Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias, señor presidente. Traemos hoy a la Cámara una propuesta de ley para que se recupere el recurso previo de inconstitucionalidad para todas las leyes de carácter orgánico y la obligatoriedad de que se resuelva en un tiempo limitado. Desapareció durante el Gobierno de Felipe González, porque era un obstáculo para la aprobación y ejecución de diversas leyes, entre otras, las del Consejo General del Poder Judicial o la de educación. La reforma que planteamos es una reforma de regeneración institucional para restablecer una condición básica del Estado de derecho. Esta reforma es necesaria, pero no es suficiente, dada la corrupción política actual de este Tribunal.

La ausencia de este recurso ha tenido unas consecuencias irreparables, y pongo como ejemplo la ley de plazos o la ley del estatuto catalán, que dio lugar al salvaje proceso independentista y que determinó, cuando ya era tarde, la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad tan solo para los estatutos de autonomía. Se hubiera evitado el procés y los perjuicios también irreparables de la ley de plazos: más de cien mil abortos al año, porque en aquel momento no se hubiera declarado constitucional, como ahora, porque todos los informes eran contrarios, entre ellos el del Ministerio Fiscal o el del Consejo de Estado. Pero la traición del Partido Popular y la inactividad del Tribunal Constitucional a lo largo de trece años sin dictarse una sentencia hicieron que se normalizara una conducta ignominiosa como esta. Y, por la función pedagógica que tienen las leyes, ha provocado un perverso cambio de mentalidad, que ha culminado con una sentencia del Tribunal Constitucional que crea ex novo un derecho: el derecho al aborto, en contra de la doctrina del propio tribunal, que afirma el deber inexcusable del Estado de proteger al no nacido. Señorías, matar a un ser humano no puede ser un derecho. (Aplausos).

Ahora, con un Tribunal Constitucional asaltado descaradamente por el Gobierno, la izquierda neomarxista ha conseguido uno de sus principales objetivos: subvertir el valor supremo en el que se asienta nuestro orden constitucional, el valor supremo de la vida, por una cultura de la muerte. Y esta barbaridad aún se agrava más con la sentencia anunciada la pasada semana de declarar constitucional la ley que permite abortar a las menores sin el consentimiento de sus padres. ¿Cómo va a ser constitucional la desprotección absoluta del nasciturus? Porque además se elimina todo tipo de información: las ayudas, las alternativas, el periodo de reflexión. Ese consentimiento en ningún caso puede ser libre, y a la mujer embarazada con dificultades se la deja en un estado de absoluta vulnerabilidad. Señorías, además de ser inconstitucional, es de una tremenda crueldad. Y, por cierto, no entendemos cómo el Partido Popular, en lugar de derogar la ley de plazos cuando debía haberlo hecho, que tanto énfasis puso para reformarla con el tema del consentimiento de los padres para abortar, ahora, señorías, ni siquiera ha sido capaz de interponer un recurso a esta ley. Eso lo que demuestra es que en aquel momento teníamos razón los que decíamos que era un absoluto teatro, un dramático teatro en un tema como este. (Aplausos).

Señorías, hablemos de otras leyes. En la actualidad, también hubiera sido objeto de un recurso previo la ley de amnistía, porque, señorías, no está previsto en la Constitución, quiebra el principio de igualdad y la intocabilidad de las sentencias, y en el ámbito de los poderes públicos lo que no está permitido expresamente ¡no está permitido! Solo pueden hacer lo que la Constitución dice que pueden hacer, y eso no lo digo yo, lo dicen renombrados juristas de prestigio. La Constitución prohíbe expresamente el indulto generalizado, ¡¿cómo no va a prohibir la amnistía?! Señorías, esta ley orgánica hubiera sido objeto de recurso previo de inconstitucionalidad igual que otras tantas leyes orgánicas de la anterior legislatura que son claramente inconstitucionales, recurridas todas ellas por nuestro grupo parlamentario, entre ellas, la ley del Consejo General del Poder Judicial en funciones, que vulnera, entre otros, los artículos 122, 123 y 124 de la Constitución; la ley de la eutanasia, que vulnera —‌entre otros— el artículo 15 de la Constitución y el artículo 10 sobre la identidad inviolable del ser humano; la Ley Orgánica de protección integral a la infancia, la denominada ley Herodes, que atenta contra el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones, contenido en el artículo 27 de la Constitución; la ley de penalización del acoso a las clínicas abortivas, que vulnera el artículo 20 de la Constitución; la ley del sí es sí, que ha sacado violadores a la calle y que además atenta contra el principio de presunción de inocencia, el artículo 14 de la Constitución; la ley de memoria democrática, que atenta contra el artículo 14 del derecho a la igualdad, y el artículo 20; la ley de modificación de sedición y malversación, que atenta contra el artículo 96 de la Constitución española; y la ya mencionada agravación de la ley de plazos. Prácticamente, todas las leyes ideológicas, que fueron muchas, de la anterior legislatura, que imponen una ideología de género absolutamente destructiva y vulneran unos cuantos artículos de la Constitución, y sobre todo, el principio de neutralidad de la Administración del Estado. A pesar de que todas ellas vulneran principios, valores y derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución, algunas ya han sido declaradas constitucionales, excepto los decretos del estado de alarma, a los que el Grupo Parlamentario VOX interpuso el recurso, pero todavía no estaba de presidente Conde-Pumpido.

En resumen, el Tribunal Constitucional ha convalidado todos los desmanes. Se ha realizado un ataque desmedido a nuestra Constitución por aquel tribunal que tiene el deber de garantizar su cumplimiento. El Tribunal Constitucional, en la actualidad, no solo tergiversa la Constitución al interpretarla, sino que se ha convertido en legislador constituyente, creando ex novo derechos como el del aborto o mandatando lo que no puede ser ley.

