Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Muy buenos días a todos. Situémonos: septiembre de 2014. Declaraciones en una entrevista en televisión: Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo; el final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Diez años después parece increíble pensar que aquellas palabras fueron pronunciadas por la misma persona que hoy ejerce la Presidencia del Gobierno de España. Tendríamos que aceptar aquel complejo teorema ontológico de Carmen Calvo de que el presidente antes de ser presidente era otro ser, porque hoy en día no solo es que Pedro Sánchez haya pactado antes y después con el populismo o con varios populismos, es que se ha convertido a sí mismo y ha convertido a su partido en los máximos exponentes del discurso populista, y si por algo se ha caracterizado el populismo, ha sido por detestar más que nada los contrapoderes. Hace diez años los discursos políticos que enfrentaban la voluntad popular con las instituciones estaban fuera del Gobierno. Hace cinco años llegaron al Gobierno como parte minoritaria de él, y hoy los encabeza la Presidencia y los comparte el Gobierno en su conjunto. Esa aspiración de una democracia plebiscitaria con un poder sin cortapisas y sin limitaciones nació en Podemos, pero hoy está en Sánchez. Esa concepción populista donde el voto de la mayoría está por encima de cualquier marco legal, de cualquier contrapeso institucional y de cualquier control jurisdiccional nació con el procés, pero hoy está en Sánchez. Por eso, en estos últimos años hemos visto cosas que no habíamos visto nunca en nuestro país. Nunca un Gobierno de España había propuesto como fiscal general del Estado a una exministra en el mismo día de su cese; nunca un Gobierno de España había designado como magistrados del Tribunal Constitucional a dos ex altos cargos de ese mismo gobierno; nunca un Gobierno de España había nombrado para presidir el CIS a un miembro de la ejecutiva del partido gobernante; nunca un Gobierno de España había propuesto como director de la Agencia EFE a su propio jefe de prensa; nunca un Gobierno de España había modificado el Código Penal para rebajar específicamente los delitos cometidos por sus socios de investidura, y, por supuesto, nunca un Gobierno de España había promovido una ley para intercambiar impunidad por poder. (Aplausos). Y ante quien hace lo que no se había visto nunca en nuestro país, no se puede hacer lo de siempre. Por eso, el Partido Popular se negó a llegar a un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial como los de siempre. No podíamos aceptar tratar a este Gobierno como uno más porque, lamentablemente, no lo es. Por eso, este acuerdo no se podía limitar, como de costumbre, a pactar nombres; tenía que haber garantías adicionales, y la principal garantía era un compromiso de que esta sería la última elección mediante este sistema, que había que cambiarlo en dos sentidos. El primero, el de despolitizar los perfiles. Visto lo que habíamos visto en otras instituciones, era fundamental que esa colonización no llegase al Consejo, los candidatos debían ser independientes. En el último pacto, en 2013, uno de los vocales designados a propuesta del Partido Socialista era directamente un exdiputado del Grupo Socialista y los vocales a propuesta del PP, esos a los que el señor Bolaños acusó de estar a sueldo del Partido Popular, eran tan sospechosos de partidismo que uno de ellos está hoy sentado al lado del señor Bolaños en el Consejo de Ministros del que forma parte. Por eso quisimos que ese compromiso de independencia en los perfiles no fuese solo una cuestión de voluntad, sino que quedase fijado en la ley: prohibición de que los vocales hubiesen sido en los cinco años anteriores cargos políticos. Lo propusimos, lo introdujimos en nuestro plan de calidad institucional, lo llevamos en nuestro programa electoral y hoy está en esta proposición de ley que firmamos conjuntamente con el Partido Socialista.

Pero había un segundo cambio de la ley que nos preocupaba. Además de despolitizar perfiles, había que despolitizar el propio sistema de elección —‌algo que no significa que estas Cortes no tengan participación en el Consejo, porque seguirían nombrando a los ocho juristas de reconocido prestigio—, pero el PSOE no estaba dispuesto a pasar por cambiar el sistema y asegurar la independencia de ese contrapoder. Afortunadamente, encontramos un gran aliado para esa tarea, y ese gran aliado ha sido la Unión Europea, la Comisión Europea; la misma Unión que en el año 2020 había logrado que Sánchez paralizase su intento de reducir las mayorías para renovar y la misma Unión que lleva años dejando claro en sus informes sobre el Estado de derecho en España que las normas europeas establecen que al menos la mitad de los miembros del Consejo han de ser jueces nombrados por sus homólogos de todos los niveles del Poder Judicial. A esa misma Unión el Partido Popular le pidió que ejerciera como garante de cualquier acuerdo, y así se ha hecho. Por eso, tenemos la garantía de que esta renovación será la última que se produzca bajo este sistema, porque en seis meses habrá una propuesta seria de reforma elaborada por los nuevos vocales del Consejo y porque esa reforma no está comprometida por el Partido Socialista solo ante el Partido Popular, sino que está comprometida también ante la Comisión Europea.

Por eso el PP ha firmado, porque ese populismo de Sánchez que aspira a un poder sin límites ha encontrado por fin sus límites, y sus límites son tres: la Constitución Española, la Unión Europea y el Partido Popular. (Aplausos). La Constitución Española exige mayorías amplias para impedir que las reformas institucionales se hagan desde un lado del muro, como pretendían algunos; la Unión Europea se planta como garante para asegurar que las reformas avanzan según las normas europeas y según las exigencias europeas, y el PP —‌hay que decirlo— ha conseguido frenar el populismo desde nuestra posición como primer partido de España. Hoy demostramos que las medidas de verdadera regeneración democrática en España requieren de un PP que sea decisivo y de un PP que sea valiente. Los votos de la mayoría de los españoles nos han hecho decisivos y el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en esta negociación ha sido valiente. (Aplausos). Por eso hoy podemos tener este acuerdo y por eso hoy podemos traer aquí esta ley.

Esta es una ley que, por primera vez desde que gobierna Sánchez, en vez de ir en la dirección de atacar a los contrapoderes, avanza en reforzarlos. Esta ley no solo avanza en la despolitización de los perfiles y del sistema de elección, sino que, además, incorpora importantes novedades. La primera, el endurecimiento de las incompatibilidades para pasar del Poder Ejecutivo y Legislativo al Judicial; los jueces que entren en política no podrán dictar sentencias en los dos años posteriores a su vuelta a la justicia y quedarán vetados, vetados para siempre, en asuntos en los que se juzgue a partidos o cargos públicos. En segundo lugar, exigencia de mayorías reforzadas en los nombramientos que haga el Consejo General del Poder Judicial; se acabó el rodillo de medio Consejo sobre la otra mitad del Consejo. En tercer lugar, prohibición de nombrar fiscal general del Estado a quien haya tenido un cargo político en los últimos cinco años. Y, en cuarto lugar, un compromiso explícito de reforzar las plantillas de nuestra justicia con 1000 jueces y fiscales en los próximos cinco años. ¿Qué tienen en común todas estas medidas incluidas en esta ley? Que todas ellas estaban recogidas en el Plan de Calidad Institucional del Partido Popular presentado en Cádiz en enero de 2023, en el programa electoral que obtuvo el mayor número de votos en las elecciones generales de julio de 2023 y en el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo de septiembre de 2023. Esta ley que hoy tramitamos es una recopilación de todo lo que el Partido Popular lleva años defendiendo en materia de refuerzo de la independencia judicial. (Aplausos). Por eso, con esta ley avanzamos en el Plan de Calidad Institucional, por eso con esta ley cumplimos nuestro programa electoral y por eso con esta ley constatamos que las propuestas de investidura —‌como las del candidato Feijóo— que se hacen pensando en el interés general de la ciudadanía pueden no conseguir los votos aquí, en esta Cámara, con esta aritmética parlamentaria, pero finalmente acaban triunfando y acabarán triunfando.

Este acuerdo, que es el cumplimiento de las medidas por las que el PP ha peleado durante años, ha sido muy bien acogido por la sociedad y solo ha enfadado a los radicales. Eso, señores del Partido Socialista, es lo que ocurre cuando se aceptan las propuestas del Partido Popular. Lamentablemente, ustedes llevan todo su Gobierno haciendo lo contrario, contentando a los radicales y apartándose de la mayoría social de nuestro país. Bienvenidos a entender que hay que escuchar a la calle y tratar de representar a esa mayoría social. Por eso tienen un Gobierno que no gobierna, que sobrevive a base de vender favores a sus socios de investidura, y por eso el PP ha demostrado que puede suplir con sus propuestas, con nuestras propuestas, la falta de iniciativa del Gobierno.

