudique los derechos de los justiciables cuando tienen que acudir al servicio público de la justicia. Creamos un nuevo modelo de oficina judicial que estará adscrito a cada tribunal de instancia, de tal manera que pretendemos ahorrar costes y facilitar la labor de los funcionarios que tienen que trabajar en estas oficinas judiciales, que podrán hacerlo con mayor flexibilidad.

El segundo eje de esta norma es una apuesta decidida por lo que llamamos los medios de solución alternativos al conflicto; es decir, la mediación, el arbitraje, esas medidas alternativas que, desde el ejercicio de la abogacía, pueden hacer y mucho por descongestionar los tribunales y los juzgados de nuestro país. Vamos a intentar que se solucionen más pleitos en la vía no jurisdiccional; que los conflictos que tienen las partes se puedan solucionar en el ámbito mercantil, en el ámbito civil y en el social, que ya sucede con mucha probabilidad y con mucha intensidad. Vamos a fomentar esas medidas para solucionar conflictos entre partes. Con ello creo que, por un lado, podremos agilizar la justicia en el sentido de evitar la sobrecarga de trabajo de jueces y tribunales y, por otro lado, hacer la justicia más rápida, más ágil y cercana para todos los ciudadanos que tengan alguna controversia.

El tercer eje importante es el paso que damos en la protección y en la defensa de los consumidores y usuarios de nuestro país. Por ejemplo, en este proyecto de ley se establece un procedimiento único para abordar las demandas colectivas. Es decir, resumiendo de manera muy sucinta, es un proyecto de ley muy amplio, que ustedes conocen, y lo hago para poner en valor la profunda transformación que este proyecto de ley va a suponer. También es un compromiso con la Comisión Europea, así como un compromiso de nuestro país, de España, con la reforma de nuestro servicio público de justicia. Esta norma es fundamental y completa esa estructura que aprobamos con el Real Decreto Ley 6/2013.

En resumen, estamos llevando al BOE lo que siempre han sido grandes consensos sociales en torno a la necesidad de modernizar las viejas estructuras de la justicia, y estamos haciéndolo realidad con leyes, con un proyecto de justicia de país, que pueda convertir nuestra justicia en algo avanzado y en algo ejemplar. Esos consensos ya no son una música en la que todos podemos sentir algo agradable, sino que hay letra, y esa letra son los proyectos de ley que estamos aprobando, en particular este. Desde luego, es mucho más cómodo quejarse de que la justicia es lenta, de que la justicia funciona regular, y es mucho más difícil ponerse a trabajar para que la justicia sea ágil, sea digital y sea una justicia del siglo XXI.

Por eso les invito a que hagamos eso, a que se supere la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y nos pongamos a trabajar en el proyecto de ley; también ustedes, también el Grupo Parlamentario Popular, porque creo que este proyecto de ley es, desde luego, una reivindicación de jueces, magistrados, fiscales, abogados y procura, para intentar dar un paso adelante en la modernización y en la agilidad de nuestra justicia. Los argumentos que presenta el Grupo Popular para presentar la enmienda a la totalidad tienen que ver, en su opinión, con la necesidad de mejorar la técnica legislativa, que los operadores jurídicos no están cómodos con esta reforma, y que se están regulando las acciones colectivas en defensa de los consumidores y usuarios. Seguramente, en algunas de las cuestiones no estaremos de acuerdo, pero en otras será posible, y con facilidad, encontrar puntos de equilibrio entre el Grupo Parlamentario Popular y el resto de fuerzas parlamentarias de esta Cámara. Desde luego, como no contribuimos a mejorar la justicia es votando a favor de esta enmienda a la totalidad, porque eso sería tanto como rendirnos y tanto como aceptar que la justicia ha de estar anclada en el siglo XIX y no mirar al futuro e intentar que nuestra justicia lo sea del siglo XXI. (Aplausos). Y rechazar la enmienda a la totalidad es trabajar por la justicia, es hacerlo juntos, es hacerlo con el consenso que hemos obtenido, por ejemplo, con la Ley Orgánica del derecho a la defensa. Pero es también mirar al futuro y trabajar de verdad por una justicia que esté a la altura de la España del siglo XXI. Y, por el contrario, aceptar la enmienda a la totalidad es que nadie haga nada, que todo quede igual, que sigamos en el siglo XIX y que, por tanto, nuestro país tenga una justicia que no se merece. Creo que bastante inacción —‌y por demasiado tiempo— ha habido ya en la justicia. Por todo ello les pido que voten en contra de la enmienda la totalidad y que nos pongamos de inmediato a trabajar en la justicia del siglo XXI que necesita este país.

Gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, señor ministro, señores diputados, buenos días. En nombre del Grupo Popular y con las razones, argumentos y alegaciones de sindicatos, asociaciones, entidades del sector justicia, del sector consumo, del tejido empresarial, del Consejo Económico y Social, del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial presento esta enmienda a la totalidad. Son más de mil páginas las que recogen que no existe ese consenso (muestra varios documentos apilados) del que hablaba el ministro. (Aplausos). Estoy con usted en que es un proyecto que recoge materias relevantes; creo, por tanto, que en cualquiera de los sentidos merece este debate. (Una señora diputada: Muy bien). Merecía, incluso, que usted se hubiera esforzado un poco más en la presentación. Algunos lo conocemos, conocemos el proyecto, soñamos con él, pero muchas de sus señorías, lógicamente, no lo conocen. Estamos cansados de oír tertulias sobre la justicia, se teoriza sobre qué es lo mejor en este momento, pero luego esto es muy arduo. Por tanto, estamos en el mes de julio dedicándonos a la justicia, señor ministro, hagámoslo seriamente. (Un señor diputado: Bien.—Aplausos). En primer término, tengo que decir que mi partido, el Partido Popular, reivindica el respeto del Gobierno para con el Poder Judicial como presupuesto imprescindible e innegociable para seguir avanzando en las reformas presentadas para alcanzar esa Justicia más ágil y eficiente en España. Es inadmisible, señorías, señor ministro, seguir con la poco edificante actitud gubernamental, con el bochornoso espectáculo que sube cada semana de decibelios contra los jueces, y que no solo no encuentra defensa por parte del ministro de Justicia, sino que, sorprendentemente, se ha convertido en el principal activista, en los últimos días, en el acoso y presión a los jueces en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. (Aplausos). Sentado esto, que es fundamental —‌porque si no ¿qué estamos haciendo?—, reclamamos la devolución de un proyecto que atenta contra los más esenciales principios de la buena técnica normativa; la seguridad jurídica; desatiende cada vez de forma más grave las advertencias del Consejo de Estado; y que introduce, sin la suficiente motivación, nuevas reglas de calado importadas de otros sistemas jurídicos, como el estadounidense, que rompen con el sistema de defensa de consumidores y usuarios en España, dando un poder inusitado e injustificado a fondos internacionales de litigación; utilizando a los consumidores para privarles de su derecho a la tutela judicial efectiva, con una norma de dudosa constitucionalidad y con grave riesgo y consecuencias para el tejido económico del país. Un cambio de modelo que no ha sido justificado —‌hoy ha desaprovechado esa ocasión—; no lo ha sido ni en sus causas ni evaluado en sus consecuencias, y que avanzaría en contra del criterio de los principales órganos consultivos del Estado, del propio Ministerio de Economía —‌no el nuestro, no Luis de Guindos, no, el Ministerio de Economía de ustedes, de este Gobierno—, que ha vertido —‌y ahí está sellado, rubricado por el Ministerio de Asuntos Económicos— la grave inconstitucionalidad en la que se puede incurrir con este proyecto, la tercera parte de este proyecto. (Aplausos). El Grupo Popular, mi grupo parlamentario, se ve en la obligación de reclamar respeto para el legislador, que se garantice la previsibilidad en los cambios normativos, porque el actual rumbo provoca caos y confusión en una justicia suficientemente colapsada ya. No queremos una justicia del siglo XIX, no la queremos. Ahí vamos a estar de acuerdo con usted, pero pedimos respeto, seriedad y rigor. La justicia, nuestros operadores jurídicos, nuestros jueces y fiscales necesitan buenos instrumentos jurídicos, no cualquier instrumento jurídico, no cualquier puzle, no cualquier reconstrucción de proyectos y a ver si los colamos rápidamente. No, señor ministro. Últimamente a mí ya no me gustaba esto, pero es muy socorrido, ¿recuerda este dicho popular de vísteme despacio que tengo prisa? (Un señor diputado: ¡Sí!). Pues eso, señor ministro, esto es lo que pedimos aquí. (Aplausos). Nuestro país, nuestra justicia necesita afrontar una transformación, de acuerdo; pero necesita estabilidad para esa transformación, no un pasito para delante y un pasito para atrás. No. Estabilidad, coherencia en las reformas. Y no sucede ni en este proyecto ni en la decisión de aprobar otras reformas estructurales que usted ha citado, como el Real Decreto 6/2023. Ese que usted sabe muy bien que está planteando problemas desde el primer día, y sobre el que el propio ministerio ha planteado a las comunidades autónomas que aprueben unos criterios interpretativos por encima de las competencias de cualquier Ejecutivo, porque plantea problemas. Y sobre ese hay que soportar esta ley orgánica.

