Real Decreto-ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables.

Gracias, señora presidenta.

Señorías, subo hoy a esta tribuna para solicitar el apoyo de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en la convalidación del Real Decreto Ley 1/2024, de 14 de mayo, por el que, como decía la presidenta, se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales para la protección de los colectivos vulnerables, que fue aprobada en el Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo. La extraordinaria y urgente necesidad para acudir a esta figura del real decreto ley se justifica en el preámbulo de la norma. Como saben ustedes, la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales fue introducida también mediante el Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios. Como ven, venimos de lejos. Aquella iniciativa legislativa fue convalidada y tramitada como proyecto de ley, lo que dio lugar a la aprobación de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. La suspensión de este tipo de lanzamientos se estableció por un periodo inicial de dos años, que ha ido prorrogándose en sucesivas ocasiones para el mantenimiento de la protección de los colectivos más vulnerables. La primera prórroga fue en el año 2015 por dos años, la segunda en 2017 por tres años y la última en 2020, en el contexto ya de la pandemia, extendiéndose por un periodo de cuatro años hasta el 15 de mayo de 2024. Con el real decreto que el Gobierno trae hoy aquí, a esta Cámara, la suspensión se prorrogaría cuatro años más, es decir, hasta 2028. De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1/2013, era necesario aprobar la extensión de esta medida vía real decreto para evitar posibles lanzamientos, una vez decaída su vigencia. La tramitación de esta modificación por el procedimiento normativo ordinario nos hubiera llevado a una entrada en vigor posterior a esa fecha y, por tanto, habríamos dejado un período de lanzamientos con objeto de suspensión que podrían haberse llevado a cabo, generando una disfunción en la aplicación de la norma. Por eso, resulta urgente y de extraordinaria necesidad prorrogar esta medida a través del presente real decreto ley. Se amplía así una de las muchas medidas anticrisis para aliviar la presión económica sobre las familias.

Señorías, los indicadores macroeconómicos de España demuestran que nuestro modelo está funcionando, y está funcionando bien en un escenario geopolítico complejo marcado por la incertidumbre. Es un modelo en el que el Gobierno de España, el Gobierno de progreso se caracteriza por una orientación de crecimiento económico hacia la creación de empleo, con empleo de calidad, hacia la modernización de nuestra industria y de nuestra economía en clave verde digital, pero también de un crecimiento económico que basa su fortalecimiento en el estado del bienestar y en la justicia social, con medidas de protección para ayudar a los ciudadanos que más lo necesitan. Crecemos bien cuando crecemos juntos. El pago de las hipotecas y la subida de los precios de la cesta de la compra son dos realidades que no obviamos, que impactan en la economía real de las familias y, por eso, hemos ido adoptando distintas medidas, como la prórroga de la bajada del IVA de los alimentos básicos o la ampliación de la protección de los deudores hipotecarios. La extensión de esta moratoria complementa ese paquete de actuaciones que formaron parte de un gran escudo social, activado para aliviar los efectos derivados de la coyuntura internacional y que ha provocado un endurecimiento de la política monetaria sin precedentes con subidas de tipos de interés. Si bien es cierto que este año se ha estabilizado ese nivel de tipos de interés y que el Banco Central Europeo acaba de reducirlos por primera vez desde 2019, el futuro sigue siendo incierto, como reconoce el propio Banco Central Europeo cuando señala que no puede comprometerse de antemano a ninguna senda concreta de tipos. La actual coyuntura hace pensar que estos efectos negativos de la evolución reciente de los tipos de interés pueden extenderse durante los próximos años. Por tanto, resulta necesario mantener la protección a las familias que más lo precisan, con el fin de evitar posibles situaciones de exclusión social de esas personas que podrían verse abocadas a perder su vivienda si no pueden afrontar la subida de la letra de su hipoteca.

Señorías, en tan solo doce años hemos podido comprobar que hay dos modelos distintos para salir de una crisis. Todos recordamos la crisis económica y las medidas del año 2011 y siguientes. Tenemos muy reciente también la gestión de la crisis del COVID o de la guerra de Ucrania. Se han constatado dos recetas distintas y la de este Gobierno ha sido muy positiva. Se ha demostrado que se puede salir de la crisis ayudando a la ciudadanía y mejorando la economía de nuestro país. (Aplausos). El Gobierno está realizando el mayor despliegue de recursos públicos de nuestra historia para ayudar a quienes se encuentran en situaciones de dificultad, especialmente la de aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible. También estamos pendientes de aquellos que pidieron un crédito para adquirir una vivienda y hoy se enfrentan a la posibilidad de perderla si no pueden asumir, como decía, el incremento de su hipoteca por la subida de los tipos. No podemos perder nunca de vista, hablando de vivienda, su importancia social y el impacto positivo que tiene su protección. La vivienda es uno de los pilares fundamentales de seguridad y de estabilidad familiar. Una vivienda segura y estable contribuye al bienestar emocional y social de las personas. En un entorno seguro nos podemos relacionar, nos podemos dedicar al desarrollo personal, a la crianza de nuestros hijos o a participar activamente en la comunidad. Un entorno de seguridad y estabilidad en nuestra vivienda tiene un impacto positivo sobre nuestra salud física y mental y también y especialmente en el rendimiento académico de nuestros hijos. La estabilidad en la vivienda promueve relaciones sociales sólidas y arraigo social, algo positivo para la colaboración y la implicación cívica, fortaleciendo así el tejido social y contribuyendo al desarrollo comunitario y a nuestra convivencia.

Señorías, creo que en el momento que vivimos resulta especialmente importante reconocer el valor de los Estados que están del lado de la ciudadanía, que no le dan la espalda ante las crisis. Venimos de una pandemia, ante la que Europa forjó una respuesta conjunta y solidaria para seguir adelante y avanzar. Desde esos valores que integran la esencia original de la Unión Europea, fuimos capaces de articular mecanismos que están permitiendo a los países miembros, y desde luego con un liderazgo del nuestro, construir una etapa de recuperación, con creación de empleo, con progreso social, que beneficia a todos los territorios, a todos los españoles y a todas las españolas, y en esa senda no podemos ni debemos dejar a nadie atrás. Y lo vamos a hacer consolidando el quinto pilar del estado del bienestar, basándonos en nuestra fortaleza económica, garantizando que todos los españoles tengan la posibilidad de acceder a una vivienda digna y asequible, que eso no suponga un esfuerzo imposible y que ese esfuerzo se limite al 30 % de los ingresos en cada hogar.

Estoy convencida, señorías, de que la mayoría de ustedes, de los grupos parlamentarios de esta Cámara, van a apoyar ampliar esta suspensión. Confío en que este real decreto ley sea convalidado en el Pleno en el día de hoy con el voto de sus señorías. No se trata de apoyar al Gobierno o de decantarse por una opción política u otra. Se trata nada más y nada menos que de velar por los intereses de la ciudadanía, a la que nos debemos. Señorías, las sucesivas prórrogas de esta medida demuestran que el consenso es posible y es lo que hoy les solicito a todos ustedes.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos).