Señorías, el Tribunal Constitucional invade el Poder Legislativo, pero también invade el Poder Judicial. Se ha convertido en la tercera cámara de las Cortes, en un tribunal de casación del Tribunal Supremo, en un órgano de última instancia para revocar las sentencias en función de la agenda ideológica y política de Sánchez. Es evidente, señorías, esta afirmación que estoy haciendo con el pronunciamiento a resultas del recurso de amparo interpuesto por Magdalena Álvarez en relación con las sentencias de los ERE. Se produce un daño institucional difícilmente reparable al anular las sentencias dictadas en el mayor caso de corrupción conocido en España. La ponente de la sentencia es Inmaculada Montalbán, galardonada en el año 2012 por Griñán. En el voto particular de cuatro magistrados, redactado por César Tolosa, se expone que sitúa a los gobernantes por encima de la ley ―si cogen el diccionario, es la definición de déspota―, que debilita al Estado de derecho, que invade la jurisdicción del Tribunal Supremo y suplanta su función y que debilita la persecución de los delitos de corrupción de los gobernantes, incumpliendo los compromisos internacionales de la lucha contra la corrupción. También existe un gran desconcierto y desazón, inquietud y preocupación por que desaparezca la unidad de actuación del Ministerio Fiscal. Es decir, el Gobierno, el Poder Ejecutivo, tan solo con la apropiación del Tribunal Constitucional controla y absorbe al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Se trata de la defunción del Estado de derecho, además de controlar hasta cuarenta instituciones públicas.

Es evidente, señorías, que hemos llegado a esta situación por la existencia de un vicio en el origen en nuestra Constitución. Es evidente el acuerdo tácito existente entre uno y otro partido mayoritario para repartirse las instituciones y, entre ellas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Se trata de un reparto de cromos donde prima más la imposición de su agenda partidista que la defensa de la justicia. Es evidente, señorías, que el peso de uno u otro partido es el que da como resultado las sentencias que ahora se están produciendo, ese famoso binomio 7-4. Y así se interpreta la Constitución en orden a las agendas partidistas, aunque el PP en este juego perverso muchas veces no mueve ficha cuando le toca.

Traigo a la memoria unas palabras de Peces-Barba. Cuando se estaba debatiendo la Constitución, precisamente en el artículo referente al derecho a la vida del no nacido, el artículo 15, después de una votación donde se aprobó que el término «todos», que debería estar en el artículo 15, incluía al no nacido, Peces-Barba hizo las siguientes declaraciones: Desengáñense sus señorías, todos saben que el problema del derecho es el problema de la fuerza que está detrás del poder político y de su interpretación, y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría proabortista, el término «todos» permite una ley del aborto, y si hay un Tribunal Constitucional y una mayoría antiabortista, el término «persona» impide una ley del aborto. Una verdadera declaración de intenciones. Y aun así, señorías, en su candidez, los conservadores ― bueno, quizás no pueda llamarse candidez, ni tampoco conservadores―, el ahora PP, no tuvieron en cuenta que podría llegar un presidente como Zapatero, que rompería ese acuerdo tácito pactando con los independentistas el estatuto de autonomía; o un déspota como Sánchez, que haría saltar por los aires nuestro sistema democrático, pondría en riesgo la unidad de España, el valor de la Constitución, ampararía a los corruptos y pactaría con los enemigos de España tan solo para mantenerse en el poder.