Esta ley recoge varios de los puntos de nuestro Plan de Calidad Institucional. Ustedes lo van a votar a favor, y nos congratulamos de que así sea, aunque suponga reconocer que cosas que ustedes han hecho como Gobierno deberían haber sido ilegales y que después de esta ley serán ilegales. Ya les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a registrar desde ya mismo, en forma de iniciativas parlamentarias, el resto de nuestro Plan de Calidad Institucional. Ahí tendrán que votarlo y ahí tendrán que posicionarse. Si realmente tienen vocación de regeneración democrática, tendrán que demostrarlo apoyando esas propuestas de regeneración democrática. Nosotros les invitamos a eso. Avancen, avancen en nuestro plan en lugar de en su deriva populista arrastrados por sus propios socios. Porque esto que hoy firmamos no es un pacto del Partido Popular con el PSOE, es un pacto del PP con sus votantes; cumplir nuestro programa electoral es un pacto del PP con la sociedad española para mejorar la calidad de nuestra justicia. (Aplausos). No interpreten lo de hoy como un balón de oxígeno al Gobierno para facilitar su supervivencia porque no lo es; es un balón de oxígeno a la justicia española para garantizar su independencia. Esa es la realidad. Como dijo el presidente Feijóo, con este pacto nos mantenemos en la lealtad al Estado, pero tengan claro que somos la oposición a su Gobierno. Tenemos claro que la aprobación de esta ley es una noticia positiva para España, un soplo de aire fresco en una legislatura que empezó como un error, que avanza como un grave horror y que esperamos que finalice lo más pronto posible.

Nada más y muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señor Tellado, como siempre, ha hecho una intervención plagada de ataques al Gobierno, a los socialistas y a todo lo que no sea el Partido Popular o VOX. Con esa intervención no sé si están demostrando que les da vergüenza haber llegado a un acuerdo con nosotros o que siguen teniendo miedo a que haya algunos o algunas dentro de su propio partido estén enfadados y vienen aquí a disimular: hemos llegado a un acuerdo, sí, pero no nos fiamos… No, no… Nunca más… Son lo peor… (Aplausos). Pues, mire, nosotros no. Para los socialistas hoy es un gran día —c‌ reo que no voy a necesitar mucho tiempo para argumentarlo—, primero, porque, efectivamente, venimos a ratificar un acuerdo, y eso ya es bueno en sí mismo. Deberíamos celebrar más los acuerdos y menos las disputas. Pero es que, además, este no es cualquier acuerdo, y creo que hay cuatro cuestiones fundamentales que determinan la importancia de lo que venimos a hacer hoy aquí. La primera es que este es un acuerdo por el que el Partido Popular, un partido esencial en la estructura política de nuestro país, el principal partido de la oposición hoy y partido de gobierno en otras ocasiones, cumple por fin la Constitución después de cinco años de incumplimientos permanentes. (Aplausos). ¡Cinco años sin cumplir la Constitución, que se dice pronto! Hasta llegar aquí, hemos tenido un largo y tortuoso camino plagado fundamentalmente de excusas; hasta veintisiete se han contabilizado. Han sido veintisiete excusas que se ponían por desidia, por falta de rigor o por vértigo, porque cada vez que se vislumbraba un atisbo de entendimiento, cada vez que se daba por hecho la posibilidad del acuerdo, el Partido Popular sucumbía ante eso que algunos llaman el ala dura de la derecha de este país, que se expresa en micrófonos, en tertulias, en balconadas institucionales y que auguraba los males del infierno para el liderazgo de turno si flojeaba en el ataque sin cuartel a los progresistas y al Gobierno de este país. Entonces, el PP daba marcha atrás. Lo último fue pedir la presencia de las instituciones europeas como garantes y valedoras del acuerdo, seguramente pensando que los socialistas nos íbamos a negar a tamaña ocurrencia. Pero los socialistas, como siempre, por encima de nuestros intereses particulares, pusimos el interés general, y aquí estamos, Europa mediante, con un acuerdo con el que, cinco años después, el Partido Popular cumple la Constitución. No me digan que no es una primera gran noticia. (Aplausos).

La segunda cuestión es que este es un acuerdo por el que la justicia española vuelve a estar a pleno rendimiento, porque renovar el Consejo General del Poder Judicial no era solo un mandato constitucional, no era ni mucho menos un capricho del Gobierno o de los socialistas; era ―como he dicho― una cuestión de interés general, de esas que se dicen de Estado. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano político y administrativo que tiene como función fundamental garantizar la independencia de los jueces y magistrados, algo que hacía incomprensible que los que tanto levantan la voz para reivindicar esa independencia y la despolitización de la justicia tuvieran durante más de cinco años secuestrado políticamente —‌porque lo que hemos vivido ha sido un secuestro político— al órgano de gobierno de los jueces. Pero es que, además, también le corresponde a este Consejo nombrar a la cúpula del Poder Judicial, a los miembros del Tribunal Supremo, a los presidentes de los tribunales superiores, a los de las audiencias provinciales… En este momento, por tener un consejo más que caducado están sin cubrir veintiséis plazas del Tribunal Supremo, setenta y dos de los tribunales superiores y audiencias provinciales y cientos de jueces y magistrados han visto su carrera profesional paralizada. Se calcula que por cada año de bloqueo el Tribunal Supremo acumula más de mil asuntos de retraso. Es decir, el bloqueo ha afectado directamente a la propia Administración de Justicia y, por lo tanto, al servicio público fundamental que esta presta a la sociedad española. Esto no solamente ha tenido costes económicos, que han sido más que evidentes y están cuantificados en más de 12 millones y medio al año, no, esto ha tenido un coste reputacional y un coste directo para los ciudadanos y ciudadanas que han visto afectado su derecho al acceso a la justicia, que es un derecho básico y fundamental. Así que volver a poner a pleno rendimiento la justicia en nuestro país es otra muy buena noticia.

El tercer asunto que da importancia al acuerdo es que con él objetivamos las condiciones para acceder al órgano de gobierno de los jueces y, por lo tanto, clarificamos una cuestión que ha estado permanentemente sujeta a la crítica interesada y a la manipulación. Lo estamos viendo en los últimos días con algún que otro caso. Si los nombres los ponía o los pone el Partido Popular, perfecto; eran y son personas magníficas que van a dar lustre a la institución judicial. Si los nombres provienen del Partido Socialista y del partido progresista, catástrofe, vamos al asalto de las instituciones para degradarlas y ponerlas a nuestro servicio. Estamos acostumbrados a esa doble vara de medir, pero ¿saben lo que nunca hacemos los socialistas? Los socialistas, cuando no nos gusta algo, cuando no nos gusta una sentencia, un auto, una decisión de un tribunal o de un organismo público, podemos criticar esa decisión, podemos criticar la sentencia, porque en democracia todo está abierto a la crítica, estaría bueno, pero lo que nunca hacemos ―nunca hacemos― es jugar a deslegitimar a quien la produce. (Aplausos). Deslegitimar, socavar y desprestigiar a nuestras instituciones cada vez que dicen algo que no nos gusta es atacar directamente los cimientos sobre los que se asienta el sistema democrático en nuestro país. Hace dos días, como les gustó alguna decisión sobre la ley de amnistía, el Estado de derecho funcionaba perfectamente y era garante de las libertades y de la igualdad de todos los españoles. Al día siguiente, como el Tribunal Constitucional, en el caso de los ERE, dijo que hacer leyes no puede ser un delito —‌algo que todos los que estamos aquí y que hacemos leyes deberíamos aplaudir como lo más lógico y lo más razonable del mundo—, los socialistas nos estábamos cargando el Estado de derecho. (Aplausos).

Señor Feijóo, lo inmoral, que decía usted, no es que en el Tribunal Constitucional haya algún miembro que se haya dedicado a la política. Todos nos acordamos, entre otros muchos, del señor Pérez de los Cobos, presidente del Tribunal Constitucional, que alardeaba de tener el carné y de su militancia en el Partido Popular. (Aplausos). Todos nos acordamos de Andrés Ollero o de una larga lista. No; lo inmoral es intentar demoler, solo porque no les dan la razón, todo lo que hemos ido construyendo durante décadas y está en la base de nuestro sistema político. Así que, aunque sea por una vez, rectifique sus palabras, porque esta no es una cuestión menor, esta es una cuestión prepolítica: o se respetan las instituciones o no se respetan y se está fuera de ellas. (Aplausos).

El camino es otro. Si no les gusta cómo se eligen los miembros de algunas instituciones públicas, cámbienlo, busquen la fórmula para cambiarlo. Es lo que hemos hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora hemos puesto unas reglas: veinte años de carrera; no se puede reingresar al servicio activo hasta dos años después de cesar en el cargo político; no podrán ser elegidos quienes en los cinco años anteriores hayan sido titulares de un ministerio, de una secretaría de Estado, de una consejería o de una alcaldía; se refuerza a una mayoría de tres quintos de vocales para aprobar determinados nombramientos… Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo sensato, no jugar a cargarse las instituciones porque no les dan la razón. Intenten cambiar el nombramiento, no hacer lo otro. Por eso el acuerdo también es una buena noticia, porque objetivamos las condiciones.

Y la cuarta cuestión que quiero destacar es que este acuerdo ha abierto un resquicio para el entendimiento. Ya sé que, según algunas intervenciones, como digo, parece que se avergüenzan de él, pero es que hasta hoy esta era una puerta cerrada por la derecha. Sinceramente, esperamos que por ese resquicio puedan entrar otros entendimientos. El presidente del Gobierno ha hablado en varias ocasiones de ello. ¿Por qué no un acuerdo para renovar el pacto de Estado contra la violencia de género? (Aplausos). Estamos viendo, de manera insoportable, asesinatos machistas cada semana —‌esta última ha sido especialmente terrible—, asesinatos de mujeres y de sus hijos que no pueden caer en el vacío de nuestras conciencias. La cuestión es: ¿acordamos la renovación del pacto de Estado o prefieren seguir en la marcha atrás a la que les obligan sus socios? ¿Llamamos a las cosas por su nombre, violencia machista, y las combatimos o intentamos jugar a diluir esa violencia hablando de violencia intrafamiliar? Es así de simple.