Grazas, señor presidente. O pasado 14 de maio o Consello de Ministros aprobaba o Real Decreto 124 polo que se volve ampliar o prazo de vixencia da suspensión de lanzamento sobre vivendas habituais que afecten colectivos especialmente vulnerábeis. Trátase de manter unha decisión que foi adoptada de forma inicial no ano 2012 como resposta á dura crise de 2008 que supuxo a perda das súas vivendas a moitas persoas e familias para as que resultou imposíbel afrontar o pagamento das súas hipotecas. Esta norma permitía avanzar no procedemento de execución, porén, impedía o desaloxo das familias sempre que a vivenda fose habitual e pertencese a determinados colectivos vulnerábeis. A partir de aí, foise prorrogando periodicamente até o pasado 15 de maio de 2024. No momento actual, o incremento dos prezos e a inflación, sumado ó mantemento dos elevados tipos de xuro, fan que o Goberno considere oportuno estender a suspensión por catro anos máis, até o día 15 de maio de 2028, de forma que as persoas propietarias, despois da execución inmobiliaria, poidan manter a vivenda en réxime de alugueiro conforme as normas da propia lei. Estamos de acordo e apoiamos a medida. Porén, non entendemos que se siga mantendo de forma temporal novamente e non se faga definitiva despois de dez anos de necesaria vixencia e deixando a decisión futura de mantela ó arbitrio do Goberno que corresponder. Nos momentos de crise, o número de familias afectadas é superior, isto é incuestionábel, mais mesmo nos períodos de bonanza as familias en risco de exclusión social ou de maior vulnerabilidade poden ficar expostas a sufriren procedementos de execución hipotecaria e as condicións serían exactamente as mesmas: trataríase dunha familia especialmente vulnerábel que é desaloxada da súa vivenda sen alternativa de habitabilidade. Unha medida extra, en todo caso, que debería ir tamén acompañada de outras decididas de promoción de vivenda pública e de alugueiro social dentro das competencias que corresponden ó Estado e que, efectivamente, tamén as comunidades autónomas deberían aplicar no ámbito das súas propias competencias. Preguntamos: que foi da anunciada mobilización de vivendas por parte do Goberno? Por que continúa a Sareb a operar coas vivendas en busca do maior lucro vendéndoas a promotores privados, tentando desaloxar os inquilinos, é o caso, por exemplo, da urbanización Privada Moderna de Vigo durante moito tempo, para logo vender ou facer promoción de vivenda que lle permita obter maior lucro?

Non pode seguir demorándose a posta en marcha de medidas que fagan efectivo o dereito a unha vivenda digna, a comezar pola transferencia gratuíta dos activos da Sareb para a súa incorporación á bolsa de vivendas e inmóbeis para o fomento de vivenda pública social na Galiza, medidas como establecer límites ós xuros abusivos para préstamos hipotecarios, aplicar impostos ou reformar os existentes para gravar as vivendas baleiras propiedade de persoas xurídicas, aumentar o investimento destinado á vivenda, incrementar as reservas mínimas de solo de vivenda protexida, especialmente para actuacións de renovación e rexeneración urbanas.

En todo caso, votaremos a favor, mais reclamamos ó Goberno medidas permanentes absolutamente necesarias para garantir realmente o dereito a unha vivenda digna para todo o mundo. Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. El pasado 14 de mayo el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 1/2024, por el que se vuelve a ampliar el plazo de vigencia de la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales que afectan a colectivos especialmente vulnerables. Se trata de mantener una decisión que fue adoptada en el año 2012 inicialmente como respuesta a la dura crisis de 2008, que supuso la pérdida de su vivienda para muchas personas y familias a las que les fue imposible afrontar el pago de sus hipotecas. Esta norma permitía avanzar en el procedimiento de ejecución, pero impedía desalojar a las familias siempre que la vivienda fuera la habitual, que perteneciera a determinados colectivos vulnerables. Desde entonces se fue prorrogando periódicamente hasta el 15 de mayo de 2024. Actualmente, el incremento de los precios, la inflación y el mantenimiento de los tipos de interés hacen que el Gobierno considere oportuno prorrogar la suspensión otros cuatro años, hasta el 15 de mayo de 2028, de manera que las personas propietarias después de la ejecución inmobiliaria puedan mantener su vivienda en régimen de alquiler según las normas de la propia ley. Estamos de acuerdo con esto y apoyamos la medida, pero no entendemos que se siga manteniendo de forma temporal otra vez y que no se haga definitiva después de diez años de necesaria vigencia y, además, dejando la decisión futura de mantenerla al arbitrio del gobierno de turno. En momentos de crisis, el número de familias afectadas es mayor, es incuestionable, pero incluso en los periodos de bonanza las familias en riesgo de exclusión social o de mayor vulnerabilidad pueden quedar expuestas a sufrir procedimientos de ejecución hipotecaria. Las condiciones serían exactamente las mismas, se trataría de una familia muy vulnerable que es desalojada de su vivienda sin alternativa de habitabilidad. Esta medida, en todo caso, es una medida que debería ir acompañada además de otras medidas decididas de promoción de vivienda pública y de alquiler social dentro de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, que también deberían aplicar dentro del ámbito de sus competencias. Preguntamos: ¿Qué fue de la anunciada movilización de viviendas por parte del Gobierno? ¿Por qué la Sareb sigue operando con viviendas en busca del máximo lucro, vendiéndoselas a promotores privados, intentando desalojar a los inquilinos—por ejemplo, ocurre en Vigo en una urbanización muy moderna— o haciendo promociones de viviendas que le permitan obtener un mayor lucro? No puede seguir postergándose la puesta en marcha de medidas que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna, empezando por la transferencia gratuita de los activos de la Sareb para su incorporación a una bolsa de viviendas e inmuebles para el fomento de la vivienda pública social en Galicia, medidas como establecer límites a los intereses abusivos para hipotecas, aplicar impuestos o reformar los existentes para gravar las viviendas vacías propiedad de personas jurídicas, aumentar la inversión destinada a la vivienda o incrementar las reservas mínimas de suelo de vivienda protegida, sobre todo para actuaciones de renovación y regeneración urbana. En todo caso, votaremos a favor, pero reclamamos al Gobierno medidas permanentes, absolutamente necesarias para garantizar realmente el derecho a una vivienda digna para todo el mundo. Muchas gracias.

Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy el Gobierno trae a esta Cámara un real decreto ley para prorrogar hasta el año 2028 la moratoria de desahucios hipotecarios, una medida que el Partido Socialista y Podemos pactamos en enero, precisamente para garantizar nuestro voto favorable a otro real decreto ley, el del escudo social para proteger a la población frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania, que, siendo favorable, era claramente limitado para abordar el enorme problema del precio de la vivienda y del precio de los alimentos que vive nuestro país. Nosotras en Podemos, evidentemente, estamos satisfechas de contribuir siempre a que la gente más vulnerable de nuestro país, que es de la que estamos hablando en este real decreto, viva un poquito más tranquila, pero creo que nos equivocaríamos también, escuchando los discursos grandilocuentes de algunos grupos, si pensáramos que esta es la solución al problema de la vivienda en nuestro país. Esto es poco más que una tirita; es que no es ni siquiera un parche, es una tirita para afrontar una situación enormemente crítica de personas muy vulnerables.

