Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, O.A.

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco ante esta Cámara y someto a su tramitación el Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos. Se trata de una iniciativa que, como saben, nace al amparo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la voluntad compartida de promover reformas normativas en el ámbito de la propiedad intelectual y modernizar las estructuras administrativas que se encargan de la garantía y protección de los derechos culturales en nuestro país, concretamente el derecho a la creación. Hoy vengo a exponerles las principales características de esta oficina y a solicitar el apoyo y el respaldo de sus señorías a un proyecto de ley que nos dotará de una herramienta de futuro. Nos encontramos ante un instrumento fundamental para abordar los retos y transformaciones que afronta la defensa de la propiedad intelectual, en un contexto presidido por Internet, las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Tengan en cuenta que la propiedad intelectual es el principal activo del sector cultural y creativo, un sector que aporta, según datos de la cuenta satélite de la cultura, un 3,2 % del producto interior bruto y un 3,3 % del valor añadido bruto. De este sector dependen, según la encuesta de población activa publicada por el INE, más de 695 000 empleos en nuestro país, lo que supone un 3,4 % del empleo total en España. Consideren estas cifras y calculen la importancia y alcance, por lo tanto, de las medidas que hoy proponemos. Los derechos de propiedad intelectual son activos inmateriales estratégicos para nuestro país, la garantía de competitividad de un sector productivo tan relevante para España, como es el sector cultural. Saben que, hasta hoy, el ejercicio de las funciones atribuidas al Ministerio de Cultura en el ámbito de la propiedad intelectual ha venido recayendo en la Subdirección General de Propiedad Intelectual, vinculada en la actualidad a nuestra nueva Dirección General de Derechos Culturales. El cambio en el organigrama ministerial nos brinda una oportunidad para implementar el desarrollo de esta oficina, un refuerzo estructural y económico de primer orden ante la complejidad y el incremento paulatino de las tareas vinculadas a la propiedad intelectual. Y algo más. Queremos asumir un papel de anticipación y liderazgo en una materia de importancia global, como es la propiedad intelectual y los derechos de autoría. Otros países de nuestro entorno, como Francia o Portugal, disponen ya de una arquitectura institucional como la que ahora estamos impulsando, organismos autónomos que permiten la plena eficacia en la actividad administrativa del Estado en materia de propiedad intelectual. La oficina nos permitirá, además, ofrecer un mejor y más eficiente servicio público en varias tareas que ya se vienen desarrollando hoy día y que desarrollaré en los siguientes puntos. En primer lugar, análisis y desarrollo de la normativa de propiedad intelectual en las relaciones internacionales. Gran parte de los debates jurídicos en torno a los derechos de la propiedad intelectual, especialmente teniendo en cuenta su dimensión tecnológica, se articulan a nivel europeo o internacional. Por eso, creemos necesario un refuerzo y mayor dimensión del órgano encargado, que permitirá una mayor presencia internacional y una mejor defensa de la posición nacional de nuestros creadores y de nuestra industria. En segundo lugar, la supervisión y control de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual de operadores de gestión independiente. Necesitamos trabajar para mejorar la transparencia de la actividad de las entidades de gestión, la redistribución y el reparto de los derechos entre los titulares, fomentando la dimensión social de estas. En tercer lugar, tenemos que avanzar en el proceso de digitalización del Registro de la Propiedad Intelectual. En cuarto lugar, debemos mejorar el funcionamiento de la Sección primera, encargada de la resolución de conflictos, procedimientos de mediación y arbitraje, mejorando, a su vez, las condiciones de sus integrantes y rebajando la duración de los procedimientos. Y, en quinto y último lugar, queremos profundizar también en las campañas de sensibilización, tanto entre las personas titulares de los derechos como entre las personas usuarias. El contexto en el que hoy afrontamos la defensa de los derechos de autoría y, por lo tanto, el fruto del trabajo de nuestro sector cultural, lo conocen perfectamente ustedes, señorías. Tiene que ver con un presente en el que Internet es ya el principal canal de comunicación pública y reproducción de las obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos. Tiene que ver con la transformación del consumo cultural y con el efecto que las plataformas de streaming tienen en la música, el audiovisual o los videojuegos, con el permanente desafío que suponen las redes sociales para garantizar una protección efectiva de esos derechos a los que me vengo refiriendo. Y tiene que ver también con la inteligencia artificial. Debemos garantizar que el entrenamiento de los modelos de la IA generativa se realiza con el debido respeto a los derechos de autoría de nuestros creadores y creadoras. Está en nuestra mano proteger los derechos de diseñadores, fotógrafas, creadoras de contenido, ilustradores, guionistas, músicos, cantantes o artistas, y esto implica calibrar el impacto de la IA en el sector, revisando el marco jurídico y afrontando los cambios que sean necesarios.

Afrontar hoy los riesgos y los daños que plantea la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en nuestro país y en el contexto europeo, exige de nuestras administraciones más implicación y eficacia, nos exige estar al día y no ir por detrás de la conversación digital y los desafíos que plantea. Tenemos la obligación de acompañar a nuestros creadores y artistas, a nuestras autoras y autores, proteger y hacer valer sus derechos. Esa tarea requiere, más que nunca, agilidad, disposición y estructuras administrativas capaces, como la de la oficina que está en el corazón de este proyecto de ley.

