Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de los delitos de narcotráfico, blanqueo de capitales, trata y tráfico de personas por organizaciones criminales.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Como gaditano, es un honor defender en sede parlamentaria la formulación de esta proposición de ley orgánica instando la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 en lo relativo a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional, y les anticiparé por qué, señorías. La mañana siguiente al asesinato de Miguel Ángel y David, los dos guardias civiles asesinados en Barbate, acompañé a los vecinos de Barbate, junto al consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, junto al alcalde de Barbate, junto al alcalde de Cádiz y otros diputados del Partido Popular, a dar nuestro pésame y a arropar en la puerta del puesto principal de Barbate a los guardias civiles, que además en ese momento recibían una ovación de todo su pueblo. Saludé a guardias civiles que estudiaron conmigo en el colegio y, como comprenderán, el nivel de impotencia y dolor que vi en sus caras no lo olvidaré jamás. Esa impotencia también era mía, como diputado nacional por Cádiz, cuando veía cómo el Gobierno de mi país, el Gobierno de Sánchez, dejaba solos a los vecinos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad que luchan todos los días contra el narcotráfico, y veía cómo el ministro del Interior del Gobierno de Sánchez se escondía en la Comandancia de Cádiz, a 63 kilómetros, para no dar la cara en Barbate. (Aplausos). Un ministro que, debo recordar, fue elegido diputado por los gaditanos, aunque después renunciara a su acta, y al parecer también renunciaba a su dignidad.

El honor —l‌es decía— viene condicionado por lo que viene dos días después, el 12 de febrero. El presidente Feijóo se reunía en el puerto de Barbate, dos días después, con las asociaciones y sindicatos de la Policía, de la Guardia Civil, funcionarios de prisiones y aduanas, entre otros. Luego, participaba junto a los vecinos en un minuto de silencio en las puertas del ayuntamiento y, posteriormente, con los alcaldes de la provincia afectados en la lucha contra el narcotráfico. En Barbate, el presidente Feijóo trasladó dos propuestas y, por lo tanto, dos compromisos. Después de tener esos encuentros y contrastes, y consensuarlas, y también de hablar, cómo no, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la primera propuesta fue conseguir la declaración de una zona de especial singularidad para la provincia de Cádiz y la segunda trasladar aquellos sumarios de especial gravedad a la Audiencia Nacional.

El primer compromiso se hizo efectivo el 29 de mayo, cuando presentábamos la proposición no de ley para declarar el Campo de Gibraltar y, por ende, la provincia de Cádiz como zona de especial singularidad para dotar de más medios materiales y humanos a la provincia. Quizás es una de las propuestas más importantes que un diputado gaditano puede llevar al Congreso, y el Congreso lo aprobó, con los votos en contra del PSOE, de SUMAR y de Bildu, y lamentablemente ningún diputado socialista gaditano defendió a la provincia en esa Comisión. Y además de hacerlo aquí, en el Congreso, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular ha sido aprobada por ayuntamientos de la provincia, la Diputación de Cádiz y el Parlamento de Andalucía. Curiosamente, aquí sí contaron con el voto a favor de los socialistas. ¿Engañaron a los gaditanos votando en nuestra tierra lo que luego negaron en el Congreso? Dejaré esta pregunta para ‘las mentiras de Sánchez.com’, que sigue abultando cada día más. (Aplausos). Ese fue el primer compromiso del presidente Feijóo en su visita a Barbate, presentado y aprobado, y hoy, y de ahí el honor, toda esa impotencia que vivimos esos trágicos días la transformamos en el segundo compromiso del presidente Feijóo cumplido. Los vecinos de Barbate, los gaditanos de toda la provincia y los andaluces pueden comprobar quién cumple con su palabra y quién, después de cuatro meses y medio, ni siquiera ha tenido la decencia de ir a Barbate a dar la cara, y me refiero al presidente Sánchez y a su ministro del Interior, el señor Marlaska. (Aplausos).

Señorías, no se equivoquen, lo voy a dejar muy claro en este estrado: los malos son los narcotraficantes; los buenos, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y los vecinos que luchan todos los días en condiciones desiguales contra esta lacra del narcotráfico. (La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!—Aplausos). Pero, señorías, los incompetentes son este Gobierno socialista, que ha dejado de lado a los cuerpos y fuerzas de seguridad y a sus propios vecinos. Cuatro meses y medio después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate no hay más apoyo ni cambios legales ni iniciativas judiciales por parte del Ejecutivo de Sánchez; los ha abandonado. El Gobierno tampoco da la cara en el Congreso sobre esta cuestión, donde ha sido incapaz de responder a la batería de preguntas del Grupo Popular sobre el doble crimen de Barbate y la reclamación de más medios; ninguna respuesta.

Hoy defiendo en esta tribuna el segundo compromiso del presidente Feijóo con los barbateños, los gaditanos y los españoles. Hoy el Grupo Popular somete a debate una modificación de ley que persigue ampliar el frente judicial para dar una respuesta urgente a la necesaria lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Presentamos esta iniciativa para que los sumarios relacionados con el narcotráfico de especial gravedad sean asumidos por la Audiencia Nacional. Como gaditano, eso sí, quiero poner en valor la absoluta determinación y valentía de los que trabajan en Andalucía, de los jueces y fiscales de mi tierra por la magnífica labor que desarrollan, en muchas ocasiones en un ambiente hostil, sometidos a la extorsión, al miedo o al acoso por parte del entorno de los detenidos y de los juzgados.

(Aplausos). Pero también somos conscientes de que los juzgados de instrucción, sobre todo en el Campo de Gibraltar, están colapsados por el número de causas de narcotráfico que instruyen, muchas de ellas muy complejas. Pero esta no es una petición aislada del Partido Popular, buena parte de la carrera fiscal y judicial viene demandando desde hace tiempo ampliar las causas que son competencia de la Audiencia Nacional en la lucha contra el narcotráfico. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ya ha pedido el informe para conocer las medidas que pueden tomar para mejorar el funcionamiento de los tribunales de varias localidades gaditanas y ha pedido también al Ministerio de Justicia que valore varias reformas legales, una de ellas para que la Audiencia Nacional sea competente sobre delitos de narcotráfico. También lo recoge la Memoria de la Fiscalía Especial Antidroga del año 2022 y, por ejemplo, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria reclama a través de un informe, precisamente el informe Barbate, que la Audiencia Nacional asuma las causas del narcotráfico al considerar que hay medios insuficientes para perseguirlas en los juzgados locales, donde las conocidas macrocausas lo único que hacen es colapsar dichos juzgados locales. Y sin olvidar las palabras del propio fiscal del Estado, quien también ha manifestado que está a favor de que sea la Audiencia Nacional la que investigue el crimen organizado. Ya ven ustedes, el delegado del Gobierno de Sánchez en la Fiscalía no tiene más remedio que reconocer que tenemos razón presentando esta iniciativa. (Aplausos). Esperemos que más pronto que tarde también reconozca que tenemos razón en que tiene que dimitir tras forzar y pervertir la necesaria imparcialidad del cargo que ostenta. Tiene que dimitir.

Proponemos, por lo tanto, la modificación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial precisamente para redefinir las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico. Por otro lado, también se propone la redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional en el blanqueo de capitales vinculados a los delitos de narcotráfico.

