Proposición no de Ley para la protección de los menores en el entorno digital.

Muchas gracias, presidenta. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

La protección de los menores ha de ser una cuestión central ante el reto digital que vive nuestra sociedad, y así lo hemos entendido en el Partido Popular. Para el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo siempre —siempre— ha sido una prioridad. Lo fue en la legislatura pasada, cuando este grupo presentó numerosas iniciativas, que nunca contaron con el apoyo del Partido Socialista. Ustedes se dedicaron a votar en contra y ahora se apresuran a copiar para tapar su incapacidad. Por cierto, esta es la tercera iniciativa del Partido Popular en la sesión plenaria de hoy (aplausos), y es que, frente a su dejación de funciones, nuestro trabajo, aprobando, por ejemplo, una ponencia en el Senado o proponiendo la creación de una subcomisión sobre la protección de los menores en el entorno digital aquí, en el Congreso, subcomisión que la izquierda rechazó, porque prefiere hurtar a esta Cámara la posibilidad de trabajar en este asunto de una manera seria y transparente.

Para el Gobierno, para el Partido Socialista, la respuesta ante el reto digital que viven los menores no ha sido una cuestión central y han tratado de utilizar este tema tan sensible e importante como una cortina de humo para tapar sus escándalos. En enero, casualmente en la aprobación de la Ley de Amnistía, ustedes anunciaron un sistema de verificación de la edad y que estaría listo en junio; llegamos a junio y no sabemos nada. También les digo que para que ese sistema pueda acabar en manos de expertas captadoras de fondos públicos es mejor que no continúen con ello. (Aplausos). En pleno caso Koldo, caso PSOE, la noticia del Partido Socialista fue la creación de un comité de expertos, un comité que ni el mismo Gobierno ha respetado, y en plena campaña de las europeas se han sacado ustedes de la manga un anteproyecto de ley, por el artículo 18 bis, sin esperar tan siquiera al informe del propio comité de expertos. Mucha prisa para tratar de camuflar las imputaciones que el Partido Socialista aplaude. La propia presidenta de dicho comité de expertos cuestionó y criticó duramente al Gobierno de Sánchez por la unilateralidad y la falta de respeto al trabajo de los expertos al anunciar el anteproyecto, sin tener en cuenta ni sus conclusiones ni sus recomendaciones. Les han utilizado, como utilizan a todo el mundo y a todas las instituciones. Es un anteproyecto de ley que nadie conoce y que ahora el señor Bolaños trata de capitalizar. Es curioso, el Gobierno más feminista de la historia aparta y no deja hablar a una ministra a la que le encomendaron esta materia. Perfecta representación de la hipocresía socialista y perfecta escenificación de la pleitesía absoluta de SUMAR. Así les va. (Aplausos).

Señorías, este asunto no puede abordarse de la manera en la que el Gobierno lo está haciendo, de espaldas a lo ya desarrollado en Europa y de espaldas a toda la sociedad. España ha de trabajar en la línea de la Unión Europea, por la fuerza de operar como un mercado único y común, y ha de ejecutar sus obligaciones legales como Estado miembro. La DSA es de plena aplicación desde el 17 de febrero y ustedes la están incumpliendo desde entonces. Es por ello por lo que nuestra iniciativa les pide que dejen los titulares y cumplan con la Ley de Servicios Digitales, que obliga a dotar de recursos a la CNMC y a modificar sus estatutos, para que, efectivamente, el coordinador de servicios digitales tenga capacidad suficiente. Casi cinco meses después ustedes siguen incumpliendo el mandato europeo.

Pero no solo es cumplir con lo que Europa obliga, es tener una mirada amplia y conocer de manera global la situación; es tener un nuevo código de conducta, también para plataformas digitales, como pedimos en nuestra PNL; es dar herramientas a los propios usuarios para que sean los dueños de sus datos y puedan desenvolverse siempre en lo digital con libertad y seguridad; es exigir la implicación de las grandes tecnológicas, puesto que tienen mucho por hacer y, sobre todo, mucho que decir; es el etiquetado de contenidos digitales, como la propia ley audiovisual nacional obliga, o es también dotar de suficientes medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como al Poder Judicial, para que puedan perseguir eficazmente nuevos delitos. De ahí que nuestra propuesta sea clara e integral.

Queremos abordar y liderar la protección del menor en el entorno digital de la mano de Europa, porque si caemos en la unilateralidad para tratar de buscar rédito político le haremos un flaco favor a una generación que crece permanentemente conectada a una pantalla. Si no afrontamos este reto con la sociedad civil y con el propio sector estaremos desprotegiendo a los más vulnerables, a los menores. Las familias están sobrepasadas en multitud de ocasiones y se sienten perdidas. Es fundamental una política de concienciación y que tengan las herramientas para poder supervisar, acompañar y conocer los riesgos y amenazas que existen en el ámbito digital.

La educación ha de ser el eje central de la prevención y pasa también por otorgar a la comunidad educativa de medios y conocimientos para que puedan colaborar y educar en lo digital. Necesitamos apostar por la alfabetización digital para que se pueda hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. Y el sector ha de implicarse, claro que sí, para desarrollar todos los mecanismos posibles con el fin de generar entornos seguros para los menores, garantizando la protección de sus datos y conjugándolo siempre con su derecho a la información.