Señores del Partido Popular, no sigan por esa senda. Interioricen que el enemigo de España al que tienen que combatir no es VOX; el enemigo de España es Sánchez, aquel con el que ustedes pactan. Están entregando el gobierno judicial a quien ha dado un golpe contra la Constitución, contra los jueces, contra la libertad de prensa y contra la igualdad. (Aplausos). Por eso, señorías, no es suficiente la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad; lo sería si hubiera un juego normal de las instituciones y unas garantías adecuadas, pero no es así, lamentablemente no es así. La deriva de España viene fundamentalmente de la deriva del Tribunal Constitucional, que ha dado como resultado la defunción del Estado de derecho. Por eso, deberá reformarse la propia naturaleza del tribunal y, por supuesto, la forma de elegir a sus magistrados. Quizás una solución adecuada podría ser la creación de una sala en el Tribunal Supremo para garantizar su cumplimiento, así estaría sometido al control del orden jurisdiccional; quizás fuera una sensata solución. Nosotros seguiremos insistiendo para lograr la integridad de las instituciones.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias presidente. Señorías, primero quiero expresar, tras los últimos acontecimientos, toda la solidaridad y el apoyo de Podemos a las seis de Suiza, a los seis de Zaragoza, a Adri de Badalona, a los tres del SAT y a toda esa gente que ahora mismo está sufriendo la represión, porque ni ejercer el sindicalismo ni ejercer la protesta puede ser un delito. Así que vamos a seguir denunciando la criminalización, la persecución del sindicalismo y de la protesta, y solicitando su despenalización, las absoluciones y los indultos correspondientes. No sois tres, no sois seis, no sois uno, somos muchas; así que, compañeros y compañeras, no estáis solas. Esta proposición de ley de VOX, como se dice en Cádiz, en mi tierra, es una mamarrachada, así lo tengo que decir. Es un misil en la línea de flotación de nuestro Estado de derecho, y no solo por el contenido, señorías de VOX, sino por la intencionalidad que tiene tanto en lo que está detrás, ya sean objetivos explícitos u objetivos implícitos, como cuando meten con calzador la unidad de la nación, la unidad nacional. Y ya se lo he dicho muchísimas veces, decenas de veces en este hemiciclo: en su España no caben los españoles ni las españolas; es una España pequeña, una patria pequeña de pulsera y de banderita, que desde luego no representa a la mayoría de nuestro país. Yo creo que lo que tienen ustedes ―por lo que se ve y por lo que vemos en este texto― es un poquito de manía al Tribunal Constitucional, señorías de VOX, una ‘mijita’ nada más, porque ya desde 2016 demandaban la supresión del Tribunal Constitucional, pidiendo su sustitución por la sala sexta del Tribunal Supremo, y lo han vuelto a llevar en su programa en las elecciones últimas del 23 de julio en el punto 267. Asimismo, han afirmado en varias ocasiones que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una sede política y que la responsabilidad es del Partido Popular. Igual tiene que ver algo ―digo yo― con que están bastante frustrados porque, según los datos que tenemos, el 50 % de sus recursos al Tribunal Constitucional son inadmitidos o directamente son rechazados. El Constitucional ya les ha tumbado el recurso contra la reforma de la ley del aborto ―se lo recuerdo―, les ha tumbado el recurso para paralizar la tramitación de la ley de amnistía, y les ha tumbado el recurso de la ley de eutanasia. Ustedes son la fuerza parlamentaria que más usa y que más abusa de este instrumento constitucional y están muy enfadados, porque no consiguen limitar por esa vía ni las leyes ni los derechos que salen de esta Cámara. Tienen un grave problema con la democracia, como siempre, y con la Constitución. Si los resultados no les gustan, ya no son resultados legítimos; si las votaciones de esta Cámara no les gustan, son un golpe de Estado. Les sirve solo cuando ustedes ganan; cuando pierden en las urnas, cuando hay mociones de censura que les son desfavorables o cuando las sentencias no son de su agrado, ya no les vale para nada. No hay nada más autoritario que esto. Así que ojalá que no gobiernen nunca este país, como lo están haciendo en comunidades autónomas con sus socios del Partido Popular. Y usan estos recursos de manera indiscriminada, pero además siempre siempre contra la ampliación de derechos. Fíjense, nunca hemos visto que ustedes hagan recursos cuando se limitan los derechos, sobre todo porque, señorías de VOX, quienes limitan los derechos son ustedes mismos, como cuando gobiernan con sus leyes de concordia. Señorías de VOX, las leyes ya pueden ser suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional, como ha ocurrido con su infame ley — también del Partido Popular, no les vamos a quitar mérito— en Aragón que pretende derogar la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Constitucional ya tiene medidas de control preventivo o de tutela de derechos, solo que ustedes no quieren que sea el Tribunal Constitucional quien valore esa suspensión cautelar, sino que quieren que sea una actuación preventiva, por defecto, por cada recurso previo que ustedes quieran presentar. Así que lo único que hacen con esta iniciativa es utilizar uno de los pilares del Estado de derecho para justificar ese control del Legislativo con mecanismos de control excesivo por parte de la judicatura. Eso es lo que pretenden. Por mucho que se empeñen ahora en disimularlo y en hablar de la separación de poderes, está claro que a las ultraderechas españolas —‌digo ultraderechas, en plural, después de lo que hemos visto este fin de semana en Madrid con el Partido Popular; creo que ya va siendo hora de hablar de ultraderechas, en plural— lo que les incomoda realmente es justo eso, la separación de poderes. Quieren el control y la limitación del Poder Legislativo por un aparato muy limitado del Estado, aparato que ustedes mismos quieren controlar. Por lo tanto, su iniciativa responde a una estrategia de largo alcance y que ya está teniendo su fruto. Consiste en vaciar cada vez más la capacidad de acción política del Poder Legislativo y limitar el marco de los resultados electorales cuando estos no les son favorables a la derecha, a las ultraderechas de este país, a los poderes fácticos a los que representan y defienden o a quien ponga en cuestión los privilegios corporativos. Está todo en el mismo marco, en el del desprestigio constante que estamos viviendo contra del rival político, en el lawfair que los jueces afines a este bloque reaccionario practican con la colaboración necesaria de sicarios mediáticos, además de en el incumplimiento de la Constitución respecto al nombramiento de los órganos de control y del Poder Judicial, usando los mecanismos de control constitucional para limitar, frenar y boicotear la capacidad legislativa de las Cortes y de las mayorías parlamentarias, que no se nos olvide. Proponen que el Tribunal Constitucional pueda paralizar una ley y su aplicación cuando se presente un recurso. Están pidiendo que se paralice sine die la acción legislativa.

Termino. Estamos en un momento en el que es necesario responder, entre todas y todos, a su intento de deslegitimar el valor de las urnas, en el que hay que avanzar en democracia y en derechos, en el que hay que terminar con su voluntad de paralizar la acción de las Cortes, por supuesto, en el que hay que legislar en defensa del Estado de derecho...

... y en el que hay que parar — termino— su perseverancia, señorías de VOX y del Partido Popular, por mantener el control de una parte sustancial del aparato del Estado.

Nos tenemos que poner a ello, hay que plantear una profunda democratización. Le pido al Partido Socialista que no se rinda ante el Partido Popular, que no busque una vuelta al bipartidismo ni a una gran coalición, que es tiempo de valentía, no de equilibrismos, señorías. A la ultraderecha y a la barbarie se les para con más derechos.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidente. (La señora vicepresidenta, González Vázquez, ocupa la Presidencia).

Debatimos la toma en consideración de una proposición de ley que pretende recuperar para nuestro ordenamiento jurídico el recurso previo de inconstitucionalidad para los proyectos y proposiciones de ley orgánica una vez aprobados por las Cortes y antes de la sanción y promulgación regia.

