Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.

Buenos días, señorías.

Comparezco ante el Congreso de los Diputados para exponer el contenido del Real Decreto Ley 2/24, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del sistema asistencial de la protección por desempleo y para completar la transposición de la Directiva 2019/1158. La parte central de este real decreto, que incorpora la reforma más ambiciosa que se ha hecho sobre el nivel asistencial del desempleo hasta ahora en democracia, es fruto de un acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas de nuestro país. Supone, de nuevo, un esfuerzo del diálogo social que, una vez más, me gustaría agradecer. Quiero dar las gracias a todos los agentes sociales, tanto a los sindicatos como a las organizaciones empresariales, por estos meses largos de trabajo. Sus aportaciones, también las de la patronal, han mejorado sensiblemente el contenido de esta norma. Le quiero reconocer a la patronal las aportaciones que ha tenido en la mejora de la compatibilidad de la prestación pública por desempleo, el subsidio y también la actividad laboral, pero también sus aportaciones en el nuevo diseño del subsidio para mujeres víctimas de violencia machista.

El real decreto ley que hoy les traigo para su convalidación debería haber sido aprobado hace meses, porque contiene mejoras tan sustanciales para la vida de la ciudadanía española que creo, sinceramente, que su puesta en marcha no debería haberse dilatado ni un minuto más. (Aplausos). En cualquier caso, hoy, una vez más, esta Cámara puede sentir la satisfacción de avanzar decisivamente en la construcción del Estado social en España, artículo 1.1 de la Constitución española. De hecho, permítanme afirmar, estimadas señorías, que es precisamente nuestro tenebroso pasado de falta de libertades —‌como la libertad sindical, entre otras— el que propició que nuestro país se incorporara tarde al estado de bienestar (continúan los rumores.—Pausa) y que no lo hiciera con el mismo vigor que aquellos otros países que lograron acabar más rápidamente con el nazifascismo. Ese pasado oscuro, que hoy algunos aspiran a revivir, constituye el mayor lastre al crecimiento económico de nuestro país y a su progreso social, y explica que en pleno siglo XXI hayamos tenido que dejar atrás discriminaciones inveteradas, como sucede con la discriminación de las empleadas del hogar en materia de desempleo o, como hacemos hoy, al evitar la penalización en el desempleo asistencial de las mujeres que trabajan a tiempo parcial. (Aplausos). Hoy, por fin, corregimos esta discriminación.

Señorías, lo he dicho muchas veces y hoy lo voy a volver a hacer; cuando uno se reclama constitucionalista no puede olvidarse de los compromisos de la carta magna con los más débiles y con las personas trabajadoras de nuestro país. Me reivindico constitucionalista, deberíamos poner fin a esa suerte de constitucionalismo a tiempo parcial, que quizá haga que hoy, en esta Cámara, fuerzas políticas a las que se les llena la boca con la Constitución se olviden —‌y lo vuelvo a recordar— del artículo 1.1, frontispicio de la misma, de su Estado social, o que ignoren, por ejemplo, el mandato del artículo 41, que nos habla de la exigencia de proteger a toda la ciudadanía, especialmente —‌dice este mandato constitucional— en caso de desempleo. (Aplausos). Ojalá no suceda así y hoy el conjunto de la Cámara muestre su compromiso con el bloque social de nuestra Constitución. Señorías, es lo que estamos haciendo hoy, ensanchar el bloque social de la Constitución. Ojalá que aquellos y aquellas que, en su día, recortaron las prestaciones por desempleo en uno de los momentos más críticos de nuestra historia —r‌ecuerden, la recortaron 25 puntos, recortaron la base reguladora del 60 al 50 %, recortaron cuando la gente más lo necesitaba, cuando necesitaban la protección de nuestro país— se sumen al avance y al progreso de los derechos sociales en España.

Señorías —‌lo digo con convicción—, esta norma que hoy me gustaría que convalidasen no es un trámite. Les invito a que la lean, desde su exposición de motivos, desde el primer precepto, hasta su última disposición. No es un trámite, no es el mero cumplimiento de nuestros compromisos con Europa, que también lo es, porque somos gente que cumplimos; no es esa rutina de parecer que todo se cambia para que todo permanezca igual. No. Esta norma hoy va a permitir que muchos ciudadanos y ciudadanas vivan mejor en nuestro país. (Aplausos). Por tanto, la política importa. Son mejoras palpables para quienes más lo necesitan. Es la norma, además, que determina que, quien peor lo pasa, pueda cobrar 90 euros más al mes. Créanme, les he escuchado a lo largo de estos meses y he leído muchas cuestiones en la prensa económica, pero yo sé muy bien que esos 90 euros más al mes es una cantidad demasiado importante para quien accede al subsidio por desempleo. (Aplausos). No es una paguita, señorías, es un derecho que determinará la diferencia entre poder comer fruta fresca y pescado o no. Son 90 euros que permiten que muchas familias españolas, por desgracia, puedan vivir mejor. (Aplausos).

No solamente es esto, es la norma que evita penalizar a las personas desempleadas con un mes de espera cuando necesitan acceder a los subsidios. Señorías, ustedes son legisladores y legisladoras, ¿se han preguntado por qué teníamos ese mes de espera? ¿Qué nos querían decir con ese mes de espera? ¿Qué valor trasponía esta norma? Sencillamente, que estábamos responsabilizando a las personas desempleadas de su situación. Pues bien, hoy, este mes de espera se acaba. (Aplausos). Es la norma que no discrimina a las personas trabajadoras a tiempo parcial, esto es, las mujeres, reduciéndoles la cuantía que tienen derecho a cobrar, como si estos trabajadores y trabajadoras a tiempo parcial también se vistieran, se alimentaran o pagaran alquileres a tiempo parcial. Hoy corregimos esta discriminación histórica en el tiempo parcial. (Aplausos). Es la norma, y esto es lo que quizás más destaco de ella, que evita que las mujeres marroquíes que vienen a diario a trabajar a Ceuta y Melilla queden despojadas de los derechos por los que cotizan. Hoy corregimos también esta discriminación histórica y hoy nuestro país es mucho mejor. (Aplausos). Es la norma que incluye a todos y todas las trabajadoras eventuales de la agricultura. Señorías de la derecha, cuánto hablan de la agricultura, pero hoy van a votar en contra de lo que estamos debatiendo aquí. Pues bien, es la norma que, por primera vez en España, incluye a los trabajadores y las trabajadoras eventuales de la agricultura en el nivel asistencial de desempleo (aplausos); los incluye, porque hasta ahora los dejaba fuera, por muy llamativo y escandaloso que parezca. Porque, sí, es llamativo y escandaloso. Proteger el campo, señorías, no es lanzar soflamas contra el medio ambiente, sino que es proteger a quienes trabajan en él o aliviar las exigencias cuando circunstancias como la sequía, por ejemplo, lo requieran. Este real decreto ley también rebaja las peonadas a diez para los y las jornaleras de Andalucía y Extremadura. (Aplausos). Es la norma, señorías, que protege, por fin, a los menores de cuarenta y cinco años sin cargas familiares que hasta ahora también estaban excluidos. Recuerden, una discriminación también histórica (aplausos), como si en este caso la edad fuera una justificación para dejar a la gente en la estacada. Es la norma que protege a las víctimas de la violencia de género, sexual, machista. Es la norma que le da vida a los emigrantes retornados o que garantiza un tránsito al ingreso mínimo vital cuando sea necesario. Y es la norma, en fin, señorías, que permite una hasta ahora no conocida amplísima compatibilidad entre el subsidio y la prestación por desempleo y el trabajo (aplausos), la norma que reconoce un complemento de apoyo, que va a mejorar sustancialmente los puentes entre el empleo y la protección social.

Permítame que les diga que también incorpora elementos que pudieran parecer aparentemente más técnicos. En el derecho hay partes formales, partes de fondo y partes técnicas, pero las partes técnicas son claves para mejorar los derechos de la ciudadanía. Pues bien, estos elementos que voy a citar ahora tienen una enorme incidencia transformadora en la dinámica de la protección pública por desempleo. Uno, se amplía a seis meses el plazo de solicitud, lo que permite, como saben, optar durante ese periodo por la búsqueda de un nuevo empleo sin riesgo de perder el derecho o ver minorada su cuantía; piensen en lo que pasaba antes. Dos, se suprime en la mayoría de los subsidios el doble requisito de carencia de rentas —¡cuántas veces discutieron ustedes en la Comisión de Empleo y Seguridad Social sobre esto!—, las propias y las de la unidad familiar, para el reconocimiento de los subsidios. Este fue un debate de esta Cámara a lo largo de muchos años; pues bien, hoy esto se modifica, de modo que se consideran las rentas propias del solicitante o bien las rentas de la unidad familiar, a elección de la persona que está instando este subsidio. (Aplausos). Además, tanto el requisito de rentas como el de responsabilidades familiares se acreditarán mediante una declaración responsable, verificándose estos datos con posterioridad. Ustedes saben que este es un cambio fundamental que tiene que ver con la trampa burocrática y con los requisitos, ese gran muro que a veces impide que la ciudadanía llegue a la protección social, y es de lo que nos habla Sara Mesa en su Silencio administrativo. Pues bien, una declaración responsable con un control ex post para facilitar los trámites administrativos en nuestro país. (Aplausos).

El reconocimiento inicial y sus prórrogas no serán mensuales. Volvemos a lo mismo: si le decimos a la persona perceptora del subsidio que tiene que estar permanentemente, mes a mes, haciendo esto, le estamos diciendo que es culpable de la situación en la que se encuentra. Esto hoy lo corregimos y lo haremos con un plazo mucho más laxo, aligerando, sin lugar a dudas, la carga burocrática, que no es responsabilidad de las personas que están en desempleo, es responsabilidad de la Administración pública de nuestro país. (Aplausos).

Adicionalmente, se refuerzan las medidas que favorecen el acceso al empleo durante la percepción del subsidio. De este modo, se intensifica durante dicho tiempo el seguimiento de los servicios de empleo competentes, se garantiza el acceso al itinerario o plan personalizado —‌las normas que hemos hecho con los cambios en las políticas activas de empleo—, y además prevemos una evaluación específica sobre los resultados alcanzados. Es también uno de los cambios fundamentales en esta ley. Vamos a evaluar lo que funciona y a desechar o corregir aquello que tiene menos garantías de éxito. Todas estas medidas serán objeto de las oportunas evaluaciones para determinar la incidencia y para poder adoptar eventuales reformas legales.