Señorías, no queremos volver a las cavernas, pero tampoco queremos que los menores se expongan a la ley de la selva, a contenidos inadecuados para su edad, a la soledad o al ciberacoso; no queremos que su propia salud mental y personal se vea afectada. Por eso, es fundamental que abordemos este reto desde la razón, sin partidismos y poniendo siempre en el centro al menor, y que el Gobierno de España haga de una vez su trabajo y deje de tratar esto como una maquinaria de titulares para limpiar su imagen, algo que posiblemente no tenga solución en vista de los resultados del pasado domingo. Hay generaciones enteras en juego y, aunque ustedes lo hagan, el Partido Popular no está dispuesto a abandonarlas. Por ello, presentamos hoy aquí esta iniciativa, esta PNL, y esperamos que ustedes, señorías, apoyen esta propuesta del Partido Popular. Nosotros no podemos esperar más. Los jóvenes, los menores, los niños y la infancia en este país no pueden esperar más. Así que esperamos la unanimidad de esta Cámara. Nos va el futuro en ello.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. No podem entrar a analitzar aquesta iniciativa del PP per protegir els menors en l’entorn digital sense tenir en compte l’avantprojecte de llei que prepara el Govern espanyol amb un anunciat que és idèntic. Com deia la diputada del PP, el que no hem vist encara és el text de l’avantprojecte. Només tenim les línies generals, però desconeixem el text de l’avantprojecte. Des de Junts no podem deixar de costat les iniciatives que vàrem presentar fa més d’un any i que van tenir el no del PSOE i l’abstenció del PP, i que consti que no venim aquí a passar comptes, al contrari, però toca fer crítica, si volen, constructiva, i reflexionar, perquè quan parlem del sector digital un any és molt de temps. De fet, és un món. Per això, entenem que es va perdre una gran oportunitat. Ara, uns i altres agafen la bandera de la urgència per protegir els menors, però fa un any es van posar en contra o de perfil davant iniciatives que buscaven tipificar penalment el deepfake o restringir l’accés dels menors a la pornografia i castigar penalment els responsables de les plataformes que incompleixen la llei dins l’Estat. Tots aquests són temes que requereixen un consens polític urgent, és cert, perquè compartim la necessitat d’impulsar els canvis legislatius per protegir els menors. Uns i altres parlen dels danys psicològics, emocionals i fins i tot físics que pateixen els menors per culpa dels perills que troben en l’àmbit digital. Uns i altres denuncien abús, ciberassetjament, sexting, grooming i tot un seguit d’anglicismes que hem hagut d’incorporar al nostre vocabulari per parlar dels riscos a què han de fer front els nostres nens, nenes i adolescents. A la subcomissió del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere vàrem tenir dades objectives i alarmants sobre l’augment dels casos d’agressions sexuals entre menors relacionats amb l’ús problemàtic de la pornografia. Per això, Junts va actuar amb diligència i va preparar esmenes que va presentar a la revisió de la llei del només sí és sí. Això va ser al març del 2023, per tant, fa més d’un any, perquè era urgent buscar solucions. Estava, senyories, cantat que el deepfake era una amenaça. Ens alertaven els experts, els educadors, els pares, les mares, i per això vàrem liderar demanar que fos tipificat i castigat com a delicte en el Codi Penal, però les nostres esmenes no van prosperar. Ens trobem ara que la situació que va succeir és que va esclatar el cas mediàtic d’Almendralejo sobre el deepfake, que no és un cas aïllat, i, de sobte, tothom va començar a reaccionar. Però, com dèiem, ni a la dreta ni a l’esquerra van validar les nostres esmenes en aquest sentit. I és aquí on arriba la nostra reflexió. Tot això no era prou important fa un any perquè ens poséssim d’acord? Perquè vostès, a dreta i esquerra, transaccionessin les esmenes de Junts per protegir els menors en l’àmbit digital? No era prou important fa un any? Per cert, també són alarmants les dades d’augment entre els menors de les malalties de transmissió sexual, en paral·lel a l’ús d’aplicacions que promouen el sex dating, és a dir, la promiscuïtat sexual sense fer cap avís sobre la necessària protecció profilàctica. La gent del carrer vol que solucionem els problemes. Tenim els nostres joves en risc sense una formació digital adequada i sense una regulació que els protegeixi. És, per tant, urgent consensuar solucions, especialment quan les vulneracions tenen a veure amb els drets humans, amb la protecció del menor, amb la salut o amb l’educació. Respecte de la iniciativa, insistim, el nostre compromís amb la protecció dels menors l’exercim per terra, mar, aire i al ciberespai, però és important que aquesta competència sigui respectada i reforçada quan parlem del nostre país, Catalunya, i, per descomptat, també a nivell autonòmic, en general. Per això, els hem proposat una sèrie d’esmenes que condicionen el nostre suport. Grosso modo, el que demanem és que es respectin les nostres competències i que s’incorporin, amb competències i recursos, en aquesta feina de control i protecció dels menors en l’àmbit digital aquells organismes de control que tenim a Catalunya, com l’Autoritat de la Competència o el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, fent extensiva, lògicament, aquesta proposta als altres organismes homòlegs de la resta de comunitats autònomes. Volem un marc normatiu basat en la cooperació, perquè el problema és tan gran que hem de sumar esforços. Tots som conscients de la dificultat tecnològica a l’hora d’aplicar les pretensions que recull aquesta iniciativa. Per exemple, la comprovació de si l’usuari d’un dispositiu és menor o no implica sistemes en què el dispositiu podria fer fotos per comprovar la identitat de la persona o tenir una identificació digital molt robusta que podria interferir greument en la privacitat de les persones. Per tant, el que hauríem de fer, més que carregar la responsabilitat del costat de l›usuari, és actuar amb més fermesa contra les empreses que proporcionen els continguts. Hi ha, a més, un gran risc: que aplicar més control en l’accés dels menors a internet ―i aquí tots estem d’acord― resulti en una vigilància activa a les persones, a les menors i a les no menors, dotant de més poder al Gran Germà, aquell que sap tot el que estem fent. El que s’hauria de vigilar són, per tant, insistim, les empreses. Internet ha de preservar el dret a la privacitat. Ja tenim traçabilitat de dispositius ―les IP i les galetes ajuden a que això sigui possible―, però no tenim traçabilitat de les persones. Hem de preservar l’anonimat, evidentment, amb l’excepció de l’accés dels menors a continguts d’adults, però hem de salvaguardar la privacitat com un dret fonamental. Implementar sistemes de verificació d’edat intrusius podria comprometre aquest dret. I ja acabo. De res no servirà desplegar polítiques digitals per protegir els menors dels riscos de l’entorn digital sense una bona educació digital que els permeti tenir coneixements en ciberseguretat. Tenen una gran capacitat d’aprenentatge. Es tracta d’aprofitar-la correctament.

