Interpelación urgente al Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática relativa a las medidas que adoptará para el esclarecimiento de los sucesos acaecidos en los San Fermines de 1978.

Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro.

Eguerdi on guztioi. 46 urte pasa dira poliziak Germán Rodríguez tiroz hil zuela Iruñeko zezen plazan. 46 urte egia, justizia eta erreparazioa bermatu gabe. 46 urte ardurak eta erantzukizunak argitu gabe. Horregatik ekarri dugu gaur berriro gaia kongresura, memoria elkarteen eskaerari bidea emana. Nafarroako Parlamentuak berriki egin duen bezala, gertaera horiekin lotutako dokumentu guztiak argitara ateratzeko inpunitatearekin amaitzeko eta egia argitzeko bidean pausoak emateko eskatzen dugu. Bada garaia ilunkeria eta oztopoak atzean uzteko eta Nafarroako gizartearen gehiengoaren aldarrikapenei erantzuteko. Germán, gogoan zaitugu, ez zaitugu ahazten, ez zaitugu ahaztuko. Ez dugu amore emango erakundeek zor dizkizuten eskubideak bermatu arte.

Buenas tardes a todos. Han pasado cuarenta y seis años desde que la Policía matara a tiros a Germán Rodríguez, en la plaza de toros de Pamplona, cuarenta y seis años en los que no se han garantizado la verdad, la justicia y la reparación, cuarenta y seis años en los que no se han depurado responsabilidades. Y, por eso, hoy, hemos vuelto a traer este tema al Congreso y hemos dado cauce así a la petición de las asociaciones que trabajan en pro de la memoria. Como ha hecho recientemente el Parlamento de Navarra, pedimos que se saquen a la luz todos los documentos relacionados con estos hechos, que se acabe con la impunidad y que se den pasos en el camino del esclarecimiento de la verdad. Ya es hora de dejar atrás oscurantismos y obstáculos y responder a las reivindicaciones mayoritarias de la sociedad navarra. Te recordamos, Germán. No te olvidaremos y no nos rendiremos hasta que las instituciones te garanticen los derechos que te corresponden.

8 de julio de 1978, Iruña, San Fermín: La Policía mata a tiros a Germán Rodríguez. Efectivamente, han pasado cuarenta y seis años, señor ministro y aún, hoy, nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo sucedido, ni tampoco se ha querido avanzar en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que también la familia de Germán Rodríguez reclama. Disparos indiscriminados contra quienes allí se encontraban, utilizando pelotas de goma, botes de humo, gas lacrimógeno y, sí, también disparos de fuego real; disparos que acabaron con la vida de Germán. Además, según certificó el médico de la abarrotada enfermería de la plaza, resultaron heridas más de cincuenta personas, entre las que se encontraban tres heridos de bala, así como asfixias, ataques, fracturas, contusiones... Quienes vivieron aquellos momentos aún lo relatan con dolor e impotencia por lo que allí vivieron. El centro de la ciudad quedó materialmente arrasado y el joven Germán Rodríguez Sáez resultó muerto. Otros diez más resultaron heridos por disparos y alrededor de trescientas personas atendidas en distintos centros de salud, cuyos servicios de urgencia se quedaron totalmente colapsados esa noche; este fue el balance. Y volvió a ocurrir, sí, esta vez en Donostia, donde dos días después, el 11 de julio, otro joven, Joseba Barandiarán, moriría también por disparo policial en una manifestación de protesta por lo sucedido en Iruña el 8 de julio. Todo esto ocurrió bajo la Presidencia de Adolfo Suárez y con Martín Villa al frente de Interior. Nunca, repito, nunca, ningún Gobierno español ha querido investigar, ni aclarar, ni reconocer lo ocurrido en aquellos Sanfermines. Tampoco buscar la verdad, la justicia y la reparación para Germán y para su familia. Se han encontrado siempre con la obstrucción respecto a la actuación judicial, administrativa e institucional llevada a cabo, así como la negación al derecho de los familiares de Germán Rodríguez y la ciudadanía en general de conocer la verdad sobre lo ocurrido en aquellos sucesos. Han sido cuarenta y seis años de lucha heroica por parte de la familia y de los grupos memorialistas, interponiendo distintas querellas por aquellos entre los juzgados de Pamplona, el Ministerio del Interior y la Inspección General de la Policía, sin obtener respuesta.