En definitiva, señorías, la reforma del desempleo, a la que se dedica la mayoría de este real decreto ley, nos permite cumplir —‌sí, es verdad— un compromiso con la Unión Europea, pero también, y coincidirán conmigo, lo que es mucho más importante: estamos ante un nuevo diseño que contribuye a la construcción de una sociedad de derechos constitucionales. Se trata de garantizar un mejor cumplimiento de mandatos aprobados hace ya cuarenta y seis años. Les invito, señorías, a que repasen todas las reformas que hubo en esta materia a lo largo de la democracia. Les recuerdo que hace poco, cuando gobernaba el Partido Popular, suprimieron el subsidio para mayores de cincuenta y dos años. Les pido que, como ha pasado con la reforma laboral, vayan cotejando los recortes que desde el inicio de la democracia hasta hoy se han practicado en esta materia. Pues bien, esta norma, como la reforma laboral, es la primera en la democracia que hace ganar derechos a la gente trabajadora en nuestro país, ensanchando los derechos. (Aplausos). Y, de verdad, las personas que peor lo pasan deben sentirse verdaderamente protegidas y acompañadas. Digo esto porque, si repasan la intervención que tuvimos en el mes de diciembre y la discusión que tienen sus señorías de la derecha respecto del modelo de protección social español, está científicamente demostrado que la empleabilidad mejora cuanto mejor protegidas están las personas trabajadoras. Esto lo enseña la ciencia y, por supuesto, toda la doctrina que se ha publicado sobre esta materia. De manera que ahora reconocemos derechos subjetivos perfectos. Lo que estamos haciendo es una acción redistributiva del Estado social, que quiere acompañar a las personas que más lo necesitan, que además pone los medios para que la situación de vulnerabilidad no se prolongue en el tiempo, sin culpabilizar a la persona que lo sufre, y que sitúa al bien común por encima de cualquier otro objetivo o ideal.

Señorías, además de la mejora de la protección por desempleo, el real decreto ley que hoy convalidaremos es también crucial para los derechos de la conciliación. Era una demanda histórica que avanzáramos en los derechos de lactancia, pero no solo en ello. Me satisface defender hoy en esta tribuna que esta norma avanza de manera crucial en los derechos de conciliación de las personas trabajadoras al reconocer de forma incondicional —‌esto es, como un verdadero derecho subjetivo de origen legal— la acumulación del permiso de lactancia, como saben, hasta veintiocho días en nuestro país. (Aplausos). Corregimos también esta situación anómala y, ahora sí, ya no será necesario depender de la negociación colectiva para que, en igualdad, todas las personas trabajadoras, incluidas las que no están cubiertas por la negociación colectiva, puedan disfrutar de la acumulación de este permiso. Los cuidados son necesarios y la incertidumbre y la angustia por la falta de tiempo no pueden condicionarlos. (Rumores.—Pausa).

Este avance se extiende también al empleo público, con la modificación del artículo 47 del Estatuto Básico del Empleado Público, que ahora incluye de manera expresa fórmulas flexibles de empleo que permitirán el ejercicio efectivo del derecho a la conciliación de los y las empleadas públicas que dispensen cuidados. (Continúan los rumores). Sus señorías del Partido Popular tienen mucho interés en los derechos de los empleados y empleadas públicas… (Aplausos). De manera que también extendemos estos derechos al ámbito de la Función pública.

Finalmente, es una norma que incluye otras reformas importantes. La primera de ellas, la del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, con la mejora de los marcos autonómicos de relaciones laborales, al dejar en manos de los interlocutores sociales su activación y siendo así completamente respetuosa con la autonomía de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, e incorporando además el importante añadido que obliga a que estos marcos autonómicos siempre sean en beneficio de los y las trabajadoras (aplausos), es decir, que se les aplique el convenio más favorable. Además, se introduce en el Estatuto de los Trabajadores una ostensible mejora de la representación laboral de las personas artistas, muestra, una vez más, del compromiso del Ministerio de Cultura con un estatuto del artista que permita la creación con derechos y del compromiso ineludible de este Gobierno con quienes contribuyen a nuestro pensamiento, a nuestro entretenimiento y, en definitiva, a conformar nuestra más valiosa identidad. (Aplausos).

Termino ya, señorías. La norma que hoy tienen ustedes la oportunidad de convalidar constituye un avance decisivo en la construcción de nuestro Estado social y afronta las necesidades sociales desde la única óptica posible en democracia, y para nosotros y nosotras la única óptica posible es la de los derechos. Frente a la caridad que defienden algunos, frente a la estigmatización del desempleado o la desempleada, o frente a la retórica de los vagos y maleantes, nosotros y nosotras decimos derechos, derechos y más derechos. (Aplausos). No es exagerado decir que hoy nos encontramos cercanas a una encrucijada civilizatoria. ¿Se imaginan ustedes que suprimiéramos estos derechos, que concibiéramos que son paguitas? ¿Se imaginan lo que pasaría en nuestro país? Pues bien, ante esta encrucijada civilizatoria y ante esta disyuntiva, creo que hoy vamos a mejorar la vida de la ciudadanía y hace contener el aliento a buena parte de ella. El único camino debería de ser el de evitar la barbarie, y la experiencia —e‌ specialmente, la experiencia de nuestro pasado desgarrador de dos guerras mundiales en Europa— nos dice que solo hay un camino para hacerlo: desarrollar una verdadera ciudadanía social, una ciudadanía social que sea inclusiva, que sea solidaria, que sea fraternal y que sea feminista. Esta es también una norma especialmente feminista por el impacto de género que tiene. (Aplausos). Es una norma que hace mejor a nuestro país. Este real decreto ley es un pequeño paso en esa dirección y, señorías, espero que cuente con el respaldo mayoritario de esta Cámara, que contribuirá así a desarrollar el mandato constitucional y a completar nuestro Estado social.

Sé bien que, a pesar del transcurso de cuarenta y cinco años de democracia, en esta Cámara se habla poco de Estado social. Pues esta norma lo que hace, sin duda, es ensancharlo y rediseñarlo. Es decir, ensanchando el Estado social ganamos derechos y, sobre todo, mejoramos la vida de la ciudadanía. Pero, fíjense, esta norma, como todas las que diseñamos en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, aun protegiendo más y mejor, es más eficiente económicamente. Y lo digo, señorías, porque en los discursos sobre los modelos de protección social, el modelo de recortes del Partido Popular, de los 25 puntos de protección social de la base reguladora y de un sinfín de recortes, llevó a que el Servicio Público de Empleo español alcanzara un déficit de 76 000 millones de euros, y hoy, por primera vez, cambiando las normas, protegiendo más y otorgando más derechos, el Servicio Público de Empleo tiene un superávit fiscal de 6000 millones de euros. (Aplausos). Por tanto, su gestión tampoco es mejor.

Señorías, gracias por su escucha. Espero que, hoy sí, se convalide este real decreto. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR y los miembros del Gobierno presentes, puestos en pie).

Obrigado, señora presidenta. Señora ministra, esta é a segunda ocasión nun prazo de seis meses en que un real decreto lei con obxectivos similares vén a debate e validación neste Congreso. Tiveron, por tanto, tempo suficiente para facer as cousas ben e cumprir os compromisos, mesmo, como veremos, algúns expresados por vostede mesma. Aproveitaron, é verdade, para rectificar algunha das cuestións máis conflitivas do real decreto lei anterior, o 7/2023, como o recorte que pretendían realizar nas cotizacións á Aseguranza Social das persoas perceptoras de subsidio de máis de 52 anos que, a partir de 2028, pasarían a cotizar polo 100 % da base mínima e non polo 125 % como até agora, un recorte que o BNG rexeitou, porque tería un efecto de redución da contía das pensións dos traballadores e traballadoras afectadas. Alegrámonos de que rectificasen porque, polo menos, cando rectifican, acertan. Agora falta que o fagan tamén, que rectifiquen tamén, na derrogación do conxunto da reforma laboral do Partido Popular que aínda non fixeron, incluídos aqueles aspectos máis lesivos. Lembren, por exemplo, as condicións para o despedimento improcedente e o abaratamento dese despido que aínda continúa vixente desde o ano 2012. Valoramos tamén positivamente, non só que manteñan a prevalencia dos convenios sectoriais autonómicos, no noso caso, galego, sobre os estatais, unha reclamación, por certo, que o BNG defendeu na tramitación da reforma laboral e que na altura non quixeron atender, ó igual que outras, como dicía, aínda pendentes, senón que tamén recollan esa posibilidade para os convenios sectoriais provinciais cando así sexa pactado nun acordo marco de ámbito autonómico. Temos a certeza de que isto, que é unha demanda histórica do sindicalismo nacionalista de clase da Galiza, favorecerá a capacidade de presión dos traballadores e traballadoras e redundará, por tanto, na mellora das súas condicións laborais. No entanto, convén lembrar que non tocaron a existencia de materias non negociábeis no ámbito autonómico cando existe convenio estatal no sector, unha limitación que dificulta, no noso caso, consolidar o marco galego de relacións laborais.

Porén, non aproveitaron este tempo para mudar cuestións que prexudican os traballadores e traballadoras e que o BNG criticou e reclamou que se modificasen no debate do real decreto anterior, nomeadamente no que ten a ver con todo o que atinxa o ámbito da conciliación. O real decreto lei leva explícito no seu título que un dos obxectivos é, cito, «completar a transposición da Directiva (UE) 2019/1158, do Parlamento Europeo e do Consello, de 20 de xuño de 2019». No entanto, a realidade é que esa directiva establece tanto a obrigatoriedade do permiso marental ou parental como o seu carácter retribuído, o seu carácter remunerado. Vostedes recollen o permiso, mais non recollen a remuneración. É verdade que terían de prazo até o 2 de agosto de 2024, mais, para alén de que, se tivesen vontade, sería absurdo non facelo neste real decreto lei, a disposición final duodécima afirma que se completa a transposición. Quere isto dicir que non teñen intención de establecer que os permisos sexan remunerados? Son conscientes de que, sen remuneración, non hai verdadeira conciliación? E de que, ademais, con isto castigan as persoas, especialmente mulleres, máis precarizadas e con salarios máis baixos? Dende o punto de vista do BNG, isto non é aceptábel.

E perderon, finalizo, tamén a oportunidade de blindar e estender a protección do permiso de lactación acumulado para cada persoa proxenitora concretando a duración en 28 días, como, por certo, prometeu vostede. Hoxe volveu dicir aquí que o facían, pero non está no BOE e, por tanto, unha cousa é a propaganda e outra cousa é a realidade. Ademais, non se recoñece as familias monomarentais e monoparentais puideren desfrutar do permiso de lactación que correspondería a outra persoa proxenitora, establecendo con iso unha clara discriminación para as crianzas cunha soa persoa proxenitora.