Gràcies.

Muchas gracias, presidente. No podemos entrar a analizar esta iniciativa para proteger a los menores en el entorno digital sin tener en cuenta el anteproyecto que prepara el Gobierno español, con un enunciado que es idéntico. Como decía la diputada del PP, es que no hemos visto el texto todavía de ese anteproyecto. Solo tenemos las líneas generales, pero desconocemos el texto. En Junts no podemos dejar de lado las iniciativas que presentamos hace más de un año, que recibieron el no del PSOE y la abstención del PP. Quiero que conste que no venimos aquí a ajustar cuentas, sino todo lo contrario. Pero es momento de hacer crítica —c‌ onstructiva, si quieren— y debemos reflexionar, porque, cuando hablamos del sector digital, un año es muchísimo tiempo. Por eso, entendemos que se perdió una gran oportunidad. Ahora unos y otros son abanderados de la protección de los menores, pero hace un año se pusieron de perfil o frontalmente en contra de iniciativas que buscaban proteger ante el deepfake y el uso de imágenes pornográficas de menores y se quería legislar sobre las plataformas que ponen en peligro los derechos de los menores. Necesitamos un consenso político urgente, porque compartimos la necesidad de impulsar los cambios legislativos para proteger a los menores. Unos y otros hablan de los daños psicológicos, emocionales e incluso físicos que sufren los menores por culpa de los peligros a los que se enfrentan en el entorno digital. Unos y otros denuncian abusos, ciberacosos, sexting, grooming y un continuo de anglicismos que hemos debido incorporar a nuestro vocabulario para poder hablar de los riesgos a los que se enfrentan nuestros niños y niñas y adolescentes. En la subcomisión del Pacto de estado contra la violencia de género contamos con datos objetivos alarmantes sobre el aumento de los casos de agresiones sexuales a menores, en referencia a la pornografía. Por eso, en Junts actuamos con diligencia y preparamos enmiendas que presentamos en la revisión de la ley del solo sí es sí. Pero eso fue en marzo de 2023 y, por tanto, hace ya más de un año que es urgente encontrar soluciones. Saltaba a la vista que el deepfake era una amenaza. Nos habían alertado los expertos, los educadores, los padres, las madres, y por eso encabezamos la solicitud de que se tipificara como delito en el Código Penal, aunque nuestras enmiendas no prosperaron. Ahora la situación es que saltó el caso de Almendralejo sobre el deepfake, un caso que no es aislado, y de pronto ya todo el mundo reaccionó. Pero ni a la derecha ni a la izquierda validaron nuestras enmiendas en ese sentido, y de ahí nuestra reflexión. ¿Todo esto no era lo suficientemente importante hace un año para estar todos de acuerdo tanto a la derecha como a la izquierda y poder aprobar esas enmiendas de Junts para proteger a los menores en el entorno digital? ¿No era importante hace un año? También son alarmantes los datos sobre las enfermedades de transmisión sexual entre menores, en paralelo a las aplicaciones que promueven la promiscuidad sexual sin avisar de la necesidad de la protección profiláctica. La gente en la calle quiere que solucionemos los problemas. Nuestros jóvenes están en riesgo sin recibir una formación digital adecuada y sin una regulación que los proteja. Por eso es urgente consensuar soluciones, especialmente cuando las vulneraciones tienen que ver con los derechos humanos, la protección del menor, la salud y la educación. En cuanto a esta iniciativa, insistimos en nuestro compromiso respecto a la protección de los menores, que defendemos por aire, por mar y en el ciberespacio. Es importante reforzar esta protección en nuestro país, en Cataluña, y a nivel autonómico, en general. Por eso proponemos algunas enmiendas, que condicionan nuestro apoyo. Grosso modo, pedimos que se respeten nuestras competencias y que se incorporen acciones y recursos en esta labor de control y regulación de los menores, aquellas medidas con las que ya contamos en Cataluña, como el Consejo del Audiovisual y otras, y así ampliamos la propuesta a organismos homólogos de otras comunidades autónomas. Queremos un marco normativo basado en la colaboración, porque es un problema tan grande que requiere que sumemos esfuerzos. Todos ustedes son conscientes de la dificultad tecnológica a la hora de aplicar la iniciativa, como, por ejemplo, comprobar si el usuario del dispositivo es menor o no, para lo que se requieren sistemas en los que el dispositivo tiene que hacer fotos para comprobar la identidad de esa persona, o contar con una identificación digital muy robusta, que podría interferir con la privacidad de las personas.