Esta enmienda a la totalidad no es una enmienda presentada solo por el Grupo Popular, sino que responde al aluvión de críticas y reclamaciones de todos los operadores jurídicos, que temen un auténtico caos por motivos de forma, por motivos de fondo o de transitoriedad mal planificada. El Grupo Popular reclama asimismo tener seguridad sobre los textos que se presentan como proyectos de ley en esta Cámara y que —s‌ egún nos trasladan—, en palabras de los propios responsables del ministerio, a cada uno de los sectores que les plantean reivindicaciones les dicen: No os preocupéis, el proyecto ya es otro, no responde al que se ha registrado en el Congreso. ¿Y cómo es esto, señor ministro? Es inaudito que estén dando carta de naturaleza a proyectos fake. Por tanto, enmiendas intrusas, abuso del real decreto ley, textos fantasmas o fake. En palabras recientes de Manuel Aragón: El legislador desatado. Pero perdonen, señorías, me resisto y humildemente, con todo el respeto a Manuel Aragón, me van a permitir que corrija levemente: El prelegislador desatado o el Ejecutivo desatado. (Un señor diputado: ¡Muy bien!—Aplausos).

El desprestigio al que se está sometiendo al legislador no puede ser secundado, desde luego, por el Grupo Popular. Pedimos a los demás que nos acompañen. Ustedes sabrán. Desde luego, nosotros queríamos poner de manifiesto aquí claramente que no podemos estar en una actitud pasiva de resignación, de mirar para otro lado con la esperanza de que, a través de pagos a unos y otros grupos políticos, se consiga aprobar una norma que hoy presenta más riesgos y problemas que ventajas y beneficios. Por eso pido apoyo. No es cierto lo que ha dicho el ministro. Es muy posible que el Gobierno, el ministerio haga bien su trabajo, pero esto es un puzle de proyectos heterogéneos. Es un puzle de proyectos con muchísimos problemas. Presenten los proyectos y nos ponemos a trabajar —‌si cuando queremos, trabajamos, lo estamos viendo—, que no nos echamos para atrás, pero esto no puede ser. Les pido a los grupos parlamentarios que no atiendan los cantos de sirena de lo que les han prometido y que mañana tengan que arrepentirse.

Además de todo esto, de ese proyecto heterogéneo que se ve que ni con maquillaje han podido conseguir que en el primer libro se supriman los juzgados de todo tipo —‌ojo, alcaldes; ojo, señorías: los juzgados de paz, juzgados de instancia, juzgados de instrucción—, muy bien, nosotros somos partidarios del tribunal de instancia, pero no nominal sino serio, y eso cuesta y necesita estabilidad. Pues además de eso —‌vamos a llamarlo— la guinda del pastel es que lo hace con la incorporación del anteproyecto de acciones colectivas. Mire usted, le agradezco que no haya sido tan insistente en aquello de: Ustedes responderán ante la Unión Europea, ustedes responderán de que no hemos cumplido a tiempo, ustedes responderán…, no, porque esa es su responsabilidad como Gobierno.

Incluso FACUA ha puesto de manifiesto (muestra un documento) que este sistema, que rompe absolutamente con la tradición jurídica y la seria protección española y europea de los consumidores, y que rechazan la mayor parte de las trasposiciones de la directiva en Europa, es un modelo favorable a un nuevo cliente, a un nuevo nicho de empleo, que son los fondos de inversión, los fondos de licitación internacionales. (Aplausos). Estamos asombrados: ¡un Gobierno de izquierdas que regula! —y‌ no puedo detenerme— un modelo —‌y no me hagan caso a mí ni al Consejo Económico y Social ni al Consejo del Poder Judicial— al que el Ministerio de Economía pone tres objeciones que no han sido salvadas (muestra otro documento), que ponen de manifiesto que va en contra de la doctrina del Tribunal Constitucional, que va en contra del derecho de defensa y que va en contra del artículo 24, hoy de moda en esta Cámara. ¡Este es el fondo del derecho de defensa! Los consumidores no van a recibir más que lo que están recibiendo desde hace tiempo en Estados Unidos por este tipo de modelo, en el mejor de los casos, 3 dólares o, como nos ocurrió a muchos con el tema del diésel, unos guantes de cortesía. Sin embargo, los fondos de licitación —‌está demostrado en distintos informes que pueden consultar, al igual que yo— tienen una media de ganancia de 1 millón de euros. Hay una ausencia de beneficio para el consumidor, porque se destruye el mercado, se destruyen las empresas y el consumidor es excluido, porque es un sistema de desvinculación, y el consumidor no se va a desvincular. Habrá una lucha feroz de esos fondos de inversión litigadores para, con el menor esfuerzo, con menores consumidores a los que resarcir, poder ganar mucho dinero a costa de destruir nuestro sistema, que es un ejemplo —‌un ejemplo— en toda Europa y en toda Iberoamérica.

Por tanto, señor ministro, reflexionen. No pedimos que no se presenten estos proyectos, este último tiene que ser evaluado, tienen que ser evaluadas las consecuencias. Señorías, vuelvo a decir que no se dejen llevar por los cantos de sirena. Mañana, ni el Gobierno ni ustedes podrán mirar a los ojos a los consumidores y usuarios de este país, especialmente a los más vulnerables. (Aplausos.—Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!).