Apoiaremos a validación, mais continuaremos reclamando permisos de conciliación retribuídos e blindados, porque é preciso avanzar en dereitos para os traballadores e traballadoras. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Señora ministra, esta es la segunda ocasión, en un plazo de seis meses, en que un real decreto ley con objetivos similares llega a debate y convalidación en este Congreso; han tenido tiempo suficiente para hacer las cosas bien y cumplir los compromisos, algunos de ellos, como veremos, incluso expresados por usted misma. Han aprovechado, es verdad, para rectificar algunas de las cuestiones más conflictivas del real decreto ley anterior, el 7/2023, como el recorte que pretendían realizar en las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas perceptoras del subsidio de más de cincuenta y dos años, que a partir del 2028 pasarían a cotizar el 100 % por 100 % de la base mínima y no el 125 %, como hasta ahora. Un recorte que el BNG ha rechazado porque tendría un efecto de reducción de cuantía de las pensiones de los trabajadores y trabajadoras afectadas. Nos alegramos de la rectificación, porque al menos cuando rectifican aciertan. Ahora, falta que lo hagan también y que rectifiquen también en la derogación del conjunto de la reforma laboral del Partido Popular, que todavía no han hecho, incluidos aquellos aspectos más lesivos como, por ejemplo, las condiciones para el despido improcedente y la cancelación de ese despido, que continúa vigente desde el año 2022. Valoramos positivamente no solo que mantengan la prevalencia de los convenios sectoriales gallegos, autonómicos en nuestro caso, sobre los estatales en la reclamación —‌por cierto, que el BNG ha defendido en la tramitación de la reforma laboral y que entonces no quisieron atender, al igual que otras —c‌ omo decía— todavía pendientes—, sino que recojan también esa posibilidad para los convenios sectoriales provinciales cuando así sea pactado en un acuerdo marco en el ámbito autonómico. Estamos seguros de que esto —u‌ na demanda histórica del sindicalismo nacionalista de Galicia— favorecerá la capacidad de presión de los trabajadores y trabajadoras y redundará en la mejora de sus condiciones laborales. Mientras tanto, conviene recordar que no han tocado la existencia de materias no negociables en el ámbito autonómico cuando existe un convenio estatal en el sector, una limitación que dificulta consolidar en nuestro caso el marco gallego de relaciones laborales. Sin embargo, no han aprovechado este tiempo para cambiar cuestiones que perjudican a los trabajadores y trabajadoras y que el BNG ha criticado y ha reclamado que se modificasen en el real decreto anterior; es decir, en lo que tiene que ver con lo que atañe al ámbito de la conciliación. El real decreto ley lleva explícito en su título que uno de los objetivos es —‌y cito— completar la trasposición de la Directiva de la UE del 2019/1158, del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 20 de junio de 2009. La realidad es que esa directiva establece tanto la obligatoriedad del permiso marental y parental como su carácter retribuido, remunerado. Ustedes recogen el permiso, pero no la remuneración. Es verdad que tendrían de plazo hasta el 2 de agosto del 2024, pero, aunque tengan voluntad de hacerlo, sería absurdo no hacerlo ya en este real decreto ley en su disposición final duodécima, en la que se afirma que completan la trasposición. ¿Quiere decir que no tienen intención de establecer los permisos que sean remunerados? ¿Son conscientes de que sin esa remuneración no hay realmente conciliación y que, además, con eso castigan a las personas, especialmente a las mujeres más precarizadas y con salarios más bajos? Desde el punto de vista del BNG esto no es aceptable.

Finalizo. Han perdido la oportunidad de blindar y extender la protección del permiso de lactancia acumulado para cada persona progenitora, concretando la duración en veintiocho días como, por cierto, ha prometido usted que harían, pero no está en el BOE y, por lo tanto, una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Además, no se reconocen las familias monomarentales y monoparentales para que puedan disfrutar del permiso de lactancia que correspondería a otra persona progenitora, estableciendo una discriminación para los hijos e hijas con un solo progenitor. (Aplausos). Apoyaremos la convalidación, pero continuaremos reclamando permisos de conciliación retribuidos y blindados, porque es necesario avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta segunda, nos encontramos ante un Real Decreto Ley 2/2004 que, aunque es sencillo en su estructura, viene a incorporar algunos cambios respecto al Real Decreto Ley 7/2023, que decayó el pasado mes de enero, entre otras cosas por no contar con los votos favorables de mi formación política. Nuestro posicionamiento se justifica en la negativa del ministerio a retirar los recortes, que suponían una merma en derechos a un colectivo tan vulnerable como son los mayores de 52 años, que perciben el subsidio de desempleo y que veían disminuidas sus cotizaciones. Ya lo explicamos en aquel momento. Un trabajador mayor de 52 años que, por ejemplo, hubiera cotizado durante veintidós años a un salario medio podía estar perdiendo al mes en su pensión unos 168 euros, lo que suponía una pérdida de 2268 euros al año. La valentía de mi grupo político en aquel momento hizo que nos convirtiéramos en diana de muchísimas críticas y que se hiciera toda una campaña de desprestigio que negaba la mayor, que era que el recorte existía. Se llenaron columnas de opinión, tertulias radiofónicas y televisivas, incluso cientos de tuits que lo que realmente hacían era faltar a la verdad y a la objetividad. Afortunadamente, también hubo quien sí reconoció que ese recorte existía. Lo hicieron plataformas de pensionistas, lo hicieron algunos sindicatos e incluso algún compañero y compañera del espacio político. Hoy, este real decreto ley, que corrige esos recortes, por supuesto que va a contar con el apoyo de Podemos. Nosotras siempre vamos a estar del lado de aquellas iniciativas que supongan un avance, aunque sea un avance modesto, como es este, por ejemplo con las mejoras en la acumulación del permiso de lactancia, con este nuevo subsidio para víctimas de violencia de género o con la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos. Son cosas que nos gustan y por eso vamos a apoyar este real decreto ley, pero aun así podríamos ir más allá. Nosotros les propusimos que se incrementaran las cuantías de todos los subsidios, cosa que también nos dijeron que no era posible, o incluso pensamos que no es suficiente con bajar las peonadas. Nosotras entendemos que hay que aplicarles el mismo criterio a los menores de 25 años que trabajan en el campo y que también a aquellas personas que se dieron de alta en enero de 2012 no se les pueden exigir esas treinta jornadas. Por lo tanto, creemos que este real decreto ley podría ser muy mejorable. Decía usted que ojalá no hubiéramos perdido un tiempo precioso y que este real decreto ley hubiera sido aprobado en enero. Nosotros se lo dijimos al ministerio: retiren el recorte, una vez retirado el recorte cuentan con nuestro favor. Ese era nuestro compromiso y hoy lo hemos cumplido. Si ustedes han tardado meses en darse cuenta de que el recorte existía, pues problema de ustedes. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Egun on. Hoy, si nada se tuerce, parece que se va a convalidar la reforma del subsidio por desempleo que decayó en enero y a la que la Comisión Europea ha dado su visto bueno para el cuarto desembolso de los fondos Next. Este real decreto es el claro ejemplo de lo que se necesita para aprobar con garantías cualquier medida, reforma o texto legal: tiempo —‌las prisas no son buenas consejeras—, diálogo, negociación y consenso, porque la aritmética parlamentaria ha cambiado, y esto es algo que el Gobierno no debe olvidar. Dekretu hau testu bat edo lege bat onartzeko talde politikoekin denbora, elkarrizketa eta negoziazioa behar izatearen adibide garbia da.

Este decreto es un claro ejemplo de la necesidad de tiempo, diálogo y negociación con los grupos políticos para poder aprobar un texto o una ley.

Este decreto hoy vuelve a incorporar una de las medidas acordadas en el acuerdo de investidura entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco: la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos, una reivindicación histórica para mejorar las condiciones de las personas trabajadoras y, desde luego, ampliar el marco de las relaciones laborales vascas. Mi grupo, el Grupo Vasco, ya anunció que estaríamos vigilantes para que volviera a estar en vigor, y así ha sido. Hoy podemos decir que se da un paso más para configurar un marco de relaciones laborales propio. Una medida que además hemos conseguido ampliar, tal y como nos lo han solicitado desde otras comunidades autónomas y diversos sectores, no solo la primacía de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, sino también la de los convenios provinciales cuando así se prevea en los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico y siempre que resulten más favorables para las y los trabajadores. Quizá esto último es una redundancia, pues ningún sindicato creemos que negociará nunca condiciones menos favorables para las personas trabajadoras.

Nos felicitamos, pues, por una medida que es muy relevante, porque los convenios colectivos regulan cuestiones fundamentales para el desarrollo económico de un país, tales como los salarios, jornada laboral, horas extras vacaciones; y más, si cabe, para aquellos territorios, como en el caso de los territorios forales, donde sus sindicatos más representativos no tienen representación en el Estado español. La realidad sindical, la mayoría en Euskadi, nada tiene que ver con las que están en el conjunto del Estado.

Gaztelaniaz esan dudan modura, Eusko Alderdi Jeltzalearen ahaleginari esker, berriro ere sartu dugu dekretu honetan hitzarmen kolektibo autonomikoen nagusitasuna estatutukoen gainetik, aldarrikapen historikoa langileen baldintzak hobetzeko eta euskal lan harremanetan esparrua zabaltzeko. Eusko Alderdi Jeltzalearen eta PSOEren artean inbestidura itunean adostutako neurria da. Baina horrez gain, nagusitasun hori probintzia hitzarmenetarako ere zabaltzea lortu dugu. Eremu autonomiko lanbide arteko akordioetan, hala aurreikusten denean eta langileentzat aldekoagoa denean, beste autonomia erkidego batzuetatik eta hainbat sektoretatik eskatu dutenez. Neurri hau ez da inoren aurka, estatu deszentralizatu baten eta Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru Erkidegoaren kasuan, araubide fiskal propioa eta beste arlo batzuetan eskumen zabalak izanik, errezetak ezin dira orokorrak izan, baizik eta eremu geografiko eta sektorial bakoitzaren errealitatera eta ezaugarrietara egokitu behar dira. Horrek bihurtzen baititu eraginkor eta sartutako neurria, zuzenketa horren adibidea da, negoziazio kolektiboaren berezitasunaren adibidea. Euskadik ez du behar lan munduko ordezkariek negoziatutako estatu mailako hitzarmenen aterkirik. Hitzarmen horietan gure berezitasun ekonomiko, sozial, sindikal eta patronala erabat lausotuta geratzen delako.

Como he dicho en castellano, hoy, gracias al empeño del PNV, volvemos a incorporar una medida, que es una reivindicación histórica, para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores y para ampliar el ámbito vasco de relaciones laborales. Se trata de la prevalencia de los convenios colectivos autonómicos sobre los estatales. Se trata de una medida acordada en el pacto de investidura entre el PNV y el PSOE. Además, hemos conseguido ampliar esta primacía también para los convenios provinciales, cuando así se prevean los acuerdos interprofesionales de ámbito autonómico, y siempre que resulte más favorable para las y los trabajadores, tal y como nos lo han solicitado desde otras comunidades autónomas y desde diversos sectores. Esta media no va en contra de nadie y es que estamos en un Estado descentralizado, y más, si cabe, en el caso de los territorios forales, que cuentan con un régimen fiscal propio y amplias competencias en otras materias. Las recetas, por lo tanto, no pueden ser generales, sino que deben adaptarse a la realidad y características de cada ámbito geográfico y sectorial, que es lo que las hace efectivas, y la medida introducida hoy en este decreto es un ejemplo de ello, ejemplo de la singularidad de la negociación colectiva. Euskadi no necesita el paraguas de los convenios de ámbito estatal negociados por interlocutores sociales, en los que, precisamente, nuestra singularidad económica, social, sindical y patronal queda totalmente diluida.

Asimismo, el decreto, entre otras cosas, implementa la reforma del subsidio por desempleo para proteger a aquellos colectivos con más dificultades y, a la vez, estimular la búsqueda de empleo y reducir desigualdades. Es un decreto que amplía, como ya se ha dicho, las posibilidades de acceso a quienes no tienen responsabilidades familiares ni más de 45 años, se iguala para quienes trabajan de forma parcial, se mantiene la sobrecotización del 125 % de las personas mayores de 52 años, incluye a migrantes retornados, víctimas de violencia de género, y se abordan cambios también en la transición entre estos subsidios y el ingreso mínimo vital.