Por tanto, más que cargar la responsabilidad al usuario, lo que deberíamos hacer es actuar con más contundencia ante las empresas que proporcionan los contenidos. Además, hay otro riesgo, y es que aplicar más control, en exceso, sobre los menores en Internet ―y aquí todos estamos de acuerdo― puede resultar en una vigilancia activa a las personas, menores y no menores, dando más poder al Gran Hermano, aquel que sabe todo lo que hacemos. Deberíamos vigilar, por lo tanto, a las empresas. Internet debe preservar el derecho a la privacidad. Ya tenemos trazabilidad de los dispositivos —‌las galletas, las cookies hacen que todo eso sea posible—, pero no tenemos trazabilidad respecto a las personas. Debemos preservar el anonimato, por supuesto, con la excepción del acceso por parte de menores a contenidos de adultos, pero debemos preservar la privacidad como derecho fundamental. Los sistemas de comprobación de edad intrusivos podrían poner en peligro este derecho. De nada servirá desplegar políticas digitales para proteger a los menores del entorno digital sin una buena educación digital, que les permita conocer en qué consiste la ciberseguridad y cómo preservarla. Ellos y ellas pueden aprender, debemos aprovechar esa capacidad de aprendizaje.

Gracias.

Buenas tardes, señorías. Muchísimas gracias, señor presidente. Es evidente que la tecnología digital ha transformado nuestras vidas, simplificando muchas de las tareas cotidianas. Sin embargo, esta revolución tecnológica también se ha colado en el desarrollo de la infancia. Los menores de esta generación han nacido en un entorno digital, percibiendo como real todo lo que ven a través de las pantallas, y muchos de ellos tienen su primer contacto con la naturaleza a través de ellas. Internet les ha enseñado una forma muy diferente de percibir, de entender la vida y la realidad, brindándoles nuevas oportunidades para informarse, aprender, divertirse, investigar, desarrollar habilidades comunicativas y también sociales. Sin embargo, esta ventana al mundo también los ha expuesto a graves riesgos, y, además, sin precedentes. Tanto es así, que hoy tenemos que debatir sobre cómo hemos de proteger a los menores en este entorno digital y sobre los riesgos que conlleva haberlos dejado expuestos ante millones de personas en todo el mundo. En la actualidad, nos encontramos ante un PSOE que dice preocuparse por la protección de los menores. Incluso, anunció en enero de este año que iba a aprobar una ley de protección a los menores en Internet, pero no sabemos cuándo se aprobará, o ni siquiera si llegará a aprobarse, porque este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a iniciar la tramitación de muchísimas iniciativas con fines electoralistas que luego deja morir en un cajón. (Aplausos). Sin embargo, aun cuando, de verdad, el Gobierno pretendiera aprobar esta ley, nosotros queremos recordarles que ya existe una normativa vigente relacionada con este ámbito tanto a nivel nacional, como a nivel europeo. Por tanto, este Gobierno debe velar por que las que existen se cumplan y se mejoren, destinando todos los recursos necesarios a que nuestros menores no solo estén protegidos, sino incluso diríamos que blindados. Precisamente fueron las políticas de este Gobierno y de otros Gobiernos socialistas, con su habitual irresponsabilidad y su falta de prudencia, las que introdujeron a los niños en este mundo digital sin evaluar adecuadamente todos los riesgos que ello conllevaba. Por poner un ejemplo, en 2010 fue el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero el que lanzó la medida de inundar de portátiles todas las aulas españolas, portátiles de manera individual para todos los menores. Pusieron, con ligereza, en las manos de menores de once y doce años una herramienta que entrañaba muchos peligros, sin ni siquiera ofrecerles una formación previa ni a ellos ni a sus familias sobre cómo hacer un uso adecuado de los mismos. En este tema, como en muchos otros, han querido dotar a los menores de una autonomía que no es adecuada para su edad, poniendo en riesgo su inocencia y lanzándolos a un mundo virtual con amenazas que resultan muy difíciles de evitar si no se cuenta con la formación adecuada, o, en ocasiones, por la natural inmadurez de los menores, incluso cuando ya se cuenta con ella. ¿Y cuál ha sido el resultado, señorías socialistas? Pues la dependencia de miles y miles de menores frente a esas herramientas tecnológicas sin control alguno: sin control de riesgos, sin control de edad del usuario, sin control parental, sin desarrollar medidas específicas para controlar el riesgo de exposición, sin control sobre el acceso a las plataformas ni tampoco control sobre contenidos según la edad. Y quince años más tarde esas marcas que ha permitido la desprotección de nuestros menores ocasionan datos realmente preocupantes: el 57 % de los adolescentes acepta en redes sociales a personas desconocidas, el 21 % se reunió con personas desconocidas con las que habían contactado a través de Internet, casi el 10 % recibió proposiciones sexuales de un adulto, el 33 % sufrió acoso escolar, un 22 % ciberacoso, el 45 % de los menores de trece años tuvo acceso a pornografía y uno de cada diez de nuestros jóvenes desarrollará problemas de ludopatía por apostar en las páginas de juegos online.

