Presidencia. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días y muchas gracias, señorías, por esta invitación a comparecer para hacer balance sobre las políticas y actuaciones llevadas a cabo en el Ministerio para la Transición Ecológica desde junio de 2018, un periodo en el que el compromiso del Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha estado con las personas, de qué manera impulsar una respuesta sólida a los desafíos ambientales y energéticos que enfrentamos, a los desequilibrios existentes entre la población urbana y rural buscando generar oportunidades, reducir desigualdad y modernizar nuestro tejido productivo. Lo cierto es que en 2018 encontramos, yo diría, una fotografía en blanco y negro. El Gobierno anterior había renunciado a tomarse en serio la lucha contra el cambio climático, había apostado por modelos energéticos del pasado, caros, sucios e ineficientes, y había ignorado una cuestión tan importante, que sí tenía identificada, como la lucha contra la despoblación. Y el resultado es que en 2018 las medidas económicas y sociales nunca integraban políticas ambientales, generando, por tanto, un marco incoherente; la política hídrica era una política ajena a la existencia del cambio climático y sus efectos, obligada a soportar condenas de los tribunales, incertidumbre con respecto a la disponibilidad de agua o aguantando contaminación en acuíferos y violentando la normativa de la Unión Europea o incluso la legalidad nacional; ámbitos clave como la lucha contra la deforestación, la erosión del suelo o la protección de la biodiversidad se abordaban de manera anecdótica y no de forma sistemática cuando nuestro país no solamente es rico en biodiversidad, sino que es extraordinariamente vulnerable, y sectores tan importantes como el sector primario, que aporta una muy buena parte al producto interior bruto, dependen enormemente de las buenas condiciones de los ecosistemas y del suelo. En energía se forzaba la permanencia del carbón, se frenaban las renovables, se abandonaba a la gente que dependía de lo uno o de lo otro, y heredamos un terrible legado de desconfianza y litigiosidad que aún hoy sigue vigente. Tribunales y cortes de arbitraje nos condenaban, la inversión se retraía y teníamos un enorme retraso en la trasposición de las directivas y ni una sola línea escrita del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que debíamos entregar en el mismo 2018. No existía acompañamiento alguno en favor de quienes resultaban afectados por la proximidad del cierre obligatorio del carbón y se había abandonado a las comarcas dependientes de la central nuclear de Garoña. Desde el primer momento —decía antes—, la agenda y el compromiso de este Gobierno han sido claros: una transición ecológica al servicio de las personas que modernizara el tejido productivo y que redujera la desigualdad gestionando de manera anticipada riesgos y favoreciendo la aparición de oportunidades. Quiero decirles que gracias a ello la economía española ha respondido mejor a las crisis que otras economías europeas y ha estado en condiciones de absorber volúmenes de inversión sin precedentes, liderando el crecimiento económico entre las principales economías europeas, creando cuatro de cada diez empleos en Europa, superando el récord de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, sacando de la situación de desempleo a más de un millón de personas desde que llegamos al Gobierno, registrando la menor cifra de parados desde hace dieciséis años, reduciendo el déficit público al 3,6 % el año pasado y con una previsión de quedar por debajo del 3 % en este año, datos que solamente son posibles si la economía y las bases que la sustentan están funcionando. Lo hemos hecho sobre la base del conocimiento científico, del consenso, de la confianza y del compromiso social. Hemos querido desarrollar un conjunto de políticas que intentaré resumir para todos ustedes, agradeciéndoles la enorme oportunidad de hacerlo. Empecemos por la agenda climática que hemos querido construir como garantía para nuestros ecosistemas, pero sobre todo para las personas, para el conjunto de la economía hoy y mañana. Por tanto, un pacto entre generaciones para que nuestros jóvenes no sientan la amenaza de un futuro peor del que hemos vivido sus padres. Contar con un buen plan requiere partir de la realidad y del mejor conocimiento, cuáles son los escenarios climáticos en que nos manejamos, de qué manera los avances técnicos nos permiten reforzar nuestra respuesta y generar oportunidades, cómo nuestras ciudades, nuestras infraestructuras, pero también nuestras instituciones pueden identificar y gestionar correctamente los riesgos, y eso requiere participación y transparencia, atendiendo de forma muy especial a las comunidades y personas vulnerables, es decir, agenda verde y agenda social combinadas para una mejor agenda económica. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó en las Cortes Generales en 2021, nos ofrece un marco institucional adecuado para orientar y coordinar con éxito el proceso de construcción de un modelo de prosperidad estable, duradero, neutro en carbono y adaptado; nos permite desplegar el marco estratégico de energía y clima en el que hemos venido trabajando desde entonces. Contamos con objetivos ambiciosos y realistas en descarbonización, pero necesitamos también invertir en adaptación para evitar algo que la Agencia Europea de Medio Ambiente o el Postdam Institute for Climate señalan como una de las principales amenazas para Europa, y es la pérdida de PIB, un impacto terrible desde el punto de vista social y económico en el supuesto de que Europa no se prepare para lo que está aconteciendo ya. Y, en particular, en España, donde las estimaciones muestran que podría llegar a haber hasta un 18 % de pérdidas del PIB de aquí a 2050 si no actuamos a tiempo. Hemos actualizado nuestro plan nacional de adaptación. Hemos introducido orientaciones claras en sectores absolutamente claves, como son el agua o la salud. Piensen, por ejemplo, en el Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente o en la creación del Observatorio de Salud y Cambio Climático, que permite reforzar el trabajo conjunto liderado por los ministerios de Sanidad, de Ciencia, Innovación y Universidades y de Transición Ecológica. Lo hemos hecho aprendiendo de los ciudadanos, de los docentes en la Asamblea Ciudadana para el Clima, de los académicos e investigadores, fortaleciendo los programas y dotaciones presupuestarias, para asegurar que somos un país con conciencia y tomamos decisiones sobre la base del mejor conocimiento disponible; de los jóvenes, que muestran su profunda preocupación por su futuro; de la industria, que apuesta decididamente por la Agenda Verde como motor de modernización y reniega de ese planteamiento ideológico e ideologizado que pretende dejar atrás la Agenda Verde, o del sector primario, que sabe de la importancia de estas políticas para poder seguir generando su actividad no solamente en la generación actual, sino también en las generaciones futuras. Queremos seguir aplicando fórmulas novedosas que nos permitan avanzar en este diálogo entre administraciones, obviamente, pero también con el tejido productivo y con la sociedad civil. Porque, al contrario de quienes niegan el cambio climático o prefieren ignorar sine die su existencia, la sociedad española demanda a su Gobierno mayor ambición; mayor ambición para afrontar los desafíos; mayor ambición para hacerlo con justicia social. Nada más tomar posesión, este Gobierno se puso manos a la obra. En poco más de un año, conseguimos aprobar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que mereció las mejores calificaciones en el entorno europeo. Como ahora, con la revisión que estamos llevando a cabo, ha merecido su borrador, no solo por el enfoque estratégico, también por su consideración con respecto a las oportunidades o los impactos socioeconómicos que las políticas climáticas podían implicar. Ha sido la piedra angular de esta transformación. En realidad, en poco más de seis años hemos dado un giro estratégico de 180 grados al sector energético. Decía antes que veníamos del estancamiento en el desarrollo de las renovables, del desincentivo insólito al autoconsumo por parte de los consumidores y de una significativa pérdida de confianza inversora en el sector energético. Veníamos de ser unos apestados, con una herencia de más de 10 600 millones de euros en litigios y procesos de arbitraje internacional, que todavía continúan, y una pérdida de empleos y de cierres industriales que algunos cifran en 80 000 puestos de trabajo en poco más de siete años como consecuencia del cierre industrial y de la práctica desincentivación del despliegue renovable. Del estancamiento en la instalación de energías renovables equivalente a 0 megavatios entre los años 2012 y 2018, hemos pasado a convertir nuestro país en un destino preferente en materia renovable. Porque España no quería entonces y no quiere ahora perder el tren de la nueva revolución industrial vinculada a la Agenda Verde. Porque la tarea del Gobierno desde junio de 2018 ha sido detectar las carencias de la regulación en las políticas que impedían que pudiéramos desplegar nuestro potencial, obviamente, sin dejar de defender los intereses de España, mientras diseñábamos un nuevo marco estratégico destinado a conseguir un despliegue de renovables acelerado, pero ordenado y garantista con el medio ambiente y las personas, una mayor electrificación de la economía, el incremento de la eficiencia energética y garantías de protección social tanto para los consumidores domésticos industriales como, obviamente, para los trabajadores. Todo ello, con la finalidad de hacer de la transición energética una fuente de oportunidad. Empezamos con un gran desafío, el cierre del carbón, un cierre que ha ido unido a un esfuerzo para generar oportunidades en los territorios, con medidas a favor de los trabajadores para garantizar una transición justa. Hemos trabajado en las quince zonas afectadas por este cierre. Se han adjudicado más de 900 millones de euros para la puesta en marcha de 602 nuevos proyectos que cubren y sobrepasan la estimación de trabajadores activos en este ámbito, directos e indirectos, en el año 2018 con respecto a la previsión actual. Han recibido financiación 279 proyectos empresariales, 226 proyectos de mejoras de infraestructuras municipales, 87 de innovación energética y 10 de restauración ambiental de zonas mineras, incluyendo algunos proyectos en el ámbito energético vinculados a las energías del presente y del futuro o a los bienes de equipo, que permiten que esto sea realidad gracias al esfuerzo conjunto de administraciones, sindicatos y de las propias empresas. El Gobierno de España cumple, y confío que aquellas comunidades autónomas que han recibido dotaciones específicas de ese Fondo de Transición Justa que este Gobierno ha venido defendiendo dediquen los recursos de una vez a aquello a lo que estaban destinados. Es un acuerdo justo con más de 2500 trabajadores que actualmente cuentan con servicios de formación, recualificación, asesoramiento profesional y bolsas de trabajo. Es justo con el territorio y con las personas y, obviamente, queda mucho por hacer, pero el panorama, afortunadamente, no tiene nada que ver con el que hubieran encontrado si en junio de 2018 este Gobierno no se hubiera hecho cargo de esta agenda. Una transformación energética y económica de estas características requiere que este Gobierno se dedique, como ha hecho siempre, a políticas de la mano y al lado de los trabajadores y de los territorios. Otra de las primeras medidas de impacto de 2018 fue precisamente dar estabilidad y coherencia al despliegue fotovoltaico, incluido el autoconsumo, y los resultados son contundentes: si en 2018 había apenas 480 megavatios de autoconsumo, hoy tenemos más de 7000. Si en 2018 no se veían paneles en nuestros tejados, hoy la potencia instalada equivale a la totalidad de la potencia nuclear instalada. Son miles de hogares españoles y miles de industrias. La industria, señores, ha sido la principal beneficiada por el autoconsumo, es la principal receptora de tejados solares sobre sus fábricas e instalaciones. De hecho, el 73 % de ese autoconsumo está ubicado en instalaciones industriales, reduciendo sus costes energéticos. Las energías renovables y la transición energética han demostrado ser un elemento tractor fundamental de nuestra economía no solamente en el ámbito energético, también en la reindustrialización. Son la mejor ventaja competitiva que tiene nuestro país y que nos posiciona como un polo atractivo para la inversión industrial, nuevos desarrollos, modernización de los tradicionales e incluso nuevos sectores como el digital. Un marco adecuado, capacidades logísticas, empresariales y laborales explican por qué somos el séptimo país con mayor atractivo inversor en energías renovables a nivel mundial; el mayor receptor global de proyectos greenfield en el sector de energías renovables en el año 2023; el tercer país que más proyectos recibió que implican la realización de actividades de I+D en el ámbito energético. Es decir, son buenas noticias; buenas noticias que en 2018 hubiéramos creído imposibles, cosas de las que alegrarnos, elementos para sentirnos orgullosos de nuestro país, elementos para defender la bandera nacional más allá de nuestras fronteras. (Aplausos). Lo hacemos también en tecnologías como el hidrógeno o el almacenamiento. Sabemos que la industria solar fotovoltaica, que la industria eólica están viviendo los vaivenes, la volatilidad de una demanda importantísima a escala global, y queremos que siga siendo industria europea. Pero, insisto, no queremos perder el tren tampoco en los nuevos desarrollos. Un desafío que, para Red Eléctrica, significa una apuesta muy importante en muy poco tiempo para hacer bien las cosas. Y, de hecho, en el periodo 2021/2026, la planificación de nuestras redes suma más de 7400 millones de euros, es decir, un 63 % más de inversión que la planificación anterior. Y a ello hemos querido sumar una partida específica del plan de recuperación para poder dedicar, a través de modificaciones puntuales de la planificación, más de 320 millones de euros a sesenta y cuatro actuaciones que faciliten la ejecución de proyectos estratégicos para la descarbonización industrial, la producción de hidrógeno, la integración de renovables o el apoyo a la cadena de valor vinculada a la transición verde. Es una revolución importantísima que estamos viviendo ya. Y a ella hemos querido dedicar parte de nuestra agenda, incluyendo visibilidad con respecto al despliegue de estas redes en el horizonte 2030, para estar seguros de que los proyectos que puedan tener interés en ser desplegados en nuestro país cuentan con referencias claras con respecto a la capacidad de evacuación o de conexión a la red. Queda mucho por hacer, pero, ciertamente, los resultados de la política energética diseñada e implementada hablan por sí solos. Hoy, España es la principal potencia económica de la Unión Europea que ha sido capaz de superar más del 50 % de generación eléctrica de origen renovable. En lo que llevamos de año, esta cifra aumenta hasta el 60 %; el 60 % de nuestra electricidad procede de fuentes renovables. Nuestros objetivos para los años 2030 y 2040 siguen siendo ambiciosos. Los datos son nítidos: mientras en 2018 teníamos 4,7 gigavatios de fotovoltaica instalada, hoy tenemos casi 30; mientras en 2018 teníamos 23 gigavatios de eólica, hoy tenemos 32; donde no había una sola batería, hoy el almacenamiento en servicio más las instalaciones que tienen ya permiso de acceso y conexión alcanzarían los 22 gigavatios indicados en el borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Es fundamental hacer todo esto con seguridad de suministro para todos y precios asequibles para todos, pero también es una magnífica oportunidad industrial para nuestro país. Mientras llevamos a cabo esta transformación sin precedentes, hemos tenido que hacer frente a la mayor crisis energética en décadas. El uso del gas natural como arma de guerra por parte de Putin produjo un aumento sin precedentes en los precios de las materias primas, como todos ustedes saben, aunque algunos parezcan despistarse al respecto, y un impacto directo en la factura de millones de hogares y en los costes energéticos de los consumidores industriales. Quiero recordar que todo ello tuvo una respuesta contundente, pero rápida, por parte de este Gobierno. Fuimos el primer país europeo en reclamar una acción concertada por parte de los Veintisiete, tanto en compra de gas como en adopción de medidas firmes en el límite al precio de compra de gas, las sanciones a Rusia o la intervención en el mercado para evitar ganancias extraordinarias enormemente desproporcionadas a los intermediarios o a los productores de electricidad. Propusimos medidas para facilitar una regulación adecuada en el mercado eléctrico, una solución que permitiera la protección de los consumidores en la península ibérica, que ha ahorrado a los consumidores españoles —m e van a permitir que me pare un poco para volver a recordarlo, porque hay a quien le sienta mal que se lo recuerde— más de 5000 millones de euros (aplausos), con una reducción media en los ocho meses en los que se aplicó la solución ibérica del 17 % de su factura. Pero también fuimos los primeros en reclamar una reforma en profundidad de la regulación del mercado eléctrico para hacer frente tanto a periodos de crisis como el que hemos vivido, como para adaptarnos a un futuro cercano con alta penetración renovable. Es una reforma que ha sido adoptada durante la Presidencia española de la Unión Europea. Seguro que quedan muchas cosas por hacer, pero es importante lo que se ha hecho. Hemos trabajado en todo momento para mejorar la protección de los consumidores vulnerables, esos a los que algunos dicen defender, pero que luego se les olvidan cuando hay que convalidar decretos leyes. En breve tendrán una nueva oportunidad para dejar claro con quién están, si con los consumidores españoles o en contra de todo, incluido el Gobierno. Unas medidas que incluyen rebaja en la fiscalidad de la factura eléctrica, reducción de costes regulados, aumento de la cobertura del bono social eléctrico y térmico, limitación a la subida del precio del gas natural en la tarifa regulada, limitación del precio de la bombona de butano, compensación de los costes de CO2 para consumidores industriales, etcétera. Como decía, ayer mismo aprobamos la actualización de este paquete, que ha supuesto un enorme esfuerzo presupuestario y regulatorio. Así que alégrense de las cosas que funcionan y alégrense también de tener un gobierno capaz de proteger a quien lo necesita cuando se necesita, y la alegría manifiéstenla en votos. (Aplausos). Porque son medidas que han tenido un impacto directo en nuestras facturas, pero también han tenido un impacto indirecto importantísimo en la contención de la inflación. En España, la inflación se ha contenido mucho más rápidamente y por debajo de los niveles más bajos de la zona euro. Así que, sí, ha sido una decisión acertada a lo largo de todos estos meses. La política energética requería abordar las deficiencias en la regulación para llevar a cabo la transición energética, pero siempre siempre con compromiso social y siempre siempre pensando en la capacidad industrial de nuestro país para poder seguir siendo competitivos y contar con un marco modernizador. En este campo nos quedan muchas cosas por hacer, como el despliegue de la eólica marina, culminar el almacenamiento, pensar en posibles desarrollos de fotovoltaica flotante o el hidrógeno renovable, y una parte de todo esto depende no solamente del desarrollo de las baterías o de centros aislados de almacenamiento, sino también de la disponibilidad de un recurso fundamental como es el agua y la regulación de los bombeos y el almacenamiento a través de los saltos hidroeléctricos. En un país como el nuestro, sin duda, el agua es uno de los factores más preocupantes vinculados a los efectos del cambio climático. Desde el año 1980, el agua disponible se ha reducido en un 12 % y las proyecciones indican que los efectos del cambio climático en los recursos hídricos pueden suponer reducciones de las aportaciones entre el 11 y el 14 % adicional para el periodo 2040-2070, y hasta el 40 % en el sureste de la Península. Así que menos demagogia, menos populismo y más anticipación, más seriedad y más colaboración entre administraciones. (Aplausos). Mi compromiso con la seguridad hídrica es total, como lo es también, como decía antes, mi rechazo al populismo hídrico, que algunos todavía añoran. En estos años, y por primera vez en España, hemos aprobado una nueva planificación que incorpora de manera coherente y transversal los escenarios de cambio climático y que fija caudales ecológicos en todas las cuencas, incluida la del Tajo. Lo hacemos con convicción, porque creemos que es la manera más segura y garantista de gestionar las cosas y de calcular bien los recursos disponibles, pero también porque creemos que cumplir con la legalidad vigente en Europa y en España es fundamental, pues no pueden seguir consintiéndose situaciones de ilegalidad ni mirar para otro lado ante las condenas de los tribunales a nuestro país. El abastecimiento de agua en todos nuestros hogares y la predictibilidad sobre su disponibilidad para usos económicos es garantía para todos, pero por encima de todos, sobre todo, para los agricultores. Su consumo debe ser cada vez más eficiente y adaptado a la disponibilidad, es obvio, pero también tenemos que prepararnos para gestionar situaciones, por exceso o por perfecto del agua, por sequías prolongadas o por terribles inundaciones con una recurrencia mayor de la habitual, que exigen lo mejor de nosotros mismos. A la vista está que ya no hay una normalidad promedio, sino una necesidad de planificar la gestión hidrológica integrando escenarios de cambio climático y complementarlos con planes de sequía y prevención de riesgo de inundaciones. A esto hemos dedicado los planes hidrológicos de tercer ciclo, que tienen una visión integral del agua, que han sido trabajados durante más de dos años para que los aspectos cuantitativos, cualitativos, la gestión de aguas superficiales y subterráneas respondan a la realidad de nuestro país. Y hemos aprobado el Plan de Acción de Aguas Subterráneas, que moviliza 500 millones de euros, para mejorar conocimiento, gestión y gobernanza de las aguas subterráneas, reduciendo la extracción en más de 40 hectómetros cúbicos al año. El incremento del volumen de agua disponible requiere maximizar ahorro y eficiencia y, por ello, reducir pérdidas en redes y monitorizar en tiempo real a través de medidas que, en muchos casos, contarán con la implicación no solamente de otras administraciones, sino también de actores privados, gracias al PERTE de digitalización del ciclo del agua, con una inversión de más de 3000 millones de euros hasta el año 2026. A ello se suma el esfuerzo para incrementar la disponibilidad de recursos gracias a la ampliación como nunca de la capacidad de las plantas desaladoras; un esfuerzo que nos ha permitido alcanzar una capacidad de desalación de 500 hectómetros cúbicos al año y que se prevé ampliar en más del 20 % antes de finales de 2027. No son las nucleares del mar, son una seguridad imprescindible, sobre todo para el sureste de la península Ibérica. El impulso de la capacidad de reutilización en España —que prevemos duplicar antes de final de 2027, alcanzando los 800 hectómetros cúbicos al año— nos da de nuevo una mayor seguridad. La mejora de la infraestructura de interconexión dentro de cada cuenca, facilitando la gestión del recurso y evitando pérdidas en su transporte —por ejemplo, en la cuenca del Segura—, nos permite —a través de canalizaciones, de conexiones, de la integración de energías renovables para reducir los costes energéticos asociados al agua desalada y la depuración en el transporte— que puedan estar accesibles para todos a precios razonables y en todas las demarcaciones. Un país como España no puede descuidar el saneamiento y depuración. Son obligaciones incumplidas por las que hemos sido sancionados. En 2018, 547 aglomeraciones urbanas se encontraban en situación de incumplimiento y España tenía cinco procedimientos de infracción abiertos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos condenó con una multa coercitiva de 12 millones de euros, más 10,95 millones al semestre por retraso, por el incumplimiento en nueve aglomeraciones urbanas que vertían sus aguas sin depurar. Desde 2019, la Comisión acredita el cumplimiento de obligaciones en cinco de las nueve y, obviamente, tenemos que seguir trabajando. Más allá de que se trate de competencias locales, en las que se espera una implicación autonómica, hemos querido, a través del Plan DSEAR para la depuración de las aguas, el saneamiento, la eficiencia, el ahorro y la reutilización, apoyar a las entidades con competencias en la materia. Respetar las normas y a los tribunales es siempre importante, y esto significa cerrar pozos ilegales, velar por la correcta gestión y ejecutar las sentencias del Supremo. Lo hemos hecho también —lo decía antes— con respecto a los caudales ecológicos del Tajo. El número de personas que dependen del buen estado de las aguas del Tajo es muy importante, incluido, por cierto, quienes reciben agua a través del trasvase Tajo-Segura. Ejecutar las sentencias condenatorias es capital, pero hemos querido hacerlo de forma paulatina, asegurando que, gracias a la implantación gradual de caudales ecológicos, las inversiones en recursos no convencionales en las cuencas receptoras puedan contar con el tiempo necesario para asegurar la disponibilidad del recurso en todas partes. Mientras tanto, nos hemos comprometido con los regantes para asegurar precios asumibles del agua desalada y evitar un impacto desproporcionado en el precio del agua. Mientras tanto, trabajamos con seriedad, y así ha sido entendido y respaldado, mal que les pese a algunos, por parte del Tribunal Supremo, que ha respaldado expresamente el Plan Hidrológico del Tajo y el procedimiento que allí se recoge para la fijación de los caudales ecológicos. El nuevo ciclo de planificación hidrológica incluye más de 6500 medidas y una dotación de más de 22 844 millones de euros entre 2022 y 2027. En 2023 ya hemos invertido más de 720 millones de euros, lo que representa duplicar la inversión que se hacía en el año 2018. La sequía es uno de los grandes males de nuestro país; por tanto, importa actuar en lo estructural, pero también estar preparados para medidas extraordinarias, como hemos hecho en 2022 y 2023, con una dotación extraordinaria de más de 1000 millones de euros para paliar la escasez aguda en algunas de las cuencas más afectadas, sobre todo en el Mediterráneo, eximiendo del canon y con medidas para reducir costes de la desalación, obras de emergencia o compensación para los agricultores. Hemos querido llegar a acuerdos con las administraciones afectadas para facilitar el acceso y la rápida activación de nuevas inversiones; nuevas inversiones en desalación, que, como decía antes, son capitales para poder disponer de esa mayor seguridad hídrica en los años venideros. Gestionar el agua de manera racional, anticipatoria, buscando la seguridad y hacerlo de forma coherente con la necesidad de proteger y restaurar nuestros ecosistemas es imprescindible. Ecosistemas fluviales. El agua es también un bien ambiental y los ríos no son tuberías. Sabemos que la restauración de riberas y humedales, de enclaves emblemáticos dependientes de la buena gestión del recurso hídrico, es fundamental. Esta restauración de la naturaleza es en beneficio de todos, en particular de los agricultores, y tiene uno de los referentes más importantes en las actuaciones que hemos iniciado en el entorno de Doñana y del Mar Menor. Contemplar la gestión hídrica como uno de los componentes para el cuidado y protección de los ecosistemas es fundamental. Los planes de actuación puestos en marcha combinan medidas para la gestión de los recursos ambientales con otras que nos permitan un acompañamiento socioeconómico de la población local, restableciendo equilibrios en ecosistemas delicados que nos permiten garantizar la regulación ecológica y la protección de la biodiversidad que atesora nuestro país. Porque, si en algo se ha producido un salto cualitativo importante en estos años ha sido precisamente en la biodiversidad, en la lucha contra la desertificación y la erosión del suelo. España no solamente ha impulsado la restauración y protección de nuestra biodiversidad, y permítanme de nuevo que nos felicitemos como país por algo tan importante como ha sido que el lince ibérico haya salido de la Lista Roja de especies en peligro de extinción. (Aplausos). Hemos querido destacar la importancia de la biodiversidad en el ámbito internacional como impulsores de procesos que deben permitirnos revertir la crisis severa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Hemos contribuido activamente al acuerdo alcanzado para un nuevo marco mundial de diversidad biológica y la fijación de un objetivo del 30 % de espacio protegido para el año 2030. En el ámbito europeo, hemos defendido —sí, claro que la hemos defendido, porque nos parece una de las mayores responsabilidades de nuestra generación—la Ley de Restauración de la Naturaleza; insisto, en beneficio de todos, pero muy en particular de nuestro sector primario. En un momento en el que tanto se hablaba de la necesidad de asegurar nuestra seguridad alimentaria, es imprescindible garantizar los nutrientes en los suelos, los polinizadores activos, la gestión de nuestros paisajes y suelos agrícolas de manera tradicional, para que, gracias al aprovechamiento de lindes, setos y espacios que nos permiten trabajar en una correcta combinación de biodiversidad y agricultura, podamos seguir contando con aquello que tenemos. Cuando llegamos al Gobierno, en 2018, era un área particularmente desatendida. Decía antes que había dispersión y fragmentación del conocimiento, falta de actualización de datos, ausencia de estructuras para la vigilancia y gestión de ecosistemas marinos y desprecio por la planificación estratégica para la conservación de especies amenazadas. Hemos puesto en marcha el sistema integrado de información de biodiversidad, que nos permite disponer de un mejor conocimiento de la distribución y del estado de conservación de hábitats y especies terrestres y marinas, además de espacios marinos protegidos; hemos impulsado la protección, conservación y gestión de la biodiversidad terrestre y marina, y hemos respaldado el compromiso de la COP15 con la biodiversidad del marco Kunming-Montreal de fijar ese 30 % de superficies terrestres marinas como espacios protegidos antes del año 2030. Algunos avances destacables incluyen la ampliación de la Red de Parques Nacionales, con la ampliación de la superficie marina del Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera y la aprobación en 2021 de la declaración del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Situar a España en el grupo de países que lideran la protección de superficie terrestre significa que hoy contemos con un 36,6 % de la superficie terrestre con reservas de la biosfera, aumentar significativamente la superficie marina protegida —h oy en torno al 20,9— marcándonos como objetivo intermedio el 25 % en 2025 y garantizar la senda del 30 % en 2030. En política forestal y lucha contra la erosión del suelo y la desertificación carecíamos, con las herramientas existentes, de medidas e instrumentos de planificación. España es un país cuyo territorio está observando un riesgo de desertificación en más del 75 % de su superficie. El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, a pesar de este dato —u n 75 % del suelo sensible—, no se había actualizado en diez años; databa del año 2008. Hemos tenido que esperar a volver al Gobierno para poder pensar de nuevo en ese suelo fértil tan importante para los agricultores. Los medios de apoyo que el ministerio ofrecía a las comunidades autónomas eran prácticamente inexistentes, y en estos años hemos aprobado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, con un nuevo marco para las políticas e iniciativas relacionadas con la desertificación en España: la modernización del dispositivo estatal de apoyo en la extinción de incendios, sin olvidar la tramitación de los dos proyectos de ley que espero cuenten con su respaldo hoy mismo. Porque importa cuidar a quienes nos cuidan, los agentes y los bomberos forestales, confío en que, cuanto antes, puedan salir de esta Cámara estos dos proyectos de ley convertidos en ley. (Aplausos). Hemos sido capaces de impulsar una gestión forestal sostenible, con la aprobación de la Estrategia Forestal Española y el Plan Forestal Español, como documentos de referencia de la política forestal en las próximas décadas. Hemos querido impulsar el sector de la bioeconomía y, en particular, de la bioeconomía forestal, así como poner en valor el papel de los montes en la dinamización socioeconómica, garantizando un equilibrio territorial de amplias zonas rurales con graves problemas de despoblación, en los que la bioeconomía y la buena gestión forestal nos permiten sumar actividades distintas de las tradicionales agrarias, en muchos casos recuperando actividades tradicionales que habían caído en desuso. Permítanme recordar que, en breve, el Gobierno remitirá al Congreso para su ratificación otro de los éxitos más importantes de la cooperación internacional y del compromiso de este Gobierno: el tratado global de los océanos, para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, más allá de las jurisdicciones nacionales; un nuevo tratado sobre el que alcanzamos un acuerdo en Naciones Unidas en marzo de 2023, que culmina un esfuerzo de negociación multilateral de dos décadas, para dar el impulso que necesita la protección de la biodiversidad marina en el marco internacional. Porque los océanos no solamente atesoran un reservorio de biodiversidad con múltiples servicios para la humanidad; son un servicio imprescindible para la pesca, la investigación científica, el conocimiento de hábitats y especies, que todavía nos pueden proporcionar soluciones muy importantes también en el ámbito de la salud y que, además constituyen un espacio fundamental para la estabilidad del sistema climático. Hemos hecho un esfuerzo notable que nos ha permitido alcanzar ―como decía antes― más del 20 % de superficie marina protegida; pasar del aprovechamiento ilimitado de recursos, sin planificación previa, a una gestión centrada en su cuidado y en poder obtener sus beneficios de modo responsable y sostenible. Solo un buen estado ambiental del medio marino garantizará el desarrollo sostenible de los sectores económicos asociados a él; de nuevo, algo capital para el sector primario. Debemos ser responsables en la protección del mar y también en la protección del litoral. En 2018, la superficie marina protegida —se lo recuerdo— era inferior al 5 %, hoy supera el 20 %, nuestro litoral también requiere una evaluación de sus amenazas y políticas activas para su protección. Las obras de emergencia en la línea de costa no pueden ser la manera de resolver los problemas de nuestro litoral; importan, son necesarias, pero necesitamos desarrollar e implementar una política estratégica que anticipe desafíos y ofrezca respuestas a ellos, en muchos casos agravados por décadas en las que no fuimos conscientes, o no suficientemente cuidadosos, con respecto al importante papel que desempeñaba nuestro litoral, sus humedales y las dunas. En un país con más de un millón de kilómetros cuadrados de superficie marina es imprescindible ordenar usos y actividades en el