Señora Rodríguez, hoy le traigo aquí algunas propuestas para atajar de verdad el tremendo problema que tenemos de vivienda en este país. En España no tenemos un problema de okupación, como le gusta berrear a la derecha política, mediática y judicial cada vez que tiene una oportunidad; en España tenemos un problema muy serio de especulación con la vivienda. Tenemos un problema con los fondos buitre y con los bancos de capital extranjero, que vienen a robar a nuestra gente con alquileres abusivos, comprando edificios enteros, echando a la gente de sus casas y subiéndoles el alquiler o creando pisos turísticos. En este momento CaixaBank y Blackstone son los mayores caseros de nuestro país; acumulan, entre los dos, 41 400 viviendas en alquiler. Más de 185 000 viviendas en nuestro país están en manos de grandes empresas, la mitad de ellas bancos y fondos buitre americanos. Les voy a dar una idea, señorías del Partido Socialista y miembros del Gobierno, por si no se les ha ocurrido a ustedes. ¿Por qué no expropiamos el uso de la mitad de las viviendas de estas grandes empresas para que formen parte del parque público de vivienda en alquiler? Porque estos no son pequeños propietarios, son grandes empresas cuyo único fin es la especulación con la vivienda. De esta manera, España tendría 92 000 nuevas viviendas para el alquiler social. El problema es que para eso hace falta valentía, hace falta un gobierno que gobierne, un gobierno que se tome en serio de verdad el problema de la vivienda y que lo afronte con ganas de cambiar las cosas. Si no tienes ganas de afrontar las tareas de transformación y tienes miedo del precio que te va a hacer pagar la derecha por transformar, es evidente que es imposible abordar el problema de la vivienda.

Otra idea. El problema de la vivienda es imposible resolverlo con todos los medios de comunicación mintiendo sobre cuál es el verdadero problema; es imposible si desde los medios de comunicación se dice que el problema es la ley de vivienda, como lleva repitiendo el Partido Popular desde hace un año. ¿Cómo va a ser el problema de la vivienda la ley de vivienda si ustedes, señorías del Partido Popular, no la aplican y donde gobiernan no aplican la regulación de precios del alquiler? (Aplausos). Es absolutamente imposible. También podríamos decir que es hora de aprobar una ley de medios, porque si desde los grandes medios de comunicación se miente sobre la causa del problema de la vivienda es porque tenemos personas y periodistas, como Ana Rosa Quintana, que tienen cuarenta y cuatro pisos turísticos (rumores.— Aplausos), que se dedican básicamente a la especulación y que precisamente mienten por eso, porque tienen intereses económicos y políticos detrás de sus intereses.

Todo el mundo ha hablado muchísimo, yo creo que puedo alargarme un segundo.

Mejor…

Es que todo el mundo ha hablado muchísimo.

Gracias. Decía, aunque no guste escucharlo en esta Cámara, que uno de los problemas es que los medios de comunicación mienten y que Ana Rosa Quintana miente permanentemente sobre la ley de vivienda. (Rumores). Tendríamos que aprobar una ley de medios que asegurara que se sepa que tiene cuarenta y cuatro pisos turísticos y también que tenga que reparar esos bulos que extiende sobre la ley de vivienda desde la misma tribuna, con los mismos minutos y con las mismas horas de tertulia. (Rumores.— Aplausos).

Termino ya dando las gracias a los inquilinos e inquilinas que se organizan en sindicatos. Desde luego, si vienen cambios…

… y vienen derechos desde España, va a ser desde abajo. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Egun on. Hoy, una vez más, debatimos acerca de una medida que no es nueva, una medida que tiene su origen, como ya se ha dicho aquí, en la Ley 1/2013, para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada durante el Gobierno de Rajoy para paliar los efectos de la crisis económica de 2008. Es una medida que ha sido actualizada y ampliada en varias ocasiones —‌la más reciente en 2020— y que amplió las posibilidades de que pudieran acogerse a ella un mayor número de familias para hacer frente, precisamente, a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la pandemia de la COVID-19, de la guerra de Ucrania y del aumento de la carga financiera de los hogares asociada a los préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual por el endurecimiento monetario inicial de 2022 y el aumento de la inflación.

Gaur egun dekretu honekin berriro berresten dugu gobernu honek errege lege dekretuaren figura legeak egiteko ohiko modu bihurtu duela. Salbuespena arau bihurtu duzue.

Hoy, con este decreto reiteramos una vez más que este Gobierno ha convertido la figura del real decreto ley en una forma habitual de legislar. Habéis convertido la excepción en norma.

Nos presentan una medida, una vez más, haciendo —c‌ reemos— un uso abusivo de la figura del real decreto ley, y me explico. Ustedes, señorías del Gobierno, eran perfectamente conocedores de que la suspensión de los lanzamientos hipotecarios estaba vigente hasta el 15 de mayo de 2024. Tenían un acuerdo en este sentido con el Grupo Parlamentario Podemos desde enero, y de hecho el PSOE ha introducido una enmienda en ese sentido en el proyecto de ley proveniente del Real Decreto 8/2023, un proyecto, por cierto, con numerosas enmiendas presentadas por el resto de los grupos que el Gobierno parece que no quiere debatir. Lo cierto es que, si hubieran querido, lo que hoy nos presentan y otras enmiendas también hubieran sido debatidas y adoptadas y hoy no estaríamos ni debatiendo ese decreto ni ustedes tratando de justificar urgencia alguna, pues de todas y todos era conocido que esta medida tenía una fecha de caducidad.

Funtsari dagokionez, esan behar da hipoteka kaleratzen etetea beste lau urtez luzatzen dela, 2028ra arte. Nire taldeak, Eusko Alderdi Jeltzaleak, neurri honen alde egingo dugu. Uste dugu neurri hau beharrezkoa dela, egoera ahulean dauden familiak babesteko eta etxebizitza exekutatu eta bankuari esleitu ondoren, haien etxean jarraitu ahal izateko. Azken batean, neurri honek etxebizitza hutsarazteko exekuzioak galaraziko ditu hipotekak ez ordaintzeagatik. Gainera, kontuan eduki behar dugu exekuzio hauek gaur egun lehen auzialdiko epaitegian jartzen direnean, % 50 pasatxo direla eta gainerakoak ordaintzen ez duten maizterrei buruzkoak direla.

Y, en cuanto al fondo, hay que señalar que la suspensión de desahucios hipotecarios se prorroga por otros cuatro años, hasta 2028. Mi grupo, EAJ-PNV, apoyará esta medida, pues la consideramos necesaria para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad y para que estas puedan permanecer en el domicilio tras la adjudicación de la vivienda al banco. En definitiva, una medida que paralizará las ejecuciones de desahucio de vivienda por impago de hipotecas. Además, hay que tener en cuenta que en la actualidad estas ejecuciones suponen poco más del 30 % de las que se instalan en los juzgados de Primera Instancia y que el resto se refiere a inquilinos morosos.