Grazas, señora presidenta. Moi bo día de novo. Volvemos debater hoxe sobre a Lei de Eficiencia Organizativa da Administración de Xustiza despois de anteriores e frustrados intentos en pasadas lexislaturas. Unha lei que pode servir, se o Goberno quixer, para dar un decidido impulso a mellorar a actuación dos xulgados e tribunais ou pode ser a volta de porca última para a centralización e eliminación de servizos, especialmente no ámbito rural. Permítanme lembrar que na pasada lexislatura aprobamos as normas en relación coa organización dos xulgados de paz e rexistro civil, aínda pendentes de executar plenamente, e outra norma en tramitación sobre os trámites electrónicos na Administración de Xustiza que vai implicar tamén en moitos casos un afastamento da xustiza en relación cos cidadáns e cidadás, unha uniformación e recorte de servizos. Pensemos, por exemplo, en como se poderá realmente garantir, na liña do que vimos de acordar na Lei de Defensa hoxe mesmo, a utilización do galego e demais linguas oficiais se os procesos electrónicos de tramitación, como infelizmente xa acontece agora en moitos casos, só están en español e non permiten esa posibilidade. A iso estaremos moi atentos. Se analizásemos a actual situación na Administración de Xustiza, co importante incremento da litixiosidade e grandes demoras derivadas principalmente de persoal insuficiente para atender os servizos, todos eles, tamén os das vilas e os do rural, partillamos que é oportuna a tramitación dunha norma para a mellora da eficiencia da organización e funcionamento da Administración de Xustiza. Porén, esta norma debe ir acompañada ineludibelmente dun incremento dos cadros de persoal. Segundo o último estudo publicado pola Comisión Europea sobre eficiencia na Administración de Xustiza, o número de xuíces, xuízas e fiscais son case a metade que na media europea: 11,24 e 5,37 no Estado, fronte a 17,60 e 11,10 por cada 100 000 habitantes de xuíces, xuízas e fiscais na UE respectivamente. Neste sentido, consideramos que a norma proposta ten aspectos necesariamente mellorábeis, mais que poden ser corrixidos se existir vontade e, para iso, o BNG vai presentar emendas. Deben ser atendidos tamén outros aspectos, pois ningunha medida de eficiencia ou para axilizar o funcionamento da Administración de Xustiza pode ir en detrimento do dereito á tutela xudicial efectiva nin dos principios de igualdade, de inmediación ou contradición. A creación de tribunais de instancia non pode implicar un afastamento da Administración de Xustiza da cidadanía. Debe garantirse que dentro dos distintos partidos xudiciais se van seguir prestando os mesmos servizos e realizando as mesmas actuacións que até agora. Este é un dos aspectos da norma que máis nos preocupa, temos que recoñecelo: o baleirado de competencias e actuacións nos pequenos xulgados para concentralos nas cidades, de modo que, por exemplo, no caso de Galiza, Lugo e Ourense centralicen todos os trámites nos xulgados destas cidades ou das cidades en xeral abocando á desaparición do resto. Non podemos permitir un novo recorte de servizos no rural en aras dunha suposta eficiencia. Por outro lado, a presente reforma non pode consolidar un servizo público de xustiza centralista no que as comunidades autónomas con competencias transferidas e que teñen asumidas as atribucións relativas á denominada xestión da Administración de Xustiza unicamente teñan capacidade de audiencia e/ou informativa. Resulta pouco coherente que, asumindo os custos do funcionamento da Administración de Xustiza e soportando as consecuencias das eivas na eficacia do servizo, non teñan máis capacidade que informar ou opinar sobre nomeamentos ou sobre a creación ou especialización de unidades xudiciais dentro do seu ámbito territorial, sendo moi reducidas as posibilidades de actuación en materia de planta, demarcación ou no deseño da oficina xudicial. Por último, tamén no relativo ás accións colectivas para a protección e defensa dos dereitos dos consumidores e consumidoras e usuarios e usuarias, entendemos que se debe garantir un sistema que facilite as reclamacións, non que poña trabas, e que permita reducir a litixiosidade en favor das grandes empresas en detrimento dos cidadáns e das cidadás. En definitiva, señorías do Partido Popular, aínda que consideramos que esta norma é moi mellorábel, entendemos que é necesaria, en todo caso, unha mellora que pode e debe facerse pola vía das emendas e do traballo construtivo se houber vontade de entendemento. Pola nosa parte, haina. Por iso, non podemos apoiar unha emenda á totalidade cuxa única finalidade é a propaganda e continuar a súa estratexia partidista de confrontación, alimentando, de paso, o monstro ultra que, se non tiveren coidado, igual acaba por devoralos. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenos días de nuevo. Volvemos a debatir hoy sobre la ley de eficiencia organizativa en la Administración de Justicia después de anteriores y frustrados intentos en pasadas legislaturas, una ley que puede servir, si quisiera el Gobierno, para dar un decidido impulso y mejorar la actuación de los juzgados y tribunales; o puede ser una nueva vuelta de tuerca para la centralización y eliminación de servicios, especialmente en el ámbito rural. Permítanme recordarles que en la pasada legislatura aprobamos las normas en relación con la organización de los juzgados de paz y Registro Civil, aún pendientes de ejecutar plenamente, y con otra norma en tramitación sobre los trámites electrónicos en la Administración de Justicia, que va a implicar también en muchos casos un alejamiento de la Justicia en relación con los ciudadanos y ciudadanas, una uniformización y un recorte de servicios. Pensemos, por ejemplo, en cómo se podrá realmente garantizar, en la línea de lo que acabamos de acordar en la ley de defensa hoy mismo, la utilización del galego y demás lenguas oficiales si los procesos electrónicos de tramitación, como infelizmente ya ocurre ahora en muchos casos, solo están en español y no permiten esta posibilidad. A eso estaremos muy atentos. Si analizamos la actual situación de la Administración de Justicia, con un importante aumento de la litigiosidad y de grandes demoras derivadas principalmente del personal insuficiente para atender todos estos servicios, también los de los pueblos y del rural, compartimos que es oportuna la tramitación de una norma para la mejora de la eficiencia de la organización y el funcionamiento de la Administración de Justicia. Sin embargo, esta norma debería ir acompañada ineludiblemente de un aumento del personal. Según el último estudio publicado por la Comisión Europea sobre la eficiencia en la Administración de Justicia, el número de jueces y juezas y fiscales son casi la mitad que la media europea: 11,24 y 5,37 por cada 100 000 habitantes en el Estado frente a 17,60 y 11,10, de jueces y juezas y fiscales de la Unión Europea, respectivamente. En este sentido, consideramos que esta norma propuesta tiene aspectos necesariamente mejorables, pero que pueden ser corregidos de existir esta voluntad, y para eso el BNG va a presentar una serie de enmiendas. Deben ser atendidos también otros aspectos, pues ninguna medida de eficiencia o para agilizar el funcionamiento de la Administración de Justicia puede ir en detrimento de la tutela judicial efectiva ni en detrimento de los principios de igualdad, mediación o contradicción. La creación de tribunales de instancia no puede implicar un alejamiento de la Administración de Justicia de la ciudadanía. Se debe garantizar que dentro de los distintos partidos judiciales se sigan prestando los mismos servicios y se sigan realizando las mismas actuaciones que hasta ahora. Este es uno de los aspectos de la norma que más nos preocupa: el vaciado de competencias y actuaciones en los pequeños juzgados para centrarlos, concentrarlos en las ciudades, de modo que, por ejemplo, en el caso de Galicia, Lugo u Ourense, centralicen todos los trámites en los juzgados de las ciudades, abocando así a la desaparición del resto. No podemos permitir un nuevo recorte de servicios en las zonas rurales en aras de una supuesta eficiencia. Por otra parte, esta reforma no puede consolidar un servicio público de Justicia centralista en el que las comunidades autónomas con competencias transferidas y que tengan asumidas las atribuciones relativas a la denominada gestión de la Administración de Justicia únicamente tengan capacidad de audiencia y/o informativa. Resulta poco coherente que, asumiendo los costes del funcionamiento de la Administración de Justicia y soportando las consecuencias de las carencias en la eficacia del servicio, no tengan más capacidad que informar u opinar sobre nombramientos o sobre la creación o especialización de unidades judiciales dentro de su ámbito territorial, siendo muy reducidas las posibilidades de actuación en materia de planta y demarcación o en el diseño de la oficina judicial. Por último, también en lo relativo a las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos de los consumidores, consumidoras y usuarios y usuarias, entendemos que se debe garantizar un sistema que facilite las reclamaciones, no que ponga trabas y que permita reducir la litigiosidad en favor de las grandes empresas y en detrimento de los ciudadanos y de las ciudadanas. En definitiva, señorías del Partido Popular, aunque consideramos que esta norma es muy mejorable, entendemos que es necesaria. Es necesaria, en todo caso, una mejora que puede y debe hacerse por la vía de las enmiendas y del trabajo constructivo, si es que hubiese voluntad de entendimiento. Por nuestra parte, hay esta voluntad de entendimiento; por eso no podemos apoyar una enmienda a la totalidad cuya única finalidad es la propaganda y continuar con su estrategia partidista de confrontación, alimentando así al monstruo ultra que, si no tienen cuidado, igual acaba devorándolos.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Intervendré de manera breve. El Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de totalidad de devolución al Gobierno del proyecto de ley orgánica de medidas para la eficiencia del servicio público de justicia y de acciones colectivas para la protección de los intereses de consumidores y usuarios, al entender, primero, que agrupa cuestiones con falta de homogeneidad entre sí, es decir, como una ley ómnibus; también, porque se propone una transformación en el sistema de justicia, al que se le imputa estar falto de un amplio diálogo y consenso, y, en tercer lugar, porque no se comparte la orientación en la trasposición realizada por el Gobierno de la Directiva (UE) 2020/1828, relativa a acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores. En definitiva, se reclama al Gobierno que se conformen distintas leyes de reforma en función de sus objetivos fundamentales y que buena parte de su contenido se reformule. Señorías, nuestro grupo parlamentario —‌y lo decimos con carácter preliminar— no dará su apoyo a esta enmienda de totalidad porque llevamos desde la legislatura pasada arrastrando tres ámbitos de transformación de la Administración de Justicia para su mejor eficiencia, como son la transformación digital, la organizativa y la procesal; ámbitos, a nuestro juicio, relacionados entre sí y no desconectados, como se afirma en la enmienda de totalidad, que si bien en la legislatura pasada fueron tramitados como proyectos separados, decayendo por la convocatoria adelantada de elecciones generales, en esta XV Legislatura se han agrupado en dos textos legales pendientes de tramitación en Ponencia y en Comisión: el Real Decreto Ley 6/2023, que ha acogido —‌para evitar la pérdida de fondos comunitarios del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia— la transformación digital y parte de la procesal que ya conocíamos desde la legislatura pasada, que estamos tramitando después de su convalidación como proyecto de ley y cuyo plazo de enmiendas se encuentra finalizado, y el proyecto de ley sobre el que se presenta la enmienda de totalidad, que acoge, como le decía, proyectos de la XIV Legislatura, como el referido a la transformación organizativa y el resto de la reforma procesal no incluida en el Real Decreto Ley 6/2023, cuyo plazo de enmiendas también lleva largo plazo abierto y que parece que finalmente se cerrará a final de mes. No son, por tanto, a nuestro juicio, iniciativas desconectadas entre sí ni faltas de homogeneidad respecto de cada una de ellas; es más, consideramos que su tramitación en Ponencia y Comisión debería ser simultánea para que las tres reformas o transformaciones de la Administración de Justicia no presenten ninguna contradicción o incongruencia. Lo que no vemos atendible, señorías, es la devolución al Gobierno del proyecto de ley. Sería, a nuestro juicio, una nueva demora injustificable de algo que ya arrastramos desde la pasada legislatura, sin perjuicio de que aquellas cuestiones concretas de los proyectos sobre las que no estemos de acuerdo las articulemos y defenderemos a través de las respectivas enmiendas en Ponencia y Comisión. Lo mismo cabe decir respecto de la opción elegida por el Gobierno en la trasposición de la directiva sobre acciones colectivas resarcitorias para la protección de los intereses de los consumidores, ya que lo que propone el Grupo Popular en cuanto al fondo de la cuestión es un asunto fácilmente articulable a través de las enmiendas parciales, sin ser precisa una devolución al Gobierno del proyecto de ley. Ustedes, simplemente, proponen cambiar de un sistema al otro. En definitiva, señorías, como ya adelantamos al principio de nuestra intervención, no daremos nuestro apoyo a esta enmienda de totalidad. Nada más y muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bon dia de nou, ministre. Bon dia de nou, senyories. El grup popular presenta esmena a la totalitat d’aquest projecte de llei orgànica de mesures en matèria d’eficiència del Servei Públic de Justícia i d’accions col·lectives per a la protecció i defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris. És un projecte que, certament, i com diuen els populars, és un veritable calaix de sastre on s’hi recullen un seguit de matèries que, en l’anterior legislatura, ho han dit varis dels ponents que m’han precedit, van ser tractades en tres projectes diferents. Per nosaltres això no és cap sorpresa. És l’extensió dels decrets lleis òmnibus, o «macedònia», com els anomenem nosaltres, a què ja ens té acostumats aquest Govern, i que tantes vegades hem criticat perquè, certament, sovint en dificulta no només el seu debat, sinó també el posicionament. Ministre, sense cap entusiasme li dic que potser ens caldrà valorar si té raó de ser, aquesta totalitat. Ho veurem.