El recurso previo estuvo vigente, como ya se ha dicho, desde la redacción inicial de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en el año 1979, hasta su derogación en 1985 por la Ley Orgánica 4/1985, en cuya exposición de motivos se justifica la derogación diciendo que la experiencia acumulada de la aplicación del recurso previo ha venido a mostrar que este recurso se ha configurado como un factor distorsionador de la pureza del sistema de relaciones de los poderes constitucionales del Estado por las interferencias que desequilibran la relación armoniosa entre el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional. Así —s‌ igue señalando la exposición de motivos— las Cortes Generales pueden ver interferida su acción legislativa de creación normativa, lo que no permite la plena conformación de la voluntad del órgano parlamentario que el artículo 66 de la Constitución atribuye sin limitaciones a las Cortes Generales y, por su parte, el Tribunal Constitucional, como órgano jurisdiccional alejado de los avatares políticos de la práctica parlamentaria, se ve lanzado a una función que no responde al sistema de relación de los poderes que la Constitución establece, interviniendo en el proceso de formación legislativa aun antes de que la voluntad parlamentaria se haya configurado definitivamente.

Señorías, el legislador, en 1985, suprimió el recurso previo tras una experiencia repleta de incongruencias, y su supresión fue calificada por buena parte de la doctrina como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado, siendo precursor de este cambio normativo —‌tengo que recordarlo— la constatación del efecto distorsionador del recurso previo en el juego político democrático, tanto para el sistema parlamentario como para las funciones del Tribunal Constitucional, lo que fue constatado en la sentencia constitucional 53/1985, relativa al recurso previo contra la ley de despenalización del aborto. En esta sentencia se pusieron de manifiesto los peligros del recurso previo, en la medida en que el TC, mediante su interpretación, dispone la proyección normativa de los valores constitucionales reconocidos, provocando la reacción y denunciándolo en cinco votos particulares, por la tentación del tribunal, a la hora de juzgar preventivamente una ley orgánica, de establecer modificaciones o adiciones al texto impugnado, colaborando ilegítimamente en la función legislativa, orientándola o perfeccionándola, como pusieron de manifiesto Arozamena y Díez-Picazo, o por el riesgo del tribunal a cruzar la frontera del arbitrismo o decisionismo judicial, como puso de manifiesto Tomás y Valiente, o por lo inaceptable de que el tribunal actúe como legislador positivo, en contra de la naturaleza de su función como legislador negativo, como pusieron de manifiesto La Torre y Díaz Velasco, y, finalmente, Rubio

Llorente, criticando que el tribunal invada el ámbito que la Constitución reserva al legislador como si fuera una tercera Cámara, con facultades para resolver sobre el contenido ético o la oportunidad política de las normas aprobadas por las Cortes Generales, añadiendo que el intérprete de la Constitución no puede abstraer de los preceptos constitucionales el valor o los valores que, a su juicio, tales valores encarnan, para deducir de ellos obligaciones del legislador que no tienen apoyo en artículos constitucionales concretos. Esto —m‌ anifiesta— es suplantar al legislador, pues la proyección normativa de los valores constitucionales consagrados corresponde al legislador y no al juez, y esto sería, además, suplantar al poder constituyente, que asigna a cada cual su función. Esta reflexión del magistrado Rubio Llorente nos retrotrae en buena parte, por cierto, a los debates que recientemente hemos tenido en esta Cámara, con ocasión de la tramitación de la ley de amnistía, respecto al papel del legislador y del Poder Judicial, en cuanto a la proyección normativa adecuada, para el logro de la paz social como valor constitucional consagrado.

En definitiva, señorías, y aun reconociendo la constitucionalidad del recurso previo de inconstitucionalidad, tal y como lo hizo la sentencia 66/85, los riesgos y peligros en que puede incurrir el juzgador al llevar a cabo el control de la actividad del legislador no hacen, a nuestro juicio, políticamente aconsejable su reintroducción en el ordenamiento jurídico, riesgos que detalla el propio tribunal en esta misma sentencia cuando señala que su control no lo puede realizar a partir de valoraciones teleológicas de la norma legal impugnada o de exigencias implícitas en el texto constitucional o de presuntos fraudes constitucionales susceptibles de ser cometidos por el legislador. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Por todo ello, señorías, consideramos que el recurso previo, además de lo señalado, no es una necesidad del sistema jurídico constitucional ni es indispensable para la garantía de la supremacía de la Constitución. Crea efectos distorsionadores en el funcionamiento del sistema político en cuanto instrumento de obstruccionismo político parlamentario, además de acentuar la politización del tribunal al convertirlo en un auténtico árbitro del desacuerdo político, como pone de manifiesto la experiencia histórica, y acaba condicionando la voluntad ulterior de la Cámara, del Legislativo, invadiendo su esfera y actuando así, de hecho, como legislador positivo, vinculando al Parlamento con una determinada interpretación o corrigiendo u orientando pro futuro el contenido del proyecto de ley impugnado.

Señorías, por estas razones nuestro grupo no dará apoyo a esta toma en consideración de la iniciativa que hemos debatido.