¿O por qué no un acuerdo para reformar la ley de extranjería para dar una solución humanitaria y solidaria a la presión migratoria que están sufriendo algunos de nuestros territorios y, sobre todo, para dar respuesta a la terrible situación que están viviendo cientos de niños, de menores, que no pueden ser tratados como mercancía barata? (Aplausos). ¿Van a escuchar la voz de alarma o el grito desesperado de sus compañeros de Canarias o van a mirar hacia otro lado para que no se les enfade el socio? Porque, miren, la solidaridad no es una palabra hueca, es una actuación política decidida. Así que, déjense de teorías de la conspiración; nadie suelta a menores en los centros de las ciudades. Déjense de ocurrencias. ¿De verdad la Armada para parar los cayucos? ¿De verdad eso? ¿Lo siguiente qué va a ser? ¿Bombardear los cayucos? No hace falta que vaya a ver a Von der Leyen para esto, basta con que llamen a los presidentes autonómicos del PP para que acepten y asuman el acogimiento de los menores que están hoy en Canarias. Así de simple. (Aplausos).

¿O por qué no un acuerdo sobre financiación autonómica, un acuerdo que sirva para garantizar la suficiencia financiera con la que sostener nuestro Estado del bienestar, con la que reforzar los servicios públicos, que, más allá de la palabrería hueca que se utiliza para atacar al adversario, es lo que de verdad garantiza la igualdad real y efectiva de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país? Porque la igualdad es que, si caes enfermo, te cuiden en el sistema público de salud; que tu educación esté asegurada, tengan tus padres el dinero que tengan, y que, si te jubilas, cobres una pensión que no pierde poder adquisitivo cada año. (Aplausos). La igualdad es el ingreso mínimo vital, la igualdad son las políticas redistribuidoras de la riqueza de nuestro país. Lo demás son cuentos, y ya pasó el tiempo de los cuentos.

Busquemos acuerdos. Por nosotros no va a quedar. Ha quedado claramente demostrado que este es el Gobierno de los acuerdos. Hemos acordado con todos los partidos políticos de esta Cámara, menos con VOX; con ustedes también hemos acordado; hemos acordado con las comunidades autónomas, con sindicatos y empresarios, con colectivos y asociaciones que representan a la sociedad española, y hemos acordado con todos los países de la Unión Europea. Todo el que se ha acercado a este Gobierno con intención de acordar políticas que beneficiaran a nuestro país y a nuestra sociedad ha encontrado una mano tendida y un acuerdo, y así vamos a seguir.

Por eso, señorías, acabo —‌con ayuda del bardo, en este caso— por donde empecé: Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien; hoy puede ser un gran día y mañana —‌si ustedes quieren— (mirando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) también. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros presentes del Gobierno, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Unión del Pueblo Navarro lo primero que tiene que manifestar es que defiende la independencia de los órganos judiciales, frente a los ataques injustificados que vienen padeciendo a lo largo del tiempo y también durante las últimas semanas.

Los españoles están hartos de la obsesión enfermiza que tiene este Gobierno de colonizar todas las instituciones. Lo estamos viendo con lo que está aconteciendo durante las últimas semanas, también en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Estado y en la propia Fiscalía General. No podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España. No podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra la Constitución está absolutamente vulnerada por la lucha partidista. Esto no es lo que quiso el legislador constitucional. No son palabras mías, son del entonces ministro Ruiz-Gallardón.

El tiempo dará y quitará razones, dirá si este acuerdo es bueno o es malo, si es única y exclusivamente un reparto de puestos —e‌ s algo que Unión del Pueblo Navarro no comparte— o si es una puerta a la esperanza y una posibilidad de despolitizar la política en nuestro país. Por eso, no podemos votarlo en contra. Es cierto que hay declaraciones que ponen en duda este objetivo, como las del propio portavoz del Grupo Socialista —‌no hoy, sino hace unos días— al afirmar que no es que estemos hablando de que los jueces vayan a elegir a los jueces, que eso no viene en el acuerdo, pero, evidentemente, hay cuestiones que se deberán esclarecer, como por qué se ignora a la mayoría de la carrera judicial.

Señorías, el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que salió de la Constitución se modificó en el año 1985. Una frase que se atribuye al entonces vicepresidente del Gobierno, señor Alfonso Guerra, aunque él no la reconoce como propia, decía aquello de que Montesquieu está muerto. Pues bien, en Unión del Pueblo Navarro, que creemos en la división de poderes, decimos que a Montesquieu hay que resucitarlo.

Muchas gracias.

Presidenta, señorías, ignoro si, como dicen algunos, hay algún otro motivo o motivos para este acuerdo. La verdad es que se hace difícil entenderlo escuchándolos —‌hoy, ayer o esta mañana en los medios de comunicación—. Siguen arremetiendo unos contra el Supremo, otros contra el Constitucional. Pero, miren, si hay alguna posibilidad de acabar con la discrecionalidad y con el manoseo permanente respecto a las instituciones judiciales, cuenten con nosotros; ningún intento va a ser en balde.

Hoy se ha dicho aquí que es importante escuchar a la calle, a la gente, y en las calles canarias la gente habla —‌algunos de ustedes están aquí gracias a los votos de los canarios y las canarias—. Por eso, espero que el próximo acuerdo con una mayoría clara sea para la reforma de la ley de extranjería. Espero que este no sea el primer acuerdo de altura. Espero que se tome como un asunto de Estado lo que es un asunto de Estado, no un asunto de Canarias. Espero que se demuestre que en el Estado español se cumplen las leyes que protegen a la infancia y los convenios internacionales. Espero que demuestren que no abandonan la frontera sur más lejana, a la que el Estado español deja a su suerte. No crean que pueden frenarla, es una inmigración que no va a parar nadie. Espero que el próximo acuerdo que celebremos aquí entre los dos grandes partidos sea el acuerdo que haga de este Estado el Estado humanitario del que todos podamos sentirnos orgullosos. Canarias espera que esto ocurra lo más pronto posible.

Gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Bo día. A pregunta que facemos, señoras e señores do Partido Socialista, é a seguinte: após tanta reflexión e denuncia de lawfare, a rexeneración democrática era isto? Pactar co PP asumindo e lexitimando as súas posicións? Aquí temos o bipartidismo tradicional español actuando como tal e exercendo como o que realmente son: os dous principais piares do réxime do 1978. Pactaron unha «modélica» transición democrática, que é o pecado orixinal das severas limitacións democráticas que padecemos. Aquí non houbo unha depuración, si, depuración con todas as letras, do poder xudicial fascista como si aconteceu no Portugal de abril, claro que alí houbo unha revolución e aquí unha continuidade de xuíces e represores que seguiron actuando con total normalidade.

A «modélica» transición produciu milagres tan sorprendentes como que o Tribunal de Orde Pública se deitase o 4 de xaneiro de 1977 como tribunal represor franquista e se erguese o 5 de xaneiro como Audiencia Nacional democrática. Todo un modelo a exportar. E de aí resulta un poder xudicial, xuíces e xuízas que actúan con criterios políticos, un Tribunal Supremo insubmiso á lei, que se nega a aplicala, facendo unha interpretación delirante e permitíndose mesmo criticar o poder lexislativo.

A proposta conxunta de PP e PSOE, non só non resolve nada disto, senón que o reforza. Abre, mesmo, a porta a que sexan os xuíces os que nomeen o goberno dos xuíces, é dicir, xuíces fascistas nomeando xuíces fascistas. Que pode saír mal? É así de claro, porque dese proceso xuíces e xuízas demócratas van ficar claramente excluídos. Así nin se acaba co lawfare nin se avanza en democracia.

