Rafael Antonio Hernando Fraile
Señorías, la semana pasada el señor Sánchez sostenía en la cumbre sobre Ucrania que un país no puede anexionarse un territorio que no es suyo. Comparándolo respecto de su posición con el Sáhara, esa afirmación podría ser atribuible a otro cambio de opinión del señor Sánchez con el que afrontar una nueva coyuntura; sin embargo, es una afirmación que responde al principio de respeto a la legalidad internacional, pero también a los derechos de los pueblos afectados por procesos de descolonización.
El contencioso del Sáhara sigue siendo una de las más lacerantes asignaturas pendientes de la comunidad internacional que, sin embargo, tuvo uno de sus hitos más esperanzadores para el pueblo saharaui en la MINURSO, puesta en marcha por el Consejo de Seguridad de la ONU, un proceso que debería concluir con un referéndum en el que el pueblo saharaui determinara voluntariamente su destino. Desde la Transición, todos los gobiernos españoles mantuvieron la neutralidad y, después, el respaldo al proceso, acompañado de una incuestionable actitud de respeto y amistad hacia las partes afectadas y nuestros vecinos del sur. Aunque no exento de dificultades, todos los presidentes tuvieron una consideración especial hacia Marruecos hasta el punto en que todos ellos la primera visita oficial que realizaron fue precisamente al Reino de Marruecos. Todos hasta la llegada al poder del señor Sánchez.
Su narcisismo y arrogancia hacia esa tradición fue interpretada como un gesto de desprecio por el reino alauita, que fue respondido con el cierre de las aduanas de Ceuta y Melilla en el mes de agosto. Al año siguiente se prohibiría el comercio atípico, intentando estrangular la economía de ambas ciudades. Así, señorías, las relaciones con Marruecos fueron deteriorándose, hasta que el caso Ghali inicia una tormenta diplomática que desata una agresión híbrida contra España en mayo de 2021 plasmada en tres hechos. El primero, la invasión de Ceuta y Melilla por parte de miles de personas que reventaron la frontera. El segundo, la retirada de la embajadora. Y el tercero, la intromisión maliciosa en los teléfonos del presidente hasta en dos ocasiones, y también en los de los ministros de Exteriores, de Defensa y del Interior.
El hecho del hackeo a los teléfonos del presidente fue ocultado durante todo un año. Solo fue comunicado a la opinión pública española en mayo de 2022 como cortina de humo cuando se conoció que el Gobierno socialista había hackeado también con Pegasus el teléfono del presidente de la Generalitat catalana en 2019 mientras que el señor Sánchez negociaba con su partido su investidura. Así, señores de Esquerra, a ustedes les pasa lo que les pasa. Pierden el Gobierno de Cataluña, son relegados a la insignificancia en generales y europeas, y nada peor les puede pasar. Con amigos como estos, no necesitan siquiera los de Junts. (Aplausos).
Previamente se habían producido algunos hechos relevantes que hasta el más ingenuo no tendría dudas en atribuir a la información incautada, información que, como confesó la propia ministra de Defensa, no afectaba a la seguridad del Estado —no había información reservada o clasificada en esos teléfonos—, sino a la seguridad personal de los titulares de estos. Es decir, señorías, el Gobierno autor de la infección —según sospechan Francia y el propio Parlamento Europeo, pero que el Gobierno ampara entorpeciendo la acción del juez Calama— no poseía información capaz de chantajear al Estado, pero sí a los titulares de los teléfonos, y eso justifica lo que sucedió. Al mes siguiente de la intromisión, el 10 de julio, y tras solicitarlo Marruecos, la ministra Laya es destituida.
Lo más grave ocurre en marzo del año siguiente. Sin conocimiento del Consejo de Ministros ni comunicación previa o explicación al Parlamento, contraviniendo el programa electoral del Partido Socialista y sin que en el firmante constaran opiniones similares al respecto, las autoridades marroquíes filtran una carta firmada por el señor Sánchez que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, lo que supone un giro unilateral y copernicano en la política exterior española. Una carta que no fue redactada por el posteriormente cultivador del género epistolar psicodramático, sino emanada de los propios medios del Gobierno marroquí y mal traducida con Google, pero ratificada por el señor Sánchez. Como siempre, ante el desconcierto que eso produjo en el equipo de opinión sincronizada, el Gobierno, con su pequeño Napoleón al frente, trasladó que esto era el precio que pagar por la normalización de la situación con Ceuta y Melilla, y que sería el finiquito definitivo contra las mafias que desde el suelo marroquí trafican con personas, con drogas y con armas.
Pues bien, a pesar de todos los anuncios, bulos y reuniones bilaterales, entre las que se incluye la de la decimosegunda —no doceava, señora presidenta— reunión de alto nivel del año pasado, lo cierto es que las aduanas siguen cerradas a cal y canto y el tráfico de drogas, armas y personas continúa considerado como una de las principales amenazas para nuestra seguridad nacional, como reconoce la Estrategia Nacional de Seguridad Marítima de 2024 que ustedes mismos han redactado y que recientemente pudimos comprobar con el asesinato de los guardias civiles en Barbate.
Ya sabemos que estos giros copernicanos se han convertido en una forma habitual de conducirse el sanchismo. La nomenclatura sanchista lo llama cambios de opinión. Así, un gobierno que sostenía que venía a regenerar la política se dedica a asaltar y a contaminar las instituciones; el que lucharía contra la corrupción va camino de escribir una enciclopedia que comienza con la pandilla del Peugeot, pasa por exculpar el choriceo de los ERE y alcanza hasta el colchón (aplausos); el que decía que pagar impuestos era patriótico enmudeció tras aparecer Elvas, en Portugal, y alcanzó el paroxismo de la corrupción cuando convirtió lo inconstitucional en constitucional tras comprar siete votos para seguir en el poder, señores del PSOE.
Claro, cada vez hay más españoles que, hartos de que Sánchez se ría de todos, rompen su muro y dejan de votarle. El 9-J la amnistía, señorías, fue derrotada. Ustedes y sus apéndices perdieron hasta tres millones de votos. Y no son los pseudomedios ni los jueces, que diría Trump, es sencillamente su estulticia. El sanchismo y sus pertinaces urgencias electorales tras sus derrotas en las urnas han condenado nuestra política exterior a dejar de ser una política de Estado para convertirse en un trampantojo doméstico con el que crispar y polarizar la vida interna del país, pero esto debe de cambiar.
Señorías, en nuestra propuesta solicitamos que España recupere su tradicional postura de mediador responsable conforme a nuestra tradición diplomática y a nuestra posición histórica respecto del Sáhara Occidental; que se reabran de forma inmediata las aduanas de Ceuta y Melilla y se apoye su condición de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea sin que ello afecte a las islas Canarias; que se incremente a su vez la ayuda humanitaria al pueblo saharaui y que se respalden los trabajos del enviado de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, para celebrar el referéndum. Para ello, señorías, es para lo que espero recibir su apoyo. Ya sé que el de algunos no lo conseguiré, pero espero conseguir una mayoría suficiente, coherente con lo que se ha aprobado en la Comisión de Defensa, para poder conseguir que una vez más derrotemos la insustancialidad del Gobierno.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!).