Nada más y muchas gracias

Gracias, señor presidente. Señorías, hoy tengo que comenzar mi intervención aquí reclamando la libertad de las seis trabajadoras de La Suiza, en Gijón, afiliadas a la CNT y condenadas a entrar en prisión por hacer sindicalismo, literalmente por solidarizarse y defender a una compañera víctima de acoso laboral. (Aplausos). Se está instalando una peligrosísima doble vara de medir, y tenemos que denunciarla y romperla: cárcel para los cuatro antifascistas de Zaragoza por una manifestación, cárcel para las seis trabajadoras de Gijón por hacer sindicalismo y, mientras tanto, la quema del local del Sindicato de Inquilinas de Tenerife impune, las amenazas contra escritores de izquierdas impunes y agresiones fascistas y homófobas sistemáticamente impunes. Solo a un cínico se le podría ocurrir llamar a esto polarización. Se trata en la práctica de dos leyes, una ley para los que luchan por los derechos y otra ley para los fascistas que amenazan. (Aplausos). Además de la profunda injusticia que supone, el Gobierno se desangra socialmente así. Ningún Gobierno de cambio puede realizar las transformaciones solo, necesita siempre del pueblo, y es imposible que haya pueblo si no se enfrenta, por una parte, a la mercantilización de la vida, que disuelve los vínculos comunitarios, y, por otra parte, a esta doble vara de medir, que envalentona a los reaccionarios y atemoriza a los demócratas. De eso hablamos cuando hablamos de democratización pendiente del Estado y sus aparatos. Hoy precisamente VOX trae al Pleno una propuesta predecible para obstaculizar y bloquear el funcionamiento del Congreso de los Diputados, con el fin de extender el recurso previo de inconstitucionalidad para paralizar la tramitación de las leyes orgánicas, incluso antes de que podamos discutirlas, decidiendo incluso si este Parlamento es soberano para discutirlas o no. Con esta propuesta pretenden que un grupo de cincuenta diputados o senadores pueda llevar al Constitucional una proposición o proyecto de ley antes de su tramitación. Esta es una vieja demanda de la derecha en nuestro país para recuperar el control previo de constitucionalidad, que ya aprovechó la UCD para meterlo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 1979, decidiendo de qué podemos debatir y de qué no. Esta posibilidad se derogó en 1985 y la restauró parcialmente el Gobierno de Rajoy en el año 2015 solo y exclusivamente para un recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos autonómicos contra el caso del estatuto aprobado por el Parlament de Catalunya.

Nosotros obviamente vamos a votar en contra de esta propuesta, porque el Parlamento representa la soberanía nacional, porque la mayoría parlamentaria que aquí se articula es la representación de la voluntad popular y porque este intento de bloqueo es una negación de la legitimidad democrática que aquí encarnamos y un intento de ganar fuera y de tutelar lo que se pierde en las urnas.

Cuando Kensel teoriza la institución del Tribunal Constitucional lo sitúa por encima del Poder Judicial, con una legitimación más directa del Parlamento, con una legitimación política más directa para jugar de árbitro en el sistema político, no para hacer de policía previo de las discusiones que puede tener el Congreso de los Diputados. Hay que recordarles, señorías, que en este Parlamento tiene presunción de constitucionalidad todo lo que discute y aprueba; de hecho, en nuestra acción también interpretamos y desarrollamos la Constitución. Sin embargo, lo que ustedes traen aquí, la discusión que ustedes traen de fondo es el problema de la soberanía, porque durante toda la historia de España los reaccionarios se han caracterizado por una profunda desconfianza —‌a veces era temor, a veces era furia— hacia el pueblo, que es siempre sospechoso de no caber bien en la nación, que para ustedes es una esencia congelada, de desbordar a la nación o incluso de que se le ocurra modificarla como si fuera soberano. Para ustedes hay dos cosas que anteceden a la voluntad popular y que ni se votan ni se discuten: por una parte, la composición de la nación y, por otra parte, el reparto de la riqueza. Cada vez que el pueblo español ha pretendido discutir, debatir o someter al mandato de las mayorías una de estas dos cuestiones, los reaccionarios en nuestro país han protagonizado golpes, guerras y dictaduras contra el intento de las voluntades mayoritarias.

Porque ustedes, señores de la ultraderecha, no están en contra del Estado, ni siquiera lo quieren hacer más pequeño, aunque ahora digan eso, ustedes el problema lo tienen con la democracia, con que algunas veces, pese a la abismal diferencia de recursos, resulta que el pueblo vota mal y se trata de impedir que pueda gobernar, en consecuencia. Ustedes, como no tienen mayoría aquí, en el Parlamento, pero sí la tienen en los consejos de administración, sí la tienen en el IBEX y sí la tienen en las altas magistraturas del Estado o los cuerpos policiales, quieren cercenar la soberanía de este Parlamento para trasladarla a los aparatos del Estado no votados por la ciudadanía y, básicamente, para que los poderes no elegidos por nadie vuelvan a legislar por encima del Parlamento. En la empresa, ¿quién? ¿El derecho laboral? No, el propietario. En el Estado, ¿quién? ¿La voluntad popular? No, las mismas familias de siempre que ejercen de tutelaje por si acaso al pueblo se le ocurre votar mal.

Ustedes no quieren solo cambiar las normas que les afectan cuando no tienen mayoría, ustedes quieren cambiarlas para que ningún desafío igualitarista o democratizante, como los tres de la última década —e‌ l 15M, el 8 de marzo, el 1 de octubre—, vuelva a ser posible; para no volver a pasar el miedo de perder el mando del Estado en el que a nosotros se nos deja gobernar siempre y cuando nos portemos bien. Hoy van a fracasar en intentar amordazar a este Congreso, pero la pregunta que nos tenemos que hacer la mayoría democrática es cuánto tiempo les vamos a seguir regalando, porque el poder que no se usa, se disipa, y porque las mayorías que no se ejercen, se desgastan. Nosotros lo decimos claramente: frente a quienes quieren amordazar a este Congreso y la soberanía popular hay que usar la mayoría democrática para poner a los señoritos en su sitio, equilibrar la balanza en el Estado, redistribuir la riqueza y hacer más fácil la vida cotidiana. (Aplausos).

