Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el artículo ochenta de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de la Administración Penitenciaria.

Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Socialista trae a debate de este Pleno el reconocimiento, a efectos legales, del carácter de agente de autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, entre otras cuestiones, y por ello, en primer lugar, permítanme trasladar, en nombre de mi grupo parlamentario, el respeto, el reconocimiento y el apoyo a la labor que día a día realizan los funcionarios de prisiones en todos los centros penitenciarios de nuestro país. (Aplausos). En segundo lugar, quiero reconocer el trabajo de sus representantes sindicales legítimos para conseguir, bajo el prisma del diálogo y el acuerdo, que sus reivindicaciones puedan ver la luz de forma definitiva. Señorías, no es la primera vez que debatimos en esta Cámara sobre el reconocimiento del carácter de agente de la autoridad de los funcionarios de prisiones y no voy a perder el tiempo en discutir de forma partidista cuestiones del pasado, ya que lo realmente importante es que hoy de nuevo tenemos la oportunidad todos nosotros y nosotras de impulsar esta modificación legislativa que demandan 26 000 profesionales de nuestro país. Sin duda, el trabajo que desarrollan los funcionarios de prisiones en un entorno cerrado, intramuros, alejado de la visión de la sociedad, del conjunto de los españoles y españolas, impide que sea una labor más conocida y pueda contar con mayor reconocimiento social, que además merecen. Por ello, desde esta tribuna pongo el acento en que su labor es fundamental y se basa en uno de los principios constitucionales, el de la reinserción social de las personas privadas de libertad. A lo largo del periplo democrático de nuestro país y de acuerdo con los sucesivos cambios sociales ocurridos, hemos avanzado en medidas de reeducación social, en iniciativas para mejorar los servicios públicos prestados en los centros penitenciarios, como sanidad o educación, en ampliar derechos tanto de internos como de los propios trabajadores o en impulsar cambios necesarios para mejorar sus condiciones de trabajo. También el compromiso de los trabajadores penitenciarios ha generado importantes avances en la seguridad del conjunto de los españoles y españolas. Por eso, señorías, remarco que es compatible el impulso a las mejoras de reinserción social y a la modificación legal que el Grupo Parlamentario Socialista propone. No debemos olvidar que la tarea de estos trabajadores públicos lleva aparejada riesgos, amenazas, agresiones físicas e incluso fatales desenlaces, como el asesinato de una trabajadora en la cárcel Mas d’ Enric, en El Catllar, Tarragona. Permítanme, con todo respeto, señorías, trasladar desde aquí mi solidaridad y la de mi grupo parlamentario en este caso. (Aplausos).

Señorías, esta proposición de ley que traemos parte del diálogo y del acuerdo con los representantes de los sesenta y nueve centros penitenciarios, los dos hospitales psiquiátricos y los trece centros de inserción social con los que contamos en nuestro país, y quiere contar además con el apoyo máximo en la tramitación para que todos los grupos parlamentarios puedan aportar su impulso y aprobación, y a eso, señorías, es a lo que les emplazo a todos y a todas. Además, permítanme que les invite, por respeto a estos miles de servidores públicos y a su especial tarea, a no realizar desde esta tribuna durante el día de hoy intervenciones hiperventiladas y no montar su teatrillo habitual, ya que estamos hablando de una cuestión de Estado. Este reto consiste en trasladar a la opinión pública un debate sereno, sin distorsiones, sin ruido, poniendo el foco en la política útil de legislar para un colectivo que lo necesita y que nos lo viene demandando desde hace mucho tiempo.

Señorías del Partido Popular, todos sabemos que les cuesta el apoyo a lo público y solo buscan servirse de ello, pero hoy posicionarse en contra de esta proposición de ley es ir en contra de los trabajadores públicos y sus legítimas reivindicaciones (aplausos), así que no caben excusas baratas. Los socialistas ya trajimos este debate la pasada legislatura, apoyamos su propuesta hace escasas fechas en el Senado y hoy traemos una propuesta diferente en contenido, por lo que, como es costumbre en esta Cámara, no hay ningún problema en poderla tramitar en una ponencia conjunta, y, por tanto, señorías, ni hay disfunciones ni hay interferencias. Lo que queda claro es quién se posiciona hoy a favor de los 26 000 trabajadores públicos de prisiones y quiénes, por el contrario, se ponen en contra, y aquí el señor Feijóo hoy se va a retratar. Hoy podemos dar un importante paso para mejorar su situación, y les digo que claro que sí, que claro que sabemos que no es el paso definitivo pero que sí podremos decir que es un paso en la buena dirección para estos trabajadores públicos.

El contenido de la proposición de ley, señorías, con las propuestas que en ella se incluyen, es en parte la respuesta necesaria a las justas reivindicaciones que los trabajadores públicos nos han realizado, y, aunque ya están resueltas en la práctica algunas situaciones por decisiones administrativas, o amparadas en buenas prácticas, carecen del respaldo legal adecuado. La Ley General Penitenciaria fue la primera ley orgánica que se aprobó en unas Cortes democráticas, reflejo en aquel momento del contexto social en el que se vivía, pero, evidentemente, hoy todos podemos reconocer que ni el contexto ni la realidad penitenciaria son los mismos. Por eso estamos obligados a dar respuestas a las demandas de nuestro tiempo, y eso es lo que les proponemos, señorías, tres cuestiones fundamentales en la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que es la base de esta proposición de ley: primero, dotar a los funcionarios de prisiones de su protección como agentes de la autoridad; segundo, introducir el principio de indemnidad, lo que supondrá una garantía más de protección en caso de agresión al funcionario, y, tercero, ampliar la seguridad del personal penitenciario en caso de detención, traslado o encarcelamiento. Estas tres cuestiones, señorías, incluidas en rango normativo de ley orgánica, evitarán en buena medida la redacción de sentencias e interpretaciones dispares, lo que en la actualidad supone una inseguridad jurídica para los trabajadores en el ejercicio de sus funciones públicas. Además, la aprobación de este texto supondrá mayor igualdad entre los propios trabajadores con referencia a otros miembros del Ministerio del Interior, como son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por tanto, es adecuado que se garantice el principio de indemnidad en toda su dimensión, imponiendo a la Administración la obligación de resarcir al personal penitenciario en los supuestos de daños materiales o personales que sufran por el desempeño de su actividad profesional, siempre que no haya mediado dolo, negligencia o impericia grave.

La regulación del personal de Instituciones Penitenciarias está establecida en el Título VI de la Ley General Penitenciaria y en el TREBEP. También es necesario reconocer desde esta tribuna que los cuerpos de prisiones están regulados por la Ley 39/1970, de 22 de septiembre, sobre Reestructuración de los Cuerpos Penitenciarios. Por tanto, señorías, también hoy desde esta tribuna los socialistas decimos claramente que es necesario generar una nueva ley de cuerpos, que sea referente para el futuro de la institución y esté sustentada en principios legales sólidos y constitucionales, y no en interpretaciones normativas interesadas de parte o partidistas, además de contener presupuestos objetivos y razonables. Por eso, desde aquí traslado y tiendo la mano al diálogo con los representantes sindicales, y también desde aquí pido al Gobierno —‌y seguro que así lo hará— que sea sensible con esta justa demanda de los trabajadores.

Respecto de la figura de agente de la autoridad, siendo conocedores de que el artículo 550 y siguientes del Código Penal vigente ya prevén y protegen a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias frente a agresiones con la misma pena que los reconocidos como agentes de la autoridad, señorías, seamos consecuentes. Sabemos que este argumento ha sido defendido por algunos grupos parlamentarios en debates semejantes para defender que no es necesaria esta aplicación, pero, señorías, con todo el respeto, también les digo que es necesario en una norma explícita o en una norma concreta este reconocimiento, como hoy planteamos, para asegurar la protección que su condición les otorga frente a las agresiones de las que puedan ser objeto. Y de la misma manera, creemos necesario dar a sus manifestaciones o informes relevancia probatoria para que puedan ser considerados como suficientes para adoptar la resolución que proceda, excepto prueba en contra en los procedimientos disciplinarios. Y, en cuanto a la necesidad de garantizar la separación del resto de los detenidos en caso de detención —‌como tercer punto importante— en el supuesto de ser ingresados en prisión y estar bajo custodia, deberá realizarse separados de otros reclusos con el fin de salvaguardar su integridad física, ni más ni menos que lo que tiene el resto del personal del Ministerio del Interior. Así que, señorías, mejorar la protección de los funcionarios de prisiones es igualar su condición a otros colectivos dependientes del Ministerio del Interior, en función del el Real Decreto Legislativo 5/2015, el TREBEP, como nos han demandado en muchas ocasiones.