No voy a entrar en los detalles, pero sí me gustaría hacer una reflexión, porque para poner en marcha todas estas medidas, para agilizar trámites, reducir el tiempo en el desempleo y aumentar las tasas de ocupación, sobre todo de aquellas personas de más edad, que son las que tienen un acceso más limitado a las vacantes de empleo, no basta con reservar una cuantía para políticas activas de empleo, como lo hace el decreto, que está bien, para los mayores de 52 años, estas hay que ajustarlas a las necesidades y exigencias del mercado laboral, y ni el SEPE está preparado hoy en día para abordarlas. ¿Está el SEPE preparado para formar y orientar a estas personas? ¿Qué número de vacantes ofertan los servicios públicos? ¿Las empresas trasladan sus ofertas de empleo a los servicios públicos? ¿Los planes de formación que ofertan dotan a los desempleados y desempleadas de las habilidades que el mercado laboral necesita? ¿Cómo y quién valora qué es una oferta adecuada? A esto hay que dar respuesta, porque desarrollar políticas activas de empleo eficaces pasa por paliar las deficiencias de los servicios públicos de empleo ―hoy, muy alejados todavía de las empresas―, pasa por modernizar su funcionamiento y su organización con inversiones en medios técnicos, con un redimensionamiento de las plantillas y su formación, así como modificando, entre otras, las estrategias de formación, orientación y mediación, para que estas se ajusten a las necesidades reales del tejido productivo y a las capacidades de las personas, en un contexto, además, que creemos con dos grandes retos: el envejecimiento de la población y la transformación digital. Además, en un mercado laboral con una gran paradoja, un mercado laboral con niveles todavía altos de desempleo y con un importante porcentaje de vacantes de empleo sin cubrir.

Esandakoagatik gure taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, PNVek, dekretuaren alde bozkatuko du. Eskerrik asko.

Por todo lo expuesto, nuestro grupo, el PNV, votará a favor de este real decreto. Muchas gracias.

Egun on, guzti oi, presidente andrea. Subo a esta tribuna con la misma determinación y con la misma intención de voto que lo hice en meses anteriores cuando vino este decreto, y es para manifestar nuestro voto a favor del real decreto, y lo hacemos con consciencia y con conciencia. Con la consciencia de saber que cualquier medida que demos todavía será insuficiente ante décadas de ataques a la clase trabajadora. Esto es así con este decreto y con cualquiera. Y lo hacemos con conciencia, con la conciencia de saber que nuestro lado siempre es el lado de los y las trabajadoras, que nuestro lado es el lado de la clase trabajadora, y nuestra apuesta es la apuesta por la redistribución real de la riqueza, todavía hoy acumulada en unas pocas manos. Y lo hacemos también con la conciencia de saber que, con medidas como esta, defendemos un poco más, no de manera plena, pero un poco más a las personas que se encuentran en situación más desfavorable dentro de nuestro modelo social. Ya entrando al detalle de lo que la propia iniciativa o el propio real decreto ley nos traslada, quiero señalar que en lo que tiene que ver con la trasposición europea relativa a la conciliación y a los cuidados, nos parece que lo que se traspone de la directiva europea está bien, el permiso de lactancia, los veintiocho días, pero, siendo sincero, hay que decir que aún queda muy lejos de lo que, por lo menos en nuestro país, en Euskal Herria, ha provocado una huelga general y ha hecho salir a decenas de miles de personas para defender un sistema público integral de cuidados, y que este sistema público de cuidados haga que el cuidado lo asuman las instituciones y no las mujeres, como, por norma, uso o costumbre, viene siendo habitual. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que fijarnos el objetivo, y no tanto en medidas que, como señalo, aun siendo positivas, no son sino parciales y no estructurales.

Votamos también a favor porque, por vez primera, me atrevería a decir, se reconoce la prioridad aplicativa de los convenios; en este caso, de los convenios autonómicos y provinciales en nuestro territorio. Y esto, que a alguien le puede sonar a una especie de bandera obtenida por el soberanismo en su insaciable apetito por arrancar cosas para su terruño, que dirían, traducido significa que lo que hoy no es real o no nos es permitido hacer para defender a los y las trabajadoras, a partir de ahora va a poder serlo; y lo va a ser, en primer lugar, por el esfuerzo, por la lucha y el compromiso del sindicalismo vasco, de las mujeres y hombres que nutren de manera muy importante el sindicalismo en Euskal Herria, pero también para evitar injusticias, como, por ejemplo, la que se ha provocado hace diez días, y es una pena, este decreto no estaría ya en vigor. Porque, hace diez días, a 28 000 personas, a 28 000 trabajadores y trabajadoras de Bizkaia del sector de la hostelería se les ha tirado atrás un convenio provincial porque la Asociación Española de Restauración Moderna ―que así se llama aquella marca que recoge a las franquicias en las que, seguramente, alguno de ustedes habrá comido en alguna ocasión― decía que se introducía dentro de lo que tiene que ser un convenio estatal. Y, eso, porque en ese acuerdo provincial, que la hostelería ha decidido no firmar en Bizkaia por miedo a esa impugnación que le iban a hacer desde la AERM, ha dejado sin un incremento del 12,2 % del salario a esa gente; gente, 28 000 personas en Bizkaia, que representan al sector más precarizado, más empobrecido y con mayores niveles de racialización. Esa es la realidad. Por tanto, nosotros estamos también de acuerdo con medidas como estas, que permitan que lo que los trabajadores y trabajadoras vascas peleen y luchen se respete.

Vamos a votar también a favor, porque, como ya se ha dicho, se amplían los colectivos beneficiarios de los subsidios. Nos parece importante que el debate de los subsidios llegue a esta tribuna no por la puerta de atrás, no como una especie de elemento del que avergonzarse; al final, los subsidios son un derecho y no es ninguna penitencia ni ninguna cuestión por la que avergonzarse. Nos parece bien que se amplíe a los trabajadores transfronterizos, y nos parece bien que se amplíe a los eventuales agrarios, y nos parece bien que se amplíe a los menores de 45 años sin cargas familiares. Creemos, asimismo, que es necesario eliminar las trabas y la burocracia, que pesa como una losa sobre la gente. Creemos también que estas medidas, junto con otras que haya que tomar, serán necesarias siempre para quitar el estigma a los subsidios y a las ayudas sociales, porque habrá que volver a recordar que, por cada fraude en un perceptor de ayudas sociales, hay cuantitativamente miles de defraudadores en evasión y en elusión fiscal que hacen las grandes fortunas. Pero, probablemente, esto no va a ocupar minutos en los medios de comunicación ni portadas en los periódicos.

Votamos también a favor por lo que supone de defensa y blindaje a la protección de los mayores de 52 años que se encuentran en situación de desempleo. Vuelvo a recordar lo que ya señalé en la anterior ocasión, porque los datos son datos, pero nos ayudan a entender la dimensión de la realidad. Hay más de 850 000 personas paradas mayores de 50 años en el Estado español. El 30 % del total de los parados y paradas en el Estado español son personas mayores de 50 años. Para que se hagan una idea, en el 2013 con niveles de paro equivalentes a los actuales, estos —‌las personas paradas mayores de 50 años— solo pesaban el 18 % del total; ahora, por desgracia, pesan el 30. Por tanto, esto nos señala que ahí tenemos una labor fundamental que hacer. Por eso nos parece bien las iniciativas que aquí se plantean, para acabar con eso que los expertos llaman el efecto fregadero, que determina que la gente que supera una franja de edad determinada ya no es útil para el mercado laboral y tiene que aguardar su jubilación, si es que llegan a esta, en una posición de latencia o de silencio. Por eso vamos a apoyar también esta iniciativa.

Termino ya. Nosotros apoyaremos todas las iniciativas que vengan y lo haremos, como decía, con consciencia y con conciencia. Con conciencia porque sabemos a quién defendemos, porque sabemos que cada enojo de la CEOE es un motivo de alegría para nosotras y para nosotros porque, en definitiva, ellos defienden su clase y nosotros la nuestra, y sabemos que existe la lucha de clases y no rehuimos la lucha de clases. También lo hacemos con la consciencia de que estas medidas siempre serán insuficientes hasta que no consigamos revertir todos los ataques que durante décadas se han hecho contra los y las trabajadoras en forma de reformas laborales y en forma de una arquitectura económica y social que hace que los trabajadores sean —‌seamos— meras piezas de engranaje en una maquinaria que solo enriquece a los de siempre. Por tanto, todo lo que tenga que ver con revertir las medidas de la reforma laboral de Rajoy será bienvenido por nuestro grupo, lo que tiene que ver con la indemnización por despido, lo que tiene que ver con los salarios de tramitación o con el regreso o retorno a estos y lo que tenga que ver con la autorización administrativa para los ERE o para los despidos colectivos que a alguna gente tanto les gusta.

Besterik ez. Mil esker. (Aplausos).

Moltes gràcies i bon dia, presidenta Armengol. Bon dia, vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social. Bon dia, senyories.

Encarem avui el debat de convalidació del Reial Decret Llei dos 2/2024, aprovat en el Consell de Ministres del passat 21 de maig. Aquesta norma contempla un seguit de mesures important que van des d’establir la prioritat aplicativa dels convenis autonòmics fins a la modificació de l’ingrés mínim vital, passant per la regulació de la negociació col·lectiva, assegurant l’aplicació dels acords o convenis més favorables per les persones treballadores, la simplificació del subsidi per desocupació, la modificació del permís de lactància, l’actualització del sistema de representació del sector dels artistes, la modificació de l’Estatut de l’Empleat Públic per garantir la conciliació familiar i tot un seguit de millores a nivell assistencial de la protecció i de la desocupació, entre altres.

Totes, certament, mesures prou importants i amb tota seguretat necessàries també per molts catalans. Però avui, sense desmerèixer el gruix de les mesures contemplades en aquest Reial Decret, que sabem donaran resposta com ja els deia a les necessitats de moltíssimes persones, des de Junts per Catalunya volem aprofitar aquesta intervenció per posar en valor la modificació de la llei de creació del Consejo Económico y Social, així com l’adaptació del seu reglament d’organització i funcionament intern. Un canvi normatiu que garanteix el dret de la patronal catalana a formar-ne part perquè dona cabuda a les organitzacions empresarials que tenen la condició de més representatives en l’àmbit autonòmic. D’aquesta manera, la petita i mitjana empresa catalana tindrà veu i consolidarà la seva participació en els fòrums de decisió on fins ara havia estat reiteradament vetada. Feia molts anys que un dels pilars de l’economia catalana, el de la petita i mitjana empresa, reclamava i treballava per tenir una representació real, justa i amb veu pròpia allà on es prenen les decisions que les afecten per defensar la singularitat del teixit empresarial del nostre país, Catalunya. Per això, com deia fa unes setmanes el president de PIMEC, Antonio Cañete, estem davant una fita històrica. Una fita històrica que s’ha produït, que s’ha assolit justament ara, quan Junts per Catalunya és determinant a Madrid, quan Junts per Catalunya posa els seus set vots al servei del país, fent possible el que fins ara ens deien que era impossible. Ho saben bé, senyories. Junts tenim set vots en aquesta cambra, set vots per fer respectar i reforçar Catalunya en cada una de les lleis i iniciatives que els requereixen.

Deia la nostra portaveu, Míriam Noguera, de l’inici d’aquesta legislatura, que les coses no tornarien a ser com eren. Estem complint. Estem complint negociant a la manera de Junts. Sense fer soroll. Amb tot el rigor. Mantenint la posició. Sovint aguantant la pressió d’uns i altres, i sempre, sempre, amb la clàusula Catalunya sobre la taula fins a tancar l’acord. Aquests són els nostres principis. Aquests són els principis de Junts per Catalunya. I saben què, senyories? Que si no els agraden, no en tenim d’altres.

Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.

Muchas gracias, presidenta Armengol. Buenos días. Buenos días, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Buenos días, señorías.

Encaramos hoy el debate de la convalidación del Real Decreto Ley 2/2024 aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 21 de mayo. Esta norma contempla una serie de medidas importantes que van desde establecer la prioridad aplicativa de los convenios autonómicos hasta la modificación del ingreso mínimo vital, pasando por la regulación de la negociación colectiva, asegurando la aplicación de los acuerdos o convenios más favorables para las personas trabajadoras. También la simplificación del subsidio por desempleo, la modificación del permiso de lactancia, la actualización del sistema de representación del sector de los artistas, la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público para garantizar la conciliación familiar, así como una serie de mejoras en el nivel asistencial de la protección por desempleo, entre otros. Todas ellas, ciertamente medidas suficientemente importantes y, con toda seguridad, necesarias también para muchos catalanes. Sin embargo, hoy, sin desmerecer ni una sola de las medidas contempladas en este real decreto ley que sabemos que darán respuesta, como les decía, a las necesidades de muchísimas personas, Junts per Catalunya queremos aprovechar esta intervención para poner en valor la modificación de la ley de creación del Consejo Económico y Social, así como la adaptación de su reglamento de organización y funcionamiento interno. Un cambio normativo que garantiza el derecho de la patronal catalana a formar parte del mismo, porque da cabida a las organizaciones empresariales que tienen la condición de más representativas en el ámbito autonómico. De este modo, la pequeña y mediana empresa catalana tendrá voz y consolidará su participación en los foros de decisión, donde hasta la fecha había sido reiteradamente vetada. Hacía muchos años que uno de los pilares de la economía catalana, el de la pequeña y mediana empresa, reclamaba y trabajaba para disponer de una representación real justa y con voz propia allá donde se toman las decisiones que las afectan para defender la singularidad del tejido empresarial de nuestro país, Cataluña. Por eso, como decía hace unas semanas el presidente de PIMEC, Antoni Cañete, estamos ante un hito histórico. Un hito histórico que se ha producido, que se ha alcanzado justamente en este momento, cuando Junts per Catalunya es determinante en Madrid, cuando Junts per Catalunya pone sus siete votos al servicio del país, haciendo así posible aquello que hasta ahora nos decían que era imposible. Lo saben ustedes bien, señorías. Junts tiene siete votos en esta Cámara, siete votos para hacer respetar y fortalecer a Cataluña con cada una de las leyes e iniciativas que le requieren.

Decía nuestra portavoz, Míriam Nogueras, al inicio de esta legislatura, que las cosas no volverían a ser como eran, y lo estamos cumpliendo, lo estamos cumpliendo negociando a la manera de Junts, sin hacer ruido, con todo el rigor, manteniendo nuestra posición, a menudo soportando la presión de los unos y los otros, y siempre, siempre, con la cláusula Cataluña sobre la mesa hasta cerrar el acuerdo. Estos son nuestros principios, estos son los principios de Junts per Catalunya. Y ¿saben qué, señorías? Si no les gustan, no tenemos otros.

Muchas gracias y ¡viva Cataluña libre!

Bon dia. Gràcies, presidenta. Bon dia, senyor ministre. Senyor Cervera, li recordo que a l’altra legislatura hi havia un grup que es deia Ciutadans amb el qual es podia parlar i no era catalanista. I mentre alguns menjaven crispetes, altres treballàvem per intentar canviar que no anessin amb Ciutadans i anessin amb nosaltres. I es van aconseguir moltíssimes coses. Dit això, les conjuntures parlamentàries han canviat. Però no s’oblidin dels canvis. Considero que és interessant fer una prèvia, senyor ministre, a la valoració del reial decret llei que el Govern ens porta per a la seva convalidació. Ja li dic que l’aprovarem perquè hi estem absolutament d’acord. Estem davant d’un text que suposa una millora respecte a l’actual marc normatiu laboral de Seguretat Social a l’Estat espanyol i, per tant, tots aquells que diuen defensar tots els interessos de la classe treballadora no poden renunciar a donar suport avui al text. Tots aquells que surten aquí de la dreta dient que defensen els treballadors, avui suposo que votaran massivament sí a aquest reial decret llei. En primer lloc, cal destacar que la iniciativa recupera una històrica reivindicació republicana, la prioritat aplicativa dels convenis autonòmics que hem pogut fer en aquesta legislatura, per la conjuntura actual d’aquesta legislatura, no l’anterior. Què vol dir l’aplicació prioritària dels convenis autonòmics? Vol dir que és molt fàcil fer demagògia, com alguns fan demagògia amb això. Vol dir que si un sindicat o representant dels treballadors d’un territori en concret aconsegueix de la patronal unes condicions que millorin l’establert en el marc estatal, s’aplicarà aquest pacte més favorable. I ho remarco: les mesures pactades en l’àmbit inferior a l’estatal només tindran prioritat aplicativa si són millors pels treballadors i treballadores. I això és doblement interessant. Primer, pels guanys en si que puguin tenir els treballadors i treballadores en el conveni d’aquell territori directament afectat i, en segon lloc, fa un efecte crida, el que s’anomena «dumping», igual que algunes comunitats fan un «dumping» fiscal que fa que s’abaixin els impostos i això vol dir menys serveis públics, etcètera. Aquesta mesura fa un «dumping» a favor dels drets dels treballadors, un «dumping» laboral i els seus salaris i les seves condicions de treball cap a dalt. És a dir, és fantàstic, no fa mal a ningú i fa bé a tothom, per la qual cosa és una bona mesura. Així, unes condicions en matèria de salaris, de jornada, d’horari, etcètera, podran funcionar com a palanca negociadora de qualsevol altre sindicat que negociï des d’un altre territori que podrà utilitzar aquestes referències a la millora a l’alça. Per tant, per Esquerra es tracta d’una oportunitat de millora per part dels representants dels treballadors en l’etern conflicte capital-treball que defineix el mercat laboral. Enhorabona per aquesta llei. Dit això. Aquest reial decret llei millora també molts termes que es concedeixen amb els subsidis d’assistència d’atur, molts temes molt importants que ha explicat molt bé la senyora ministra, la senyora Díaz. En remarcarem alguns. Un, amb l’aplicació d’aquesta norma, els menors de 45 anys que hagin esgotat la prestació d’atur i no tinguin rendes suficients també podran accedir al subsidi. Això és important. Dos, a més, en alguns casos, aquests subsidis es podran compatibilitzar amb petites feines temporals, evitant així haver de renunciar a una petita pensió per una feina que a vegades pot ser només d’un dia o dos dies. Era una absurditat que ara està molt bé que es corregeixi. També veiem com aquest test incrementa les quanties del subsidi, la qual cosa també és interessant, encara que podíem haver anat a més. Però, evidentment, se suposa que no s’ha pogut, però també és interessant. I traça algunes línies generals d’una futura estratègia contra l’atur de llarga durada que també em sembla interessant. A diferència del primer reial decret llei que el Govern va aconseguir convalidar, el subsidi per majors de 52 anys no patirà una baixada de cotització. També és interessant. I aquí també crec que el parlamentarisme demostra que pot ser compatible amb el diàleg social. A vegades, el parlamentarisme, que en algunes vegades s’ha negat, ha pogut millorar condicions de treball que en el diàleg no s’havien aconseguit. I a vegades és al contrari.

En resum, ens alegrem dels avanços aconseguits perquè són certs, són reals. Però alhora resulta impossible no destacar la timidesa d’algunes millores que ens proposen un repte com a societat. Els poso en situació de què tracta el que estem dient. Senyors diputats, per veure la quantia d’aquests subsidis d’atur, sovint ens referim als preus del lloguer de pisos i de les quotes hipotecàries per fer-nos una idea dels costos de la vida, perquè pagar un sostre on un viu, repeteixo, on un viu, no és una opció, és una necessitat. I sabem que avui dia llogar un pis a qualsevol poble o ciutat de l’Estat s’ha convertit en un malson. Avui i massa sovint un treballador o treballadora a jornada completa no pot ni tan sols somiar tenir un pis de 60 metres quadrats per viure. I saben què fan les persones que no es poden pagar un pis ni llogar-lo? Generalment uns, els que poden, es refugien en la xarxa de suport familiar. I saben què fan si no tenen una situació positiva o la situació es cronifica? Intenten llogar una habitació en un habitatge compartit. Saben quant costa una habitació de mitjana a Catalunya? Una habitació costa 565 euros de mitjana a Catalunya.

Senyores i senyors, avui estem aquí discutint si val o no la pena augmentar el subsidi d’atur, un subsidi que fins i tot amb els increments d’aquesta llei que es mou en una forquilla de 480 euros o 570 euros mensuals, són uns subsidis que són insuficients, però, evidentment, s’ha de començar per aquí i per això votarem a favor. Però com a societat ens hem de preguntar què fem, com deia abans el company de Bildu, amb aquests centenars i milers de persones que són aturats de llarga durada o aquells treballadors que, malgrat ser indefinits o malgrat tenir treball de 40 hores, no arriben a final de mes. I això és un repte com a societat que hem d’assumir. I, a vegades, quan escoltes els brams que es fan aquí a les sessions de control i algunes propostes que estan molt fora de la realitat, potser seria interessant posar propostes a millorar aquest tipus de necessitat de tantíssima gent.

Ens trobem amb un mercat laboral, la velocitat del qual ens empeny a la precarietat i la inestabilitat laboral, econòmica i social. Ningú opta, senyors, voluntàriament, per viure sota el llindar de la pobresa. Ningú desitja malviure amb només 600 euros. És mentida el discurs que la gent no vol treballar, que la gent vol cobrar subsidis i això és ridícul. És gairebé un insult a aquests centenars de milers de persones. Les mesures contingudes, senyor ministre, en el text que avui emetem són imprescindibles, així que gràcies. I també ha fet un recordatori: a vegades, els qui parlen de la llibertat i la democràcia s’obliden que també és un estat social i un estat social no pot tenir aquestes llacunes davant de tanta gent com s’està fent. La prova que no importa és que la bancada popular en aquesta llei, com vostè ha dit, estava mirant a la lluna. O és que han après el català de cop i volta o no s’interessa. Em sembla que és això segon, que no els interessa massa.

I acabo ja dient-li que segurament el que quedaria realment seria apostar decididament per impedir que en un estat ric com aquest, malgrat tot, ningú es veiés obligat a viure per sota del llindar de pobresa, perquè, en el fons, som una economia potent, com sempre diuen «Espanya va muy bien». Però a vegades un pot tenir el PIB molt alt i haver-hi moltes desigualtats, que és el que passa. I això hem de combatre-ho. Això no es fa bramant des de les bancades aquestes, com a vegades es brama, sinó que es fa treballant.

Moltíssimes gràcies.

Buenos días. Gracias, presidenta. Gracias, señora ministra. Señor Cervera, le recuerdo que en la otra legislatura había un grupo, Ciudadanos, con el que se podía hablar, que no era catalanista y mientras el grupo comía palomitas, los otros intentábamos trabajar para que no fueran con Ciudadanos y con nosotros, y logramos muchas cosas. Dicho esto, las coyunturas parlamentarias han cambiado, pero no se olviden de otros cambios.