Como saben, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual tiene impactos muy negativos en nuestra economía, en la facturación global del sector cultural, en el empleo y en las arcas públicas. En sectores como la música, el cine o el libro, muchos puestos de trabajo directos e indirectos desaparecen, literalmente, por prácticas fraudulentas que infringen los derechos de nuestros autores. Tenemos que garantizar, esa es nuestra obligación, la promoción y defensa de nuestras industrias culturales y creativas, la seguridad jurídica en aquellos sectores que hacen uso de las obras y prestaciones protegidas y, a su vez, combatir el lucro cesante derivado de la piratería. Si así lo hacemos, estaremos generando un impacto positivo en la economía y en la competencia. Por todo esto les vengo exponiendo que existe una necesidad real de contar con un organismo con autonomía de gestión y medios avanzados, flexible y de máxima eficiencia; una entidad que sitúe a nuestro país en la estela de países de influencia internacional en esta materia como Estados Unidos, Francia o Canadá; una entidad que sea capaz de dar cobertura al trabajo cultural que se desarrolla en nuestro país y que tantas veces se ha visto expuesto a la vulneración de los derechos de autoría.

La Administración española tiene varios retos relacionados muy directamente con la transformación digital, pero hay un desafío que nunca podemos perder de vista: dar respuestas certeras y ágiles a nuestra ciudadanía y, en este caso también, a un sector, el de la cultura, fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y nuestra economía. Les hablo de unas industrias culturales que han proyectado la imagen de nuestro país en todo el mundo y que han venido destacando por su apuesta por la innovación, por el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías, por su creatividad y sostenibilidad. Según el Directorio Central de Empresas, el número de empresas españolas cuya actividad económica principal es la cultura supera las 133 000 en el balance de 2022, y todo este tejido de empresas y profesionales se sustenta en un sistema normativo clave, como es en los derechos de autor y los derechos conexos. Todo esto, además, lo vamos a hacer, señorías, con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas y en plena colaboración con ellas.

Acabo ya, señorías, con una apelación a la responsabilidad. Nuestra propuesta llega aquí avalada por el sector cultural, lo saben ustedes, y por eso les solicito hoy que apoyen la tramitación de este proyecto de ley para que pueda salir adelante. Respaldando este proyecto nos estaremos dotando de una herramienta fundamental para proteger de manera más plena y eficiente el derecho de autoría de las personas creadoras en España, y eso significará fortalecer nuestra cultura, nuestra economía y mejorar el presente y el futuro del sector. Quiero agradecer al conjunto de los grupos su generosidad, su esfuerzo y también decirles que, en un contexto de polarización, creo que es importante que el conjunto de fuerzas políticas seamos capaces de ponernos de acuerdo para sacar iniciativas que sean de interés para nuestra ciudadanía y para el país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro, por estas explicaciones que nos ha dado acerca del proyecto. Es la segunda ocasión en que se debate esta enmienda a la totalidad, tras haber decaído el proyecto en la pasada legislatura debido al final de esta. Debemos señalar que no se ha molestado el ministerio ni en corregir las erratas, por no hablar de los muchos errores que iban en este texto ya desde el principio y que tampoco han sido corregidos, a pesar de que diferentes grupos interesados en los derechos de protección intelectual se lo han hecho llegar. La creación de una oficina para la defensa de la propiedad intelectual es un asunto que, de haberse hecho con un mínimo de diligencia, no debería tener ningún rechazo por parte de esta Cámara. Responde a un compromiso asumido por este Gobierno ante La Unión Europea. Hay un organismo europeo también, la oficina para los derechos de autor, la Oficina de Propiedad Intelectual, que usted no ha mencionado en su intervención, y por ello, cuando fue presentado este proyecto en la legislatura anterior, parecía impensable que tuviéramos que presentarle esta enmienda a la totalidad.

Fue comenzar a estudiar el documento y constatar las discrepancias de este, procedentes de muchísimos especialistas en derecho de propiedad intelectual y de las asociaciones de gestión de derechos; discrepancias que nos llegaron en forma de enmiendas que abarcaban prácticamente todo el texto. Los únicos que no critican este proyecto son aquellos para los que carece de importancia y solo ven en él la continuidad del desinterés ministerial en este campo. Cada asociación que nos hacía llegar sus enmiendas añadía correcciones que ocupaban casi todo el texto. Si se tratara de un libro, sería de tapa a tapa. Por desgracia, tenemos que decir que aquella crítica estaba muy justificada.

En la exposición de motivos de la ley se declara la insuficiencia del marco institucional para la defensa de los derechos de autor, que ha conducido a la pérdida de oportunidades y de liderazgo en un sector tan importante como el cultural. La descripción que proporciona este texto que presenta el ministerio, y que les cito literalmente, es: España se sitúa en una posición de debilidad y falta de liderazgo si se compara con otros ejemplos nacionales e internacionales en nuestro entorno más cercano. Teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva hundiendo España seis años, reconozco que este grado de autocrítica tan poco frecuente me sorprendió, de verdad. (Aplausos). Es cierto que el abandono que ha practicado el Gobierno de los derechos de propiedad intelectual de los creadores españoles ha sido muy llamativo. Durante la tramitación de la trasposición de la directiva europea sobre los derechos de autor en el mercado único digital, ya me llamó la atención el apoyo de este Gobierno a las grandes plataformas tecnológicas frente a los editores, frente a los periodistas, frente a las empresas y autores españoles. Sin embargo, debemos decir que el texto que discutimos hoy no supone una rectificación, que sería muy necesaria. Es un lampedusiano esfuerzo para que algo cambie mientras que todo sigue igual.