Y, si todo lo anterior es importante, también quiero destacar, señorías, dos relevantes acciones que el actual Gobierno del presidente Sánchez ha realizado en estos dos últimos años: en primer lugar, la necesaria dotación de medios personales y materiales, con un incremento de la plantilla para la que los presupuestos generales del Estado han contemplado una tasa de reposición del 110 % y el 120 % respectivamente, un incremento histórico, tan necesario para cubrir las vacantes existentes en los centros y que, como ya saben, ha llegado a más de 26 000 trabajadores, y todo ello, como saben, por la herencia del Gobierno del Partido Popular. Asimismo, conviene destacar que en marzo de 2023 la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado acordó la revisión del modelo organizativo de la Administración penitenciaria, siendo apoyada bajo el prisma del diálogo y el acuerdo por los sindicatos ACAIP-UGT, Comisiones Obreras y CSIF, con la adhesión posteriormente de CIGA. Todo ello supone un importante avance organizativo y retributivo, con la creación de dos nuevos complementos salariales, el complemento del siglo XXI y el complemento de extrapeninsularidad. Todo ello, contante y sonante, supone un incremento de media del 10 % del total de las retribuciones, lo que en muchos puestos de trabajo supera el 20 % del complemento específico. Así que, señorías, trabajo realizado: aumento de plantillas y subidas salariales, bajo el prisma que el Gobierno pone siempre sobre de la mesa, el acuerdo y el diálogo.

Termino. Señorías, como expuse al principio de mi intervención, sabemos que hay que dar más pasos para conseguir el reconocimiento del cuerpo de funcionarios de prisiones, pero este es un paso crucial, y el personal de vigilancia, de interior, el personal sanitario, los técnicos, los juristas, los psicólogos, todos los trabajadores sociales y el resto de personal que compone el colectivo hoy nos están mirando a todos y a todas para saber quiénes lo apoyan y quiénes no lo apoyan. Desde el Grupo Parlamentario Socialista no vamos a parar en el empeño defender iniciativas que atiendan sus demandas, concretas y ajustadas a la realidad. Debatiremos y discutiremos las veces que sea necesario, incluso desde posiciones alejadas, pero siempre con ánimo constructivo. Así que a todo ello estamos emplazados esta tarde, señorías, a dar un paso adelante, y, si el Partido Popular del señor Feijóo busca excusas baratas para no apoyarlo, quedará retratado, estando en contra de 26 000 trabajadores públicos en nuestro país.

Muchas gracias, señorías. Y espero que así sea. (Aplausos).

Señorías, Coalición Canaria votará sí, por supuesto que votará sí, porque es de justicia. Pero no nos hagamos trampas. Ya se ha dicho aquí: en el año 2020 también se votó, pero la ponencia durmió el sueño de los justos y nunca se concluyó. Hoy queremos tener la garantía de que esto no va a ocurrir, queremos tener la garantía de que, efectivamente, este primer paso no es solo uno, sino el primero para que se produzca ese reconocimiento.

Tengo que manifestarles mi sorpresa cuando algunos grupos de trabajadores de prisiones de Canarias me escribieron manifestándome su pesar, por decirlo de alguna manera, por algunas de las cuestiones que se recogen en el texto. Consideran que plantear ahora el principio de veracidad viene a decir que, hasta que esto no se apruebe definitivamente, no hay principio de veracidad, algo que tiene todo funcionario y que, desde luego, en el caso de estos debería bastar con la relación de los hechos. También tienen dudas porque en este documento entienden que se habla de funcionarios pertenecientes a cuerpos y escalas de instituciones penitenciarias, es decir, que, efectivamente, sea aplicable a todos, absolutamente todas y todos los trabajadores de prisiones.

Nosotros creemos que este reconocimiento, siendo un paso importante, no resuelve la tensa y conflictiva situación que se está produciendo en las instituciones penitenciarias. La falta de médicos, la falta de enfermeros —‌quienes, desde luego, tienen mejores oportunidades y retribuciones en las comunidades autónomas— genera una tensión insoportable en nuestras prisiones. La falta de unidades de psiquiatría, la falta de atención a los grandísimos problemas de salud mental que tienen presos y presas generan muchas de las agresiones que se viven. Sin duda, quedan reformas urgentes en muchas instalaciones, que hacen que los presos y las presas se encuentren en circunstancias de difícil convivencia.

Pero también tenemos que hablar de que el incremento de los precios de la cesta de la compra ha hecho que en muchas de las prisiones los menús contratados externamente carezcan de calidad y cantidad. Hay prisiones, como la de Tenerife II, que no tienen depósitos de agua propios. ¿Y ustedes saben qué pasa cuando hay una crisis hídrica y se producen cortes de abastecimiento a los vecinos? Que la prisión no tiene agua. ¿Creen ustedes que todos estos asuntos no van a generar agresiones, conflictos y tensiones, aunque aprobemos el reconocimiento de agentes de autoridad a sus trabajadores? Son muchas las cosas que hay que resolver en el ámbito penitenciario si de verdad se quiere poner coto a las agresiones, a los conflictos, a las peleas que tienen que sufrir los trabajadores de estas instituciones.

Los trabajadores de prisiones de Canarias han visto cómo se ha actualizado la retribución que se ofrece a los funcionarios desplazados, la indemnización por lejanía en el caso de los profesionales de la justicia, pero no para los profesionales de prisiones, y es una actualización que venimos pidiendo y que sigue sin producirse. Eso, desde luego, evita la estabilización de plantillas. Por ejemplo, ven que es muy difícil alquilar una vivienda en un territorio como el nuestro, cuando ni siquiera se les actualiza una retribución a la que tienen derecho, y, en cambio, para otros funcionarios sí se hace.

Con este escenario no podemos darnos por satisfechos. Hoy mismo, las emisoras de radio y los periódicos canarios amanecen con otra agresión. No podemos darnos por satisfechos con este acuerdo, que, insisto, vamos a apoyar. Hay muchas medidas pendientes y queremos que se tomen muy en serio. Yo misma he trasladado al ministro Marlaska estas situaciones de las prisiones de Canarias, las de ambas provincias, y, aunque hoy cuentan con nuestro apoyo, vamos a estar muy pendientes. No nos hagamos trampas. Hacerles agentes de la autoridad puede mejorar la situación en caso de agresión, pero aquí deberíamos trabajar para que estas agresiones no se produzcan, para que no sigan sometidos a problemas de personal, a problemas de cualificación, a problemas de salud, a problemas de reformas en instalaciones y, desde luego, a no tener una retribución justa por el trabajo que desempeñan.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. En las últimas legislaturas hemos debatido sobre el objeto de esta proposición en repetidas ocasiones a iniciativa de distintos grupos parlamentarios de la Cámara, sin que finalmente y por distintos motivos hayan tenido acomodo en la Ley Orgánica General Penitenciaria. En todas las ocasiones el Grupo Parlamentario Vasco ha votado favorablemente su toma en consideración, al igual que hoy lo haremos con la debatida, que es prácticamente idéntica, como ya se ha dicho, a la que a instancias del Grupo Parlamentario Socialista debatimos en la pasada legislatura y que la Cámara tomó en consideración. Con esta proposición de ley se pretende modificar el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria, subyaciendo la voluntad de mejorar la protección jurídica del personal funcionario penitenciario frente a agresiones de terceros a fin de atender a algunas de las reclamaciones que viene planteando desde hace tiempo ese personal como garantía laboral tanto en sus funciones de vigilancia y custodia, como de reeducación y reinserción o de atención sanitaria de presos y penados, para así garantizar con ellas el orden y el régimen interior. Sin duda, señorías, tal y como dijimos en el pasado, la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria trata de medidas que merecen ser debatidas e implementadas pero que no parece que por sí solas puedan determinar la reducción de la conflictividad en los centros penitenciarios, que parece estar relacionada con otros factores, como las condiciones de vida y habitabilidad, el dimensionamiento de las plantillas del personal y otros instrumentos, como la evaluación y mejora de los protocolos de prevención y actuación frente a agresiones e incluso el tratamiento del gravísimo problema de la salud mental dentro de las prisiones de una parte relevante de los presos y penados.