Señorías del Partido Socialista, por desgracia, si no lo revertimos a tiempo, estas no serán las únicas secuelas que dejarán en los jóvenes sus políticas educativas. La sexualización temprana y las políticas de género que ustedes también promueven en los colegios acabarán por mostrar esos efectos. Y a ustedes, señorías del PP, tenemos que decirles que allí donde ustedes gobiernan en solitario tienen una asignatura pendiente, porque no terminan de despegar la ideología y las políticas socialistas de los diecisiete sistemas educativos que ustedes contemplan. (Aplausos). El mal uso de lo digital puede corromper totalmente la inocencia y conseguir que los rasgos más característicos del espíritu del niño, como la confianza y la ingenuidad, queden manchados por la picardía y la depravación.

Termino, señor presidente. Están expuestos a perversiones de delincuentes y han estado completamente desprotegidos. Por lo tanto, sobre todas las medidas que sean útiles para proteger a los menores, la vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes de la delincuencia, de la depravación y la inseguridad, es manifiestamente patente que nosotros siempre votaremos a favor. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señor presidente. A principios de este mes el Gobierno, en su Consejo de Ministros, aprobó la tramitación del anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales. Además, sabemos que este vendrá acompañado de una estrategia nacional para la protección de la infancia y la juventud en entornos digitales y que también ha dado lugar a un diagnóstico elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia en el que han colaborado más de cincuenta expertos. Por lo tanto, nosotras creemos que esta proposición no de ley carece de cierta justificación en tanto en cuanto se insta al Gobierno a seguir una política o acción determinada y ya existe sobre la mesa un anteproyecto de ley en el que nos va a tocar trabajar parece ser que en el próximo otoño. Nosotras entendemos que será en ese momento cuando podremos incluir cuantas modificaciones creamos necesarias y exponer las propuestas que consideremos oportunas en los distintos grupos parlamentarios. No obstante, somos conscientes de que es un tema que a ustedes les importa. Ya dijo usted en su exposición que en la pasada legislatura habían presentado dos propuestas en este sentido, y también distintos grupos han presentado otras. Por tanto, es un tema que ocupa y preocupa a esta Cámara. Nosotros creemos que se trata de avanzar en la misma línea que se hizo en la pasada legislatura, poniendo en el foco, por supuesto, los derechos de los y las menores de edad en entornos digitales, su derecho a ser protegidos frente a contenidos digitales que puedan perjudicar su desarrollo, recibir información sobre el uso de tecnologías adaptadas a su edad y su lenguaje y, por supuesto, el equitativo y efectivo acceso a los dispositivos, las conexiones y también la formación para el uso de estas herramientas. Sobre el anteproyecto de ley que nos presenta el Gobierno, si bien creemos que hay medidas destacables, como, por ejemplo, los sistemas de verificación de la edad, la atención a la salud mental o el etiquetado de contenidos digitales, también creemos que hay otras que deberían ser objeto de un debate más profundo, aunque ya he dicho anteriormente que para eso tendremos tiempo en el próximo otoño, cuando se inicie el trámite parlamentario, porque no podemos evitar hablar de temas tan importantes y quedarnos solo en lo superficial. Por ejemplo, nosotras entendemos que hay que hablar muy mucho del papel que van a jugar los padres y las madres. Creemos que no se puede limitar a una herramienta de control automática, porque entendemos que es insuficiente a todas luces. Creemos que el control más bien tiene que estar vinculado al acompañamiento a los padres y las madres, a los menores en un mundo en el que cada vez adquiere más relevancia, por ejemplo, el contenido que suben los influencers a las redes sociales, la inteligencia artificial, los ataques a dispositivos móviles, a las tablets o la sobreexposición a redes sociales. Es por eso que, a pesar de que nos parece que el contenido de la proposición de ley es valioso, nosotras creemos que ahora mismo la proposición de ley es extemporánea y, por lo tanto, probablemente nos vamos a abstener, porque entendemos que gran parte del contenido de su proposición no de ley ya está en el anteproyecto de ley que nos presenta el Gobierno.

Muchas gracias.