En 2018, el Parlamento de Navarra acordó solicitar al Gobierno español, por inmensa mayoría, la desclasificación de todos los asuntos, actos, documentos, informaciones y datos y objetos existentes en la Administración del Estado relacionados con los sucesos de los Sanfermines de 1978. Sin embargo, el Gobierno estatal aún no ha contestado a la petición formulada. ¿Por qué, señor Torres? Señor ministro, ¿no le parece curioso que, en el conjunto de la Administración implicada en estos sucesos, Ministerio de Interior, Ministerio de Defensa y Gobierno Civil de Navarra, no exista, hoy en día, ningún documento relativo a aquellos gravísimos hechos? Se están dando pasos para que estas víctimas olvidadas puedan tener reconocido el derecho y respeto que merecen. Por ello, es hora de avanzar en los objetivos que la propia Ley de Memoria Democrática establece y que el Gobierno ponga los mecanismos necesarios para hacer posible también el esclarecimiento del asesinato de Germán Rodríguez y los sucesos ocurridos aquel día en Iruña. Hoy, planteamos esta interpelación, y así lo haremos también en la moción que presentaremos, con una gran voluntad constructiva y con la voluntad de que la petición de la familia de

Germán, de las asociaciones memorialistas, del Parlamento de Navarra y de la propia sociedad navarra sea escuchada y atendida, para poder lograr que la muerte de Germán y todo lo ocurrido aquellos días salga de la oscuridad y de la impunidad y abramos la fase de verdad y dignidad. Sabemos de su sensibilidad hacia la memoria democrática en su conjunto y, por ello, esperamos poder encontrar la voluntad para recorrer este camino. Por esto, estamos esperando su respuesta.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, presidente.

Gracias por esta interpelación, que paso a responder. Comienzo diciendo que, si bien el asunto que hoy vamos a tratar no es en absoluto un asunto agradable, sí debe complacernos, al menos a la mayoría de esta Cámara, que podamos tener un debate tranquilo, sereno, fluido, sobre el alcance de la Ley de Memoria Democrática. Y digo lo del alcance porque, hasta ahora, lo que teníamos eran debates sobre las políticas de memoria en sí mismas. Estas eran las que estaban en discusión. Se debatía sobre su necesidad o, incluso, sobre si debían o no existir, y hoy —y‌ eso lo compartimos— debatimos sin poner en duda las leyes de memoria histórica y democrática. Debatimos sobre su alcance y eso es, en sí mismo, un avance democrático. Usted, que me interpela, y yo, que le respondo, estamos de acuerdo en la necesidad de las políticas de memoria. Debatimos sobre su alcance y sobre la reparación de las víctimas. Pero no todos los grupos de esta Cámara comparten, señoría, esta necesidad y hoy tengo que volver a repetirlo. La extrema derecha y la derecha, cogidas de la mano de esas tesis, apuestan, como hacen aquí, por invisibilizar las políticas de memoria con el método, por ejemplo, de no hablar de ellas, no preguntar por ellas, hacer como que no existe aquello de lo que no se habla, que no se nombra o bien, como hacen esos mismos grupos de la extrema derecha y la derecha en las comunidades donde hoy gobiernan, derogan leyes de memoria de esas comunidades y difuminan las políticas de memoria en leyes mal llamadas de concordia, que solo pretenden diluir el respeto a las víctimas y eludir la responsabilidad de los poderes públicos con el respeto a los derechos humanos. Como lo que ayer ocurrió de manera execrable en el Parlamento balear, ante lo que hoy todos los diputados y diputadas del Congreso deberíamos mostrar nuestra absoluta y unánime repulsa ante las víctimas, que fueron varias diputadas, y también quienes estaban retratadas en esa foto, que defendieron en su momento la libertad y la democracia. Ayer un presidente del Parlamento, obligado a una labor institucional de mediar, lo que hizo fue rasgar y rajar una foto de manera violenta, algo absolutamente imperdonable para quien se declare demócrata. (Aplausos). La suerte, señoría, es que la mayoría de esta Cámara sí cree en las políticas de memoria.