Antes de la intervención en este mismo proyecto, la pasada legislatura tuvimos la ocasión de acudir al Registro de la Propiedad Intelectual, donde se supone que se va a instalar esta oficina, con los demás representantes de la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso. Faltaron bastantes, porque estaban haciendo campaña ya de las municipales, pero pudimos ver todas las instalaciones. Agradezco tanto la recepción como la amabilidad con la que nos atendieron, pero no puedo dejar de comparar las instalaciones que nos enseñaron con las de la Liga de Fútbol Profesional, que estos sí defienden sus derechos de propiedad intelectual, o con los sistemas implementados por CEDRO. Eso es algo que con esta ley no va a sufrir ninguna mejora. La Administración no va a poder estar a la altura y, en este sentido, debemos decir que se trata de otra cáscara vacía que consume los recursos de los españoles sin darles a cambio la más mínima utilidad. (Aplausos).

En el propio título de la ley de la oficina, el Gobierno ha incluido la expresión «derechos de autor y conexos», cuando la legislación que aborda la defensa de dichos derechos y que se ha utilizado siempre en el ordenamiento español es la de «propiedad intelectual», que aparece en el artículo 429 del Código Civil de 1889 y que sigue vigente. La primera ley de propiedad intelectual española data de diez años antes, de 1879, y utiliza esa misma expresión. La ley que la sustituyó en 1987 tiene el mismo título. Se ha utilizado así en la Constitución española, en el artículo 149.1. En la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 17.2, se protege la propiedad intelectual, y así es definida en los tratados internacionales de defensa de la propiedad intelectual firmados por España. El registro que visitamos los miembros de la Comisión tiene el mismo título, Registro de la Propiedad Intelectual. Incluso en gran parte de la normativa aprobada por este mismo Gobierno se utiliza ese mismo término. Cuando se hace un cambio de un término consagrado por casi ciento cincuenta años de literatura jurídica y administrativa, por la Constitución y la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, sin ninguna razón y sin ninguna explicación, sabes que estás ante un texto hecho muy a la ligera, sin un trabajo técnico serio y que solo puede causar perjuicio. Deberían ustedes evaluar los proyectos por su calidad y dejar de hacerlo por su intención. Entiendo que la intención es buena, pero el proyecto está realmente muy mal.

El hecho de que este Gobierno se haya acostumbrado a legislar por decreto ha llegado al punto de que, en la redacción de nuestras leyes, un lenguaje que debería ser jurídico, tenga ya un carácter más cercano al lenguaje administrativo. Por tanto, el título de la ley y las numerosas menciones en el texto son incorrectas. En la definición de las competencias se señala entre las funciones de la nueva oficina: revocar la autorización para la constitución de entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Se dice así en el texto. La potestad administrativa que tiene el ministerio en este campo no es la de autorizar la constitución de una sociedad ―esa potestad administrativa no la tiene el ministerio, por tanto, no la puede delegar, es algo que no le atañe―, sino darle la autorización, una vez constituida, para poder ejercer los derechos de gestión colectiva obligatoria y el derecho a autorizar la distribución por cable. Como usted comprenderá, si en un texto muestran desconocimiento de las funciones que debe desempeñar el órgano administrativo que quieren crear, ¿cómo creen que va a tener un diseño mínimamente sensato? O sea, es imposible.

Por otro lado, las sociedades de gestión también reclaman que aquellas sociedades extranjeras que desempeñen estas funciones en España sean fiscalizadas como ellas mismas, si intervienen en el mercado español. Y esto ni siquiera lo han contemplado ustedes, ni siquiera lo contemplan. En el cortísimo tiempo que se concedió para hacer alegaciones a esta ley en la pasada legislatura, como denunció en su informe un prestigioso bufete de abogados, se planteó por parte de CEDRO que, al menos, esta oficina se ocupara de que las administraciones públicas cumplieran las leyes de propiedad intelectual, pagaran las licencias y adoptaran las buenas prácticas que la Administración exige a las empresas privadas y que la Administración misma no está cumpliendo. Esta oficina habría podido asumir esa labor ante la Administración pública, pero el ministerio lo desestimó. El ministerio desestimó lo que podía haber sido la labor más importante de esta oficina.