Me parece interesante hacer una previa, señora ministra. La valoración del real decreto ley que el Gobierno nos trae para su convalidación —y‌ a le digo que lo vamos a aprobar porque estamos absolutamente de acuerdo— es que estamos ante un texto que supone una mejora respecto al actual marco normativo laboral de Seguridad Social en el Estado español. Todos aquellos que dicen defender o que afirman defender los intereses de la clase trabajadora no pueden renunciar a dar apoyo hoy a este texto. Todos aquellos de la derecha que vienen aquí defendiendo teóricamente a los trabajadores, imagino que hoy van a votar masivamente sí a este real decreto. En primer lugar, debemos recalcar que la iniciativa recupera una reivindicación histórica republicana, la prioridad aplicativa de los convenios que hemos podido hacer esta legislatura, por la coyuntura actual de esta legislatura y no la anterior. ¿Qué significa la aplicación prioritaria de los convenios autonómicos? Significa —‌es muy fácil hacer demagogia, hay algunos que hacen demagogia con ello— que si un sindicato que representa a los trabajadores de un territorio en concreto logra de la patronal unas condiciones que mejoren lo establecido en el marco estatal, deberá aplicarse este pacto más favorable. Insisto, las medidas pactadas en el ámbito inferior al estatal tan solo tendrán prioridad aplicativa si son mejores para los trabajadores y trabajadoras. Esto es doblemente interesante, primero, por las ganancias en sí que pueden repercutir en los trabajadores y trabajadoras en el convenio de ese territorio directamente afectado y, en segundo lugar, también que esto genera un efecto que llamamos dumping. En algunas comunidades hay dumping fiscal, que hace que bajen los impuestos, y eso significa menos servicios públicos, etcétera. Esta medida genera un dumping a favor de los derechos de los trabajadores, un dumping laboral de sus sueldos y sus condiciones hacia arriba. Es fantástico. Es decir, no causa ningún daño a nadie y es un bien para todos, con lo cual es una buena medida. Unas condiciones también en materia de salarios, jornadas, horarios, etcétera, podrán funcionar como palanca negociadora de cualquier otro sindicato que negocie desde otro territorio que podrá emplear estas referencias para la mejora al alza. Con lo cual, para Esquerra es una oportunidad de mejora por parte de los representantes de los trabajadores en este eterno conflicto capital-trabajo que define el mercado laboral. Así que enhorabuena por esta ley.

Dicho esto, este real decreto ley mejora también muchos términos que se conceden con los subsidios de asistencia en el desempleo, muchos temas importantes que la señora ministra, la señora Díaz, ha explicado muy bien. Vamos a hablar sobre algunas. Uno. Con la aplicación de esta norma, los menores de 45 años que hayan agotado la prestación de desempleo y no tengan rentas suficientes también podrán acceder al subsidio. Esto es importante. Dos. Además, en algunos casos estos subsidios podrán compatibilizarse con pequeños trabajos temporales evitando así tener que renunciar a una pequeña pensión por un trabajo que, a veces, puede ser tan solo de uno o dos días, lo cual era absurdo y está muy bien que ahora se pueda corregir. También vemos que este texto incrementa las cuantías del subsidio, lo cual también es interesante, si bien podríamos haber ido más allá. Se supone que no se ha podido, pero es interesante y traza algunas líneas generales de una futura estrategia contra el desempleo de larga duración, que también me parece importante. A diferencia del primer real decreto ley que el Gobierno logró convalidar, el subsidio para menores de 42 años no va a sufrir una bajada en su cotización. Eso también es interesante y demuestra que el parlamentarismo puede ser compatible con el diálogo social. A veces, el parlamentarismo, que en algunas ocasiones se ha negado, ha podido mejorar condiciones de trabajo que en el diálogo social no se habían logrado. A veces es al contrario; es verdad que a veces sucede al contrario.

En resumen, nos alegramos de los avances logrados, porque son ciertos, son reales, pero, a la vez, resulta imposible no destacar la timidez de ciertas mejoras que nos suponen un reto como sociedad. Voy a ponerles en situación de a qué nos referimos. Señores diputados, para ver un poco la cuantía de esos subsidios de desempleo, a menudo nos referimos al precio del alquiler de los pisos y de las cuotas hipotecarias para hacernos una idea del coste de la vida, porque pagar por un techo, donde uno vive ―donde uno vive, insisto―, no es una opción, es una necesidad. Sabemos que alquilar un piso en cualquier pueblo o ciudad del Estado se ha convertido en una pesadilla. Hoy, demasiado a menudo un trabajador o trabajadora a jornada completa no puede siquiera soñar con tener un piso de 60 metros cuadrados para vivir. ¿Qué hacen las personas que no pueden permitirse pagar o alquilar un piso? Algunos, los que pueden, se refugian en la red de apoyo familiar, pero ¿saben qué hacen si no tienen esta situación positiva o la situación se cronifica? Intentan alquilar una habitación en una vivienda compartida. ¿Saben cuánto cuesta una habitación, en promedio, en Cataluña? De media, 565 euros. Señoras y señores, hoy estamos aquí discutiendo si vale la pena o no aumentar el subsidio de desempleo, un subsidio que incluso con los incrementos de esta ley se mueve en una horquilla de 480 a 570 euros mensuales. Son unos subsidios insuficientes, pero por algún lugar tenemos que empezar y vamos a votar a favor. Pero, como sociedad, debemos preguntarnos qué hacemos, como decía el compañero de Bildu, con estos centenares de miles de personas desempleadas de larga duración o aquellos trabajadores que, a pesar de tener un trabajo de cuarenta horas, luego no llegan a final de mes. Esto es un reto como sociedad que debemos asumir. A veces, cuando escuchas aquí, en las sesiones de control, cómo vociferan o algunas propuestas que están muy fuera de la realidad, quizás sería interesante hacer propuestas para mejorar este tipo de necesidades de tantísima gente.

Nos encontramos, por lo tanto, en un mercado laboral cuya voracidad nos empuja a estas condiciones. Nadie opta, señores, voluntariamente por vivir por debajo del umbral de la pobreza o vivir con menos de 600 euros. Es mentira el discurso de que la gente no quiere trabajar, que la gente quiere cobrar subsidios. Esto es ridículo, es casi un insulto a estos centenares de miles de personas. Las medidas contenidas, señora ministra, en el texto que hoy debatimos son imprescindibles, así que gracias. Además, también nos ha hecho un recordatorio: a veces aquellos que hablan de la libertad, de la democracia, se olvidan de que este es un Estado también social, y un Estado social no puede tener estas lagunas para tantas personas como está sucediendo. Y la prueba de que no les importa es que la bancada popular, con esta ley que usted ha mencionado, están mirando a la luna o es que han aprendido catalán de repente o es que no les interesa demasiado.

Termino. Creo que lo que nos queda es apostar de forma decidida por impedir que, en un Estado rico como este a pesar de todo, nadie se vea obligado a vivir por debajo del umbral de la pobreza. Al final, somos una economía muy potente —‌como siempre dicen, España va muy bien—, pero a veces uno puede tener el PIB muy alto y existir muchas desigualdades, que es lo que ocurre. Esto tenemos que combatirlo y esto no se hace desde estas bancadas, sino trabajando.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. En el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR hoy estamos felices. Hoy hemos venido al Congreso con alegría, porque hoy España va a ser un poquito mejor gracias a nuestras políticas. (Aplausos). Quiero empezar agradeciendo al equipo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, al del SEPE y a la Mesa de Diálogo Social su esfuerzo y dedicación para lograr el acuerdo sobre el nuevo real decreto ley de subsidio por desempleo. Esta norma amplía la protección por desempleo eliminando lagunas de desprotección del actual sistema y ampliando su cuantía; simplifica el sistema en lo que se refiere a los supuestos de acceso, solicitud y nacimiento del derecho y a la dinámica de los subsidios por desempleo; vincula la prestación a un itinerario personalizado de mejora de la empleabilidad y acceso al mundo del trabajo y facilita la transición hacia la protección social cuando la persona es incapaz de reincorporarse al empleo y se encuentra en situación de vulnerabilidad. La pandemia de la COVID-19 nos mostró la fragilidad de nuestro sistema de protección social y la urgente necesidad de reforzarlo. Esta norma es una oportunidad más que aprovechamos para mejorar la situación de tantas personas que quieren trabajar, pero, sobre todo, quieren sobrevivir. Señorías, la afirmación de que el trabajo dignifica resulta cínica y vacía para quienes se enfrentan a la dura realidad del desempleo de larga duración o a la precariedad. (Aplausos). Esta perspectiva es aún más aguda cuando consideramos la profunda diferencia de clases entre quienes no necesitan trabajar para vivir y quienes no pueden vivir sin trabajar. (Aplausos). Para aquellos privilegiados que poseen riqueza heredada o ingresos pasivos, el trabajo es una actividad que eligen para sentirse productivos o para continuar una tradición familiar. Sin embargo, para la mayoría de la población el trabajo es una obligación ineludible. La necesidad de trabajar para no morirse de hambre es en realidad algo brutal que despoja de dignidad la noción romántica del trabajo como una actividad ennoblecedora. Es esencial reconocer esa disparidad y abordar las injusticias que perpetúan la desigualdad social. (Aplausos). Muchas personas luchan por la mera supervivencia mientras que las que disfrutan del lujo de la elección llaman paguitas al verdadero camino hacia la dignidad de la clase trabajadora, que no es otro que la redistribución de la riqueza a través de todos los medios públicos disponibles, que no son, ni mucho menos, exclusivamente fiscales. (Aplausos).

En SUMAR tenemos memoria, no olvidamos a las personas represaliadas por querer una España democrática, federal, plurinacional; una España más justa; una España más social; pero aún menos olvidamos a todas aquellas que en nuestro país sufrieron durante décadas un régimen paternalista que premiaba a los fascistas. Esta norma es muy importante para nosotras, es trascendental para SUMAR porque está pensada para nuestra gente. No olvidamos porque son nuestros abuelos los que murieron por trabajar en la mina y en el mar. (Aplausos). No olvidamos a nuestras abuelas, a las que sufren artrosis después de años de fregar arrodilladas los suelos de los chalés de Perlora, de Llanes o de Salinas con los que el dictador agasajaba a los fascistas. (Aplausos). Sus señorías de la extrema derecha —‌que, por lo que sea, se me han venido a la cabeza en este momento del discurso— llevan dos semanas insistiendo en sacar a la tribuna a la vicepresidenta segunda, en enfrentar —‌con un éxito nulo— los datos que certifican lo acertado de las políticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y yo hoy —‌igual he tardado un poco— he entendido por qué. Debe de generarles mucha frustración que las hijas y los hijos de la clase obrera lleguen a ministras, a ministros, a vicepresidentas. (Aplausos). Pero lo que debe de resultarles absolutamente insoportable es que construyamos normas como esta de la que hoy damos cuenta en este Pleno pensadas en exclusiva para la parte de la población que ellos y ellas no representaron, no representan y jamás representarán. (Aplausos). A nosotras nadie va a convencernos de que consideremos emprendedores a los que heredan la empresa desde la cuna de oro. Compañeros y compañeras, que sigan usando el puño para pegarse bien fuerte en el pecho, que nosotras vamos a seguir levantándolo con convicción. En SUMAR sabemos que el sector agrario ya es uno de los más afectados por el cambio climático y esta nueva norma se preocupa por los jornaleros. Elimina la tabla específica de duración de las prestaciones por desempleo de los trabajadores eventuales agrarios y las restricciones al cómputo recíproco de periodos de ocupación cotizados; reconoce el acceso al nivel asistencial y, como ya ha dicho la vicepresidenta, con todo ello unifica la protección por desempleo de los jornaleros con el resto de las personas trabajadoras.