Señorías, por lo que hace al contenido concreto de la iniciativa en sus dos aspectos fundamentales, como lo son la declaración como agentes de la autoridad de los funcionarios de prisiones y el dotar de relevancia probatoria a sus manifestaciones e informes sobre los hechos presenciados en procedimientos administrativos sancionadores, quisiera manifestar que, en nuestra opinión, aunque jurídicamente no sean tan relevantes por poderse derivar de otras disposiciones del ordenamiento jurídico aplicables, suponen un reconocimiento positivo simbólicamente para reforzar el principio de autoridad en los centros penitenciarios y la actuación de sus funcionarios a la hora de desarrollar su trabajo, consistente en mantener la buena convivencia, preservar los derechos de las personas internas y facilitar su trabajo en pos de la reinserción y resocialización de las personas penadas. Señorías, consideramos que es indispensable asegurar el principio de autoridad para el pleno funcionamiento de los centros penitenciarios, y para ello debe partirse de la confianza en el buen hacer y neutralidad de los funcionarios a la hora de desarrollar su actividad, pues sin esa confianza se contribuye a su desmotivación y se genera un sistema relacional basado en la confrontación o la queja, que no fomentan precisamente la responsabilización de las personas internas, de forma contraproducente para el tratamiento resocializador, y sin que todo ello haya de suponer menoscabo al modelo garantista que articula nuestro sistema penitenciario a través de múltiples controles, como los procedimientos de quejas y recursos ante la administración penitenciaria, la intervención de las distintas defensorías del pueblo, la inspección penitenciaria, recursos ante la jurisdicción penal y otras tantas garantías.

En cuanto al valor probatorio de los informes de los funcionarios respecto de los hechos presenciados en los procedimientos sancionadores, que en otras ocasiones han suscitado críticas por parte de algunos grupos parlamentarios de la Cámara, quiero señalar que esta presunción, por ser iuris tantum, admite prueba en contrario, sin que exima a los funcionarios de aportar al expediente todos los elementos probatorios, en línea con lo ya establecido en el artículo 775 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo General. Además, hay que señalar que estos informes no eclipsan la constitucional presunción de inocencia ni gozan de una absoluta preferencia probatoria acerca de la verdad de los hechos que haga innecesaria la formación de la convicción por la autoridad sancionadora, sea administrativa o judicial, de suerte que la falta de credibilidad de una denuncia, a la vista de otras circunstancias concurrentes, no permitiría sustentar una sanción. Por último, quiero recordar que en vía judicial las actas incorporadas a un expediente sancionador no gozan de mayor relevancia que los demás medios de prueba admitidos en derecho, y por ello no han de prevalecer necesariamente frente a otras pruebas que conduzcan a conclusiones distintas.

Voy finalizando, señorías y presidenta. Votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, sin perjuicio de que en trámites sucesivos propongamos ajustes en su texto, singularmente en las indefiniciones que presenta, a la vista de las distintas administraciones penitenciarias existentes y sin que lo señalado suponga una objeción a que el artículo 80 contenga unas bases mínimas sobre el carácter funcionarial de los cuerpos y escalas penitenciarias, o, como se llaman, de ejecución penal de los tres ámbitos institucionales penitenciarios —‌Administración General del Estado, el catalán y el vasco—, y tampoco ponemos en cuestión su carácter de agente de la autoridad o la remisión al régimen contenido en el Estatuto Básico del Empleado Público.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Arratsalde on, buenas tardes, señorías. Antes de comenzar, me gustaría hacer una reflexión. Hemos visto cómo está propuesta y varias similares se han traído en otras legislaturas y es cierto que han quedado en el armario de asuntos pendientes. Hemos visto también cómo en las últimas semanas el Grupo Socialista ha cambiado de táctica parlamentaria y, para no perder algunas votaciones, lo que ha hecho ha sido apoyar propuestas que traía el Grupo Popular, sumándose a ellas. Hoy vemos algo también curioso, y es que, queriendo adelantarse a una propuesta que viene del Senado, del Grupo Popular, ustedes la presentan para que salga hoy aprobada. Y esto es curioso, como es curioso también que ustedes hayan cambiado de opinión sobre el fondo del asunto. Ustedes no opinaban así. ¿Qué ha ocurrido para que cambien de criterio? Desde un punto de vista de izquierdas garantista y de derechos, ¿en qué beneficia esta propuesta? ¿En qué va a beneficiar tanto a los funcionarios y funcionarias como a los internos e internas? En nada.

Es obvio que hay una situación compleja en los centros penitenciarios, pero, como ya han adelantado otros portavoces, no es debido a que los funcionarios sean o no agentes de la autoridad, es debido a las condiciones en las que están esos centros penitenciarios y, también, como decía la portavoz de Coalición Canaria, a la falta de medios médicos, especialmente de salud mental, en la mayoría de centros penitenciarios. Es ahí donde habría que hacer un esfuerzo.

En lo relativo a los agentes de la autoridad, en el marco europeo hay diferentes calificaciones para los funcionarios, en algunos Estados son agentes de la autoridad y en otros no. ¿Hay menor conflictividad y agresiones en aquellos Estados donde los funcionarios son agentes de la autoridad? No. ¿A qué está ligado? Está ligado al modelo de reinserción y de rehabilitación. Por eso podríamos seguir poniendo de ejemplo los modelos nórdicos como antaño, porque es ahí donde menor nivel de conflictividad hay y no están reconocidos los funcionarios como agentes de la autoridad. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿para qué sirve esta propuesta? ¿Qué fin tiene? Si es bajar las agresiones y la conflictividad, parece que no es el instrumento idóneo. ¿O es únicamente simbólico? Porque yo creo que va más en esa línea.

Los funcionarios de prisiones, especialmente los de vigilancia, ya son agentes de la autoridad a efectos de protección penal frente a las agresiones que puedan recibir, según la disposición segunda de la Ley Orgánica General Penitenciaria, pero hay que tener en cuenta, además, la jurisprudencia y la legislación penal penitenciaria y que también se reconoce esta figura en las instrucciones y en las circulares.

Entonces, ¿qué quieren conseguir con esto? ¿Una medida meramente simbólica que no va al fondo del asunto? ¿Por qué no nos fijamos en los informes que ha hecho el Comité para la Prevención de la Tortura en sus visitas a España en los últimos años? Ha hecho también recomendaciones sobre los casos de maltrato. ¿Ahí no hay que hacer ningún esfuerzo? ¿No hay que poner medidas? No, se refuerza o se quiere reforzar a los funcionarios como agentes de la autoridad, lo que en algunos casos —n‌ o en todos, obviamente— podría también ser un riesgo. Ese autoritarismo no va en la vía de la reinserción y la rehabilitación, va en una vía punitiva contraria.

Volviendo a como iniciaba mi intervención, el pasado año ha habido más de cinco mil agresiones dentro de las prisiones entre internos, que han aumentado en los últimos años como consecuencia de las circunstancias internas de las prisiones y de la falta de medios sanitarios, psicológicos y psiquiátricos. Ha habido quinientas agresiones a funcionarios, diez de ellas graves. Pero si vamos al marco europeo y comparamos cuál es el nivel de conflictividad en las prisiones, no está España entre los países en los que más agresiones hay. Han aumentado porque son reflejo del perfil de los internos y de la realidad social, pero, como decía, sobre todo, por la falta de medios que hay en las prisiones.