mar, condicionando estos al buen estado ambiental de nuestros mares. Y esto es lo que hemos hecho en los planes de ordenación del espacio marítimo; herramientas fundamentales para garantizar actividades nuevas y tradicionales sin comprometer el buen estado ambiental de nuestros mares; relevante para garantizar un despliegue respetuoso de la eólica marina. En la vertiente marítimo-terrestre el objetivo principal es garantizar que los usos y aprovechamientos que puedan desarrollarse en el litoral no comprometan ni su integridad ni su resiliencia frente al cambio climático. Por eso, las estrategias de protección costeras son tan importantes. En 2018 existía una estrategia de aplicación compleja en el Maresme, las que afectaban a la costa sur, al sur de los puertos de Valencia y Castellón y las de Huelva y Granada. Desde 2018 hemos redactado, se están implementando las de Almería, Cádiz, Málaga e Islas Baleares. Disponemos del Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa considerando los efectos del cambio climático. Parte de un diagnóstico integrado en los problemas de nuestra costa, que no todos, lógicamente, tienen su origen en el cambio climático, muchos otros son mucho más próximos y a veces más complejos. Identifica metas y objetivos. Pretende reducir las presiones y proteger la integridad del litoral en un contexto de enorme vulnerabilidad; fenómenos meteorológicos extremos que se aceleran en el litoral español, según pone de manifiesto el Instituto Español de Oceanografía, que requieren gestión pública de las infraestructuras y la línea de costa comprometida con esta realidad, adaptarse, recalibrar, retranquear o replantear la infraestructura pública y gestionar correctamente el dominio público marítimo-terrestre. Aliarnos con la naturaleza y no ir en contra de ella. Permítame que lo repita una vez más: aliarnos con la naturaleza y no ir en contra de ella. Es absurdo pensar que se puede tener economía si vamos en contra de la naturaleza. Respecto a la protección marina y del litoral debo recordar el desgraciado episodio de contaminación por pellets en costas atlánticas a finales de 2023, lo que pone de manifiesto otro de nuestros grandes desafíos: afrontar la contaminación por plásticos a escala global, la necesidad de nuevas pautas de producción y consumo; algo que hemos querido impulsar desde la Presidencia española de la Unión Europea tanto a través del Paquete de Economía Circular como en la negociación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos del medio marino, que confío pueda estar resuelto a lo largo de 2025, porque nuestro océano no puede seguir soportando los volúmenes de plástico que vertemos en él y que acaban introduciéndose en la cadena trófica y asfixiando ecosistemas; plásticos flotantes, aves que las ingieren, tortugas, mamíferos atrapados por plásticos y redes a la deriva que generan una contaminación que se ha multiplicado por diez desde 1980 y que representa el 80 % de la basura marina. Por eso, en la Unión Europea hemos impulsado junto a otros Estados miembros el reglamento europeo relativo a la prevención de las pérdidas de pellets que presentó la Comisión el pasado 17 de junio y verá la luz la próxima legislatura europea. Porque si favorecemos la eficiencia y los patrones propios de la economía circular podemos modernizar el tejido productivo, facilitar espacios de innovación, empleo de calidad, hacer un uso inteligente y eficiente de los recursos y ganar competitividad en los mercados internacionales reduciendo dependencias del exterior. Son los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular aprobada en 2020 a los que se asocian la Ley 7/202, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases y el Plan de Acción de Economía Circular 2021-2024, que incorpora ciento dieciséis medidas protagonizadas por distintos departamentos ministeriales. No podemos seguir vertiendo el equivalente a la superficie —presten atención— de ochocientos campos de fútbol de basura al año, ochocientas veces el Bernabéu lleno de basura —digo el Bernabéu, pero puede ser cualquier otro; el Bernabéu es que es muy grande, pero elijan ustedes—, casi 11 millones de toneladas generadas de residuos municipales que suponen la importación masiva de materias primas, por tanto, con desajustes notables en nuestra balanza comercial. De hecho, este año, el pasado 20 de mayo agotamos nuestra capacidad de consumo de recursos propios que puedan ser renovados. En 1970 la fecha no era el 20 de mayo, sino a finales de diciembre. Requiere abordar de manera estructural la contaminación, pensando en cuáles son los modelos de producción y de consumo, y acompañar a nuestras empresas porque esta es una fuente inteligente de uso eficiente de recursos y de ganancia y competitividad para el tejido productivo, pero requiere acciones decididas. Hemos incorporado esta línea dentro de los PERTE movilizando, a través del PERTE Economía Circular, más de 1200 millones de euros en tres líneas de acción: infraestructuras públicas, para facilitar la gestión de estos recursos; actuaciones en sectores clave, como el textil, la moda, el calzado, los bienes de equipo de energía renovables, con una dotación pública de más de 300 millones de euros; o actuaciones transversales para impulsar la economía circular, con 192 millones de euros, de los cuales ya se han resuelto a través de convocatoria pública 165 millones de euros, dando particular participación hasta en un 40 % a las pymes. La contaminación y la salud están estrechamente conectadas y el enfoque One Health, propiciado por la Organización Mundial de la Salud, aparece recogido en el enfoque con el que hemos querido abordar cuestiones como el ruido y la calidad del aire, aspectos que aparecen trabajados en distintas herramientas y en distintos departamentos ministeriales con una implicación mayor o menor en función del compromiso político de las administraciones territoriales y que se visibiliza de cara a los ciudadanos con algo tan sencillo —repito—, tan sencillo, y para lo que hemos dedicado una importante cantidad de recursos desde el Estado, como son las zonas de bajas emisiones en nuestras ciudades. Un último dato explicativo del esfuerzo de esta Administración es el que muestran los procedimientos de evaluación ambiental tramitados; un volumen récord con más de 1100 evaluaciones de impacto ambiental de proyectos, más de 60 evaluaciones ambientales estratégicas de planes y programas. La transición verde, además de ser una herramienta de lucha contra el deterioro ambiental y un instrumento de eficacia comprobada en la transformación de nuestro modelo productivo, tiene también un potencial enorme para ayudarnos a cohesionar mejor el territorio y abordar desequilibrios que venían gestándose desde hace muchas décadas. Es hora de corregir una situación demográfica y socioeconómica injusta, profundamente injusta, que ha alimentado la brecha creciente entre lo urbano y lo rural, que ha trasladado la impresión de que en España hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La gente se marchaba de los pueblos. El saldo migratorio entre los años 2011 y 2018 es de 100 000 habitantes, sobre todo mujeres, que han abandonado los pequeños municipios de menos de 5000 habitantes. Insisto, lo más grave ha sido el sentimiento de abandono. Es el momento de corregir esta injusticia. Hemos querido abordarlo como un compromiso pendiente, respaldado en conferencia sectorial por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, pero pendiente porque no contaba con estrategia propia. La Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico requiere construir desde cero una política frente a la despoblación, orientada a la igualdad, a la consolidación de derechos, a la prestación próxima de servicios públicos, a la creación de oportunidades y a la acogida de la innovación en el territorio. Una política de cohesión en la que no se trata solo de compensar, se trata de crear oportunidades, de innovar, de garantizar servicios, de reducir brechas de desigualdad favoreciendo innovación y cooperación entre administraciones. Hemos ido paso a paso, identificando desafíos y dotándonos de las herramientas necesarias en el ministerio. Ha sido particularmente interesante el Plan 130 Medidas, que nos ha permitido invertir más de 13 500 millones de euros en conectividad, transición energética, prestación de servicios básicos, innovación, diversificación económica y creación de empleo en pequeños municipios. He de decir que hemos trabajado bien con todas las administraciones. Hemos creado un capital de colaboración que espero que nadie despilfarre. No debemos dilapidarlo. Hemos simplificado la conexión con las políticas sectoriales. Hemos querido trabajar con todas las comunidades autónomas y poner en marcha proyectos que merece la pena seguir consolidando. Hemos creado el Fondo de Cohesión y Transformación Territorial que, siempre por unanimidad, ha repartido en los ejercicios 2022, 2023 y 2 024 170 millones de euros para desarrollar actuaciones innovadoras que sean replicables. Nuevas herramientas de intervención, como el programa de subvenciones para proyectos innovadores en la transformación territorial y la lucha contra la despoblación; la Red Española de Centros de Innovación Territorial, que apoya sobre el terreno procesos de innovación social y económica; el Programa Campus Rural, que en dos años lleva más de mil estudiantes trabajando y conociendo el territorio, desplegando talento en los territorios; las ayudas de funcionamiento en Cuenca, Soria y Teruel que, obviamente, pueden ser complementadas por iniciativas fiscales de comunidades autónomas, como hace el Gobierno de Castilla-La Mancha, y la Estrategia Común de Desarrollo Transfronterizo con Portugal. Queremos concentrar los esfuerzos en el acceso a los servicios públicos de proximidad y de calidad utilizando una referencia elemental, ‘un país de 30 minutos’. Un marco de actuación que garantice la calidad de vida en cualquier lugar con una amplia cartera de servicios básicos, públicos y privados, trabajada con comunidades autónomas y entidades locales a menos de treinta minutos de cada ciudadano, que facilite que las personas puedan residir en el medio rural, mejorando el acceso a la vivienda, la movilidad sostenible, contando con referencias e indicadores que puedan ser seguidos por todos. Necesitamos seguir dedicando tiempo y esfuerzo, pero la despoblación no es inevitable ni irreversible, tampoco se resuelve de un día para el otro, necesita lluvia fina comprometida durante mucho tiempo. Lo cierto es que desde 2018 estamos experimentando un cambio en la tendencia demográfica. Frente a esa pérdida de más de 100 000 personas, sobre todo mujeres, experimentada en el ciclo anterior, los pequeños municipios crecen y, sobre todo, atraen población. El censo muestra que hay 300 000 personas más en municipios de menos de 5000 habitantes desde 2018; en ese saldo migratorio positivo, más de 140 000 son mujeres. Hemos resuelto brechas de desigualdad a través de programas como la conectividad digital del medio rural, que hoy permite que la fibra óptica llegue al 90 % la población rural. En seis años la brecha digital urbano-rural se reduce en 50 puntos. Insisto, queda muchísimo por hacer. Hemos contribuido a resolver algunos de los déficits de los pequeños municipios con procesos de innovación en agua, en energía y en innovación no solamente contemplando actividades tradicionales, sino buscando la diversificación, las oportunidades diferentes, sobre todo para las mujeres jóvenes, cambiando el relato, buscando la identidad rural positiva, mirando el futuro de nuestros pueblos con optimismo. La semana pasada se hicieron públicos los resultados de la mayor encuesta celebrada hasta la fecha sobre cambio climático. A escala global, el 80 % de los ciudadanos quiere que sus países hagan más; el 78 % quiere mayor protección ante los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos, y el 72 % quiere acabar más rápido con el uso de los combustibles fósiles. La demanda social en nuestro país no es clara, es clarísima. Cada vez que se consulta a los ciudadanos, estos responden que necesitamos hacer más y mejor en la lucha contra el cambio climático. Echan de menos más actuaciones, más agenda verde, más protección ambiental, mayor implicación de las agendas social y ambiental para conseguir un mejor comportamiento económico. Así que nos queda muchísima tarea por hacer. Si ustedes están dispuestos, estoy convencida de que este Gobierno también. Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias. A continuación, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. Hay un par de grupo parlamentario, señorías, que nos han solicitado acumular todo su tiempo de las dos intervenciones en la primera tal y como hace el Grupo Mixto, concretamente el Grupo Parlamentario Republicano y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Si nadie ve inconveniente en ello, lo aceptamos. (Asentimiento). Como digo, intervendrán los representantes de los grupos parlamentario. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor De Olano Vela.
Jaime Eduardo de Olano Vela
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Gracias, señor presidente accidental. Buenos días, señorías. Señora Ribera, la verdad, estar escuchándola una hora de autocomplacencia, una hora en la que usted no ha hecho, ni siquiera, el más mínimo ejercicio de reconocer el más mínimo error, una hora cargada de soberbia, una hora con muchas mentiras y una hora con poca voluntad de solucionar los problemas de la gente, créame que se ha hecho un poco pesado. (Aplausos). Pero esto nos demuestra que podemos concluir que usted está donde debe estar, es decir, en el Gobierno de Pedro Sánchez. Usted comparte con él sus prioridades y se lo decía. Es lógico que sea vicepresidenta no por su conocimiento o su capacidad de gestión, sino, más bien, por su incompetencia, por la soberbia y por su capacidad para mentir. Por eso, lleva usted, como el señor Sánchez, en el Gobierno desde el principio. Señora Ribera, estaría bien que prestara un poco de atención a quien se está dirigiendo a usted, porque no creo que en este momento esté solucionando ningún problema del ministerio. No lo ha hecho en seis años, precisamente en este instante no creo que sea así. (Aplausos.—La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ribera Rodríguez, muestra al orador un folio y un bolígrafo para indicar que está tomando notas). Le decía que son ya seis años con usted al frente de la política energética, medioambiental y de reto demográfico; seis años en los que, lejos del panorama que usted nos ha dibujado durante esta hora, ese panorama se puede resumir en una palabra: fraude. El mismo fraude que es escucharla a usted arrogarse el haber salvado al lince ibérico cuando, veinte años antes de que usted llegara al ministerio, en España ya se protegía al lince ibérico. Por cierto, gobernaba el Partido Popular, señora Ribera. (Aplausos). En cualquier caso, le decía que su paso por el ministerio se puede resumir con una sola palabra: fraude. Toda su política energética, medioambiental o de reto demográfico ha sido un gran fraude. Señora Ribera, usted se dio a conocer con el caso Castor. Supongo que lo recordará. Es ese depósito de gas en el Mediterráneo que usted autorizó, siendo secretaria de Estado con Zapatero, y que resultó ser un peligro para las personas y para el medio ambiente. Ese fraude que usted avaló con su firma nos ha costado a los españoles la friolera de 1700 millones de euros y seguramente que se irá incrementando. (Varios señores diputados: ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad!). Señora Ribera, tras el éxito cosechado con el caso Castor, usted se fue de directiva a Isofotón. También lo recordará, esa empresa de renovables vinculada al PSOE andaluz que —qué casualidad— acabó investigada por malversación de más de 80 millones de euros públicos. Es verdad que usted era directiva y se libró de la imputación, digamos que por un oportuno error administrativo. Dirá usted que, comparado con los 700 millones de los ERE, los 80 millones de Isofotón no deja de ser peccata minuta. (Aplausos). Lo cierto es que el PSOE tiene una relación muy estrecha con la distracción de dinero público, señora Ribera, tienen ustedes una especial habilidad. El tercero de los grandes fraudes ha sido, sin duda, sus políticas con respecto al sector primario. ¿Qué le han hecho nuestros marineros, agricultores y ganaderos para semejante maltrato, señora Ribera? Pertenece usted a ese selecto club de urbanitas progres que se va de finde al campo, una vez al año, a decirles qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no van a poder hacer. El peligro es que usted tiene el BOE. El señor Errejón y sus compinches no dejan de ser un mal chiste, pero usted sí que es un peligro para el campo español al que está haciendo mucho daño durante estos seis años, señora Ribera. A usted la han declarado el enemigo público número uno de nuestro campo constantemente, casi todas las asociaciones, señora Ribera. No hay agricultor o ganadero en España que no la señale como una de las responsables de su sufrimiento. Lo saben bien, como le decía, los ganaderos, que sufren su sectarismo. No solo decidió proteger más al lobo que al ganadero, provocando que haya setenta manadas más de lobos, pero trece mil cabezas de ganado menos al año por ataques del lobo, sino que ahora, en un alarde de esos principios democráticos sanchistas de los que presumen, deciden paralizar la tramitación de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que aprobó la mayoría de esta Cámara para retirarle al lobo esa especial protección, tal y como, por otro lado, se ha hecho en el resto de Europa. (Aplausos). Un fraude democrático más que sumar a su pesada mochila, señora Ribera. La conocen los agricultores por ese impulso a esa PAC ideológica que lograron sacar usted y el señor Planas o por la aprobación de la ley de la naturaleza de la que usted sacaba pecho hace un rato más allá de lo que querían la mayoría de los gobiernos y, desde luego, sin mayores informes científicos que su sectarismo ideológico; la puntilla para la producción de alimentos en España, según muchas de las asociaciones de productores. Lo saben los regantes, que la acusan de destruir infraestructuras de almacenamiento de agua en medio de una sequía o de provocar la subida del precio de los alimentos por su inexistente, cuando no dañina, planificación hídrica. Lo sabe bien el sector mar-industria, señora Ribera, damnificado por su pretensión de anular la orden que regula los planes de explotación marisquera. Por suerte, hay una justicia independiente que la ha puesto a usted en su sitio, pero lejos de rectificar usted sigue recurriendo a los tribunales. Tendrá que ser el Tribunal Supremo el que le diga: basta ya y deje de molestar a los mariscadores gallegos y del resto de España. (Aplausos). Seis años llevamos, señora Ribera, con el señor Planas mirando para otro lado y ustedes seis años aplicando medidas sectarias para destruir a un sector —el sector primario— que a usted no le gusta, al que no respeta y al que sigue haciendo mucho daño. Seis años, además, sin recibir a las asociaciones del sector primario. Imagino que debe estar tan ocupada como lo está usted ahora con el móvil, señora Ribera.
Hablaba usted de la industria. Es usted la responsable de la pérdida de más de 250 000 empleos por su política energética, señora Ribera. En la interpelación de la semana pasada le pidió usted a mi portavoz, al señor Tellado, que preguntara a los trabajadores de la industria electrointensiva. Y claro que les preguntamos. Yo vivo donde está Alcoa, en la Mariña lucense, y el comité de empresa de Alcoa la señala a usted, señora Ribera, personal y directamente, como responsable de que no se produzca aluminio primario en España y de que la empresa esté en venta en estos momentos. La señalan a usted como directa responsable de poner en riesgo el trabajo de 1200 familias. Usted estaba aquí hace un ratito presumiendo de abaratar el precio del coste de la energía y resulta que esta industria la tiene que pagar dos veces por encima de lo que se paga en Alemania y multiplicado por tres de lo que se paga en Francia, señora Ribera. Entiendo que en seis años tampoco ha tenido tiempo de recibir a los trabajadores de estas industrias, porque no lo ha hecho. Supongo que también será porque estaba ocupada con el móvil, pero debería darle vergüenza no hablar con los trabajadores ni con los agricultores ni con los marineros ni con los ganaderos, señora Ribera. Usted habla consigo misma y así todo lo que escucha le gusta a usted mucho, pero los resultados son los que son y, como le decía, son un fraude. (Aplausos). Ayer —y lo ha vuelto a hacer ahora aquí— su Gobierno anuncia con gran júbilo que van a destinar nada menos que 300 millones en ayudas por el mecanismo de compensación por los costes de emisiones de CO2 para la industria electrointensiva. ¡Pero qué tomadura de pelo es esta, señora Ribera! Podrían llegar ustedes a 900 millones. Su apoyo a la industria consiste en que usted se queda con dos tercios de la posibilidad de dinero a repartir y a la industria le da, únicamente, un tercio para que se repartan entre ellos. ¿No le da vergüenza, señora Ribera? ¿Y no le da, sobre todo, vergüenza venir aquí a presumir, precisamente, de quedarse con el dinero que tenía que ir destinado a nuestra industria para salvar puestos de trabajo, señora Ribera? (Aplausos). Con sus políticas, las industrias cierran y los trabajadores se van a la calle. Su política de reducción de emisiones se limita a cerrar empresas. Es lo que usted llama decrecimiento. Respecto a la política energética, la excepción ibérica resultó ser tan excepcional que ningún otro país ha querido aplicarla en su territorio. Resultó ser tan maravillosa que la Unión Europea lo desechó desde el inicio. Resultó ser tan innovadora que todos los españoles tuvimos que subvencionar parte de la luz a los franceses y a los marroquís. Un timo, señora Ribera, un timo en toda regla. Sí, el timo ibérico y eso no hay propaganda que lo tape. (Aplausos). Y no me diga que el precio de la luz en 2023 fue bajo, porque solo se aplicó cuatro días de trescientos sesenta y cinco, señora Ribera.
Otra de sus obsesiones ideológicas es el cierre de las nucleares. Hablemos de Almaraz, una de las centrales más seguras de España. Representa un tercio de la industria extremeña. Usted se la va a cargar, condenando a toda la comarca, y su cierre provocará un 37 % más de despoblación en los pueblos de alrededor. Esa es su lucha contra la despoblación. Por cierto, va a ir usted a Europa, ¿pero les ha contado ya a los franceses que pretende cerrarles todas las centrales nucleares, señora Ribera? ¿O va a hacer como Calviño, que en Europa las centrales nucleares son verdes, pero aquí, en España, tenemos que cerrarlas, perjudicando a provincias como Guadalajara, Valencia o Cáceres, señora Ribera? Respecto al gas ruso, es otro fraude, señora Ribera, un fraude monumental en su política respecto a Ucrania y Rusia. Todavía no ha dado explicaciones sobre por qué Putin se ha convertido en nuestro segundo suministrador de gas. ¿No le merecen los ucranianos un respeto? Se abrazan a Zelenski, pero, por otro lado, están financiando las armas de Putin.
Y, en tercer lugar, señora Ribera, tengo que reconocerle un éxito en la economía circular. Pero no me refiero a la reutilización o el reciclaje, no. Me refiero a la economía circular familiar. Usted, su marido, el regulador, el regulado, el vicepresidente tercero, la vicepresidenta tercera, una en el Gobierno, el otro en la CNMV, de la CNMC a la CNMV, todo un círculo familiar virtuoso, todo muy sanchista, señora Ribera.
Presidencia. Señoría, debe finalizar, recuerde que tiene un segundo turno.
Jaime Eduardo de Olano Vela
PPDiputado.Página 63
Voy finalizando, señor presidente. Es toda una vergüenza y un fraude para los españoles. Y, por último, las elecciones europeas. Ya le dijimos que era un fraude lo que había hecho, pero usted ni se inmuta. Ni sus votantes confían en usted, señora Ribera, porque saben que usted es un fraude para agricultores, para los ganaderos, para el sector mar-industria, para los que defendemos la libertad y para la lucha contra el cambio climático. Señora Ribera, usted tiene solo un dudoso mérito, y es haber hecho de la transición ecológica —en la que todos estamos de acuerdo y todos pensamos que es una oportunidad— una calamidad.
Presidencia. Señoría, finalice, por favor.
Jaime Eduardo de Olano Vela
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Por eso, debería irse, no sé si a Europa, pero donde debería irse seguro es a su casa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala. (Aplausos).
José María Figaredo Álvarez-Sala
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Señora ministra, interviene usted y habla con un tono, una megalomanía, una clara vis expansiva que se cree usted que es ya comisaria. Señora ministra, es usted la ministra de España, su objetivo deben ser los españoles y es, más o menos, todo lo contrario de lo que hemos escuchado en su intervención. De hecho, señora ministra, no sé si tiene ya firmado el cargo de comisaria europea. Señores del Partido Popular, ¿van ustedes a apoyarla en esa negociación que tienen con el Partido Socialista para que la señora Ribera replique en Europa los desastres a los que nos ha sometido en España? (Aplausos). Es una pregunta interesante. Porque, señora ministra, en lugar de hablar de los intereses de los españoles, solo ha hablado de sus delirios climáticos. Su único objetivo y, por lo visto, el único objetivo de su política es la reducción de las emisiones de CO2. No ha sido capaz de describir absolutamente nada más. Toda la motivación de cada uno de los puntos que ha ido analizando es solamente la cuestión climática. Habla usted del agua, y su único objetivo y estrategia es el cambio climático. No la hemos escuchado decir que si en España se prevé que cada vez vaya a haber menos agua, lo lógico sería construir almacenamientos para agua, incrementar la capacidad de los embalses que ya tenemos, construir embalses plurianuales adicionales para almacenar el agua cuando nos sobra y utilizarla cuando nos falta. Habla usted de la electricidad y, por cierto, esto es ridículo porque solo se ha centrado usted en las emisiones de CO2 en torno a la electricidad, que representan en realidad un tercio de las emisiones de CO2 que se producen en España o, más bien, algo menos. Porque no cuenta usted para nada con las emisiones de CO2 que se producen por el transporte, tanto es así que su política de electrificación del transporte está totalmente atascada. El proyecto de instalación de los núcleos de recarga está absolutamente paralizado; los permisos, absolutamente atascados. Se montaron aquí varias subcomisiones que no han avanzado absolutamente nada. No cuenta usted con consumo energético para la industria o la generación de calor. Su política de ataque contra las emisiones de CO2 desprecia dos terceras partes de la generación energética de España.
Nos ha hablado usted del consumo del carbón. El carbón ha funcionado durante 2251 horas en España en el último ejercicio, prácticamente las mismas horas que la generación eólica. Y, sin embargo, pasa usted por encima de la energía nuclear, que representa un 20 % de la generación eléctrica de España. Dice usted que los resultados son contundentes; los resultados de su política son de todo menos contundentes, solo se aprecia un desastre económico sin parangón. En concreto, habla usted del autoconsumo para nuestra industria. Señora ministra, nuestra industria ya tenía un sistema de autoconsumo que funcionaba perfectamente, llamado cogeneración. Y usted está atacándolo de forma directa.
Habla usted de que España es un país atractivo para la inversión en energía. Ustedes han garantizado determinados rendimientos económicos para la generación eléctrica con energías renovables, mientras que condenan cualquier otro tipo de inversión energética, tanto es así que a la nuclear la tienen condenada de muerte. Habla usted del orgullo de nuestro país. Por supuesto que estamos orgullosos de España, sin duda, pero no de usted, señora ministra. Su política es absolutamente lamentable y ha destruido más empleos que ninguna otra ministra de Energía jamás en España. (Aplausos).
Habla usted del hidrógeno verde. Señora ministra, el hidrógeno verde llegará, se convertirá en uno de los principales vectores de transmisión energética de España, sin duda. Pero hoy no está madura esa tecnología, tanto es así que se empeñaron ustedes en instalar un proyecto de hidrógeno verde en Arcelor y lo cierto es que, por el momento, solo se han ido empleados a la calle. Señora ministra, no sé si está usted apuntando lo que le digo. (La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ribera Rodríguez, hace gestos afirmativos). Sí, está bien que tome nota. Lo cierto es que en Asturias Arcelor está de capa caída y cada día más trabajadores de la industria pesada y del acero se van a la calle. Habla usted de las inversiones en redes, que están totalmente paralizadas. ¿Cómo se atreve usted a hablar de las inversiones en redes, señora ministra, cuando las redes de alta tensión en España están teniendo más fallos que nunca? El ejemplo más claro se produce en la provincia de Córdoba. Pregúntele usted, por favor, a sus diputados cordobeses, provincia en la cual la industria está totalmente paralizada, no se conceden más permisos para instalar industria en polígonos industriales porque, precisamente, la red no tiene capacidad. Y no tiene capacidad porque usted lo está impidiendo, porque usted, entre otras cosas, ha topado la inversión máxima en infraestructuras que pueden desempeñar los operadores energéticos en España.
Habla usted de la capacidad de conexión, referida en concreto en torno a las renovables. Señora ministra, otra mentira como un castillo. Tenían ustedes una fecha límite para el último tramo de conexión de industria fotovoltaica a la red que cerraba el plazo en el año 2025, y ustedes han tenido que prorrogarlo hasta el año 2028 porque ven evidente que no van a conseguir cumplir con los plazos. ¿Es verdad o es mentira, señora ministra? ¿Es verdad o es mentira? Porque están ustedes fuera de todos los plazos, incluso los que ustedes mismos se han fijado.
Ha hablado usted de reducir el consumo de gas. Por lo pronto, con sus planes ha conseguido duplicar el consumo de gas ruso, duplicar. España, gracias a sus medidas, consume dos veces más gas ruso del que consumía. Rusia es, según el momento del año, el primer suministrador de gas de España. ¿Qué le parece a usted, señora ministra? Le parecerá fantástico, supongo. Teníamos una relación fantástica con Argelia, que nos suministraba gas a un buen precio y teníamos el control sobre el gasoducto por el que accedía ese gas a toda Europa. España era un punto estratégico en la cuestión energética respecto al gas y su Gobierno se encargó de dinamitar esa relación tan prolífica para España y para los españoles. (Aplausos).
Habla usted de las compensaciones de emisiones de CO2 para la industria electrointensiva. Señora ministra, es que esto es una risa, cuando en España estamos pagando la electricidad mucho más cara, sobre todo en cuestiones industriales, que en Alemania, que se emite muchísimo más CO2, o que en Francia o en Italia, y todo por sus medidas. Lo que debería hacer usted es promover la supresión del mecanismo de pago por los derechos de emisión de CO2. Para quienes no lo sepan, esto es que, básicamente, todos los españoles —en realidad es la industria, pero esto revierte en todos los españoles— pagan un impuesto por la emisión de CO2, que se lo lleva crudo el Gobierno. ¿Y para qué lo utiliza? Pues nadie lo sabe; simplemente para engordar las arcas públicas.
Hablan ustedes de la eólica marina y de la eólica flotante, que han puesto ustedes a competir con nuestros pescadores. No sé por qué quieren hundir ustedes a la industria pesquera en España. En concreto, en la cornisa cantábrica han autorizado ustedes instalar eólica marina en una superficie equivalente a cuarenta y siete estadios de fútbol, que le gusta a usted. Es decir, ahora los pescadores asturianos, que antes tenían unos caladeros bastante limitados, van a tener menos superficie para faenar y van a tener que competir, precisamente, con la eólica marina. Básicamente, va usted a hundir el sector.
Y me hace gracia, porque habla usted —ha utilizado, explícitamente, la palabra retranquear— de que nuestras ciudades, nuestra industria, se van a tener que retranquear por culpa del cambio climático. Esta gente dice, básicamente, que, como el nivel del agua va a subir, la industria y las ciudades se tienen que echar hacia atrás; o sea, todos ustedes, ciudadanos españoles. Ahora bien, la eólica marina no; se ve que a ellos eso no les afecta. Por eso, están ustedes concediendo permisos, tantos permisos que han eliminado el trámite de la declaración de impacto ambiental para poder instalar la eólica marina; para ellos no hay trabas.
Habla usted de la regulación de los bombeos y del agua disponible. Señora ministra, España tiene capacidad para instalar cantidad de bombeos. Solamente tendría que incrementar la capacidad —valga la redundancia— de determinados embalses para que se conecten entre sí, en cadena, las cuencas del Tajo, del Duero y del Ebro. Es relativamente sencillo. Esos embalses podrían convertirse, acto seguido, en centrales de bombeo. Sería muy sencillo, solamente tendrían ustedes que conceder los permisos con menos agilidad de la que le dan, incluso, a la eólica marina, y podríamos conseguirlo. Sin embargo, ustedes se niegan a ello; tanto se niegan que —y voy a poner un ejemplo sencillo— el Duero y el Tajo siguen vertiendo a Portugal una cantidad de agua superior a la que está prevista en el Convenio de Albufeira, aproximadamente cuatro veces más. Podríamos aprovechar al año —de nuevo, en función de los años—, unos 16 000 hectómetros cúbicos de agua adicionales. Para que todos los españoles lo sepan, toda la superficie de regadío de España, unos 3 millones de hectáreas, toda esa superficie consume 15 000 hectómetros cúbicos de agua al año. Si usted, señora ministra, permitiese que el Duero y el Tajo aprovechasen el agua que tienen conforme al Convenio de Albufeira con Portugal, podríamos duplicar la superficie de regadío que tenemos en España; pero usted se niega. (Aplausos). Usted prefiere las desaladoras. Desconoce, por supuesto, la contaminación que produce la salmuera y el gravísimo consumo de electricidad que ello implica, con el coste de la electricidad que usted nos está imponiendo.
Para la depuración del agua —en esto estoy de acuerdo con usted— debería llevarse a cabo, efectivamente —y no lo está haciendo—, un plan de depuración de las aguas de nuestros ríos; debería imponerse. Y esto lo conseguiría si nos hiciese caso en una cuestión, y es, básicamente, que la gestión de las cuencas hidrográficas debería llevarse a cabo con una vis nacional, pues el agua es de interés nacional y de todos los españoles. Si usted implementase un plan como este, podría entrar el Ministerio de Transición Ecológica a velar por la depuración del agua de todos nuestros ríos, se podrían evitar esos caudales ecológicos, que, básicamente, lastran a nuestros regadíos, y otras tantas cuestiones, señora ministra, que al final impactan directamente en los trabajadores españoles. Porque ha hablado usted de despoblación; la despoblación la causa usted, señora ministra, cuando provoca el cierre de nuestra industria en lugares del campo español. Piense usted en el cierre de Danone en Salas —no sabrá ni dónde está Salas—, lo que va a suponer para la comarca un impacto tremendo.
Presidencia. Señoría, debe finalizar.