En cuanto al fondo, hay que decir que, efectivamente, la suspensión de los lanzamientos se prorroga cuatro años más, hasta 2028, una medida que vamos a apoyar por entender que sigue siendo necesaria, como he dicho, para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, pues los tipos de interés aún son altos y, en definitiva, son estas familias las que sufren un mayor incremento de la carga financiera precisamente por su mayor exposición a la deuda de tipo variable y sus rentas más bajas. Pero también hay que decir que resulta curioso que una medida que en su origen fue pensada como un alivio temporal ante las crisis se esté convirtiendo hoy por hoy en una medida estructural, pues en definitiva es una medida que estará vigente durante quince años, de 2013 a 2028. Quizá sea el momento de abordar esta problemática de una manera distinta que no lleve a las familias a vivir siempre entre prórrogas e intentar buscar y abogar por una solución definitiva, máxime cuando, por un lado —y‌ así lo corroboran los datos y también el propio Gobierno de coalición—, estamos en un contexto de crecimiento económico, de aumento del empleo, de estabilización de la inflación, que todavía es alta, aunque hoy también hemos conocido el aumento general de 3 décimas pese a que la de los alimentos se modera, y con una tendencia, además, a la baja de los tipos de interés del euríbor, y, por otro, el número total de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias sobre vivienda habitual, según el INE, cayó alrededor de un 21 % en el primer trimestre de este año y lleva ocho trimestres consecutivos a la baja gracias en parte a las medidas adoptadas hasta ahora, pero también, aunque algunos no lo creen así, por el interés de la banca en negociar los impagos, ya que lo que buscan es una salida lo más rápida y rentable posible para ambas partes. Si bien hay grandes diferencias entre comunidades autónomas, me gustaría destacar que es en Euskadi donde se registra un menor número de desahucios relacionados con la vivienda.

Etxebizitzari buruzko gai konplexuaren barruan sartzen den neurri baten aurrean gaude. Konpontzeko gai konplexua da, izan ere, administrazioek beraiek garatu behar dute aldi berean etxebizitza eskubidea eta jabetza eskubidea babestuko dituen sistema bat. Guztion erantzukizuna da eta ezin dugu hau, zintzoen gai hau, zintzoen eta gaiztoen arteko eztabaida soil bat bihurtu.

Estamos ante una medida que se enmarca en el complejo tema de la vivienda. Es una cuestión compleja de solucionar, puesto que son las propias administraciones quienes deben desarrollar un sistema que proteja de forma simultánea el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad. Y no podemos convertir este debate en una simple disputa entre buenos y malos, es responsabilidad de todos y todas.

Decía en euskera que estamos ante una medida que se engloba dentro de un tema muy complejo, como es la vivienda, una cuestión compleja de solventar, puesto que son las propias administraciones quienes debieran o deben desarrollar un sistema que proteja de forma simultánea el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad. Y creo que no podemos convertir este debate en una simple disputa entre buenos y malos. Apoyaremos esta medida.

Gracias.

Presidente, señorías, buenos días. Quiero comenzar la intervención mencionando dos cuestiones que ha señalado la ministra, porque yo creo que todas y todos, con independencia del credo ideológico que profesemos, tenemos claro que lo peor que se puede hacer ante una realidad que es sangrante para miles de personas es frivolizar o relativizar la dimensión del problema. Y no creo que se pueda decir que nuestro modelo está funcionando cuando vamos a volver a oír en este debate, en mi boca y seguramente en la de otros que me sigan, el número de desahucios que se provocan y el número de familias que se ven abocadas al sinhogarismo o a vivir en una situación absolutamente precaria. No creo que el modelo esté funcionando; si no, no estaríamos aprobando medidas como estas. También quiero mencionar otra cuestión que resulta hiriente. Esta no es de la ministra, sino que ella ha hecho mención a una posición del Banco Central Europeo, que, en última instancia, es el responsable de que se suban los tipos de interés que luego repercuten de manera directa sobre las hipotecas, que de alguna manera justifica medidas de excepcionalidad como esta o la pervivencia o ampliación de medidas de excepcionalidad como esta, que es que el Banco Central Europeo no puede comprometerse a una senda determinada de tipos, pero en 2022 sí pudo comprometerse a una subida progresiva de tipos de interés que han hecho la vida más difícil. Luego es mentira que no pueda comprometerse. La realidad es que no quiere comprometerse a una bajada sostenida de tipos de interés, probablemente para no debilitar las posiciones de quienes le interesa.

Creo que es evidente —‌por eso decía que hay que huir de centralismos— que la vivienda es probablemente uno de los problemas fundamentales que tiene nuestra sociedad. Es más, yo me atrevería a decir que es probablemente el factor principal de desigualdad en este Estado, es decir, tener o no tener derecho a techo es lo que condiciona el conjunto de las actividades de la vida de cualquier ciudadano o ciudadana, las que le dotan de dignidad o le desposeen de ella. De hecho, no es una impresión personal. No hay encuesta en el Estado español, no hay estudio sociológico en el Estado español ni en ninguna de las realidades integradas en el Estado español que no determine que la vivienda o que la falta de vivienda o la dificultad de acceso a la misma es una de las tres principales causas de preocupación del conjunto de la ciudadanía. Por tanto, nos encontramos con un problema estructural y nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque no va en dirección contraria a otras iniciativas que en esta misma Cámara hemos avalado en Euskal Herria Bildu o que incluso en algún caso hemos pactado con el Gobierno para apoyarle, como pudo ser el decreto de 26 de diciembre, que hablaba de prohibir los desahucios, del tope del 3 % a los alquileres o de prohibir los cortes de luz y de agua, es decir, de los suministros básicos.

Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa en la medida en que no rompe esa dinámica de protección a los más desfavorecidos, pero creo es bueno ponerla en contexto. Al final, estamos hablando de los deudores hipotecarios. Es decir, una parte de las personas que son desahuciadas lo son porque no pueden hacer frente al incremento de sus hipotecas y hay otra parte de las personas que son desahuciadas que lo son porque no pueden hacer frente al pago de su alquiler, y este real decreto percute o incide directamente en los deudores hipotecarios. Para ponerlo en contexto: el 87,35 % de los desahucios o de los lanzamientos que se provocan tienen que ver con impagos de alquileres en la actualidad, por lo menos en la Comunidad autónoma vasca, que es la que conozco más. Por tanto, la eficacia de esta medida, que, como digo, avalaremos, es limitada; solo va a favorecer las condiciones del 13 % de las personas que son desahuciadas y, aunque podamos estar satisfechos porque el número de desahucios, si lo comparamos con cualquier otro año, ha descendido, no es menos cierto que siguen existiendo. En 2014, por ejemplo, en la Comunidad autónoma vasca —‌ya que estoy hablando de ella como realidad que mejor pueda conocer— se daban 1086 desahucios y en 2023 han sido 593. Hay un descenso claro. Probablemente, estas medidas paliativas sirven, pero no erradican el problema. Seguimos teniendo, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, 593 familias que han sido desahuciadas al menos en 2023.

Y aprovecho esta intervención —y‌ a lo he hecho en alguna otra ocasión— para poner en contexto cuál es la dimensión del problema. Aquí se habla muchísimas veces de okupación y se nos presenta como el problema principal que tienen los ciudadanos y ciudadanas con la materia de vivienda. Sin embargo, vemos que la realidad nos desdice y nos dice que, por ejemplo, volviendo a la Comunidad autónoma vasca, el año pasado se produjeron cuarenta y siete juicios verbales por okupación. Cuarenta y siete, y yo acabo de decir que el año pasado se produjeron 593 desahucios. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Una vez dije que era una décima parte de dimensión en el problema la okupación con respecto a los desahucios. Hoy puedo ir más lejos; yo diría que es una catorceava parte viendo estos datos. Esa sería la dimensión que debería tener y, por tanto, ahí tendríamos que ver cuál es la preocupación principal y cuál es la fuente o la fuerza que empleamos para resolver uno y otro problema. Un problema que, por otra parte, ya está llegando a todos los lados —‌digo este, el de las okupaciones y el de los desahucios—, también hasta la Iglesia, y parece que con la Iglesia hemos topado si hablamos de curas cismáticos y de cosas de este tipo, y no sé si veremos lanzamiento de monjas en algún momento también con este tema.