Nosotros nos oponemos a esta medida desde un planteamiento de izquierdas progresista, que tiene en cuenta también parámetros científicos sobre cuáles son las medidas que funcionan y cuáles no. Esto no quiere decir que los funcionarios no deban tener medios materiales, formación y preparación en el clima y ante las situaciones que se encuentran; pero esta medida, que es una medida de derechas y no es propia de una formación de izquierdas, busca un fin meramente simbólico, sin ir al fondo de la realidad que se vive en las prisiones del Estado. Por eso yo les pediría que dejen de poner parches y de mirar de reojo al Partido Popular para ver lo que hacen, porque si acaban defendiendo lo mismo que el Partido Popular, pues será bastante probable que les ganen a ustedes, porque de otra manera daría la sensación de que están conformando una groze coalizione al traer las mismas medidas que trae el Partido Popular. Ya les digo que está muy alejada de parámetros progresistas, de reinserción y de rehabilitación y no va al fondo del asunto.

Para acabar, obvia también una realidad, como es que la Ley Orgánica General Penitenciaria tiene ya cuarenta y cinco años y que en ese momento había una administración única; en este momento hay tres administraciones penitenciarias, es más, tendría que haber cuatro, porque, según la ley de amejoramiento del Fuero navarro, es una de las competencias pendientes de transferir a la Comunidad Foral de Navarra. Por eso también tiene un aspecto recentralizador.

En definitiva, por lo que decía, por ser una medida más propia de la derecha que de los parámetros que ha defendido siempre la izquierda, votaremos en contra.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Hem iniciat aquest ple amb el debat de la presa en consideració de la modificació de la Llei 1/1979 per reconèixer a efectes legals el caràcter d’agents de l’autoritat als funcionaris de presons.

Com han dit, jo crec, tots els grups que han intervingut abans que jo, aquesta no és la primera vegada que es tramita una modificació en aquest sentit. Així, durant l’anterior legislatura, una proposició del mateix grup, amb un text pràcticament calcat, ja va ser presa en consideració en aquesta cambra amb el vot favorable de Junts per Catalunya, defensat amb gran rigor pel nostre company, el diputat llavors, Josep Pagès.

Val a dir que, en el nostre programa electoral del 23-J, en el punt relacionat amb les millores de les condicions laborals dels funcionaris i el personal laboral de presons, recollíem com a mesura destacada la de promoure les modificacions legislatives necessàries per reconèixer al col·lectiu dels funcionaris de presons catalans la condició d’agents de l’autoritat. Més enllà del nostre programa, persones amb responsabilitats penitenciàries a l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en diferents moments, han fet valoracions positives de les iniciatives que han perseguit aquesta finalitat que avui tornem a tenir sobre la taula, persones molt properes, políticament, al que els parla, com en Sergi Blàzquez, que va ser secretari de Mesures Penals, i a qui agraeixo la col·laboració i les aportacions que m’ha fet per preparar aquesta intervenció. Però també d’altres vinculades a opcions polítiques que sovint no han vist la mesura amb bons ulls, com l’actual secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, el senyor Amand Calderó, el qual ratifica la transversalitat de la iniciativa.

En aquest debat, també cal tenir present que nosaltres sempre fem referència al sistema de presons de Catalunya d’acord amb les competències que en matèria penitenciària vam assumir el 1984 i que han configurat un model singular en relació a la resta de l’estat. Un model d’execució basat en els principis de rehabilitació i reinserció, on qui persegueix el delicte no és qui s’encarrega del compliment de la pena. Així, qui assumeix l’execució penal i la rehabilitació no és la Conselleria d’Interior, sinó la Conselleria de Justícia.

Aquest sistema, el català, és referent, com els deia, per això mateix, per centrar l’execució penal en la rehabilitació i la reinserció, minimitzant la intervenció coercitiva i afavorint els tercers graus i la llibertat condicional. I aquest fet no ha d’estar, en cap cas, renyit amb el que es proposa avui. Les mesures que els deia han comportat i comporten un retorn social constatat en una menor reincidència. Però també és cert que, alhora, exigeixen una major inversió, especialment pel tractament individualitzat que es fa dels presos i les preses. En aquest sentit, és imprescindible que el règim previst a l’article 80 sigui compatible amb la creació d’un cost especial de funcionaris penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, on s’asseguri la necessària vinculació dels drets i deures. Perquè és evident que el nostre model descansa, en bona part, en els servidors públics que durant aquestes quatre dècades han demostrat el seu compromís.

Mirin, en el darrer període que Junts vam tenir responsabilitats en el Govern de la Generalitat, la consellera Ciuró, que anteriorment havia estat diputada d’aquesta cambra, va liderar des del Departament de Justícia la priorització de la formació, de l’estabilització i el diàleg amb els funcionaris penitenciaris i amb els seus representants sindicals. I ho va fer buscant solucions en temes tan rellevants com la jubilació anticipada dels funcionaris de presons, la renovació de les condicions laborals i, evidentment, la demanda de la condició d’agents de l’autoritat, una condició que llavors, com passa avui, des de Junts per Catalunya, vèiem i continuem veient com un reconeixement a aquests funcionaris, un reconeixement que els igualaria als docents, els agents rurals, els bombers o el personal mèdic de la sanitat pública. Donaríem també, per què no dir-ho, resposta a una de les principals reivindicacions de les mobilitzacions que es van produir el passat mes de març, després que un pres assassinés la Núria López, cuinera de Mas Enric.

En cas que prosperi aquesta presa en consideració, des de Junts per Catalunya ja els anunciem que vetllarem perquè aquesta modificació, primer, no desvirtuï el model penitenciari català; segon, no representi una centralització encoberta que afecti a les competències de la Generalitat, i tercer, perquè no sigui un llast econòmic pel Govern de Catalunya. Perquè, com ha passat tantes vegades, el mal finançament de la seva aplicació, si no està a l’alçada de l’augment de cost que representarà, doncs generarà un problema.