José María Figaredo Álvarez-Sala
VoxDiputado.Página 65
Sí, ya termino. O el cierre de Alcoa, en la Mariña lucense; o el de Arcelor o Acerinox, y tantos otros damnificados por su política. Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
Presidencia. Por el Grupo Plurinacional SUMAR, tiene la palabra la señora doña Júlia Boada Danés.
Júlia Boada Danés
Grupo SumarDiputada.Página 65Vídeo
Gracias, presidente. Gracias, ministra, por esta explicación exhaustiva. Usted nos ha presentado múltiples avances en varias materias, pero cada una de ellas se enmarca en una superior, que es la transición verde y justa. La transición ecológica justa es el único instrumento que nos permite hacer frente al mayor reto al que nos enfrentamos como humanidad: la emergencia climática; una emergencia a la que debemos dar respuesta ahora, ya, en esta década. Tal y como dice el científico y divulgador Andreu Escrivá, ninguna otra generación ha tenido la responsabilidad y el poder de actuar en tiempos humanos para evitar cambios nefastos a escala geológica. La situación de emergencia climática no debería estar sujeta a ningún tipo de debate, ya que es la ciencia la que nos confirma la aparición de fenómenos que antes eran esporádicos y que cada vez son más frecuentes y extremos y con mayores consecuencias para la salud y la economía. Estos fenómenos nos indican, claramente, la urgencia en tomar medidas para la mitigación del cambio climático. Es que, señorías, la emergencia climática lo invade todo y, por lo tanto, toda política pública debe estar al servicio de este desafío mayúsculo. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos desplazamos? ¿Qué ropa nos ponemos? ¿Qué aire respiramos? ¿Qué temperatura tenemos en nuestro hogar? ¿En qué condiciones trabajamos? Todo está relacionado con cómo gestionamos la emergencia climática. Por lo tanto, este Gobierno, todos los gobiernos, deben diseñar cada política pública como una política climática. (Aplausos). Evidentemente, esto no es competencia solamente de un ministerio, pero nos indica el papel extraordinario que tiene la cartera que usted ostenta, ministra, a la hora de mejorar la calidad de vida de la gente. Esta transición ecológica justa, que debemos articular y planificar, es un proceso de reorganización de la vida en común que debe garantizar una vida digna a todas las personas, en un planeta con límites finitos, muchos de ellos ya superados, y que estamos obligadas a cuidar para nuestra generación, pero, sobre todo, para las que vendrán.
La descarbonización de la economía es elemento clave de esta transición verde justa. Hay que descarbonizar la industria, la agricultura, la ganadería, el transporte, los edificios, y, evidentemente, la energía. Este Gobierno es punta de lanza en materia energética, tal y como usted ha expuesto, especialmente teniendo en cuenta de dónde venimos —mención especial merece el absurdo impuesto al sol del Gobierno de Rajoy—, pero necesitamos más y más ambición. Debemos desarrollar un modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y el aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, que sea una alternativa al actual modelo extractivo y no sostenible. Debemos desarrollar una reforma legal del sistema energético, de la fiscalidad medioambiental y de las normas de gobernanza y buen gobierno, también en materia energética. Para conseguirlo, hay que acabar con los privilegios de las eléctricas, un sector energético tradicional que considera la energía como un negocio y un ámbito de poder, y no como un servicio público que calienta las casas y reduce las emisiones. Por ello, señora ministra, el Grupo Parlamentario SUMAR le tendemos la mano y le instamos a convertir el impuesto extraordinaria a las grandes compañías energéticas en permanente (Aplausos). Y apelamos a que el resto de grupos de esta Cámara se sumen a poner fin a los beneficios caídos del cielo por una cuestión de justicia social y climática.
La reducción de las emisiones pasa por la electrificación de la demanda y por la eficiencia energética —es urgente electrificar la climatización y la movilidad—, por el ahorro y el consumo responsable. No podemos considerar que, como las renovables son inagotables y sostenibles, la energía generada debe cubrir demandas ineficientes o prescindibles. También pasa por una oferta potente de renovables. La era del viento y el sol, fuentes de energía y de paz, ha llegado y deben guiar esta transición energética; una transición energética que no considera al gas o la energía nuclear como energías limpias. Por eso, celebramos que el cierre de las centrales nucleares siga el calendario fijado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima; un PNIEC al que, en algunos casos, le falta ambición y en cuya elaboración ha habido poca transparencia, y se apuesta por crecer en la oferta de renovables sin que esté acompañado de incremento de demanda eléctrica, almacenamiento y modernización de redes.
La transición energética no solo son objetivos numéricos, sino que pasa por cambiar las reglas del juego. De nada servirá crecer en renovables si no acabamos con los combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles es la causa del calentamiento global y es responsable de, aproximadamente, 21 000 muertes anuales en España y 300 000 en Europa. Debemos erradicar su uso, acabando con las inversiones y subvenciones al gas natural, y con la publicidad y patrocinios de combustibles fósiles, tal y como propone este grupo.
Pero estas prioridades deben ir acompañadas por otra aún más importante: la democratización del acceso a la energía, situando a la ciudadanía en el centro del sistema energético, siguiendo criterios de equidad, sostenibilidad, transparencia y justicia; también promocionando el autoconsumo como práctica básica para que la configuración del sistema eléctrico distribuido del futuro rompa con la economía de un sistema eléctrico concentrado y centralizado, y que dé a la ciudadanía capacidad de decisión. Poner las personas y la ciudadanía en el centro de la política energética es condición sine qua non en tanto que la energía es un bien básico de primera necesidad, y, por lo tanto, es un derecho básico cuyo acceso universal debe estar garantizado. El derecho al confort térmico, a vivir confortablemente en casa sin pasar frío en invierno ni calor en verano, es responsabilidad del Estado como agente activo para suministrar dicho servicio público. El aumento de la pobreza energética, la opacidad en la fijación de los precios y la falta de libertad de los consumidores para paliar los efectos de la subida de los precios demandan un cambio estructural del modelo energético que no cubre las necesidades básicas. Es necesaria una reforma profunda del modelo, de su funcionamiento y composición, no solo para que la transición energética avance, sino para que esta se produzca de forma democrática y abierta, sin dejar fuera a las personas consumidoras y recuperando el concepto de servicio público que perdimos con la reforma de 1997.
Hay que reformar la Ley del Sector Eléctrico, es imperativo la recuperación de utilidad pública de la electricidad, incorporando como derecho su acceso universal y la disponibilidad de un precio que refleje con transparencia los costes reales originales y el pago por uso, por ejemplo, impidiendo definitivamente la integración vertical de actividades de generación, distribución y comercialización de empresas del mismo grupo. Y dar respuesta al aumento de la pobreza energética, articular un consumo vital garantizado que se convierta en tarifa social es el camino, pero antes hay que convertir en permanente la moratoria de cortes de suministros aplicando el principio de precaución.
Señora ministra, debemos avanzar en el marco legal estable que garantice el derecho a la energía a las familias vulnerables. Hay que dar seguridad y certeza a más de un millón y medio de personas. Garantizar los suministros para colectivos vulnerables, ampliar la cobertura del bono social eléctrico, reducir al tipo 5 el impuesto sobre el valor añadido a determinados colectivos son medidas vitales que podemos articular desde ya, desde hoy, pero es aún más importante transitar de un modelo asistencial de ayudas a un modelo que apueste por el reconocimiento de derechos. Además, hay que aprovechar todas las herramientas a nuestro alcance, también el Fondo Social para el Clima.
Señora ministra, ¿qué medidas de inversión tiene previsto realizar el ministerio para aumentar la eficiencia de los edificios, la descarbonización o mejorar el acceso a la movilidad sostenible? ¿Cómo se va a utilizar el Fondo Social para el Clima para apoyar a las familias más vulnerables y que la transición sea percibida también por estas como una oportunidad? Y es que la transición energética lo es, es una oportunidad y debe ser el motor de regeneración económica para reverdecer la economía bajo criterios de sostenibilidad, introduciendo criterios de rentabilidad social en las inversiones. Pero para articular una transición verde y justa, para garantizar que en este proceso de reorganización de la vida todas las personas y comunidades puedan disfrutar de una vida segura y digna, compatible con la preservación de sus entornos sociales, naturales y territoriales —es decir, la materialización del eslogan «No dejar a nadie atrás»― hace falta una fiscalidad justa para corregir la injusticia climática de que los más vulnerables y los que menos han contribuido y menos responsables son de la crisis climática deban hacerse cargo de buena parte de los gastos y los esfuerzos.
Por eso, proponemos un gravamen a los beneficios extraordinarios de la industria fósil y también a los bienes y servicios de lujo, como los aviones privados que generan gran volumen de emisiones y nulo rendimiento social. (Aplausos). Somos conscientes de que estas políticas fiscales no son competencia de su ministerio, pero tampoco es competencia de su ministerio pilotar la descarbonización de la movilidad. Le pedimos que contribuya a conseguir una ley de movilidad sostenible mucho más ambiciosa de lo que plantea el ministro de Transportes, como también le pedimos que hable con él y replantee su negativa a recuperar los trenes nocturnos, siendo la excepción de Europa y convirtiéndonos en una isla ajena a esta revolución. (Aplausos). Nada de esto es de su competencia directa, pero confirma la transversalidad de las políticas climáticas y el papel central de su ministerio, y le tendemos la mano para conseguirlas.
La descarbonización de la energía es primordial, pero no es la única. Hay que avanzar en la descarbonización de todos los sectores y para ello hace falta incrementar la ambición de la ley de cambio climático. Esto es uno de los principales acuerdos de Gobierno y le proponemos sentarnos ya a trabajar para definir unos nuevos objetivos que para SUMAR pasan por: reducir el 50 % de las emisiones en 2030, electrificación del 50 % de la demanda total de energía en 2030, mejorar en un 55 % la eficiencia en el uso final de la energía y el 90 % de energía renovable en la generación de electricidad en 2030. Esto nos permitirá conseguir la neutralidad climática en 2040.
También le pedimos que la adaptación climática pase por reformar la Ley de Costas. También abordar la sequía a través de un pacto de Estado ante la desertificación. También actualizar la Ley de Minas, aplicando la Ley de Restauración de la Naturaleza. Debemos afrontar muchos retos esta década porque el objetivo de la política es solucionar los problemas de la gente, también los más complejos, como es la gestión de la crisis ecosocial en la que nos encontramos, no solamente nosotras sino en todas las latitudes del planeta.
Presidencia. Debe ir finalizando, por favor.
Júlia Boada Danés
Grupo SumarDiputada.Página 67
Finalizo. Así que este Gobierno debe continuar asegurando una vida digna a su ciudadanía, ampliando conquistas democráticas y sociales dentro de los límites planetarios, y, sobre todo, hacerlo con justicia social y justicia climática. Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano, que acumula en este turno su turno de réplica, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.
Teresa Jordà i Roura
ERCDiputada.Página 67Vídeo
Bé, molt bona tarda a totes i a tots. Gràcies, president. Vicepresidenta, molt bona tarda.
Encara que sigui a instàncies del Partit Popular, li he de dir que celebrem la seva compareixença per informar i alhora, també, per fer balanç de les polítiques i les actuacions del seu macroministeri, que, sens dubte, també tenen un impacte directe en el desenvolupament econòmic, social i, òbviament, també ambiental. El tenen a l’Estat espanyol i també encara, i de moment, el tenen a Catalunya. El seu és un ministeri vital, i no és gratuït que digui que és un sistema vital, tot i que li he de dir que no destaca per la seva vivacitat, ni pel que fa a determinació, ni pel que fa tampoc a rapidesa, ni tampoc per escoltar al territori i a les seves necessitats.
Jo, vicepresidenta, avui, de manera molt telegràfica, li parlaré de diversos temes. I ho faré també amb l’esperança que me’ls contesti, si és possible, tots. També li he de dir que ho faré amb un to òbviament agradable, com no pot ser d’altra manera, i no com el que hem tingut l’oportunitat d’escoltar de dos dels grups que m’han precedit. Començo per un tema que vostè sap que a Catalunya ens preocupa i ens ocupa, i que val a dir que no li he sentit dir ni un mot, que és el delta de l’Ebre. Sens dubte, un territori, un ecosistema únic, però també un ecosistema extremadament fràgil. I aquí deixo altres consideracions per nosaltres claus. La primera, les guardes, els sediments i les platges amples. Sap perfectament que aquest és el consens del territori, al costat del govern de la Generalitat, un consens que passa per mantenir el perfil, per anar endavant, i no per recular. No volem recular ni un centímetre, no volem el deslinde, tenim la solució, vostè ho sap, i també sap que aquesta solució és viable.
Tema de residus. Fa poques setmanes, el seu ministeri va publicar l’informe de residus municipals de l’any 2021. Les conclusions d’aquest informe són molt clares. Se segueix amb la tendència de creixement. Les mesures aprovades a la ley de residuos y suelos contaminantes i al reial decret d’envasos no s’estan aplicant suficientment bé, malgrat que aviat farà dos anys de la seva aprovació. I no només no s’apliquen, sinó que en cap cas suposen, de moment, una reducció efectiva en la producció de plàstics ni tampoc en la seva dispersió. Avui els plàstics ―i molt especialment els envasos d’un sol ús― continuen creixent i contaminant tant els ecosistemes naturals com la salut de les persones. Aquest informe també ens diu la quantitat de residus municipals recollits a l’Estat espanyol. Concretament, va ser de vint-i-dos milions de tones; residus gestionats pels municipis on també trobem la principal producció de plàstics i d’envasos. Aquesta xifra si em permeten, demostra que la tendència és de creixement. De fet, d’aquests, vint-i-dos milions de tones de residus del 2021 a l’Estat espanyol, només se’n recullen selectivament un 22 %, dels residus municipals, parlo. La resta, un 78 % ―és a dir, gairebé un 80 %―, s’aboquen o s’incineren. A aquest pas, doncs, és evident que no complirem amb els objectius establerts per la Unió Europea. Estem davant d’incompliments greus, taxes de reciclatge molt baixes i molt mala qualitat i quantitat de polítiques de prevenció i reutilització lentes i, si em permet també, insuficients.
Uns quants temes que no s’estan duent a terme i que a nosaltres ens preocupen, i molt. Per exemple, l’obligatorietat de la venda a granel de fruites i verdures, una mesura encallada perquè s’està pendent que el ministeri publiqui la llista de productes perecederos. Què més? La prohibició de productes de plàstics d’un sol ús que establia la Unió Europea. Aquí parlo de les palletes, dels gots, dels coberts. La prohibició, per exemple, de l’ús de ftalats i del bisfenol A als envasos, una mesura directament, com deia, vinculada amb la salut humana. La prohibició de la incorporació intencionada de microplàstics i esferes de plàstics a diferents productes. L’establiment d’objectius de reutilització i preparació per la reutilització. L’obligatorietat de disposar, per exemple, de referències d’envasos reutilitzables als supermercats, etcètera. Totes aquestes mesures que, malgrat no ser suficients, havien d’incidir en la reducció efectiva dels plàstics d’un sol ús avui dia, però, dos anys després de l’aprovació del text legislatiu ―com diria un dels mestres d’una servidora, el gran Joan Tardà―, el més calent encara és a l’aigüera. Voldríem saber en aquesta matèria què pensa fer, senyora vicepresidenta.
Un altre tema que ens ocupa i ens preocupa molt és el tema de la cogeneració. El seu ministeri té pendent com a mínim dues sol·licituds respecte al sector de la cogeneració, que té un ampli suport dels grups que vàrem donar el sí a la investidura del senyor Sánchez. La primera és l’aprovació de l’esmena de cogeneració que el nostre grup ―i també d’altres― varen presentar en el projecte de llei derivat del Reial Decret 8/2023 i que donava, en aquest cas, dos anys de pròrroga a les indústries que han acabat la seva concessió per poder seguir operant fins que es promogui el marc d’inversió, incloent-hi, evidentment, les plantes de purins, perquè les plantes de purins són ―i ho sap― de vital importància. Ho són pel medi ambient. Ho són també per la ramaderia i, val a dir, ho són també per mantenir la cohesió territorial. La segona, que es promogui el marc d’inversió 2024 anunciat i tramitat el 2021 per la convocatòria de subhastes de mil dos-cents megawatts de cogeneració, Han anunciat la necessitat d’un nou borrador. Doncs, si hi ha aquesta necessitat, hauria de publicar-se abans del 31 de juliol afegint megawatts addicionals a les plantes de purins.
Parlem d’energia, que vostè també n’ha parlat. De fet, el Grup Republicà ho vàrem fer la passada legislatura i vàrem aconseguir algun petit avanç que, tot i ser petit era un gran avanç. Però ja li dic que persistirem i que ho seguirem exigint, reclamarem més ampliació en el radi d’autoconsum compartit. El nostre objectiu són els vint quilòmetres. I això és fàcil d’entendre: com més distància, més consumidors poden o podran aprofitar-se d›aquesta tecnologia. Estendre l’autoconsum col·lectiu a més polígons industrials i urbanitzacions, especialment a les zones rurals on les distàncies són més llargues, és permetre que qui no gaudeixi d’un privilegi de tenir la infraestructura privada necessària per instal·lar plaques pròpies, que és la majoria de la població, pugui accedir a aquest autoconsum. Per tant, és una mesura que camina cap a la sostenibilitat, és una mesura que camina en la defensa que sempre hem fet des d’aquest grup, que és la democratització de l’energia.
També és imprescindible abordar d’una vegada per totes la falta de transparència de les grans energètiques. Senyora Ribera, sabem el que ens costa l’energia, però no sabem quant costa la seva producció real. Per tant, demanem ja mesures de control i auditories en aquestes empreses. Les obligacions tributàries per a aquests oligopolis elèctrics són no només imprescindibles, sinó també necessàries, de la mateixa manera que també és necessari un canvi en el sistema de fixació de preus. Però és prioritari augmentar el control sobre un sector que no hauria d’estar en mans privades perquè l’energia és un bé de primera necessitat. I, parlant d’energia, si l’objectiu és descarbonitzar ―que entenc que ho és― la solució, o una part important de la solució, passa per electrificar. I, que jo sàpiga, els electrons no volen, necessiten xarxa. Com solucionarem l’accés a la xarxa? En aquest apartat ho deixaré aquí per una qüestió de temps, però sí que voldríem incidir en el tema de capacitat de la xarxa perquè és cabdal i clau en un moment en què volem descarbonitzar i sabem que això passa per electrificar.
Un tema també clau és l’aigua. En aquest apartat ens podríem estendre molt. De fet, ens podríem extreure estendre de valent, però el temps tampoc m’ho permet. Jo voldria parlar, podria parlar, de la nefasta gestió i, com que ja li he explicat i he tingut l’oportunitat de compartir-ho amb vostè no ho faré. Deia de la nefasta gestió de la CHE durant la sequera que encara estem patint a Catalunya i, sobretot, del tancament del canal d’Urgell i del Segarra-Garrigues ara fa poc més d’un any, sense previ avís, degut a la manca de planificació. I també podríem parlar de les infinites derivades que això va tenir directament a la pagesia depenent de l’aigua, de les conques extracomunitàries, però com que ja es va fer prou el ridícul, diguéssim, no hi perdré més temps. El meu país, però, segueix patint ―sobretot un embassament concret que depèn de la CHE― una sequera increïble i és els Guiamets. La situació és d’emergència extrema. Ho és pels regants i també ho és pel municipi de Falset, la capital del Priorat. La situació és tan extrema que en aquest municipi necessiten plantejar-se alternatives per garantir ja l’aigua de boca, no per regar, l’aigua de boca i la diversificació de les fonts de proveïment quan els pous propis no portin aquesta aigua, l’aigua suficient. L’alternativa més lògica és la connexió del poble de Falset amb l’embassament de Guiamets, que està en línia recta només a set quilòmetres. Ara que s’ha començat a parlar seriosament de portar aigua de l’Ebre per al regadiu, és imprescindible, vicepresidenta, que trobem solucions per les dues problemàtiques i que s’executin ja aquestes obres per procediment d’urgència. És extremadament imprescindible. I seguim parlant d’aigua i d’incompliments. Un de flagrant: l’incompliment dels terminis relatius a l’ampliació de la dessaladora de la Tordera. Tot just el passat dilluns 17 de juny, dilluns passat, el ministeri va enviar una proposta d’acord per les dessaladores de la Tordera i de Foix. Es tracta d’un retard, si em permet, inadmissible, donat que va ser el 5 de febrer del 2024 quan vostè i el conseller Mascort varen anunciar l’acord per l’ampliació de les dues dessaladores. No se li escapa a ningú que els principals damnificats d’aquest retard són sempre els mateixos, que és la ciutadania, en aquest cas els ciutadans de Catalunya, que veuen com les obres, unes obres que són estratègiques per la resiliència hídrica del país, estan endarrerides.
I també parlant del seu Govern i de la seva sucursal a Catalunya, en aquest cas ara un incís pel PSC. Nosaltres necessitaríem aclarir ―i crec no només el Grup Republicà, també la ciutadania de Catalunya― quin és el seu grau de compromís amb les directives ambientals i amb la preservació del medi natural. M’explico. Avui dia no sabem a qui hem de creure, o no sabem a quin criteri li fa més cas vostè, és a dir, aquell que deriva d’Atocha o aquell que deriva de l’estació de Sants. M’explico. Ho dic per saber si segueixen apostant, com afirma Salvador Illa, per un model de ciment i asfalt, i segueixen capficats en voler ampliar l’aeroport de Barcelona, passant per sobre de la Ricarda o, per al contrari, vostès són els qui volen donar compliment a les cartes d’emplaçament de la Comissió Europea i vetllar pels espais naturals i el medi ambient, perquè les dues coses alhora són impossibles. Ens agradaria que això també ens ho contestés. I, en el mateix sentit, també li demanaríem posicionament del Govern d’Espanya respecte a les zones de baixes emissions, i també m’explico. Nosaltres necessitem concretar quin és el grau de compromís del PSOE amb la qualitat de l’aire de l’àrea metropolitana de Barcelona. El compromís del
PSOE és amb el Gobierno de España que ha elaborat normativa i que, posteriorment, ha desenvolupat el Govern de la Generalitat mitjançant el pla de qualitat de l’aire? És aquest? O el compromís és amb els alcaldes i alcaldesses del PSC de l’àrea metropolitana que, ai!, s’oposen el pla? En què estem? Amb una cosa o amb l’altra? Ens la mirem diferent quan estem aquí o quan estem allà?
I parlant de canvi climàtic i qualitat de l’aire. A Catalunya hi ha noranta-vuit instal·lacions que paguen drets d’emissions, però la transferència a Catalunya dels recursos procedents de la subhasta de drets d’emissió del règim de Comerç, dels drets d’emissió de la Unió Europea, per destinar-los a la lluita contra el canvi climàtic no els percebem directament. Estem parlant d’uns 320 milions d’euros anuals que podrien dedicar-se a projectes, evidentment, de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic del Fons climàtic. Què ens en podria dir, senyora ministra? I també parlant de subhastes i d’eòlica marina, li demanem ―i ho fem per enèsima vegada― que la subhasta es faci a Catalunya i es prioritzin els criteris que estableix la Generalitat, que són criteris amb un component social important. I que no només això, sinó que són criteris també que estan consensuats amb el territori, això vol dir amb els alcaldes i alcaldesses del territori afectat.
I finalment, i acabo, vicepresidenta. Sap perfectament el nostre compromís amb el medi ambient. Sap del compromís d’Esquerra Republicana amb la transició ecològica, també amb la subscripció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible, però també sap que nosaltres a aquesta transició tenim molt clar que no pot anar en detriment del sector primari. I fins ara no dic que hagi anat extremadament en detriment ―perquè hem explicat en més d’una ocasió que els problemes del sector primari són també uns altres, i és que no s›hi guanya la vida, i això passa per altres solucions que ja he explicat en més d’una ocasió en aquest hemicicle―, però tenim un problema i un perill, i vostè el coneix perfectament, què és el populisme desaforat d’aquesta avançada d’aquí, de VOX i del Partit Popular.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Vicepresidenta, muy buenas tardes. Aunque sea a instancias del Partido Popular, he de decir que celebramos su comparecencia para informar y también para hacer balance de las políticas y de las actuaciones de su macroministerio, que, sin duda, también tienen un impacto directo en el desarrollo económico, social y medioambiental. Lo tienen en el Estado español y también todavía, de momento, en Cataluña. El suyo es un ministerio vital, y no lo digo gratuitamente, aunque he de decir que no destaca por su vivacidad, tampoco por su determinación, ni por su rapidez, ni por escuchar al territorio y sus necesidades. Vicepresidenta, de forma muy telegráfica, quiero abordar distintos temas. Lo voy a hacer con la esperanza de que, si es posible, me responda a todos. También le adelanto que lo voy a hacer en un tono agradable, como no podría ser de otro modo, y no en el que hemos tenido la oportunidad de escuchar por parte de los dos grupos que me han precedido. Usted sabe que el siguiente es un tema que en Cataluña nos ocupa y nos preocupa, y no le he escuchado pronunciar ni una palabra al respecto. El Delta del Ebro, sin duda un territorio ecosistema único, pero extremadamente frágil. Aquí quiero compartir tres consideraciones clave. Primero, las guardias, el seguimiento y las playas amplias. Sabe usted perfectamente que este es el consenso del territorio, junto con el Gobierno de la Generalitat; un consenso basado en mantener el perfil para ir adelante y no para recular. No queremos retroceder ni un centímetro, no queremos el deslinde, tenemos la solución y usted lo sabe, y también sabe que esta solución es viable. Luego, residuos. Hace algunas semanas su ministerio publicó el informe de residuos municipales del año 2021. Las conclusiones de dicho informe son muy claras. Se sigue con una tendencia de crecimiento. Las medidas aprobadas en la ley de residuos y suelos contaminantes y el real decreto de envases no se están aplicando suficientemente bien, aunque pronto se cumplirán dos años de su aprobación. Y no solo no se aplican, sino que, en ningún caso, de momento, suponen una reducción efectiva en la producción de plásticos ni en su dispersión. Hoy, los plásticos —y sobre todo los envases de un solo uso— siguen creciendo y contaminando los ecosistemas naturales y también la salud de las personas. Ese mismo informe nos dice la cantidad de residuos recogidos en el Estado español, 22 millones de toneladas concretamente; residuos gestionados por los municipios, donde también encontramos la principal producción de plásticos y de envases. Estas cifras, si me lo permiten, demuestran que la tendencia es de crecimiento. De hecho, de estos 22 millones de toneladas de residuos, en el 2021, en el Estado español solo se recogen selectivamente un 22 %. Hablo de residuos municipales. El resto, el 78 % —e stamos hablando de casi el 80 %—, se vierten o se incineran. A este ritmo es evidente que no vamos a cumplir con los objetivos fijados por la Unión Europea. Estamos, pues, ante incumplimientos graves, tasas de reciclaje muy bajas y muy mala calidad y cantidad de políticas de prevención, lentas y, si me lo permite, también insuficientes.
Algunos temas que no se están llevando a cabo y que a nosotros nos preocupan mucho son, por ejemplo, la obligatoriedad de la venta a granel de frutas y verduras, una medida atascada porque se está pendiente de que se publique la lista de productos perecederos. Prohibición de plásticos de un solo uso fijado por la Unión Europea. Me refiero a las cañitas, a los cubiertos, a los vasos. Prohibición del uso de ftalatos y bisfenol A en los envases, una medida directamente vinculada, como decía, a la salud humana. Prohibición intencionada de microplásticos en distintos productos. Fijación de objetivos de reutilización y preparación para la reutilización. Obligatoriedad de disponer, por ejemplo, de referencias de envases reutilizables en los supermercados, etcétera. Todas estas medidas, que no son suficientes, tenían que incidir en la reducción efectiva de los plásticos de un solo uso a día de hoy, pero, dos días después de la aprobación del texto legislativo ―como diría uno de los maestros de una servidora, Joan Tardà―, lo más caliente sigue todavía en la pica. Quería preguntarle, señora vicepresidenta, qué tiene pensado hacer a este respecto.
Otro tema que nos preocupa sumamente es la cogeneración. Su ministerio tiene pendiente al menos dos solicitudes respecto al sector de la cogeneración, que tiene un amplio apoyo por parte de los grupos que dijimos sí a la investidura del señor Sánchez. La primera es la aprobación de la enmienda de cogeneración que nuestro grupo ―y también otros― presentaron al real decreto del proyecto de ley derivado del Real Decreto 8/2023 y que daba, en este caso, dos años de prórroga a las industrias que han terminado su concesión para poder seguir operando hasta que se promueva el marco de inversión, incluyendo también las plantas de purines, porque las plantas de purines ―como usted sabe― son de vital importancia para el medio ambiente, para la ganadería y también para mantener la cohesión territorial. Luego, que se promueva el marco de inversión 2024 anunciado y tramitado en 2021 por la convocatoria de subastas de 1200 megavatios de cogeneración. Han anunciado la necesidad de un nuevo borrador, pues bien, si hay esta necesidad, se tendría que publicar antes del 31 de julio añadiendo megavatios adicionales a las plantas de purines.
Hablemos de energía, que usted también ha tocado este tema. De hecho, el Grupo Republicano ya lo hizo en la pasada legislatura y logramos pequeños avances que, aunque fueron pequeños, fueron grandes avances. Pero ya le he dicho, persistiremos y seguiremos exigiendo, reclamaremos más ampliación en el radio de autoconsumo compartido. Nuestro objetivo son los veinte kilómetros y esto es fácil de entender: cuanta mayor es la distancia, más consumidores pueden o podrán beneficiarse de esta tecnología. Ampliar el autoconsumo colectivo a más polígonos industriales y urbanizaciones, especialmente en zonas rurales donde las distancias son más largas, es permitir que quien no disfruta del privilegio de contar con infraestructura privada para instalar placas propias, que es la mayoría de la población, pueda acceder al autoconsumo. Por lo tanto, es una medida que va hacia la sostenibilidad, que va encauzada hacia la defensa que hemos hecho siempre desde nuestro grupo, que es la democratización de la energía.
También es imprescindible abordar de una vez por todas la falta de transparencia de las grandes energéticas. Señora Ribera, sabemos cuánto nos cuesta la energía, pero no sabemos cuánto cuesta su producción real. Por lo tanto, pedimos medidas de control y auditorías a estas empresas. Las obligaciones tributarias para estos oligopolios eléctricos no solamente son imprescindibles, sino también necesarias, igual que es necesario un cambio en el sistema de fijación de precios. Pero es prioritario aumentar el control sobre un sector que no tendría que estar en manos privadas porque la energía es un bien de primera necesidad. Hablando de energía, si el objetivo es descarbonizar ―entiendo que lo es― la solución o una parte importante de la solución pasa por electrificar. Y, que yo sepa, los electrones no vuelan, necesitan una red. ¿Cómo vamos a solventar el acceso a la red? Lo voy a dejar aquí por cuestión de tiempo, pero sí que podríamos incidir también en el tema de la capacidad de la red porque es cabal y fundamental en un momento en el que buscamos descarbonizar, pero sabemos que la solución es electrificar.
Otro tema clave, el agua. En este apartado podríamos hablar largo y tendido, pero el tiempo no me lo permite. Podría hablar de la nefasta gestión, y como ya se lo he explicado y he tenido la oportunidad de compartirlo con usted, no lo voy a hacer. Decía nefasta gestión de la CHE, de la sequía que estamos sufriendo en Cataluña, el canal de Urgel en Las Garrigas; ahora hace un año, sin previo aviso, por la falta de planificación. Podría hablar de las infinitas derivadas que eso tuvo para el conjunto de agricultores, también las cuencas extracomunitarias, pero como ya la situación fue suficientemente ridícula, no quiero perder más tiempo con ello. Seguimos sufriendo, sobre todo, un embalse que depende de la CHE y que tiene una sequía imparable, Els Guiamets. La situación es de extrema urgencia para los regantes, pero también para el municipio de Falset, capital del Priorat. La situación es tan extrema que en dicho municipio tienen que plantearse alternativas para garantizar ya el agua de boca, no para regar, sino el agua de boca, y la diversificación de las fuentes de aprovisionamiento cuando estas fuentes no lleven agua suficiente. La alternativa más lógica es la conexión de Falset con el embalse de Guiamets, que está en línea recta, a tan solo siete kilómetros. Ahora que se está hablando seriamente de traer agua del Ebro para el regadío es imprescindible, vicepresidenta, que encontremos soluciones para las dos problemáticas y que se ejecuten ya estas obras por el procedimiento de urgencia. Es extremadamente imprescindible. Seguimos hablando de agua y de incumplimientos, alguno flagrante. El incumplimiento de los plazos para la ampliación de la planta de desalinizadora de la Tordera. Justo el lunes pasado, 17 de junio, se envió una propuesta de acuerdo para las desaladoras de la Tordera y Foix. Este es un retraso inadmisible, ya que el 5 de febrero de 2024 usted y el conseller Mascort anunciaron el acuerdo para la ampliación de ambas plantas de desalinización. A nadie se le escapa que los principales damnificados de este retraso son siempre los mismos, la ciudadanía, en este caso la población de Cataluña que ve cómo unas obras que son estratégicas para la resiliencia hídrica del país van con retraso.