Es gravísimo que en España la Administración exija a particulares y empresas privadas un grado de cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual que los organismos y la propia Administración ni contemplan. (Aplausos). La pomposa e incorrectamente denominada Oficina Española de Derechos de Autor no va a servir para defender a los titulares de derechos de propiedad intelectual de los abusos de la propia Administración. Creo que esto es gravísimo. El hecho de que nosotros no estemos defendiendo los derechos de los administrados frente a los abusos de la propia Administración es algo que invalida de entrada ya este proyecto. La función de supervisión sobre las entidades de gestión de derechos de autor ha sido, hasta la fecha, un aspecto al que no le ha dedicado ninguna atención ni este Gobierno ni ninguno de los anteriores, llegando al punto de haber denuncias en juzgados por alterar elecciones, por corrupción y no se ha realizado intervención alguna. La tramitación de la aplicación de la directiva europea de derechos de autor en el espacio único digital, que evidentemente es la que ha señalado la modificación del título de la oficina, fue una buena muestra del abandono que iban a sufrir los autores y editores españoles, que se encontraron en un marco opaco en el que las grandes plataformas se veían con gran ventaja a la hora de negociar con ellos. Las salidas y entradas de altos cargos socialistas hacia las empresas tecnológicas evidenciaban las prioridades de este Gobierno. Por otro lado, el grupo de izquierdas al que pertenece el actual ministro de Cultura, el señor Urtasun, siempre se ha aliado con grupos particularmente contrarios a los derechos de propiedad intelectual en el Parlamento Europeo, con lo cual, no podemos esperar grandes cosas de su intervención, aunque debo decir que no han tocado prácticamente una coma del proyecto que dejó su predecesor.

Cada vez que suben al estrado los portavoces del PSOE o de SUMAR, cuando concluye la tramitación de una ley, dicen aquello de ‘es una buena noticia para’ y mencionan el sector correspondiente. Y cada vez que escuchas a los damnificados por la ley, te dicen: Con este Gobierno podría ser aún peor. Y, por desgracia, tienen razón. A veces, es mejor que cierren el tema y no hagan más daño. Sin embargo, en este caso el problema es que este Gobierno ha dejado desprotegidos a los creadores, a los escritores, a los productores independientes, a las empresas de comunicación españolas y los únicos que pueden presumir de haber sacado adelante sus intereses son las grandes corporaciones tecnológicas, a las que este Gobierno ha servido de una manera perruna. (Aplausos). Con el diseño que consagra esta iniciativa para la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, la indefensión de los creadores en España queda asegurada. Y eso es algo que VOX no puede permitir y, muchísimo menos, respaldar. Pido al resto de grupos de esta Cámara que respalden esta enmienda a la totalidad, pues, aunque esta ley no tendrá consecuencias catastróficas inmediatas, como otras leyes muy mal diseñadas por este Gobierno, supondrá el abandono del petróleo del siglo XXI, la propiedad intelectual. Con los gobiernos que hemos padecido en los últimos años no podemos seguir acumulando fracasos. Este proyecto, como el Gobierno, merece una enmienda a la totalidad.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Me ha parecido que el portavoz de VOX ha dicho literalmente que no puede permitir que los creadores culturales se vean afectados. Bueno, igual estaría bien empezar por no recortarles un 40 % el presupuesto en la ciudad de Zaragoza, por si acaso. (Aplausos).

Señora presidenta, señorías, los derechos de propiedad intelectual son un derecho cultural básico para los creadores y los agentes culturales. Y, por ello, merecen una redistribución justa a través del sistema de cesión y licenciamiento de derechos recogido en nuestro ordenamiento jurídico. La propiedad intelectual es el principal activo que tiene el sector cultural y creativo, representando un 3,2 % del PIB y 700 000 empleos. En los últimos años, Internet y la revolución digital han transformado la comunicación pública y también la reproducción de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor y conexos. Esto ha supuesto nuevas formas de creación, comercialización y consumo que nos sorprenden cada día, y que han dado lugar no solo una adaptación del ordenamiento jurídico con los consiguientes retos jurídicos, sino también al desarrollo de nuevas funciones que tiene que adoptar el Ministerio de Cultura en materia de propiedad intelectual. Precisamente, por eso, ha sido necesario crear esta Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos que, aún se nos hace raro, pero se denomina OEDAC. Es un organismo autónomo que va a ejercer las competencias en materia de derechos de autor y conexos con el Ministerio de Cultura y va a llegar donde esta Subdirección General de Propiedad Intelectual no llega, porque ya estamos en el siglo XXI y hay que adaptarla de otra forma. Por ello, esta oficina de propiedad intelectual ha sido creada para responder a una necesidad y a unos retos que la cultura y el mundo de la cultura solicitaban hace tiempo, una actuación más eficiente de las instituciones públicas, la defensa de estos derechos y también una equiparación a los Estados de nuestro alrededor como Canadá, Francia, Estados Unidos o Portugal. Y, por otro lado, también el compromiso de crear esta oficina forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para contribuir a la revalorización del sector creativo y cultural.