Per tant, en la tramitació legislativa, en cas de prosperar, negociarem un cop més la clàusula catalana, i presentarem les corresponents esmenes perquè no passi res del que els acabo d’anunciar i aquesta iniciativa acabi sent una veritable millora. Gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Se ha iniciado este Pleno con el debate de la toma en consideración de la modificación de la Ley 1/1979, para reconocer a efectos legales el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones. Como han dicho ya todos los grupos que han intervenido antes de mí, esta no es la primera vez que se tramita una modificación en este sentido. Durante la anterior legislatura, una proposición del mismo grupo, con un texto prácticamente calcado, ya fue tomada en consideración en esta misma Cámara con el voto favorable de Junts per Catalunya, defendido con gran rigor por nuestro compañero y entonces diputado Josep Pagès. Hay que decir que en nuestro programa electoral del 23-J, en el punto relacionado con las mejoras de las condiciones laborales de los funcionarios y el personal laboral de prisiones, recogíamos como medida destacada la de promover las modificaciones legislativas necesarias para reconocer al colectivo de los funcionarios de prisiones catalanes la condición de agentes de la autoridad. Más allá de nuestro programa, personas con responsabilidades penitenciarias en la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya en distintos momentos han hecho valoraciones positivas de las iniciativas que han perseguido esta finalidad que hoy volvemos a tener sobre la mesa. Personas muy cercanas políticamente a un servidor, como Sergi Blàzquez, que fue secretario de Medidas Penales y a quien agradezco la colaboración y las aportaciones que me ha hecho en la preparación de esta intervención. Pero otros, también vinculados a opciones políticas, a menudo no han visto la medida con buenos ojos, como el actual secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, el señor Amand Calderó, lo que ratifica la transversalidad de dicha iniciativa. En este debate hay que tener presente también que nosotros siempre hacemos referencia al sistema de prisiones de Cataluña, conforme a las competencias que en materia penitenciaria asumimos en 1984 y que han configurado un modelo singular en lo que respecta al resto del Estado; un modelo de ejecución basado en los principios de rehabilitación y reinserción, donde quien persigue el delito no es quien se encarga del cumplimiento de la pena. Así pues, quien asume la ejecución penal y la rehabilitación no es la Consejería de Interior, sino la Consejería de Justicia. Este sistema, el catalán, es referente —‌como les decía— por centrar precisamente la ejecución penal en la rehabilitación y la reinserción, minimizando la intervención coercitiva y favoreciendo los terceros grados y la libertad condicional. Este hecho en ningún caso debe estar reñido con lo que se propone hoy aquí. Las medidas que mencionaba conllevan y siguen conllevando un retorno social constatado en una menor reincidencia, pero es cierto también que exigen una mayor inversión, en particular por el tratamiento individualizado que se hace de los presos y presas. En este sentido, es imprescindible que el régimen previsto en el artículo 80 sea compatible con la creación de un cuerpo especial de funcionarios penitenciarios de la Generalitat de Catalunya, donde se asegure la necesaria vinculación de derechos y deberes, porque es evidente que nuestro modelo descansa en gran parte en los servidores públicos, que en las últimas cuatro décadas han demostrado su compromiso. En el último periodo en que Junts tuvo responsabilidades en el Gobierno de la Generalitat, la consejera Ciuró —‌que anteriormente había sido diputada en esta Cámara— lideró desde el Departamento de Justicia la priorización de la formación, la estabilización y el diálogo con los funcionarios penitenciarios, así como sus representantes sindicales. Y lo hizo buscando soluciones en temas tan relevantes como la jubilación anticipada de los funcionarios de prisiones, la renovación de las condiciones laborales y, obviamente, la demanda de la condición de agentes de la autoridad; una condición que entonces, como ocurre hoy, desde Junts per Catalunya valorábamos y seguimos viendo como un reconocimiento a estos funcionarios; un reconocimiento que les igualaría a los docentes, agentes rurales, bomberos o al personal médico de la sanidad pública. Y, por qué no decirlo, daríamos así también respuesta a una de las principales reivindicaciones de las movilizaciones que se produjeron el pasado mes de marzo, después de que un preso asesinara a Nuria López, cocinera de Mas d’Enric. En caso de que prospere esta toma en consideración, desde Junts per Catalunya ya les anunciamos que velaremos para que esta modificación, primero, no desvirtúe el modelo penitenciario catalán; en segundo lugar, que no represente una centralización encubierta que afecte a las competencias de la Generalitat, y, tercero, que no sea un lastre económico para el Govern de Catalunya, porque, como ha pasado tantas veces, la mala financiación de su aplicación, si no está a la altura del aumento de coste que va a representar, generará un problema.

Por lo tanto, en la tramitación legislativa —‌en caso de que prospere— negociaremos una vez más la cláusula catalana y presentaremos las correspondientes enmiendas para que no pase nada de lo que les acabo de anunciar y esta iniciativa acabe siendo una verdadera mejora.

Gracias.

Sí, bona tarda, diputades. Bona tarda, diputats. S’ha dit per activa i s’ha dit per passiva, ho torno a repetir: això ja ho hem vist. Ho vam veure la passada legislatura. Per tant, soc perfectament conscient que el vot que avui exercirem en aquesta cambra no servirà de res, perquè ens posicionarem en contra, però sabem perfectament que hi ha la quiescència no només del grup proposant, sinó també del PP, de VOX, de Junts i del PNV. Per tant, permetin-me que els digui que això ja explica una mica on s’enquadra aquesta mesura, perquè la concitació de tantes voluntats de dretes juntes alguna cosa ens hauria d’explicar. Probablement ens quedarem amb el no Bildu, nosaltres, els que no s’atreveixen a votar no, faran abstenció, però que, d’alguna manera, seria més l’esquerra que altra cosa.

Mirin, durant la passada tramitació, vam estar parlant amb gairebé tots els sindicats de treballadors penitenciaris, de funcionaris i d’altres tipus de treballadors penitenciaris, perquè no tots els treballadors penitenciaris són funcionaris, i sempre els vam dir amb claredat que això que ens proposàvem no vèiem com alteraria la seva manera d’exercir la feina. I, per tant, la nostra aposta per la dignificació del treball dels funcionaris de presons, més enllà del model, que en parlaré ara tot seguit, té a veure amb la jubilació anticipada. Té a veure amb la inversió i amb la modificació de les condicions materials en què estan exercint la seva feina. Perquè vostès creuen realment que ser agent de l’autoritat o deixar-ho de ser, que a la pràctica ja ho són, i s’ha explicat a través dels diferents articles del codi penal i a través del fet cert i evident que ja són funcionaris, vostès creuen que hauria evitat el que va passar a Tarragona? Que, per cert, lamento molt que s’hagi portat avui com a exemple, entre altres coses, perquè la dramàtica mort d’una persona cuinera no té res a veure amb els funcionaris de presons. Perquè ho confonem tot. Sistemàticament, ho confonem tot.

Per tant, un parell d’apreciacions. La primera: fa escassos quart d’hora, acabo de trobar-me amb una funcionària de presons de Catalunya, i em deia: «Del que no sou conscients els parlamentaris és que el perfil d’intern i de interna ha canviat substancialment». El perfil d’intern i de interna ha canviat, i respon a una complexitat i una conflictivitat social molt diferent a la de fa 10 i 15 anys. I aquí és on hem d’anar a incidir. Què ens està passant? Per què són més agressius i per què no es compleixen o no es poden fer complir les sancions que s’imposen als reclusos? Per què les nostres presons són més insegures que abans? Per què tenim més presos? Per què ha canviat el perfil? I d’això, ni una paraula. D’això, ni una paraula. Per què no tenim una taxa de reposició que permeti rejovenir les plantilles? Doncs perquè el Govern no ens ho permet. Recordo a tothom que la taxa de reposició depèn dels pressupostos generals de l’Estat. Per tant, a través d’una cosa simbòlica sense cap efecte a la realitat, intentem explicar que estem al costat dels funcionaris. Però escolti’m, també els diré, hi ha una gran part d’ells que hi estan d’acord. Però també som molt conscients que o es canvien les condicions materials o s’apugen les retribucions o es rejoveneixen les plantilles o hi ha jubilacions anticipades, o el reconeixement d’autoritat no serveix per res.

Dues reflexions més. La primera, respecte al model. A Catalunya saben que això és competència nostra, i jo crec que és el territori de l’estat on tenim més clar que la presó és un element de rehabilitació i de reinserció, que no és un element de càstig. I aquí, les suposades esquerres es situen davant dels problemes socials a través de més autoritarisme, més modificació del codi penal, més reforç de les mesures coercitives i de les mesures coactives. No resoldrem res. L’únic que resolem és que s’estan movent, cada vegada amb més velocitat, per estar en aquella bancada d’allà. Doncs felicitats, perquè aquest estat necessita una esquerra que torni a creure en els principis de prevenció general i particular i en els principis de rehabilitació i de reinserció, i els estan oblidant.

Segona constatació: ens està passant amb els temes penitenciaris i ens està passant amb tot, volen resoldre la realitat a cops de codi penal. Volen resoldre la realitat a base de mesures coactives, i l’únic que fan és encara fer més forta aquesta tensió social que estem vivint. Posem les condicions no només pels funcionaris, sinó perquè la ciutadania, perquè no hagi d’entrar a presó i després, en tot cas, parlem de si han de reforçar o no determinats aspectes de la legislació penitenciària. Però no estan fent el primer, i acabaran tenint bombes a les presons. I no es resol amb el reconeixement de l’autoritat. Facin polítiques d’esquerres d’una vegada i deixin d’aliar-se amb ells. Moltes gràcies i bona tarda.