Señoras e señores do PSOE, non sabemos se decidiron xa mudar de socios, porque é evidente que neste contexto as xeometrías variábeis non son posíbeis. O que si sabemos é que hoxe están a decepcionar moitas persoas que creron no seu discurso de que había que confrontar coa dereita, non pactar rendéndose á dereita, que foi o que fixeron. Para iso, connosco non conten. O BNG non vai participar desta farsa. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenos días. La pregunta que hacemos, señoras y señores del Partido Socialista, es la siguiente: ¿después de tanta reflexión y denuncia de lawfare, la regeneración democrática era esto, pactar con el PP asumiendo y legitimando sus posiciones? Aquí tenemos el bipartidismo tradicional español actuando como tal y ejerciendo como lo que realmente es: los dos principales pilares del régimen del 78. Pactaron una modélica transición democrática, que es el pecado original de las severas limitaciones democráticas que padecemos. Aquí no hubo una depuración —s‌ í, depuración, con todas las letras— del Poder Judicial fascista, como sí ocurrió en la Portugal del mes de abril; claro, que allí hubo una revolución y aquí, simplemente, una continuidad de jueces y represores, que siguieron actuando con total normalidad. La modélica transición produjo milagros tan sorprendentes como que el Tribunal de Orden Público se acostase el 4 de enero de 1977 como tribunal represor franquista y se levantase el 5 de enero como Audiencia Nacional democrática, todo un modelo a exportar. Y de ahí resulta un Poder Judicial, jueces y juezas que actúan con criterios políticos, un Tribunal Supremo insumiso a la ley, que se niega a aplicarla haciendo una interpretación delirante y permitiéndose de la misma manera criticar el Poder Legislativo. La propuesta conjunta de los grupos parlamentarios Popular y Socialista no solo no resuelve nada de esto, sino que lo refuerza, incluso abre la puerta a que sean los jueces los que nombren el gobierno de los jueces, es decir, jueces fascistas nombrando a jueces fascistas. ¿Qué puede salir mal? Pues que —a‌ sí de claro— del proceso jueces y juezas demócratas van a quedar totalmente excluidos, y así ni se acaba con el lawfare ni se avanza en democracia. Señores y señoras del Grupo Socialista, no sabemos si ya han decidido cambiar de socios, porque es evidente que en este contexto las geometrías variables no son posibles, lo que sí sabemos es que hoy están decepcionando a muchas personas que han creído en su discurso de que había que confrontar con la derecha —‌confrontar, enfrentarse—, no pactar, rindiéndose a la derecha, que es lo que han hecho. Para esto, con nosotros no cuenten. El BNG no va a participar de esta farsa. Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías, ministro. Hoy el Grupo Socialista trae a esta Cámara el primer gran acuerdo de la legislatura, y no lo hace de la mano de sus socios de investidura, lo hace de la mano del Grupo Popular. Se inaugura de esta manera un nuevo tiempo, un tiempo de gran coalición en España y en Europa que rima con aquel verano de 2011 en el que también el Grupo Socialista y el Grupo Popular reformaron el artículo 135 de nuestra Constitución para anteponer el pago de la deuda a nuestros servicios públicos. Esta gran coalición prepara el terreno para una legislatura que va a estar marcada por el belicismo, por el aumento del gasto militar y por la vuelta a la austeridad. Este acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial lo han celebrado desde Jiménez Losantos y Aznar hasta Àngels Barceló, pasando también por el Grupo Prisa y SUMAR. El presidente del Gobierno dijo que este sería el primer acuerdo de muchos otros que llegarían con el Partido Popular.

Sin embargo, la derecha judicial ha demostrado estos días que tenía otros planes. Solo cuatro días después del acuerdo —‌cuatro días— hemos sabido que el juez de la supuesta trama rusa del procés tomaba decisiones judiciales con el único objetivo de tumbar al Gobierno; que la jueza Pérez Fuentes ha absuelto al organizador del acoso continuado contra Irene Montero y Pablo Iglesias, y, como colofón, nos hemos enterado el mismo 1 de julio que los jueces Pablo Llarena y Marchena han retorcido la ley de amnistía para que no se aplique a los líderes independentistas Oriol Junqueras o Carles Puigdemont, subvirtiendo de manera muy profunda la voluntad expresa y clara de este Congreso. Creo que no hace falta hacer un croquis para entender lo que está pasando, que la derecha judicial ha querido demostrar que manda más que este Congreso y que manda más que los representantes legítimamente elegidos.

Señor Bolaños, yo creo que ustedes pensaban que, con esta rendición, con esta renuncia a transformar, la derecha iba a parar, pero eso nunca es verdad. La derecha, cuando le das la mano, te coge el brazo, y eso es lo que demuestran estos cuatro días. Así que ahí va nuestra propuesta para hoy, señorías del Grupo Socialista. Rompan el acuerdo con el Partido Popular, rompan el acuerdo para el Consejo General del Poder Judicial y renueven este Consejo con la mayoría democrática. Aprueben una ley de medios que acabe de una vez por todas con la corrupción periodística. Además, este acuerdo viene a legitimar la guerra sucia judicial que se ha hecho contra Podemos, sí, pero también contra los partidos independentistas, también contra las sindicalistas de La Suiza, a las que acaban de condenar a prisión, y también ahora contra la familia del presidente.

Insisto en que si algo aprendimos con la ley del solo sí es sí es que el bloque democrático tiene que mantenerse unido frente a la ofensiva judicial, y eso es lo que ustedes están volviendo a romper, como hicieron entonces, porque esto no va de un partido, va contra la democracia española y va contra el Poder Legislativo, elegido por los españoles y las españolas. Así que les pido que reflexionen y recomponga la mayoría.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Eguerdi on, jaunandreok. Debatimos la toma en consideración de una iniciativa para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto del Ministerio Fiscal, cuya finalidad última es un intento de visualizar la despolitización de la justicia a través del previo desbloqueo del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, permitiendo así su renovación después de más de cinco años de interinidad, para que el Consejo, a su vez, pueda cubrir las vacantes existentes en cargos gubernativos judiciales y también las vacantes existentes en plazas de magistrado del Tribunal Supremo — hoy día son ciento veinte vacantes en total—. Esta situación ha sido producida —‌ya se ha dicho— por los recurrentes bloqueos del Partido Popular cuando se encuentra en la oposición. Además de lo señalado, también se propone la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para regular las situaciones administrativas de jueces y magistrados cuando acceden a cargos públicos y las condiciones de su reingreso en la carrera judicial; los requisitos, las causas de inelegibilidad y el proceso de elección de los vocales del Consejo procedentes de juristas de reconocido prestigio; la recuperación de la comisión de calificación, y alguna otra reforma. Y en lo que se refiere al Ministerio Fiscal, se establecen causas de abstención y recusación y su procedimiento, así como causas de inelegibilidad del fiscal general por haber ocupado con anterioridad cargos públicos. Por último —‌quizás es la parte más destacada políticamente—, se establece una encomienda al Consejo General para que presente una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, uno de los caballos de batalla desde que se reformó el procedimiento de su designación en 1985, al convertirlos en vocales de plena designación por las Cortes Generales a propuesta de un número de electos del propio Poder Judicial y que tiene manifestación sistémica en los recurrentes bloqueos que se producen en el Congreso y el Senado en cada renovación. Esta polémica sobre el modo de elección de los vocales de procedencia judicial se proyecta sobre el ejercicio de estos a la hora de ejercitar sus competencias de nombramiento de la cúpula judicial y también se extiende al conjunto del Poder Judicial. Es una apariencia de politización que ha calado en la opinión pública, a la que ha contribuido el escaso cuidado a la hora de ponerse de acuerdo sobre los candidatos, incluso haciéndolo público y criticando a estos, llegándose a judicializar decisiones de nombramientos de vocales del mismo presidente del Consejo y del Tribunal Supremo y de nombramientos de cargos judiciales gubernativos.

Como es conocido, señorías, el escrutinio público en una sociedad de opinión pública reclama prudencia, y no se ha tenido, para evitar que se pongan en duda la independencia, la imparcialidad y el sometimiento a la ley del Poder Judicial en su conjunto. Es una prudencia que tampoco se ha extremado por quienes eligen a los vocales, por el mismo Consejo, por las asociaciones judiciales, ni siquiera por los mismos jueces y magistrados, respecto a opiniones públicas vertidas en los medios de comunicación, en las redes sociales, incluso en actos oficiales o en actos de manifestación en espacios públicos.

Lo que señalamos no es solo una percepción en la opinión pública, sino que también subyace en la misma carrera judicial, que considera que los cargos gubernativos judiciales se vinculan, en vez de al esfuerzo y al buen trabajo, a la afinidad política, a los partidos que han propiciado el nombramiento de los distintos vocales o a la afinidad a las asociaciones representadas en el Consejo, incluso a unas simples relaciones de amistad con los vocales.

Entonces, señorías, la pregunta que consideramos que ha de formularse es si creemos que esta reforma tiene capacidad para promover un cambio en la percepción de las cosas respecto de la percibida politización de la justicia. Ciertamente, señorías, esta es una cuestión pendiente a la espera de la propuesta que formule el nuevo Consejo General, pero creemos que los términos de la encomienda no afrontan el problema de fondo, ya que, como señala el actual presidente del Consejo, la identificación de los vocales de uno u otro sector ideológico, con la mediación de los partidos políticos en el sistema de designación parlamentaria o de las asociaciones judiciales en el sistema de elección corporativo, se irradia irremediablemente sobre sus nombramientos, por lo que procedería romper este vínculo, dando el protagonismo directo y sin mediaciones a la carrera judicial en la designación de los cargos gubernativos judiciales, siendo sus electores los jueces y magistrados del territorio respectivo sobre los que el tribunal, audiencia o sala tengan competencia gubernativa. Es un modelo que, por cierto, rige con éxito en otros cargos gubernativos, como los decanatos de los juzgados, diluyendo de este modo el interés por la captación de los vocales del Consejo tanto por parte de los partidos como de las asociaciones judiciales, reforzando el gobierno de los jueces y rompiendo ese percibido vínculo de sectores ideológicos que representan tanto partidos políticos como asociaciones judiciales con los nombrados con un alto grado de discrecionalidad por cargos judiciales gubernativos.