¿Pero de qué se ocupará esta oficina más allá de lo que estaba comentando el portavoz de VOX? Pues va a ser una herramienta que la Administración utilizará para abordar desafíos como, por ejemplo, el de la inteligencia artificial, especialmente la generativa y el impacto que tiene en los derechos de propiedad intelectual; el de las nuevas estrategias que hay de piratería, a través de las redes sociales; incrementar la transparencia en estas actividades de gestión, especialmente en la redistribución y el reparto de derechos de los titulares, o el desafío de mejorar el funcionamiento en la resolución de conflictos, a través de la mediación y el arbitraje, rebajando la duración de los procedimientos, que ahora duran dos años de media. Y, por último, también ponernos a la altura del resto de los países europeos. Por tanto, estamos ante un proyecto de ley necesario, comprometido con Europa, a pesar de lo cual, se ha presentado una enmienda a la totalidad por parte del Grupo VOX. Basta con leer el texto de la enmienda y escuchar las perlas de su portavoz para saber que estamos ante un nuevo capítulo de la cruzada contra el Estado. Estamos ante la campaña habitual de la ultraderecha contra cualquier intento de incrementar la estructura de la Administración pública, porque para ellos todo es —s‌egún ellos—, abro comillas: hipertrofia burocrática, afán derrochador de la izquierda o espurios propósitos. No sabemos muy bien a qué se refieren, porque ellos parece que prefieren que el Estado se minimice hasta desaparecer. Parece que les sobra todo. Les sobran los impuestos, les sobra el estado del bienestar, las comunidades autónomas, la escuela pública, la sanidad pública, la diversidad cultural y lingüística, porque VOX quiere que tengas libertad, pero quiere la suya, la ilusión de la libertad, porque VOX es un partido que está encantado y que quiere que tengas la capacidad de poder elegir entre treinta y siete tipos diferentes de toppings para tu muffin, pero en cambio está muy contento con que tengas solo cuatro bancos —p‌ róximamente tres— donde elegir, que tengas solo cuatro distribuidoras de alimentos entre las que elegir y que tengas tres empresas solo que controlen los medios. Ese es el modelo de libertad de VOX. (Aplausos). Pues, claro, aquí también les sobra la oficina de derechos de autor, porque para la ultraderecha estos no son instrumentos útiles, no son instrumentos que nos hemos dado para garantizar derechos, para ellos estos solo son cosas superfluas, solo son chiringuitos. Es que para VOX todo son chiringuitos, salvo cuando sirven para su presidente estatal, el señor Abascal, que por supuesto se ha consumado especialista; pero no solo el vicepresidente de Aragón, también el señor Nolasco, ya denominado el rey de los chiringuitos, y también el señor Gallardo en Castilla y León. Es decir, todos son chiringuitos menos cuando es para ellos. Y es que el mundo está cambiando, y la gestión de derechos de propiedad intelectual también está cambiando.

Ya he explicado antes por qué la Subdirección General de Propiedad Intelectual del ministerio empieza a verse desbordada y por qué es necesario crear un organismo autónomo. No es ningún invento, estrafalario. Es una herramienta administrativa que permite nuestra legislación para casos como este. Es cierto, se podría dotar a la subdirección de más recursos, ¿pero esto de qué serviría? Pues se podría intentar acabar con ese cuello de botella que se hace a veces, podría ser, pero es que no funciona así, porque la subdirección genera ingresos propios, pero no tiene autonomía para gestionarlos. Por ello necesitamos un organismo autónomo, flexible, que podría ejecutar su propio presupuesto, que podría celebrar contratos de forma flexible y eficiente, gestionando sus propios recursos. Sin esa autonomía no se pueden abordar retos que hoy día son imprescindibles, imprescindibles, porque, hoy día, hay retos y hay novedades tecnológicas que nos superan, porque no es normal que hoy día, señor de VOX —‌que igual no lo sabe—, la inteligencia artificial, sin permiso ni licencia, pueda recopilar voces e imágenes de famosos y no tan famosos y de políticos y no tan políticos, sino personas normales, y hacer con ellos discursos. No es normal que un algoritmo que pueda hacer poesía o literatura, sin ningún tipo de permiso ni licencia, esté ahora mismo alimentándose de libros que tienen propiedad y que tienen derechos de autor. No es normal que una inteligencia artificial, sin permiso ni licencia, se base en diferentes estilos pictóricas de artistas para hacer sus propios cuadros y hunda al pequeño (aplausos), y no es normal que una inteligencia artificial, sin permisos ni licencia, pueda estar haciendo música tomando de referencia voces y canciones de artistas para hacer sus propias canciones, porque estamos hundiendo el sector cultural; lo están haciendo ustedes solicos, no hacía falta nada más, pero también está este reto. Esto es lo que está pasando hoy día, pero es que en diez años el reto va a ser mucho mayor. Existe otro peligro además, que es el revenge porn, que no tiene mucho que ver con esto, pero es un caso en el que se está desnudando a mujeres con este tipo de inteligencia artificial y se están utilizando aplicaciones de inteligencia artificial para extorsionarlas. Esto es un horror y también hay que revertirlo.

En conclusión —y‌ con esto termino—, en lugar de incrementar los recursos humanos y materiales que ya tiene la subdirección general, lo que tendría un coste igual o mayor y no sería útil, este Gobierno ha optado por una estrategia mejor, ha optado por reorganizar los recursos existentes y dotarlos de una arquitectura institucional más adecuada. Apostamos por la eficiencia, y aquí deberían estar contentos, lo que pasa es que se demuestra que también gestionamos correctamente y mejor que como hacen algunos. También se ha dicho por parte de la ultraderecha —y‌ con esto ya sí que termino— que esta ley se ha redactado de espaldas al sector. Siempre dice la ultraderecha que se redacta de espaldas al sector. Nada más lejos de la realidad. Conviene recordar que durante la tramitación del anteproyecto hubo dos trámites de participación pública, el de consulta previa y el de audiencia e información pública. Participaron diversas partes interesadas del sector, que, por lo general, señoría de VOX, valoraron positivamente todos estos encuentros y la ley. Así que no hay razones para devolver el texto al Gobierno. Por eso, el Grupo Plurinacional SUMAR, precisamente porque defendemos la cultura y a los artistas, a diferencia de muchos de ustedes, y porque defendemos a los creadores, vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad.