Buenas tardes, diputadas. Buenas tardes, diputados. Se ha dicho por activa y por pasiva —l‌o repito una vez más— que esto ya lo hemos visto, que lo vimos en la pasada legislatura. Por lo tanto, soy perfectamente consciente de que el voto que hoy ejerceremos en esta Cámara no servirá para nada, porque nos vamos a posicionar en contra; pero sabemos perfectamente que está la aquiesciencia no solo del grupo proponente, sino también del PP, de VOX, de Junts y del PNV. Por lo tanto, permítanme que les diga que esto ya explica un poco dónde se enmarca esta medida, porque, con la concitación de tantas voluntades de derechas juntas, algo nos tiene que contar. Seguramente nos quedaremos con el no Bildu, nosotros y los que no se atreven a votar que no y se abstendrán. Pero, bueno, ese va a ser el panorama. Miren, durante la última tramitación hablamos con casi todos los sindicatos de trabajadores penitenciarios, funcionarios y otros tipos de trabajadores penitenciarios —‌porque no todos los trabajadores penitenciarios son funcionarios—, y siempre les dijimos alto y claro que esto que nos proponían no veíamos cómo iba a alterar su modo de ejercer el trabajo. Por lo tanto, nuestra apuesta por la dignificación del trabajo de los funcionarios de prisiones, más allá del modelo —h‌ ablaré de él en breve—, pasa por la jubilación anticipada, pasa por la inversión y la modificación de las condiciones materiales en las que están ejerciendo su trabajo. Porque, ¿ustedes creen realmente que ser agente de la autoridad o no serlo —‌que en la práctica ya lo son, y se ha explicado aquí a través de los distintos artículos del Código Penal y a través del hecho cierto y evidente de que ya son funcionarios— habría evitado lo que pasó en Tarragona? Por cierto, lamento mucho que se haya traído a colación como ejemplo hoy, entre otras cosas porque la dramática muerte de una cocinera nada tiene que ver con los funcionarios de prisiones, porque es que lo confundimos todo, sistemáticamente lo confundimos todo. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Por lo tanto, un par de apreciaciones. La primera es que hace un cuarto de hora escaso me acabo de encontrar con una funcionaria de prisiones de Cataluña, y me decía: de lo que no son conscientes los parlamentarios es de que el perfil de interno e interna ha cambiado sustancialmente, el perfil de interno e interna ha cambiado y responde a una complejidad y a una conflictividad social muy distintas de las que teníamos hace diez y quince años, y es ahí donde hay que incidir. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué son más agresivos? ¿Por qué no se cumplen o no se pueden hacer cumplir las sanciones que se imponen a los reclusos? ¿Por qué nuestras cárceles son hoy más inseguras que antes? ¿Por qué tenemos más presos? ¿Por qué ha cambiado el perfil? De eso, ni una palabra; ni una palabra. ¿Por qué no tenemos una tasa de reposición que permita rejuvenecer las plantillas? Bueno, porque el Gobierno no nos lo permite. Recuerdo a todos los presentes que la tasa de reposición depende de los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, a través de algo simbólico, sin efecto alguno en la realidad, intentamos explicar que estamos del lado de los funcionarios. Pero, mire, también se lo voy a decir: hay una gran parte de ellos que están de acuerdo, pero también son muy conscientes de que o cambian las condiciones materiales, o se suben las retribuciones, o se rejuvenecen las plantillas, o hay jubilaciones anticipadas, o el reconocimiento de autoridad no sirve para nada. Dos reflexiones más. La primera, sobre el modelo. En Cataluña ya saben que esto es competencia nuestra. Yo creo que es el territorio del Estado donde tenemos más claro que la cárcel es un elemento de rehabilitación y de reinserción, que no es un elemento de castigo. (Aplausos). Y aquí las supuestas izquierdas se sitúan ante los problemas sociales a través de más autoritarismo, más modificación del Código Penal, más refuerzo de las medidas coercitivas y de las medidas coactivas. No vamos a resolver nada. Lo único que resolvemos es que se están moviendo cada vez con más velocidad para estar en esa bancada de allí. (Señalando la zona derecha del hemiciclo). Pues, felicidades, porque este Estado necesita una izquierda que vuelva a creer en los principios de prevención general y particular y en los principios de rehabilitación y de reinserción, y los están olvidando. Segunda constatación. Nos está pasando con los temas penitenciarios y nos está pasando con todo: quieren resolver la realidad a golpe de Código Penal, quieren resolver la realidad a base de medidas coactivas, y lo único que hacen es fortalecer todavía más la tensión social que estamos viviendo. Pongamos las condiciones, no solo para los funcionarios, sino para que la ciudadanía no tenga que acabar en la prisión. Y, luego, si acaso, hablemos de si hay que reforzar o no algunos aspectos de la legislación penitenciaria. Pero no están haciendo lo primero y acabarán teniendo bombas en las cárceles, y no se resuelve con el reconocimiento de la autoridad. Hagan políticas de izquierdas de una vez por todas y dejen de aliarse con ellos.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).

Presidente, señorías, el colectivo de trabajadores penitenciarios viene reclamando desde hace tiempo el reconocimiento de la condición de agente de la autoridad a los funcionarios de prisiones, y es una reivindicación que tiene explicación, pero, a su vez, choca con el posicionamiento de organizaciones de derechos civiles y derechos humanos.

Vaya por delante nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan en las prisiones, los servicios médicos y psicológicos, juristas, el personal de vigilancia y servicios generales; su trabajo va mucho más allá de sus competencias, con una clara orientación al tratamiento social, a pesar de la falta medios y de inversiones. Creo que nos tenemos que enorgullecer de que España haya avanzado de forma sobresaliente, durante estos últimos cuarenta años de democracia, en materia de prisiones. Eran una vergüenza las cárceles que había en nuestro país hace cuarenta años, y hoy estamos situados a la vanguardia de los tratamientos de reinserción de la población penitenciaria.

Por eso, nos sorprende esta proposición de ley de contenidos muy limitados y que ignora buena parte de los problemas importantes reales que tiene nuestro sistema penitenciario. La proposición se limita a cuatro modificaciones que, por cierto, tienen presupuesto cero: la consideración de agentes de la autoridad para los funcionarios; el reconocimiento del principio de veracidad; el reconocimiento del principio de indemnidad, y medidas para situaciones de detención, traslado o prisión de funcionarios. A nuestro entender, la presunción de veracidad ya va implícita en el momento en el que se les reconoce la condición de autoridad, porque resultaría de aplicación la ley de procedimiento administrativo común, que reconoce esa veracidad.

En todo caso, nuestra objeción es que este debate sobre el reconocimiento de agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones se ha insertado en una tendencia populista de reforzamiento del autoritarismo como solución a cualquier problema de convivencia o comportamiento social, ya sea en cárceles o ya sea fuera de ellas. Es un discurso que provoca una sensación de inseguridad que no se ajusta a la realidad y que acaba beneficiando el avance de los discursos de las derechas. Lo vimos ya la semana pasada en este Pleno con el debate de endurecimiento de penas en materia de multirreincidencia por los delitos de hurto; una reforma que consideraba algo habitual o masivo una situación que no lo es, que es un problema reducido y limitado: pero, además, para solucionar este problema, se proponían sanciones penales desproporcionadas atendiendo a la escasa gravedad de las conductas. Es decir, estos discursos que aceptan el populismo punitivo, que exacerban el autoritarismo, acaban dando votos a la extrema derecha.

Insisto: España tiene una tasa de criminalidad muy baja con respecto a los países del entorno europeo, según Eurostat y cualquier organismo internacional que se quiera poner como ejemplo. A su vez, somos uno de los países más seguros del mundo y, sin embargo, llama la atención que seamos uno de los países de Europa con más reclusos en sus cárceles, con una elevada proporción de internos por habitante. Tenemos el doble de presos que tiene Alemania por millón de habitantes, o un 25 % más que Italia, y esto nos tiene que hacer reflexionar.