Arratsalde on guztioi. El Grupo Popular trae a debate la protección de los menores en el entorno digital. La primera valoración la hacemos sobre el texto de la proposición no de ley, donde la exposición de motivos pareciera la antesala de una proposición de ley que se ha quedado en el camino. Así, realiza un diagnóstico con el que podríamos estar de acuerdo y presenta unos puntos que se someten a votación que podríamos entrar a discutir. Pero hoy —‌y esta es nuestra segunda valoración—, 11 de junio, carecen de sentido, sabiendo que el martes de la semana pasada se aprobó en el Consejo de Ministros, por un lado, el informe de diagnóstico y medidas para la protección de las personas menores en los entornos digitales y, por otro lado, el anteproyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad de los entornos digitales, por lo que parece más oportuno, sin poner en duda que el Grupo Popular tiene la legitimidad de presentar como iniciativa política este tema de gran preocupación social, optimizar nuestro tiempo y centrar nuestro trabajo en el proyecto de ley, que vendrá acompañado de informes y estudios previos, cuando los grupos de esta Cámara podremos participar para mejorar el proyecto de ley. Por otro lado, poco podemos hablar del anteproyecto, como se ha dicho aquí, ya que poco sabemos con lo que se anunció del Consejo de Ministros y ministras la semana pasada; un proyecto de ley que propone obligar a los poderes públicos a elaborar una estrategia nacional sobre la protección a la infancia y la adolescencia en el entorno digital y, de manera más específica, impulsar campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores en la esfera digital y los riesgos que esta entraña, con especial atención al consumo del material pornográfico e investigar sobre los efectos de la tecnología en el desarrollo cognitivo de niños, niñas y adolescentes, cuestiones que en gran medida se contemplan ya en la normativa vasca, y, en concreto en la Ley 2/2024, de Infancia y Adolescencia, aprobada este año. También esperamos que, a pesar de ser presentado por dos ministerios diferentes, el anteproyecto tenga en consideración lo recogido en el informe, aunque, visto que se ha presentado en el mismo día, tómenlo como una ironía, ya que dudamos mucho de que ese informe se haya podido tener en cuenta en el anteproyecto presentado. También esperamos que el anteproyecto haya analizado la diferente normativa que regula la protección de los menores en esta materia, como la Lopivi, la Ley General de Comunicación Audiovisual o la ley de protección de datos, y que haya habido una participación multinivel, teniendo en cuenta que las materias sobre las que incide —‌educación, sanidad, infancia y juventud— son competencia de las comunidades autónomas y que en ellas, como sucede en Euskadi, disponemos de regulación y de diferentes planes, como el Plan de transformación digital del sistema educativo vasco, el Plan de coeducación del sistema educativo y la Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia, que abarcan diferentes sectores orientados a dar una mayor seguridad a los menores en el acceso a las nuevas tecnologías. Por ello, cualquier ley, informe o estrategia que se plantee desde el Gobierno debe respetar y tener en cuenta las estrategias propias desarrolladas por las administraciones autonómicas. Y también disponemos de normativa europea, como la Directiva 2024/2486 de la Comisión Europea, por la que se establece un paquete normativo para prevenir y combatir el abuso sexual de los menores en el ámbito digital. Por lo tanto, la normativa es numerosa, tanto la autonómica, como la estatal y la europea. No partimos de cero, aunque hoy no voy a abrir el debate sobre la necesidad o no de una nueva ley o si hubiera sido suficiente con modificar las existentes para incorporar la directiva europea. Ya está aprobado el anteproyecto y tendremos tiempo de debatir sobre el mismo. En definitiva, estamos ante un tema complejo, que nos interpela a todos y a todas. Las personas menores de hoy son nativos digitales, su vida digital forma parte de su vida real, su conexión es constante, hacen un uso de la tecnología que es neutra, aunque no es así el uso que en muchas ocasiones se hace de ella. Por eso debemos reforzar su seguridad, la de los menores, y, sin embargo, carecemos de esa cultura de seguridad informática: no se aprecia el peligro como en la vida real, no es tangible, nos autoexhibimos en un mundo virtual de una forma que no lo haríamos en el mundo real. Como he dicho, es un tema complejo, incluso en el sector educativo, respecto del que el debate ha de centrarse en cómo integrar de manera efectiva las herramientas tecnológicas desde el punto de vista pedagógico, sobre lo cual las familias tienen un papel muy importante. Consciente de ello, el departamento de políticas sociales del Gobierno vasco ha desarrollado una serie de guías para ayudarlos en la educación de los niños, las niñas y los adolescentes, para que las personas menores no sean víctimas, pero tampoco victimarios. Y todo ello exige una conciencia social ante los riesgos a los que nos enfrentamos, exige educación, prevención y responsabilidad de las empresas proveedoras de servicios y plataformas que operan en la red, así como un marco regulatorio, que puede ser el de una nueva ley o la modificación de las ya existentes, que haga frente a estos nuevos retos de una manera ágil en un espacio que ya se está adoptando, dentro de su ámbito competencial, por parte de algunas comunidades autónomas, al tiempo que se tome como base lo establecido también en la legislación europea.

Mila esker.