Para ir finalizando, quiero apuntar una realidad a la que tendríamos que prestar atención para que este real decreto sea efectivo. Las plataformas de afectados de las hipotecas, en concreto la de Bizkaia, vienen señalando que para poder acogerse a estas medidas que les impidan ser desalojados tienen que presentar un certificado de vulnerabilidad, certificado de vulnerabilidad que muchas veces no pueden obtener porque se encuentran con ayuntamientos —m‌ e imagino que los habrá de todos los colores— que muestran y exhiben dificultades para otorgarlo, y no es porque sea difícil probar la vulnerabilidad de esas personas, sino porque probablemente expedir ese certificado muestra al conjunto de la sociedad que nos encontramos ante un problema estructural. Y probablemente para muchos ayuntamientos, sobre todo si tienen ciertos recursos, será más fácil dar una ayuda económica que tener que reconocer que en su municipio hay un problema estructural.

Por tanto —y‌ finalizando ya—, como decía, nosotros lo vamos a apoyar, pero creo que hace falta tomar muchas más medidas y probablemente este carácter excepcional tendrá que ser estructural. Quizá esa sea la mejor manera de que entendamos que las desigualdades en nuestro mundo existen probablemente porque este sistema económico no puede funcionar sin la generación de bolsas de pobreza que lleguen y empujen la desigualdad, como seguramente tampoco puede funcionar sin determinados niveles de autoritarismo y de control que hacen que todo fluya. Seguramente por eso hoy —y‌ quiero terminar con ello— quiero acordarme y saludar a toda la gente que mañana en Zaragoza va a salir a las calles a defender la libertad de los seis de Zaragoza, porque están en la cárcel —l‌levan cincuenta y ocho días— única y exclusivamente por hacer frente al fascismo.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta, ministra, señorías. Hoy en este pleno hemos vivido las dos caras de la política. Por un lado, hemos vivido la vileza, la crueldad, la falta de escrúpulos de aquellos que infunden odio, retuercen medias verdades y escampan bulos para que los penúltimos se enfrenten a los últimos. (Aplausos). Pero también hoy veremos cómo cuando fuerzas políticas diferentes cooperan junto a movimientos sociales y sindicatos se puede avanzar, se pueden aportar certezas. Y es que, señorías, no nos equivoquemos, el problema no es la extrema derecha. El problema no es ni la extrema derecha ni la 3.0; el problema es el capitalismo (aplausos), que nos convierte en seres solitarios que tienen relaciones de usar y tirar, que llegan agotados cada noche después de un ritmo frenético que no les permite arraigar en los barrios ni tener vínculos fuertes para que, cuando caigamos, alguien nos ayude, pero también para que cuando nos vaya bien alguien se alegre. Y es que, sin compartir, sin cooperar, no hay civilización; sin el otro, no hay democracia. Señorías, hoy, en la rueda de hámster en la que se ha convertido nuestra jornada, de gente corriendo de un lado para otro o para ningún lado, es imposible tener vínculos y tejer redes, ni con Mohamed ni con María ni con Pere. Y es por esto por lo que es fundamental reducir la jornada laboral (aplausos), cerrar los domingos los centros comerciales y continuar mejorando los salarios. Pero más importante todavía es tener espacios comunes, y no puede haber espacios comunes cuando venden nuestra casa para ser sustituida por un apartamento turístico donde no va a haber vínculo. Es que ni siquiera va a haber un buenos días o un bona nit cuando nos tropecemos con los turistas en las escaleras. No va a haber vínculo ni espacio cuando el bloque de pisos de nuestros padres sea vendido a un fondo buitre para hacer especulación y no haya viviendas. Y tanto que les preocupa lo extranjero, les diré que la problemática, señorías, está en los fondos buitre extranjeros, que siguen comprando casas en nuestros barrios. Es ahí cuando nace la rabia, cuando nace el odio, cuando nace la soledad. Y es que la meritocracia es un canto de sirena que nos expulsa de la ciudad, de la civilización y nos hace creer que solos podemos, pero que también cuando no podemos es nuestra culpa. Por eso este decreto es en parte una herramienta para decirle a la gente que no es una cuestión individual y que es el Estado quien debe protegerles cuando se caen. (Aplausos). Señorías, cuando los bancos o los fondos buitre o sus institutos de opinión nos inviten a hablar de meritocracia, nos inviten a hablar de cultura del esfuerzo, de igualdad de oportunidades, recuerden que, cuando quien hereda un banco cae, el Estado le regala dinero público, dinero público que le dan incluso las familias que no tienen a través de sus impuestos. Mientras tanto, cuando una familia humilde trabajadora cae, le decimos que no solo va a perder su casa, sino que le debe dinero al banco, al que ella ha aportado dinero. No hay meritocracia, no hay igualdad, no hay libertad, no hay seguridad y es ahí donde tiene que nacer la política, y este decreto debe servir para ello. Tenemos que afrontar el problema de fondo —‌se ha dicho anteriormente—, fundamentalmente porque la banca española es especialmente cruel. Y es que hemos visto cómo ha sacado un 70 % más de rentabilidad de los tipos de interés que el resto de la banca europea (aplausos), a pesar de que no ha devuelto el dinero del rescate de 2012. Señora ministra, obviamente, apoyaremos este decreto, un decreto que hace que muchas familias esta noche puedan irse a dormir sin tener la angustia de si mañana les van a echar de su casa, de si mañana les van a robar sus recuerdos o de si mañana les van a imposibilitar soñar, pero hacen falta otras medidas. Particularmente, en este decreto pensamos dos que son importantes. La primera de ellas es que el Gobierno en este 2024 tiene que subir un 3 % el IPREM para adaptarse al encarecimiento de la vida.

(Aplausos). Y la segunda, como piden los compañeros y compañeras de la PAH, para hacer frente a prácticas bestiales de acoso inmobiliario, es que exista la obligación de anotar en el Registro de la Propiedad que la vivienda tiene una moratoria, como otras cargas, para que que cuando un banco o un fondo buitre quiera comprar la casa sepa que dentro hay una familia protegida por el Estado.

Señorías, no tiene sentido que los organismos internacionales nos feliciten porque hemos sido capaces, gracias a la subida del salario mínimo interprofesional, de sacar a un millón de personas de la pobreza en nuestro país (aplausos) y que, al mismo tiempo, los organismos internacionales nos recriminen que somos el país de la Unión Europea donde más exclusión y pobreza hay entre los inquilinos, un 45 %, y subiendo. Y es que, señorías, urge valentía, coraje, enfrentarse a los fondos buitre, a la banca y a las familias rentistas de siempre.

Señorías, concebir la vivienda como un negocio y no como un derecho no es de zurdos, pero tampoco de patriotas, porque el derecho a la vivienda es lo único que puede permitir que un niño, cuando va a la escuela, pueda atender al profesor y no esté preocupado de que en casa no tiene donde estudiar, de que no tiene la nevera llena o de que no tiene luz cuando está resfriado. (Aplausos). Por eso, señorías, si realmente quieren atender el problema, la emergencia nacional que supone la vulneración del derecho a la vivienda, urge democratizar la economía y hacer que el patrimonio inmobiliario circule y no se estanque en las mismas familias de siempre, que creen que nosotros aquí servimos a sus intereses y no a los del pueblo.