Quiero manifestar nuestro cariño por Nuria López, por su familia y sus allegados, la cocinera de la cárcel de Mas d’Enric, asesinada el 13 de marzo por un interno que, a continuación, se suicidó, que no estaba tampoco muy bien. Esta mujer era personal laboral, y esto ha sido un hecho lamentable que no tenía que haber ocurrido nunca, absolutamente excepcional e imprevisible, pero que no se habría evitado aunque el pasado mes de marzo los funcionarios hubieran ya tenido el reconocimiento de agentes de la autoridad. En la práctica, ese reconocimiento no va a suponer un cambio que mejore la protección de los funcionarios. Hoy, prácticamente en la totalidad de los casos que se juzgan por agresiones cometidas por internos respecto a funcionarios los jueces vienen reconociendo el carácter de autoridad de las víctimas.

Yo sugiero que, si esta PL se aprueba, se incluyan en su tramitación propuestas que solucionen los graves problemas que tienen las cárceles, como la falta de medios especializados para abordar el tratamiento de los internos e internas con necesidades especiales, porque esto afecta tanto a la población reclusa como a los funcionarios y personal de las prisiones. Si no se da el debido tratamiento a los internos, eso acaba repercutiendo en las condiciones de trabajo del personal. Hay deficiencias de los servicios sanitarios y de salud; falta de personal médico, de enfermería; mala remuneración del desempeño profesional; falta de medios técnicos para atender a los internos, y la preocupante ausencia de coordinación con los sistemas de salud de las comunidades autónomas. ¿Saben ustedes que un médico o una médica que tiene que atender a un interno no puede acceder al expediente sanitario de ese interno en los sistemas de atención pública? Es así, salvo en las comunidades autónomas de Navarra, la Comunidad Autónoma vasca y Cataluña, las únicas que han abordado este problema con seriedad incorporando los servicios sanitarios y de salud a los correspondientes servicios públicos de esas comunidades autónomas.

El traspaso de la sanidad a los servicios sanitarios de las comunidades autónomas está previsto en la ley desde hace años. La pregunta es: ¿por qué catorce de las diecisiete comunidades autónomas no han dado este paso? Esto sí que provoca situaciones de degradación de la convivencia en prisiones. Eso sí que multiplica la peligrosidad debido a los problemas de salud; a los problemas de salud mental, demasiado frecuentes en los internos. ¿Ustedes se imaginan lo que es tener a una persona con un problema de salud mental en una prisión y que no esté recibiendo el correspondiente tratamiento?

También es necesaria la incorporación del principio de igualdad de trato y no discriminación, porque hay que garantizar que toda la actividad parlamentaria y todo el tratamiento cumple con la Ley Orgánica 3/27, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Hoy no se cumple. Las mujeres internas deben tener las mismas posibilidades de intervención tratamental y de clasificación interior que tienen los hombres internos.

Pedimos una reforma integral de la Ley Orgánica General Penitenciaria para abordar todos estos problemas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Quisiera comenzar saludando a los representantes de las diferentes asociaciones de trabajadores de las prisiones de España y, también, dedicando estas primeras palabras a Nuria López, asesinada vilmente a puñaladas en la prisión de Mas d’Enric; una trabajadora del servicio de cocina que sufrió, de manera despiadada, la grave situación de seguridad que se vive contra los funcionarios y personal laboral de nuestros centros penitenciarios. (Aplausos). El personal que trabaja en las instituciones penitenciarias, funcionarios y trabajadores, vienen sufriendo durante décadas una situación inaceptable en cuanto a las amenazas, las agresiones, los intentos de homicidio, el riesgo permanente de contagio de enfermedades, con una asunción de riesgos inaceptable, y todo ello, además, con una plantilla insuficiente. Recordemos que de cada tres bajas que se producen en un centro penitenciario solo una es cubierta. Esto nos lleva a que esos más de 20 000 trabajadores de los centros penitenciarios no dan abasto, y se producen situaciones como la de que dos funcionarios tienen que atender nada menos que a 140 reclusos, muchos de ellos calificados de alta peligrosidad. A eso hay que sumar una plantilla muy envejecida, recordemos que un 75 % de esa plantilla tiene más de 40 años, y de ese 75, un 40 % más de 50 años. A esto hay que añadir unos salarios injustos y precarios, y más si lo comparamos con trabajadores de Instituciones Penitenciarias que dependen, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, además de la ausencia permanente de medios materiales y humanos, de medios de protección personal. Estamos hablando de aquellos que representan el último bastión de la justicia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado detienen, los jueces juzgan y los funcionarios y los trabajadores de prisiones tienen la obligación de custodiar, de vigilar y de acompañar a esos internos. (Aplausos). Esta PL que nos presenta el Grupo Socialista más que una proposición de ley deberíamos llamarla un plagio legislativo. Claro, tienen un maestro, al ‘cum fraude’, aquel que fue capaz de plagiar hasta su propia tesis doctoral les ha enseñado a plagiar las proposiciones legislativas. (Aplausos). Fíjense. El 6 de febrero del año 2020 VOX presentó una proposición de ley que es sustancialmente idéntica a la que acaban de presentar. Hablábamos de reconocimiento de agentes de la autoridad, de la indemnidad de daños en cuanto a la indemnización, de la formación en una academia nacional de altos estudios penitenciarios, de la separación del resto de reclusos cuando sean detenidos, además de otras consideraciones, como un estatuto propio de los funcionarios de prisiones, una equiparación salarial justa en sus retribuciones y, por supuesto, medios humanos y materiales. El 7 de septiembre, siete meses después, presentaba una proposición exactamente igual el Grupo Socialista que dejó caducar en la anterior legislatura. Es ahora cuando se produce el segundo plagio, ya de manera más descarada. El 20 de marzo de 2024 la presenta VOX reiterando los mismos argumentos, y solo treinta días después, el 17 de abril de este mismo año, el Grupo Socialista presenta la que hoy estamos debatiendo, la proposición de ley que es un calco exacto de la que había presentado nuestro partido. Estamos, lógicamente, en una toma de consideración; llegará el momento de presentar enmiendas y reforzaremos que no solo ha de reformarse el artículo 80 y no solo hay que reconocer el principio de agentes de la autoridad para los funcionarios, sino que hay que hacerlo también para todo el personal que trabaja en las Instituciones Penitenciarias, que necesitan un salario justo y, por tanto, una equiparación salarial de acuerdo con su importante función; que hace falta crear esa academia nacional de altos estudios penitenciarios; que hace falta un estatuto propio; que hacen falta medios humanos y materiales necesarios y que hay que reconocerles —‌como dijimos hace pocos días en esta misma tribuna— que son una profesión de riesgo.

Todo ello nos lleva a una consideración. Tener que escuchar aquí, en la sede de la soberanía nacional, al representante bilduetarra hablando de las prisiones nos resulta verdaderamente doloroso al partido de José Antonio Ortega Lara (aplausos), que estuvo 532 días secuestrado por los socios de Sánchez, como nos resulta verdaderamente llamativo escuchar al abogado de las FARC, al secretario general del Partido Comunista, dando lecciones sobre las cárceles. Claro, las cárceles cubanas que tan bien conoce, las cárceles del régimen totalitario bolivariano de Venezuela y las cárceles del pueblo en Colombia (aplausos) donde el actual presidente enterraba en agujeros a sus secuestrados en lo que denominaba las cárceles del pueblo. Es como si tuviéramos que escuchar hablar de las cárceles, por ejemplo, al montonero tucumano que tengo aquí a mi derecha (señalando al señor Pisarello Prados). Bien saben lo que hacían los montoneros con los pobres secuestrados en mi querida Argentina. (Aplausos). Estese tranquilo, que luego hablamos de los montoneros.