Paso al tema que usted me plantea, el esclarecimiento de los sucesos terribles de los Sanfermines en el año 1978. Sabe usted que la Ley de Memoria Democrática 20/2022 establece dos ámbitos diferenciados en el aspecto temporal. Por un lado, está el que refiere a la propia ley en el artículo 1, que establece —‌y leo— el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencias religiosa, de orientación e identidad sexual durante el periodo entre el 18 de julio del 1936 —‌golpe de Estado, guerra de España y la posterior Dictadura franquista— hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978, y promover —‌termino la lectura de este artículo 1— su reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva. Luego, hay un segundo ámbito temporal, añadido en la Ley de Memoria Democrática, que es la disposición adicional decimosexta, que encomienda al Gobierno crear una comisión técnica que elabore un estudio sobre supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución del año 1978 y el 31 de diciembre del año 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las víctimas también en esa etapa, tras la Dictadura y la Transición democrática. Los hechos que motivan su interpelación sucedieron en julio de 1978 y, por tanto, estarían dentro del grupo del primer ámbito. Y estamos en disposición de hacer avances al respecto.

Hay algunos pasos que ya hemos dado y permítame que le traslade alguno. Por ejemplo, en el periodo comprendido entre 1978 y 1983, cumpliendo con la ley y también con la aprobación de una moción presentada en este Pleno recientemente, el Consejo de Ministros aprobó el 23 de abril crear la comisión mencionada en la disposición decimosexta, junto con las mencionadas en la disposición adicional duodécima, de trabajo sobre la memoria y la reconciliación con el pueblo gitano y, la decimoquinta, de medidas y reparación de carácter económico, también dirigidas a las víctimas de la guerra y de la Dictadura. Estamos desplegando esas medidas y órganos que la Ley de Memoria Democrática estableció. El año 2023 fue un año complicado, pero lo estamos haciendo en 2024 para consolidar las políticas de memoria en nuestro país, y seguiremos dando pasos adelante.

Centrándome en la Comisión para el estudio de los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, derechos fundamentales y valores democráticos entre los años 1978 y 1983, esa comisión tiene por objeto elaborar un estudio sobre esos supuestos casos de vulneración de derechos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas. El presidente de esa comisión es el secretario de Estado de Memoria Democrática, la vicepresidencia recae en la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria y, entre los vocales, además de personas de reconocida solvencia en el ámbito académico, me gustaría mencionar, singularmente, a algunas de reconocido prestigio también en el ámbito social y político como Nicolás Sartorius, Federico Mayor Zaragoza, José Álvarez Junco o Francisca Sauquillo.

Los sucesos que ocurrieron en Pamplona durante las fiestas de San Fermín del año 1978 se enmarcan en actuaciones de las fuerzas de seguridad que, por entonces, no respondían a los criterios de estricto sometimiento a la ley y al derecho que operan hoy. Fueron sucesos, como los ocurridos dos años antes en Vitoria-Gasteiz, previos a la promulgación de la Constitución de 1978 y donde la respuesta policial no se movió —y‌ así lo entiendo— en parámetros precisos y, además, obligados de respeto a los derechos humanos. Yo mismo tuve ocasión, con motivo de mi visita a Vitoria-Gasteiz —‌por cierto, creo que era el primer ministro que lo hacía—, de honrar el pasado mes de marzo a las víctimas del asalto policial a la iglesia de San Francisco de Asís. Igual que lo dije entonces lo repito en el día de hoy: mi obligación es acudir a los lugares donde se cometieron hechos execrables y expresar que el Estado está al lado de las víctimas y no es el Estado alejado de los derechos humanos de aquel entonces. Como hice en Vitoria, señorías, creo que podemos realizar avances en el reconocimiento a las víctimas de los sucesos de San Fermín del año 1978. El primero de los avances que quiero recalcar es que la coordinación entre el departamento que dirijo y el Gobierno Foral de Navarra es plena en este aspecto. Ojalá encontrase ese mismo grado de colaboración en el resto de las comunidades autónomas en esta clase, en este tipo de hechos como hemos encontrado, y lo tengo que reconocer, con el Gobierno de Navarra. Es en la colaboración donde deberíamos centrar nuestros esfuerzos y, lamentablemente, hay gobiernos autonómicos que han actuado faltando a la más elemental colaboración y lealtad entre administraciones para que los esfuerzos de este departamento y del Gobierno de España se tengan que centrar en defender las políticas de memoria y el respeto debido a las víctimas. La Ley navarra 16/2019, que usted también ha citado, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, da ya cabida a las peticiones de víctimas de los sucesos de San Fermín de 1978 que reconozcan y soliciten justamente esa labor de reconocimiento. En ese sentido, la ley foral configura un derecho al reconocimiento y, en su caso, a la reparación de las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha por parte de funcionarios públicos, regulando los medios —y‌ estoy leyendo— y mecanismos para que sean reconocidas como tales víctimas —‌dice la ley— y, en su caso, como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral. Esta ley foral se enmarca en un conjunto normativo internacional, estatal, autonómico y foral, diseñado e implantado con la finalidad de reconocer y reparar a las víctimas de violencia por motivaciones políticas.