Finalmente —‌termino, señora presidenta—, urge un pacto de Estado por la vivienda que haga como hicimos con la reforma laboral, que alquilar sea también indefinido para que haya tranquilidad y arraigo de las familias; que incluya también en la ley de vivienda ―que la derecha no quiere aplicar― a la vivienda habitacional, temporal y a los pisos compartidos; que regule los apartamentos turísticos y que acabe con los fondos buitre que venden nuestra patria, que excluyen a nuestras familias y expulsan a las personas. (Aplausos).

Hoy, damos un pequeño paso, compañeros y compañeras, pero el problema sigue ahí fuera y, luego, no nos lamentemos de que viene la extrema derecha.

Moltes gràcies. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Vaya viaje en el tiempo el de los últimos años, señorías, alucinante. De la sociedad de pequeños propietarios hemos pasado a la que discute qué hacer con los lanzamientos hipotecarios. Qué muestra tan triste ―y a la vez tan elocuente― del final de una época. (Aplausos). Y es que España fue durante décadas uno de los países de Europa con más familias dueñas de sus casas. Dabas una patada y salían cientos de propietarios y, además, de todas las edades, también jóvenes, aunque hoy cueste creerlo. Ahora hay que coger una lupa para poder encontrar una pareja de propietarios menor de treinta y cinco años, y hay que cogerla porque la cifra ha caído a la mitad en solamente una década. Y también de toda condición, y esto era algo de lo que sacar pecho, de lo que estar orgullosos como país. Mientras en Europa solo los ricos eran dueños de sus casas, aquí todo hijo de vecino podía tener una vivienda en propiedad y organizar su vida alrededor de ese bien y de esa certeza, pero nada de esto queda ya hoy. (Aplausos). ¿Cómo van a comprar una casa los jóvenes si encadenan contratos de prácticas hasta que peinan canas? ¿Cómo van a adquirir una vivienda las rentas bajas si han de competir con fortunas extranjeras y con fondos que compran a tocateja? Sonroja pensar el tiempo que dedicaban nuestros padres a pagar una hipoteca o el porcentaje de salario que tenían que destinar a ello, y sonroja porque parece que estamos hablando de otro lugar, y es que el país que conocimos, sencillamente, ha dejado de existir. (Aplausos). La destrucción de la sociedad de pequeños propietarios ha dado paso a un sinfín de fenómenos tan indeseables como indeseados. Adentrarse en el mercado de la vivienda es como adentrarse en el pasaje del terror, uno solo se lleva sustos. Ciudades sin pisos por debajo del salario mínimo, parejas que viven en autocaravanas, jubilados que tienen que acogerse a la figura de la nuda propiedad para poder cubrir gastos, estudios en oficinas abandonadas en mitad de polígonos industriales, castings ―sí castings― para zulos de 12 metros cuadrados y vecinos de toda la vida siendo sustituidos por turistas de solo una noche. (Aplausos). La oferta de alquiler por habitaciones supera, en algunas ciudades, la de pisos enteros. De comprarte un piso hemos pasado a comparte un piso, solo cambia una letra, pero hay todo un abismo en condiciones de vida. Gracias a la nueva normalidad residencial ―su nueva normalidad residencial―, las zonas comunes ya no son las corralas, los patios o los portales; ahora, son los pasillos, las cocinas y hasta los baños.

Lo dicho, vaya viaje. El resultado es que la propiedad cada vez se concentra en menos manos, porque entenderán todos que no es lo mismo que todos los vecinos de un barrio sean propietarios de su casa que el que un solo propietario sea dueño de todas las casas del barrio, y ese es el camino que llevamos. El cambio es tan tan agresivo que hemos interiorizado, sin darnos cuenta, palabras como okupación, narcopiso, micropiso, coliving, cohousing o lanzamiento hipotecario. Es el tema del que hablamos hoy. Hablamos de familias que suscribieron hace tiempo una hipoteca y que hoy están ahogadas por subidas brutales de los tipos de interés, decididas muy lejos de los hogares que las sufren. Algunas pagan 600 o 700 euros más al mes de lo que pagaban hace años. Pero, si una viuda o una familia en la que hay nuevos miembros u otra en la que uno de ellos ha quedado en paro no puede satisfacer sus obligaciones hipotecarias, no es porque hayan vivido por encima de sus posibilidades ni tampoco es porque no se esfuercen lo suficiente. Si no pueden pagar, es porque todos ustedes han llevado la precariedad a los hogares de la gente honrada, decente y trabajadora. (Aplausos). ¿Políticas de empleo? Líderes en paro juvenil. ¿Salud y consumo? Campeones en pobreza infantil. ¿Oportunidades? Será en la otra punta del mundo, que es donde abren las fábricas que cierran aquí. ¿Salarios? Irrisorios. ¿Suministros básicos? Cada vez más difíciles de pagar. ¿Cesta de la compra? Con precios disparados y con seguros antirrobo. ¿Carburantes? A la espera de que aparezcan en nuestras autopistas los chalecos amarillos. ¿Y ahorro? En caída libre.

Un tercio de los españoles declara no poder hacer frente a gastos imprevistos y, evidentemente, una subida brutal y dramática de los tipos de interés lo es. Un tercio, pero serían muchos más de no ser por el amortiguador de la familia; sí, la familia que ustedes tanto denigran y desprecian. Cuántos alquileres y cuántas hipotecas se pagan gracias a la ayuda de padres, de hermanos, de tíos o a la pensión de los abuelos. La familia es el mayor patrimonio de las clases populares. (Aplausos). Solo ella, la familia, las protege de un Estado capaz de tener récord de recaudación en mitad de una crisis y de unos bancos que multiplican sus beneficios cuando se multiplica el dolor.

Traen ustedes la enésima prórroga de una medida que en origen era temporal, pero que va camino de convertirse en ley fundamental del reino. ¿Dónde se ha visto que una medida —e‌ n origen, paliativa, de pura contingencia— vaya a convertirse en una práctica duradera, de más de una década? ¿Entienden ustedes que, cuando lo extraordinario deviene normal, deja de ser extraordinario? Esta prórroga es, en verdad, la mayor acta de acusación contra la obra del bipartidismo. Es el retrato de su falta de imaginación política y de su incapacidad para encontrar una ruta. Doce años con el mismo problema y doce años sin saber cuál es el plan. No sabemos cómo vamos a proteger a los nacionales de la demanda extranjera, no sabemos cómo y cuándo vamos a tener un verdadero parque de vivienda social digno de tal nombre ni cuándo van a terminar con los impuestos que impiden precisamente a los jóvenes y a las rentas más bajas adquirir una primera vivienda ni si van a crear un fondo social que permita financiar viviendas a bajo interés o dar alternativa habitacional a quien ha llegado a una situación límite ni si van a reforzar los mecanismos de segunda oportunidad ni se van a construir las 600 000 viviendas que todo el mundo dice que hay que construir ni siquiera sabemos si van a fijar un mínimo de PIB destinado a vivienda. No sabemos nada de nada, porque no han hecho nada. Unos se han dedicado a contemplar el desastre poniendo a buen recaudo la tabla de Excel y otros se han dedicado a tocar todas las teclas erróneas a sabiendas de que no habían funcionado en ningún lugar. (Aplausos).