En definitiva, señorías —‌voy finalizando, presidenta—, nos abstendremos, no solo por no haberse consultado durante la fase de elaboración de la iniciativa nuestra opinión sobre una cuestión tan trascendental y transversal, como es todo aquello que coadyuva al fortalecimiento de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en su conjunto y a su percepción social, sino también porque la reforma apuntada discurre sobre el dilema de confrontar dos modelos de elección de los vocales del Consejo que difícilmente confluirán, salvo en el infinito, como señala el actual presidente del Consejo, por lo que sería necesario pensar la cuestión desde —‌como se dice— fuera de la caja, buscando soluciones a ciertos problemas que no se encontrarán si no se afronta desde un punto de vista distinto.

Nada más y muchas gracias.

Eskerrik asko, presidente anderea, diputatu jaun-andreok. Gaur ere beti bezain garbi azalduko dugu gure jarrera. Ez dugu positibotzat jotzen ez Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia berritzeko akordioa, ezta hura aldatzeko PSOEk eta PPek adostu duten proposamena ere. Eta oinarrizko arrazoiengatik egiten dugu balorazio kritiko hau. Proposamena ez doa norabide onean ez duelako konpontzen goi estamentu judizial gehienetara hedatzen den arazo nagusia, justiziaren politizazio eta instrumentalizazio etengabea herritarrek demokratikoki hautatutako ordezkari publikoen zilegitasuna eta erabaki politikoak zalantzan jartzeko.

Gracias, señora presidenta. Señorías, como siempre, hoy también seremos claras. No consideramos positivo ni el acuerdo alcanzado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ni la propuesta del Grupo Socialista y del Grupo Popular para su modificación, y no lo hacemos por una cuestión fundamental. Este acuerdo y esta propuesta no enfrentan el problema que persiste en el máximo órgano de gobierno de los jueces y que se extiende prácticamente, salvo excepciones, a la mayor parte de los altos estamentos judiciales. La instrumentalización de la justicia para cuestionar las decisiones y la legitimidad de los representantes públicos democráticamente elegidos por la ciudadanía del Estado y sus naciones...

Y este es el gran problema, la instrumentalización de la justicia, y a esto no se le hace frente con esta propuesta. Y es que, señorías, esto es lo que está ocurriendo no solo desde hace años, sino desde hace décadas, porque las altas instancias de la judicatura española, llámese Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional o Audiencia Nacional, constituyen un pilar fundamental de quienes se han autoerigido en garantes del régimen del 78, de la unidad de España y del mantenimiento de los privilegios que de él emanan, ese aparato judicial que sirvió para criminalizar a independentistas vascos y vascas, a movimientos sociales y políticos de izquierda de Euskal Herria, de Galicia, de Cataluña o del Estado. Fue una estrategia de criminalización que después se aplicó al movimiento independentista catalán en todas sus vertientes, que también se utilizó duramente contra la izquierda española y que, finalmente, ha llegado hasta el propio Gobierno español y su presidente cuando la derecha y su aparato judicial han considerado que se están sobrepasando límites de lo que dejaron atado y bien atado en la Transición. Porque cualquiera que intente sobrepasar esos límites contará no solo con la oposición de las fuerzas políticas de extrema derecha aquí representadas, sino con la maquinaria judicial y mediática a su servicio. Ese es el mensaje que llevan enviando mucho tiempo, demasiado tiempo, en cada decisión del Poder Judicial: cualquiera que contraríe los intereses y objetivos de ese bloque reaccionario se enfrentarán a consecuencias judiciales, policiales y mediáticas. Por tanto, la conclusión, digámoslo claro, es que en este Estado no existe la independencia judicial.

Ya ven, esto ni es nuevo ni es sorprendente para nosotras, pero, lamentablemente, no haberle hecho frente antes, cuando afectaba solo a algunos, ha hecho que se extienda y opere con la sensación de ser intocables, impunes. Y, como siempre digo, ahora unos lo llaman lawfare, otros guerra judicial y otros máquina del fango, pero nosotras lo llamamos, simplemente, pero muy conscientemente, régimen del 78. Por eso, el acuerdo alcanzado no es positivo, porque puede perpetuar esa estrategia e impunidad. Se podrán renovar los miembros del Consejo y de otras altas instancias con nuevos nombres, podrá haber algunos más progresistas, otros más conservadores, pero lo que este acuerdo no garantiza es que vayan a ser respetuosos con las decisiones populares y con los representantes democráticos que las toman. Lo que sería mínimamente exigible en un Estado democrático pleno, pero en el Estado español, hoy por hoy, es simplemente una quimera. Quizá haya excepciones individuales en esta renovación, pero ni serán todos ni siquiera serán la mayoría.

Hace solo unas semanas, la mayoría de esta Cámara, incluido el señor Sánchez, hablaba —‌hablábamos— de una necesaria regeneración democrática. ¿Realmente alguien cree que este puede ser el primer paso de esa renovación? Miren, no se puede resolver un problema democrático pactando con quien impulsa esta estrategia de acoso y derribo cada vez que no consigue gobernar, y para muestra la última decisión sobre la amnistía adoptada por el Tribunal Supremo, que cuenta con el apoyo entusiasta de quienes han pactado con ustedes, con el PSOE, este acuerdo.

Euskal Herria Bilduk sekula ez du parte hartu Botere Judiziala eguneratzeko negoziazioan, hautaketa prozesuan, ezta bozketan ere. Eta kasu honetan ere, gure jarrera ez da ezberdina izango, 78ko erregimenaren zutabeei men egiten dien akordio hau ez delako ezeren bermea, ez duelako ziurtatzen etorkizunean ez dela errepikatuko urteotan ikusi dugun blokeo onartezin hau. Eta are larriagoa dena, akordio honek ez duelako lawfare estrategiarekin amaituko, orain arteko izaera antidemokratikoa betikotu baizik. Argi daukagu berrikuntza demokratikoa ez dela lortuko gobernatzea lortzen ez duten bakoitzean, jazarpen politiko, judizial eta mediatikoaren bidea bultzatzen duen eskuinarekin ados jarrita.

EH Bildu no ha participado nunca en la negociación, en el proceso de elección ni en la votación de la renovación del Poder Judicial, y en este caso nuestra postura no va a ser distinta, porque este acuerdo que se somete a los pilares del régimen del 78 no es garantía de nada, no garantiza que en el futuro no se vaya a repetir el inaceptable bloqueo que hemos padecido durante años, y, lo que es aún más grave, porque este acuerdo no va a terminar con la estrategia del lawfare, sino que va a hacer que su carácter antidemocrático perdure en el tiempo. Tenemos claro que la regeneración democrática no se conseguirá mediante el acuerdo con un partido que cada vez que no logra gobernar impulsa la vía del acoso político, judicial y mediático.

Por ello, como formación independentista y de izquierda, Euskal Herria Bildu no participará ni de la negociación ni de la elección de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial ni en la votación ni en la tramitación de la ley propuesta para su modificación, ni lo hemos hecho ni lo haremos ahora, pero sí exigiríamos, y no es mucho exigir, que el aparato judicial español deje de operar como brazo judicial del proyecto reaccionario, regresivo, recentralizador y antidemocrático que representan las derechas extremas en este Estado. ¿Está esto garantizado con este acuerdo? ¿Será la justicia diferente a partir de ahora? ¿Cómo se evitarán nuevos bloqueos por parte de las derechas si ven en riesgo su control? ¿Cómo se asegurará que no se siga utilizando el lawfare de manera sistemática?

Demasiadas preguntas y pocas respuestas, señorías. Este acuerdo no va en la buena dirección, ni en contenidos ni en su orientación estratégica, porque solo reforzando una agenda democratizadora responsable y valiente con la mayoría progresista de esta Cámara se podrá asegurar el avance en derechos y libertades para las grandes mayorías sociales y plurinacionales del Estado.

Por último ―y termino ya―, más allá del análisis negativo que hoy trasladamos sobre este acuerdo, que esperamos sea algo puntual, aseguramos desde una visión estratégica que no nos desviaremos ni un milímetro del mandato popular y democrático que la ciudadanía vasca nos trasladó, que seguiremos trabajando por esa mayoría plurinacional y progresista como única garantía para cerrar la puerta a las derechas extremas y facilitar avances profundos, sociales y nacionales. Ese es, hoy también, nuestro compromiso.

Esperamos y deseamos que todos y todas estemos a la altura del momento histórico y continuemos firmes en la defensa de los intereses de las mayorías sociales que confiaron en todas nosotras.

Mila esker. Eskerrik asko. (Aplausos).