Estoy completamente seguro, señorías, de que escucharemos argumentos peregrinos para justificar el voto negativo del Grupo Socialista. Intentarán dejar entrever que falta una coma en alguna parte dispositiva o una supuesta falta de rigor jurídico, o que ya se verá en otros intentos de legislar que el Grupo Socialista presente en la Cámara, pero no olviden, señorías, que esto nos lo dirán aquellos que rubricaron la ley del solo sí es sí, que dejó en la calle a 126 violadores y agresores sexuales. (Aplausos). Además, escucharemos los manidos argumentos del otro lado del muro, del fango e intentarán los socialistas hacernos creer que sus inversiones en el Campo de Gibraltar en materia de seguridad son millonarias, a la vez que intentan ocultarnos que lo que ellos llaman un plan del Campo de Gibraltar realmente implica todas las inversiones hechas en seis provincias andaluzas, Huelva, Cádiz, Granada, Sevilla, Málaga y Almería. Todo eso dicen que es el Campo de Gibraltar. O como desmantelaron el OCON-Sur, decisión nefasta para la provincia. Esto, señores socialistas, es hacerse trampas en el solitario y eso no es una inversión singular en el Campo de Gibraltar, eso es intentar tomarnos por tontos a los gaditanos y a los andaluces. (Aplausos) Como decían mis compañeros senadores Marimar Blanco y Miquel Jerez (rumores)…

Sí, senadores. Lo debatimos y lo aprobamos en el Senado, pero queremos que se debata en el Congreso, aunque la presidenta Armengol intente mantener en la nevera todas las iniciativas que vienen del Senado. Aquí se cumple el compromiso de Feijóo y se trae a debatir al Congreso de los Diputados. (Aplausos).

Debemos legislar, como decían mis compañeros, para que la Audiencia Nacional sea quien asuma estos procedimientos tan complejos, un órgano especializado, experimentado y de reconocida reputación en el ámbito judicial europeo. El Partido Popular, decía el presidente Feijóo, cumple hoy su compromiso dado en Barbate. Pero nuestro compromiso no termina aquí, no terminará después de esta votación, voten lo que voten los socialistas y sus socios; el compromiso del presidente Núñez Feijóo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los jueces y con los españoles se mantendrá firme, tanto en la oposición como en el Gobierno. Hoy defendemos un compromiso; mañana defenderemos el mismo compromiso. ¿Pueden decir lo mismo los socialistas? (Aplausos). Porque, señorías, para el Partido Popular es imprescindible defender a capa y espada todos y cada uno de los pueblos y ciudades de la provincia de Cádiz que se ven afectados por esta lacra que representan las narcomafias. Sus vecinos son los que de verdad luchan contra esta situación y se levantan todos los días para poner en pie con su trabajo la industria pesquera, la industria turística o la propia economía de sus ciudades. Pero no los podemos dejar solos. El Partido Popular no los va a dejar solos y al Gobierno socialista de Sánchez no le dejaremos hacerlo.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun-andreok. Tengo que manifestar nuestra sorpresa por esta iniciativa que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular para reforzar las competencias de la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico, blanqueo de capitales anexo a estos delitos y trata de personas, y lo decimos porque esta misma iniciativa ya se encuentra en trámite de enmiendas en esta Cámara a través de la remisión por el Senado de una idéntica, aprobada por esa Cámara el pasado 29 de mayo, a propuesta también del Grupo Parlamentario Popular. Comprenderán ustedes, señorías, nuestra perplejidad de que el Grupo Parlamentario Popular nos presente a trámite de toma en consideración algo que ya se encuentra en la Cámara en trámite de enmiendas. Por otra parte, también nos preguntamos, como lo hizo el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado cuando se tramitó la iniciativa gemela a la presente, qué está buscando el Partido Popular, ¿efectividad mediática? Lo sugerimos porque en esta Cámara también se está tramitando la reforma de las competencias de la Audiencia Nacional, de este mismo artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a través del Proyecto de ley orgánica de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia, que se encuentra también precisamente en este momento en periodo de enmiendas. Nos preguntamos si no hubiera sido más fácil enmendar ese proyecto de ley que transformar esa posible enmienda en una iniciativa legislativa nueva como la que ahora se trae o si simplemente se trata de volver a utilizar los gravísimos hechos sucedidos en Barbate o, siendo menos malpensado, si simple y llanamente nos encontramos ante una desconcertante falta de coordinación entre el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y en el Senado. En cualquier caso, y sea lo que sea, entraremos a valorar esta iniciativa repetida del Grupo Parlamentario Popular, que ya anticipamos que no contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario. Y, señorías, me refería anteriormente a la utilización por el Partido Popular de la tragedia de Barbate porque de esta se sirve para justificar la ampliación de las causas competencia de la Audiencia Nacional señalando la falta de medios y preparación de la justicia en el Campo de Gibraltar, a la par que volviendo a criticar al Ministerio del Interior por lo mismo respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas en aquel territorio. Eso sí, sin cuestionar o matizar por parte del Grupo Parlamentario Popular los datos objetivos de aprehensiones, detenciones, operaciones, incremento de dotaciones de fuerzas y cuerpos en ese territorio o incluso de plantillas expuestos por el ministerio en este Plenario y en Comisión desde que el Plan OCON-Sur se integró en las estructuras orgánicas de la Policía Judicial de cada uno de sus territorios en el Campo de Gibraltar. En cuanto al que se dice colapso de juzgados locales y audiencias provinciales por falta de medios humanos y materiales para afrontar el narcotráfico, el blanqueo de capitales o el tráfico de personas ampliando en estos delitos no asociados a la pluriprovincialidad la competencia de la Audiencia Nacional y, singularmente, con referencia al Campo de Gibraltar, quiero señalar que lo que se propone, en vez de consistir en solucionar la situación de la justicia más local, se desentiende de ella y se pasan funciones de instrucción y enjuiciamiento a la justicia más lejana y central, la Audiencia Nacional. Señorías, de lo que sufre la justicia en el Campo de Gibraltar y la costa andaluza es de falta de personal especializado, judicial, fiscal, LAJ y resto de personal, de falta de recursos materiales y también de falta de medios económicos. Esto es lo que debe solucionarse y no desplazar lo que afecta a una sola audiencia provincial a la Audiencia Nacional, rompiendo el principio que con carácter general rige para la atribución de competencias en la jurisdicción penal, que viene dada por el lugar de comisión de los hechos o sus efectos, complementado por el principio de ubicuidad penal en cuanto que el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo. En definitiva, señorías ―voy finalizando, presidente―, no compartimos la solución al problema puesto de manifiesto en la iniciativa debatida, no compartimos que la solución del problema pase por dar más competencias a la Audiencia Nacional en detrimento de la justicia local y las audiencias. Lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es reforzar también a la Fiscalía, al personal al servicio de la Administración de Justicia y a los propios tribunales locales, y no a la Audiencia Nacional reforzando exclusivamente el centralismo judicial aún más de lo que ya está en detrimento ―como les decía― del juez natural por naturaleza, descapitalizándolo y capitalizando al juez extraordinario.

Señorías, lo que hay que hacer en el Campo de Gibraltar y costa andaluza, a nuestro juicio, es que la Junta de Andalucía dote a los jueces magistrados y Fiscalía de su ámbito territorial de los medios humanos y materiales necesarios, que para eso tienen las competencias transferidas en materia de provisión de esos medios al servicio de la Administración de Justicia; que el ministerio, junto al Consejo General del Poder Judicial, haga lo preciso respecto a la planta judicial, y que el consejo forme y especialice en lo que sea menester a los magistrados de ese territorio, a la par que la Fiscalía haga lo propio, y no buscar atajos jurídicos desplazando el problema de su ámbito natural, con una muestra flagrante de desconfianza en la justicia local y en la audiencia provincial y, en definitiva, en el juez natural.