Si esta prórroga no viene acompañada de otras medidas no será más que un parche, un patadón p’adelante, y que los españoles de dentro de cuatro años vean qué pasa con esto, pura procrastinación política. Un parche que, además, puede volverse muy doloroso para las clases populares, puede ser un bumerán. Si nos limitamos a prohibir las ejecuciones hipotecarias sin crear las condiciones para que la gente pueda tener una vivienda, los bancos endurecerán los requisitos de acceso a una hipoteca. menos españoles serán propietarios, sobre todo los jóvenes y los de rentas más bajas, y la burbuja de los alquileres, en consecuencia, seguirá creciendo y creciendo sin parar.

Votaremos hoy para apoyar a los nuestros en un momento crítico, porque los españoles que peor lo pasan merecen una tregua, no pueden ser ellos quienes paguen el pato de sus tropelías y su fiesta. Pero votaremos también con la esperanza de que en España tendremos otra vez una sociedad de pequeños propietarios, pues la pequeña propiedad familiar es el mejor antídoto contra los vaivenes de un mercado global cada vez más impredecible y voraz y contra la arbitrariedad y la inanidad de los Gobiernos y los Estados.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Moltes graciès, presidenta. Diputados, diputadas, buenos días. Permítanme una previa. Señor portavoz de VOX, qué poco han entendido la crisis inmobiliaria. Hace años no salían cientos de jóvenes felizmente propietarios, surgieron miles de jóvenes exageradamente hipotecados. Unos se hipotecaban mientras otros, sus amigos, se forraban. (Aplausos). Hoy discutimos este real decreto para proteger a los colectivos vulnerables frente a los desahucios hipotecarios. Es decir, a familias numerosas; familias monoparentales con hijos a cargo; familias con menores de edad; familias con algún miembro en situación de dependencia, con alguna discapacidad o con mujeres víctimas de la violencia machista; a personas en paro y a personas mayores de sesenta años. Lo hacemos porque para este Gobierno la vivienda es una prioridad y trabajamos para convertirla en el quinto pilar del estado del bienestar. Somos conscientes de las enormes dificultades que muchas personas aún hoy tienen para acceder a una vivienda, dificultades generadas —‌no nos engañemos— en gran medida por las políticas de los gobiernos del Partido Popular, basadas en la especulación, en las burbujas inmobiliarias y en los fondos buitre. La diferencia entre nosotros, los socialistas, y la derecha es abrumadora. Señorías del PP, señorías de la derecha, nunca nos cansaremos de recordarles que, para nosotros, los socialistas, la vivienda es un derecho constitucional; para ustedes, el PP, es un negocio. Nuestra política de vivienda es hacerla, la suya es venderla a fondos buitre, a veces incluso regalarla. El PP trabaja para una minoría privilegiada y nosotros, los socialistas, trabajamos para una mayoría social. (Aplausos). A nosotros, los socialistas, nos gusta cumplir la Constitución, al Partido Popular le gusta pisotearla. El artículo 47 de la carta magna establece el acceso a la vivienda como un derecho para todas y para todos, y también dice algo que al PP convenientemente se le olvida, que es la obligación de todas las administraciones públicas, desde su ámbito competencial, de garantizar ese derecho constitucional. Y de ahí este real decreto y todas y cada una de nuestras políticas públicas en materia de vivienda. Hemos hecho la primera ley de vivienda de la democracia en España para revertir los estragos causados por las políticas del Partido Popular. Hemos multiplicado por ocho —‌por ocho, que se dice pronto— el presupuesto para las políticas de vivienda. Construimos vivienda pública para que nuestro parque público empiece a asemejarse al de los países europeos más avanzados. Promovemos medidas para bonificar a los propietarios y para ayudar a quienes más lo necesitan ―los he citado― y también a la gente joven. Por cierto, señorías del PP, ¿qué está ocurriendo allí donde gobiernan con el bono de alquiler joven impulsado por el Gobierno progresista? Parece que no han sabido o querido aplicarlo. Nosotros aprobamos medidas y ustedes las boicotean, esa es la estrategia de la derecha. Primero, genera un problema enorme con la vivienda con sus políticas públicas. Cuando los socialistas llegamos al Gobierno, aprobamos medidas para solucionar este complicadísimo problema y, luego, ustedes, ahí donde gobiernan, boicotean estas medidas para seguir quejándose del problemón de la vivienda. ¿No les parece un poco cínico? ¿No les parece eso poco empático, señorías del PP? (Aplausos). Sin ir más lejos, en la última sesión de la Comisión de Vivienda, el Grupo Popular se tiró toda la sesión criticando el alza de precios, mientras sus comunidades autónomas se niegan a aplicar las zonas tensionadas que prevé la ley, que precisamente sirven para bajar esos precios. Por cierto, en esa misma Comisión, el Grupo Popular no planteó ni una sola propuesta; en cambio, invirtió todas sus energías en esparcir bulos sobre okupaciones que no solo no han aumentado, sino que han disminuido. Es sencillo, es un dato fácil de entender. Entonces, ¿por qué insisten con sus bulos ya desmentidos? Además, saben que hay veinte veces más desahucios que juicios por okupación, por lo que a la pregunta de por qué insisten con sus bulos ya desmentidos añado otra: ¿por qué, señorías del PP, hablan más de okupas y nunca hablan de desahucios si hay muchísimas más posibilidades de que te desahucien que de que te okupen la casa mientras vas a comprar una barra de pan? (Aplausos).

Yo tengo una teoría al respecto, concretamente cuatro ideas. Primero, ustedes, señorías del Partido Popular, y sus seudomedios financiados con dinero público, difunden bulos para meter miedo en el cuerpo y para desviar la atención de lo que realmente es grave y relevante, y en muchos casos ―y lo lamento mucho― les reconozco que lo consiguen. Segundo, ustedes, señorías del PP, prefieren hablar de otras cosas antes que asumir el desastre de sus políticas públicas, que han provocado mucho dolor y sufrimiento a muchísimas familias españolas. Tercero, prefieren, señorías del PP, centrar el debate de la vivienda en bulos y en miedo para no reconocer que tienen en frente a un Gobierno progresista y a una maravillosa ministra de Vivienda dispuestos a solucionar este enorme problema, a dejarnos la piel ―como estamos haciendo― para sacar adelante políticas públicas que hagan efectivo el derecho del acceso a la vivienda, tengas lo que tengas en tus cuentas corrientes. Y cuarto, señorías del PP ―y esto nos vale para políticas de vivienda y para todas las políticas de protección social―, ustedes lanzan bulos e intentan desviar el debate para ocultar que aquí ha habido dos maneras de salir de las crisis, como bien apuntaba la ministra. Ustedes salvan bancos, nosotros salvamos personas; ustedes recortaban prestaciones, nosotros ampliamos derechos, como hicimos con los ERTE, con las ayudas para autónomos, como hemos hecho prohibiendo que se corte la luz, el agua y el gas de aquellas personas que no pueden pagarlo (aplausos); ustedes usaban la Sareb como banco malo, nosotros para movilizar vivienda asequible.