Gràcies, president. Amb aquest pacte entre la dreta espanyola i l’esquerra espanyola, després d’una gesticulació exagerada per part dels dos partits, no es regenera res. Es perpetua un sistema de portes giratòries de la judicatura a la política, de la política a la judicatura. Es manté la ultradreta judicial controlant el que hauria de ser un poder imparcial independent. Segueix la podridura de la justícia espanyola i s’evidencia un cop més el fracàs de la transició. Avui a Espanya es manté una monarquia hereva del franquisme que orienta l’acció de la justícia amb els seus discursos polítics. Es mantenen uns jutges justiciers constituïts en una màfia i tots ells, per molt que prevariquin, acaben sempre protegits pels capos. I per acció o omissió, també protegits per tots vostès, pels partits polítics espanyols. Que presentin el pacte sobre el Consejo General del Poder Judicial, on res no canvia, abans que el senyor Sánchez anunciï mesures de regeneració democràtica és la prova que tot el que ens puguin presentar el dia 17 serà paper mullat. Gràcies a aquest acord, que els socialistes han tancat amb la dreta, els jutges de la cúpula seguiran fent i desfent al marge de les lleis. Jutges que seguiran fent política en comptes de justícia, sabent que ningú no els cridarà mai a l’ordre perquè ells no han de retre comptes amb ningú. Vostès els permeten actuar impunement. Per molts discursets i cartes que facin els socialistes, per molt que intentin vendre’ns, i que la gent es creu, que ve el llop, que si no em votes a mi, ve ell, que aturem la dreta, la realitat és que els socialistes regalen al Partit Popular les decisions importants. Quan governa el PSOE, acaba decidint igualment el PP, acaba decidint igualment la dreta espanyola. Ja ho diuen que el que més s’assembla a un polític espanyol de dretes és un polític espanyol d’esquerres. Continua, doncs, la farsa de la democràcia espanyola. I no es tracta que s’acabi la festa. Es tracta que s’acabi la farsa. I aquí ningú ha tingut els nassos de plantar cara i arribar fins al final, potser perquè han vist el que els passa a aquells que sí que ho intenten. Si parlen de democratitzar la justícia, facin vostès reformes reals. Però deixin de fer numerets. Creïn mecanismes de protecció contra Marchenas, Llarenas o Aguirres, prohibeixin les portes giratòries, aboleixin l’Audiència Nacional, que és el mateix femer que era el Tribunal de Orden Público, incloguin els jutges a la llei del jurat. Estan disposats a fer tot això? No ho estan. No s’hi atreveixen. No hi haurà regeneració democràtica. Espanya no serà una democràcia fins que no s’acabi amb la màfia judicial. La toga nostra segueix amb la diana posada en nosaltres, en els independentistes, en els ciutadans de Catalunya, en les institucions catalanes, en el president Puigdemont. Per tant, arribarem fins al final.

Nosaltres sí hem començat a querellar-nos contra tots aquests que prevariquen, que enganyen i que embruten. El president Puigdemont i en Josep Alay ja ho han fet amb el jutge Aguirre. Emprendrem les accions necessàries contra tots ells. I ho farem sabent que hi ha jutges i fiscals que estan tips de patir les conseqüències de no voler formar part d’aquesta màfia togada. Tips de veure com la seva carrera professional és deteriorada per la carrera política de la cúpula judicial. Tips que el poder polític espanyol ho permeti.

I acabo. No seran ni vostès ni seran ells els qui decideixin i determinin el país on viuran els nostres fills. El país on viurem nosaltres. I els recordaré unes paraules que el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, va pronunciar durant el judici farsa dirigint-se al tribunal que el va condemnar presidit per Marchena: Vostès no podran impedir que pugui deixar els meus fills una cosa extraordinàriament valuosa; la dignitat d’haver defensat unes idees legítimes i unes idees nobles. No podran impedir que els puguem donar un humil testimoni del nostre compromís per aconseguir que puguin viure en un país millor, en un país lliure, en una Catalunya independent on sigui impossible que ningú pugui anar a la presó o a l’exili per haver defensat pacíficament les seves idees.

Senyors i senyores, tots aquí estem jugant les nostres cartes i nosaltres coneixem perfectament les seves. El que estan fent vostès, el que estan fent a la cúpula judicial, era del tot previsible. Recordin, però, que el poble de Catalunya és imparable i un poble imparable que té al cap la idea d’un país just, decent i lliure, aquí, al reino, no hi cap. No sé si serà demà o serà demà passat, però arribarem fins al final. Visca Catalunya lliure.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente. Con este pacto entre la derecha y la izquierda españolas, después de una gesticulación exagerada por parte de los dos partidos, no se regenera nada. Se perpetúa un sistema de puertas giratorias, de la judicatura a la política y de la política a la judicatura; se mantiene la ultraderecha judicial, controlando lo que debería ser un poder imparcial independiente. Sigue la putrefacción de la justicia española y se evidencia, una vez más, el fracaso de la transición. Hoy en España se mantiene una monarquía heredera del franquismo que orienta la acción de la justicia con sus discursos políticos. Se mantienen unos jueces justicieros constituidos en una mafia y todos ellos, por mucho que prevariquen, acaban siempre protegidos por los capos. Y, por acción u omisión, también protegidos por todos ustedes, por los partidos políticos españoles, que presentan el pacto sobre el Consejo General del Poder Judicial, donde nada cambia. Antes de que el señor Sánchez anuncie medidas de regeneración democrática, es la prueba de que todo lo que nos puedan presentar el día 17 será papel mojado. Gracias a este acuerdo que los socialistas han cerrado con la derecha Popular los jueces de la cúpula seguirán haciendo y deshaciendo al margen de las leyes; jueces que seguirán haciendo política en lugar de justicia, sabiendo que nadie los llamará nunca al orden, porque ellos no han de rendir cuentas a nadie; ustedes les permiten actuar impunemente. Por muchos discursitos y cartas que hagan los socialistas, por mucho que intenten vendernos —‌que la gente se lo cree— que viene el lobo, que, si no me votas a mí, viene él y que paremos a la derecha, la realidad es que los socialistas regalan al Partido Popular las decisiones importantes. Cuando gobierna el PSOE, acaba decidiendo igualmente el PP, acaba decidiendo igualmente la derecha española. Ya dicen que lo que más se parece a un político español de derechas es un político español de izquierdas. Continúa, pues, la farsa de la democracia española y no se trata de que se acabe la fiesta; se trata de que se acabe la farsa y aquí nadie ha tenido las narices de plantar cara y llegar hasta el final, quizás porque han visto lo que les pasa a aquellos que sí lo intentan. Si hablan de democratizar la justicia, hagan ustedes reformas reales, pero dejen de montar numeritos; creen mecanismos de protección contra ‘Marchenas’, ‘Llarenas’ o ‘Aguirres’; prohíban las puertas giratorias; deroguen la Audiencia Nacional, que es lo mismo que era el tribunal del orden público; incluyan a los jueces en la ley del jurado. ¿Están dispuestos a hacer esto? No lo están, no se atreven, no habrá regeneración democrática. España no será una democracia hasta que no se acabe con la mafia judicial. La ‘toga nostra’ sigue con la diana puesta en nosotros, en los independentistas, en los ciudadanos de Cataluña, en las instituciones catalanas, en el presidente Puigdemont. Por tanto, llegaremos hasta el final. Nosotros sí hemos empezado a querellarnos contra todos aquellos que prevarican, que engañan y que ensucian. El presidente Puigdemont y Josep Alay lo han hecho ya contra el juez Aguirre. Emprenderemos las acciones necesarias contra todos ellos y lo haremos sabiendo que hay jueces y fiscales que están hartos de sufrir las consecuencias de no querer formar parte de esta mafia togada, hartos de ver cómo su carrera profesional se deteriora por la carrera política de la cúpula judicial, hartos de que el poder político español lo permita.

Y acabo, no serán ustedes ni serán ellos quienes decidan y determinen el país en el que vivirán nuestros hijos, el país en el que viviremos nosotros. Y les recordaré unas palabras que el presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, pronunció durante el juicio farsa dirigiéndose al tribunal que lo condenó, presidido por Marchena: Ustedes no podrán impedir que pueda dejar a mis hijos una cosa extraordinariamente valiosa, la dignidad de haber defendido unas ideas legítimas y unas ideas nobles. No podrán impedir que les podamos dar un humilde testimonio de nuestro compromiso para conseguir que puedan vivir en un país mejor, un país libre, en una Cataluña independiente, donde sea imposible que nadie pueda ir a la cárcel o al exilio por haber defendido pacíficamente sus ideas.

Señores y señoras, todos aquí estamos jugando nuestras cartas y nosotros conocemos perfectamente las suyas. Lo que están haciendo ustedes en la cúpula judicial era del todo previsible. Recuerden que el pueblo de Cataluña es imparable, y para un pueblo imparable que tiene en la cabeza la idea de un país justo, decente y libre, aquí, en el reino, no cabe. No sé si será mañana o pasado mañana, pero llegaremos hasta el final. ¡Viva Cataluña libre!

Muchas gracias. (Aplausos.—El señor Tellado Filgueira pide la palabra).

Gracias, señor presidente. En relación con los artículos 72.1 y 103.1, y a la vista de la intervención de la portavoz de Junts, en la que habla de mafia togada y se dirige a jueces del Tribunal Supremo, con nombres y apellidos, llamándoles mafia, lamento, en primer lugar, que el ministro de Justicia no haya pedido la palabra… (continúa hablando con el micrófono apagado.―Aplausos).

Señor presidente, yo lo que le pido es que respete el Reglamento de esta Cámara y que se lo aplique a los diputados y a usted mismo. Si me concede la palabra, me deja hacer uso de ella (rumores), y lo que le estoy diciendo es que la portavoz de Junts, abusando de su intervención, se ha referido a una mafia togada y se ha dirigido, con nombres y apellidos, a jueces del Tribunal Supremo que ni usted ni el ministro de Justicia… (continúa hablando con el micrófono apagado).