Luego, hablando de su Gobierno y de su sucursal en Cataluña, un inciso para el PSC. Nosotros necesitaríamos aclarar ―y creo que no solo el Grupo Republicano, también la ciudadanía de Cataluña― cuál es su grado de compromiso con las directivas ambientales y la preservación del medio natural. Me explico. Hoy en día no sabemos a quién creer, o no sabemos qué criterio sigue más usted, si el que viene de Atocha o el que viene de la estación de Sants. Me explico. Lo digo para saber si siguen apostando, como afirma Salvador Illa, por un modelo de cemento y asfalto, y siguen enfrascados en la ampliación del aeropuerto de Barcelona, pasando por encima de La Ricarda, o si por el contrario ustedes quieren dar cumplimiento a las cartas de emplazamiento de la Comisión Europea y velar por el medio ambiente y los lugares naturales, porque ambas cosas a la vez son imposibles. Y esto nos gustaría que lo respondiera. En esa misma dirección le pedimos el posicionamiento del Gobierno de España ante las Zonas de Bajas Emisiones, y aquí también me explico. Nosotros necesitamos concretar el nivel de compromiso del PSOE con la calidad del aire en el área metropolitana de Barcelona. ¿El compromiso del PSOE es con el Gobierno de España, que ha elaborado normativa y que, posteriormente, ha desarrollado el Gobierno de la Generalitat mediante el plan de calidad del aire? ¿Es este? ¿O el compromiso es con los alcaldes y alcaldesas del PSC del área metropolitana que, ¡vaya!, se oponen al plan? ¿Con quién estamos? ¿Con unos o con otros? ¿Cómo vemos la cosa? ¿La vemos distinta desde aquí o desde allá?
Hablando del cambio climático y de la calidad del aire, en Cataluña hay 98 instalaciones que pagan derechos de emisiones, pero la transferencia a Cataluña de los recursos procedentes de la subasta de estos derechos de emisión, procedentes del régimen de derechos de emisión de la Unión Europea por el cambio climático, no la recibimos directamente. Estamos hablando de unos 320 millones de euros anuales que se podrían dedicar a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático del Fondo climático. ¿Qué nos puede decir a este respecto, señora ministra? Hablando de subastas y de eólica marina, le pedimos ya por enésima vez que la subasta se realice en Cataluña y se prioricen los criterios fijados por la Generalitat, que son criterios con un componente social importante. No solo eso, son criterios también que están consensuados con el territorio, es decir, con alcaldes y alcaldesas de los territorios afectados.
Por último —y termino, vicepresident—, usted sabe cuál es nuestro compromiso con el medio ambiente y sabe o conoce el compromiso de Esquerra Republicana con la transición ecológica y también con la suscripción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también sabe que nosotros tenemos muy claro que esta transición no puede ir en detrimento del sector primario. No digo que hasta ahora haya ido extremadamente en perjuicio ―porque ya hemos dicho en más de una ocasión que los problemas del sector primario son también otros y es que la gente no se puede ganar la vida con él, y esto requiere otras soluciones que ya hemos explicado en más de una ocasión en este hemiciclo―, pero hay un problema y un peligro que usted conoce perfectamente, el populismo desatado de la bancada de aquí, de VOX y del Partido Popular.
Presidencia. Señoría, debe finalizar, por favor.
Teresa Jordà i Roura
ERCDiputada.Página 72
Acabo, que esto le interesa a la ministra.
Presidencia. Finalice, por favor.
Teresa Jordà i Roura
ERCDiputada.Página 72
L’única solució, vicepresidenta, és que fem polítiques transversals i que les fem mirant-nos a la cara el Ministeri d’Agricultura i el ministeri que vostè en té la responsabilitat. Aquí també ens hi trobarà.
Res més i moltes gràcies.
La única solución, vicepresidenta, es que hagamos políticas transversales y que las elaboremos mirándonos a la cara el Ministerio de Agricultura y el ministerio del cual usted es responsable. Aquí también nos va a encontrar.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Calvo Gómez.
Pilar Calvo Gómez
JuntsDiputada.Página 73Vídeo
Gràcies, president. Senyora vicepresidenta, ha exposat aquí, quan començava la seva compareixença, alguns dels arguments de campanya al Parlament Europeu, que evidentment l’ha tingut molt ocupada darrerament, i potser per això ―i li diem des del més absolut respecte― arriba vostè sense haver fet bona part de deures que nosaltres esperàvem o fent-los en el temps de descompte. Tot just ahir van aprovar una pròrroga de les mesures contra la pobresa energètica que acabaven aquest diumenge. Ha ignorat en les setmanes prèvies la preocupació i la necessitat d’informació dels responsables de la plataforma contra la pobresa energètica, que agrupa a més de vint organitzacions en tot l’Estat. Representants d’aquesta plataforma, ens deien fa dies: El Govern no ha donat cap pista sobre si aquestes mesures es mantindran a partir del 30 de juny, quan finalitzi la vigència de les principals mesures de protecció. Cap pista. Els ciutadans, d’alguna manera, han de fer de Sherlock Holmes per mirar d’esbrinar per on anirà el Govern Espanyol. La bona política, pensem, té en compte el neguit de la ciutadania i no s’espera a l’últim moment a aportar aquestes solucions. Encara menys si hi ha 1 600 000 llars afectades amb les excepcions lògiques de quan hi ha menors de setze anys o persones amb discapacitat o en grau de dependència. Molts ciutadans estaven angoixats de pensar que, en cas d’impagament, potser no renovaria la prohibició de talls de subministrament d’electricitat, de gas i aigua a les llars beneficiàries del bo social elèctric. Anaven passant els dies i cap informació. Segurament ha estat, com dèiem, molt enfeinada, però, vaja, això no justifica la falta d’activació de mesures fins ahir, cinc dies abans de la data límit. Ara sabem, i home, i benvingut, que no hi haurà talls per impagament a les llars vulnerables fins al 31 de desembre, però els afectats demanden que aquestes mesures es consolidin en la llei del sector energètic com un dret estructural dins de la renovació que esperem de l’Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica. Suposo que d’això vostè haurà de dir alguna cosa. Jo li ho pregunto directament. A més, també pregunten per quina raó han modificat a la baixa els descomptes. Des d’ara, fins al juny del 2025, el descompte pels consumidors vulnerables severs passarà del 80 % actual al 57,5 % i el dels consumidors vulnerables passarà del 65 % actual al 42 % el juny del 2025. Per quina raó si la gent seguirà sense arribar a final de mes? Els ho han demanat a les energètiques, que fos així? Recordem que és un cost que assumeixen tots els sectors del sector energètic; s’ha de dir que no de manera, diguem-ne, igualment solidària: l’esforç que fan uns i altres és desigual. A falta de transparència i números oficials publicats, a Junts hem fet els números. El cost de la pobresa energètica a tot l’Estat és, segons les nostres estimacions, d’uns 840 milions d’euros, i això suposa entre un 5 % i un 6 % de sobrecost de la despesa, que, al final, recordem-ho, paga tota la ciutadania, però que d’entrada va a costa dels beneficis dels diferents sectors, i com deia, del sector elèctric. Ho assumeixen fonamentalment els productors i els comercialitzadors, però, si parlem dels productors, la fotovoltaica assumeix un esforç que triplica el que fan els cicles combinats i multiplica per deu el que fa Red Eléctrica de España, que és l’excepció: només assumeix un 0,57 % de sobrecost de despesa. Com a recordatori, Red Eléctrica de España, ara Redeia, ha publicat haver obtingut un resultat operatiu en Ebitda de 1508 milions, pràcticament el doble que tot el cost de la pobresa energètica, i els gestors de la distribució elèctrica van tenir un Ebitda agregat entre tots d’uns 3152 milions, gairebé quatre cops més que tot el cost de la pobresa energètica. S’ha de dir que des de la Generalitat, i ens agrada recordar-ho, l’exconseller Ramon Tremosa va aconseguir signar un conveni en el seu dia, com deia, perquè el Govern català i les empreses energètiques assumissin al 50 % el cost de l’impagament acumulat, que era en aquell moment de vint milions d’euros, una mesura que va permetre respirar a moltes llars catalanes. Segueixo. Vostè es va presentar com a candidata a ser la futura comissaria europea. Per això ens sobta que li faci tampoc cas a Europa en alguns aspectes de les directives. Per exemple, la directiva europea 2014/944, sobre normes comunes per al mercat interior d’electricitat. Tenen pendent la regulació de les comunitats energètiques que demana aquesta directiva i que es va redactar i enviar al calaix. Tenen pendent la creació d’un mercat de flexibilitat, article 32 de la directiva, que recordem que no transposar-la només beneficia la gran hidràulica, la fòssil i una mica la nuclear, és a dir, les fonts gestionables a les quals no els caldria aquesta flexibilitat. I amb aquest retard a transposar el que demana la Unió Europea, acaben de retruc perjudicant les renovables, que any darrere any deuen augmentar els coneguts com a abocaments, és a dir, l’energia perduda perquè n’hi ha massa moments puntuals i a uns preus ridículs. Tenen també pendent la creació d’un mercat de capacitat que és la consideració 39 de la directiva. Estan frenant el desplegament de l’emmagatzematge i, per tant, de les bateries. Vostè ha dit que treballarà en aquest sentit, però va dir també que no cal fer aquesta aposta perquè la diferència de preu del mercat ja fa viable les renovables sense necessitat d’acumular energia en bateries. És vostè conscient que això dificulta els promotors aconseguir finançament davant la volatilitat del mercat?
Un cop més legislen, o no legislen, a favor d’Endesa o d’Iberdrola. Mentre uns, els petits, van pidolant finançament, a aquests, als grans, els donen temps per consolidar els projectes d’instal·lacions de grans salts d’aigua reversibles. I ens expliquem. Si es fan matèries ràpides i distribuïdes, a les hidroelèctriques els queda menys espai de mercat on col·locar la seva energia gestionable, com dèiem, amb salts d’aigua. També de retruc, perjudica les bateries domèstiques, que només tindran futur si se’ls reconeix el servei de regulació que presten. Per tant, alguns deures pendents, senyora vicepresidenta.
En un altre ordre de coses, quan tenen previst reprendre el tràmit del projecte de llei 8/2023? El reial decret llei ja es va convalidar el 10 de gener. Han passat sis mesos i encara no s’ha reprès la tramitació. Es va tancar el període d’esmenes a l’articulat fa quatre mesos i, com dic, segueix al calaix i sense convocar ponència. És cert que és un reial decret llei que toca moltes coses ―amb el seu particular estil macedònia― i que no anirà a la Comissió de Transició Ecològica. Això és cert, però del total de 328 esmenes presentades, almenys la tercera part, té a veure amb el sector energètic. No li preocupa a vostè aquesta falta de resposta a les empreses, a les associacions, als col·lectius?
Des de Junts volem recordar-li també algunes de les nostres principals reivindicacions: acabar amb la que considerem discriminació que pateixen milers d’empreses a tot l’Estat, unes 3200 a Catalunya, que paguen els peatges de les línies de tensió de vint-i-cinc kilovolts molt més cars en comparació dels que corresponen a les línies de trenta; fet que suposa un greuge i una pèrdua de competitivitat a Catalunya i un sobrecost per les empreses d’uns 300 milions d’euros. Tenint en compte la similitud de les característiques de les línies i que subministren a la mateixa tipologia d’empresa, totes dues tensions haurien de tenir el mateix preu. Demanem que es permeti també a les comunitats autònomes poder autoritzar les plantes de renovables de més de cinquanta megawatts, que s’ampliï l’exempció de sol·licituds de permís d’accés a totes les instal·lacions que injectin fins a quinze quilowatts a la xarxa, independentment de la potència instal·lada. Volem que es publiqui el llistat dels nusos on es preveu fer concursos i un calendari detallat per evitar l’especulació i per evitar el bloqueig d’emplaçaments. D’aquesta manera, millorem la transparència del procés. I també volem que es transfereixi aquesta facultat a aquelles comunitats autònomes on cal adjudicar accés i connexió addicional, perquè puguin complir els seus objectius de descarbonització de cara al 2030.
I per acabar, volem recordar-li que el Parlament de Catalunya va sol·licitar a l’Estat espanyol la delegació de les competències hídriques plenes en tot l’àmbit territorial de Catalunya, incloses les conques en territori català gestionades per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre. Nosaltres escoltem a Catalunya i ens preguntem si ho fa vostè
Acabo. Per cert, el conjunt dels embassaments de les conques internes de Catalunya encara no està al 50 %. A hores d’ara tenim aigua fins a finals d’any, però previsiblement s’aniran buidant aquests embassaments perquè vindrà calor i s’havien compromès vostès a fer l’ampliació de la dessaladora de la Tordera a Blanes. Però el més calent com diem els catalans, és a l’aigüera. Vostès, per cert, fan l’obra ―la paga Catalunya que consti―, però a hores d’ara no s’ha començat ni tan sols la licitació. Li pregunto en quina situació està.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente. Señora vicepresidenta, ha expuesto aquí, cuando ha empezado su comparecencia, algunos de los argumentos de campaña en el Parlamento Europeo, que evidentemente le han tenido muy ocupada últimamente, y quizás por eso ―y se lo decimos desde el más absoluto respeto― llega usted sin haber hecho gran parte de los deberes que nosotros esperábamos o haciéndolos en el tiempo de descuento. Justamente ayer aprobaron una prórroga de las medidas contra la pobreza energética que acababan este domingo. Ha ignorado en las semanas previas la preocupación y la necesidad de información de los responsables de la plataforma contra la pobreza energética, que agrupa a más de veinte organizaciones en todo el Estado. Representantes de esa plataforma hace unos días nos decían: El Gobierno no ha dado ninguna pista sobre si estas medidas se van a mantener a partir del 30 de junio, cuando acabe la vigencia de las principales medidas de protección. Ninguna pista. Los ciudadanos, de alguna manera, han tenido que hacer de Sherlock Holmes para intentar averiguar por dónde va a ir el Gobierno español. Creemos que la buena política tiene en cuenta el malestar de la ciudadanía y no se espera hasta el último momento a aportar soluciones, y aún menos si hay 1 600 000 hogares afectados por las excepciones lógicas de cuando hay menores de dieciséis años, personas con discapacidad o en grado de dependencia. Muchos ciudadanos estaban angustiados pensando que, en caso de impago, quizás no se renovaría la prohibición de cortes de suministro de electricidad, gas y agua en los hogares beneficiarios del bono social eléctrico. Iban pasando los días y nada, sin información. Seguramente es que ha estado usted muy ocupada, pero, vamos, eso no justifica la falta de activación de medidas hasta ayer, cinco años antes de la fecha límite.
Ahora sabemos, y bienvenido sea, que no va a haber cortes por impago en los hogares vulnerables hasta el 31 de diciembre, pero los afectados exigen que estas medidas se consoliden en la ley del sector energético como un derecho estructural dentro de la renovación que esperamos de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética. Supongo que tendrá usted que decir algo sobre esto, yo se lo pregunto directamente. Además, también preguntan por qué razón se ha modificado a la baja los descuentos. Desde ahora hasta junio de 2025 el descuento para consumidores vulnerables graves va a pasar del 80 % actual al 57,5 %, y el de los consumidores vulnerables pasará del 65 % actual al 42 % en junio de 2025. ¿Por qué razón si la gente va a seguir sin llegar a final de mes? ¿Se lo han pedido las energéticas que fuera así? Recordamos que es un coste que asumen todos los actores del sector energético; hay que decir que no de manera igualmente solidaria, el esfuerzo que hacen unos y otros es desigual.
A falta de transparencia y números oficiales publicados, en Junts hemos hecho números. El coste de la pobreza energética en todo el Estado es, según nuestras estimaciones, de unos 840 millones de euros, lo que supone entre un 5 y un 6 % de sobrecoste del gasto, que al final, recordémoslo, paga toda la ciudadanía, pero que de entrada va a costa de los beneficios de los diferentes actores del sector eléctrico. Lo asumen fundamentalmente los productores y los comercializadores, pero, si hablamos de productores, la fotovoltaica asume un esfuerzo que triplica lo que hacen los ciclos combinados y multiplica por diez lo que hace Red Eléctrica de España, que es la excepción, que solo asume un 0,57 % de sobrecoste del gasto. Valga como recordatorio, Red Eléctrica de España, ahora Redeia, ha publicado haber obtenido un resultado operativo en Ebitda de 1508 millones, prácticamente el doble de todo el coste de la pobreza energética, y los gestores de la distribución eléctrica tuvieron un Ebitda agregado entre todos de unos 3152 millones, casi cuatro veces más que todo el coste de la pobreza energética. Cabe decir que, desde la Generalitat, y nos gusta recordarlo, el antiguo conseller Ramon Tremosa consiguió firmar un convenio en su día para que el Gobierno catalán y las empresas energéticas asumieran el 50 % del coste del impago acumulado, que era entonces de 20 millones de euros, una medida que permitió respirar a muchos hogares catalanes.
Sigo. Usted se presentó como candidata a ser la futura comisaria europea, y por eso nos sorprende que le haga tan poco caso a Europa en algunos aspectos de las directivas. Por ejemplo, la Directiva europea 2019/944, sobre normas comunes del mercado interior de electricidad. Tienen pendiente la regulación de las comunidades energéticas que pedía esta directiva y que se redactó y envió a un cajón. Tienen pendiente la creación de un mercado de flexibilidad, el artículo 32 de dicha directiva, que recordamos que no trasponerla solo beneficia a la gran hidráulica, a la fósil y un poco a la nuclear, es decir, a las fuentes gestionables a las que no les haría falta esta flexibilidad. Y con este retraso en la trasposición de lo que pide la Unión Europea acaban perjudicando a las renovables, que año tras año ven cómo aumentan los vertidos, es decir, esa energía que se pierde porque hay demasiados momentos puntuales y a unos precios ridículos. Tienen pendiente la creación de un mercado de capacidad, que es la consideración 39 de la directiva, y están frenando aquí el despliegue del almacenamiento y, por lo tanto, de las baterías. Ha dicho usted que trabajará en este sentido, pero también dijo que no hace falta hacer esta apuesta, porque la diferencia de precio de mercado ya hace que sean viables las renovables sin necesidad de acumular energía con baterías. ¿Es consciente usted de que eso dificulta a los promotores conseguir la financiación ante la volatilidad del mercado?
Una vez más, legislan o no legislan a favor de Endesa o de Iberdrola. Mientras unos, los pequeños, van pidiendo financiación, a estos, los grandes, les dan tiempo para consolidar los proyectos de instalaciones de grandes saltos de agua reversibles. Y nos explicamos. Si se hacen baterías rápidas y distribuidas, a las hidroeléctricas les queda menos espacio de mercado donde colocar su energía gestionable, como decía, con saltos de agua y, también, de paso, perjudican las baterías domésticas, que solo tendrán futuro si se les reconoce el servicio de regulación que prestan. Por lo tanto, hay algunos deberes pendientes, señora vicepresidenta.
En otro orden de cosas, ¿cuándo tienen previsto retomar el trámite del proyecto de ley 8/2023? El real decreto ley se convalidó el 10 de enero. Han pasado casi seis meses y aún todavía no se ha retomado la tramitación. Se cerró el periodo de enmiendas hace cuatro meses y, como he dicho, sigue metido en un cajón y sin convocar ponencia. Es cierto que es un real decreto ley que abarca muchas cosas ―con su famoso y particular estilo macedonia― y que no va a ir a la Comisión de Transición Ecológica; eso es cierto, pero del total de 328 enmiendas presentadas al menos la tercera parte tiene que ver con el sector energético. ¿No le preocupa a usted esta falta de respuesta a las empresas, asociaciones y a los colectivos?
Desde Junts queremos recordarle también algunas de nuestras principales reivindicaciones: acabar con lo que consideramos discriminación que sufren miles de empresas en todo el Estado, unas 3200 en Cataluña, que pagan los peajes de las líneas de tensión de 25 kilovatios, mucho más caras en comparación de lo que corresponde a las líneas de 30; hecho que supone un agravio y una pérdida de competitividad en Cataluña y un sobrecoste para las empresas de más de 300 millones de euros aproximadamente. Teniendo en cuenta la similitud de las características de las líneas y que suministran a la misma tipología de empresa, las dos tensiones deberían tener el mismo precio. Pedimos que se permita también a las comunidades autónomas poder autorizar las plantas de renovables de más de 50 megavatios, que se amplíe la exención de solicitud de permisos de acceso a todas las instalaciones que inyecten hasta 15 kilovatios a la red, independientemente de la potencia instalada. Queremos que se publique el listado de los nudos donde se prevé hacer concursos y un calendario detallado para evitar la especulación y para evitar el bloqueo de emplazamientos; de esa manera mejoraremos la transparencia del proceso. Y también queremos que se transfiera dicha facultad a las comunidades autónomas en las que haya que adjudicar acceso y conexión adicional, para que puedan cumplir sus objetivos de descarbonización de cara al año 2030.
Para acabar, queremos recordarle que el Parlamento de Cataluña solicitó al Estado español la delegación de las competencias hídricas plenas en todo el ámbito territorial de Cataluña, incluidas las cuencas en territorio catalán gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro. Nosotros escuchamos a Cataluña y nos preguntamos si usted lo hace.
Acabo. Por cierto, el conjunto de los embalses de las cuencas internas de Cataluña todavía no está al 50 %. Ahora nos encontramos con agua para finales de…, pero probablemente se van a ir vaciando esos embalses porque, evidentemente, va a hacer calor, y ustedes se habían comprometido a hacer la ampliación de la desaladora de La Tordera, en Blanes. Pero lo más candente está todavía en La Higuera. Se lo hacen pagar a Cataluña, para que conste, pero todavía no se ha lanzado ni siquiera la licitación, y querríamos saber en qué situación se halla esto.
Muchas gracias.
Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
Oskar Matute García de Jalón
EH BilduDiputado.Página 76Vídeo
Presidente jauna, diputatuok, arratsalde on, guztioi.
Señor presidente, diputados, diputadas, muy buenas tardes a todas y todos.
Decía Mark Twain que nunca discutieras con un ignorante, porque él te hacía descender a su nivel y así te ganaría por experiencia. Siguiendo esa máxima es como afrontamos este debate; es decir, no vamos a perder un minuto en discutir tesis negacionistas y en rebatir argumentos negacionistas, que solo desde la ignorancia, o quizás la mala fe, se pueden sostener, y de esas ha habido muchas. Es verdad, también hay que decirlo, se ha evolucionado algo en el campo del negacionismo. Por lo menos, ya no nos alegramos de que la temperatura siga subiendo incesantemente porque así hace más calorcito en verano, como dijo un diputado de VOX en la pasada legislatura. Pero más allá de eso, prefiero centrarme en lo que ha sido el objeto de la comparecencia.
Decía la vicepresidenta —y lo ha repetido en dos ocasiones, entiendo que para darle mayor énfasis— que lo verdaderamente importante era aliarnos con la naturaleza y no ir en contra de ella. Yo estoy de acuerdo. Quizás estoy de acuerdo por puro instinto de supervivencia. No sé por qué me graban cuando estoy interviniendo, si hay un circuito cerrado de cámaras donde pueden sacar las imágenes. Lo digo por el diputado de VOX, que lo está haciendo en este momento. Más allá de eso, como digo, quizás por un puro instinto de supervivencia comparto esa tesis, porque parece que la condición de posibilidad para que podamos estar hablando aquí, para que podamos poner nuestros proyectos políticos aquí e incluso para que podamos proyectar nuestros modelos de sociedad, de vida y de futuro pasan porque exista un planeta habitable. Parece que a veces obviamos que el actual rumbo de las cosas nos lleva hacia una implosión, hacia un colapso, que puede hacer incluso insostenible la vida en el planeta.
Por tanto, voy a pretender seguir el guion e intentar hacerlo con pocas digresiones para poder tener una sistemática o un orden en el debate. Señalaba usted que había datos positivos en la gestión del Gobierno desde el año 2018. Seguramente es cierto. Muchos de los datos que ha puesto encima de la mesa los compartimos, pero tampoco es menos cierto que, pese a esos datos positivos, pese a esas medidas positivas, la realidad sigue siendo poco edificante o, por lo menos, no en los términos en los que las propias cumbres mundiales del clima se fijan como objetivos. A partir de ahí señalaba como un gran eje —y es normal— el que tiene que ver con la agenda climática y con la propia labor del PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y hablaba de la descarbonización y de la necesidad de la inversión, de las dos almas de este debate: cómo descarbonizamos nuestra economía sin dañarla en exceso y sin que esos impactos repercutan de manera negativa en el conjunto de la ciudadanía y en su bienestar.
En lo que tiene que ver con la descarbonización, y siguiendo con el gas, creo que lo primero que deberíamos tener en cuenta es que en la actualidad hay ocho millones de hogares enganchados al gas como única fuente de suministro, y que tenemos una industria también mayoritaria ―casi diría que abrumadoramente mayoritaria― enganchada al gas. A la vez, el Estado español posee la mayor capacidad de regasificación de toda Europa. Lo que nos plantean en el PNIEC es que se suba de un 23 a un 32 % la reducción de emisiones. La sociedad civil plantea porcentajes mucho más ambiciosos que nos llevan una descarbonización total para 2040. Se habla del almacenamiento y se señala la importancia de este, pero también conviene decir que no vamos bien. Por desgracia, no se han hecho los deberes y la capacidad de almacenamiento todavía está por debajo de las necesidades, no ya de los deseos, sino de las necesidades.
Se sigue manteniendo para 2030 la alta capacidad de los ciclos combinados, cuando en nuestra opinión lo que habría que hacer es un plan de cierre de los ciclos combinados, como con las nucleares, y nos gustaría escuchar eso. No sé si la vicepresidenta llegará a ser comisaria europea o no, pero si lo fuera nos gustaría trasladarle una pregunta, ¿trabajará para quitar la etiqueta de verde a la energía nuclear que en el reciente ciclo pasado se le puso? A nosotros nos parecería importante que así se hiciera, sobre todo y también en coherencia con lo que está haciendo este Gobierno para acabar con el ciclo de la energía nuclear y dar paso a otro tipo de energías renovables, también en el depósito de sus residuos o en la gestión de la propia energía.
Creemos que también hace falta un plan para sacar el gas de los hogares, porque si hay ocho millones de hogares conectados exclusivamente al gas parece importante que también nos lo fijemos. Además, si no lo hacemos así y lo fijamos para 2030, va a ser imposible alcanzar los objetivos de la Cumbre de París en torno al grado y medio. Asimismo, decimos que para que eso sea posible hace falta una fuerte inversión pública. La fuerte inversión pública que nadie discute, o que poca gente discute cuando se habla de la industria, es la que se necesita también para ayudar a los hogares a que puedan hacer esa transición, ese abandono del gas por otro tipo de energías renovables, porque, hoy en día, la aerotermia es solo una opción para ricos y, además, los procesos de transformación o de apuesta por otra energía siguen siendo altamente costosos para la población vulnerable, que no puede asumir dichos costes. Quizás ahí habría que plantearse una tarifa social en función de la renta.
Ya que hablamos del sector industrial, la otra parte de la descarbonización de la que se hablaba, habrá que señalar que este es el sector que mayor consumo de gas realiza. También hay que decir, y lo decimos, que estamos en contra de las nuevas cogeneraciones porque nos atan más y durante más tiempo al gas y nos impiden cumplir con la descarbonización. Quizás haya que plantearse, igual que en los tiempos difíciles del inicio de la pandemia, que hay que redimensionar nuestra actividad, incluso decreciendo y redimensionar nuestras capacidades productivas industriales para producir aquello que nos es necesario y nos permite avanzar y no aquello que el tiempo va dejando atrás.
De la misma manera que cuando se habla del refino y de los fertilizantes habrá que hablar de qué ha pasado con ese corredor vasco del hidrógeno. Habrá que hablar de qué eran aquellas promesas que, desde esta misma sede, desde este Congreso de los Diputados, se hicieron en torno al hidrógeno verde y el hidrógeno azul, al futuro que estos tenían. Quien las hizo fue el actual presidente de Repsol, que antes tuvo otros cargos —incluso políticos— en algunos Gobiernos, como el Gobierno Vasco, y ahora dice ―no antes, ahora― que quizás se ha hinchado demasiado la burbuja del hidrógeno verde y del hidrógeno azul. ¿Qué opinión se tiene sobre eso? Porque con los fertilizantes pasa otro tanto de lo mismo, que seguimos importando amoniaco, fundamentalmente procedente del gas fósil argelino, sin apostar de manera clara por transitar hacia un modelo agroecológico, porque aquí, en esta Cámara, hemos oído hablar mucho de agricultores y del daño al campo, pero hablamos poco de agroecología y se habla mucho de grandes empresas extractivas o latifundistas de la agricultura. Y el hidrógeno, aun siendo necesario —hay que decirlo—, no es sino la guinda de todo un pastel, porque el hidrógeno en la actualidad es ineficiente y caro y goza de una tecnología inmadura.
Se ponen ejemplos concretos. Pues ya que se ha hablado de ArcelorMittal, diré yo algo también. ArcelorMittal se va a llevar una subvención de 500 millones de euros de Europa con un compromiso, que es utilizar hidrógeno verde. Y lo que pretende hacer su dirección, no sus trabajadores, es utilizar hidrógeno gris, que es el que tiene que ver con el gas fósil. Igual que hay hidrógeno rosa, por si a alguien le sorprende lo de a tonalidad y la gama de colores, existe el hidrógeno gris y es el que tiene que ver con el gas fósil. Nosotros planteamos que se abandone el gas fósil para 2035 y que en 2040 se abandone el uso del petróleo.
Y ya que hablamos de electricidad —voy a intentar ajustarme al tiempo—, creemos que hace falta que se den pasos en el sistema de fijación. Usted lo ha mencionado, señora vicepresidenta, y nos gustaría saber para cuándo estará y cómo se está avanzando en esa expresión de una voluntad o de un deseo. Nos sumamos a quien ha señalado la necesidad de mantener los bonos sociales términos y eléctricos porque nos pone ante una dura realidad y es que sigue existiendo la pobreza energética. Y nos gustaría que se avanzara también en algo que ya hemos señalado desde esta tribuna en más de una ocasión y es que hay empresas energéticas y eléctricas que sistemáticamente incumplen la ley e incurren en prácticas ilegales. Lo dice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no yo. Lo dice cuando le ponen, por ejemplo, en abril de este mismo año a Naturgy una multa de 19,5 millones de euros por manipular el mercado eléctrico. ¿Para cuándo se van a aumentar esas sanciones, ese régimen sancionador? En esta Cámara hay verdadero ardor cuando se trata de elevar las penas, el sentimiento punitivista es enorme cuando se habla de endurecer el Código Penal, de castigar a quienes protestan de una u otra manera. ¿Por qué no endurecer a quienes se forran a costa de incumplir la ley porque les sale barato, porque les sale rentable? Quizá porque detrás de esas grandes empresas y también detrás del gas natural licuado o de todas estas infraestructuras de las que estamos hablando se encuentran los grandes próceres de la patria, y estoy hablando de los bancos, no de los grandes redactores de la Constitución. Hablo del Santander, del BBVA o de La Caixa.
Termino con dos cuestiones. Estamos de acuerdo con la defensa de la biodiversidad. Ha hablado de la Ley de Restauración de la Naturaleza y nos gustaría que nos señalara, tal como establece la directiva, cuándo esa trasposición nos va a permitir un escenario que contemple la recuperación de toda la naturaleza degradada para el 20250. Es decir, qué calendario, qué fases y qué planes.