Nada más y muchas gracias.

Presidente, muchas gracias. Señorías, arratsalde on. Buenas tardes. Miren, negamos la mayor. No creemos que sea necesario agregar más competencias a la Audiencia Nacional, sino que creemos que no existe razón técnica alguna para que este tribunal de excepción siga existiendo en este momento. La desaparición de ese tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional sería algo simple vía la derogación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero con ello se conseguiría algo grande. La desaparición de esa herencia recibida el franquismo, que en la Transición se decidió cambiarle de nombre y que pasara de Tribunal de Orden Público a Audiencia Nacional, haría de este Estado algo más grande, quitándose ese peso de encima. Porque esa es una forma de entender la justicia de tiempos pretéritos; una justicia entendida en los tiempos de la Transición, pero en el siglo XXI el concepto de justicia no puede entenderse vía ese tribunal de excepción. Es más, en el entorno europeo no existen tribunales así. Miren, como decía el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco, más allá del autocaos parlamentario que han tenido entre Senado y Congreso, más allá de que podrían hacer estas propuestas vía otra ponencia, que va a estar en marcha en los próximos meses, más allá del terrible hecho de Barbate, nosotros creemos que es el momento de abordar la conveniencia o no de que ese tribunal de excepción desaparezca. Creemos que sería de sentido común. Se presenta a la Audiencia Nacional como un órgano especializado; sin embargo, no hay esa especialización entre los magistrados que están destinados ahí. Por cierto, muchos de ellos en comisión de servicios, en servicios especiales o en otras situaciones poco compatibles con el derecho al juez natural preestablecido por la ley. Es más, en concreto nos hablaban de las competencias en casos de narcotráfico, pero pueden ser también otras relativas a delincuencia organizada o terrorismo yihadista, pero es que ya puede haber salas especializadas en las audiencias provinciales. Y en materia de gran corrupción, especialmente en todo lo que afecta a fondos de origen europeo, ya se cuenta con una Fiscalía europea. Y si hablamos de cooperación jurídica internacional, si todos los juzgados tienen capacidad para cursar OED o extradiciones desde cualquier lugar del mundo, ¿por qué a la hora de ejecutarlas en el Estado solamente tiene esa capacidad la Audiencia Nacional? Por una mera cuestión política, no jurídica. Es más, en todos los Estados del entorno europeo estas materias están encomendadas a órganos judiciales de ámbito regional, no estatal. Se decía también que es una oportunidad para descentralizar, hacer de la justicia algo más cercano a todo ciudadano y, además, más eficiente y de mejor calidad. Teniendo en cuenta los ingentes recursos que se destinan a la Audiencia Nacional, estos fondos serían mejor empleados si se dedicasen a potenciar las audiencias provinciales, como decía antes, con salas especializadas. Si ya existen diversas salas, ya sea contra la violencia machista o de vigilancia penitenciaria ¿qué problema hay para que tengan también salas especializas para esos delitos que mencionábamos? La criminalidad organizada se puede investigar en órganos especializados en esas audiencias provinciales, que, además, estoy seguro de que en su provincia, en Cádiz, es donde mejor conocen ese fenómeno, esos hechos y la criminalidad que afecta. De hecho, en relación con esa criminalidad que usted comentaba del Campo de Gibraltar o de la costa andaluza, no es que esos magistrados o magistradas tengan miedo, sino que, como se señalaba, lo que tienen es carencias de recursos y de medios, que en muchos casos se los lleva la Audiencia Nacional. Y hablando de ese tribunal, de la Audiencia Nacional, y hablando como ciudadano vasco, diré que este tribunal se ha caracterizado por su politización, tanto por las presiones políticas que se han hecho sobre este tribunal como por la elección de sus magistrados y magistradas. No podemos olvidar lo ocurrido con el caso vasco durante décadas: ante miles de casos de tortura sistemática, un tribunal que ha mirado para otro lado, incluso con condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos casos no han sido óbice para promocionar a esos magistrados e incluso para hacerles ministros, una asignatura pendiente. Usted mismo hablaba de un ministro en términos muy negativos, pero cuando ese ministro era magistrado en esa audiencia y era condenado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no investigar torturas, ustedes le aplaudían y ustedes le situaban en el Consejo General del Poder Judicial. Creo que deberían hacer también algo de autocrítica. Tampoco olvidamos casos como Egin, Egunkaria, 18/98, Altsasu, Bateragune o el procés catalán. Bajo el argumento de todo es ETA y aplicando más el código postal que el Código Penal, se aplicó el lawfare en su manera más indisimulada y severa, que deja en evidencia para qué ha sido utilizado ese tribunal. Además, ese tribunal ha sido utilizado para juzgar casos que en el entorno europeo se calificarían sin duda de delitos de opinión, algo que flaco favor hace también al Estado.

Estas críticas no solamente vienen de Euskal Herria Bildu. Estas críticas vienen de órganos como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en numerosas ocasiones ha expresado su preocupación por la falta de garantías procesales…

Voy acabando, señor presidente. … y de respeto a los derechos humanos. Como decía, señorías, sería de sentido común —‌de sentido común—acabar y cerrar ese tribunal de excepción. Es más, acabo diciendo que entreguen las togas, pidan perdón y disuelvan la Audiencia Nacional. Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Hala!—Aplausos).