Voy acabando. Yo les pido, si me lo permiten, una cosa. Déjense de bulos y sean valientes. Ya les avanzo que ser valiente no es llamar hijo de fruta al presidente del Gobierno y que la valentía no es poner a su elegante señoría, al señor Tellado, a insultar a todo el mundo en todas partes, eso quizás sería vulgaridad o mala educación. Ser valiente es reconocer para quién trabajan ustedes. Ser valiente es reconocer qué es lo que ustedes pretenden. Ser valiente es mirar a la cara a cada español y a cada española y decirle: Oiga, yo, el PP, te digo a ti, ciudadano medio español que trabajas incansablemente para pagar facturas, para sacar adelante a tu familia, para pagar un alquiler, que no voy a defender tus derechos, que no voy a trabajar para que vivas mejor. Porque yo, Partido Popular, te digo a ti, ciudadano medio español, que la mejora de tus derechos y de tu calidad de vida perjudica a los cuatro privilegiados que la derecha defiende.

Acabo, presidenta. Los socialistas y las socialistas somos conscientes de por qué se nos ataca, somos conscientes de por qué se ataca al Gobierno y al presidente del Gobierno, y es por las políticas que hacemos, porque beneficiamos a la mayoría social frente a la extrema minoría que ustedes defienden. Pero nosotros lo tenemos claro: todo esto vale la pena, ¡y tanto que vale la pena! Nosotros, los socialistas, seguiremos trabajando por todos aquellos que nacimos sin tenerlo todo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías, fue el Gobierno del Partido Popular en 2013 el que aprobó la primera ley para suspender los lanzamientos por impago hipotecario de familias vulnerables. Sí, señorías, por mucho que les pese fue el Gobierno de don Mariano Rajoy. (Aplausos). Esta medida se aprobó para impedir que los españoles que no podían pagar las cuotas de sus hipotecas fueran obligados a entregar las llaves de su casa. Y esta fue una medida extraordinaria para paliar los efectos de la peor crisis inmobiliaria y financiera que todos hemos vivido. Fue una crisis que estalló, como ustedes saben, en 2008 cuando el presidente Zapatero era el único español capaz de vislumbrar brotes verdes. Cada dos años se ha ido prorrogando esta medida y el mes pasado vencía el plazo. Y el Gobierno, fiel a su modus operandi, aprobó por real decreto ley la prórroga para cuatro años más. ¿Ni siquiera se fían de sus socios para aprobar esta medida social? Durante los últimos seis años han convertido la vivienda en uno de los principales problemas para los españoles. Se ha convertido en un auténtico problema de Estado. ¿Por qué? Las políticas erráticas del Partido Socialista le convierten en el responsable de la emergencia habitacional que sufrimos en nuestro país. Hoy solo me dará tiempo de analizar tres de estas medidas. La primera, su ley de vivienda, aprobada hace un año como pago a las exigencias de Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y Bildu. El punto estrella es la intervención de los precios del alquiler por parte del Estado. Ante la amenaza de intervenir los precios, una de cada cuatro viviendas ha desaparecido del mercado del alquiler. Y, automáticamente, ¿qué han hecho los precios? Han aumentado un 12 %. Según el INE, en 2022, antes de la aprobación de esta ley, los precios aumentaron solamente un 2,7 %. Por tanto, esta ley ha conseguido, entre otras cosas, que los precios del alquiler pasen de aumentar un 2,7 % a un 12 %. A ver si le queda claro al Ministerio de Vivienda que dieciséis comunidades autónomas, incluidas las tres gobernadas por el Partido Socialista, no aplican la ley porque va en contra del interés general.

La segunda medida que les quiero poner encima de la mesa es la ley antiokupación. Fue la primera ley Feijóo aprobada en el Senado hace ya cuatro meses y el Partido Socialista la bloquea en el Congreso porque sabe que hay muchísimas probabilidades de que saliera adelante. Imagínense al Gobierno, que en siete meses únicamente ha sido capaz de aprobar la ley de amnistía, y al Partido Popular aprobando una ley que responde al grave problema de la okupación. (Aplausos). Este fenómeno, desgraciadamente, está proliferando y afecta a barrios enteros, a inquilinos, a propietarios, a vecinos… Esta ley antiokupación contiene medidas muy concretas como, por ejemplo, el desalojo de los okupas en veinticuatro horas o impedir que un okupa se pueda empadronar en la vivienda okupada o agilizar los trámites. En este caso, el tiempo corre a favor de los okupas y desespera a los pequeños propietarios. En resumen, esta ley recupera la seguridad jurídica que Sánchez ha debilitado.

La tercera medida que les quiero exponer es la modificación de la ley del suelo. Hace tres semanas en esta misma Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista retiró la ley una hora antes de empezar el debate. Ni siquiera su socio de Gobierno, Yolanda Díaz, SUMAR, les apoyaba. Por enésima vez, para no evidenciar en público la debilidad de este Gobierno, el Partido Socialista reculó por la puerta de atrás.

Señorías, tenemos que ser más ambiciosos. En el Partido Popular estamos trabajando de la mano del sector, de la mano de las comunidades autónomas y de la mano de los ayuntamientos para presentar una ley de desarrollo urbano y de vivienda con cuatro modificaciones normativas: la ley del suelo, la ley de la vivienda, la ley de jurisdicción contencioso-administrativa y la Ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas. Y esperamos contar con un gran consenso en esta Cámara. Les puedo asegurar que hay alternativas a las políticas intervencionistas y les voy a citar algunas de las medidas de incentivo, medidas puestas en marcha en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Por ejemplo, planteamos avalar el 20 % de las hipotecas a menores de treinta y cinco años para la compra de su primera vivienda o eliminar el 50 % de los impuestos de transmisiones para la compra de la primera vivienda para familias numerosas, familias monoparentales o familias con personas con discapacidad a su cargo; también poner a disposición suelo público para la construcción de vivienda asequible y posibilitar el cambio de uso de un local comercial o administrativo a vivienda.

Señorías, desde 2013 el Partido Popular ha estado y estará al lado de las familias vulnerables y trabajando para que la situación mejore. El problema es que con usted, señor Sánchez, hemos llegado a los 12 700 000 españoles en riesgo de pobreza. No lo decimos nosotros, no lo dicen los medios de comunicación que quieren censurar, lo dice el informe AROPE, impulsado por un ministerio de su Gobierno. Cuestionamos los escudos sociales de este Gobierno, están condenando a las familias a una espiral de mayor pobreza y convirtiendo a los pequeños propietarios en vulnerables. Señorías del Grupo Socialista, dejen de bloquear las diez leyes aprobadas en el Senado y permitan que se debatan y se voten en esta Cámara. Son diez leyes que vienen a solucionar los problemas reales de los españoles. Por favor, sean valientes. Dejen que el Congreso de los Diputados legisle, que para esto estamos aquí. (Aplausos).

Para terminar, simplemente, señorías del Grupo Socialista, les voy a dar un pequeño consejo: dejen de celebrar las derrotas electorales, si no, corren el peligro de convertirse en eternos perdedores.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta.

Intervengo desde el escaño para agradecer a todos los grupos la disposición que han manifestado para apoyar este real decreto. Y, por supuesto, quiero reiterar nuestro compromiso de que no será el único, de que este es el gran tema sobre el que vamos a trabajar en la próxima legislatura y para el que espero seguir alcanzando consensos. (Aplausos).