Ha hablado de los agentes y de los bomberos forestales. Estamos de acuerdo en que hay que cuidar a quien nos cuide y yo creo que la mejor manera de cuidarles es garantizarles acceder a una jubilación en tiempo y forma, garantizarles salarios dignos, garantizarles derechos y garantizarles, en definitiva, y garantizarnos todos y todas que lo público siga estando en manos de lo público.
Y ya que habla de los océanos —y termino ya, presidente—, dos cuestiones. Hay dos informes que han salido recientemente. Uno es de Zero Waste Alliance…
Presidencia. Por favor, termine.
Oskar Matute García de Jalón
EH BilduDiputado.Página 78
… que dice que solo se recicla el 36 % del plástico mientras que Ecoembes dice que el 71 %. Ahí hay una diferencia de criterio o alguien miente. Nos gustaría que el Gobierno hiciera algo por ver dónde está la realidad. Y el otro es de Eunomia, un órgano consultivo de referencia para la Unión Europea, que dice que las grandes empresas comprometidas con la reducción de plásticos solo están evitando que se vierta el 7 % del total. Por tanto, ahí también hay trabajo y nos gustaría conocer su opinión.
Besteriz ez. Mil esker. (Aplausos).
Presidencia. Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que también acumula en este turno su turno de réplica, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
PNVDiputada.Página 79Vídeo
Gracias, presidente. Ministra, buenos días. Usted nos ha hablado de que se encontraron un escenario en blanco y negro, nos ha hablado de lo que se ha hecho, y la verdad es que yo me esperaba más conocer lo que iba a hacer o cómo se iban a abordar determinadas cuestiones o determinados problemas para avanzar en la transformación de la economía y de las industrias, en reindustrializar y en la descarbonización. Es verdad que parece que hemos dejado atrás los años más convulsos y complicados de los mercados energéticos consecuencia del COVID y de la guerra de Ucrania, unos acontecimientos que, efectivamente, trastocaron esos mercados energéticos y generaron una de las mayores crisis de precios vividos. Y, efectivamente, ante esta situación se han tomado muchas y efectivas medidas que mi grupo también ha venido apoyando. Hoy podemos decir que la situación, a pesar de ser de incertidumbre, es distinta, si bien, tras una primavera con los precios hundidos debido a la extraordinaria generación hidráulica y eólica y al aumento de la fotovoltaica, algo que hemos podido comprobar en las últimas semanas con la recuperación del 21 % en nuestras facturas, en las últimas semanas estamos viendo un aumento de la cotización del gas y de emisiones. Por tanto, un precio de la electricidad algo más alto, que va a hacer nuevamente que volvamos a ese IVA del 10 % —o sea, un precio más alto de la electricidad—, pero que en España —h ay que decirlo— está todavía un 30 % mucho más bajo o por debajo del resto de los países de nuestro entorno, precisamente por el crecimiento de las renovables. Dicho esto, Euskadi es un país industrial. Siempre hemos defendido y hemos apostado por la industria y su cadena de valor. Por eso siempre hemos entendido que la industria y la energía tienen que ir de la mano. No se trata de elegir entre binomios como energía y clima, energía e industria o clima e industria; se trata de vincular el desarrollo de la política energética e industrial para que desde la política energética se pueda desarrollar una nueva política industrial dentro de lo que nos marca la iniciativa europea NetZero Industry. Estamos —lo ha dicho la vicepresidenta también— ante dos revoluciones tecnológicas que van a cambiar el paradigma de la industria: la energética y la digital, y España —c reo que lo ha dicho también usted— tiene una oportunidad de oro en cuanto a la revolución energética, pues tenemos recursos naturales —sol, viento y agua— y la mejor tecnología que le permite producir energía limpia a costes más baratos que el resto de los países. Una ventaja competitiva que hay que aprovechar para traer inversión extranjera verde, pero también para que la industria se pueda descarbonizar, se pueda reindustrializar y pueda producir bienes de mayor valor. La expansión de las energías renovables, el autoconsumo, el aumento de vehículos eléctricos, puntos de recarga, bombas de calor, procesos de descarbonización, reindustrialización, actividades emergentes, nuevas industrias, centros de datos, requieren una mayor demanda de energía, a la que hay que dar respuesta, pero para esto necesitamos que las redes que distribuyen esa energía, ese sol y ese viento estén preparadas y hoy la red ni se está expandiendo al mismo ritmo ni tiene la capacidad para asumir esta mayor demanda de energía. El suministro de electricidad a nuestras industrias, a nuestras empresas y a nuestros hogares no lo aseguran las plantas de producción, las plantas de generación, sino las infraestructuras, es decir, la red de transporte y la red de distribución. Usted decía en su comparecencia allá por febrero, y recientemente en el Senado, que el binomio energía e industria va a ser central en esta legislatura; sin embargo, déjeme poner en entredicho esta afirmación. ¿Sabe por qué? Porque la regulación energética creo que no está acompañando debidamente a la industria en este contexto. Tenemos una regulación del pasado y para el pasado. Las inversiones en redes están limitadas en términos de PIB, una limitación de la época de Rajoy que se sigue manteniendo en este contexto cuando las necesidades son totalmente distintas y que no sirve para cubrir esa nueva potencia que se va a implantar. Por otro lado, tenemos un sistema de planificación de la red de transporte muy rígido, para periodos de cinco años, y desconocemos por qué se atienden unas demandas y por qué otras se posponen para la siguiente planificación. Lo que no se incluye en esta planificación no se ejecuta y si no hay inversión en transporte, no puede haberla en distribución. Un claro ejemplo de esto es la denegación de los accesos a red eléctrica a industrias que necesitan incrementar su potencia, bien porque van a aumentar su producción o bien porque van a descarbonizar su producción o parte de ella o incluso para procesos de integración de proyectos de energía renovable. Si este incremento o estas operaciones no están recogidas en esa planificación vigente, tienes que esperar a la siguiente. ¿Y esto qué significa?
Retrasar o incumplir los objetivos del PNIEC, riesgo cierto de empresas, riesgo de deslocalización, con el consiguiente impacto que puede tener esto en el empleo y en el PIB, retrasar esos procesos de descarbonización y nuevas empresas que pueden desistir de la intención de instalarse aquí.
Esto es casi lo que nos ha ocurrido con alguna empresa. Por ejemplo, empresas a las que se les ha dado un dinero del PERTE VEC para aumentar su producción y resulta que en la planificación no estaba incluida esa mayor potencia que necesitaban y ha tenido que ser incluida a partir de una alegación. ¿Para qué entonces una ventaja competitiva, como la energía solar, la eólica o la hidráulica, para producir esa energía barata si luego no favorecemos con ella esa ampliación de las industrias existentes o la implantación de nuevas industrias? ¿De qué sirve atraer inversión extranjera en proyectos renovables si las redes no están preparadas porque estas nuevas industrias no tienen o no se pueden conectar a esa red? ¿De qué sirve contar con los mejores recursos naturales para convertirnos o para convertir el Estado en un polo industrial europeo si falta infraestructura de red? No nos podemos quedar atrás. Hablamos de empresas con nombres y apellidos, hablamos de pymes, de industrias que están en Zumárraga y en Legazpia, en Guipúzcoa, por ejemplo, o de empresas que están en Amorebieta, en Basauri, en la margen izquierda o en Enkarterri, y también en Araba. Tenemos veintitrés expedientes sin atender y un problema que se va a acrecentar porque ya tenemos empresas nuevas que se quieren implantar y que no tienen ese acceso.
Por tanto, nosotros lo que queremos preguntarle, vicepresidenta, es qué va a hacer el Gobierno al respecto. Yo no sé si de verdad el problema está en Red Eléctrica o en el ministerio. Lo único que sé es que a esto hay que darle una respuesta, una solución, y esto pasa por flexibilizar la planificación, por ampliar el marco de inversión y, desde luego, por modificar su retribución y simplificar los procesos de acceso y conexión, algo que los grupos políticos veníamos solicitando —también tengo que decirlo— a través de enmiendas a ese famoso Decreto 8 que una vez más no se acaba de tramitar. Es cierto —h ay que reconocerlo— que su ministerio acaba de convocar una consulta para pedir propuestas precisamente para elevar el tope de inversión, pero a renglón seguido se nos dice que esto va a encarecer la tarifa. De verdad, no se puede estar siempre en el corto plazo, mirando que esto se va a encarecer, máxime cuando la economía va como un cohete y hay que mirar esta inversión como una inversión a medio y largo plazo que va a traer precios mucho más competitivos.
Hay que tener en cuenta una regla simple. Una inversión de 200 millones implicaría un coste para el sistema de 20 millones al año, un 10 % del coste de inversión, unas inversiones con unos periodos de amortización de treinta y cuarenta años, y se recaudaría por peajes unos 160 millones, el coste anual por ocho, dependiendo del tipo de consumidor. Además, aunque la retribución al transporte y distribución aumente, se tendrá que dividir entre más megavatios hora, por lo que la tarifa tenderá a bajar. Y además disponen de un dinero de los fondos Next que aún no se ha gastado y de la planificación vigente se ha ejecutado tan solo un 60 %. No podemos estar con esta espada de Damocles todo el tiempo. Si se encarece la tarifa, seamos estrictos, ayudemos a quienes verdaderamente lo necesitan. ¿Realmente yo necesito una rebaja del IVA en mi factura de la electricidad? Por cierto, creo que, hablando de esto, sigue pendiente la modificación del bono social para familias numerosas con alto poder adquisitivo. ¿Nos puede decir algo respecto a esto?
Hablando de las redes de distribución, creemos que se necesita más. Se necesita una planificación también flexible que sea capaz de garantizar el acceso a la red cuando así lo solicite la industria o cuando así lo solicite la demanda. Vicepresidenta, si quiere, al menos temporalmente, lo puede hacer; de hecho, ya lo hizo en 2018 con una medida que ustedes implantaron, el Decreto 15, que estuvo en vigor hasta 2020 y que no es otra cosa que la de considerar determinadas posiciones en las subestaciones como instalaciones planificadas para que los titulares de transporte y sus gestoras puedan otorgar permisos de acceso y conexión para conectar distribución o consumo. Ustedes lo hacían también con la generación, pero nosotros solo le pedimos distribución o consumo porque se podrían aflorar unos cuantos miles de megavatios hora; en el caso de Euskadi, incluso hasta unos 4500 para suministro a las redes de distribución o demanda. Como digo, le planteamos esta medida solo para la demanda o consumo, no para generación. Piénselo. Una medida que debiera ser la antesala a una regulación acerca de esa planificación de redes, porque estamos hablando precisamente de incremento de actividad industrial, de descarbonización, de generación de riqueza, de arraigo empresarial y de empleo para muchas personas. Y es cierto, sin personas, efectivamente, no hay empresas, pero sin empresas tampoco hay progreso.
Otra cuestión que ya se ha abordado aquí es la falta de regulación o que la regulación no es la que todos quisiéramos. Se lo ha dicho Teresa Jordà, la portavoz del Grupo Esquerra. La cogeneración, vicepresidenta. Siento decirlo, pero esto viene con anterioridad a su acceso al Gobierno. Desde aquel Decreto del año 1994, cuando comienza la cogeneración —de verdad, perdón por la expresión—, la cogeneración ha ido como pollo sin cabeza. La regulación no la ha acompañado ni la acompaña. Solo hay que mirar los datos. El sector participaba en el año 2019 en más de un 11 % del mix energético; en 2023, menos del 6 %. Estamos ante una tecnología rodeada de una gran incertidumbre normativa y de precio y todo ello pese a que la Unión Europea la define como la tecnología más eficiente de respaldo y soporte a la industria, una tecnología, además, que se está adaptando progresivamente a nuevos combustibles no contaminantes. Usted sabe que hay cuestiones pendientes para que la cogeneración pueda operar con seguridad. Me refiero a las subastas y a las retribuciones. En este sentido, valoramos positivamente que haya entrado en vigor la metodología de la retribución que llevaban esperando desde 2021. Sin embargo, y a pesar de este avance, las retribuciones pendientes de 2023, que ascienden a unos 51 millones de euros, no comenzarán a cobrarse hasta finales de 2024, lo que afecta a su circulancia, a su cashflow. Por eso le pregunto si piensan establecer algún mecanismo extraordinario para dejar de retener este dinero.
También nos gustaría conocer cuándo se van a convocar las subastas de 1200 megavatios que prevé el PNIEC, pendientes desde hace dos años y que son necesarias precisamente para que las cogeneraciones puedan realizar inversiones en instalaciones mucho más eficientes. El retraso del nuevo marco a la inversión mediante estas subastas ha originado que industrias cogeneradoras, como ya le han dicho, hayan finalizado su vida útil regulatoria en los dos últimos años sin poder haber accedido a realizar un nuevo ciclo de inversiones, acarreando una grave pérdida de competitividad, así como también deficiencia energética e incremento de emisiones de CO2 asociadas a las industrias clave repartidas por todo el país. Y hablando de emisiones, también me gustaría saber, ministra, para cuándo el pago o esas ayudas para la compensación de los costes indirectos de CO2 del 25 % que autoriza Europa y que aquí nunca llegan a ese 25 %.
Yo no voy a entrar en otras cuestiones que usted también ha dicho de regulación, como son el almacenamiento o el hidrógeno, que, evidentemente, son necesarios y hay que abordar a la mayor celeridad, porque los retrasos regulatorios lo que hacen es postergar y entorpecer no solo la política industrial, sino también la energética, y creemos que es necesario ir dando pasos en este sentido. Creo que hay que ver también a las compañías y a las industrias como parte de la solución y no como parte del problema en la transición ecológica, porque estas —también se ha dicho hoy por parte de la vicepresidenta— son conscientes del cambio de paradigma, son conscientes de que tienen que apostar por la sostenibilidad y porque, de hecho, esto se comprueba cuando vemos cómo están inmersas en tres procesos para lograrlo. Están en inmersas en un proceso de reducción de emisiones de CO2, invirtiendo en tecnologías renovables, hidrógeno y biocombustibles e invirtiendo en I+D+i para descarbonizar sus procesos.
Por último, me voy a remitir a una cosa muy concreta que yo creo que siempre le he preguntado. Me refiero al segundo cargadero de gas en Bilbao. Tenemos entendido que hay una postura favorable a este en su ministerio, puesto que los datos están diciéndonos que lo que se está cargando en los años 2023 y 2024 demuestran que está saturado, incluso estando en funcionamiento la regasificadora de El Musel. Un nuevo cargadero que también contribuye al objetivo de descarbonización. Por eso le pregunto si va a solicitar informe a la CNMC respecto a la idoneidad de este segundo cargadero.
Finalizando, ya que me queda un minuto, un tema que también para nosotros es clave e imprescindible es la creación de la comisión nacional de energía en el presente contexto de emergencia climática para el cumplimiento de los compromisos nacionales y comunitarios en materia de energías renovables, permitiendo tener una institución más fuerte e independiente y más ágil en el desempeño de las funciones en el sector energético que, además, ahora incluye funciones de descarbonización y, en definitiva, que va a servir para proteger y velar por la ciudadanía, por las empresas, industrias e inversiones. Me gustaría saber si hay alguna novedad al respecto.
Por último, no me quiero dejar el tema de los residuos, que también ha salido aquí. Me preocupa que hay una serie de informes que dicen que hay datos erróneos o no ciertos en cuanto al reciclaje. Además, la ley de residuos establecía que, si la tasa de recogida era menos del 70 %, se tendría que poner en marcha un sistema de depósito de devolución y retorno. En Euskadi, desde luego, estamos dando ya los primeros pasos en este sentido para la prueba de este sistema y me gustaría saber si nos puede decir algo al respecto de este tema.
Nada más. Muchas gracias.
Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, que acumula en este turno su turno de réplica, en primer lugar, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.
Ione Belarra Urteaga
PodemosDiputada.Página 82Vídeo
Gracias, presidente. Buenas tardes ya, vicepresidenta. Antes de comenzar con mi intervención, me gustaría decirle que el acuerdo que alcanzaron ustedes ayer con el Partido Popular es un problema gravísimo para la democracia de nuestro país. Hace apenas unos pocos días, el presidente del Gobierno decía con total claridad que el Partido Popular forma parte de la máquina del fango y que es el principal representante del lawfare en España. Yo creo que es importante que ustedes se aclaren. O el Partido Popular es un partido de Estado con el que se puede renovar el Consejo General del Poder Judicial o es un partido que forma parte de la máquina del fango y entonces no se puede pactar con él. (Aplausos). Yo creo que es evidente —nosotras lo tenemos clarísimo— que el Partido Popular ha hecho una guerra judicial sucia contra el presidente del Gobierno y su familia, contra los partidos independentistas, contra Podemos, contra los activistas, contra los antifascistas y con esa gente no se puede llegar a ningún tipo de acuerdo, porque no es un acuerdo, señora vicepresidenta, es una rendición. Significa darle carta de naturaleza a la guerra judicial sucia contra todas estas entidades políticas; significa darle capacidad de veto a los jueces reaccionarios y significa subvertir el resultado de las urnas el 23 de julio, que dijeron claramente que el Partido Popular no debe gobernar en España. Y de esta manera el Partido Popular vuelve a mandar, aunque no gobierne. Dígame usted, señora Ribera, ¿cuántos jueces que han participado en la guerra sucia judicial van a rendir cuentas después de este acuerdo? ¿Van a rendir cuentas los jueces García-Castellón y Escalonilla por la persecución a Podemos? ¿Van a rendir cuentas la señora Carmen Lamela o el juez Peinado? ¿Va a rendir cuentas el juez que acaba de decretar cárcel para las sindicalistas de La Suiza por proteger a una compañera del acoso laboral? (Aplausos). ¿Va a rendir cuentas el señor Marchena, que retiró de manera fraudulenta un escaño de Podemos en la pasada legislatura? No hace falta que me conteste a eso, señora vicepresidenta, ya se lo digo yo. No, ninguno de estos jueces que han participado en la guerra sucia van a rendir cuentas después de este acuerdo. Pero el problema es muchísimo más profundo porque, escuchando esta mañana al presidente del Gobierno, nos ha quedado meridianamente claro, según sus propias palabras…
Presidencia. Señoría, un segundo, por favor. Sabe usted que el Reglamento determina que las comparecencias se deben realizar para lo que están convocadas. Siempre es razonable por parte de la Presidencia —cuando me ha tocado a mí ejercerla así ha sido— dejar un tiempo prudencial, pero lleva usted la mitad del tiempo hablando de algo que nada tiene que ver con la comparecencia, así que le pido que en unos segundos cambie o si no tendremos que aplicarle el Reglamento. Gracias.
Ione Belarra Urteaga
PodemosDiputada.Página 82
Yo sé que al Partido Socialista no le gusta que hablemos de que acaban de inaugurar una nueva legislatura en la que conforman una gran coalición con su nuevo socio de Gobierno, el Partido Popular, porque en el fondo se avergüenzan de este pacto. Saben perfectamente que tengo razón porque lo que se está haciendo es legitimar la guerra sucia. (Aplausos). Lo que han hecho ustedes es reconocer que no están dispuestos a pagar el precio que nos hace pagar la derecha por transformar. Eso es lo que le están diciendo a España. Tengo la sensación de que cada vez más gente se está dando cuenta de que este verano del año 2024 se parece cada vez más al verano del año 2011, donde ustedes constitucionalizaron los recortes a través de la reforma del artículo 135 de la Constitución. El señor Zapatero se equivocó entonces y ustedes se están equivocando ahora. Entonces, para conformar una gran coalición para constitucionalizar los recortes; y ahora, para conformar una gran coalición que nos va a llevar a la guerra en Europa. Y eso, compañeros y compañeras, desde luego no se va a hacer con el silencio de Podemos.
Insisto… (Rumores.— Un señor diputado: ¿Tú qué vas a hacer?). Si me dejan intervenir en mi uso de la palabra…, porque aquí todo el mundo habla de lo que le da la gana menos Podemos. Insisto: no parece casualidad que el mismo día que anuncian la gran coalición en España, anuncien también una gran coalición en Europa; una Comisión Europea de la que ustedes van a formar parte y de la que usted particularmente, vicepresidenta, parece que va a formar parte, según han dicho todas las publicaciones. Usted está a tiempo —e s un consejo que le damos amistosamente— de no formar parte de un lavado de cara verde a una Comisión Europea que va a ser una Comisión Europea de la guerra. Lo supimos ayer mismo. La señora Von der Leyen y la señora Kaja Kallas son dos auténticas señoras de la guerra. En concreto, esta última persona, líder de Estonia, es una de las líderes europeas más probélica de toda
Europa. Se lo digo porque me consta que usted tiene sensibilidad con la transición ecológica y con la emergencia climática y creo que es importante que todas entendamos que es imposible —absolutamente imposible— luchar contra la emergencia climática si la única prioridad europea es la guerra. Por eso —se lo hemos dicho muchísimas veces, pero hoy insisto de nuevo— la paz en este momento es la tarea política más urgente. Es imposible que abordemos la emergencia climática si la única prioridad de la economía europea es la guerra, si todos los esfuerzos económicos se usan para la guerra, porque la guerra va a ser la excusa para meter en un cajón la política climática, la política feminista y también la política de justicia social. Creo que usted conocerá tan bien como yo los datos. El sector militar emitió en el año 2019 veinticuatro millones de toneladas de CO2. Es el país número veintiocho de la Unión Europea. Emite tanto CO2 como Croacia, Eslovenia o Lituania. Sin desmilitarización, vicepresidenta, es imposible luchar contra la emergencia climática.
Además, como su comparecencia ha tenido este tono de cierre de ciclo evidente, también quiero transmitirle que creo que todo su tiempo como vicepresidenta, como ministra del Gobierno de España, deja un cierto sabor agridulce. Soy consciente de que usted tiene sensibilidad y de que quiere luchar contra la emergencia climática, pero es imposible luchar contra la emergencia climática si no te enfrentas a los que mandan de verdad y todas las decisiones que ha tomado usted han sido para no molestar a los que mandan. Yo creo que para enfrentarnos a la emergencia climática tenemos que inspirarnos mucho más en lo que hicimos contra la pandemia. Medidas más contundentes, urgentes y determinadas para enfrentarnos a la emergencia climática, pero eso es imposible si usted no se enfrenta a las empresas contaminantes de nuestro país, si en vez de enfrentarnos a Repsol lo que hacemos es regarles con millones de euros de fondos europeos (aplausos), porque al final lo que ocurre es que los principales responsables de la contaminación, las principales empresas que han contribuido a la emergencia climática son las principales beneficiadas —he ahí la paradoja— de los fondos europeos. Gracias a eso, hoy tenemos regiones enteras de nuestro país que, literalmente, están aquilatadas de hectáreas y hectáreas de placas solares sin planificación, sin participación de los vecinos y las vecinas…
Presidencia. Muchísimas gracias, señoría, su tiempo ha terminado. Gracias. Tiene la palabra del Señor Rego Candamil
Néstor Rego Candamil
BNGDiputado.Página 83Vídeo
Grazas, señor presidente. Moi boa tarde, señora vicepresidenta. Eu teño pouco tempo e pensaba que vostede tiña certa présa por asumir novas responsabilidades. A teor do que xa vimos e escoitamos, parece que non. Por tanto, eu, que ía facer un relatorio de cuestións que quedan pendentes, lamento moito ter que repetirme, pero o que acontece é que, polo menos no caso de Galiza, as cousas, non só non se resolven, senón que moitas veces se agravan. Por tanto, quero facer referencia a catro ou cinco cuestións de forma moi sintética, catro ou cinco cuestións que para nós son fundamentais, empezando por evidenciar o que xa todos sabemos: que estamos nunha situación de crise climática que pode e debe ter solución, pero, desde logo, o que non se debe buscar nunca son as solucións falsas, as saídas falsas, sen xustiza social e pola vía do greenwashing. E sinto dicirlle que moitas veces dá a impresión de que vostedes alentan precisamente esa vía. É o caso da ofensiva eólica que padece o noso país, non? Unha ofensiva de enerxía eólica sen ningún tipo de planificación, que destrúe moito máis do que resolve, que ten afectacións sociais, ambientais, económicas e patrimoniais inmensas no noso territorio. Estamos falando de que Galiza produce xa o 73 % da enerxía de fontes renovábeis e que o 40 % se envía para fóra. Cumprimos, polo tanto, xa os criterios e, no entanto, temos a orde de 300 proxectos de enerxía eólica aínda en marcha, en tramitación, para alén da eólica mariña. Polo tanto, cremos, evidentemente, que hai que revisar este modelo que non favorece o desenvolvemento económico do noso país, que non deixa nada no noso país e que favorece exclusivamente maiores lucros para as grandes empresas enerxéticas. É un modelo ó servizo das grandes enerxéticas. En segundo lugar, vostedes decidiron que practicamente o 50 % da potencia da eólica mariña se instalase nas costas galegas, máis unha vez, sen deixar beneficios, pero si deixando moitos lucros para as grandes enerxéticas e sacrificando un sector chave, como é o pesqueiro, e o vinculado ó aerocomplexo mar-industria do noso país, que dá millares e millares de postos de traballo. Deben retirar o POEM e, por tanto, deben rectificar. Como deben facelo en relación cunha transición xusta nas Pontes e en Meirama, garantindo a capacidade do nó de evacuación das Pontes de 1400 megavatios e, en función diso, a existencia dun concurso de transición xusta que non se prevé nas Pontes, deixando ó pairo miles de persoas que perderon ou que van perder aínda os seus postos de traballo.
En relación cun proxecto que para nós é absolutamente destrutivo para o país, que é o da macrocelulosa…
Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta. Yo tengo poco tiempo y pensaba que usted tenía cierta prisa por asumir nuevas responsabilidades a tenor de lo que ya hemos visto y escuchado; parece que no. Por lo tanto, yo quería hacer un informe de cuestiones que quedan pendientes, pues yo lamento mucho tener que repetirme, pero lo que sucede es que, al menos en el caso de Galicia, las cosas no solo no se resuelven, sino que muchas veces se agravan y, por lo tanto, quiero hacer referencia a cuatro o cinco cuestiones de forma muy sintética; cuatro o cinco cuestiones que para nosotros son fundamentales. Empezando por evidenciar lo que ya todos sabemos: que estamos en una situación de crisis climática que puede y debe tener solución, pero, desde luego, lo que no se debe buscar nunca son las soluciones falsas, las salidas falsas sin justicia social y por la vía del greenwash. Y siento decirle que muchas veces da la impresión de que ustedes alientan precisamente esa vía. Es el caso, pues, de la ofensiva eólica que padece nuestro país. Una ofensiva de energía eólica sin ningún tipo de planificación, que destruye mucho más de lo que resuelve, que tiene impactos sociales, ambientales, económicos y patrimoniales inmensos en nuestro territorio. Estamos hablando de que Galicia produce ya el 73 % de la energía de las fuentes renovables y que el 40 % se envía hacia el exterior. Por lo tanto, ya cumplimos con los criterios y, sin embargo, tenemos trescientos proyectos de energía eólica en marcha, en tramitación, para la eólica marina, también. Por lo tanto, creemos, evidentemente, que este modelo no favorece el desarrollo económico de nuestro país, que no deja nada en nuestro país y que favorece exclusivamente mayores lucros para las grandes empresas energéticas. Es un modelo al servicio de las grandes energéticas. En segundo lugar, la energía eólica. Usted decía que prácticamente el 50 % de la potencia eólica debería de instalarse en las costas gallegas y, una vez más, sin dejar beneficios, pero sí dejando mucho lucro para las grandes energéticas y sacrificando un sector clave, como es el pesquero, y vinculado a ello el universo mar-industria, que ofrece miles y miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, deben de rectificar, como deben de hacerlo también en relación con la transición justa en As Pontes y en Meirama, garantizando la capacidad de renovación de As Pontes de más de cuatrocientos megavatios y, en función de eso, la existencia de un concurso de transición justa que no se prevé en As Pontes, dejando al pairo a miles de personas que han perdido o perderán todavía sus puestos de trabajo en relación con un proyecto que se ve destructivo para el país, el de la macrocelulosa Altri en la Ulloa.
Presidencia. Señoría, debe finalizar, por favor.
Néstor Rego Candamil
BNGDiputado.Página 84
Finalizo. O da macrocelulosa de Altri, na Ulloa, é urxente que o Ministerio, que o Goberno, resolva que non se poden destinar recursos públicos a proxectos industriais que incumpren todos os criterios dende o punto de vista ambiental e dunha economía máis sustentábel.
E, por último, lémbrolle tamén o compromiso adquirido polo seu partido para continuar o proceso de rexeneración e de saneamento das rías galegas, que é absolutamente necesario e urxente. Moito obrigado.
Finalizo. Es urgente que el ministerio, que el Gobierno, resuelva que no se pueden destinar recursos públicos a proyectos industriales que cumplen con todos los criterios desde el punto de vista ambiental y una economía más sostenible. Por último, recuerdo también el compromiso adquirido por su partido para continuar con el proceso de regeneración y saneamiento de las rías gallegas, que es absolutamente necesario a día de hoy.
Presidencia. Gracias. Tiene la palabra la señora Valido García.
Cristina Valido García
Coalición CanariaDiputada.Página 84Vídeo
Buenas tardes ya, señora vicepresidenta. Hoy quiero hablar de dos asuntos muy importantes para Canarias y que, fruto de esa importancia, constan en la agenda canaria que firmamos en el acuerdo de investidura del presidente Sánchez. Quiero empezar por la botella medio llena, porque tenemos avances importantes en materia de transición energética. Ya por fin se han publicado los concursos y esto va a ayudar no solo a renovar los grupos obsoletos, sino a instalar grupos nuevos e impulsar la penetración de las energías renovables. Esto, en definitiva, va a dar una mayor seguridad al sistema eléctrico del archipiélago. Es el camino, sin duda, el camino que nos habíamos trazado para superar gran parte del déficit energético que padece el archipiélago y que, como todos saben, afecta muchísimo más a los sistemas eléctricos aislados, es decir, a las islas.
Pero también tengo que mostrarle mi preocupación por otro de los aspectos de nuestro acuerdo de investidura en el que parece que no avanzamos, y se lo traslado pidiéndole encarecidamente que intervenga usted para ver de qué forma podemos trabajar en los próximos tiempos en el desarrollo del convenio de obras hidráulicas.
Estamos viviendo en Canarias el periodo de sequía más importante desde que hay estadísticas. Fuerteventura y Lanzarote soportan una situación límite, Tenerife ha declarado la emergencia hídrica para poder garantizar en los próximos meses el agua necesaria al sector primario, pero las dificultades afectan a todas las islas. El cambio climático es innegable, las temperaturas de invierno y verano ya no se diferencian y prácticamente no ha llovido. Nosotros no hemos tenido invierno; sé que tampoco en otros territorios, pero en el caso de Canarias estamos en ese verano permanente cada vez más caluroso.
En el año 2018 firmamos un convenio —usted misma lo firmó— por 900 millones que luego no se abordó y, en las reuniones que se han tenido para restablecer este acuerdo, que, insisto, firmamos en el acuerdo de investidura, se han planteado problemas por la no ejecución de fondos del periodo 2019-2023, un periodo en el que ni siquiera nosotros estábamos en el Gobierno de Canarias y que conoce muy bien su compañero de Consejo de Ministros, el señor Ángel Víctor Torres. Fue una legislatura aciaga, ciertamente, con una pandemia que impidió el desarrollo de muchos trabajos en muchos sectores, y que no dudo que fuera uno de los principales motivos para que algunos de los compromisos no se hayan ejecutado y requieran de una prórroga. Pero no nos parece que este pueda ser el argumento para no redactar y trabajar ese convenio de obras hidráulicas al que nos comprometimos, que nos permita planificar, que respete nuestro estatuto de autonomía, nuestra capacidad de gestión y planificación de infraestructuras hidráulicas, que son urgentes y muy necesarias en Canarias y que requieren de una dotación plurianual garantizada.
Presidencia. Señoría, vaya finalizando, por favor.
Cristina Valido García
Coalición CanariaDiputada.Página 85
Si no, no podemos caminar. Potabilizadoras y desaladoras necesitan ese convenio para ponerse en marcha.
Muchas gracias, vicepresidenta.
Presidencia. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Catalán Higueras.