Gràcies, president Rodríguez. Bona tarda, senyories. Tornem a ser en un «déjà vu» on el Grup Popular redobla l’oportunisme i ens porta en aquest Ple la presa en consideració d’una nova modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial en els termes en què ens ha exposat el diputat Romaní Cantera. Parlo de redoblar l’oportunisme perquè aquesta modificació ja fou presa en consideració a la Cambra Alta, la setmana que aquí aixecàvem el veto del Senat a la llei d’amnistia. Desconeixem si ens trobem davant una anomalia legal, però aquesta dualitat de tramitació mana reconèixer que no sembla massa normal. De totes formes, esperem que, com va passar amb l’amnistia, avui el resultat també sigui diferent al del Senat i aquesta presa en consideració no prosperi. Des de Junts per Catalunya no entrarem a analitzar el fons que els ha portat a promoure aquesta iniciativa. Som conscients de la gravetat dels fets ocorreguts fa uns mesos a Cadis i és evident que sabem que la nostra societat s’ha de dotar de millors eines en tots els àmbits per combatre les organitzacions criminals dedicades al narcotràfic. Però en cap cas això passa per engreixar l’Audiència Nacional. No tan sols no compartim l’atribució de donar més competències a l’Audiència Nacional, és que ni tan sols compartim la major, la seva existència. A Junts per Catalunya advoquem pel traspàs de les seves competències a la jurisdicció ordinària i per la seva desaparició definitiva. L’Audiència Nacional és un tribunal preconstitucional creat a cop de decret llei, hereu directe del Tribunal d’Ordre Públic franquista creat l’any 1963, creat en aquell moment, i val la pena recordar-ho, per substituir el Tribunal Especial per la Repressió de la Maçoneria i el Comunisme instaurat el 1940 en acabar la guerra. Parlem de dues eines de persecució política, pilars de l’engranatge repressiu del règim franquista. Aquest, senyories, és l’origen de l’Audiència Nacional. Un origen que ens ajuda a entendre l’autoritarisme judicial i la connivència amb una determinada concepció de l’Estat o, millor dit, de l’Espanya nació. Abolir l’Audiència Nacional implica, a nivell formal, ho deia el diputat de Bildu fa un moment, derogar un article i les seves normes concordants de la Llei Orgànica del Poder Judicial. Però en termes de justícia, en termes de justícia amb majúscula, representaria la ruptura amb un passat del qual ningú que es consideri demòcrata pot estar orgullós. Però més enllà d’això, parlem d’un tribunal centralitzat que suposa una excepció al principi general segons el qual el jutge que ha d’investigar els delictes és el del lloc de la comissió del fet delictiu, on aquest té més repercussió i on és més fàcil que l’acusat es pugui defensar. És també un tribunal que fa un ús selectiu de la seva competència. El que fa imprevisible saber si un cas acabarà anant a l’Audiència o no, malgrat el seu origen o caràcter interprovincial. Igualment, el fet de ser un tribunal amb unes competències molt específiques, o sigui, delimitat a uns assumptes summament concrets, fa que les sospites que el Tribunal pugui estar condicionat en la seva tasca augmentin de forma considerable. I, encara que se’ns presenti l’Audiència Nacional com un òrgan especialitzat, la realitat ens descobreix sovint que els que hi exerceixen no compten amb cap especialització i molts hi estan destinats en comissió de serveis, serveis especials o amb situacions poc compatibles amb el dret al jutge preestablert per llei. Si a aquesta especificitat hi afegim que alguns casos jutjats són molt mediàtics, ens trobem amb un seguit de jutges estrella que rebreguen la seva independència i la seva ja dubtosa imparcialitat amb comportaments histriònics, com, per exemple, el cas d’un històric com el jutge Garzón, del qui l’independentisme olímpic en té tan bon record. O un altre, com l’esperpèntic jutge Guevara, del 17-A, amb intervencions dignes del top de la mala educació, la grolleria i el fora de joc. O alguna premiada, com la jutgessa Lamela, per empresonar els nostres líders socials i polítics i per la seva perversa instrucció del cas Rosell. O, més recentment, el jutge del tsunami: és terrorisme, sí o sí. El tsunami és terrorisme. El jutge García-Castellón.

Mirin, cal que uns i altres deixin de promoure modificacions només de maquillatge. Senyories, si l’Estat espanyol vol abordar el repte, no afrontat encara, d’acabar la transició i garantir una veritable independència judicial, una de les reformes rellevants que ha d’entomar és la supressió de l’Audiència Nacional, un tribunal impropi d’un sistema judicial que es vol democràtic, que estableix de facto una jurisdicció especial amb el consegüent incompliment del principi de jutge ordinari predeterminat per llei. Un tribunal, ja s’ha dit, sense equivalent a Europa, que és una excepció i que no existeix en els països del nostre entorn. Un tribunal que només reflecteix una forma d’entendre la justícia pròpia de temps pretèrits o de la transició, però en cap cas del segle XXI.

Suprimir l’Audiència Nacional també implicaria desfer-se d’un problema que s’ha demostrat endèmic. L’ús espuri dels seus procediments i de la seva estructura per personatges com el comissari Villarejo i les avui encara existents clavegueres de l’estat que s’hi mouen com rata a l’aigua. De veritat, senyories, facin un primer pas per descentralitzar la justícia, per fer-la més propera al ciutadà, més eficient i de millor qualitat a tot l’Estat, sense que uns jutges es creguin més preparats que uns altres, sense destinar més recursos públics a una estructura antidemocràtica i del tot innecessària.

Acabo. Des de la lògica i des de la correcta tècnica jurídica, l’existència de l’Audiència Nacional és un atemptat al dret fonamental del dret al jutge natural i, per tant, incompatible amb la independència judicial. Res, de veritat, res, justifica la seva continuïtat. Per tant, molt menys aquesta modificació. Gràcies.

Gracias, presidente Rodríguez. Buenas tardes, señorías. Volvemos a estar en un déjà vu, en que el Grupo Popular redobla el oportunismo y nos trae en este Pleno la toma en consideración de una nueva modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial en los términos que nos ha expuesto el diputado Romaní Cantera. Hablo de redoblar el oportunismo porque esta modificación ya se tomó en consideración en la Cámara Alta la semana que aquí levantábamos el veto del Senado a la ley de amnistía. Desconocemos si nos hallamos ante una anomalía legal, pero deben reconocerme que esta dualidad de tramitación no parece muy normal. De todos modos, esperamos que, como sucedió con la amnistía, hoy el resultado también sea distinto al del Senado y esta toma en consideración no prospere. Junts per Catalunya no entrará a analizar el fondo que les ha traído a promover esta iniciativa. Somos conscientes de la gravedad de los hechos sucedidos hace unos meses en Cádiz y es evidente que sabemos que nuestra sociedad debe dotarse de mejores herramientas en todos los ámbitos para combatir las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pero en ningún caso esto pasa por aumentar la Audiencia Nacional. No solo no compartimos la atribución de dar más competencias a la Audiencia Nacional; es que ni tan solo compartimos la mayor: su existencia. Junts per Catalunya propugna el traspaso de sus competencias a la jurisdicción ordinaria y aboga por su definitiva desaparición. La Audiencia Nacional es un tribunal preconstitucional creado a toque de decreto ley y heredado del Tribunal de Orden Público franquista creado en 1963, creado en ese momento —‌y valga la pena recordarlo— para sustituir al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo instaurado en 1940 al acabar la guerra. Hablamos de dos herramientas de persecución política, pilares del engranaje represivo del régimen franquista. Este, señorías, es el origen de la Audiencia Nacional, un origen que nos ayuda a entender el autoritarismo judicial y la connivencia con una determinada concepción del Estado o, mejor dicho, de la España nación. Abolir la Audiencia Nacional implica a nivel formal —‌y lo decía el diputado de Bildu hace un momento— derogar un artículo y sus normas concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero en términos de justicia —‌en términos de justicia en mayúsculas— representaría la ruptura con un pasado del cual nadie que se considere demócrata puede enorgullecerse.

Aparte de esto, hablamos de un tribunal centralizado que supone una excepción al principio general, según el cual el juez que tiene que investigar los delitos es el del lugar de la comisión del hecho delictivo, donde este tiene más repercusión y donde es más fácil que el acusado pueda defenderse. También es un tribunal que hace un uso selectivo de su competencia, lo que hace imprevisible saber si un caso acabará llegando a la audiencia o no a pesar de su origen o carácter interprovincial. Asimismo, el hecho de ser un tribunal con unas competencias muy específicas, es decir, delimitado a unos asuntos sumamente específicos, hace que las sospechas que sobre el tribunal pueden existir aumenten de forma considerable. Y aunque se nos presente la Audiencia Nacional como un órgano especializado, la realidad nos descubre a menudo que los que ejercen allí no cuentan con ninguna especialización y muchos están destinados allí en comisión de servicios, servicios especiales o en situaciones poco compatibles con el derecho a lo establecido por ley. Si a esta especificidad le añadimos que algunos casos juzgados son muy mediáticos, nos encontramos con una serie de jueces estrella, jueces que hablan de independencia e imparcialidad dudosa, con comportamientos histriónicos, como, por ejemplo, el caso de un histórico, el juez Garzón, del que el independentismo olímpico tiene tan buen recuerdo. U otro juez esperpéntico, el juez Guevara, del 17-A, con intervenciones dignas de mala educación y fuera de juego. O alguna premiada, como la jueza Lamela, premiada por llevar a prisión a nuestros líderes sociales y políticos y por su perversa instrucción del caso Rosell. O, más recientemente, el juez que dice que el tsunami es terrorismo sí o sí, que el tsunami es terrorismo, el juez García-Castellón.