En relació a tot el que es regula en aquest projecte, que no és poc, nosaltres, com sempre, tenim una prioritat: Catalunya. En aquest cas, concretament, la defensa de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de justícia i en el compliment de l’Estatut. Una prioritat, ho és, malgrat que l’actual Estatut d’Autonomia de Catalunya, val la pena recordar-ho, no ha estat aprovat pel Parlament del nostre país ni tampoc per aquesta cambra ni pel Senat, ni tampoc referendada pels ciutadans de Catalunya. Una prioritat malgrat la seva redacció actual, la de l’Estatut de Catalunya, és el resultat de la indeguda intromissió mitjançant la sentència 31/2010 d’un Tribunal Constitucional polititzat i mancat de legitimitat. Una prioritat malgrat les seves enormes mancances, perquè, malgrat tot això, l’Estatut és, com els deia, una norma vigent que reconeix una sèrie de competències que nosaltres avui som aquí per defensar. I en aquest projecte, Junts per Catalunya, sense descuidar cap dels altres temes legislats, posarem tot el ferro en la defensa dels jutjats de pau.

A l’anterior legislatura, Junts per Catalunya es va quedar sola en la defensa dels jutjats de pau davant la voluntat de l’Estat de suprimir-los amb les lleis d’eficiència en l’àmbit de la justícia d’aquell moment i la connivència, llavors, del Govern de la Generalitat. A Catalunya, els jutjats de pau són un instrument de justícia de proximitat molt arrelat al país i que han demostrat, al llarg de la seva història, la seva vocació de servei públic, d’utilitat i eficàcia en la resolució dels conflictes. Però no només això. Els jutjats de pau són, per sobre de tot, òrgans pertanyents al poder judicial, als quals els correspon exercir les funcions de l’anomenada justícia de proximitat, recollida a l’article 108 de l’Estatut de Catalunya.