Muitas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bon dia, senyor ministre. Señorías de VOX, otra vez nos presentan la misma enmienda que nos presentaron el 16 de marzo de 2023. Entonces ya la perdieron. Tenían ustedes 52 diputados. Por eso hoy, cuando pensaba en la intervención, digo: con 19 diputados menos, 600 000 votos menos que hace un año y con esa ardillita que les ha salido que les come el césped por el que ustedes pisan, ¿qué les ha hecho suponer que hoy algo habría cambiado y que tienen más posibilidades que hace un año de aprobar esta enmienda a la totalidad para esta ley? Igual tienen razón. Alguna cosa ha cambiado porque el PP hace un año tenía mucho más claro que con VOX, que con la ultraderecha en alguna cosa sí, pero en general, no. Claro, en estas elecciones europeas decía el señor Feijóo que el PP había aprendido a distinguir entre la ultraderecha buena y la ultraderecha mala. Miren, señorías del PP, no hay una ultraderecha buena y una ultraderecha mala, la ultraderecha es mala, siempre. Repítanlo conmigo porque no es difícil: es mala. (Aplausos).

Como una dictadura, que no es blanda ni es dura, solo es una dictadura y, como tal, perniciosa. La ultraderecha, ni es buena, ni es mala, es ultraderecha y siempre es perniciosa, porque el único propósito que tiene la ultraderecha es el de dañar las democracias y la convivencia que con tanto esfuerzo hemos construido entre todos y entre todas. Por eso, señorías del PP, harían bien en imitar a sus homólogos franceses. En Francia hemos sabido que el líder del partido conservador dijo que no le importaría gobernar con la extrema derecha. De hecho, lo que hace su partido es expulsarlo, cercenar de raíz la posibilidad de que en el partido conservador hubiera el deseo de pactar con la ultraderecha. Se lo he pedido aquí y se lo he pedido en Comisión —‌lo saben las señorías del PP—, solo pedimos eso, que sean ustedes conservadores, pero tengan claro que con la ultraderecha, ni a la vuelta de la esquina. Nunca nunca con la ultraderecha. (Aplausos).

Señorías de VOX, uno cuando lee sus enmiendas se imagina que van ustedes al ChatGPT y empiezan a apuntar así a lo loco: ¡rojos, zurdos, ultraizquierda, se rompe España, Perro Sánchez!, lo que sea, y luego lo mandan a registro y ya. Escuchen, así no se trabaja aquí, esto no es el Rincón del Vago del parlamentarismo. (Aplausos). Argumentan que se trataría de un gasto innecesario. Ya se lo explicamos una vez y se lo repetimos otra. El incremento en la Subdirección General de la Propiedad Intelectual en recursos humanos y materiales para poder hacer todo aquello que queremos que haga esta nueva oficina representaría un gasto no igual, señor Ramírez, sino probablemente superior. Se lo han justificado en la memoria, otra cosa es que no lo quieran entender, pero está justificado en las memorias que se les han mandado por dos veces ya; por lo tanto, que sigan insistiendo en eso parece un poco ridículo.