Alberto Catalán Higueras
Diputado.Página 85Vídeo
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señora vicepresidenta, muy buenos días y gracias por la información que nos ha facilitado. Entre las cuestiones que usted hablaba, hacía referencia a las energías renovables. Ya sabe que la Comunidad Foral de Navarra fue una comunidad pionera a nivel nacional, incluso tenemos un centro de energías renovables, que creo, sinceramente, que había que potenciar todavía más. En este sentido, nosotros le hemos insistido en algunas ocasiones, y lo hemos visto también por diferentes laudos que se han establecido por órganos de arbitraje a nivel internacional, sobre el recorte que hubo de las primas a las energías renovables. Esto es lo que ha ocurrido con fondos de inversión del extranjero, pero también lo que a nosotros nos preocupa son las 65 000 familias españolas que padecieron este recorte de los gobiernos del señor Rajoy y del señor Zapatero, de las cuales 9000 eran navarras. Creemos, sinceramente, que usted no ha demostrado la receptividad que se merecían. Por otro lado, usted hablaba de los cauces de los ríos y, en este caso concreto, también nosotros hemos lamentado siempre esa obsesión que ha tenido el ministerio con la Confederación Hidrográfica del Ebro a la hora de no potenciar la limpieza de los cauces. Además, una cuestión y una infraestructura que nosotros consideramos vital para el progreso y el desarrollo de la comunidad, como es el Canal de Navarra, que no hubiese sido posible si no hubiese contado también, cómo no, con el pantano de Itoiz, un binomio que no fue fácil de construir y que fue posible gracias al empeño de los gobiernos de José María Aznar en su momento y de Miguel Sanz en Navarra. Hubo desde el principio un apoyo incondicional de formaciones políticas como Unión del Pueblo Navarro, el propio Partido Socialista, el Partido Popular, sindicatos como UGT o AGN, la confederación de empresarios y otros ayuntamientos y mancomunidades. En contra, señora vicepresidenta, los de siempre, la izquierda radical vasca, los que en este momento son sus socios tanto en Madrid como en Navarra. En este sentido, yo sí que hoy quiero agradecer y reconocer en nombre de Unión del Pueblo Navarro a todos aquellos que lo hicieron posible.
Nosotros no ponemos en duda la voluntad que tiene, por ejemplo, el Partido Socialista de Navarra a la hora de llevar adelante esta infraestructura, pero sí que tenemos no dudas, sino firmezas de que sus socios de Gobierno no lo van a poner fácil, porque los boicots y los sabotajes han sido una constante, incluso fue tal la situación que hubo que construir un destacamento de la Guardia Civil para culminar este pantano. Por otro lado, lo que es evidente es que usted, el 11 de junio, en el Senado, a unas preguntas de mi compañera, la señora Caballero, manifestó que tenían previsto tener la declaración de impacto ambiental a final de año y que inmediatamente después se iniciarían las obras. Señora vicepresidenta, ¿se ratifica? ¿Será posible comenzar las obras de la segunda fase del Canal de Navarra, la que llevará el agua a la zona más seca y pobre de la comunidad, a finales del año? Esa es la cuestión fundamental que usted hoy debe ratificar.
Muchísimas gracias.
Presidencia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Alfonso Cendón.
Javier Alfonso Cendón
PSOEDiputado.Página 86Vídeo
Muchas gracias, presidente. Vicepresidenta, señorías, quiero comenzar mi intervención reconociendo la labor del Gobierno de España, que ha demostrado un firme compromiso con el progreso sostenible, con la justicia social y la protección ambiental. Este Gobierno ha trabajado incansablemente para transformar nuestro país, colocando en el centro del discurso político y en el día a día a las personas y el medio ambiente. Y no es casualidad que en el centro de estas transformaciones esté la vicepresidenta Teresa Ribera, quien ha liderado con valentía y solvencia una revolución verde, que no solo protege nuestro medio ambiente, sino también revitaliza los territorios más necesitados. Señor Olano, su intervención ha sido lamentable: su tono, sus formas, ha dicho muchos datos inexactos y también ha tenido faltas de respeto. Yo creo que no es de recibo esta actitud. (Aplausos). Solo he detectado una verdad en todo lo que ha dicho: que el lince ibérico es una especie que ha salido del listado de especies en peligro de extinción. Eso es verdad. Lo que está claro y no es verdad, y lo podemos comprobar, es que usted no es un lince, porque, analizando los datos, aunque no lo hace con mala fe, dice mentira tras mentira; eso es lo que ha hecho. Señor Olano, también me gustaría que me dijera, ya que ustedes, el señor Tellado y 130 diputados del Partido Popular, han pedido esta comparecencia urgente, como dice el orden del día, aunque aquí faltan unos pocos (una señora diputada: Para dar lecciones, hay que dar ejemplo.—Rumores); este es el interés que tienen respecto a la transición ecológica y el reto demográfico en su país. (Aplausos). Para entender la magnitud del cambio, debemos recordar de dónde venimos. (Rumores). No se pongan nerviosos.
Presidencia. Un momento, señor Cendón.
Javier Alfonso Cendón
PSOEDiputado.Página 86
Mire, para entender la magnitud…
Presidencia. Un momento, un momento. (Pausa). Cuando quiera.
Javier Alfonso Cendón
PSOEDiputado.Página 86
Para entender la magnitud del cambio debemos recordar de dónde venimos, y yo se lo voy a recordar, señor Olano y señorías de VOX.
En 2018 España estaba sumida en la inacción ambiental. El Gobierno anterior, plagado de escándalos de corrupción y negligencia, había renunciado a luchar por el cambio climático. ¿Se acuerdan, señorías? Vale. Sin embargo, bajo el liderazgo de Teresa Ribera y con la determinación de nuestro presidente, el Gobierno ha dado un giro de ciento ochenta grados a nuestras políticas. La declaración de emergencia climática y ambiental supuso un punto de inflexión para nuestro país. Este Gobierno ha puesto en marcha una agenda verde que ha transformado nuestro tejido productivo, modernizándolo y preparándolo para los desafíos del siglo XXI. Este Gobierno ha integrado los escenarios climáticos en la planificación hidrológica, como ha señalado la vicepresidenta, destinando más de 23 000 millones de euros hasta 2027 para garantizar la seguridad hídrica, restaurar masas de agua y maximizar la eficiencia del uso de recursos.
Este enfoque no solo protege nuestros recursos naturales, sino que también asegura el futuro de sectores estratégicos como el agrícola o el turístico.
La energía eólica ha sido la primera fuente de generación eléctrica en España, superando el 24 % de la cobertura de la demanda. En relación con la fotovoltaica, se ha puesto fin al despropósito del impuesto al sol y se han redoblado esfuerzos para desplegarla. En 2023 España fue el segundo país de Europa con mayor potencia solar instalada. También hemos reducido nuestras emisiones un 28 %. Tampoco podemos obviar los diferentes proyectos de hidrógeno verde que nos sitúan en el camino adecuado para la neutralidad de carbono, lo que supone un hito histórico para nuestro país, algo envidiado por muchos países europeos, pues nos otorga soberanía energética frente a la triste dependencia de la que hacían gala los gobiernos de la derecha, señor Olano. Como pueden comprobar, este Gobierno escucha a la ciencia y actúa en consecuencia. Frente al negacionismo, frente a los terraplanistas y aquellos que anhelan tiempos pasados, este Gobierno abraza los valores de la Ilustración, la razón, el conocimiento y la ciencia.
Señor Figaredo, que ahora no nos acompaña, escucharle parece que nos retorna a los tiempos del nodo. Sí, señorías de la derecha y de la extrema derecha, nosotros trabajamos con datos en la mano, no con fake news como ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y ustedes (señalando los escaños del Grupo Parlamentario VOX.―Aplausos). Aquí quiero destacar también la creación de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico, una iniciativa fundamental para transformar la forma de gobernar, apoyándonos en la ciencia y el conocimiento, como siempre ha hecho la vicepresidenta y el Gobierno de España.
Señorías del Partido Popular, como diputado del PSOE por la provincia de León, con fuertes raíces en las comarcas mineras de El Bierzo, sé de primera mano el impacto devastador que tuvo su nula visión y su falta de políticas en las comarcas mineras cuando gobernaron. Ustedes firmaron el cierre de la minería sin ninguna alternativa. También sé lo que significó el esfuerzo de los mineros; mi abuelo fue uno de ellos. Fui testigo de la dureza del trabajo en las minas, del sacrificio y de la dedicación de aquellos que construyeron nuestro presente con su sudor y su sangre. (Aplausos). Pero hoy, gracias a la acción decidida del Gobierno, gracias al Instituto para la Transición Justa, podemos hablar de reindustrialización y de futuro en las cuencas mineras de El Bierzo, de Laciana, en Asturias, de Palencia, de Teruel. Y aquí quiero hacer también una mención especial a la directora del Instituto para la Transición Justa, Laura Martín, por su magnífico trabajo.
Permítanme ahora una licencia. Permítame que por un instante les hable de mi pueblo, Lillo del Bierzo, donde la restauración de la Gran Corta, que fue la mayor mina de carbón de Europa, no solo es un ejemplo de recuperación ambiental, sino también de creación de nuevas oportunidades. Este proyecto ha devuelto la esperanza a una comunidad que la había perdido, que había sido olvidada y que ahora de nuevo se perfila como modelo de desarrollo sostenible y diversificación económica.
Vicepresidenta, le voy a decir una cosa; se lo voy a decir como leonés descendiente de las cuencas mineras y como socialista, que son dos títulos que imprimen carácter y orgullo. Estoy orgulloso de lo que ha hecho en las comarcas mineras de nuestro país. Hoy de nuevo podemos hablar de futuro frente al pasado que supusieron los gobiernos del Partido Popular. (Aplausos). Y aquellos que desde el Partido Popular y la extrema derecha acusan al Gobierno de descuidar el sector primario y a nuestros territorios rurales, les digo que mienten. Que mienten, señor Olano, señor Figaredo, pues, muy al contrario, este Gobierno ha destinado más de 5000 millones de euros a infraestructuras de regadío, 6600 millones a mejoras de saneamiento y depuración, 2200 millones para mejorar los abastecimientos y 1300 en desalinización y reutilización de aguas subterráneas. Se han implementado medidas concretas para paliar los efectos de la sequía en las cuencas del Guadalquivir, del Ebro y del Segura, demostrando nuestro compromiso con la seguridad hídrica y alimentaria. Además, se han puesto en marcha programas que crean empleo local y fortalecen las economías rurales.
Señorías del Partido Popular y de VOX, ustedes no tienen credibilidad alguna. Hoy de nuevo han criticado, primero, los precios que tuvo la energía, derivados en su momento de la invasión de Rusia en Ucrania. Usted ha vuelto a hablar del timo ibérico. Esto es algo inédito realmente, porque que España sea uno de los países donde la factura energética es más baja, ahorrándonos 5000 millones de euros, es para estar orgulloso de su país. (Aplausos). Es sorprendente cómo pueden ser tan incoherentes y tan desleales en momentos tan críticos para nuestro país como fueron los momentos de la guerra y que ahora ustedes sigan sin reconocer el error. Pero ustedes son expertos en utilizar los problemas de España para enfrentar territorios, para enfrentar a los españoles sin aportar ni una sola solución. Yo no le he oído ni una sola propuesta, solo buscar rédito político. Pero esto no es nuevo, lo hicieron con el terrorismo, con las cuestiones territoriales y ahora de nuevo ustedes lo hacen con el cambio climático. Es vergonzoso y lamentable.
Señorías, no hay que elegir entre economía o medio ambiente, no hay que elegir entre agricultura o biodiversidad, no hay que elegir entre crecimiento o salud. Eso es lo que más les duele de todo esto, porque este Gobierno ha demostrado que se puede crecer creyendo en el medio ambiente, apostando por el mismo, por una transición ecológica justa para nuestro país. Porque ustedes, señorías, no soportan que tengamos más de 21,3 millones de personas cotizando a la Seguridad Social, que 10 millones sean mujeres, que crezcamos cinco veces por encima de la media europea, que revaloricemos las pensiones, que subamos el salario mínimo interprofesional, que estemos batiendo el récord en exportaciones. (Aplausos). Ustedes no lo soportan, porque, además, viendo su intervención, parece que no se alegran cuando a España le va bien, sino todo lo contrario, ustedes siguen erre que erre en la máxima del señor Montoro, que decía: Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Ustedes siguen anclados en el pasado. Pues no, el Partido Socialista y este Gobierno no están en esas miserias. Estamos en trabajar por el futuro de las personas y por el futuro de los territorios.
La vicepresidenta ha dado una visión global de todo lo que se ha hecho, y aquí también quiero reconocer el trabajo y la valentía de nuestro presidente, el presidente Sánchez, una persona que ha decidido enfrentarse con decisión a los desafíos que teníamos por delante, priorizando siempre el bienestar de la ciudadanía. Y las políticas socialdemócratas, que a ustedes tampoco les gustan ―no les gustan las políticas socialdemócratas―, han demostrado que son la solución a los grandes problemas que tiene nuestra era.
Vicepresidenta, querida Teresa, gracias por tu incansable dedicación, como certifica el sobresaliente balance presentado en tus seis años al frente de la cartera de Transición Ecológica y Reto Demográfico. (Varios señores diputados: ¡Oooh!). España ha adoptado políticas progresistas que han mejorado la vida de millones de personas fortaleciendo la equidad, la justicia social y la sostenibilidad. Sigamos avanzando porque la alternativa es la nada, son los retrocesos del Partido Popular y de sus socios ultras de la extrema derecha. Nosotros, centrados en trabajar por el bienestar de los españoles y las españolas, con un objetivo claro, que nadie se quede atrás.
Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Teresa Ribera Rodríguez
GobiernoVicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico.Página 88Vídeo
Muy buenas tardes.
Quiero empezar dando las gracias a todos aquellos que han hecho comentarios sobre aspectos muy variados de aquello para lo que se me convocaba, y quiero expresar también la frustración que representa que, después de seis años, no haya habido manera de que algunos de los grupos parlamentarios presentes en esta sala se hayan tomado en serio estas políticas. (La señora vicepresidenta, González Vázquez, ocupa la Presidencia). Es verdad que el señor Miguel Tellado junto con 130 parlamentarios me pidieron una comparecencia urgente para informar y hacer balance sobre las políticas y actuaciones llevadas a cabo desde este ministerio, desde que soy la responsable en este ministerio, y su impacto sobre el desarrollo económico, social y ambiental de España. De la respuesta del señor Olano a mis comentarios deduzco que les parece correcto, porque no han hecho ninguna valoración al respecto, más allá de una serie de elementos variopintos que poco tienen que ver con aquello que preguntaban. Así que, más allá de que falten 130 personas que consideraban urgente esta comparecencia, por lo menos una buena parte de ellas, me confirman que, con respecto a la orientación general de las políticas, deben estar muy satisfechos.
Lo que no me parece muy satisfactorio es el tono, pero no tengo inconveniente en contestar o responder a algunas de las cosas que han suscitado, sin entrar al tono que les caracteriza. Le voy a decir una cosa. Tampoco ha prestado mucha atención a lo que he dicho, porque he empezado diciendo que nos debíamos felicitar como país por esa recuperación del lince. Es más, se ha confundido usted porque, en efecto, son veinte años de historia, pero yo ya estaba en el ministerio, tan estaba en el ministerio que recuerdo muy bien que la secretaria general que entonces se hizo cargo del proyecto decía que el lince no debía ser tan listo como se pensaba porque se dejaba atropellar. A pesar de ese comentario tan inteligente por parte de la señora Carmen Martorell, la recuperación del lince es una historia de éxito compartida. Se lo repito, alégrense de lo bueno, que hay mucho y bueno, y hagan cuentas sobre aquello que sería enormemente importante que el principal partido de la oposición se tomara en serio en este país, porque creo que eso todavía no lo han aprendido. Dentro de esas cosas está, en efecto, tomar en cuenta la ciencia, los datos, y no la intuición o el capricho ideológico con respecto a la protección de especies, de espacios, de ecosistemas, con respecto a la incidencia… ¿Le interesa o no le interesa? (Pausa.—Protestas). …, con respecto a la incidencia que tiene la desprotección de los ecosistemas o su deterioro en el conjunto de la actividad económica, porque sin información y sin datos es posible insultar, como hacen ustedes, pero es mucho más difícil razonar o debatir, y me hubiera encantado poder razonar o debatir.
Un dato particularmente significativo es, por ejemplo, el efecto de sus políticas o la dejación de sus políticas en su territorio para con los mariscadores, por ejemplo, en concreto para las mariscadoras de la ría de O Burgo, una ría que necesitaba dragado y con respecto a la cual el señor Feijóo se comprometió a financiar el 50 % de la obra de dragado y la cobertura de las personas que allí trabajaban mientras se realizaban estas obras, eso sí, solo mientras gobernara Mariano Rajoy, porque al día siguiente se le cayó el boli, se acabó, ni un euro; 30 millones de dragado, 4 millones para cubrir esa parada para con los mariscadores de la zona, y así todo.
Por eso le digo que es mejor contrastar con datos aquello de lo que se habla antes de acusar a nadie de ideológico, porque ideológico es hablar sin saber, sin conocimiento y sin datos; ideológico es contraponer medio ambiente y agricultura; ideológico es pensar que alguien vendrá a resolver los problemas que ustedes dejan sin prestar atención; ideológico es imaginar que Alcoa podía salir adelante si uno no se implicaba en la resolución de Alcoa o pensar que no se queda un problema muy serio en la balsa de lodos si se mira para otro lado; ideológico es decir que implicarse en la reducción de los costes de la electricidad en el peor momento que se ha vivido en España en los últimos tiempos, con una defensa importante de las razones que garantizaban la posible aplicación de una intervención en el mercado sin coste para los consumidores, sino con reducción de los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, es un timo. Tan ideológico es y tan mentira es que todos los datos avalan el impacto positivo que ha tenido en la factura eléctrica de consumidores industriales y domésticos, pero también en la contención de la inflación. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Ideológico es desconocer que el motivo por el que otros, queriendo aplicar la misma solución, no pudieron, estuvo precisamente centrado en el reconocimiento de algo que no fue posible activar a tiempo, que es un incremento de las interconexiones con Francia, con respecto de lo cual nadie inició ningún expediente de infracción en la Unión Europea.
Ideológico es pensar que las decisiones en torno al mantenimiento o no de las centrales nucleares dependen de las decisiones del Gobierno, cuando es obvio que los titulares de las centrales pueden solicitar ampliación de su funcionamiento. Ahora bien, para ello deben invertir en seguridad lo que les diga el Consejo de Seguridad Nuclear, motivo por el cual se encuentran exactamente en la misma situación con la que ustedes, repitiendo el argumento, se estamparon en Garoña, y es que las cuentas no salen. Pueden pedirlo, nadie se lo impide, pero las cuentas no salen, como mínimo son 65 euros el megavatio/ hora, y la inversión en renovables y almacenamiento les sale mucho más barata. Eso sí, nosotros tenemos la obligación, obviamente, de hacer una estimación de cuál es el calendario y el volumen de recursos que deberemos aportar desde todos los titulares de las centrales para gestionar esos residuos. ¿O es que piensan ustedes que esos residuos deben ser gestionados pagando el contribuyente y no quién se benefició de la generación de esa electricidad? ¿O es que piensan ustedes que la ampliación por encima de la vida hasta ahora autorizada de esas centrales nucleares puede hacerse sufragando los contribuyentes las inversiones en seguridad? Porque de eso es de lo que estamos hablando, de quién paga, y hoy por hoy las empresas propietarias de esas centrales dicen que o bien no quieren de ninguna manera, por el coste del capital que eso supondría para con respecto a la empresa, por las incertidumbres con respecto al tiempo en el que pudieran seguir operando o con respecto al coste de las inversiones que tendrían que acometer y que no están dispuestas a acometer, o bien quieren la alternativa: estoy dispuesto a seguir, siempre y cuando alguien lo pague. ¿Sabe quién es ese alguien? Porque yo sí. Así que, ningún problema. Dejen ustedes esos argumentos ideológicos y hagan cuentas y vean datos antes de decir cosas como las que ha dicho usted aquí. Algo parecido pasa con las importaciones de gas. No sé si es que usted pretende que nacionalicemos el sector de los importadores, gestores y operadores de gas natural o que paguemos, eso sí, directamente desde el presupuesto del Estado la resolución de contratos por parte de esos operadores sin que exista una cobertura expresa por sanciones en la Unión Europea, pero lo que sí le puedo decir, si le interesa... (Rumores).
Presidencia. Un momento, vicepresidenta, un segundo. (Pausa). Puede continuar.
Presidencia. Muchas gracias, presidente. Decía que lo que sí le puedo decir, si le interesa, es que los principales proveedores de gas natural de España siguen siendo Argelia y Estados Unidos, y que yo misma fui la primera que mandó una carta a todos los operadores pidiendo que no renovaran o no firmaran nuevos contratos de gas natural licuado con proveedores de dudosa procedencia, incluido Rusia. También pedí a la Comisión Europea que actuara de tal manera que pudiéramos contar con un procedimiento de seguimiento único y con sanciones acordadas para todas las importaciones, lo que ha tenido un resultado parcial por la oposición de otros Estados miembros, pero que nos permite contar ya con un sistema que impida la reexportación de ese gas a terceros países. Es difícil intervenir un sector liberalizado, es difícil hacerlo sin tener que pagar directamente las consecuencias de los contratos que no se permiten aplicar limitando la importación. Es imprescindible hacerlo, pero también pone de manifiesto que España está, afortunadamente, en condiciones de plantearse de qué forma seguir reduciendo el consumo de gas natural. Hemos reducido alrededor de un 13 % con respecto a las cifras preinvasión de Ucrania y necesitamos seguir trabajando en el conjunto de la transformación del sistema energético, electrificando, señor Figaredo, los usos finales térmicos industriales allí donde se pueda o incorporando gases renovables en la combinación de aquellas materias primas, de aquellos combustibles que no puedan ser electrificados. Hay otro dato que también ha dado usted que es muy significativo, porque, en efecto, los ingresos que proceden del sistema de comercio de derechos de emisión se pueden destinar hasta en un 30 % para la cobertura de los costes de CO2 de las empresas electrointensivas. ¿Sabe usted lo que dedicó el Gobierno de Mariano Rajoy a esta finalidad durante los años 2015, 2016 y 2017? Se lo voy a decir: exactamente 15 millones de euros. Ayer aprobamos en el Consejo de Ministros que este año serán 300 millones; hay, por tanto, también una gran diferencia, y a eso se suma una reducción del 80 % de los peajes que han de pagar las industrias electrointensivas. Nos preocupa la transformación, la modernización del tejido productivo, sabemos que se requiere acompañamiento en ese proceso, pero también sabemos que debemos tener claro qué es lo que queremos hacer y cómo podemos hacerlo generando oportunidades, como le decía antes. El caso es que en el año 2018 nos encontramos con una pléyade de procesos arbitrales y de pleitos en nuestro país como consecuencia de la modificación del régimen de apoyo a las energías renovables: más de 7000 arbitrajes, que nos obligaron a plantear una alternativa en el año 2019, alternativa que ha permitido que una buena parte de esos arbitrajes y pleitos nacionales, incluso con sentencias o arbitrajes ganados, puedan descolgarse a cambio de contar con la seguridad de poder disponer de una rentabilidad equivalente al 7,4 % desde el año 2020 hasta el año 2031. A pesar de todo, tenemos que seguir trabajando en ese desfase importante para nuestra economía defendiendo lo que ustedes no supieron resolver adecuadamente, con un importe total de los litigios vivos que superaba los 10 600 millones de euros. Hay otros muchos asuntos que ustedes han suscitado en sus comentarios, como, por ejemplo, las cuestiones relativas a si hablo de España y los españoles, de la Unión Europea o de Naciones Unidas, señor Figaredo. Es verdad que me he centrado principalmente en España, pero es verdad también que las políticas y la regulación europea y los acuerdos de Naciones Unidas son aplicables en España; por tanto, nos importa que los intereses españoles cuenten con una defensa correcta tanto a nivel europeo como a nivel de Naciones Unidas, y a eso nos hemos dedicado, porque la vocación, en efecto, es modernizar el tejido productivo. Y tiene usted razón en que una muy buena parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones perniciosas desde el punto de vista de la calidad del aire proceden del transporte o en otros casos requieren, como decía antes, la electrificación o la introducción de gases renovables en procesos industriales que no pueden ser electrificados. El proceso de transformación de la movilidad es importante. Hay soluciones de electrificación que son obvias, pero eso requiere que nuestra industria también tenga la capacidad de ofertar aquello que pueda ser utilizado por los ciudadanos y por las empresas. Y esto nos plantea algunos de los debates más importantes sobre cómo acompañar a la industria para que no pierdan el tren, para que no se encuentren con que haya otros que reciban el ahorro de los europeos y de los españoles invertido en procesos industriales para generar, para producir bienes y servicios que el mundo requiere y tengamos que seguir adquiriendo bienes de terceros países sin aprovechar ese ahorro y esa inversión para la modernización de nuestro tejido productivo. Nosotros nos encontramos con algo que nos pareció correcto y se lo voy a confirmar. Han sido muchos de ustedes los que han hecho comentarios al respecto: un límite a la inversión anual en redes de transporte y distribución de electricidad. La justificación de aquella medida adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy estaba directamente vinculada a una parte de la factura eléctrica, como es el coste de los peajes que los consumidores deben pagar, y nos pareció correcto. Es cierto que en estos momentos sabemos que se requiere una inversión muy importante en la modernización de nuestras redes, porque, efectivamente, la electrificación requiere una infraestructura sólida y por eso, como explicaba en mi intervención, ha habido un incremento de más del 63 % anual en inversión en redes eléctricas de transporte y distribución. Ha habido una propuesta extraordinaria, modificando la planificación vigente y aportando 324 millones procedentes del plan de recuperación, y se ha activado el proceso que nos permitirá disponer de un mapa, de una orientación sobre la planificación de redes para el año 2030 con antelación a lo que hubiera sido la fecha habitual, porque pensamos que es importante que esto ofrezca visibilidad a los inversores. Es cierto que nos va a suponer una tramitación sumamente exigente por parte tanto de Red Eléctrica como de los propietarios de las redes, de los titulares de las redes de distribución y de toda la tramitación ambiental. Y es cierto que es importante hacerlo y hacerlo bien, sin que suponga una sobrecarga notable en nuestra factura y sin que suponga un escenario que no sea realista con respecto a los plazos de ejecución de todos estos incrementos de dotación, y en eso estamos. Hemos ido al límite desde el punto de vista de la ambición. Estamos convencidos de que lo podemos hacer y estamos convencidos de que es viable desde el punto de vista de la financiación de esta inversión para con todos los consumidores. Lo que no es cierto, y quiero dejarlo muy claro, es que esta inversión en redes esté exenta de tramitación ambiental. Claro que tiene tramitación ambiental y claro que en el despliegue de las renovables y de la infraestructura energética se requiere reforzar la valoración del impacto social y generar beneficios en el territorio donde se instalan, donde se despliegan estas inversiones. Me han sorprendido, señor Figaredo, unos datos que ha dado sobre el regadío que no sé de dónde salen, honestamente. Ha hecho unos cálculos de cuánta agua se lleva de un sitio a otro, cómo se hace y cuanto más se puede poner en regadío, y creo que no hay nadie que sea capaz de justificarlo como una opción viable para nuestro país, pero lo que sí le puedo decir es algo que le dije ayer al señor Tellado y que aprovecho para decirles a los dos, al señor Olano y al señor Figaredo, que tengo el máximo respeto por mi compañero Planas y sé que trabaja codo con codo con los sectores que velan por que toda esta transformación les genere oportunidades, pero también por la seguridad alimentaria, por la calidad del suelo y para que las condiciones de vida y de renta de nuestros agricultores cuenten con aquello a lo que aspiran, que es certidumbre y suficiencia. (Aplausos). No tiene nada que ver con lo que han dicho y, créanme, me parece particularmente cruel y deshonesto pretender —y lo he dicho ya cuatro veces a lo largo de esta sesión— imponer un debate artificial sobre la necesidad de elegir entre medio ambiente y agricultura. Al contrario. Sin agua, sin hacer frente a los efectos del cambio climático, sin nutrientes en el suelo y sin respeto a los ecosistemas son imposibles la pesca, la agricultura o la ganadería. Pero a eso hay que sumar un compromiso social y de renta para con los agricultores que solamente se puede obtener con una buena gestión e integración en Europa. (Aplausos). La señora Boada trasladaba varias cuestiones que me parece que también son muy importantes, y es que, en efecto, una parte significativa de la reducción de emisiones y del consumo energético está vinculado al consumo energético en nuestros hogares, cómo tenemos que seguir trabajando para reducir nuestra factura ―térmica esencialmente―, pero no solo en nuestros hogares. Esto nos obliga a plantear una continuidad y una apuesta importante no solamente por la que debe ser la principal política social de este Gobierno en este momento, que es la política de vivienda, de acceso a vivienda ―un gran problema, vivienda a precios asequibles y de calidad para los españoles―, sino también por un mejor aislamiento, por una búsqueda de prácticamente la neutralidad desde el punto de vista no solamente de emisiones sino de consumo energético gracias a políticas de rehabilitación, de recuperación y de eficiencia en nuestros hogares. Hemos trabajado para que se pueda constituir un fondo social por el clima a nivel europeo. lo que nos permitirá disponer de más de 6800 millones de euros en el periodo 2026-2032. Para eso, será imprescindible contar con un plan social para el clima, incorporando la manera en la que se va disponiendo de ese recurso afectado a vivienda antes del día 30 de junio de 2025. Estoy segura de que habrá tiempo para trabajar al respecto. Es verdad también que es difícil pensar en una transformación de nuestro sistema energético si seguimos pensando solamente en soluciones de generación sucias; como decía antes, del pasado o poco eficientes. Pero estamos asistiendo a un proceso de democratización muy importante. Sí, creo que existe un derecho al acceso, a la garantía de servicios básicos en materia de vivienda, en materia de agua, en materia de energía. Por eso precisamente esto se refleja en un suministro mínimo vital en materia de agua y en materia de energía. Pensamos que el autoconsumo tiene un potencial todavía importante por desarrollar. Lo ha hecho en un 70 %, como decía antes; este crecimiento exponencial de estos años se ha producido para consumo en instalaciones industriales, en polígonos industriales, pero ha crecido también en nuestros hogares y debemos seguir trabajando para que esto sea así. Y, mire, estamos actualizando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Nuestro objetivo es incrementar la reducción de emisión de gases de efecto invernadero por encima de lo que nos correspondería si aplicamos los umbrales y las estimaciones que maneja la Unión Europea. Creemos que tenemos la capacidad de hacerlo. Queremos hacerlo con todas las garantías sociales, pero queremos hacerlo también con una trayectoria clara, contundente, explicativa, que genere confianza en los inversores y en los ciudadanos. Estoy convencida de que así será. Conocen el borrador, estamos a la espera de poder disponer de la evaluación ambiental estratégica y nuestra intención es que pueda aprobarse cuanto antes. Decía la señora Jordà que se trata de un ministerio vital, y es verdad, yo estoy de acuerdo con eso. Creo no solamente que es un ministerio importantísimo, con políticas clave para el bienestar de las personas, para la modernización del tejido productivo, para ejercer de forma responsable nuestras obligaciones de garantizar un futuro para nuestros hijos y nuestros nietos. De nada sirve pensar exclusivamente en el ayer, en el hoy o en la próxima hora. Tenemos que pensar en cómo actuar mientras tenemos tiempo. Y es cierto que esto requiere una visión integral, una visión transversal de los objetivos ambientales en el conjunto de las medidas económicas y las medidas sociales; requiere una implicación del territorio. Hemos trabajado de forma muy importante en el delta del Ebro. Sabemos que el esfuerzo que han realizado las comunidades locales en este ámbito ha sido espectacular, que el nivel de consenso alcanzado es muy importante. Es tan importante y están tan implicadas que, como usted muy bien sabe, han pedido más y una visión