Es necesario que unos y otros dejen de promover modificaciones solo de maquillaje. Señorías, si el Estado español quiere abordar el reto no abordado todavía de acabar la Transición y garantizar una verdadera independencia judicial, una de las reformas relevantes que se debe llevar a cabo es la supresión de la Audiencia Nacional. Un tribunal impropio de un sistema judicial que quiere ser democrático, que establece de hecho una jurisdicción especial con el consiguiente incumplimiento del principio de juez ordinario predeterminado por ley; un tribunal —‌ya se ha dicho— sin equivalente en Europa, que es una excepción y que no existe en los países de nuestro entorno; un tribunal que solo refleja una forma de entender la justicia propia de tiempos pretéritos o de la Transición, pero en ningún caso del siglo XXI.

Suprimir la Audiencia Nacional también implicaría deshacerse de un problema que se ha demostrado endémico: el uso espurio de sus procedimientos y su estructura por personajes, como el comisario Villarejo y las todavía existentes alcantarillas del Estado que se mueven como rata en el agua. De verdad, señorías, den un primer paso para descentralizar la justicia, para hacerla más cercana al ciudadano, más eficiente y de mejor calidad en todo el Estado, sin que unos jueces se crean mejor preparados que otros, sin destinar más recursos públicos a una estructura antidemocrática y totalmente innecesaria.

Miren —‌y acabo—, desde la lógica y desde la correcta técnica jurídica, la existencia de la Audiencia Nacional es un atentado al derecho fundamental del derecho al juez natural y, por lo tanto, es incompatible con la independencia judicial. Nada, nada, de verdad, nada justifica su continuidad y, por lo tanto, mucho menos esta modificación.

Gracias.

Gràcies, president. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. Fa escassos segons m’ha arribat la notificació que la primera amnistia ja ha estat tramitada i ha estat aplicada a l’exconseller Buch en el cas de l’escorta, i també al policia. Per tant, me’n vull felicitar. Me’n vull felicitar perquè com ens està costant portar aquest Estat a una mínima qualificació de democràtic i de dret i aquestes coses que se suposa que ha de ser. Avui, el PP, permeti’m unes quantes consideracions, ens planteja la modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial 6/1985 pel que fa a les competències de l’Audiència Nacional. Bé, ens estan fent perdre el temps i vostès en són perfectament conscients. Se’ls ho ha dit ja diverses vegades. Això ja s’està tramitant aquí. Per tant, quina és la necessitat que utilitzem tres hores dels diputats i de tota la cambra per un text que ja està en seu parlamentària i que ja té obert el període d’esmenes? Simplement fer una representació dels seus interessos respecte del tema del narcotràfic, trata de persones i altres delictes concordants. Però també cal tenir en compte que vostès no ho posen en el text, però alguna cosa de terrorisme hi ha i ho han dit abans. De veritat pretenen que una independentista catalana doni algun tipus de qualitat més o d’habilitació més a l’Audiència Nacional, que és un tribunal que des del primer dia no reconeixem, perquè no és democràtic i no som només els independentistes els que ho diem? De veritat vostès pretenen que això els hi votem a favor? Els hi avanço, potser els sorprèn, però no. No votarem a favor. De fet, en tota la gestació de les esmenes que haguem de fer, amb tota la tramitació que haguem de fer de la llei d’eficiència judicial i de la resta de lleis que ens plantegen, intentarem la supressió d’aquesta figura anacrònica.

Però és que és interessant per als que ens estiguin escoltant, si és que algú ens escolta, posar en relleu que l’Audiència Nacional és el paradigma del que ha passat en aquest Estat entre la dictadura i avui. Los mismos perros con distintos collares.

Amb un sol decret converteixen el Tribunal de Orden Público a l’Audiència Nacional, amb un altre decret traspassen els jutges d’un a l’altre i les competències d’un a l’altre. Amb un sol decret o amb tres que es van publicar el 5 de gener del 1977 es pretén que hi hagi un vernís de democràcia, un vernís de modernització, amb un òrgan judicial que trenca completament la lògica de la planta. Per tant, ho van dir socialistes insignes en aquell moment i ho repetim nosaltres ara. Agafant meves les paraules del company de Bildu: disuélvanse y entréguenlas todas. Perquè no té cap sentit ni jurisdiccional ni des de la perspectiva del dret de defensa que existeixi aquest tribunal. És més, per aquells de vostès que pensin que aquest és un Estat social i democràtic de dret, ja triguen a demanar-ne la supressió. Perquè mentre persisteixin les velles estructures provinents del franquisme, mai serà un Estat normal democràtic. I no hi podem fer res, perquè no hi podem fer res, amb la casta de jutges que no són els de primera instància i instrucció, els de les audiències provincials, els dels tribunals superiors de justícia… No són ells, sinó aquelles castes de jutges que segueixen jutjant exactament amb el mateix Codi Penal franquista. Aquesta és l’explicació de per què podem convertir un conflicte polític en un conflicte judicial. Perquè vostès, la separació de poders, encara no l’han integrada completament en la seva organització. Perquè no és un Estat que tingui la pàtina de democràcia en ell, perquè no és un Estat que fes cap transició. Simplement van agafar el BOE, van canviar els noms i ja està tot resolt. De la nit al dia, tota la policia era democràtica. De la nit al dia, tota la justícia era democràtica. De la nit al dia, tot l’Estat era democràtic. I mai han fet un autèntic acte de contrició de tot el que va representar una dictadura de 40 anys i una Guerra Civil de tres. I mentre no es faci, l’Estat espanyol mai serà un estat de veritat democràtic i que es pugui comparar amb les democràcies europees.

Acabo dient que nosaltres no hem vingut a arreglar l’Estat espanyol. Nosaltres hem vingut a marxar-ne i això és una cosa que m’interessa molt que quedi clar. Que durant aquest camí ajudarem en tot el que puguem a la democratització d’aquesta estructura estatal? Evidentment, perquè som demòcrates, a més d’independentistes. Però que no és la meva finalitat endreçar casa seva? Sí, també els ho dic. Quin és el problema? Que mentre jo intento endreçar casa seva, vostès posen a la presó els de casa meva.

Moltes gràcies.

Gracias presidente. Buenas tardes, diputados y diputadas. Hace escasos segundos me ha llegado la notificación de que la primera amnistía ya ha sido tramitada y se ha aplicado al exconseller Buch, en el caso de la escolta, y también al policía, y me quiero felicitar. (Aplausos). Me quiero felicitar porque nos está costando mucho llevar este Estado a una mínima cualificación de democrático, de derecho y esas cosas que se supone que debe de ser. Hoy el PP —‌permítanme unas consideraciones— nos plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 en cuanto a las competencias de la Audiencia Nacional. Pues bien, nos están haciendo perder el tiempo y ustedes son perfectamente conscientes. Se les ha dicho ya varias veces: esto ya se está tramitando aquí. Por lo tanto, ¿qué necesidad hay de que utilicemos tres horas de los diputados y de toda la Cámara para un texto que ya está en sede parlamentaria y que ya tiene abierto el período de enmiendas? Simplemente, hacer una representación de sus intereses respecto del tema del narcotráfico, trata de personas y otros delitos concordantes. Pero también hay que tener en cuenta, aunque ustedes no lo ponen en el texto, que algo de terrorismo hay, y lo han dicho antes. ¿De verdad pretenden que una independentista catalana dé algún tipo de calidad más o de habilitación más a la Audiencia Nacional, que es un tribunal que desde el primer día no reconocemos porque no es democrático? Y no somos solo los independentistas los que lo decimos. ¿De verdad pretenden que votemos a favor? Quizá le sorprenda, pero no —s‌ e lo avanzo—, no votaremos a favor. De hecho, en toda la gestación de las enmiendas, en la tramitación que tengamos que hacer de la ley de eficiencia judicial y del resto de las leyes que nos planteen intentaremos que se suprima esta figura anacrónica.