Dicen ustedes en su exposición de motivos —c‌ ierro con esto— que hoy es precisamente el poder de las minorías lo que está provocando que se socave de manera inadmisible el orden constitucional. El Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR está de acuerdo en que hay que proteger la democracia del excesivo poder de algunas minorías privilegiadas. ¿Quiénes son? Son quienes, por el dinero que tienen, por las propiedades que heredan o por sus apellidos compuestos se creen que están por encima de las normas o de la soberanía popular cuando queremos regular la vivienda, cuando queremos regular el derecho del trabajo, cuando queremos realizar impuestos justos, cuando queremos evitar el robo permanente de los contratistas en el Estado. Este Gobierno tiene que legislar para evitar que el poder de las oligarquías, de las minorías privilegiadas, siga estrechando la democracia, colocando cada vez más asuntos fuera del alcance de la voluntad popular y, por lo tanto, haciendo que la injusticia y la dificultad en la vida cotidiana sean más profundas. Este es el espíritu radicalmente igualitarista de la democracia que a ustedes, que ya dan por amortizado hasta el año 1978, les parece ya comunismo, el poder de los sin título ni apellido, la fuerza de los que solo se tienen a sí mismos frente a las minorías que nacen teniéndolo todo en la vida. Para eso estamos en el Gobierno nosotros y por eso a ustedes les encantaría tumbarnos, pero esperen sentados, señorías. (Aplausos).

Gracias, presidente. Señorías, VOX nos trae hoy aquí el tan ansiado debate del recurso previo de inconstitucionalidad, figura debatida reiteradamente en esta Cámara durante cuatro décadas, la última en la pasada de legislatura y también traída por VOX. Y la verdad es que, escuchando a su portavoz en esta materia, tengo que decirles que tienen un carajal que ni yo misma me he enterado. Si el Constitucional les parece fatal, pero ustedes mismos son los que nos dicen lo que es constitucional o no, y quieren un recurso previo de inconstitucionalidad, tengo que decirles que es que no saben ni lo que quieren. (Aplausos). Como bien saben, el recurso previo no está recogido en la Constitución, pero sí que es verdad que está en el texto de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 79. Por lo tanto, fue el legislador y no la Constitución quien amplió esta posibilidad, que, como también saben, fue derogada en el año 1985 tras constatarse, como bien recoge el preámbulo de la ley, que el recurso previo de inconstitucionalidad se estaba convirtiendo en un instrumento obstruccionista en manos de minorías parlamentarias para paralizar la tramitación de las leyes orgánicas. Cierto es que treinta años después, en 2015, se recuperó ese recurso previo de institucionalidad para los estatutos de autonomía o su modificación. Hoy en día, el recurso previo de inconstitucionalidad se circunscribe a los tratados internacionales, para evitar la responsabilidad internacional del Estado, y para los estatutos de autonomía, para evitar las razones de choque de legitimidad. Señorías, la Constitución regula la intervención del Tribunal Constitucional como un sistema de control de las leyes a posteriori, ajeno a todo control previo, porque el Tribunal Constitucional no es un órgano consultivo, es un órgano jurisdiccional. De hecho, ha reiterado en muchísimas ocasiones, generando kilos de jurisprudencia, que toda ley aprobada por las Cortes Generales, de donde emana la soberanía popular, entra en vigor con una presunción de constitucionalidad. Por lo tanto, cualquier sospecha que se tenga de inconstitucionalidad, como bien conocen, se puede canalizar a través del recurso de inconstitucionalidad. Por lo tanto, jurídica y constitucionalmente esto está debatido, sentenciado y argumentado. Con lo cual, vamos a ir a la verdadera razón por la que ustedes han traído esto aquí. Ustedes quieren hacer un control preventivo de las leyes. Lo ha dicho muy bien en su exposición. Para ustedes, todo lo que legislamos aquí son leyes de Pedro Sánchez y sus aliados, de la agenda ideológica sectaria y antiespañola de la izquierda que constitucionaliza nuevos derechos —¡fíjese usted!—. Y quieren usar el Tribunal Constitucional, que no les gusta nada, pero lo quieren usar, para revertir esa espiral de degradación y convertirlo en una tercera cámara legislativa, para ver si, así, a la tercera va la vencida. (Aplausos). Y ¿saben una cosa? Que lo han hecho en reiteradas ocasiones; lo han hecho y no les ha servido de nada. En los últimos cinco años han ido cuarenta y cinco veces al Tribunal Constitucional, nueve cada año. Quitando julio y agosto, que son meses en los que ustedes no trabajan porque eso es de obreros, han ido algo así como una vez al mes en romería al Tribunal Constitucional y nos han dejado imágenes para la posteridad. (Aplausos). Macarena Olona, cual Juana de Arco del constitucionalismo, con una carpeta verde con unas letras enormes que decía: por España. El reprobado Ortega Smith, también el don Pelayo de la Constitución, ha acudido en varias ocasiones. La verdad es que el señor Abascal ha ido poco —‌he encontrado, de las cuarenta y cinco, una ocasión—; la verdad es que yo lo entiendo: hay que madrugar, atusarse la barba, hincharse en el traje, y eso crea mucha fatiga. Pero, lo importante no es cuántas veces han ido ustedes, lo importante es para lo que han ido. Y ¿saben para lo que han ido? Han ido para recurrir las leyes que defienden derechos fundamentales o que incrementan derechos en nuestro país, derechos que ustedes consideran que no son de derechos, como, por ejemplo, la Ley de Educación. Y ¿saben lo que les dijo el Tribunal Constitucional? ¡Que era constitucional! (Aplausos). Recurrieron el decreto de paralización de los desahucios en plena pandemia, que hay que tener poca alma para dejar a la gente sin casa cuando los hogares eran lo único que nos protegía. Y ¿saben lo que les dijo el Constitucional? ¡Que era constitucional! (Aplausos). Recurrieron un apartado del ingreso mínimo vital, que hay que tener poca alma para dejar a la gente fuera de un derecho que les hacía no quedarse atrás. Y ¿sabe lo que les dijo el Constitucional? ¡Que era constitucional! (Aplausos). Recurrieron el decreto de los raiders, derechos laborales para los trabajadores que menos derechos tenían en este país, los que cogen una bici, se juegan la vida y van a servirnos comida a nuestras casas. Y ¿saben lo que les dijo el Constitucional? ¡Que era constitucional! (Aplausos). Recurrieron el decreto energético en el peor momento de la guerra de Ucrania, con los gastos de la luz desorbitados; ustedes lo llamaron confinamiento energético. Ayuso fue de la mano con ustedes y también lo recurrió. ¿Sabe lo que les dijo el Constitucional? ¡Que era constitucional! (Aplausos). Pero, también han ido en defensa de los suyos. La verdad es que han ido poco en defensa de los suyos, porque el dinero es lo que tiene, los ricos ya se defienden solos, pero han ido a dos cosas. Han recurrido el impuesto a las grandes fortunas, no vaya a ser que se tengan que rascar el bolsillo. Y ¿saben lo que les dijo el Constitucional? ¡Que era constitucional! (Aplausos). Y han recurrido la Ley de Memoria Democrática, no vaya a ser que sus antepasados queden mal, porque los de los rojos tienen que estar en la cuneta, pero los suyos tienen que estar en las orlas. Y, por último —‌lo ha dejado clarísimo en su intervención la portavoz de VOX—, han ido a por su obsesión, las mujeres, con quién nos acostamos, con quién nos levantamos y cuántos hijos tenemos. Han recurrido la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual y han recurrido, efectivamente, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, con un apartado impresionante, que a mí me sirvió como delegada del Gobierno para parar de una vez que vayan a hacer escraches a las clínicas abortistas. (Aplausos). Y ¿saben lo que les dijo el Constitucional? ¡Que era constitucional! (Aplausos).