Entiendo, señoría, que lo que usted y su grupo pretenden es que esas actuaciones de reconocimiento emprendidas por el Ejecutivo navarro tengan su eco, así lo ha dicho usted, en actuaciones del Gobierno de España, y le anuncio que así va a ser. Como ocurre en el caso de Navarra, el reconocimiento administrativo que podemos hacer no es una declaración jurídicopenal que podamos atribuirnos en lo que es nuestra responsabilidad. El Gobierno, por un mero principio de separación de poderes, no puede ser quien marque responsabilidades de carácter penal. La responsabilidad de esa calificación ha sido siempre una línea roja establecida a la separación de poderes en la doctrina del propio Tribunal Constitucional, que estaría taxativamente vedado a la ley de víctimas de motivación política de Navarra. Pero diciendo esto, sí le anuncio — y este es el segundo avance que hoy puedo mencionar— que, de manera inminente, enviaremos para informe del Consejo de Estado el real decreto que regulará el consejo de memoria democrática, en desarrollo del artículo 57 de la ley. Será el órgano de participación del movimiento memorialista en cuyo seno se prevé la constitución de una comisión de ámbito estatal, de carácter académico, temporal y no judicial, independiente, con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de los derechos humanos, como es este caso, la conocida como comisión de la verdad. Por tanto, en su seno se podrían recibir testimonios, información, recopilación de documentos y otros antecedentes que permitan la elaboración de conclusiones y recomendaciones para la reparación de las víctimas y evitar que tales hechos vuelvan a repetirse en el futuro. Esa comisión contará con personas de reconocido prestigio en el mundo académico, en el ámbito de derechos humanos, elaborará un documento para sistematizar la información existente sobre las violaciones de derechos humanos durante la guerra y la Dictadura con el objeto de superar la fragmentación y dispersión de información y esfuerzos, también de la etapa posterior a esa Dictadura, y podrá proponer un plan ordenado de investigaciones, así como la promoción de metodologías y protocolos de actuación en este ámbito. Cuestiones como las que se plantean hoy en relación con los hechos acaecidos, podrían tener encaje —‌y lo tienen— y cobertura como posibilidad que permita dignificar nuestra democracia, honrando a quienes lo sacrificaron todo en su defensa, reparando años de olvido y asegurando que quienes vienen tras nosotros conozcan plenamente qué ocurrió en aquellos años, porque solo desde el conocimiento de la verdad podrá evitarse que tan terribles actos vuelvan a producirse. Hay que recordar también que el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática reconoce el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal a las víctimas definidas en la ley que pueda ser solicitada por las personas afectadas y, si han fallecido, por sus familiares.

Y concluyo, señorías. Por nuestra parte, estamos dispuestos a emprender el mismo camino de reconocimiento que ha realizado ya el Gobierno navarro, que es un camino similar al que hemos de recorrer con los sucesos de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. Estaríamos ante un reconocimiento institucional del Gobierno para superar un periodo histórico de vulneración manifiesta de los derechos humanos, en este caso cometidos por las propias estructuras del Estado, por empleados del Estado. El reconocimiento debe tener en un doble plano: reconocer que esa violencia sistemática y sistémica…

(Torres Pérez): Termino.