Miri, ministre, nosaltres no volem la seva estructura, ni la del segle XIX ni la del segle XXI. Junts per Catalunya volem la nostra estructura. Volem la que es mereix l’actual Catalunya. Per això mateix, nosaltres volem preservar aquesta competència i estendre la justícia de proximitat, la justícia de pau, arreu del nostre país, arreu de Catalunya. I aquest és el nostre principal objectiu: un objectiu que ja els avanço que guiarà tots els nostres posicionaments en la tramitació d’aquesta iniciativa legislativa i que condicionarà els set vots de Junts per Catalunya. De moment, res més i moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, ministro; buenos días de nuevo, señorías. El Grupo Parlamentario Popular presenta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Es un proyecto que, ciertamente, como dicen los populares, es un auténtico cajón de sastre donde se recogen una serie de materias que en la anterior legislatura —l‌o han dicho varios de los ponentes que me han precedido— se trataron en tres proyectos diferentes. Para nosotros esto no es ninguna sorpresa, es la extensión de los decretos ley ómnibus o macedonia, como les llamamos nosotros, a los que ya nos tiene acostumbrados este Gobierno y que tantas veces hemos dicho que, muy a menudo, nos dificulta su debate y también su posicionamiento. Ministro, sin ningún entusiasmo se lo digo: Quizá tendríamos que valorar si tiene razón de ser esta totalidad. Lo veremos. En relación con todo lo que se regula en este proyecto, que no es poco, nosotros, como siempre, tenemos una prioridad: Cataluña; en este caso, concretamente, la defensa de las competencias de la Generalitat de Catalunya en materia de justicia y en el cumplimiento del estatuto. Es una prioridad a pesar de que el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, hay que recordarlo, no ha sido aprobado por el Parlamento de nuestro país y tampoco por esta Cámara ni por el Senado ni tampoco refrendado por los ciudadanos de Cataluña. Es una prioridad, a pesar de su redacción actual, la del Estatuto de Cataluña, que es el resultado de la indebida intromisión mediante la sentencia 31/2010 de un Tribunal Constitucional politizado y falto de legitimidad. Es una prioridad. A pesar de sus enormes faltas y a pesar de todo esto, el estatuto es una norma vigente que reconoce una serie de competencias que nosotros hoy estamos aquí para defender, y en este proyecto, Junts per Cataluña, sin descuidar ninguno de los otros temas legislados, pondremos todo el hierro en la defensa de los juzgados de paz. En la legislatura anterior Junts per Cataluña se quedó sola en la defensa de los juzgados de paz ante la voluntad del Estado de suprimirlos con las leyes de eficiencia en el ámbito de la justicia de aquel momento y con la connivencia entonces del Gobierno de la Generalitat. En Cataluña los juzgados de paz son un instrumento de justicia y de proximidad muy enredado en el país, que han demostrado a lo largo de su historia su vocación de servicio público, utilidad y eficacia en la resolución de los conflictos. Pero no solo eso, los juzgados de paz son, por encima de todo, órganos pertenecientes al Poder Judicial, a los que les corresponde ejercer las funciones de la llamada justicia de proximidad recogida en el artículo 108 del Estatut de Catalunya.

Mire, ministra, nosotros no queremos su estructura, ni la del siglo XIX ni la del XXI; en Junts per Catalunya queremos nuestra estructura, queremos la que se merece la actual Cataluña. Por eso mismo nosotros queremos preservar esta competencia, extender la justicia de proximidad, la justicia de paz en todo nuestro país, en toda Cataluña. Este es nuestro principal objetivo, un objetivo que les avanzo que guiará todos nuestros posicionamientos en la tramitación de este trámite legislativo y que condicionará los siete votos de Junts per Catalunya.

De momento, nada más y muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats. Per expressar el vot negatiu a l’esmena a la totalitat, per expressar-lo perquè, com s’ha comentat, el que conté entenem que és considerablement connex com a matèria, perquè prové de feines que ja s’havien estat treballant amb bastanta intensitat a la passada legislatura, i que va decaure, perquè conté allò que és matèria de llei orgànica perquè la resta va anar a parar al Reial decret 6/2023, però també perquè, tenint en compte que votarem en contra de l’esmena a la totalitat i que és previsible que aquesta decaigui, vol dir que donem tràmit a la possibilitat que aquesta llei vagi fent el seu camí amb les seves esmenes parcials.

Per tant, és important deixar unes quantes línies clares abans que comencem aquesta negociació, part de la qual ja ha estat feta, també ho aviso. I lamento haver de discrepar absolutament, en aquest cas, amb el company diputat que m’ha precedit, però si alguna línia vermella clara té Esquerra Republicana de Catalunya són els jutjats de pau. És a dir, no acceptarem cap text normatiu que els buidi de contingut o que els faci desaparèixer, perquè l’anàlisi que fem dels jutjats de pau és exactament la mateixa vinculada a la justícia de proximitat, vinculada al coneixement del territori, vinculada a la seva eficiència i eficàcia, i no estem parlant de noms, estem parlant d’una institució que és molt antiga al nostre país. I, per tant, de cap de les maneres acceptarem un projecte normatiu que pugui afectar aquesta figura històrica del dret català.

Dit això, ens preocupa l’àmbit dels consumidors i usuaris, i ens preocupa perquè convé recordar, en aquesta cambra, que la competència torna a ser exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Per tant, més enllà del trencament del model que, d’alguna manera, aportaven i que realment ofereix dubtes sobre la idoneïtat de plantejar-lo en aquest projecte de llei, ens preocupa també que no hagi estat suficientment treballat amb el Govern de Catalunya o que afecti alguna de les competències possibles que estigui exercint en aquest moment.

Dos aspectes més, algun dels quals ja he avançat anteriorment. No pararem amb l’esmena de consecució de vinculació de les taxes judicials al torn d’ofici i a la retribució dels advocats del torn d’ofici, perquè hem de resoldre aquesta situació. Un altre element vinculat a la justícia que tothom està oblidant, però que vull posar damunt de la taula. L’eficiència de la justícia també té a veure amb els seus funcionaris. L’estabilització d’interins que s’ha produït a les administracions públiques ha fallat estrepitosament en l’Administració de justícia. I parlo des del meu territori, on, si se’ns hagués deixat fer com a cos de la Generalitat de Catalunya, que no ho és, ja ho tindríem resolt i, en canvi, des de l’Estat no s’està preveient cap de les necessitats que té aquest territori.

I acabo dient: està molt bé legislar sobre l’Administració de justícia. Està molt bé i l’arreglarem en la mesura en què puguem i tot serà fantàstic. Però, si no hi ha una quantitat ingent de diners, no ens en sortirem. S’han de proveir les places. S’han de proveir amb una modificació de la llei orgànica del poder judicial que, d’alguna manera, garanteixi que els jutges que van a parar a cadascun dels jutjats poden atendre la ciutadania d’aquell lloc. Cal protegir els lletrats de l’Administració de justícia, cal mirar les seves retribucions i cal estabilitzar plantilles. Cal mirar la figura dels jutges substituts, perquè és una figura que està absolutament maltractada i que, d’alguna manera, també hem de posar en valor, perquè són els que tiren endavant, moltes vegades, aspectes essencials. I tot això no està recollit aquí.