Pero, tengo una buena noticia para ustedes, una buenísima noticia para ustedes: ya no les van a revolcar más en el Constitucional, pero no porque no quieran, sino porque no pueden, porque no tienen los cincuenta diputados para presentar el recurso de inconstitucionalidad. (Aplausos). En esta legislatura, señorías de VOX, se acabaron los recursos fake. Por eso, están haciendo las querellas falsas. Eso es lo que están haciendo ahora y lo que están poniendo de moda, amparándose en los sindicatos que usan y que amparan, como Hazte Oír y Manos Limpias. Y, ahora, ya no van contra nuestras leyes, ahora van contra algo que es sagrado, que es la familia. Pero, no es nada nuevo ¿eh? Ya lo conocemos. Fíjense qué poco avanza la derecha en este país que, en esos años que hubo el recurso previo de inconstitucionalidad, ¿sabe lo que recurrió Alianza Popular, cuando estaban ustedes juntos? (Señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario VOX). La ley de elecciones locales, la ley orgánica de educación, la ley de libertad sindical y, por supuesto, la despenalización del aborto —‌por supuesto, por supuesto, por supuesto—. (Aplausos). Más de lo mismo. Más de lo mismo, señorías de VOX.

¿Saben lo que pasa? Que cuando ustedes no mandan, lo revientan. Han avanzado un poquitín: antes lo hacían con pistolas, golpes de Estado y guerras civiles y, ahora, simplemente lo hacen con querellas falsas en los tribunales. (Rumores.―Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señoría del Grupo Socialista, hay que respetar a todos los diputados de esta Cámara y no terminar sus intervenciones con esa manera grosera de hacer política en la que se ha instalado el Partido Socialista. (Aplausos). Miren, subo a esta tribuna en nombre de mi grupo, el Grupo Popular, para explicar nuestra posición en esta toma en consideración que pretende reformar la Ley del Tribunal Constitucional para volver a incorporar el recurso previo de inconstitucionalidad para leyes orgánicas. Después de escuchar a VOX veo poca coherencia, porque en su discurso VOX ha hablado casi todo el tiempo de sentencias ya firmes del Tribunal Constitucional, sentencias que, supuestamente, ningún recurso previo habría cambiado, según su discurso. Verán, señorías de VOX, nosotros no hemos venido aquí a destruir las instituciones, pero sí tenemos que intentar que este Gobierno del señor Sánchez termine cuanto antes, y eso parece que a sus señorías de VOX a veces no les gusta o no les conviene. (Aplausos). Señorías, a pesar de esa poca coherencia, quiero adelantar que nuestro grupo apoyará esta tramitación para, luego, si sale adelante, modularla a través de enmiendas que fijen su aplicación a algunas leyes orgánicas concretas y de especial relevancia, como, por ejemplo, la del propio Tribunal Constitucional y la del Poder Judicial. Esto estaba en nuestro programa, nosotros sí somos coherentes, no como el Partido Socialista, que promete una cosa y hace otra después de las votaciones. (Aplausos).

Como sus señorías saben, ya se ha dicho aquí, no había veda desde 1979 a 1985 porque el constituyente situó al Tribunal Constitucional como un órgano de garantía de la Constitución. Está en el título IX, lo que incluso le aleja sistemáticamente de los tres poderes clásicos —e‌ l Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial— contemplados en los títulos III a VI de la Constitución, y le sitúa junto al poder de reforma del título X. Por tanto, El Tribunal Constitucional es guardián del espíritu kelseniano de norma normarum. Lo decía el señor Errejón, pero, señor Errejón, aquí no hay policías, aquí está el vértice de la pirámide, esto es un checks and balances, de pesos y contrapesos. Por cierto, señor Errejón, habla usted de que se está multiplicando la pobreza en estos tiempos y que si la derecha… Mire, aquí el único que está multiplicando la pobreza es el Gobierno en el que usted está y no hace nada por ello. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Muy bien!). Ha hablado también, señor Errejón… Hombre, aquí uno escucha cosas muy raras. El señor Errejón ha criticado a aquellos contratistas que se inflan y que roban al Estado. Pregúntele a Koldo, señor Errejón. (Risas.—Aplausos). Lo tiene muy sencillo, pregúntele al Partido Socialista.