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores de la Cambra, el Partit Popular ens porta avui una PNL que, de fet, no és una PNL, quasi podria ser una proposta de llei, perquè té quinze punts, i amb això haguessin pogut avançar-se al Govern, portant una llei sobre aquest tema, que és tremendament urgent i necessari. Però han decidit portar una PNL amb quinze punts. Instando al Gobierno a analizar, reformar, impulsar marcos, colaborar con las grandes empresas, etcètera. És a dir, molta xerrameca i poc contingut, m’explico? És evident que cal posar sobre la taula una qüestió urgent i crucial com la protecció digital dels menors. Avui dia, les tecnologies i l’entorn digital formen una part integral de les nostres vides, i s’han convertit en una extensió de la nostra identitat física, jo diria tant en menors com en adults, no se’n salva ningú. És una realitat. I els nostres infants no viuen en un jardí d’infància o en una bombolla incontaminada. El primer contacte amb internet ja es produeix abans dels set anys, i entre els nou i onze anys molts ja poden accedir o es troben amb continguts de gran violència de tot tipus: sexual, amb ciberassetjament, etcètera, el que pot posar en risc la seva salut mental i el seu desenvolupament personal. Estem d’acord amb vostès que els poders públics tenen l’obligació de promoure i protegir els drets dels menors. És per això que a Catalunya —‌que a vegades la gent se n’oblida, però tenim competències sobre temes d’infància i joventut— ja hem fet moltíssimes lleis en aquest sentit i estem disposats a cooperar i, evidentment, votarem sempre a favor de tot allò que beneficiï també a la gent dels altres pobles de l’Estat. Però vull dir que ja ho estem fent i portem una mica d’avantatge, tot cal dir-ho. Cal adaptar-se i seria il·lús i inútil enyorar un passat pur intentant protegir la infantesa o simplement mantenir l’infant a una bombolla constantment fiscalitzada, i això no és possible. Per això, el que hem de reclamar és, potser, un concepte, jo diria nou, que és el dret, el dret a no ser obligats a ser analògics. No podem anar contra el futur, que és el present. Els infants tenen dret a desenvolupar-se en territoris digitals i a poder fruir també de dimensions no digitals de la vida. És compatible la vida fora de les xarxes i a les xarxes. No hem d’escollir entre una o altra. Ara bé —‌i aquí vindria l’important— el dret digital ha de ser compatible amb un dret a navegar sense risc. Això sí que és important. Això seria la mare dels ous del que hauria de tindre la propera llei de protecció dels menors en aquest sentit. Els infants tenen dret a adquirir competències que permetin un ús segur de la tecnologia per aprendre i adaptar-se als canvis. Tots els avenços científics, els tecnològics, sempre tenen un doble vessant: poden ser coses que poden fer el bé i coses que poden fer el mal. L’energia nuclear pot servir per fer la bomba atòmica i pot servir també per fer raigs X, i amb això passa exactament igual. Dret, doncs, a navegar amb, diguem, seguretat, dret a expressar-se en les dimensions digitals, dret a pensar, crear, expressar-se també amb els temes digitals, dret a comunitats virtuals saludables, a aprendre de la ciutadania digital, a la participació... És a dir, a aprofitar totes les coses bones que té l’entorn digital. Ara bé, també hem de protegir l’infant del dret del mercat. En el fons, el problema no és la tecnologia, sinó que vivim en un sistema econòmic amb una condició humana que utilitza qualsevol tema per fer mercaderia, per fer benefici. És aquí on està el problema, aquest benefici o aquesta desregulació del mercat sense cap tipus de regulació. I aquest tema s’ha de regular, no pot anar com va. Així, el problema no és la infància ni l’adolescència, no és la tecnologia, sinó un món adult, com dèiem abans, deshumanitzat, que pot fer pràctiques com aquestes, que fan mal als infants.

I no m’agradaria acabar sense un tema que avui m’ha colpit molt, que és el fet que mentre estem legislant sobre la producció d’infantesa, hi ha gent que estava avui a la porta d’aquest Congrés —p‌ er cert, no hi havia cap altre grup parlamentari— que estaven demanant que la llei que va fer el Parlament de Catalunya també es tramiti al Parlament espanyol, la llei de les víctimes menors d’abusos sexuals i de violacions sexuals. Aquesta gent porta esperant molts anys, el seu problema és la punta d’un iceberg i aquesta llei porta aquí parada a la Mesa d’aquest Congrés quatre mesos. És urgent acabar amb el patiment de totes aquestes persones, acabar amb el patiment i que es repari aquesta injustícia. Per això, demanem també que, sí, cal protegir l’infant d’entorns digitals avui, però també cal fer justícia amb tota aquella gent que no va poder ser protegida i, en canvi, va ser víctima de violacions i d’abusos sexual, com avui hem vist a la porta del Congrés. Així que, repeteixo, exigim que es tramiti d’una vegada aquesta llei pel bé de totes aquestes persones que han patit tant.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidenta. Señores y señoras de la Cámara, el Partido Popular nos trae hoy una PNL que, de hecho, no lo es; podría ser una propuesta de ley, porque tiene quince puntos. Podrían adelantarse al Gobierno con una ley sobre este tema, que es sumamente urgente y necesario. Pero han decidido traer una PNL, con quince puntos. Por tanto, mucho hablar y poco contenido. Y me explico. Es evidente que hay que poner sobre la mesa una cuestión urgente y crucial como es la protección de los menores. Hoy en día las tecnologías y el entorno digital forman parte integral de nuestras vidas, convirtiéndose en una extensión de nuestra identidad física yo diría que tanto en menores como en adultos. No se salva nadie, es una realidad. Nuestros niños no viven en un parvulario o burbuja no contaminada. El primer contacto con Internet se produce antes de los siete años, y entre los nueve y once muchos ya pueden acceder o se encuentran con contenidos de gran violencia de todo tipo: sexual, con ciberacoso, etcétera, lo que puede poner en riesgo su salud mental y su desarrollo personal. Estamos de acuerdo con ustedes en que los poderes públicos tienen la obligación de promover y proteger los derechos de los menores. Por eso en Cataluña —‌a veces se olvidan— tenemos competencias sobre temas de infancia y juventud y hemos hecho muchas leyes en este sentido. Estamos dispuestos a cooperar y siempre votaremos a favor de todo lo que beneficie a las personas y a otros pueblos del Estado, pero es que nosotros ya lo estamos haciendo, les llevamos un poco de ventaja, como huelga decir. Hay que adaptarse, no añorar un pasado y mantener al niño o la niña en una burbuja fiscalizada constantemente. Lo que tenemos que reclamar quizá es un concepto nuevo, el derecho a no ser obligados a ser analógicos. No podemos ir contra el futuro y lo que es el presente. Los niños y las niñas tienen derecho a desarrollarse en territorios digitales y a poder disfrutar de dimensiones no digitales de la vida. La vida fuera de las redes y en las redes tiene que ser compatible. Ahora bien —‌y he aquí lo importante—, el derecho digital tiene que ser compatible con un derecho a navegar sin riesgo. Esto sí que es importante, sería el meollo de la cuestión en la próxima ley de protección de menores en este sentido. Los niños y las niñas tienen derecho a adquirir competencias que permitan un uso seguro de la tecnología para aprender y adaptarse a los cambios. Todos los avances científicos y tecnológicos siempre tienen una doble vertiente: pueden llevar al bien y también al mal. La energía nuclear puede servir para hacer la bomba atómica, pero también para hacer rayos X. Y con esto sucede exactamente lo mismo. Así pues, derecho a navegar con seguridad, a expresarse en las dimensiones digitales. Los niños y las niñas tienen derecho a pensar, a crear y a expresarse en los temas digitales, tienen derecho a comunidades virtuales saludables, a aprender de la ciudadanía digital, a aprovechar todo lo bueno del entorno digital, pero también debemos proteger a los niños y las niñas del derecho al mercado. En el fondo, el problema no es la tecnología, sino que vivimos en un sistema económico, en una condición humana que utiliza cualquier tema para acceder a mercadería o beneficio. He ahí el problema, ese beneficio del mercado sin regulación, y hay que regular este tema. El problema no es la infancia ni la adolescencia ni la tecnología, sino un mundo adulto deshumanizado, que puede llevar a cabo prácticas como estas, que hacen daño a la infancia. Y no quisiera acabar sin tratar una cuestión que hoy me ha tocado mucho, y es que, mientras estamos legislando sobre la protección de la infancia, hoy hay gente a la puerta de este Congreso —‌no hay ningún otro grupo parlamentario— que pedía que la ley que se hizo en el Parlamento de Cataluña también se tramite en el Parlamento español, la ley sobre víctimas menores de abusos y violaciones sexuales. Esta gente lleva muchos años esperando, su problema es la punta de un iceberg y esta ley lleva parada en la Mesa del Congreso desde hace cuatro meses. Es urgente acabar con el sufrimiento de estas personas y que se repare esta injusticia. De ahí que pidamos que sí, que hay que proteger a la infancia de los entornos digitales hoy, pero también es necesario hacer justicia con toda aquella gente que no pudo ser protegida y fue víctima de violaciones y abusos sexuales, como hemos visto hoy a la puerta del Congreso. Insisto, exigimos que se tramite de una vez esta ley, por el bien de todas estas personas que tanto han sufrido.