Per tant, tenim una oportunitat, durant aquestes setmanes que tenim encara d’esmenes a l’articulat, per introduir tots aquells temes que ens preocupen, per tirar endavant els que ja havíem pactat i per acabar fent una llei que en conté tres, però que sigui digne d’un nom com llei d’eficiència organitzativa. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Diputadas y diputados, quiero expresar el voto negativo a la enmienda a la totalidad, porque, como se ha comentado, lo que contiene entendemos que es considerablemente conexo como materia, porque proviene de trabajos que ya se estuvieron trabajando con bastante intensidad en la última legislatura, y que decayó, porque contiene lo que es materia de ley orgánica, porque el resto fue a parar al Real Decreto 6/2023, pero también porque, teniendo en cuenta que votaremos en contra de la enmienda a la totalidad y que es previsible que esta decaiga, significa que daremos trámite a la posibilidad de que esta ley vaya haciendo su camino con sus enmiendas parciales. Por tanto, es importante dejar unas cuantas líneas claras antes de que empecemos esta negociación, parte de la cual ya se ha hecho, lo aviso. Lamento tener que discrepar absolutamente en este caso con el compañero diputado que me ha precedido, pero si alguna línea roja clara tienen Esquerra Republicana y Catalunya son los juzgados de paz; es decir, no aceptaremos ningún texto normativo que los vacíe de contenido o que los haga desaparecer, porque el análisis que hacemos del juzgado de paz es exactamente el mismo vinculado a la justicia de proximidad, al conocimiento del territorio, a su eficiencia y eficacia. Y no estamos hablando de nombres, estamos hablando de una institución que es muy antigua en nuestro país. Por tanto, de ninguna manera aceptaremos un proyecto normativo que pueda afectar a esta figura histórica del derecho catalán. Dicho esto, nos preocupa el ámbito de los consumidores y usuarios; nos preocupa porque conviene recordar en esta Cámara que la competencia vuelve a ser exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Por tanto, más allá del rompimiento del modelo que de alguna manera llevaban y que ofrece dudas realmente sobre la idoneidad de plantearlo en este proyecto de ley, nos preocupa también que no se ha trabajado suficientemente con el Gobierno de Cataluña y que afecte a algunas de las competencias posibles que se estén ejerciendo en este momento. Dos aspectos más, alguno de los cuales ya he avanzado. No pararemos con la enmienda de consecución de vinculación de las tasas judiciales en el turno de oficio y la retribución de los abogados del turno de oficio, porque se ha de resolver esta situación. Otro elemento vinculado a la justicia que todos olvidamos, pero que quiero poner encima de la mesa —‌la eficiencia en la justicia—, también tiene que ver con sus funcionarios. La estabilización de interinos que se ha producido en las administraciones públicas ha fallado estrepitosamente en la Administración de Justicia, y hablo desde mi territorio, donde si se nos hubiera dejado hacer como cuerpo de la Generalitat de Catalunya, que no lo es, ya lo tendríamos resuelto. En cambio, desde el Estado no se está previendo ninguna de las necesidades que tiene este territorio. Acabo diciendo: Está muy bien legislar sobre la Administración de Justicia; está muy bien y lo arreglaremos en la medida en que podamos, y será todo fantástico, pero si no hay una cantidad ingente de dinero, no saldremos adelante. Se han de proveer las plazas con una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que de alguna manera garantice que los jueces que van a parar a cada uno de los juzgados puedan atender a la ciudadanía de ese lugar. Hay que proteger a los letrados de la Administración de Justicia, hay que mirar sus retribuciones y hay que estabilizar plantillas. Hay que mirar la figura de los jueces sustitutos, porque es una figura que está absolutamente maltratada y que de alguna manera también tenemos que poner en valor, porque son los que tiran adelante muchas veces aspectos esenciales, y todo esto no está recogido aquí. Por tanto, tenemos una oportunidad, durante estas semanas que tenemos de enmiendas, para introducir todos esos temas que nos preocupan, llevar adelante los que habíamos pactado y acabar haciendo una ley que contiene tres, pero que sea digna de un nombre como ley de eficiencia organizativa. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. En SUMAR compartimos con el Gobierno que este proyecto supone un paso decisivo para la modernización del servicio público de justicia para pasar de un modelo arcaico a un modelo contemporáneo. Votaremos, obviamente, en contra de su enmienda a la totalidad, señorías del PP. Se pasará de 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, tantos como partidos judiciales, lo que incidirá en la mejora de la eficiencia del servicio público de justicia, en igualar la carga de trabajo entre los tribunales y en unificar criterios procesales. Además, se crean —y‌ a lo ha dicho el ministro— nuevas oficinas de justicia en los municipios más pequeños y zonas rurales, que permitirán a la ciudadanía realizar trámites procesales desde su localidad sin tener que ir al tribunal de instancia, consiguiendo que sea la justicia la que se acerque a las personas que la necesitan. Valoramos también positivamente la creación de un procedimiento único para la protección y defensa de consumidores y usuarios, de tal forma que los consumidores y consumidoras no tengan que ir a los tribunales ni de manera individual ni plural, evitando así los macroprocedimientos. Esta ley orgánica pretende también impulsar los medios alternativos de solución de conflictos, y en SUMAR creemos que es fundamental potenciar las negociaciones entre partes, una práctica que está muy extendida en el ámbito de lo social, a pesar del PP y a pesar de VOX —‌y luego volveré sobre ello—, y que resulta necesario extender a lo civil y a lo mercantil. Pero si el espíritu de la norma es positivo, hay cuestiones que nos preocupan, y mucho, en especial en lo que se refiere a la negociación con las organizaciones sindicales para la implantación práctica de la ley. Por esta razón, nos tranquiliza en cierta medida la ampliación del plazo de enmiendas, que da un mayor margen a la negociación, pero como sabemos que hoy mismo hay una reunión al efecto, yo pido al ministro, en nombre de mi grupo parlamentario, el máximo esfuerzo y voluntad negociadora para una garantía de que no se producirá una disminución de efectivos ni de puestos de trabajo con retribuciones complementarias especiales, incluidas las guardias; de que no se hará ninguna rebaja de las retribuciones que se perciben en la actualidad, y de que se consolidará la plantilla de refuerzos existentes. Otras propuestas que creemos que debe reflejar esta norma y que deben venir de la mano de un acuerdo previo con el conjunto de organizaciones sindicales son el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones y nuevas responsabilidades de las leyes de eficiencia para el Plan de Justicia 2030; la eliminación de las diferencias retributivas por grupos de población con efectos retroactivos a 1 de enero de 2024; el teletrabajo, cuya normativa básica deberá estar incluida en esta ley de eficiencia, o Registro Civil, para que el 15 de septiembre próximo se inicie la negociación del reglamento y de la relación de puestos de trabajo. Esperamos que todas estas medidas y tantas otras de las que podremos hablar contribuyan a mejorar una norma que, como les digo, ya valoramos como positiva. En SUMAR jamás perderemos de vista el objetivo, que es hacer políticas útiles para nuestra gente. Por eso, en la negociación y en la voluntad de acuerdo, siempre, señorías del PSOE, siempre nos van a encontrar, pese a que en los últimos tiempos estén buscando más el apoyo de los que lucen piel de zorro bajo el disfraz de cordero. El Grupo Popular, que hoy plantea una enmienda a la totalidad que parece querer perpetuar el bloqueo de la justicia y dilatar la aprobación de reformas que son más que necesarias, parece no tener en consideración el retraso que acumula ya esta ley, que viene de la pasada legislatura, ni la dificultad que entraña su desarrollo. Además, como sabe el PP, tenemos fondos europeos comprometidos con este tipo de normas de eficiencia y no podemos correr el riesgo de perderlas. Quizá al Partido Popular le dé igual. Ya sabemos de su poca querencia por los servicios públicos, porque el servicio de justicia, señorías del PP también es, sí, un servicio público. Pasan ustedes del bloqueo institucional al bloqueo organizativo. No parece muy acertada, ni mucho menos respetuosa con la ciudadanía la posición que están manteniendo. Anteayer se despertaron diciendo ser un partido de Estado; hoy traen una enmienda a la totalidad que solo consigue dilatar la tramitación de una norma necesaria para nuestro país, y mañana quién sabe con qué nos sorprenderán. Tampoco estamos extrañadas en SUMAR, esto es sencillamente una muestra más de su absoluta pérdida de rumbo. (Aplausos). Sí, señorías del PP, ustedes son partidarios de sobresaturar la justicia y generar costes innecesarios para la ciudadanía y el erario, y no lo pueden negar porque sus actos hablan por ustedes. ¿Les sonarán los medios autónomos de solución de conflictos de trabajo? Son sistemas —‌ya se lo explico por si no les suena— para la solución negociada de conflictos laborales cuya existencia se fundamenta en el artículo 37.2 de la Constitución española y en los artículos 6.3 y 7.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Actualmente, en nuestro ordenamiento es manifiesta la universalización del recurso a estos procedimientos gestionados por órganos con origen en acuerdos interprofesionales, acuerdos entre sindicatos y asociaciones empresariales de delimitación territorial: el ASAC, en el ámbito estatal supraautonómico; el AGA, en Galicia; el PRECO, en Euskadi; TAMIB, en Baleares; SASEC, en Asturias; SERCLA, en Andalucía; Tribunal Laboral de Conciliación, Mediación y Arbitraje, en Cataluña; el TAL valenciano, y un larguísimo etcétera. Los datos estadísticos publicados por los servicios estatal y autonómicos evidencian los numerosos efectos positivos de su actividad: millones de horas de trabajo no perdidas por haber alcanzado una solución antes de iniciarse una huelga; la consecución de acuerdos de difícil alcance que han beneficiado a millones de personas trabajadoras y contribuido sobremanera a una gestión eficaz de las empresas, y, en definitiva, la rápida solución de conflictos sobre derechos con un efecto colateral importantísimo: la descongestión de la Administración de Justicia.