Gracias, gracias. (Risas.—Aplausos). ¡Qué pena, qué pena! (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Bueno, acabo de empezar. Da bastante pena todo lo que está pasando hoy aquí. Hay poco que decir, he estado a punto de hacerlo desde el escaño, pero como han montado esta performance, realmente he pensado que no me va a escuchar nadie desde el escaño, lo voy a hacer desde el atril. (Risas). Usted, señor Tellado, que está tan enfadado, al final va a firmar esto con el señor López, ¿no? (Risas). Y usted, señor López, que está tan enfadado, al final va a firmar esto con el señor Tellado, ¿no? (El señor López Álvarez: Yo no estoy enfadado.—Risas).

Hay una máxima en política que dice que, ante la duda, si Aznar lo aplaude, es malo. Y esto Aznar lo aplaude con las orejas, señorías. Esto que está pasando hoy aquí Aznar lo aplaude con las orejas, así que es malo, y hay poco que decir sobre esto. Simplemente son dos grandes partidos, los partidos de Estado (entrecomilla con los dedos) ―porque lo dicen ellos―, que han jugado a odiarse durante más de cuarenta años, pero que para las cosas del comer ―de su comer, el reparto del Estado― se ponen de acuerdo, no se odian. Hoy el PP dirá que ha obligado a ceder al PSOE y el PSOE dirá que ha obligado a pactar al Partido Popular.

Así que queda poco que decir, más allá de algunas cosas que ustedes están vendiendo. Yo entiendo que las vendan, pero creo que es importante por nuestra parte contrarrestar. La primera es que la razón de Estado es una gran mentira. Es una gran mentira. Existe la complicidad de la sinrazón de Estado, porque cada vez que alguien esgrime el tan cacareado argumento de la razón de Estado pasan cosas como que ustedes, PP y PSOE, vetan comisiones de investigación en torno a corruptelas de la Casa Real. ¿Eso es razón de Estado o es complicidad? Cada vez que alguien esgrime el tan cacareado argumento de la razón de Estado, PP y PSOE mutilan buenas leyes, leyes atacadísimas mediáticamente como, por ejemplo, la ley del solo sí es sí. Cada vez que alguien esgrime el tramposo argumento de la razón de Estado, de la complicidad de Estado, el PP y el PSOE, mediante el artículo 155, se cargan el Gobierno de Cataluña simplemente porque no les gusta. Cada vez que alguien esgrime el tan tramposo y cacareado argumento de la razón de Estado, ustedes se reparten no solamente el máximo órgano de los jueces, sino también Radiotelevisión Española, la CNMC, el Banco de España o pactan leyes como la ley del suelo.

Es decir, la razón de Estado es una gran mentira, como también es una mentira—y entiendo que es goloso, la frase es golosa— aquello que todo el mundo dice de. hombre, claro, que los jueces elijan a los jueces. Suena muy bien, suena fantástico, la gente dice: claro, así los políticos no mangonean. Pero es que, señorías ―y lo digo sobre todo para la gente que nos está escuchando―, en democracia, si es una democracia plena, todos los poderes deben estar sujetos a la soberanía popular: el Legislativo, el Ejecutivo y, evidentemente, también el Judicial. Para que lo entienda todo el mundo, el Consejo General del Poder Judicial no es un cónclave papal y el presidente, el que sea, del Consejo General Poder Judicial no es el papa. No se pueden juntar unos cuantos jueces ―diez para ti y diez para mí― para elegir quién les presidirá sin tener absolutamente nada en cuenta y, evidentemente, no se pueden elegir entre ellos. Es una trampa y ustedes lo saben.

Otra trampa: no politicemos la justicia. Hombre, señorías, algunos jueces vienen politizados de casa y no es necesariamente malo. Hay jueces muy dignos en este país que han demostrado una gran dignidad a través de una ideología decente a favor de los derechos humanos. Pero, por ejemplo, GarcíaCastellón salvó a Cospedal de la Kitchen (rumores), a Esperanza Aguirre de la Púnica, sacó a Ignacio González de la cárcel, archivó las causas contra el rey, aún no sabe quién es M. Rajoy, dijo que Marta Rovira había hecho el terrorismo por una manifestación y hace canutazos para el telediario de Televisión Española. (Una señora diputada: ¿Y?). ¿Y? Una diputada del Partido Popular ha dicho: ¿Y? ¿Y si fuera de izquierdas, le daría igual? (Rumores). ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que no, yo creo que no. Así que el único problema que hay en este país es cuando los jueces no son suyos, ese es el único problema, sí, y lo saben perfectamente. (Aplausos).

Un último comentario para acabar. Esto, señorías, no le importa a nadie. Esto que estamos hablando hoy aquí no le importa a nadie, a nadie, se lo puedo asegurar. La gente sigue sin poder alquilar una vivienda digna, comprar ya ni hablemos, y el 40 % de los trabajadores con contrato no llegan a final de mes, son pobres. Sí que es cierto que en este país trabaja más gente que nunca, pero el 40 % no llega a final de mes, y esto que estamos hoy hablando aquí, por muy indigno que sea, no le importa a nadie.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, hoy la buena noticia es que, tras cinco años de bloqueo, el Partido Popular va a liberar de su secuestro a un Consejo General del Poder Judicial deslegitimado e inoperante; y la mala noticia es que en España desde los tribunales se practica la guerra jurídica contra cualquiera que sea considerado enemigo por las derechas. Y esto es lo que hoy discutimos: hay seis sindicalistas de La Suiza condenados a tres años y medio de cárcel (aplausos) y seis jóvenes antifascistas de Zaragoza condenados a casi cinco años, en ambos casos por manifestarse. Y el fascista Miguel Frontera ha sido absuelto tras acosar y coaccionar en la puerta de su casa durante un año a una familia con tres menores. A la vez, se reabre la causa contra Mónica Oltra porque algo tendrá que haber, a pesar de que en dos años de investigación no se ha encontrado ni un solo delito. (Aplausos). Y hoy conocemos la solución de una clara agresión homófoba el Día del Orgullo del año 2019. En ningún país democrático es aceptable que el Tribunal Supremo se niegue a acatar una ley. El Supremo sabe que la ley de amnistía es clara y acorde con la legislación europea y con la Constitución, y si no, que presente una cuestión de aclaración al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia Europeo, cosa que no hace. (Aplausos). Esos excesos son el resultado de la intervención política de ese Consejo, que perdió toda credibilidad hace más de cinco años y que ha actuado al servicio político de la derecha durante más de diez años. Y cuando la campaña de acoso contra el Gobierno y la democracia lo requieren, nos encontramos con algún movimiento de ese partido que no se presenta a las elecciones, pero que aspira a gobernar siempre: el partido de las togas. Nada es más importante que acabar con la politización y el control de la justicia por la derecha, o acabará preso cualquiera que les moleste. (Aplausos). Impidamos que sectores minoritarios de la justicia, muy ideologizados y bien situados, utilicen el Poder Judicial como si fuera su chiringuito. Nos sobran los relatos, señorías; necesitamos medidas concretas y eficaces. Esta situación también ha provocado una mala imagen y el deficiente funcionamiento del servicio público de justicia, sufrido, a diario, por la ciudadanía de este país. Las medidas para democratizar y modernizar la justicia tenían que haberse adoptado hace muchos años, pero el bipartidismo nunca lo hizo. Y la derecha lo ha aprovechado, secuestrando el Consejo cada vez que no podía controlar su renovación: lo hizo Aznar entre 1995 y 1996, Rajoy entre 2006 y 2008 y Casado y Feijóo desde 2018 hasta hoy. Durante veintidós de los últimos veintisiete años, el Partido Popular ha dominado el mecanismo que decide presidencias y composición de los altos tribunales. Así, ha desatado la guerra jurídica contra sus adversarios para destrozarlos, a la vez que protege a las clases dominantes a través de una justicia de trato diferenciado. Señoras y señores del Partido Popular, mientras dicen que van a acatar su obligación constitucional de renovar el Consejo, organizan una campaña contra el Tribunal Constitucional. Abandonen sus exigencias de que los jueces elijan a los jueces. Es tan antidemocrático como que los diputados eligieran el siguiente Congreso o que las ministras eligieran el siguiente Gobierno. Nunca vamos a aceptar que uno de los tres poderes del Estado sea elegido por 5400 personas, es decir, los jueces, el 0,01 % de la población. (Aplausos). Deberían pedir perdón por el inmenso daño causado, pues han provocado el desprestigio internacional de España, poniéndonos a la altura de gobiernos autoritarios y ultraderechistas como el de Hungría o como el de Polonia. Además, y es lo peor, han dañado el servicio público de justicia; han afectado a sus trabajadores, a los operadores jurídicos y a los usuarios, en especial a los sectores sociales más desfavorecidos, que esperan años a que se resuelvan demandas por despido, reclamaciones de salarios o cobros de pensiones alimenticias. Son millones las personas que necesitan en España que la justicia les dé seguridad y confianza, no problemas. SUMAR no va a perder la oportunidad de elegir un nuevo Consejo General del Poder Judicial que recupere la legitimidad democrática y ética de este país; una legitimidad que emana únicamente de este Congreso, porque solo aquí reside la soberanía derivada del voto popular. Este grupo parlamentario ha conocido el texto de esta proposición de ley cuando ha sido registrada por el Partido Popular y por el Partido Socialista. Está bien que el Partido Popular vuelva a aceptar medidas que en el año 2022 aceptaba a propuesta del Gobierno de coalición, como la regulación del tránsito de la actividad política y la justicia y viceversa o medidas para corregir la arbitrariedad con la que ha operado este Consejo. Esos pasos son positivos, pero reiteramos —‌ya lo dijimos— que el diablo está en los detalles. La proposición de ley registrada por el Partido Socialista y el Partido Popular tiene imprecisiones, vacíos y diez deficiencias en la aplicación de criterios objetivos para ascensos y composición de tribunales, lo que puede frustrar la urgente regeneración de la justicia. También, incluye mandatos al Consejo para los que este órgano no tiene competencias. Corregir estas deficiencias es imposible si PSOE y Partido Popular mantienen ese pacto para rechazar enmiendas. No apoyaremos nunca que el vocal del Consejo General del Poder Judicial, ilegítimo, el que más responsabilidad ha tenido en la politización del órgano y en la guerra jurídica desatada contra el Estado de derecho, se convierta en magistrado del Tribunal Constitucional. Es una provocación y una abierta contradicción con lo que están planteando en esta proposición de ley. (Aplausos).