… partía de la propia estructura del Estado y reconocer a las víctimas en su calidad de víctimas, situando al Estado donde corresponde, que es al lado de ellas.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Señor ministro, he hecho anteriormente alusión a los sucesos que ocurrieron el 9 de julio en San Sebastián, en Donostia, y quiero recordar que ese 9 de julio un radioaficionado grabó de la emisora policial del gobierno civil unas órdenes que decían literalmente —‌y reproduzco—: Tirad con todas las energías y lo más fuerte que podáis; no os importe matar. Aunque ya se había producido la muerte de Germán Rodríguez, se estaba diciendo que no importaba seguir matando. También quiero decirle que el Juzgado de Iruña dictó en 1983 distintos autos de sobreseimiento y archivo de las querellas interpuestas por las familias de Germán Rodríguez Saiz y distintos colectivos, sin que hubiera sido remitido al juzgado por parte del Ministerio del Interior la importante información requerida, entre ella el denominado informe Martín Villa; no se quiso colaborar. Y así llegamos a este mes, a junio de 2024, y hoy, como ha comentado, tenemos instrumentos importantes. Tenemos la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y también tenemos, como usted ha comentado, la Ley Foral 16/2019, del 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. Creemos, como usted también ha comentado, que son instrumentos muy válidos para abordar lo que hoy reclamamos: medidas para reconocer la verdad de lo ocurrido en Sanfermines de 1978 y para avanzar también en el reconocimiento y la reparación. Usted se ha referido a la colaboración necesaria entre los dos gobiernos, lo compartimos, pero también decimos que lo que hace falta es voluntad política. Esperemos que esta vez sí, que esta vez haya voluntad política para avanzar.

Señor ministro, valoramos su voluntad para avanzar en la verdad y la reparación sobre los sucesos de los Sanfermines de 1978 y la muerte de Germán ―lo hacemos y estamos seguros de que así se recibirá también por parte de las víctimas―, pero esa voluntad a la que me he referido anteriormente debe ir acompañada de hechos, señor Torres. Quiero subrayar, por ejemplo, la primera reunión que el 20 de febrero de este mismo año se mantuvo con la representación de la Asociación memorialista Sanfermines 78: Gogoan!, entre ellos el propio hermano de Germán Rodríguez, con la fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, junto a dos fiscales adscritos a su unidad; en esta reunión se encontraba el propio hermano de Germán. Se trata de la primera vez, en cuarenta y seis años, que un órgano de la Administración del Estado ha accedido a mantener una reunión conjunta, al objeto de que los familiares de Germán Rodríguez y la propia asociación hayan podido exponer su opinión y entregar a una parte de la Fiscalía de la sala un dosier específico sobre aquellos sucesos para su estudio.

Es un primer paso, sí, un primer paso para responder a la necesidad de abordar todo ello con el objetivo de construir la memoria inclusiva que se reivindica, pero no puede ser el último paso, señor ministro, porque es necesario conocer todos los documentos de aquellos días que aún obran en manos de los diferentes ministerios del Gobierno y en manos de la policía. Es necesario que su ministerio abra un canal con la familia para conocer de primera mano su historia y escuchar sus reclamaciones. Es necesario el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, como usted ha hecho alusión, en su globalidad y se atienda a las víctimas olvidadas que, junto a Germán, aún esperan un trato justo y digno por parte de este Gobierno. Es hora de que, por fin, los familiares de Germán encuentren en usted la verdad y el reconocimiento que tantas veces les ha sido negado. Es una cuestión de principios democráticos y de justicia.

Creo que sus palabras pueden iniciar un nuevo camino, así lo creo. Creo que hoy puede abrirse un nuevo camino por el que transitar, porque todas las víctimas que han sufrido vulneración de derechos, todas, merecen su atención y respeto, al igual que merecen el nuestro.