Fíjese, le ponía algunos ejemplos el portavoz de SUMAR. Le pongo yo otro. En Francia, el Ministerio de Cultura tiene un organismo llamado Consejo Superior de Propiedad Literaria y Artística. ¿Sabe qué está haciendo hoy en día, a todo tren, ese organismo? Mirar cómo proteger y afianzar los ecosistemas culturales en Francia ante la irrupción de la inteligencia artificial, asegurar usos éticos y adecuados de la inteligencia artificial, cómo remunerar los contenidos culturales usados por esas maquinarias de inteligencia artificial a los detentores de derechos de propiedad intelectual en Francia, cómo encajan los derechos de autor en nuevos formatos que se van asentando cada vez más —c‌ omo pueden ser los pódcasts—, cómo se generan los derechos de autor y cómo se gestionan en publicaciones científicas que estén en abierto. Fíjese, todo eso y mucho más es lo que tendrá que hacer esta oficina y que ahora mismo nos cuesta mucho más esfuerzo hacer en España, porque lo que queremos —s‌ e lo ha dicho el ministro, se lo han dicho portavoces— es estar en unos espacios homologables con nuestros iguales en Europa y poder defender —s‌ í, poder defender— mucho mejor los derechos de propiedad intelectual de nuestros autores, autoras, creadores y creadoras. Eso es para lo que queremos esa oficina. Deberían saber —s‌e lo recordamos constantemente, se lo recordaba el ministro—, señorías de VOX, que en España la cultura, los derechos de autor generan por encima del 3 % de nuestro PIB. Tenemos centenares de miles de españoles y españolas que ganan dinero con lo que generan, con su propiedad intelectual. Esta oficina, sí, viene a defender, de una manera mucho más eficiente, tanto a nivel nacional como internacional, sus derechos, la capacidad de mantenerlos y de maximizarlos, a pesar de que ustedes dejen escrito en sus conclusiones que esta oficina va a repercutir negativamente en los autores, que ¡vaya usted a saber —y‌ a se lo hemos dicho— de dónde lo sacan! También dicen —‌se lo han recordado— que lo hemos hecho de espaldas al sector. Este Gobierno no ha legislado en estos años que estamos gobernando de espaldas a ningún sector. ¡Faltaría más! Para gobernar bien no se legisla de espaldas al sector. Ustedes, en cambio, sí; sí que dan siempre la espalda a muchos y muchos españoles, a mucha gente, porque lo que es la cara ustedes solo saben dársela al sol. (Aplausos). Les importan poco, señor Ramírez, señorías de VOX, las bondades de esta oficina, por más que se las contemos. Se lo han dicho. Sabemos que ustedes seguirán con su cantinela del despilfarro, el chiringuito, porque piensa el ladrón que todos son de su condición y lo sabemos. En definitiva, ustedes, señorías de VOX, sigan enfurruñados en su rincón de la queja, dejen que el resto intentemos hacer avanzar nuestra cultura porque, a pesar de sus intentos, seguiremos apostando por nuestra cultura, por nuestros creadores, por nuestras creadoras y por su éxito. Ustedes, señorías —‌y acabo—, cuidado, porque su odio les carcome por dentro y los árboles carcomidos hacen grandes grandes agujeros para las ardillas.