estratégica del conjunto del espacio, no solamente del espacio litoral o del delta, del tramo final del Ebro, sino aguas arriba. Eso nos ha llevado a hacer un planteamiento que requiere una evaluación ambiental estratégica a petición de los propios actores sin perjuicio de que aquellas medidas que contaban ya con una previsión clara, bien por actuaciones en el litoral, bien por estar recogidas en el Plan Hidrológico del Ebro, se estén desarrollando con normalidad. Y estoy convencida de que esto nos permitirá encontrarnos, con independencia de que podamos tener todavía diferencias en algunos de algunos de estos puntos. He trabajado muy bien también con su sucesor, como usted sabe, y estamos en permanente contacto con los ayuntamientos y con las comunidades locales. Apuntaba usted otro asunto que también es importante, el crecimiento de los residuos municipales y la necesidad de gestionarlos de forma cada vez más comprometida, evitando su generación, favoreciendo la recuperación o buscando la mejor gestión del residuo final para frenar esa tendencia al crecimiento y para revertir la situación actual. Créame si le digo que estoy convencida de que veremos muy pronto, lo decía también la representante del PNV, la implantación de algo que nos marcamos, señora Jordà, señora Sagastizabal, como una referencia que pueda servir de plan B si el plan A no funciona con el nivel que se requiere de implantación de sistemas de recuperación y retorno de los envases. Ciertamente se han alcanzado datos interesantes, pero todavía tenemos que conseguir mucho más, y tengo la impresión de que los propios gestores de envases hoy están más convencidos que nunca de que quizá para algunos de estos flujos sea la mejor solución. Hemos aprobado la metodología para la cogeneración, una nueva metodología que además ya no se hace cada seis años, sino cada tres, y que nos permite actualizar, activar, pero también dar certidumbre a las plantas de cogeneración. Alguna discrepancia más tenemos con respecto a la gestión, al tratamiento de los purines, donde la eficiencia energética que se aplicaría a estos procesos hace más que dudar con respecto a que esta sea la solución idónea, como bien sabe. Somos conscientes de su interés, de su propuesta de considerar autoconsumo aquella generación que se produzca hasta 20 kilómetros del punto de consumo. Es algo que nos genera muchas dudas, pensamos que es una distancia que en realidad nos hace pensar en microplantas, más que en instalaciones de autoconsumo, que requieren una inversión en las redes para poder conectar el punto de generación con el punto de consumo. Sí creemos que las plantas de pequeño tamaño merecen un tratamiento mucho más ágil. Por otra parte, en estos casos la competencia es de la comunidad autónoma, pero creemos que, efectivamente, son soluciones interesantes que, aunque no encajen en la definición actual de autoconsumo, hay que promover adecuadamente. Es importante responder a sus comentarios con respecto a la necesidad de abastecimiento, garantizar el abastecimiento para consumo humano también, no solamente para agricultura en Falset. Son ámbitos que entran dentro de la competencia de las cuencas interiores de la Generalitat y no del Ebro. Habían solicitado una propuesta de investigación para la explotación del acuífero que está activada y créame usted si le digo que más allá de la cooperación para que podamos seguir mejorando con respecto a la gestión y a la complementariedad de muchas de nuestras responsabilidades en materia de agua, por supuesto, estamos abiertos a ver cualquier otra necesidad aquí, en Andalucía, en Murcia o donde haga falta para poder responder a las necesidades de agua de la población, y en breve se actualizará el mandato que tiene Acuaes para poder licitar cuanto antes las dos desaladoras, de Tordera y Foix, así como las dos comprometidas con Andalucía, si bien los retrasos, como también probablemente sepa, no se deben exclusivamente a la gestión del Estado. Sí me parece que es importante, señora Calvo, responder a las preguntas que me ha formulado con respecto a las cuestiones vinculadas a la pobreza energética. Es verdad. Decía antes que no solamente necesitamos garantizar un consumo mínimo a las familias, a las personas, sino que necesitamos reforzar la respuesta a la pobreza energética con una cobertura social a través de un incremento de las dotaciones incluidas en el bono social, como electricidad o consumo térmico reducido de la factura, sino también actuar en origen. De ahí la importancia de ese fondo social para el clima para trabajar en un mejor aislamiento de los hogares y reducir las necesidades de consumo térmico y de ahí la importancia de pensar en planes sociales de acceso a otras soluciones eléctricas en los hogares, donde se necesita la implicación de ayuntamientos, como ya ocurre en muchas de las comunidades energéticas que se han activado a lo largo de estos años. Lo cierto es que hemos decidido que en esa reducción paulatina de la electricidad cubierta para vulnerables y vulnerables extremos de aquí hasta julio de 2025 nos encaminamos a un horizonte de incremento de la cobertura del 25 al 35 % para los vulnerables y del 40 al 50 % para los vulnerables severos, acompañado esto del resto de medidas vinculadas a la prohibición de cortes. Es verdad que el mercado eléctrico está cambiando. Es verdad que ya no se trata solamente de contar con un mercado de energía, sino también con un mercado de disponibilidad. Es verdad que la flexibilidad en este campo, recogida por la reforma del mercado eléctrico, el diseño del mercado, todavía nos permite recorrido, y es verdad que estamos pendientes de la autorización de la Comisión para poder convocar las primeras subastas de capacidad. Es cierto que esto tiene un recorrido importante. Es cierto que algunas de las medidas aparecieron recogidas como enmiendas en la tramitación como proyecto de ley del Decreto Ley 8/2023 y será necesario agilizar la adopción de estas medidas para que puedan estar disponibles cuanto antes. Es un poco más complicada la propuesta que usted hace de delegar las competencias o de solicitar la competencia plena en materia de agua con respecto al tramo del Ebro que pasa por Cataluña. Yo creo que esto ya fue objeto de experimento en relación con el Guadalquivir y Andalucía y que el Tribunal Constitucional fue contundente, no se pueden fraccionar las demarcaciones, no se puede fraccionar la gestión de un río o de una cuenca en función de los distintos tramos geográficos por los que discurra el río. Por tanto, ahí no nos va a encontrar respaldando su petición. Sí pienso que, como dice el señor Matute, todo lo que se ha hecho en materia de clima sigue siendo insuficiente. Creo que necesitamos trabajar con una visión de conjunto a medio y largo plazo, con una integración en el conjunto de las políticas, con un impulso a la posibilidad de que todos los actores, todos los ciudadanos respalden estas medidas y que sientan esto como beneficioso y justo, e insisto en los dos puntos: beneficioso y justo. No se puede partir de la premisa de que vamos a contar con el respaldo de los ciudadanos si los ciudadanos piensan que es una transformación que no les beneficia o que les genera una situación de desigualdad, de injusticia con respecto a otros. Por eso es tan importante la implicación de todos los actores; por eso es tan importante ser propositivos en este campo, y agradezco sus propuestas. No pienso que, hoy por hoy, el avance en la política de hidrógeno y los proyectos de hidrógeno resulten algo desmesurado. Obviamente, hay que estar vigilantes. Nuestra convicción es que el hidrógeno renovable puede tener un papel importante que desempeñar para la descarbonización de determinados consumos industriales y que esto requiere poder contar con una capacidad industrial, lo que significa la producción de esos bienes de equipo que nos permitan contar con instalaciones de hidrógeno. Sería bueno que se puedan instalar en España. La capacidad de testar no solamente la generación de hidrógeno, sino el consumo de proximidad es importante y hemos identificado proyectos muy relevantes al respecto, y, en su caso, el transporte del hidrógeno para distancias mayores deberá contar con distintas alternativas. El Plan nacional de restauración de la biodiversidad de los ecosistemas contempla horizontes diferentes. Es un plan nacional de restauración que empieza por los espacios que cuentan con alguna figura de protección y deberemos presentar esta propuesta en 2025, pero, en efecto, la idea es poder disponer de ecosistemas sanos y vivos en un horizonte de 2050. Estoy convencida de que, como en todo, estas cosas se aprenden por el camino. Por tanto, lo importante será que ese foro de trabajo constante con los actores locales, que queda expresamente recogido en este reglamento, empiece a funcionar cuanto antes, poder trabajar con la garantía —y es nuestra obligación— de disponer de los recursos económicos presupuestarios, de los foros de diálogo, de debate y de consenso, para que esto sea una realidad cuanto antes. Sí creo que la relación entre energía e industria es obvia, señora Sagastizabal. De esto hemos tenido ocasión de hablar en muchas ocasiones y, en efecto, la inversión en redes es capital, como lo es también la inversión en almacenamiento o el aprovechamiento de ese horizonte para las políticas industriales, la electrónica de potencia, la producción de bienes de equipo y un sinfín de componentes que en muchos casos son producidos en nuestro territorio, en muchos casos son producidos en Euskadi. La regulación energética del pasado no sirve. Yo creo que el esfuerzo de modernización del conjunto del marco normativo energético que se ha hecho en estos seis años no tiene precedente; no hay precedente. Y es obvio que no está acabado. Si hubiera estado terminado todo este proceso, hubiéramos resuelto nuestros problemas, pero es obvio también que contamos con una muy buena base para seguir ajustando y mejorando. Las líneas maestras están fijadas; nos quedará recorrido por hacer, pero estamos operando en la buena dirección. Es imprescindible —y en este punto permítame que me detenga un momento— que el nuevo marco de subastas para potencia renovable incorpore elementos que van más allá del precio del megavatio hora ofertado. Así nos hemos comprometido en la Carta Eólica Europea, en la Carta española firmada con el sector eólico y lo mismo con el sector fotovoltaico. Somos conscientes de que solamente si se tiene en cuenta, además de los componentes de precio, ese componente de efecto local positivo de garantía para poder seguir activando la reinversión en innovación podremos aprovechar la oportunidad industrial, podremos seguir trabajando en una mejora constante de un sector que ha sido capital y debe volver a ser capital en nuestro país. Esa es nuestra intención y en eso venimos trabajando con el sector. Yo sí creo que lo que hemos hecho es importante, y permítame una pequeña digresión. Creo que es importante generar consensos con respecto a cómo el Poder Judicial puede contar con un marco que corrija esta anomalía insólita, que ha sido afeada una y otra vez por todos los organismos internacionales y nacionales y que ha tenido consecuencias importantísimas en la composición de nuestros tribunales ante la imposibilidad de hacer los nombramientos que nos permitieran recuperar la normalidad en nuestros tribunales. Así que lamento profundamente que este haya sido el objeto central de su intervención, señora Belarra, en lugar de dedicar esta intervención a hablar de lo que me parece que coincidimos que es clave y fundamental para nuestro país, como es la transición ecológica. Pero no se confunda, necesitamos el respaldo de todos y sí, necesitamos plantar cara a aquellas situaciones que requieren una actualización evidente, obvia, concreta, la corrección y unos beneficios extraordinarios que en determinados momentos en esta legislatura hemos tenido que acometer con rigor y con fiereza. Y permítame que le diga que yo sí me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho. El señor Rego ponía de manifiesto que algunas de las cuestiones fundamentales que se afrontan en Galicia tienen que ver no solamente con la cuestión del parque de generación eléctrica, sino con la evolución de la crisis climática, y añadía, en tercer lugar, su rechazo al despliegue de la eólica offshore. Yo estoy convencida, y esto es un asunto que hemos tratado con muchísimo cuidado, con muchísimo diálogo e incorporado al máximo todas las cautelas que contaban con suficiente respaldo, con suficiente información, de que los planes de ordenación de los espacios marinos son positivos para todo el mundo, pero son positivos también para aquellos hombres y mujeres del mar, para aquellas personas preocupadas por la biodiversidad marina, para aquellas personas que han desarrollado su actividad en el entorno marino, que saben exactamente dónde, como mucho, puede llegar a desarrollarse esta nueva alternativa que nos permitirá no solamente seguir desplegando nuestra industria en este ámbito, sino seguir generando oportunidades de descarbonización del sistema eléctrico. Señalaba la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, que agradecía todos los avances en materia de transformación del sistema energético insular. Venimos trabajando con Canarias y con cada uno de los cabildos, no solamente con el Gobierno canario, desde hace tiempo. Creo que hay un parque envejecido que necesita una modernización importante, pero siempre pensando en la garantía de suministro para los consumidores. Añadía su preocupación por ese convenio de obras hidráulicas. Lo cierto es que, como ya hemos tenido ocasión de explicarle al consejero en reiteradas ocasiones y al presidente del Gobierno de Canarias, no es posible firmar un convenio en el que solamente una de las dos partes transfiere el recurso, en el que la otra parte no aporta recurso. Por eso, lo que hemos hecho, solidarizándonos con Canarias y su situación, ha sido garantizar que todos los años, a través de una transferencia presupuestaria, irán 8 millones para reducir costes de desalación para abastecimiento urbano, otros 8 millones para reducir los costes de desalación para regadío y 20 millones para inversión en infraestructuras hídricas en Canarias. Corresponde al Gobierno canario trabajar con los cabildos para ver cuál es el mejor reparto de este recurso. El señor Alberto Catalán, de Unión del Pueblo Navarro, volvía a sacar a colación el asunto de los laudos y de los pleitos internacionales y nacionales. Decía antes que en 2019 hicimos esta propuesta, sin distinción, y se podían acoger a esta alternativa tanto aquellos titulares de plantas que fueran nacionales —españoles— como inversores internacionales. Hubo una reducción importante, decía antes, de ese volumen de litigio, pero otros decidieron seguir adelante. Lo que es muy difícil, créame, es retrotraernos en el tiempo. Le puedo asegurar una cosa que he asegurado infinitas veces a lo largo de los últimos más de diez años: yo no hubiera resuelto eso así de ninguna manera, pero no puedo retrotraerme a 2013, y lo lamento profundamente. No puedo retrotraerme a 2013. Debemos defender con seriedad los intereses de España. Hemos ofrecido la mejor de las alternativas: un 7,4 % de interés durante dos periodos regulatorios más a quienes se quieran acoger. Existen oportunidades nuevas en nuestro país. Y lamento profundamente que se resolviera como se resolvió, pero no podemos hacer otra cosa. Sí creo que es importante, como usted dice, culminar esas obras del Canal de Navarra en su segunda fase y en los dos aspectos más importantes en los que hemos venido trabajando —las obras en sentido estricto y la inversión en plantas renovables— de forma novedosa sobre el Canal para poder generar electricidad de origen renovable, que no solamente permita reducir los costes energéticos del bombeo, del transporte de este recurso, sino también el aprovechamiento de esa electricidad en favor de los edificios públicos de Navarra, tal y como puso de manifiesto el Gobierno navarro que le interesaba, con una financiación que se acordó trabajar a través del Banco Europeo de Inversiones. Nuestra estimación —lo indicaba el otro día en el Senado y usted lo ha citado— es que la evaluación de este proyecto puede estar resuelta a finales de año y que, inmediatamente después, salvo los ajustes que hubiera que realizar si del proceso de evaluación ambiental se dedujera la necesidad de introducir algún ajuste, poderlo sacar a licitación. Al señor Cendón le quiero agradecer sus palabras, porque yo sí creo que es muy importante lo que hemos hecho. Además, creo que es muy importante para mucha más gente que la que vive en comarcas mineras o aquella cuya economía local ha estado íntimamente ligada a las centrales térmicas de carbón. En estos casos ha sido muy importante, incluido en As Pontes, incluido en Meirama, incluido en Compostilla, donde el Gobierno de España no solamente ha garantizado el mantenimiento del empleo directo e indirecto a los trabajadores de esas centrales, sino que ha invertido ya en nuevos ecosistemas industriales, alternativas, recualificación, más de 140 millones en el caso de Galicia y más de 111 millones en el caso de León. Pongo estos dos ejemplos, porque son los que han salido a relucir, dado que estamos hablando de un portavoz gallego y de un portavoz de León. La Junta de Castilla y León todavía no ha dicho ni una sola palabra sobre qué va a hacer con los 111 millones de euros para transición justa en la comarca de León, no en Palencia, en León. Y, por supuesto, la transición justa en Garoña la hemos tenido que asumir nosotros, después de años de abandono durante el Gobierno del señor Mariano Rajoy. (Aplausos). Pero es que en Galicia ocurre exactamente lo mismo, en As Pontes y en Meirama. (La señora Moraleja Gómez pronuncia palabras que no se perciben). La Xunta todavía no ha invertido ni un euro, mientras nosotros llevamos más de 140 millones de euros comprometidos y activados. (La señora Moraleja Gómez hace gestos negativos). No, no haga así, váyase a ver los datos. ¡Váyase a ver los datos, porque ya está bien! ¡Porque mienten y esconden! (Aplausos). Pregúntenle a sus compañeros qué es lo que han hecho, porque no han hecho nada ni en Meirama ni en As Pontes (rumores), a pesar de que cuentan con recursos expresamente dedicados desde fondos europeos negociados por este Gobierno para la transición justa del carbón, así que menos comentarios ideológicos y más realidades con datos. Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias. A continuación, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor De Olano Vela, por cinco minutos.
Jaime Eduardo de Olano Vela
PPDiputado.Página 96Vídeo
Gracias, presidente accidental. Señora Ribera, en primer lugar, que usted tenga el cuajo de criticar la ausencia de alguien en este Pleno... Tiene tela la cosa. (Aplausos). Usted solo viene cuando se la trae a rastras. En segundo lugar, hablaba usted del gas ruso y decía que yo mentía. Enagas dice que miente usted (muestra una gráfica), que da igual cómo lo mire, mensual o anualmente, Rusia es el segundo proveedor de gas a España. Usted financia la guerra de Putin, señora Ribera. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: Sí, sí). En tercer lugar, hablaba de la ría del Burgo. Fue un Gobierno de Mariano Rajoy el que elaboró el proyecto, el informe de impacto (la señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ribera Rodríguez, hace signos negativos con la mano), el que puso el dinero para iniciarlo en los presupuestos y, sin embargo, usted tardó dos años en licitarlo. En cuarto lugar, Alcoa. No hable de la balsa de lodos, por favor, no haga el ridículo. El comité de empresa —conocerá usted el vídeo y si no, se lo hago llegar— la hace a usted personalmente directamente responsable de que no se fabrique aluminio primario en España; a usted Teresa Ribera, a usted, no al Partido Popular. (Aplausos). Señora Ribera, vamos a seguir hablando de datos, porque usted da muchos datos, ya que tiene todo el tiempo del mundo, yo no. Supongo que sus compañeros, a los que obliga a estar en el escaño, no le habrán cogido mucho cariño después del día de hoy. (Risas). En cualquier caso, le voy a dar un dato, ya que habla de herencia. Su Gobierno dejó 27 000 millones de euros —siendo usted secretaria de Estado— de déficit de tarifa, que tienen que pagar todos los españoles; 27 000 millones. O sea, que no hable de herencias y de sentencias, porque eso generado en cuatro años es el mayor pufo, el mayor fraude que se le ha dejado a los españoles, y lo protagoniza usted, señora Teresa Ribera. (Aplausos). Le voy a dar otro dato, señora Ribera: una de cada cinco familias en España no puede calentar su vivienda o enfriarla adecuadamente. Y eso es responsabilidad suya, Teresa Ribera. Si estuviéramos gobernando nosotros, habría manifestaciones. Ahora hay más pobreza energética que nunca, señora Ribera. Le voy a decir otra cosa: si la conclusión de mi primera intervención es que el Partido Popular está de acuerdo con sus políticas, aquí el lince no soy yo, señora Ribera; supongo que convendrá eso conmigo. Pero vamos a hablar de los fondos europeos, que también algo ha comentado usted. Su gestión ahí también es un fraude, señora Ribera. En el año 2021 liberó pagos solo por el 40 % de los más de 6000 millones que tenía presupuestados; en el año 2022, su desempeño fue todavía peor: los pagos realizados solo alcanzaron el 18 %; pero llegamos a 2023, señora Ribera, y usted, después de esforzarse mucho, tuvo el honor el año pasado de ser la segunda peor ministra del total de veintidós —y mire qué ministros—, y solo liberó pagos por el 9,90 %. Señora Ribera, qué vergüenza. Y le voy a decir otra cosa: hace unos días, la ministra de Vivienda, su compañera, la señora Rodríguez, tachó de inútiles a los ministros de SUMAR. Pues bien, esos inútiles —no son mis palabras, son de la señora Rodríguez— gestionan mejor que usted, señora Ribera. A la vista de los datos que le acabo de dar, gestionan bastante mejor que usted. Le voy a dar otros datos: si hablamos de los PERTE, esos proyectos que deberían ser tractores para atraer inversiones del sector privado, la cosa no mejora, señora Ribera. Apenas ha ejecutado 1 de cada 3 euros en el PERTE de renovables; solo ha movilizado 1 de cada 5 en el PERTE de economía circular —e l de verdad, el circular, no el suyo; el de su familia está por encima del cien por cien—; y 1 de cada 10 euros en el PERTE del ciclo del agua. Y si hablamos del Plan MOVES, el presidente de la patronal ANFAC, cuando se despidió, cuando dimitió hastiado ya de los incumplimientos de su Gobierno, lo resumió todo muy bien en dos frases: Estamos peor que hace un año, vamos para atrás. Y la que tira para atrás del Plan MOVES es usted, señora Ribera, nadie más que usted. (Aplausos). Quizá el mejor resumen de lo que es su gestión fue aquella ocasión en que hubo una cumbre de ministros de Medio Ambiente en Valladolid —supongo que lo recordará—. Usted se desplazó en coche desde Madrid, más de 200 kilómetros, con una comitiva bastante amplia. A 100 metros de la sede de esa cumbre, cogió una bicicleta y sonriente avanzó hasta la entrada, haciendo el ridículo más espantoso que he visto yo a un miembro del Gobierno de España. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo; incluso en Australia, hubo un famoso presentador de televisión que calificó su actuación de la siguiente manera: Esta gente da mala fama a los payasos. (Aplausos). Esto no lo digo yo, también son palabras prestadas, señora Ribera.
Por lo tanto, el balance de su gestión difícilmente puede ser peor; lo dicen los datos, lo dicen los empresarios, lo dicen los trabajadores, lo dice el sector primario…
Presidencia. Termine, por favor.
Jaime Eduardo de Olano Vela
PPDiputado.Página 97
… lo dice todo el mundo; seguramente el señor Alfonso no, pero el resto estamos convencidos de que así es. Por lo tanto, no sé si se irá a Europa, señora Ribera, pero, si no, háganos un favor y váyase a su casa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario VOX, tiene la palabra el señor Figaredo Álvarez-Sala, por tiempo de cinco minutos. (Aplausos).
José María Figaredo Álvarez-Sala
VoxDiputado.Página 97Vídeo
Muchísimas gracias. Señora ministra, le sugiero que se dé un paseo por cualquiera de las cuencas mineras de Asturias y, si se acerca usted por Mieres, verá que es una ciudad que ha caído en desgracia en la que ya no hay futuro, el trabajo de los jóvenes es absolutamente precario, quienes se quieran quedar y labrarse un futuro allí lo tienen muy complicado. Mieres tiene hoy menos población de la que tenía en 1920. Ese es el fruto de lo que usted cacarea como la reconversión del sector cuando viene aquí. Hemos perdido trabajo, hemos perdido empleo, hemos perdido el futuro, y, a cambio, lo único que han hecho ha sido prejubilar a la gente que ya trabajaba a costa de abandonar totalmente el futuro de los hijos y de los nietos. ¿Y eso es lo que usted pretende replicar para toda España? Señora ministra, hola. (La señora vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ribera Rodríguez: Le estoy oyendo). ¿Pretende usted replicar eso en toda España? Viene usted y nos dice que pretende llevar a cabo una reconversión —igual que hizo con el sector minero— de todos los sectores productivos en España, como es la siderurgia, como es el automóvil, es decir, los que usted considera que contaminan. ¿Eso es lo que pretende de verdad? Porque cualquier español que nos vea, que se pase un segundo por las cuencas mineras asturianas, verá que han convertido un territorio que era próspero, que tenía futuro, y en el cual los niños florecían, crecían, en el que había familias, en un lugar donde hoy ya no hay futuro. Igualmente, viene usted y nos cuenta su plan con el automóvil: que pretenden ustedes electrificar el sector del automóvil. España es el segundo país de Europa en producción de automóviles de combustión interna, el segundo; 2 millones de personas viven en torno al sector de la fabricación y producción de automóviles de combustión interna; y estos señores socialistas lo han prohibido a partir del año 2035, en España no se va a producir ni un solo coche más de combustión interna. Y todo lo fían a la supuesta reconversión del sector. Nos dicen, para que los españoles lo sepan: Vamos a cerrar las fábricas de automóviles, sí, pero es que vamos a poner nuevas fábricas de automóviles eléctricos. Vean lo que han hecho en Asturias, véanlo, el sector de la minería desapareció y allí no hay nada más. Lo mismo va a suceder con el automóvil, lo mismo va a suceder con la siderurgia. Esos son sus planes. Luego, me plantea una duda con el regadío que no ha había entendido usted. En España hay 3 millones de hectáreas de regadío y consumen 15 000 hectómetros cúbicos de agua al año. Si España cumpliese con el Convenio de Albufeira —no decimos que lo modifiquen, no decimos que le pidan a Portugal que nos permita mantener más agua en la parte española de las cuencas de los ríos que compartimos con ellos, no—, si lo cumpliésemos escrupulosamente, obtendríamos más de esos 15 000 hectómetros cúbicos que riegan hoy en día toda la superficie de regadío de España. Es decir, si usted quisiera, si España quisiera, si tuviésemos un plan estratégico de verdad, podríamos conseguir duplicar la superficie del regadío en España. Seguimos, señora ministra. Toda su intervención, toda, y toda su réplica se basa simplemente en atacar las emisiones de CO2 y las cuestiones del clima. España es uno de los países de la Unión Europea que menos CO2 emite; los españoles emitimos unas 4 toneladas de CO2 per cápita, mientras que los alemanes emiten más del doble, el ocho y pico. Lo mismo sucede con el plástico. Viene usted aquí y nos cuenta sus historias del plástico. El 70 % de los plásticos que aparecen en los mares son vertidos por diez ríos del mundo; de esos diez ríos, siete están en China y tres en la India. Lo que no tiene sentido es que los españoles estemos pagando impuestos, destruyendo nuestra industria, pagando el impuesto al plástico, pagando el impuesto al CO2 por un CO2 que los españoles no emitimos y por un plástico que los españoles no vertemos al río. (Aplausos). Claro, usted viene aquí y nos habla sobre los derechos de emisión de CO2, pues estos derechos de emisión de CO2 que usted cobra a las grandes industrias repercuten en el precio de absolutamente todos los productos que se producen o se elaboran en España, y eso lastra la economía de España. Lo mismo sucede con el impuesto al plástico que ustedes acaban de imponer. ¿Qué se cree, que usted pone un impuesto a toda la producción o al consumo de plástico en España y que los consumidores, automáticamente, no padecen ese impuesto? Es evidente que sí.
Señora ministra, en su réplica ha tocado usted casi todos los temas salvo uno: el lobo. ¿Qué pasa, que nuestros ganaderos no tienen derecho a ejercer su actividad, que están eternamente condenados a sufrir los ataques del lobo? ¿Qué pasa, que no tenemos derecho a que una actividad tradicional como la ganadería, que toda la vida se ejerció, sobre todo en la zona de Asturias o Cantabria, siga ejerciéndose? ¿Por qué está usted empeñada en hacer desaparecer estas actividades tradicionales que tanta vida dieron a la España rural a la que usted dice que quiere defender? Evidentemente, es mentira. El mismo ataque lanza usted contra nuestros pescadores, ¿por qué quiere usted expulsarles de sus caladeros tradicionales? ¿Por qué quiere usted eliminar una actividad tradicional que lleva conviviendo con el entorno natural tantísimos años? En fin, no me lo explico, y muchísimos españoles, señora ministra, tampoco se lo explican.
Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).
Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, tiene la palabra su portavoz.
Vicenç Vidal Matas
Grupo SumarDiputado.Página 98Vídeo
Gràcies, president. Senyora ministra. Sí, president. Senyora ministra, vostè aquí ho té clar: té dues bancades, la del Partit Popular i la de VOX, que volen retrocedir; la del Partit Socialista, que a vegades dubten si volen avançar; i la nostra, la del grup plurinacional que volem avançar i volem avançar més; volem avançar i volem transformar la realitat. Hem aconseguit grans fites en aquesta legislatura i legislatura passada, però això no ens basta, han de transformar la realitat. Aconseguirem, per exemple, la llei de residus a les Illes Balears. Va ser una llei pionera que després l’Estat ens va copiar i va avançar. Una gran llei, hi vàrem participar amb ella, però volem que transformi la realitat, volem que canviï els hàbits de les persones en el seu dia a dia, volem que canviï el model econòmic, i per això ha de passar del BOE a la realitat, i hem de complir els objectius que ens vàrem marcar. Ara mateix vostè ha dit que el sistema de devolució i de retorn d’envasos era el pla B. Doncs no, senyora ministra, ja és el pla A, perquè les dades ens diuen que no complirem amb els objectius que ens havíem marcat. Ens havíem marcat que en el 2023 prendríem aquesta decisió, per tant, ja ho hem de començar a posar en marxa. No ens podem permetre les dades de recollida de matèria orgànica, que és el més important. Els percentatges són baixíssims. Hem d’exigir el seu compliment. I, evidentment, hem d’avançar amb els comerços, ja que han de tenir el 40 % de la superfície per disposar productes a granel. Però el més important, els productors, els grans productors, els hem d’exigir la seva responsabilitat ampliada de posar en el mercat determinats productes. Hi havia un llistat que vàrem consensuar i, desgraciadament, aquest llistat no s’ha posat en marxa. Igualment, una fita històrica va ser la llei de canvi climàtic, una llei valenta. Li dèiem que els objectius no eren prou ambiciosos, que en volíem més, però evidentment li vàrem donar suport i la vàrem aprovar. Però ara cal fer-la complir, ministra. Per tant, en el 2023 hauria de tenir ja els plans de les entitats bancàries per fer la descolonització de les seves inversions. Hauria de tenir ja la revisió dels objectius. Com està l’Estat espanyol quant a compliment dels seus objectius? Ja li dic jo que no estem avançant de forma adequada i, per tant, han de replantejar els objectius i hem d’intensificar la descarbonització de la nostra economia. I, evidentment, el 2025 és una data marcada per a la llei de canvi climàtic. En els pressupostos generals de l’Estat s’ha de veure el salt qualitatiu amb aquestes polítiques. Clar, la llei era pionera, la llei era valenta, però el govern està sent contradictori constantment. Em permetré posar uns exemples: ampliant els aeroports, l’aeroport del Prat de Barcelona, l’aeroport a Palma de Mallorca o el port de València. Això és contradictori en la llei de canvi climàtic i, per tant, va en el sentit contrari del que nosaltres vàrem donar suport, el que nosaltres volem per la nostra terra. Vostè ha parlat de biodiversitat, ha parlat de Doñana, ha parlat de Mar Menor, i ens hi trobarà. Ha parlat poc d’espais com l’Ebre, però també ens hi trobarà per millorar-ho. Però hem enyorat que parlés també de bioseguretat. Ministra, a les Illes Canàries, a les Illes Balears, la bioseguretat és clau i ara mateix hi ha una pèrdua de biodiversitat importantíssima perquè ports i aeroports estan sent un gran pas d’espècies invasores amb l’impacte ambiental que això suposa.
He de dir que m’ha sorprès el temps que vostè ha dedicat avui a parlar de la mar, la gran oblidada les seves polítiques, per tant, satisfacció. I, si vostè vol, ja sap que nosaltres col·laborarem des de les Illes Balears, des del Grup Plurinacional. Vàrem ser en el moment de protegir el mar Mediterrani impulsant el corredor de cetacis, vàrem ser en el parc Nacional de Cabrera, creant el parc nacional més gran de la Mediterrània occidental. I serem també en coses que vostès encara no han estat fent, com és la protecció de la posidònia. Si tinguéssim l’Amazònia aquí a l’Estat espanyol, la protegiríem amb la màxima figura de protecció. Perquè no passa a la nostra Amazònia submergida que és la posidònia. Així, volem una estratègia clara de protecció. A més a més, si en la mar ens hem marcat que hem de complir del 20 % al 30 % de reproducció d’aquestes superfícies, li faig dues propostes ràpides: declari el parc nacional de les muntanyes submarines —vostè sap perfectament que el ministeri té la documentació— o les reserves marines de Tramuntana, o totes aquelles que han proposat entre les Illes Balears, el País Valencià i Catalunya, que són els grans tenidors del mar a la Mediterrània. Hi som. Per complir els objectius, amb nosaltres hi contaran, però volem avanços, no volem sols paraules.