Al Grupo Socialista, cuando sube a esta tribuna el representante de su grupo a decir que va a hablar de cuestiones de Estado, le preguntamos que ¿quiénes?, ¿los que han aprobado una ley de amnistía que pisotea el estado de derecho y pisotea las leyes? El representante del Grupo Socialista dice que está preocupado por los funcionarios públicos. ¿Quiénes?, ¿quienes han ninguneado a los jueces y magistrados —‌que son funcionarios—, a los representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los representantes de tropa y marinería —‌a quienes desprecian—, a los funcionarios de prisiones? (Aplausos). Pero ¡cómo va a hablar de proteger a los funcionarios públicos! Dice, además, el representante del Grupo Socialista que le pide al Gobierno que sea sensible. ¡Pero si es tu propio Gobierno! ¡Tú sabrás si te hace caso o no! Solo espero…

Iba a decirle…

Pues muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchísimas gracias, señor presidente. Permítanme, señorías, que salude antes a los funcionarios de prisiones que están en la tribuna. ACAIP-UGT, CSIF, Tu Abandono Me Puede Matar y APFP. (Aplausos). Espero que Toni dejara de recorrer los alrededores del Congreso y ya esté dentro. A todos, muchas gracias. Miren, nos insultan, nos dan ultimátums, nos llaman máquina del fango, incluso nos mandan a la mierda, y hoy nos piden que les apoyemos. ¿Saben por qué? Porque han perdido las elecciones. (Aplausos). Porque ustedes no tienen el apoyo suficiente en el Congreso de los Diputados. Miren, señores del PSOE, lecciones de política de Estado, ustedes, ni una. (Risas.—Un señor diputado: ¡Bien!).

Tendrían que estar agachados todos debajo de los escaños. (Aplausos). Si quieren pedir algo en política penitenciaria, hoy ustedes no tenían que pedirle al Partido Popular, tenían que pedirles a sus socios naturales. ¡Oh, casualidad!, sus socios naturales resulta que son los herederos de quienes secuestraban y asesinaban a funcionarios de prisiones (aplausos) y que hoy no les van a apoyar. ¿Por qué no les piden a sus socios naturales que ayuden a esclarecer los 377 crímenes de ETA que todavía no se esclarecieron? ¡Pídanselo! con la misma fuerza con la que nos piden a nosotros que les apoyemos hoy para no pasar el bochorno que tienen que pasar de perder otra ley en el Congreso de los Diputados. (Aplausos).

Hace exactamente seis años, en el mes de julio, el señor Marlaska anunciaba que iba a traer al Parlamento una nueva ley general penitenciaria, una ley. Hoy, seis años después, traen el artículo 80 de la Ley 1/1979 porque sus socios no les dejan traer nada más. Aun encima, ustedes les están tomando el pelo a los funcionarios que están arriba y a todo este Parlamento. (El señor Aceves Galindo hace signos negativos). Sí, le digo por qué. Ustedes presentaron 44 veces la ampliación del plazo de enmiendas para bloquear que se tramitara la ley que se aprobó en el año 2020. (Aplausos). Nos estuvieron tomando el pelo y ahora nos lo vuelven a tomar, porque ahora hay una ley que ha venido del Senado a aquí y que, en el baúl de la señora Armengol, con el resto de veintisiete leyes están ahí bloqueadas. Si esta ley se tramitara con las enmiendas que ustedes o cualquier grupo presentasen, entraría en vigor en un mes o después del verano; en cambio, hoy vuelven a tomarnos el pelo para empezar una nueva tramitación. ¿Ha escuchado a sus socios?, con los que están todos los días. Le han dicho que nadie le va a apoyar; solo le vamos a apoyar nosotros. ¿Se da cuenta? Y, aún encima, una proposición de ley que ha cambiado radicalmente. Ahora han asesinado a Nuria. Nuria no era funcionaria; era una trabajadora penitenciaria que quedaría excluida de su proposición de ley. Por Nuria y por Pablo, su sobrino, por su familia —‌con la que estuvimos—, o aceptan que entren todos los trabajadores penitenciarios o no vamos a apoyar esa proposición de ley. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Muy bien!). Porque tiene el mismo riesgo una cocinera, un trabajador social que un funcionario de prisiones. Todos tienen el mismo riesgo.

Segunda cuestión. O aceptan lo que va en la proposición de ley —‌que el principio de veracidad no solo es para los procedimientos administrativos con los internos, sino también judiciales— o tampoco apoyaremos su proposición de ley, porque quedan desamparados. (Aplausos). Mire, queremos que se investigue también. Hoy hablaba usted de Nuria, pues, ayúdeme. Hemos propuesto en la Comisión de Interior que se abra una investigación para esclarecer por qué asesinaron a Nuria. El asesino ese día no tenía que estar en la cocina. Alguien le levantó el castigo y dudo que fuera por benevolencia, sino por temas económicos. Queremos saber la verdad, la familia de Nuria necesita saber la verdad y todos los funcionarios de prisiones necesitan saber la verdad. Ustedes hicieron de la política penitenciaria en los últimos años un trueque. La utilizaron como moneda de cambio. ¿Se acuerda? Entra Marlaska y lo primero que asume, en primera persona, era la política penitenciaria. No era para ayudar a los reclusos, señor Santiago, no era para ayudar a los reclusos; era para ayudar, cada semana, a cinco presos a cambio de cinco votos —¿se acuerda?— hasta que acercaron a los 382 presos de ETA. (Aplausos). Esa era la política penitenciaria. Después, hay más. Ustedes no se preocuparon de los funcionarios de prisiones. Lo primero que hizo el señor Ortiz fue subirse el sueldo 18 000 euros. Sí, señores funcionarios. Lo segundo que hicieron fue una subdirección general —‌crean dos direcciones generales— por 72 000 euros. Después, aprueban una instrucción —¿se acuerda?—, la 6/2020, que era incentivos no para que no hubiera agresiones a los funcionarios, ¡no!, para fomentar los terceros grados y las excarcelaciones. Gracias a eso, ustedes dieron 3753 terceros grados en contra de las juntas de tratamiento, desde los despachos de Madrid, incluido el asesino del niño del Lardero, que les debería de dar vergüenza, porque ese asesino nunca tenía que haber estado en la calle y ustedes lo excarcelaron. (Aplausos). ¿Quieren hablar, señor Enrique Santiago, de Sanidad? La peor sanidad que hay hoy en día es la que gestiona el Estado, no las comunidades autónomas, la sanidad penitenciaria. El 80 % de las plazas de médicos sin cubrir. A ver qué hace su fabulosa ministra para que le eche una mano al señor Marlaska. Eso está así.

Después, nos hablan ustedes de que van a ayudar a los funcionarios; ustedes, que abrieron expedientes. ¿Se acuerdan del caso de Villena? ¿Les han pedido perdón a los funcionarios a los que abrieron expedientes, que han creído a la directora? ¿Se acuerda de cuando Marlaska dijo: esta sí que es una gran funcionaria de prisiones? Esa que ahora está con un procedimiento judicial. ¿Ustedes les han pedido perdón a sus funcionarios a los que abrieron expedientes? (Aplausos). Quiero darle un saludo desde aquí a Marcial, de Galicia, que lo pasó mal, y a mis compañeros de Alicante. Fuimos a reunirnos Macarena, César y yo con los compañeros y ustedes nunca se reunieron con ellos. Ustedes solo gobernaron durante estos años a base de expedientes a los funcionarios de prisiones.

Finalizo, señorías. Por encima de ese señor al que ustedes llaman el puto amo está España, están los profesores, están los sanitarios, están los funcionarios de prisiones, están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. (Aplausos). Por encima de ese puto amo deberían de estar ustedes y ser responsables con sus territorios, pero veo que no lo están. Nosotros sí que lo estamos. Por eso, por responsabilidad con los funcionarios de prisiones, vamos a votar a favor, pero les aseguro que, si en este año no sale adelante esta proposición de ley, no vuelvan a tomarnos el pelo, porque no cuenten nunca más con el Partido Popular. Hoy Feijóo está muy por encima de todos ustedes, lo que ustedes no supieron estar a lo largo de estos años

Nada más y muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Bravo!).—Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO FRENTE AL VANDALISMO. (Número de expediente 122/000038).