Muchas gracias. Buenos días. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Me ha sorprendido que el Grupo Socialista haya destinado buena parte de su intervención a hablar del PP. Yo entiendo que les haya dolido que les hayamos vuelto a ganar las elecciones, una vez más, el pasado domingo. (Aplausos). Lo entiendo, lo entiendo, pero nosotros vamos a hablar de cultura y del punto que nos trae hoy aquí. Señorías, vivimos en este Pleno, un poco, el día de la marmota, porque debatimos un proyecto de ley que ya se encontraba en trámite la legislatura anterior, a la que ya se presentó esta misma enmienda a la totalidad —‌coincidió, además, la intervención del señor Ramírez; yo creo que han coincidido casi los aplausos también—, pero decayó al disolverse las Cortes hace un año. Señorías, lo llamativo es que un año después de esa disolución y casi siete meses después de la investidura del señor Sánchez, la actividad legislativa del Ministerio de Cultura que dirige el señor Urtasun se limite a traer a esta Cámara, de nuevo, un texto que había promovido un ministro del Partido Socialista. Mientras el ministro se divierte descolonizando museos, creando polémicas en museos estatales, atacando una parte de nuestra cultura como es la tauromaquia o siendo el portavoz de los líos internos de SUMAR, el Ministerio de Cultura está paralizado. La Comisión de Cultura está paralizada. Miren, en todo lo que llevamos de legislatura, la Comisión de Cultura se ha reunido una sola vez. La preside un miembro del partido de SUMAR, del partido del ministro de Cultura. Yo entiendo que no quieran traer aquí muchas leyes, porque cualquier ley, incluso una aparentemente sencilla como esta de creación de la oficina de derechos de autor, les cuesta sudor, lágrimas y muchas concesiones. Ya veremos cuáles son las concesiones en esta ocasión a los socios. Pero la labor del Gobierno, ministro, es, precisamente, legislar, no montar líos. Ustedes, aunque les cueste creerlo —‌yo lo entiendo—, ya no son activistas, son miembros del Gobierno y su función y su obligación es gobernar para todos los españoles. (Aplausos). Yo no sé, señor Urtasun, si por esa parálisis el señor Sánchez ha tenido que crear esa estructura paraministerial que es el Departamento de Asuntos Culturales, que depende directamente del presidente del Gobierno y al frente del cual han puesto a la secretaria de Cultura del Partido Socialista, la señora Manuela Villa. Esto es otra novedad de la legislatura. Hasta ahora se creaban ministerios, muchos —‌algunos no se sabe muy bien para qué sirven—, para darles un sitio en el banco azul a los socios de coalición. Ahora no es suficiente con eso. Ahora, después de darles un ministerio a los socios de coalición, se crean departamentos para hacerle la contra a los ministerios de los socios, para controlar o para vaciar de competencias a los socios de coalición. Señores de SUMAR, una vez más, siento decírselo, han sido ‘psoizados’. Nos podemos preguntar quién es el verdadero autor de esta ley. ¿El Ministerio de Cultura o el Departamento de Asuntos Culturales que depende del presidente del Gobierno? ¿El ministro Urtasun o la socialista Villa? ¿PSOE o SUMAR? Miren, con el lío que hay en el Gobierno, con los socios votando en contra de las leyes que salen del Consejo de Ministros, yo tengo que hacer una pregunta que parecería obvia, pero la tengo que hacer: señores de SUMAR, ¿ustedes están de acuerdo con su propia ley o es una ley que se ha hecho el PSOE y no están de acuerdo con su propia ley? (Aplausos). Se ríe el ministro, algo hay. Señorías, yendo al texto concreto de la enmienda a la totalidad, debemos reiterar algunos de los argumentos que ya expresamos en el debate de marzo del año pasado. Primero, que la creación de un organismo autónomo, que asumiría las funciones que actualmente desempeña la Subdirección General de la Propiedad Intelectual, no es algo malo per se, señorías de VOX. La figura del organismo autónomo está plenamente consolidada en nuestra organización administrativa y ofrece ciertas ventajas de gestión, como la posibilidad de obtener y gestionar ingresos derivados de su actividad, reduciendo así el coste del mismo para la Administración. No todos los organismos autónomos son chiringuitos, señor Ramírez; incluso, a pesar de la obsesión del Gobierno del señor Sánchez por ocuparlos todos, no invalida que, bien gestionados, estos organismos puedan ser útiles. Les pondré dos ejemplos que se van a entender muy bien. El problema del CIS y de Radiotelevisión Española no es que se regulen jurídicamente como un organismo autónomo uno y como una corporación pública otra, sino que se hayan puesto al frente de las mismas a dos militantes del Partido Socialista más dedicados a ponerlas al servicio de su amo que de todos los españoles, acabando con su autonomía y con su independencia. (Aplausos). Por eso, a nosotros nos genera recelo cómo va a gestionar la oficina este Gobierno, pero no su creación. Es una figura que ya existe en muchos países de nuestro entorno y, además, es un compromiso adquirido en el plan de recuperación. Por cierto, ayer conocimos que la Unión Europea ha embargado, por primera vez, fondos a España por incumplimiento de hitos del plan de recuperación. No querríamos contribuir a que se produzca un incumplimiento más. En segundo lugar, creemos que a esta ley le falta ambición en su planteamiento. No se concreta con qué medios se va a dotar a la oficina, no hay un compromiso presupuestario que se acompañe. Además, se hace en un año en el que no hay presupuestos generales del Estado porque no han sido capaces de traerlos a esta Cámara, y se corre el riesgo de crear un cascarón vacío, de no resolver los verdaderos problemas actuales de falta de personal y de gestión que aquejan ya a la subdirección general y que, en nuestra opinión, son la causa de la poca actividad que se ha venido desarrollando por esa subdirección general. En tercer lugar, queremos reiterar, una vez más, el compromiso del Partido Popular con la protección de los derechos de autor y de la propiedad intelectual, porque sin proteger esos derechos no hay creación y, por tanto, no hay cultura. Los creadores deben poder obtener un retorno económico, en un sector que supone más del 3 % del PIB español. Lo demostramos ya con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy, y lo demostramos en nuestra lucha contra la piratería, que ha dado resultados en parte por la acción contra las webs piratas y, en parte, por ese surgimiento de plataformas legales de streaming para escuchar música o ver vídeos, que permiten y han generalizado que se consuman esos contenidos de forma legal a un precio asequible. Yo creo que es importante remarcar este compromiso contra la piratería, porque en el pasado la postura de SUMAR o, al menos, de sus examigos de Podemos no ha sido siempre clara en este ámbito de la lucha contra la piratería. Por último, quiero decir que compartimos que hay retos importantes para la propiedad intelectual por el impacto de la tecnología, por ejemplo, y se ha repetido aquí, en este debate, la reflexión sobre cómo se van a regular las creaciones de la inteligencia artificial o los NFT, pero no es suficiente con hablar de ello en el preámbulo para parecer modernos, hay que abordarlos de verdad y una oficina bien dotada y que funcionara bien podría servir para estudiar con rigor estos retos y plantear la regulación y las respuestas adecuadas.

Señorías, si esta enmienda a la totalidad no saliera adelante, pasaremos al trámite de enmiendas. En la pasada legislatura el ministro Iceta prometió, textualmente, diálogo, pacto y cooperación, pero, siguiendo el modelo sanchista al poco cambió de opinión y nos encontramos con el rodillo del Gobierno en las enmiendas a pesar de que nosotros planteábamos algunas muy razonables como el cambio del título por el de ley de oficina española de propiedad intelectual, como reclama el sector, o la coordinación con las comunidades autónomas. Además, se introdujeron enmiendas por parte de los grupos del Gobierno que no tenían nada que ver con el objeto de esta ley. Incluso el Grupo Republicano planteó en una enmienda la prohibición de la tauromaquia. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir y, si vuelve a ocurrir, nos preguntamos qué posición asumiría el ministro Urtasun, que ha eliminado el Premio Nacional de Tauromaquia argumentando que son una minoría. Solo le doy un dato, ministro: la temporada pasada hubo más asistentes a espectáculos taurinos solo en la Plaza de Toros de Las Ventas que votantes ha tenido SUMAR el domingo en las elecciones europeas. (Aplausos).

Termino, presidenta, como empecé, pidiendo al ministro que se ocupe del ministerio, que impulse reformas sin sectarismo ideológico —‌sectarismo que ha demostrado en estos primeros meses—, porque creo —‌y en eso estaremos todos de acuerdo— que la cultura es un patrimonio de todos los españoles. Pero de momento, ministro, lo único que ha demostrado usted es que es más de dividir que de sumar.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien! ¡Muy bien!).