Señor Torres, termino agradeciendo desde aquí a la familia de Germán y a la Asociación Sanfermines 78: Gogoan! todo el trabajo que durante años, durante demasiados años, diría yo, han realizado en favor de la verdad y de la justicia, pese a todos los obstáculos y lo duro que ese camino ha sido para ellos y para ellas.

Mila, mila esker erakutsitako kemenagatik eta duintasunagatik.

Muchas gracias por todo el valor que habéis demostrado y por vuestra dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos)

Muchísimas gracias, presidente.

Señora Pozueta, recojo todas sus peticiones. Me parece, además, que son coherentes, necesarias y absolutamente justas. Esclareceré las respuestas que el Gobierno de España no haya dado en los años precedentes. Entiendo absolutamente su intervención, agradezco también el tono y reconozco, como digo ―va a haber una moción fruto de esta interpelación―, que son reclamaciones absolutamente necesarias. Dicho esto, también habría otras preguntas difíciles de responder. Una de ellas es si podríamos, teniendo en cuenta los avances que estamos haciendo memoria democrática, ir más allá, con responsabilidades que están fuera de nuestro ámbito. Estoy convencido que si hiciéramos eso, los negacionistas —‌que los hay, incluso aquí dentro— no tardarían en señalar que nos estamos arrogando facultades que no son las propias de nuestra responsabilidad.

Digo con honestidad que los pasos que estamos dando en lo relativo a los sucesos de San Fermín del año 1978, como los que también hemos dado en VitoriaGasteiz con respecto a los acontecimientos del año 1976, son pasos importantes, grandes pasos en el camino correcto que sitúan al Estado donde debiera estar. Entiendo que usted me pida que concrete más, que materialice el compromiso del Gobierno, y agradezco también su confianza en que lo vayamos a hacer y lo haremos, en la labor que tenemos por delante. Es verdad que hemos utilizado buenas palabras, pero es que en ocasiones hasta las buenas palabras son mucho frente a actos como los que ya he denunciado, que acontecieron ayer mismo en un parlamento autonómico. Concretaré que, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estableceremos esa coordinación adecuada con el Gobierno foral para mejorar esa labor de coordinación y realizar el trabajo de reparación a las víctimas y sus familiares y entidades que las representen, conscientes de que hubo una violencia, como ya he dicho, que fue sistemática y sistémica de agentes del Estado, más allá del periodo de la Dictadura, contra quiénes lucharon precisamente por la consolidación de una democracia de la que hoy podemos disfrutar.

Dije también, y es mi segundo compromiso, que vamos a remitir al Consejo de Estado el borrador del real decreto del Consejo de la Memoria Democrática, que está ya terminado, y ahí pondremos en marcha una comisión relativa a las violaciones de los derechos humanos más allá de la dictadura de Franco. Añadimos la posibilidad que nos abre el artículo 6 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce, como ya he dicho, el derecho, como ya se hace por la comunidad navarra, a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal.

Regreso hace unos días de México. Tras ochenta y cinco años de embarcar en los llamados barcos del exilio, en los que muchísimos españoles, 25 000, llegaron a México, sus familiares, e incluso algunos de los que iban en esos barcos, recibieron estos días —‌ochenta y cinco años después— una declaración de reparación y reconocimiento. Le puedo asegurar que fue un acto tremendamente emotivo de reparación, de justicia y de verdad y, por tanto, idéntico derecho tienen también los familiares de las víctimas de los sucesos de San Fermín del año 1978.

No me queda más que agradecer la interpelación que usted ha trasladado hoy, pues es síntoma de salud democrática que podamos debatir en este Pleno mejorar las cosas, exigir la labor del Gobierno en cuanto es nuestra responsabilidad y hacerlo de una manera absolutamente distinta a debates que estamos teniendo en algunas comunidades sobre memoria, que lo que pretenden es que se convierta en olvido. No lo vamos a permitir. Seguiremos siendo un dique de contención frente a los que quieren darle la vuelta a la historia para solamente conocer su particular punto de vista. Tenemos todavía muchísimo camino por andar para reconocer a las víctimas que perdieron la vida para conseguir nosotros una democracia que tenemos que preservar y defender como un valioso legado que nos dieron, incluso, con su sangre y su sacrificio.

Muchísimas gracias. (Aplausos).