Es interesante para los que nos estén escuchando, si es que alguien nos escucha, poner en relieve que la Audiencia Nacional es el paradigma de lo que ha sucedido este Estado entre la dictadura y el presente.

Los mismos perros con distintos collares. Con un solo decreto convierten el Tribunal de Orden Público en la Audiencia Nacional. Con otro decreto traspasan los jueces de uno al otro y las competencias del uno al otro. Con un único decreto o con tres, que se publicaron el 5 de enero del 1977; con esto se pretende que haya un barniz de democracia, un barniz de modernización en un órgano judicial que rompe completamente la lógica de la planta. Lo dijeron socialistas insignes en ese momento y lo repetimos ahora nosotros, haciendo mías las palabras del compañero de Bildu, porque no tiene ningún sentido ni jurisdiccional ni desde la perspectiva del derecho de defensa que exista este tribunal. Es más, para aquellos de ustedes que crean que este es un Estado social y democrático de derecho, ya tardan en pedir la supresión de este órgano, porque mientras persistan las viejas estructuras procedentes del franquismo nunca serán un Estado normal democrático, y no podemos hacer nada. No podemos hacer nada con la casta de jueces, que no son los de Primera Instancia e Instrucción, los de las audiencias provinciales, los de los tribunales superiores de Justicia. No son ellos, sino esas castas de jueces que siguen juzgando exactamente con el mismo Código Penal franquista. Esta es la explicación de por qué podemos convertir un conflicto político en uno judicial, porque ustedes la separación de poderes no la han integrado completamente en su organización, porque no es un Estado que tenga la pátina de democracia en sí mismo, no es un Estado que haya hecho una transición. Simplemente tomaron el BOE, cambiaron los nombres y todo resuelto. De la noche al día, todo democrático; de la noche al día, la policía, la justicia; de la noche al día, todo el Estado democrático. Y nunca han hecho un acto auténtico de contrición de todo lo que representó una dictadura de cuarenta años y una guerra civil de tres y mientras no se haga, el Estado español nunca será un Estado de verdad democrático que se podrá comparar con las democracias europeas. Para acabar, diré que nosotros no hemos venido a arreglar el Estado español, sino a irnos. Esto es algo que me interesa mucho que quede claro. Durante este camino ayudaremos en todo lo que podamos a la democratización de esta estructura estatal, por supuesto, porque somos demócratas además de independentistas, pero no es mi finalidad ordenar su casa, eso se lo digo. ¿Cuál es el problema? Que mientras yo intento ordenar su casa, ustedes llevan a la prisión a los de mi casa. Muchas gracias. (Aplausos).

Señor presidente, señoras y señores diputados, una propagandística y clónica propuesta. La Audiencia Nacional tiene carácter especializado para el conocimiento de delitos graves, como el crimen organizado y el narcotráfico, pero, efectivamente, es el sucesor del Tribunal de Orden Público franquista, el represivo tribunal de excepción de la dictadura franquista. Por eso durante años se ha cuestionado que su existencia respetara el artículo 24 de la Constitución: el derecho al juez natural predeterminado por la ley. El Tribunal Constitucional ya declaró su constitucionalidad al entender que existían supuestos que podían hacer razonable su competencia sobre determinados hechos. Que asuma esas competencias un tribunal especializado, máxime si hay dudas de la competencia territorial para investigar. Pero la Audiencia Nacional ha sido cuestionada por numerosas sentencias de muchos tribunales de países europeos. Por todo esto, parece bastante prudente limitar su ámbito competencial en lugar de ampliarlo de forma exorbitada. Son los órganos judiciales territoriales los que deben garantizar la inmediatez judicial y ofrecen mayores garantías para quienes deban utilizar el servicio público de justicia.

La propuesta también nos parece inadecuada porque el Congreso, como ya se ha dicho, está tramitando distintas reformas del servicio público de justicia que abordan la competencia y jurisdicción de órganos judiciales: el Real Decreto Ley 6/2023, el proyecto de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia. Además, francamente, dudamos de la calidad técnica de la propuesta. El nuevo apartado d) del artículo 65.1 que nos proponen sobresaturaría la Audiencia Nacional de casos de narcotráfico de poca monta. Por ejemplo, la banda de narcotraficantes ultraderechistas que asesinó a Borja Villacís opera exclusivamente en la provincia de Toledo, pero con su propuesta quedarían bajo la competencia de la Audiencia Nacional por ser una banda narcotraficante integrada por un número importante de ultraderechistas, por utilizar armas peligrosas y de guerra y por manejar medios avanzados de comunicación y transporte. Creo que la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen suficientes medios, sin saturar la Audiencia Nacional, para combatir estas bandas de narcotraficantes o de ultraderechistas. (Aplausos). Existen en distintas provincias bandas de estas características, según se ha publicado, pero la Audiencia Nacional ya tiene competencias en el artículo 65.1.d) actual para perseguir el crimen complejo de alto impacto, como es el caso de lo que ocurre en Cádiz.

El Grupo Popular pierde una oportunidad de proponer medidas verdaderamente útiles para mejorar nuestro sistema judicial. Mucha preocupación en el Partido Popular para que la Audiencia Nacional asuma causas de juzgados territoriales; en cambio, han puesto innumerables trabas a la instrucción de causas de corrupción. Propongan propuestas para mejorar la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en vez de maniobrar para que la Audiencia Nacional aleje a jueces incómodos que la investigan. No pongan trabas a la investigación judicial de causas complejas de corrupción, técnicamente más complejas que estas de narcotráfico. El Gobierno de coalición tuvo que aprobar la Ley 2/2020 para modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para derogar la reforma del Partido Popular que limitaba la instrucción de causas de corrupción, limitación que se hizo con la mayoría absoluta del presidente Rajoy cuando ustedes tenían más de seiscientos dirigentes de su partido sentados en el banquillo por corrupción.

Hoy lo que necesitamos es un gran acuerdo para abordar reformas estructurales en el servicio público de justicia, porque los ciudadanos cada día desconfían más de la justicia. En el año 2022 un escaso 38 % de los españoles consideraban que la calidad de la justicia en España era buena o muy buena; ahora, tan solo un 3 %. La Administración de Justicia es el servicio público peor valorado por los españoles, a enorme distancia del siguiente servicio menos valorado, la asistencia sanitaria en los centros de salud público; por cierto, en la mayoría de las comunidades autónomas también gestionados por gobiernos del Partido Popular. Más de un 70 % de ciudadanos están descontentos con el funcionamiento de la justicia, un 50 % opina que es poco satisfactoria y el 20 % cree que no es nada satisfactoria. Esto son las consecuencias del bloqueo del Partido Popular desde hace más de cinco años a la renovación del Consejo del Poder Judicial, que ha provocado que el Tribunal Supremo tenga hoy veinticinco vacantes en sus salas, un 31 % de su plantilla.