Pues bien, desde hace dos años se están viviendo intentos de destrucción del SERLA, que es el servicio autónomo de solución de conflictos de Castilla y León, por parte de la propia Junta de Castilla y León, en la que hoy, al menos todavía, cogobiernan el PP y VOX. (Aplausos). Desde que la Junta dejara fuera de los presupuestos generales de 2023 al SERLA se han producido impagos de nóminas a sus trabajadores y trabajadoras, incumplimiento del pago del alquiler, cortes de red de Internet y teléfono y hasta una recientísima orden de desahucio. Todo ello está impidiendo la realización de trámites por parte de cientos de personas trabajadoras y cientos de empresas, que les preocupan un poquito más. Solo gracias a la labor institucional, a la movilización social de los sindicatos y a diversas actuaciones de carácter judicial, administrativo y político del Ministerio de Trabajo y Economía Social se está consiguiendo una agónica supervivencia del SERLA. El cierre del SERLA o de cualquiera de los sistemas autónomos supondría un retroceso en la protección de los derechos laborales, un retroceso para la democracia de las relaciones de trabajo y, en lo que a este proyecto que el Grupo Popular hoy enmienda atañe, una sobresaturación de los juzgados y tribunales de lo social.

En SUMAR entendemos irresponsable la presentación de esta enmienda a la totalidad, pero sin duda es congruente con un PP sin rumbo, que solo se preocupa por la justicia como algo que controlar y manejar a su favor y no como lo que debemos garantizar que sea: un servicio público actual, moderno, objetivo y eficaz para todas y todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo a vueltas con las formas y la importancia de las mismas en todos los ámbitos de la vida, mucho más, obviamente, en el ámbito jurídico y en la técnica legislativa que nos ocupa. Permítanme vuestras señorías y todos aquellos que nos escuchan, a modo de ejemplo, recordar aquella anécdota sucedida a don Pío Baroja y Nessi, como saben, reputado escritor de la Generación del 98, conocido por su anticlericalismo y partidario del alzamiento nacional contra los desmanes de la Segunda República. Se dice que, tras volver de París y en su casa, en Vera de Bidasoa, debía soportar al atardecer, habida cuenta de su anticlericalismo, como he dicho, algunas serenatas de buenos carlistas de la zona que en alguna ocasión entendió como amenazas. Hete aquí que, convocado en Salamanca para unirse a los académicos que prestarían fidelidad a Franco, en el momento de formalizar dicha lealtad se tuvo con él la siguiente deferencia. Habida cuenta de sus conocidas preferencias, se le preguntó: Usted, don Pío, ¿jura o promete? Vuestras señorías, conocedores de la importancia de las formas, saben muy bien de la diferencia entre jurar y prometer. Pues bien, don Pío, que no quería comprometer públicamente sus creencias, con cierto temor a los boinas rojas e intentando no caer en el ardid, respondió con sutil elegancia: Yo, lo que sea costumbre. En definitiva, Pío Baroja, como no, era muy consciente en aquel momento de la importancia de las formas, de la forma, y es que la forma es el fondo también. De nuevo, aquí, en este proyecto de ley, se yerra en las formas y se concentran en un solo proyecto tres proyectos de ley tramitados previamente. Una primera parte, que trae causa del texto del proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa; una segunda, en relación con la regulación de los MASC, medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, que procede del proyecto de ley de eficiencia procesal, y, en tercer lugar, el procedente del anteproyecto de ley de acciones de representación para la protección de intereses colectivos de consumidores. Son tres materias de suma importancia, con importantes aportaciones que se pueden realizar a cada una de ellas, y que se agrupan, inexplicablemente, en lo que sin duda es, una vez más, una quiebra de la buena técnica legislativa. Es conocido el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la técnica legislativa mediante criterio constante desde 1990 que, obviamente, no se traduce en vicios de inconstitucionalidad necesariamente y, por ende, en consecuencias jurídicas directas, pero que sí que deben analizarse con la gravedad de estos. Dichos vicios podríamos clasificarlos, siguiendo el esquema conocido por proceder del brillante texto de letrados de la propia Cámara y cómo números apertus, en la ininteligibilidad de algunos de sus preceptos, la catalogación errónea de algún precepto, catalogándolo como transitorio, tautologías en una norma, omisiones, remisiones a normas no vigentes, terminología imprecisa y falta de homogeneidad en la materia regulada, esto es, regular materias dispares en la misma norma. (Aplausos). Y este es el caso de este proyecto de ley, donde se mezclan materias dispares, importantes todas ellas, pero inconexas.

A todo ello se añade una curiosa interpretación en la transposición de la Directiva europea 2020/1828. No se trata tan solo de la perpetuación del obiter dicta abordado en resoluciones judiciales de manera tangencial para corroborar o ilustrar decisiones, todo ello consecuencia de la mala praxis legislativa, sino que, como argumento de peso sobre el error constante de la defectuosa técnica legislativa a la que nos tienen acostumbrados, se produce una vulneración de los derechos del ius in officium de los parlamentarios, de todas vuestras señorías, y el legítimo derecho como mandato a ejercer el cargo público representativo con las funciones inherentes al mismo.

Esta forma de legislar, a través, como es el caso, de leyes ómnibus asimiladas a las leyes de acompañamiento y las conocidas como leyes escoba o macedonia, como decía el diputado de Junts, que tienen el reproche constitucional, supone una evidente vulneración del conocido derecho de enmienda y participación de los parlamentarios en el proceso legislativo, aunque, innegablemente, se esté también controlando un defecto de técnica legislativa, tal como se denuncia.