I m’ha preocupat, ministra, que vostè ha caigut en la tècnica, ha dit que la tècnica ho pot tot, i hem de dir que els recursos són finits, que hi ha límits i que les dessaladores no ho podran tot, i que han de gestionar també la demanda.
I vaig acabant amb l’energia. Li demanem que hi hagi les mesures que hem adoptat amb l’impost de les energètiques. Allarguem l’impost a les energètiques. Necessitem un mínim de subministrament energètic, un mínim de subministrament d’aigua. Lluitem per l’ampliació del bo social, lluitem contra la pobresa energètica. A tot això ens hi trobarà.
I ja per acabar, el portaveu del Partit Popular ha dit que les nostres polítiques eren de chiste, d’acudit. És que és un acudit compartir l’atenció ecològica mentre pacta amb un partit negacionista i a les Illes Balears tanca a la comissió balear de Medi Ambient una amnistia urbanística que destrossa el sòl rústic.
Moltes gràcies.
Gracias, presidente. Señora ministra, usted aquí lo tiene claro: tiene dos bancadas, la del Partido Popular y la de VOX, que quieren retroceder; la del Partido Socialista, que a veces dudan de si quieren avanzar; y la nuestra, la del grupo que queremos avanzar más; queremos avanzar y transformar la realidad. Han conseguido grandes cosas en esta legislatura y la pasada; pero eso no nos basta, tienen que transformar la realidad. Conseguimos, por ejemplo, la ley de residuos en las Islas Baleares, una ley pionera que luego nos copió el Estado y avanzó, una gran ley. Participaron en ella, pero queremos que transformen la realidad, queremos que cambien los hábitos de las personas en su día a día, queremos que cambie el modelo económico, y eso tiene que pasar entonces del BOE a la realidad, y tenemos que cumplir los objetivos que nos marcamos. Ahora, usted habla de que el sistema de devolución y retorno de envases era el plan B. Pues no, señora ministra, ya es el plan A, porque los datos nos dicen que no vamos a cumplir con los objetivos que nos habíamos marcado, que eran que en 2023 adoptaríamos esta decisión, por eso ya tenemos que ponerlo en marcha. No nos podemos permitir los datos de recogida de materia orgánica, los porcentajes son bajísimos; tenemos que exigir su cumplimiento. Y, evidentemente, tenemos que avanzar con los comercios para que consigan una parte de la superficie muy importante dedicada a productos a granel. Pero lo más importante, los grandes productores, tenemos que exigirles su responsabilidad para que pongan en el mercado determinados productos. Había un listado que consensuamos y, desgraciadamente, eso no se ha puesto en marcha. Luego, hay otro hecho histórico, un hito histórico: la ley de cambio climático, una ley valiente. Quizás los objetivos no eran lo suficientemente ambiciosos, queríamos más, pero evidentemente la apoyamos y se aprobó, pero ahora tenemos que hacer cumplir esa ley, ministra. En 2023 teníamos que haber dispuesto ya de los planes en las entidades bancarias para la descarbonización de sus inversiones. Deberíamos tener ya la revisión de los objetivos. ¿Cómo está el Estado español en cuanto a cumplimiento de esos objetivos? Ya le digo yo que no estamos avanzando de forma adecuada y, por lo tanto, tenemos que replantear esos objetivos y fomentar la descarbonización de nuestra economía. Evidentemente, 2025 era una fecha marcada en los presupuestos del Estado, tiene que verse cómo se van a cumplir los objetivos de esas políticas; la ley era pionera, claro, era valiente, pero el Gobierno está siendo contradictorio constantemente. Le voy a dar unos ejemplos, si me lo permite: ampliando los aeropuertos, el del Prat en Barcelona, el de Palma de Mallorca o el puerto de Valencia. Eso es contradictorio con la ley de cambio climático y por eso va en el sentido contrario a lo que nosotros habíamos apoyado y lo que nosotros queremos para nuestra tierra. (Aplausos).
Usted ha hablado de biodiversidad, ha hablado de Doñana, ha hablado del Mar Menor, nos encontrará ahí. Ha hablado poco de espacios como el Ebro, pero también nos encontrará ahí para mejorarlo. Nos ha faltado que hablase de bioseguridad; ministra, en las Islas Canarias, en las Islas Baleares. La bioseguridad es clave y hay una pérdida de bioseguridad muy importante, porque los aeropuertos están invadiendo una parte muy importante de las especies, con lo que supone eso.
Debo decir que me sorprende el tiempo que ha dedicado hoy a hablar de la gran olvidada de sus políticas, y por eso me alegra mucho oírle hablar de la mar. Y si quiere, nosotros colaboraremos desde las Islas Baleares, desde el Grupo Plurinacional. Estuvimos allí en el momento de protección del mar Mediterráneo, lo impulsamos con el Plan Nacional de Cabrera, creando el parque nacional más grande del Mediterráneo occidental. Y estaremos ahí también en cosas donde ustedes todavía no han hecho nada, como es la reproducción de la posidonia. Si tuviéramos aquí la Amazonia en el Estado español, la protegeríamos como máxima figura de protección. ¿Por qué no lo hacemos con la Oceanía, la Amazonía que tenemos sumergida, con un nivel máximo de protección? Y además, si nos hemos marcado que vamos a cumplir el 20 o el 30 % de reproducción de superficies en la mar, le voy a hacer dos propuestas rápidas: declare el parque nacional de las montañas submarinas —u sted sabe perfectamente, porque el ministerio tiene la documentación de lo que hablo— o las reservas marinas de la Tramuntana, que se han propuesto en el país valenciano de Cataluña y en las Islas Baleares, que son los grandes tenedores del mar en el Mediterráneo, y que están ahí para cumplir los objetivos. Con nosotros pueden contar, pero queremos avanzar. No queremos solo vanas palabras.
Hay algo que me ha preocupado, ministra, usted ha caído en la técnica, ha dicho que la técnica lo puede todo, y debemos decir que los recursos son limitados y que no se puede gestionar solo la oferta, hay que gestionar también la demanda.
En cuanto a la energía, le pedimos que estén ahí las medidas que hemos adoptado con el impuesto a las energéticas. Necesitamos ese impuesto a las energéticas. Necesitamos un mínimo de suministro energético de agua. Tenemos que ampliar el bono social, tenemos que luchar contra la pobreza energética. Ahí nos van a encontrar.
Y, para acabar, el portavoz del Partido Popular ha dicho que nuestras políticas eran de chiste. ¿Es un chiste compartir la atención ecológica mientras pacta con un partido nacionalista en las Islas Baleares y en las Islas Baleares se cierra un parque para destino turístico?
Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, tiene la palabra la señora Pilar Calvo Gómez.
Pilar Calvo Gómez
JuntsDiputada.Página 100Vídeo
Si m’ho permet, president, contestaré des de l’escó. Senyora, vicepresidenta i ministra, gràcies per les seves respostes. Li faré recordatori d’allò que no ha quedat contestat per part seva. Miri, parlant de pobresa energètica i per respecte a la plataforma Aliança contra la Pobresa Energètica, li reitero la pregunta: té vostè previst o li semblaria bé que les mesures de pobresa energètica quedessin consolidades a la Llei del Sector Elèctric? I, pels amants de les dades ―soc conscient que és una amant de les dades―, només dir que si parlàvem de 842 milions de cost de pobresa energètica en 2022, en 2023 s’ha de dir que aquesta xifra cau fins als 137 milions. Per tant, veuria bé que es consolidessin aquestes mesures de pobresa energètica a la Llei del Sector Elèctric? Per un altre costat, vostè ha parlat d’agilitzar algunes de les mesures que s’han presentat com a esmena al projecte de llei que prové del Reial Decret 8/2023. Home, això em genera una certa preocupació, perquè, si parla d’agilitzar aquestes mesures, ens està fent entendre, doncs, que la tramitació d’aquest projecte de llei quedarà en el calaix durant molt de temps? És això? Per un altre costat, no m’ha contestat respecte de la licitació de la dessaladora de Tordera. Això es va anunciar al mes de febrer. Jo li demanava, doncs, quan estava previst aquesta licitació i quin era el problema que estava succeint perquè no es posi en marxa, tenint en compte que ara no s’arriba encara al 50 % d’aigua als embassaments, però li recordava que a l’estiu el que acostuma a passar és que no plou, fa molta calor i, per tant, perdem aigua dels embassaments i haurem de pensar en quines mesures tirar endavant abans que arribi, a un moment molt pitjor que el que tenim ara.
Hi posaré un parell de temes nous que no he tingut temps abans a comentar-li. Per un costat, si hi ha alguna novetat sobre l’ampliació a vint quilòmetres de la distància de connexió de l’autoconsum als entorns rurals o de polígons. Per un altre costat, denunciar l’endarreriment que hi ha la de l’electrificació respecte de la mobilitat. Fa uns dies sabíem de la dimissió del president de SEAT, de Wayne Griffiths, del seu càrrec com a president d’ANFAC davant la inacció del govern. Això és el que es va dir en favor de l’electrificació. Tenen vostès pendent de fer el reglament per poder exigir i, si cal, sancionar els pàrquings públics que no posen, que no han posat, punts de recàrrega. I també s’ha de destacar que les ajudes a la compra de vehicle elèctric o la col·locació de punts de càrrega en els pàrquings particulars són les més primes, segurament, de la Unió Europea i, a més a més, un mal de cap per als usuaris que volen sol·licitar aquestes ajudes. D’alguna manera estar desincentivant. Com s’acostuma a dir: qui espera, desespera.
I ja per acabar, perquè vegi que també recollim les coses positives. Fa uns mesos es va constituir la mesa del delta de l’Ebre amb el suport condicionat de Junts al fet que hi tingués representació a la taula de consens de l’Ebre. La veritat és que ens hem de felicitar tots plegats perquè ja s’ha fet una primera reunió. Es va condicionar, també, al fet que hi hagués una reunió com a mínim cada sis mesos. Celebrem, doncs, que es comenci a caminar pel desplegament d’aquest pla del delta de l’Ebre que ha de servir per recuperar aquesta terra i aquest paisatge que tant ens estimem des de Catalunya.
Gràcies.
Si me lo permite, presidente, contestaré desde el escaño. Señora vicepresidenta y ministra, gracias por sus respuestas, le recordaré lo que no ha contestado usted. Hablando de pobreza energética y por respeto a la plataforma Alianza contra la Pobreza Energética, le reitero la pregunta: ¿tiene previsto usted o le parecería bien que las medidas de pobreza energética quedaran consolidadas en la Ley del Sector Eléctrico? Y para los amantes de los datos —somos conscientes de que usted es una amante de los datos—, si hablamos de 42 millones de coste de pobreza energética en el 2022, en el 2023 hay que decir que esta cifra cae hasta 137 millones, de 142 a 137. ¿Quiere que se consoliden estas medidas de pobreza energética en la Ley del Sector Eléctrico? Por otra parte, ha hablado usted de agilizar algunas de las medidas que se han presentado como enmienda al proyecto de ley que viene del Real Decreto 8/2023, el, y a mí me genera una cierta preocupación, porque, si se habla de agilizar estas medidas, ¿nos está dando a entender quizás que la tramitación de este proyecto de ley se va a quedar en un cajón durante mucho tiempo? ¿Es eso? Tampoco me ha contestado sobre la licitación de la desalinizadora de la Tordera. Esto se anunció en el mes de febrero y yo le preguntaba cuándo se había previsto el lanzamiento de esa licitación y cuál era el problema que se estaba planteando para que no se pusiera en marcha, teniendo en cuenta que no llegan al 50 % las reservas de los embalses y que, como en verano hace mucho calor y no suele llover, vamos a perder agua de los embalses y vamos a tener que pensar en las medidas que vamos a impulsar antes de que llegue un momento mucho peor del que estamos atravesando ahora. Y voy a poner sobre la mesa un par de temas nuevos que antes no he podido comentar. Por una parte, quería saber si hay alguna novedad sobre la ampliación de 20 kilómetros de distancia de conexión del autoconsumo para los sectores rurales o de polígonos, y, por otra parte, queremos denunciar el retraso que hay en la electrificación con respecto a la movilidad. Hace unos días supimos de la dimisión del presidente de SEAT, el señor Griffiths, de su cargo como presidente de ANFAC por la inacción del Gobierno, eso es lo que se dijo en favor de la electrificación. Ustedes tienen pendiente el reglamento para poder exigir y, si hace falta, sancionar a los parkings públicos que no han puesto puntos de recargas. Y también hay que destacar que las ayudas a la compra de vehículo eléctrico o a la colocación de puntos de carga en los parkings particulares, por ejemplo, son las más escasas de la Unión Europea y, además, una carga muy importante para aquellos usuarios que quieren solicitar estas ayudas. Se está desincentivando de alguna manera. Como se suele decir, quien espera desespera. Y luego, para concluir, para que vea que también recogemos las cosas positivas, hace unos meses se constituyó la Mesa del Delta del Ebro con el apoyo condicionado de Junts a que hubiera representación en la Mesa del Ebro. Tenemos que felicitarnos todos, porque ya se ha celebrado una primera reunión, y se condicionó también a que se celebrase una reunión como mínimo cada seis meses. Celebramos, por lo tanto, que ya se empiece el camino para el despliegue de este plan del delta del Ebro, que tiene que servir para recuperar esa tierra y ese paisaje que tanto queremos desde Cataluña.
Presidencia. Muchísimas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. (Denegación). Bien. Para finalizar, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alfonso Cendón.
Javier Alfonso Cendón
PSOEDiputado.Página 102Vídeo
Gracias, presidente. Vicepresidenta, señorías, la verdad es que me sorprende, sobre todo, el Grupo Popular, porque de la extrema derecha no espero mucho. Me sorprende que se atreva a subir a la tribuna a decir una sarta de mentiras. Son informaciones que están muy alejadas de la realidad. Como digo, de VOX no espero nada, pero me gustaría que el señor Olano me aclarara si utiliza la misma base de datos que el señor Figaredo. Me pregunto quiénes les proporcionan la información, de dónde la sacan, porque está muy alejada de la realidad. Asimismo, cuando le he escuchado, señor Olano, yo me he preguntado; ¿de verdad cree que es creíble decir que todo lo que se hace está mal? Yo creo que sería justo reconocer que se han hecho muchas cosas bien, que este ministerio, esta Vicepresidencia, ha puesto en marcha muchas iniciativas que han permitido tener un futuro mejor para nuestro país, que cuida el medio ambiente y la industria y que moderniza. Creo que sería lo razonable, pero esto no está ocurriendo. Ustedes creen que cuando le va bien a España les va mal a ustedes, si no gobiernan, y creo que estaría bien que, cuando a su país le va bien y avanza, se alegraran. (Aplausos). Sus socios de VOX niegan sistemáticamente el cambio climático y promueven políticas regresivas. Ustedes abrazan el negacionismo, y no les ponen un dique de contención, incluso se burlan de los avances científicos. Deberían reflexionar sobre el daño que están causando. La ciudadanía merece políticas basadas en la razón y la evidencia científica, no en supersticiones y teorías conspiranoicas, como las que está mostrando constantemente el señor Figaredo. Yo les pregunto, señor Olano: ¿cuál es su alternativa? ¿Qué proponen? ¿Quieren volver al terraplanismo que defiende VOX? Me gustaría que se aclararan. España hoy es una referencia en energías renovables y es líder en transición ecológica. En el ámbito energético, mientras ustedes frenaron la diversificación de fuentes de energía, incluso poniéndole un impuesto al sol, este Gobierno ha apostado por la modernización y la diversificación del sector energético, avanzando hacia un modelo más limpio y eficiente. Se ha impulsado el hidrógeno verde, como ha indicado la vicepresidenta, para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, creando empleo de calidad y promoviendo la reindustrialización en zonas que dependían principalmente de industrias contaminantes. Ustedes, que dicen defender el sector primario, ignoran totalmente las inversiones que se han realizado en regadíos, en la modernización y la gestión de aguas y en la creación de comunidades energéticas rurales. Este Gobierno ha desplegado un importante paquete de iniciativas para afrontar el reto demográfico. Estas políticas han sido cruciales para revitalizar áreas como las de mi provincia, León, pero también las de otros muchos lugares de este país que están sufriendo el reto demográfico. Esto contrasta con lo que están haciendo en el Gobierno autonómico de Castilla y León del Partido Popular y VOX. Donde más población perdemos ni siquiera tienen una estrategia para hacerla frente ni utilizan los fondos que ha puesto a disposición el Gobierno de España. Ustedes han abandonado las comarcas mineras, señor Olano, incluso paralizaron el proyecto de CIUDEN, la ciudad de la energía, que puso en marcha el presidente Zapatero durante su Gobierno y que ha relanzado de nuevo la vicepresidenta. Una vez más tuvo que ser el Gobierno socialista el que se hiciera cargo de estas comarcas. Además, se han iniciado las restauraciones ambientales, como le señalé antes, que han permitido que los excedentes de la minería pudieran recolocarse con prioridad, para que nadie se quedara atrás. Lo que es evidente, señorías del PP, es que donde ustedes gobiernan retrocedemos. En Madrid han priorizado la construcción de grandes infraestructuras, no la preservación de zonas verdes, y han relajado normativas medioambientales para favorecer proyectos urbanísticos insostenibles. En Andalucía han aprobado normativas que facilitan la explotación intensiva de recursos naturales, poniendo en peligro espacios protegidos como Doñana. En Murcia, la inacción ante la crisis del Mar Menor refleja una alarmante falta de responsabilidad ambiental. Estos son solo algunos ejemplos. Son muchos los ayuntamientos en los que se están suprimiendo carriles bici y desmantelando zonas de bajas emisiones. Esto no solo supone un retroceso en términos de sostenibilidad y calidad de vida, sino que también supone un perjuicio muy importante para la ciudadanía, porque vamos a tener que devolver muchos fondos europeos. Señorías de la oposición, en lugar de dividir y enfrentar territorios, deberían sumarse al esfuerzo colectivo de este Gobierno para construir un país mejor. Para finalizar, quiero destacar de nuevo la ejemplar labor de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gracias a su liderazgo y dedicación hoy nuestro país está avanzando hacia un modelo más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. España es hoy un ejemplo a seguir en transición ecológica y justicia ambiental.
Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias. Para finalizar, tiene la palabra la señora vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Presidencia. Gracias. Muchas gracias, señorías, por sus comentarios y muchas gracias por aquellas cuestiones que ayudan a seguir mejorando las propuestas. He echado en falta algún comentario más sobre cómo resolver las cuestiones de despoblación y creo que hay todavía mucho que aprender en materia de energía y agua. Pero permítanme que conteste a algunas de las cosas que han dicho. Es verdad ―empezando por el final— que si no se integran razonablemente las variables ambientales, los desafíos, es imposible recuperar el Mar Menor. De hecho, estoy esperando todavía que el presidente de Murcia me confirme por escrito si tiene intención de hacer aquello a lo que le obliga la normativa nacional y la normativa europea, las sentencias del Tribunal Supremo, con respecto a sus propias competencias, si sigue pareciéndole bien que el Estado, de forma excepcional, invierta más de 675 millones de euros para recuperar el Mar Menor y genere alternativas para la población o si se queda con el mal mayor, efectivamente. En Doñana seguimos trabajando y creo que la apuesta también ha sido generosa e importante. Y agradezco una vez más aquí que en estos dos casos dos presidentes del Partido Popular hayan sido capaces de decir no al negacionismo, aunque de vez en cuando titubeen. En efecto, creo que es muy importante trabajar a nivel local, municipal, y que uno pueda desplazarse en bicicleta desde un hotel a las puertas del Campo Grande, en Valladolid, a un centro de conferencias, que pueda contar con servicio público de calidad, que pueda contar con zonas de bajas emisiones, que se aprecie el esfuerzo de sus predecesores al frente de la alcaldía en Valladolid, en Valencia, en Sevilla, en lugar de tirar el dinero y la salud de los ciudadanos desmontando carriles bici, desmontando carriles de servicio público de transporte y condenándonos a todos al ruido y a la mala calidad del aire. Así que sí, aclárense sobre si incorporan el desafío ambiental sobre la base de datos como parte sustancial de la respuesta a las políticas de salud pública, de mejora del bienestar de las personas y de mayor competitividad industrial o si se quedan en comentarios jocosos fuera de lugar. Creo que eso es algo que todavía no tienen resuelto. Pero hay otras cosas que sí tienen resueltas. Alcoa, As Pontes y Meirama hubieran sufrido un declive largo y el abandono de sus vecinos y de sus trabajadores, es verdad. Logramos contener esa sangría en Alcoa por dos años; quedamos a la espera de que se puedan firmarse esos PPA para garantizar electricidad a precio estable, pero es muy difícil poder contar con declaración de impacto ambiental en tiempo si los informes de la Xunta de Galicia llegan el día en que acaba el plazo para emitir la declaración de impacto ambiental, y es muy difícil también tomarse en serio los costes, los pasivos de una instalación como esta si el Gobierno competente en materia de industria y de medio ambiente mira para otro lado. En As Pontes la cantidad de recursos destinados por el Gobierno es importantísima para proyectos de todo tipo. Ponen ustedes a As Pontes como ejemplo, así que permítanme que les cuente algunos ejemplos de As Pontes: una inversión de 531 millones de euros en una fábrica de neumáticos inteligentes, con más de 750 empleos; una multiplicación del volumen de tráfico del puerto de Ferrol asociado precisamente a esta instalación ubicada en la antigua mina de Endesa; la fábrica de fibra reciclada y celulosa virgen de ENCE, con una inversión de más de 355 millones de euros y 150 empleos, también en terrenos de la central de Endesa; una planta de hidrógeno renovable de H2Pole de EDP y Reganosa, con una inversión de 156 millones de euros y 60 empleos; una ayuda de 15 millones de euros del IDAE para el programa H2 Pioneros; 1300 megavatios renovables de Endesa, en buena medida destinados a abastecer a industrias gallegas como Alcoa o Century, o la creación del centro logístico de mantenimiento de energía eólica para sus instalaciones en España. Así que les pido de nuevo que busquen los datos y puedan decirme a qué va a dedicar la Xunta de Galicia los 140 millones de euros que tiene asignados, precisamente, para transición justa del carbón en Galicia, porque hasta ahora lo que hemos visto ha sido cero euros; cero. (Aplausos). También les recomiendo que le pidan a alguien que sepa leer los datos de Enagás que se los lea correctamente, porque yo los tengo aquí y dicen que, de junio de 2023 a mayo de 2024, en el total anual móvil, Argelia ha suministrado el 34 % del gas natural que ha llegado a España. (Rumores). ¿Perdón? (Pausa). De verdad, no sé cómo decirlo, pero me parece que es muy triste que en esta Cámara, que representa la soberanía popular, se escuchen cosas como las que se oyen, se oiga cómo se insulta, cómo se miente y se interrumpa impunemente. (Aplausos). Interrumpir está dentro de lo habitual, pero insultar, mentir y llamar mentiroso a quien ofrece datos… Les he dicho que miren los datos de Enagás, y los datos de Enagás actualizados. (El señor De Olano Vela muestra un documento)… Por eso le digo que quizás conviene que alguien se lo mire, porque los datos de Enagás actualizados, de ahora mismo, dicen que de junio de 2023 a mayo de 2024 Argelia suministró el 34 % del gas que llega a España, Estados Unidos suministró el 20,7 % y Rusia el 19,7 %. Y sí, claro que estamos deseando que esto desaparezca, por eso me esfuerzo, pero díganme ustedes, ¿quieren que nacionalice a los operadores del gas en España? ¿Esa es su solución? (Risas). ¿Quieren que prohíba la importación y compense el gasto en el que han incurrido pagando del presupuesto español directamente la facturación de Rusia? ¿Esa es su solución? Déjense de demagogias. (Aplausos.—El señor De Olano Vela: Déjese de falsedades usted). Quizá convenga que sigan colaborando con las instituciones europeas para poder llevar esto a buen puerto. Hay otras cosas que han suscitado que también creo que son importantes. Por ejemplo, el carbón de Mieres. ¿Se imagina usted lo que hubiera ocurrido con los trabajadores del carbón de Mieres o con los trabajadores del carbón de cualquier central llamada a cerrar en diciembre de 2018 si no hubiéramos llegado al Gobierno en junio? Pues que ni alternativas ni recalificación ni fondos ni nada de nada. (El señor Figaredo Álvarez-Sala sube y baja los brazos). No haga aspavientos. Nada de nada, nada de nada (aplausos), porque había cero políticas y cero previsión con respecto a qué hacer; al revés, una prohibición de cierre contraria al derecho de la Unión Europea y una preocupación del comisario de aquel momento, que da la casualidad de que era un afiliado activo del Partido Popular. Así que, mire, afortunadamente —y queda mucho por hacer, lo he dicho desde el primer momento—, el trabajo a pie de obra con la gente importa y buscar soluciones y alternativas importa (rumores), como también importa entender que la evolución de la industria a nivel mundial está activada en una carrera hacia la descarbonización, que es el vector más importante de modernización y competitividad a nivel mundial. (Aplausos.—Rumores). Y por supuesto que hay que acompañar a toda la industria en ese proceso, a la industria básica o la industria del automóvil, que es capital en la participación en el PIB y en el empleo en España. Y por supuesto que se requiere un trabajo serio, importante y mantenido en el tiempo, y esto lo hacemos a través de distintas herramientas, incluidos los PERTE. Mire, nosotros teníamos la obligación de gestionar 8914 millones de euros y el 80 % está licitado, y 6521 millones están transferidos a las comunidades autónomas, ¿son ellas las que están incumpliendo esa obligación? Hablo solamente de transición ecológica y de los PERTE vinculados a este ministerio. Gracias al cumplimiento de los hitos, también normativos y regulatorios, se ha recibido el cuarto pago, pero, de nuevo, parece que les molesta que las cosas vayan bien; se empeñan en contar que va mal y, si el dato no acompaña, se lo inventan, y creo que esto es enormemente pernicioso porque hay muchos temas a los que prestar atención. Insisto en que por supuesto que hay que conseguir que esos grandes ríos de las grandes cuencas a nivel mundial por las que llega al plástico al océano dejen de llevar plástico al océano. Por eso necesitamos un acuerdo internacional. Por eso el multilateralismo y Naciones Unidas son tan importantes. (Aplausos.—Rumores). Por eso esa banderita que se ponen contra la globalización o contra lo que ustedes llaman el globalismo es un gran error, porque el mundo es demasiado pequeño como para pensar que los problemas los podemos resolver cada uno en nuestra capital nacional. Necesitamos cooperación al respecto, también en la producción de plástico. Por supuesto que nosotros desde Europa tenemos que hacer nuestra cuota aparte en ese proceso, pero no somos los únicos que lo tenemos que hacer, y por eso estamos negociando y trabajando con el resto de los países del mundo para poder llegar a un acuerdo con respecto a este asunto. Hay muchas soluciones que ya existen, de hecho existían antes de que se utilizara el plástico de un solo uso para muchos de estos usos, pero hay otras en las que tendremos que seguir trabajando, como en nuevos materiales o en reducción de la producción, restringiendo el uso del plástico allí donde resulte imprescindible, garantizando una buena gestión. Creo que es importante trabajar con las especies que los propios expertos consideren —biólogos y ecólogos— que cuentan con algún tipo de limitación, porque están necesitadas de algún grado de protección, y determinen que, como en el caso del lobo, su caza deba prohibirse, que es la única limitación que tienen. Esto requiere, obviamente, elaborar censos actualizados, y para eso necesitamos trabajar con todas las comunidades autónomas. También requiere, evidentemente, trabajar con aquellos profesionales de la ganadería extensiva que necesitan incorporar medios para generar las alertas y evitar la mortandad de lobos o contar con la compensación inmediata, y por eso activamos esos 20 millones de euros que permiten dar cobertura a estos ganaderos. Lo que es muy difícil es pensar que se puede contra actuar sin ninguna base, sin ningún conocimiento y sin ninguna aportación de datos en esos censos. Por eso estamos trabajando con las comunidades loberas, para poder disponer de esa información cuanto antes y activar los procedimientos que prevé la propia norma, en el supuesto de que resulten necesarios. Y, sí, señor Vidal, yo también creo que es importante poder activar esa nueva etapa. Es cierto que Baleares adelantó su propuesta de trabajar sobre los sistemas de devolución y retorno para la gestión de determinados flujos de residuos. También es verdad que en aquel momento, como consecuencia de las limitaciones que se podían producir al buen funcionamiento del mercado interior, se optó, precisamente, por modificar la ley. Es una ley nacional que recoge expresamente que, si no se cumple determinado umbral o determinado objetivo de recogida, automáticamente se activará, sobre la base de esa información, un sistema para todo el territorio nacional que nos permita la devolución y el retorno. Y eso es lo que pienso que los propios gestores han entendido que va a ser imprescindible hacer, incluso aunque todavía no dispongamos de la información oficial al respecto de los últimos años. Me parece que es importante tomar esto en cuenta, porque creo que será mucho más eficiente si podemos contar con el despliegue de ese tipo de respuesta en todo el territorio y, evidentemente, con la implicación de los operadores llamados a activar esta propuesta. La ley de cambio climático de Baleares fue pionera, como también lo ha sido en otros territorios autonómicos, y yo confío muy sinceramente en que el nuevo Gobierno balear respete las amenazas que aparecen catalogadas y recogidas en la mejor información disponible y en que apueste por la transformación de ese proyecto de islas cien por cien renovables y protección de la biodiversidad, aunque alguna pista tenemos que genera cierta alarma, como usted muy bien sabe. Es importante trabajar sobre la base de los mejores datos sobre pobreza energética y consolidar una respuesta estructural. Como decía antes, nuestra intención es mantener unos umbrales de protección más elevados para aquellos que tienen dificultades en pagar las facturas eléctricas y las facturas térmicas, pero también trabajar en el origen del problema, y hacerlo sobre algo que creo que es imprescindible: acercar la Administración a aquellas familias que lo necesitan. Una de las principales dificultades que hemos vivido en estos años consiste, precisamente, en la dificultad de llegar a los actores protagonistas, destinatarios o beneficiarios de estas medidas desde la Administración General del Estado. He de decir que este Estado es muy desigual en las medidas de protección social, en la administración de protección social y en los servicios sociales. Los servicios sociales requieren una fiscalidad que permita que la Administración este próxima a quien lo necesita y que cuando un potencial beneficiario de cualquier servicio público lo necesite pueda contar con alguien a quien acudir, porque si no tendremos que seguir haciendo lo que, por razones obvias, hemos tenido que activar desde la pandemia, y es que sean también las organizaciones sociales, las organizaciones privadas de carácter social, las que nos ayuden a acompañar, en representación de estas personas, la demanda y la solicitud de cobertura de servicios tan elementales como es este bono social, que es un derecho de las familias que lo necesitan. Las desaladoras de Tordera y Foix, así como las desaladoras comprometidas con la Junta de Andalucía en las demarcaciones interiores de Andalucía mediterránea, es decir, confederaciones responsabilidad de la Junta, están incluidas en la actualización del mandato Acuamed. Por tanto, en breve, tras la aprobación de esta actualización del mandato por parte del Consejo de Ministros, se activarán. Creo que en estos años hemos visto cómo se ha producido un cambio muy importante en la manera en la que los ciudadanos, en general, pero yo diría que cada uno de los colectivos, en particular, han ido incorporando y entendiendo los desafíos y las oportunidades, pero también las dificultades y las barreras, para generar bienestar sobre la base de un modelo mucho más equilibrado, que necesariamente ha de responder a unos límites físicos y ambientales que no respetan ni se paran a medir quién está representado en esta sala ni cuáles son los calendarios que nos convienen a cada uno de nosotros como consecuencia de procesos electorales equis. Así que, señores, los animo a seguir trabajando en esta agenda, que creo que es capital, importantísima, y en la que el mensaje más importante, a mi juicio, sigue siendo el mismo: España no quiere perder este tren. Así que, por favor, no hagan que descarrile y trabajemos juntos para conseguirlo. Muchas gracias. (Aplausos).
Presidencia. Muchas gracias, vicepresidenta. Se suspende la sesión. Eran las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde. En el caso de las intervenciones realizadas en las lenguas españolas distintas del castellano que son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos, el Diario de Sesiones refleja la interpretación al castellano y la transcripción de la intervención en dichas lenguas facilitadas por servicios de interpretación y transcripción. http://www.congreso.es D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid Teléf.: 91 390 60 00