La sociedad española padece esperpénticas actuaciones judiciales. Una audiencia provincial que, con una resolución de tres páginas, deja sin efecto un auto de más de cien páginas de un juzgado de Instrucción tras dos años de investigación, que llegó a la conclusión de que no había el más mínimo indicio de que Mónica Oltra hubiera cometido delito alguno. (Aplausos). Pero la misma Audiencia Provincial que es incapaz de esgrimir un solo indicio delictivo opina que con Mónica no debe aplicarse ni el principio de mínima intervención del derecho penal ni el de presunción de inocencia. Alucinantes resoluciones judiciales sobre presuntas operaciones con tropas rusas por las ramblas mediterráneas o criptomonedas del Kremlin supuestamente utilizadas para pagar urnas. Y la verdad, no conocemos ninguna actuación de los órganos disciplinarios del Consejo del Poder Judicial sobre la cada vez más frecuente utilización politiquera de la Administración de Justicia, siempre para desprestigiar y acosar a los adversarios políticos de las diversas derechas patrias. No conocemos ninguna declaración del presidente de este agotado Consejo General del Poder Judicial referida a la coaptación política corporativa del Poder Judicial.

Necesitamos democratizar y modernizar la justicia, que se abandonen las tentaciones corporativistas de elección de órganos. Como cualquier institución de un Estado de derecho, la justicia debe aceptar el criterio de la soberanía nacional y popular, que es lo que mandata la Constitución. Por eso proponemos un gran acuerdo —‌y acabo, presidente— para proteger a los ciudadanos del anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, de los ataques al buen nombre y al prestigio de muchas personas, que soportan investigaciones judiciales sin fundamento que se alargan en el tiempo con la única intención de intervenir en política y dañar la credibilidad del que se considera adversario político. Votaremos en contra. (Aplausos).

Muy buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, queremos mostrar nuestra solidaridad en el día de hoy con los jueces y los magistrados que están destinados en todos aquellos partidos judiciales que afrontan la lucha contra el narcotráfico en toda España, en especial en la provincia de Cádiz. Desgraciadamente, en los últimos años, y más en este triste 2024 con los asesinatos de los dos agentes de la Guardia Civil, Miguel Ángel y David, a manos de narcotraficantes, la provincia de Cádiz es sinónimo, además de blanqueo de capital, de trata y tráfico de personas por organizaciones criminales, y gracias a ellos de nuevo hoy vamos a debatir sobre cómo servir desde este órgano al combate contra el narcotráfico.

Tristemente, la provincia no ha ocupado portadas de prensa por recibir nuevas inversiones ni por sus buenos resultados económicos o de empleo ni por ser la que presente mayor índice de natalidad. Cádiz ocupa portadas por ser, precisamente, el campo de batalla de organizaciones criminales, por ser la puerta de entrada de la droga y el coladero de la delincuencia hacia el resto de Europa. Llegar a esta situación ha tomado tiempo, pero su explicación es sencilla: en el sur de Europa, en el sur de España y en la provincia de Cádiz no existen fronteras seguras. No contamos con suficientes agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a la delincuencia y nuestros jueces, magistrados, fiscales y funcionarios de Justicia han sido abandonados por los anteriores gobiernos y también por el actual. El sur de España es un desierto en el que todos ellos mueren de sed. Para que una organización criminal de gran calibre campe por una provincia, antes tuvo que crearse este contexto perfecto para ello, antes hubo que dejar a los habitantes de este escenario sin futuro alguno, hacerlos dependientes, que no germinara ninguna otra prosperidad laboral, puesto que solo así tendrían los criminales esa mano de obra tan fiel y necesitada. He aquí la falta de voluntad política, de agilidad, de coordinación y de inteligencia entre las instituciones y, como consecuencia, se provoca el tablero de juego ideal. Todo gracias tanto al Partido Socialista, que ha gobernado en nuestra región casi cuarenta años y ha presidido el Gobierno de España, como, por supuesto, al Partido Popular, que ha obtenido dos mayorías absolutas en distintos tiempos de la historia de nuestra democracia. (Aplausos). Una vez más el bipartidismo es responsable y una vez más el bipartidismo fue el que cerró los ojos y el que miró hacia otro lado. Así, teniendo en cuenta esta gran desesperación de una provincia que canta a gritos sus carencias y necesidades, aprovechándose precisamente de estas debilidades, comenzaba el narcotráfico a avanzar a pasos agigantados. Década tras década aprendió cuáles eran nuestros puntos débiles y se organizaba apoderándose de nuestras costas para entrar y de nuestros campos para sembrar.

En esta Cámara ya hemos debatido sobre las demandas de los agentes de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, demandas que son históricas, como su necesidad de obtener más medios materiales y humanos. Sin embargo, hoy es el día de otros servidores del Estado, muchos de ellos frustrados y decepcionados por la gestión de este Gobierno en relación con esta materia. Reclaman desde hace años que el Gobierno no les da los medios necesarios para confrontar el narcotráfico, que sufren las consecuencias de no contar con herramientas para realizar las funciones que el Estado les ha encomendado: dar servicio y protección a toda la ciudadanía. El asesinato de nuestros dos guardias civiles en Barbate ha puesto en el punto de mira la situación de saturación en la que se encuentran todos los juzgados de la provincia de Cádiz, donde además las causas de narcotráfico se asumen y se suman a otros casos penales de Familia y de Registro Civil, entre otros.

Señorías, lo que no puede ser es que juzgados como los de Barbate, Sanlúcar o La Línea se colapsen y cuenten con estructuras del siglo XIX. Son los juzgados más afectados, debido a la gran cantidad de procedimientos y de instrucciones que tienen que asumir, entre los tres, más de 10 000 en trámite en 2023. Lo que no puede ser es que, teniendo en cuenta las cifras facilitadas por el Consejo General del Poder Judicial relativas al tercer trimestre de 2023, en Barbate se asuman 2017 causas, es decir, cinco veces más que en una provincia como Asturias completa. (Aplausos). A esta situación no se le puede dar como única respuesta nombrar una nueva jueza, porque no es suficiente, se necesita una plantilla completa, que es la que se encarga de poder gestionar todo aquello que necesitan para que los procedimientos, que son muy largos y complejos, lleguen a su fin.

Lo que no puede ser es que en Algeciras se contabilizó, a 31 de diciembre de 2023, un total de 1871 causas pendientes, con una media de 312 por magistrado, superando el 56 % de la ratio que tienen recomendada los magistrados por año y por asuntos para estas secciones mixtas de audiencias provinciales. Y tampoco puede ser que tengamos jueces y funcionarios trabajando en unas instalaciones que se caen a pedazos, y ustedes lo saben, señorías del Partido Popular. Lo que es una realidad palpable es que el sistema actual no está preparado ni es adecuado para las nuevas formas de delincuencia. Hay que hacer cambios organizativos, legislativos y estructurales, y estos cambios hay que hacerlos ya.

Señorías del Partido Popular, esta proposición de ley que ustedes nos traen hoy, cuyo objetivo es que la Audiencia Nacional asuma la competencia de graves delitos, como son los del narcotráfico, con independencia de que su ámbito sea uniprovincial; nos parece el comienzo de un largo camino que aún nos queda por recorrer en la lucha contra el narcotráfico, pero es un comienzo, en definitiva. Tengan en cuenta, señorías, que mientras las políticas del Partido Socialista de fronteras abiertas estén vigentes, esto es un negocio para todas las mafias que trafican con estos seres humanos, es un negocio para todos los delincuentes sin escrúpulos que traen violencia, que traen droga y que traen muerte, y mientras esas políticas sigan vivas en nuestro país, nuestra libertad y nuestra seguridad van a ir muriendo día a día. Más tarde o más temprano les vamos a demostrar a todos esos delincuentes y a todos esos mafiosos ¡que a España y a sus instituciones se las respeta!