Entrando en harina, señorías, el Tribunal Constitucional contribuye también a la aplicación de los principios de primacía, efecto directo y de unidad del derecho europeo. Esto es muy importante. Como dice García-Trevijano al comentar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2021: «el imperio de la ley y la independencia judicial se afianzan como estándares de obligado cumplimiento». La sentencia, que es la del caso República, decía que en la Unión Europea la justicia es la misma para todos, y esto conlleva que un Estado miembro no puede modificar su legislación de modo que dé lugar a una reducción de la protección del valor del Estado de derecho. Ojo al dato, señorías, con lo que han legislado aquí los grupos que apoyan al Gobierno.

Volviendo al recurso de revisión, conviene recordar lo que se ha dicho de que en 1985 fue un Gobierno socialista, el de Felipe González, quien eliminó dicho recurso. La supresión se basaba en evitar el bloqueo legislativo de las minorías, pero —f‌íjense, señorías, qué paradoja— cuarenta años después quien impone el bloqueo legislativo es la mayoría en la Mesa del Congreso, provocando una situación anómala que debería ser resuelta también desde el punto de vista legislativo. Sobre esto le recomiendo la lectura de un artículo publicado hoy y escrito por el diputado popular Fernando de Rosa, donde explica cómo en la presente legislatura el PSOE y SUMAR han bloqueado ni más ni menos que quince leyes propuestas por el Partido Popular, cuya admisión a trámite ha sido aprobada por la mayoría absoluta de las Cámaras. Señorías, una vez más, hay que decir que el Congreso no es el Gobierno, y eso debería saberlo bien la Presidencia del Congreso de los Diputados.

En 2015 se produce la reforma para dar entrada de nuevo al recurso de revisión y que afecta a los estatutos de autonomía, algo lógico para evitar unas contradicciones flagrantes que estaban cayendo al ir a atacar directamente a la Constitución. Aquí recordamos cuando el señor Zapatero dijo en esta tribuna: Señorías, aprobaremos lo que venga de los parlamentos autonómicos, independientemente de que sea constitucional o no. Señorías, ese manifiesto error todavía lo estamos pagando y hoy estamos como estamos.

España vive tiempos recios con un Gobierno fragmentado y roto. Vemos un Gobierno atascado en su propia ciénaga, con un desgarro moral por donde supuran los mínimos valores que aún pretenden quedarse. Quiero decir que es difícil evadirse de todo esto cuando se plantea proteger las instituciones, como hoy el Tribunal Constitucional. La justicia, los juzgados y tribunales, el Tribunal Constitucional son los auténticos pilares del Estado que nos protegen a todos y esas columnas, señorías, no las sostiene ningún Hércules, las sostienen miles de hombres y mujeres que son magistrados, jueces, fiscales, procuradores, abogados y funcionarios que tienen que realizar su trabajo y se les tiene que respetar también desde esta Cámara respetando a la justicia. (Aplausos).

De los tribunales, señor Errejón y señorías de la izquierda, hay veces que las decisiones no nos gustan, pero hay que respetarlas, esas son las reglas del juego. Ningún Gobierno, ni siquiera un presidente del Gobierno, puede atacar a los jueces por decisiones que no le gustan, llámese Sánchez o Puigdemont. Aquí no hay nadie por encima de la ley. Ni para hacer, ni para deshacer nadie está por encima de la ley. Tenemos que respetar las instituciones del Estado, como la monarquía y la justicia, y en esta Cámara también. Eso de «¿la fiscalía de quién depende?» es una frase que le hace daño a la justicia y le hace mucho daño y desprestigia a quien la dice. No puede haber un Gobierno intentando meter sus zarpas continuamente en la justicia, hay que respetar a los jueces. Eso de permitir que aquí en esta tribuna partidos separatistas digan con nombre y apellidos que hay jueces que son una mafia es inadmisible.

(Aplausos). Tiene que haber límites porque el derecho son límites, para que haya libertad tiene que haber límites, ese es el valor del derecho, y no se puede consentir.

Este Gobierno ha roto la percepción de Gobierno responsable y el ser un Gobierno que se le presupone responsable. Siempre se ha dicho que hay que acabar con las trincheras ideológicas para construir Estado, así lo aprendimos en la Transición y funcionó muy bien. Lo inédito es que aquí viene un presidente del Gobierno a decir que quiere construir un muro para dividirnos a los españoles. Este Gobierno ha quebrado el principio de seguridad jurídica. La ley es dura, la ley obliga y hay que cumplirla. Ni siquiera la construcción de una ley de encaje, aquella que criticaba Cervantes en el Quijote, como la que han hecho aquí los partidos del Gobierno, tiene admisión a trámite desde el punto de vista moral.

Voy concluyendo, señor presidente. Señorías, todo esto se tiene que cambiar, no se puede amnistiar a los cobardes que huyeron en un maletero porque no querían someterse al imperio de la ley después de lo que hicieron; si lo hicieron, hay que someterse al imperio de la ley. (Aplausos). Señorías, trabajaremos por instituciones fuertes, con tribunales y que se pueda garantizar su independencia porque tenemos muchos…

Finalizo enseguida, señor presidente. Solo así se va a poder restituir la confianza en un Poder Ejecutivo que hoy está vacío de valores. Hay que regenerar todo lo destruido y lo lesionado. Les digo que este Gobierno no podrá hacerlo, pero sí un próximo Gobierno del Partido Popular presidido por el presidente Feijóo. Nosotros sí lo haremos. Muchas gracias y buenas tardes, señorías. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

—  DEL GRUPO PARLAMENTARIO JUNTS PER CATALUNYA, PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA REPÚBLICA DE KOSOVO COMO ESTADO SOBERANO POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000257).