La renovación del Consejo es inaplazable, pero es más importante abordar profundas medidas para garantizar que la justicia emane del pueblo, medidas de regeneración democrática que todo el pacto de investidura tiene que hacer suyas para que no desaparezca la democracia. Medidas como actualizar el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal; evitar el frecuente secuestro del Consejo, algo habitual con el Partido Popular; reformar las competencias del Consejo ajustándolas a la plurinacionalidad del Estado y al mandato constitucional; mejorar el servicio público de justicia, y acabar con la guerra jurídica, con la utilización política de la justicia, trasladando la investigación penal a la fiscalía, habilitando la vía de reclamación de responsabilidad civil a los jueces ―como a cualquier profesional de este país― y reparando públicamente el prestigio y el buen nombre de las personas afectadas por esas habituales investigaciones que solo generan titulares, pero nunca llegan ni a juicio ni a condena. (Aplausos).

No vamos a permitir que se frustre la renovación imprescindible del Consejo General del Poder Judicial, pero tampoco daremos un voto favorable a una PL con importantes deficiencias que pueden ser fácilmente corregidas.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidente. Hoy nos encontramos en la antesala de la rendición del Poder Judicial en España ante el gobernante más totalitario de nuestra historia. (Rumores). ¿Es este un acuerdo bueno para el Partido Popular? Sí, aunque lo que han hecho no ha sido exponer, más bien ha sido excusarse. ¿Es un acuerdo bueno para el Partido Socialista? Sí. ¿Es un acuerdo bueno para la justicia? Evidentemente, no. En contra de lo que vende el Partido Popular como un logro —‌aunque ni veinticuatro horas tardase el Partido Socialista en salir a reírse de este mismo acuerdo diciendo que no era vinculante—, aquí no hay ninguna despolitización del Poder Judicial; con lo cual, les agradeceríamos a los dos que dejasen de tomarle el pelo a la gente. (Aplausos). El Partido Popular no ha doblegado nada ni el Partido Socialista se ha avenido a razones, que lo que hace con los jueces es publicar su DNI. Señorías, aquí lo que ha habido ha sido un reparto de los jueces del Consejo General del Poder Judicial (aplausos), diez para el Partido Socialista y diez para el Partido Popular. Ustedes han pactado nombres, y así se suscribe la premisa de que la justicia te tratará de una manera o de otra, en función del carné del partido político que lleves, y de eso es de lo que va el debate hoy. Eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, con las sentencias de los ERE fraudulentos en Andalucía. El Partido Socialista se permite el lujo, con todo el descaro, de ordenar al Tribunal Constitucional que anule las sentencias a sus compañeros socialistas condenados por haber llevado a cabo el mayor fraude de la historia de Europa (aplausos), para decirnos que los 680 millones de euros defraudados a todos los parados andaluces fue una ensoñación y no existió nunca (muestra un recorte de prensa), para decirnos que la señora Magdalena Álvarez y los señores Griñán, Chaves, Viera y Zarrías —‌señora Montero, atienda, que usted estaba en la Junta de Andalucía— eran hermanitas de la Cruz (aplausos), porque encima les van a indemnizar —¿y quién indemniza los parados andaluces?—, y que las sentencias condenatorias son un ataque orquestado de la ultraderecha. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿Por qué hace esto el Partido Socialista? Porque el PSOE necesita blanquear su pasado criminal para hacer lo propio con su corrupción actual, sí, sí, e invalidar de entrada todo lo que vamos a empezar a conocer de la trama de las mascarillas, del hermano de Sánchez y de su mujer (aplausos), y así no solamente tener a violadores en las calles, sino también a todos aquellos que se gastaban el dinero de los parados andaluces en cocaína y en prostíbulos. (Aplausos).

Con esto se ha sentado el Partido Popular a negociar los jueces. El Partido Socialista señala a los jueces con nombre y apellido, igual que ha hecho Junts, razón por la cual ustedes han protestado tan fervorosamente, con toda la razón del mundo; el PSOE hace lo mismo, y ustedes se han sentado con ellos. Podríamos pensar que ustedes han caído en la trampa de Sánchez, pero, claro, también se nos vienen a la mente aquellas declaraciones de la que fuera juez en el caso de los cursos de formación (muestra otro recorte de prensa), que dijo literalmente que el Partido Socialista y el Partido Popular la habían apartado para que no siguiese investigando; el PP y el PSOE. Y ahora se están anulando esas condenas por orden del Partido Socialista. ¿Por qué? Porque tienen a los suyos en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque se los repartieron con el Partido Popular. (Aplausos). Por tanto, eso que dicen ustedes de que han evitado entregar el Tribunal Supremo al Partido Socialista es una burla, porque no lo necesitan. ¿Y por qué no lo necesitan? Porque están utilizando al Constitucional para suplantarlo. ¿Por qué? Porque se repartieron sus miembros también con el Partido Popular. Y esta es la consecuencia de que los partidos políticos metan sus manos en las instituciones y coloquen a los suyos. La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial hace tres años para limitar las funciones del Consejo fue otro claro ejemplo de ello. ¿Cómo podría despolitizarse la justicia en España? VOX trajo dos veces una iniciativa legislativa para volver al sistema anterior a 1985: que los jueces eligiesen a los jueces, con sujeción exclusiva a la Constitución y las leyes. Y de ahí viene la legitimación democrática de los jueces, no de ninguna sujeción a ningún sufragio popular. De manera que tenemos un PSOE que dijo que no concedería indultos y los concedió, que no habría amnistía, que no pactaría con separatistas, que no pactaría con Bildu, que está señalando e insultando todos los días a los jueces y a la prensa libre, pero al Partido Popular le ha parecido poco y han decidido sentarse con ellos a repartirse los jueces, nada más y nada menos. (Aplausos).

Lo crucial del Partido Popular no es que traicione a los españoles, a los que sacan a la calle a protestar contra el Gobierno, mientras que a sus espaldas se dedicaban a negociar con él, en lo que ha terminado siendo, según ustedes, el inicio de una amistad. Lo peor es que el Partido Popular ya constituye la otra pata de un sistema que opera contra la igualdad de los españoles y de reparto de las cuotas de poder, donde el PSOE miente más descaradamente y el Partido Popular se camufla jugando al despiste. El día de mañana no podrán esgrimir que ustedes han sido víctimas de nada porque, a diferencia de sus votantes, que no confían en Sánchez, ustedes han decidido participar deliberadamente de este reparto en las cuotas de poder de la justicia.

Y la situación es aún más grave por el hecho de que el acuerdo entre este Partido Popular y el PSOE haya tenido que ser tutelado por la Comisión Europea, como si España fuera un Estado fallido. Vergüenza les debería dar someterse al tutelaje de un tercero. (Aplausos). Señorías del Partido Popular, cuando más débil estaba el Gobierno de Sánchez, cercado por la corrupción, luchando por sobrevivir cada siete días a base de decretos cuya aprobación depende de sus socios separatistas, ustedes han salido al rescate para facilitarles el acuerdo más importante al que podía llegar el Gobierno. ¿Cómo vamos a denunciar ante Europa que estamos en manos de una autócrata, que se está agrediendo el Estado de derecho, que se está atacando a los jueces y a la prensa libre si le legitiman en Bruselas pactando con el Partido Socialista y en España repartiéndose los jueces? (Aplausos). ¿Cómo lo vamos a hacer? Partido Socialista y Partido Popular han normalizado que se hable de jueces progresistas y jueces conservadores, y, cuando la justicia lleva apellidos, deja de ser justicia.

Señorías del Partido Popular, cuando el Partido Socialista vuelva a reírse de ustedes —‌que lo harán— y cuando vuelvan a reírse de todos los españoles —t‌ambién gracias a ustedes, porque lo harán—, entonces ya no tendrán ninguna excusa, porque han decidido conscientemente ligar el futuro de la justicia en España a la palabra de un mentiroso y que, además, ni siquiera está, porque encima es un cobarde.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).