Pero si hoy miramos al futuro con optimismo y esperanza desde SUMAR es porque este real decreto ley no es solo una medida social y económica necesaria, sino porque también es un paso crucial, uno más, que damos en la lucha contra la discriminación de género en el ámbito laboral. Nuestra sociedad, como bien sabemos, es un reflejo de nuestras relaciones laborales. Las mujeres hemos estado históricamente relegadas a roles secundarios y menos remunerados, lo que perpetúa una desigualdad sistémica que tenemos que combatir en cada norma. A partir de esta, la dinámica del nivel asistencial por desempleo por fin va a ser sensible a las distorsiones que aún existen en el mundo del trabajo para las mujeres. Más allá de las medidas directas, como la creación de un subsidio para víctimas de género o de violencia sexual, o el reconocimiento de un justo derecho para las mujeres marroquíes, esta norma eleva el nivel de protección de los grupos más precarios por razón de temporalidad y de jornada, señaladamente las mujeres. (Aplausos). Es esencial también para las trabajadoras la eliminación de la parcialidad en los subsidios, tanto en los casos de cotizaciones insuficientes como en el subsidio por agotamiento de prestación contributiva cuando esta derivada de un contrato a tiempo parcial en los últimos ciento ochenta días. La modificación de la forma de entender las responsabilidades familiares incrementa de manera directa tanto las posibilidades de acceso como el nivel de cobertura de las familias monomarentales. Asimismo, la compatibilidad del subsidio con el trabajo, con el acceso a acciones formativas y con las prácticas externas consigue por fin que trabajo, formación y percepción de subsidio no constituyan un dilema económico, y ello resulta especialmente relevante para las personas que en nuestro país están contratadas a tiempo parcial, que, por desgracia, siguen siendo mujeres. Simone de Beauvoir escribió que el problema de la mujer siempre ha sido tratado como un problema de hombres. Aquello que en SUMAR nos preocupa y nos ocupa ―la vulnerabilidad, la pobreza, la desigualdad y la precariedad― ha sido tratado como un problema de hombres, pero esta nueva norma, este nuevo subsidio por desempleo demuestra que las mejores soluciones son aquellas que se construyen desde una perspectiva feminista. (Aplausos).

Termino ya. Lo han dicho otros grupos de la izquierda, queda mucho por hacer para acabar con las desigualdades y hay que seguir, porque, como bien sabemos porque nos lo ha enseñado la lucha de la clase obrera, los derechos no son caridad ni se mendigan, los derechos se conquistan, y esta conquista depende de cada una de nuestras decisiones y de cada una de nuestras acciones. Esta conquista, aquí y ahora, hoy, continúa con nuestra nueva norma.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Señora ministra, parafraseando a Federico García Lorca en La casada infiel y antes de subir a esta tribuna pensé traerle un presente. Espero que entienda la alegoría de la que me voy a servir, salvando las distancias, por supuesto, con todos los respetos, para fijar la posición de mi grupo. Lo pensé en el que trae causa, el Real Decreto Ley 7/2023, que sus amigos de Podemos le tumbaron en ese histriónico 10 de enero pasado de los tres reales decretos leyes, y supongo que no acusará a sus camaradas de la Internacional woke de ir contra los intereses de los trabajadores. Rogarle que haga lo propio con nosotros obviamente es inútil, porque no encaja en la mística del odio y del rencor de dicha Internacional de la izquierda. En aquel momento, en su intervención, recordé aquel mito de las sirenas que tuvo lugar cuando Ulises quiso regresar a su hogar después de la guerra de Troya, pero ese día todos escuchamos sus cantos de sirena, como de nuevo ahora, con este real decreto ley, y de ahí la tentación de obsequiarla con un presente, señora ministra. Y es que, ante una serie de buenas medidas que aparecen y se recogen en este real decreto ley, se esconde un inmenso engaño, el gran engaño a nuestros compatriotas, y en especial a los más precarios. Veamos. Claro que nos parece bien la ampliación de la base de cotización de los parados de más de 52 años ―generaciones malditas, parecen―; la extensión del subsidio de desempleo a los trabajadores agrarios de toda España, hasta ahora solo reconocido en Andalucía y Extremadura, claro que sí, y todo aquello que sea beneficioso para los trabajadores en general y para los más necesitados en especial, evidentemente; también, el pago de incentivos para encontrar empleo para los desempleados de larga duración, pudiendo compatibilizar temporalmente el subsidio con el cobro de un salario a efectos de incitar a la búsqueda de empleo, por supuesto, pero se han quedado cortos en los importes y en las medidas adicionales que animen y coadyuven realmente a salir de la situación de desempleo lo antes posible. (Aplausos). Y, por ende, también quiero denunciar una vez más la falta de sincronía por la separación de competencias entre el SEPE y los servicios autonómicos, en el habitual caos del Estado de las autonomías. No obstante, este real decreto ley, que será aprobado, no deja de ser un espejismo, un burdo engaño, señora ministra. Nos parecen bien todas las mejoras en materia de conciliación y los permisos de lactancia, todas, por supuesto, pero es otro engaño. Por un lado, ofrecen mejoras, pero a su vez ahí está su Real Decreto Ley 1/2023, donde se recortan y eliminan las bonificaciones por maternidad, con lo cual niegan de raíz cualquier tipo de conciliación a la maternidad, la verdadera brecha de nuestra sociedad. (Aplausos). Además, señora ministra, el gran engaño está aderezado con el habitual sesgo feminista y de ideología de género. Jurídicamente, esta norma es un verdadero dislate técnico. Es un dislate incluir en un real decreto ley que teóricamente transpone una directiva europea cuestiones de tanto calado como la prevalencia de convenios colectivos autonómicos sobre los estatales, modificación exigida por el chantaje para gobernar de sus socios minoritarios, que no es entendible incluso su conveniencia ni, en absoluto, su extraordinaria y urgente necesidad para el uso indebido del instrumento legislativo excepcional que supone el real decreto ley del artículo 86 de la Constitución española, una vez más utilizado indebidamente, a pesar de la deriva del Tribunal Constitucional, habido gracias al pacto del Partido Socialista con el Partido Popular, y es que la forma, señorías, también es el fondo. Todo ello obviando la participación de los agentes sociales de forma real, el debate parlamentario y la intervención de los órganos consultivos como el Consejo de Estado y, en particular, el Consejo Económico y Social, y es que la prisa, señora ministra, es plebeya en la peor de sus acepciones, se lo han dicho anteriormente. Señora ministra, en sus datos macro de máxima afiliación a la Seguridad Social obvian deliberadamente el factor demográfico, la precariedad, la temporalidad encubierta y la falta de productividad de las contrataciones. (Aplausos). Señora ministra, la España real es la del 26,5 % de población en riesgo de pobreza o exclusión social; la España real son los 12,3 millones de personas en dicha situación; la España real es la nación con mayor tasa de paro de toda la OCDE. Sus datos macro pretenden distraer el relato cierto de la economía real, ¿y ven en qué han quedado? No en garantizar el buen orden y la promoción de trabajo, sino en la gestión de la pobreza y la miseria, incapaces de entroncar el sufrimiento heroico de millones de españoles, de los más humildes y de las clases medias. Esta norma es una mercancía engañosa y ciertamente fingida y una exposición viciosa que toma lo particular por lo general, lo contingente por lo necesario, lo coyuntural por lo estructural, porque no tenga duda de que todos aquellos españoles que se encuentran al borde de la pobreza prefieren adquirir honestamente que vivir de una miseria honrada, tal y como les proponen. Queremos una España de humildes propietarios y no de proletarios.

Le decía, señora ministra, al principio de la intervención, parafraseando a Federico García Lorca en La casada infiel del Romancero gitano, esos versos que decían: «y que yo me la llevé al río / creyendo que era mozuela, / pero tenía marido». A diferencia de aquel gitano digno, engañado, que denuncia a su amante renunciando a enamorarse, nosotros, también por dignidad, no vamos a ir al río para consumar el ardid. La conocemos y conocemos a este Gobierno del engaño, que retuerce la forma y el fondo mintiendo a los españoles, aprobando en apariencia cuestiones bienhechoras cuando en realidad están construyendo una sociedad intervenida, precaria y subvencionada. Esta norma ofrece un vaso de agua fría al sediento, sí, para luego de nuevo, ante el espejismo, arrojarlo desnudo una vez más al desierto. Creemos en la necesidad del acuerdo en la empresa entre trabajadores y empresarios, en las rectas intenciones para ser justos y dar lo que en justicia corresponda. Creemos, en ese ámbito, en el consenso, pero con este Gobierno solo hay un camino, el disenso.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Vicepresidenta, señorías, debatimos hoy dos temas que preocupan, y mucho, a la ciudadanía, dos temas de vital importancia: la protección por desempleo y la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral, o lo que es lo mismo: tiempo y trabajo, trabajo y tiempo. Sin duda, uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra sociedad en el siglo XXI es la gestión del tiempo. Compaginar la vida laboral y familiar, sobre todo cuando tienes seres dependientes a cargo, es un quebradero de cabeza para muchas familias, sobre todo para las mujeres, ya que es sobre ellas sobre las que recae el trabajo del cuidado, lo que repercute a corto plazo en sus carreras profesionales y a largo plazo en su prestación por jubilación. Durante mucho tiempo, demasiado tiempo, han sido las mujeres las únicas que se han encargado del cuidado las 24 horas del día durante los 365 días del año. (Aplausos). Ni las empresas pensaban en conciliar ni los hombres pensaban en la corresponsabilidad, señorías, y esto ha cambiado gracias a la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Lamentablemente, esta incorporación no ha sido equitativa en el trabajo reproductivo por parte de los hombres, y es que no conseguiremos la igualdad efectiva entre mujeres y hombres hasta que no consigamos también la igualdad en el hogar, la igualdad en el cuidar. Por eso este real decreto ley es tan importante, porque culmina la trasposición de la directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar y laboral. Reconoce —‌ya se ha comentado— el permiso de lactancia como un verdadero derecho subjetivo ―nunca más este permiso estará condicionado a la negociación colectiva o al acuerdo con el empresario (aplausos)―, y contempla la flexibilidad horaria para los trabajadores y las trabajadoras públicas que tengan a su cargo hijos menores o familiares hasta segundo grado de consanguinidad que no puedan valerse por sí mismos. Así se avanza en igualdad, señorías. ¿Saben cómo no se avanza en igualdad, señorías del Partido Popular? Sentando a un presidente ultra en el Parlament Balear (aplausos); no se avanza en igualdad, señorías del Partido Popular, tratando de exculpar a un condenado por violencia de género diciendo que tuvo un divorcio duro. Así no se avanza en igualdad, y es que ustedes continúan anclados en el pasado, son el mismo Partido Popular que el de M. Rajoy. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron como presidente del Gobierno qué iba a hacer él para acabar con la brecha salarial, con el hecho de que las mujeres cobren menos que los hombres por trabajo de igual valor? Él dijo: No nos metamos en eso ahora. ¡No nos metamos en eso ahora! ¿De verdad? Pues claro que hay que meterse en eso ahora (aplausos), en eso y en todas las discriminaciones estructurales que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, también en la brecha del cuidado, señorías, porque las condiciones de vida de los hogares españoles nos incumben, porque no es algo privado, es público, y porque no es personal, es político. El real decreto ley que hoy traemos a convalidación también tiene por objeto la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo. Por todos es sabido todo lo que este Gobierno de coalición ha hecho para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía española en relación con los ingresos: subir las pensiones, el salario mínimo interprofesional, crear el ingreso mínimo vital o la reforma laboral, que ha conseguido que más de 20 millones de españoles y españolas estén ya cotizando en la Seguridad Social, el 50 %, más de 10 millones, mujeres, un nuevo hecho histórico, señorías. Pero no nos conformamos y seguimos avanzando. ¿Cómo? Pues, como muestra este real decreto ley, incrementando las cuantías del subsidio por desempleo en 90 euros mensuales y compatibilizando los subsidios y prestaciones por desempleo con la actividad laboral. Y se preguntarán por qué. Porque todos y todas conocemos a personas que estaban con un subsidio, a las que les ha salido una oferta laboral temporal y que han dicho que no a esa oferta laboral por miedo a quedarse sin el subsidio. A partir de hoy, ese subsidio podrá ser compatible con la inserción laboral hasta 180 días. También, implementando medidas específicas para los parados de larga duración y ampliando la cobertura a personas que hasta ahora estaban excluidas del mismo: mayores de cuarenta y cinco años sin cargas familiares, personas que acrediten periodos cotizados inferiores a seis meses, eventuales agrarios y también mujeres víctimas de violencia machista.