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara una proposición que ya se debatió hace tan solo tres semanas en el Senado. No respetan legítimamente el Gobierno elegido por esta Cámara y tampoco respetan a sus compañeros en el Senado (aplausos); no les respetan a ellos. Nos traen una proposición de ley que ya ha sido admitida, que se viene trabajando en la Comisión de Justicia y que está en fase de enmiendas. Ahí podrían trabajar. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué pretenden con esta proposición de ley? Entiendo que es por eso de vender esa iniciativa legislativa pomposamente, como la llaman ahora, la décima ley Feijóo. Ellos, cada vez que toman en consideración una propuesta, la llaman ley. A esta la llaman la décima ley Feijóo, la del Partido Popular, la de su líder nacional, que presume de dar una respuesta urgente, dice; una respuesta urgente no solo policial, sino también judicial, al narcotráfico y al blanqueo de capital. Y digo que sorprende que sea Feijóo precisamente; creo que es el menos indicado para hablarnos de una respuesta urgente contra el narcotráfico cuando ha tardado años —‌según su propia confesión— en enterarse de lo que toda Galicia sabía y había aparecido ya publicado en prensa, y es que su amigo Marcial Dorado, el del yate, el de las vacaciones compartidas, era uno de los principales capos del narcotráfico de este país. (Aplausos). Todavía estamos esperando que nos diga quién pagaba esas vacaciones, quién pagaba esa luna de miel de Marcial Dorado y el señor Feijóo. Señorías, si lo que hoy nos proponen, si lo que hoy se pudiera debatir de verdad fuese una mejora de la efectividad legislativa en la lucha contra el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, no tengan la menor duda de que habría un amplio consenso de casi todos los grupos parlamentarios presentes para encontrar una salida, para que haya una respuesta más positiva. Pero no nos pretendan engañar, el Grupo Popular lo que persigue con esta iniciativa parlamentaria no es ninguna mejora legislativa. Esta proposición es únicamente parte de esa estrategia de demagogia de querer deslegitimar al Gobierno de España por todos los medios posibles, aunque para ello tengan que utilizar de forma partidista los tristes y desgraciados asesinatos de dos guardias civiles, Miguel Ángel y David, ocurridos el pasado 9 de febrero en mi provincia, en aguas de Barbate. Y sí, señor Romaní, al día siguiente, el día 10, también yo como diputado de la provincia estuve allí. (Aplausos). El que no se ha presentado todavía, y hace ya cuatro meses y medio que no ha ido, es el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (continúan los aplausos) que todavía no ha aparecido ni por Barbate ni por la provincia de Cádiz para hablar de las sedes judiciales, para hablar de la competencia que tiene en materia de justicia. Desde aquí reitero, en mi nombre y en el del Grupo Socialista, mi reconocimiento y mi agradecimiento por la labor que desarrollan no solo en la provincia de Cádiz, sino en el conjunto de todo el país, los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por cierto, unos agentes que se han visto reforzados en los últimos días con más de 640 nuevos agentes que se han incorporado. Desde esta tribuna, también mi reconocimiento a jueces, a fiscales y a todos los operadores judiciales que luchan contra el narcotráfico. Señorías, más personal, mejores medios para combatir este tipo de delincuencia organizada, en eso es en lo que viene trabajando nuestro Gobierno, que ha mejorado de forma notable el número de efectivos, el número de recursos materiales. Un ejemplo de ello es el Plan Integral para el Campo de Gibraltar, aquel que ha dejado atrás la negra etapa de Rajoy, aquella en la que sí se reducían los efectivos de la Guardia Civil, sí se reducían los efectivos de la Policía Nacional, sí se liberaba a narcos que estaban detenidos en los hospitales y sí que se perdió el principio de autoridad del Estado. Hoy, con el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar hay ya más de 19 000 detenidos, hay más de 20 000 operaciones, de las cuales, 2000 están vinculadas con el blanqueo de capitales. Señorías del Partido Popular, les diría que para mejorar esa eficiencia, que supuestamente es lo que persiguen con esta iniciativa parlamentaria, deberían estar más en contacto con los verdaderos conocedores de la realidad, que son los magistrados de proximidad; que es, por ejemplo, la presidenta de la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial; podrían decirle que quieren más recursos para la Audiencia Provincial y no más recursos para la Audiencia Nacional. Por tanto, no creo que tampoco sea cuestión de caer en la autocomplacencia en esta tarea, en el conformismo, pues sabemos que debemos seguir mejorando en la lucha contra estas organizaciones criminales, pero para ello es imprescindible que contemos con todas las administraciones, también con la Junta de Andalucía que preside Moreno Bonilla, ese presidente andaluz que no se entera de que tiene competencia en materia de justicia, que tiene competencia en las sedes judiciales, que, por cierto, en el Campo de Gibraltar y en toda la provincia de Cádiz sufren el abandono, cuando no la ruina, como ocurre en Algeciras con el Palacio de Marzales, que tiene un pésimo estado de conservación.

Señorías del Partido Popular, hoy supuestamente nos traen esta proposición de ley para ampliar competencias de la Audiencia Nacional, y lo hacen desvirtuando el espíritu de la propuesta de ese informe al que hacen referencia de la Fiscalía Especial Antidroga y de la Fiscalía General del Estado. No sé qué es lo que persiguen. Yo vuelvo a preguntarles: cuando traen estas iniciativas, ¿a quién piden ayuda? ¿Dónde se asesoran para que esta sea su propuesta, por ejemplo, en relación con el delito de blanqueo de capitales? Qué casualidad que ese segundo delito del que hablan, el de blanqueo de capitales, se pretenda llevar precisamente para que lo gestione la Audiencia Nacional, más cerca de ese centro de formación continua de blanqueo de capitales que está ubicado en la calle Génova, en la sede del Partido Popular. (Aplausos). Allí fue donde el autoproclamado mejor ministro de economía de España, el señor Rodrigo Rato —‌digo autoproclamado—, fue condenado por administración desleal y apropiación indebida. Señorías del PP, no se dejen asesorar ni por Rodrigo Rato ni tampoco por la alcaldesa de Marbella, esa alcaldesa que es la verdadera impulsora del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, aquella que nos debe explicar cómo con un salario de alcaldesa o de parlamentaria ha podido multiplicar su patrimonio personal hasta el infinito y más allá. (Aplausos y risas). Eso es lo que nos tienen que explicar, de dónde sale esa multiplicación de los panes y los peces.

Voy concluyendo, señor presidente. Por último, cuando vayan a defender en los tribunales de justicia —‌les habla un andaluz— las sentencias de la Audiencia Provincial, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, defiendan también las sentencias y a los miembros del Tribunal Constitucional, y respeten las decisiones que emanan de ese órgano, que también es constitucional. Y, les guste o no les guste, acaten sus pronunciamientos. Concluyo advirtiéndoles de que no nos hagan perder más el tiempo. No estamos de acuerdo con este nuevo intento de volcar el Gobierno con esas iniciativas repetidas, reiteradas; por tanto, se van a encontrar solos en esta iniciativa o bien con sus socios habituales: con la ultraderecha de VOX. Muchas gracias. (Aplausos).