Por último, están nuestras dudas en la trasposición de la directiva europea antes mencionada. Es opinión compartida con el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Económico y Social, entre otras instituciones, la de las reservas en cuanto a la regulación propuesta en el proyecto de ley. Es una regulación de acciones de representación para la protección de intereses colectivos de los consumidores que se aparta del sistema procesal mayoritario europeo y reproduce en España el sistema de limitación de carácter anglosajón, concretamente similar al de los Estados Unidos. Merece de por sí el desmembramiento en un proyecto de ley independiente.

En definitiva, por mor de mayorías en la elaboración de las normas, sigue la incertidumbre y la mala praxis, que conllevan, en muchas ocasiones, la duda de cómo actuar en la interpretación de la norma. De lo que no tenemos duda es en cómo actuar aquí, apoyaremos esta enmienda a la totalidad, y también ante problemas de gran envergadura que afectan a la seguridad y estabilidad de nuestra sociedad. Llaman a un timorato apaño, otro más, entre el Partido Popular del señor Feijóo y el Partido Socialista, hipócritamente, solidaridad. Y es que, como dijo don Pío Baroja, es mejor saber cómo actuar que vivir en la angustia del no saber.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, algunos puestos en pie).

Señora presidenta, muchas gracias. Buenos días, señorías. El señor ministro no está —e‌ stará atendiendo a alguna llamada—, pero le doy las gracias por su presencia.

Como es evidente, el Grupo Parlamentario Socialista votará en contra de la enmienda a la totalidad que se nos presenta, y por dos básicas razones. En primer lugar, porque se trata de un texto que ya había sido trabajado en la anterior legislatura y que alcanzó un amplio consenso, como digo, en el anterior mandato. Y, en segundo lugar, porque el servicio público de justicia, ese que echamos de menos en la enmienda a la totalidad, está demandado mejoras.

Señorías, el Gobierno está decidido a llevar a cabo la mayor transformación de la justicia en décadas —‌así lo dijo nuestro ministro de Presidencia— y, por ello, se están implementando leyes, medios materiales y humanos y recursos económicos. Y el proyecto de ley orgánica se orienta a la consecución de un marco normativo que soporte un servicio público de justicia de calidad, que, además, está vinculado al componente 11.R2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero es que, además, si analizamos los aspectos más relevantes que con esta reforma se pretenden llevar a cabo, se crean los tribunales de instancia, que sustituirán a los juzgados unipersonales; se establecerán las oficinas judiciales adscritas a cada tribunal de instancia, y, por supuesto, se sustituyen los antiguos juzgados de paz, pero no para suprimirlos, sino para crear modernas oficinas de justicia en cada uno de nuestros municipios. En definitiva, es una reforma importante, puesto que se pasará de los 3800 juzgados unipersonales a 431 tribunales de instancia, uno por cada partido judicial existente en nuestro país, una medida que permite dar respuesta rápida y pertinente, con las máximas garantías, a aquellos litigios que, como último recurso, deben ser resueltos en nuestros tribunales.

Para ello, a lo largo de los tres capítulos de la norma que se propone, existen unas medidas de indudable calado. La primera de ellas es la introducción y potenciación en nuestro ordenamiento jurídico de medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, que acaban de ser criticados por mi anterior compañero; reformas de diversas normas procesales con el fin de agilizar los procesos judiciales y aumentar su eficacia y su eficiencia, y, por supuesto el cumplimiento de un mandato de trasposición de la Directiva de la Unión Europea 2020/1828, que parece que a alguno de nuestros compañeros se le olvida.

Señorías, nuestra justicia necesita disponer de unas herramientas e infraestructuras adecuadas que permitan la comunicación a distancia y el acceso remoto seguro al lugar de trabajo, pero también es preciso contar con infraestructuras y equipos suficientes para garantizar la seguridad de las comunicaciones entre los distintos operadores jurídicos. Y por lo que se refiere a la utilización de estos métodos alternativos de solución de conflictos en vía no jurisdiccional, la Unión Europea es una firme promotora de estos y, por eso, los está fomentando en distintos ámbitos, tanto en los asuntos civiles como en los mercantiles o de consumo.

Ahora me gustaría dirigirme a la proponente de la enmienda a la totalidad. Tras la lectura de su enmienda podemos extraer las siguientes conclusiones, que, incluso, podrían convertirse en preguntas al Grupo Popular. ¿Consideran conveniente una nueva organización de la Administración de Justicia, sí o no? ¿Consideran que el modelo tradicional de juzgado unipersonal ha quedado obsoleto, sí o no? ¿Consideran que debe actuarse frente a la falta de especialización de los juzgados, sí o no? ¿Consideran conveniente actuar frente a la debilidad del consumidor en las relaciones de mercado, sí o no? ¿Consideran conveniente ofrecer a la ciudadanía una justicia más próxima y sostenible, sí o no? (Aplausos).

En el Grupo Parlamentario Socialista lamentamos la actuación del Grupo Popular frente a una iniciativa legislativa imprescindible, como han dicho algunos de mis compañeros del servicio público de justicia, cuya frase —m‌ e gustaría reseñarlo— no aparece en la enmienda a la totalidad.

Señorías del Grupo Popular, no esperábamos menos de ustedes. Una enmienda a la totalidad, y no sorprende… (La señora Moro Almaraz pronuncia palabras que no se perciben). Yo fui a un colegio público y me enseñaron educación, señoría (la señora Moro Almaraz: Estoy contestando); me enseñaron educación. (Aplausos). Como decía, no esperábamos menos de usted, pero lo que nos sorprende es que la enmienda a la totalidad venga sin texto alternativo. Si tantos documentos tenían aquí, ¿por qué no tenían un texto alternativo a lo que proponía el Gobierno? (Aplausos). Es una nueva muestra de su curiosa actuación parlamentaria y una imagen clara de lo que la derecha supone en la política española en la actualidad. Ustedes se encuentran muy a gusto en la confrontación permanente, en una continuada estrategia del ruido, con la que tratan de acallar los avances sociales de los gobiernos progresistas. Frente a eso, la voluntad política se demuestra gobernando, y el Gobierno y el Grupo Socialista están, precisamente, para impulsar, con el máximo consenso político con las fuerzas políticas que así lo quieran, un magnífico documento, que es el que nos ha venido del Consejo de Gobierno.

Las reformas que busca implementar el Gobierno con el presente proyecto pretenden que la ciudadanía sienta que la justicia es suya y que la propia Administración de Justicia es un servicio público eficiente y de calidad. Estamos, por tanto, ante una oportunidad que debemos aprovechar para abordar los déficits estructurales y situar al servicio público de justicia en los más altos estándares de calidad, que es lo que nos reclama el ciudadano, que, por cierto, es el estatus que usted no ha nombrado: cuando ha citado a abogados, a procuradores, etcétera, no ha citado a la ciudadanía entre los destinatarios de la justicia. (Aplausos).

Y es en este momento y en defensa del voto contrario a la enmienda a la totalidad cuando quisiera destacar la importante reforma que se realiza utilizando los medios adecuados para fortalecer la capacidad negociadora y el arreglo de las partes. Debemos poner los medios adecuados para que los tribunales sean el punto final del conflicto y no la única principal vía para resolverlos. Debemos dar voz a la ciudadanía para que se sientan protagonistas en la gestión de sus controversias. Y, por supuesto, es precisa más negociación y menos litigios, porque nos hará más fuertes y eficaces.

Vemos razones y argumentos de un presidente del Gobierno, un ministro y un grupo parlamentario dispuestos a sacar la norma con el máximo consenso, pero, señores del PP, como decía mi paisano Baltasar Gracián, no te pongas en el lado malo de un argumento simplemente porque tu oponente se ha puesto en el lado correcto.

Muchas gracias. (Aplausos).