Permítanme, señorías, que me detenga en estos dos últimos ejemplos. Me dirijo a la bancada de los pactos de la vergüenza, esa que dice defender tanto a los trabajadores del campo. Este real decreto ley reduce a diez las jornadas cotizadas que deben tener los trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y en Extremadura para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria: de treinta y cinco jornadas a diez, señorías. Y ahora que las señorías de VOX digan que son ellos los que defienden a los trabajadores del campo. (Aplausos). En segundo lugar, las mujeres víctimas de violencia machista. Este real decreto ley contempla el acceso al subsidio por desempleo a las mujeres víctimas de violencia machista, mientras que ustedes, señorías del Partido Popular y señorías de VOX, las abandonan a su suerte —s‌ í, señorías—, como han hecho en Valencia, donde han suprimido las acciones positivas que facilitaban la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia machista. Clara y llanamente, son misóginos. (Aplausos).

Siento decirles, señorías, que a pesar de ustedes este país avanza, y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, especialmente de los que menos tienen: es nuestra obligación como servidores públicos. Ustedes, señorías del Partido Popular —‌a los señores de VOX ni se les espera ya—, tienen dos opciones: sumarse a la política útil, a la oposición útil, o seguir enfangado el debate público. Decidan lo que decidan, ya les advierto que este partido y el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir trabajando, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir gobernando para la mayoría social, especialmente para los que menos tienen.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, presentan la convalidación de un real decreto ley que fue sometido a votación en esta Cámara y fue rechazado por los conflictos de las izquierdas que ya parecen haber resuelto. Cuestiones incluidas en este extenso documento, como la transposición de la directiva europea para la mejora de la conciliación o los avances en la simplificación del régimen de subsidio y la mejora en diversos casos, es algo con lo que estamos completamente de acuerdo y saludamos en nuestro grupo parlamentario, especialmente por el hecho de que se haya contado con patronal y sindicatos para su acuerdo. Pero, por eso mismo, lo que entendemos inaceptable es la modificación del artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, de modo que en el ámbito de una comunidad los convenios colectivos autonómicos que se negocien tengan prevalencia sobre los acuerdos de tipo sectorial o de ámbito estatal. Señorías, esa propuesta es infumable en el fondo y en la forma: en el fondo porque supone una ruptura de la igualdad de los territorios, y, por tanto, es otra barbaridad más que sumar a todos los desmanes que ha cometido y que quiere seguir cometiendo Sánchez contra la igualdad de todos los españoles. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). De materializarse la convalidación, se agravará la brecha entre los trabajadores de unas comunidades y otras, habrá conflictividad y se generará una inseguridad jurídica permanente. De hecho, sus socios acaban de bautizar este acuerdo como el nuevo dumping laboral del Gobierno. (Aplausos). Y lo peor de todo es que además no lo están haciendo por convicción. Si lo hicieran por convicción, todavía tendría un pase, pero, señorías, hoy Sánchez demuestra de nuevo que sigue en el Gobierno pero no gobierna, demuestra hoy que sigue acorralado por quienes le facilitaron la investidura y cada día le ponen nuevos pagos para seguir en la

Moncloa un tiempo más. Y si hablamos de la parte formal, aún es más infumable todo por tres razones: la primera, porque modifican la estructura de la negociación colectiva, algo que no encaja con la extraordinaria y urgente necesidad que se debe justificar en un real decreto ley, así que, ojo, porque pueden estar incurriendo en inconstitucionalidad al utilizar esta herramienta (aplausos); la segunda, porque no respetan el acuerdo con patronal y sindicatos que precedió a la reforma laboral del año 2021, donde se acordó explícitamente no abordar así este asunto, y, en tercer lugar, porque se han saltado por completo una vez más el diálogo social, despreciando así las advertencias de la mismísima Organización Internacional del Trabajo, y, claro, tanto patronal como sindicatos le han dicho a usted que no, que no pueden consentir que este tipo de medidas se impongan unilateralmente. (Aplausos).

Y es que a la señora Díaz se le llena la boca hablando de diálogo social. Pero lo que está haciendo usted realmente es practicar el monólogo social, al más puro estilo comunista, imponiendo medidas que deberían ser consultadas previamente en la mesa tripartita. Y lo que además clama al cielo —‌me lo va a permitir— es que en el pasado Pleno subiera usted a este estrado a decir que en Castilla y León, en mi tierra, el Gobierno autonómico estaba en contra del diálogo social. Escuche lo que le voy a decir, señora Díaz: Desde que el actual presidente de la Junta de Castilla y León comenzó su andadura se han alcanzado ni más ni menos que un total de trece acuerdos en el seno del Consejo del Diálogo Social —‌trece, y hay cinco a punto de cerrarse—. ¿Le queda claro? La diferencia está en que lo que hace el Partido Popular donde gobierna es apostar por el diálogo social y lo que hace usted es dinamitar el diálogo social. (Aplausos).

Por eso, por esta forma de gobernar, a nadie le extraña que el Partido Popular les haya ganado ya cuatro veces seguidas en las últimas elecciones que se han convocado. Y como se meten con Castilla y León y mienten sobre Castilla y León, allí han recibido uno de los mayores estacazos que se recuerdan en la historia de la comunidad. Decía la portavoz de SUMAR que se siente muy orgullosa de representar a la clase obrera. Yo también: soy de Burgos, de un barrio obrero, de Gamonal, hijo de obrero, y soy del Partido Popular, y a mucha honra. (Aplausos). Quiero recordar a la portavoz de SUMAR, quiero recordar a la señora Díaz, quiero recordar a los socialistas, como breve paréntesis, que el 9 de junio en mi tierra el Partido Popular le ha sacado catorce puntos al Partido Socialista, catorce. Pero, si hablamos de SUMAR, el Partido Popular obtuvo 472 000 votos y SUMAR 30 800: hemos multiplicado por quince sus resultados. Así que, métanselo en la cabeza de una vez: en mi tierra no les creen, no están, no se les espera y, por eso, tampoco se les vota. (Aplausos).

Señora Díaz, usted podrá contar lo que quiera, podrá subir aquí a hablar de cifras y datos, pero en el ámbito laboral ya nadie se fía de usted a estas alturas. Sus datos sobre los fijos discontinuos —‌habló de una cifra de 53 000— son contrarios a todas y cada una de las estimaciones, que los sitúan por encima de los 700 000. El único dato cierto es que en España sí que hay una nueva fija discontinua, que es usted, porque el otro día, como dimitió un poquito y ya no continúa de momento como líder de SUMAR, ha pasado a ser discontinua, pero, eso sí, para seguir disfrutando de su sueldo de vicepresidenta se ha quedado fija y bien agarrada al sillón. Así que, hay que reconocerlo: es usted una fija discontinua de manual. (Aplausos).

Y en este momento sobre este tema he de reconocer que también me ha resultado llamativa otra cuestión. En la bancada socialista hay señorías que presumen orgullosos de su militancia en la Unión General de Trabajadores, y a mí me parece estupendo. Si se comportaran realmente como miembros de UGT, sabiendo que lo que hoy se va a acordar aquí o se va a convalidar es completamente perjudicial para sus sindicatos en sus comunidades, no votarían a favor de la convalidación de este atropello, pero, como están aquí en condición de socialistas sumisos a Sánchez, agachan la cabeza, dicen sí amo y aprueban y tragan lo que sea con tal de que el Gobierno siga agarrado a la Moncloa un tiempo más. (Aplausos).

Están ustedes muy orgullosos de nuestro mercado laboral, cuando somos el país con más desempleo en la zona euro, con los peores datos de paro juvenil, los segundos peores en desempleo femenino, cuando se ha reducido la productividad de nuestro país hasta caer al puesto cuarenta en el ámbito de la competitividad. Y ha hablado usted de ciencia: la ciencia se basa en el empirismo, señora Díaz, se lo puedo decir. Como consecuencia de sus ineficaces políticas de empleo, lo que dicen los datos empíricos es que somos el país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria; eso es lo que dice la ciencia. (Aplausos).

Voy terminando. Resulta que el Gobierno progresista es el que más ha hecho progresar la pobreza en nuestro país, el que hace progresar la desigualdad de los españoles, el que hace progresar los insultos a quienes no comulgamos con sus ideas, el que hace progresar la colonización de las instituciones y, sobre todo, el que más está haciendo progresar la corrupción política, económica y social en nuestro país. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Bravo!). Han acusado al Partido Popular de no apoyar determinadas medidas positivas de protección al conjunto de los ciudadanos, pero todo tiene una explicación sencilla: ustedes se han acostumbrado a incluir en reales decretos leyes medidas positivas con otras que resulta imposible apoyar.

Sí, termino ya. Y con la barrabasada que han colado hoy aquí, no podemos apoyar esta convalidación. Decía Ortega que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía, pero el mensaje del Grupo Popular en este Congreso es que nuestro esfuerzo va a ser útil a España porque vamos a seguir ganando elecciones, vamos a representar esa alternativa que cada vez más millones de españoles ansían y más pronto que tarde por las ventanas de la Moncloa saltará la decadencia y por la puerta, de la mano del Partido Popular, entrará la decencia. Gracias. (Prolongados aplausos).

— REAL DECRETO LEY 3/2024, DE 4 DE JUNIO, DE MEDIDAS DE PROMOCIÓN DEL USO DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO TERRESTRE POR PARTE DE LOS JÓVENES PARA LOS VIAJES REALIZADOS EN EL PERIODO ESTIVAL DE 2024. (Número de expediente 130/000006)