Muchas gracias.

Buenas tardes, señorías. Tal como nos comprometimos y estoy haciendo siempre cuando hablamos de infancia, me gustaría empezar diciendo lo mismo: qué hipocresía hablar de infancia cuando en estos momentos en Palestina están muriendo niños, están muriendo niñas, y hay grupos parlamentarios en esta Cámara que se niegan a pedir el alto el fuego. (Aplausos). Hoy debatimos un tema importante en una PNL del Partido Popular, que, como bien saben, estamos trabajando. Aborda un asunto que trabajamos desde el Legislativo, pero también desde el Ejecutivo ―ya lo anunció la ministra Sira Rego hace unas semanas―, que aprobó un anteproyecto en el Consejo de Ministros que en breve llegará a esta Cámara: la cuestión de los entornos digitales seguros para menores y para jóvenes, en definitiva, evitar que las nuevas tecnologías acaben generando problemáticas. Es una cuestión en la que entendemos que por lo menos los grupos demócratas de esta Cámara tendremos consenso, y lo celebraremos desde nuestro grupo parlamentario. Por tanto, interpretamos que esta PNL busca contrarrestar una buena medida del Gobierno, algo que ustedes son incapaces de reconocer, que lo único que hacen es entorpecer. Buscan aquí un debate que ya estamos teniendo en el Gobierno con entidades, asociaciones y con un comité de expertos, que en esta materia está trabajando en una ley de abajo hacia arriba y no solo de arriba abajo, como hacía el Partido Popular cuando gobernaba. (Aplausos). Nosotros estamos de acuerdo en regular los entornos digitales. Estamos de acuerdo en que exista un marco normativo que no permita a un niño o una niña acceder a un contenido que pueda ser perjudicial para su salud; en que los móviles, tablets o dispositivos pueden generar adicciones, que tienen consecuencias nefastas, incluso en que pueden tener conductas violentas al acceder a ciertas páginas; en que los niños y las niñas no tengan a su mano contenido sexual, cuando lo que deben tener es una infancia libre y acorde a las necesidades educativas y lúdicas que merecen. Pero la forma que tenemos de enfocarlo es la siguiente. Internet y las tecnologías no son el enemigo a abatir. El problema no es la tecnología. La tecnología es una herramienta que nos puede permitir vivir más, trabajar menos, repartiendo el trabajo y reduciendo la jornada laboral (aplausos), avanzar en investigación, compartir conocimiento y cultura, aprender y difundir. El problema, como dice la politóloga y filósofa Alicia Valdés, es que Internet fue un espacio maravilloso en el que uno se podía autorrealizar, conocerse, compartir conocimientos, pero se privatizó a pesar de las resistencias, y ahí llegaron las aplicaciones y los algoritmos, algo que se debe regular y, en el caso de los menores, limitar. Porque desde que Internet es una selva neoliberal, existen grandes empresas que funcionan con una lógica ―¡sorpresa!― del beneficio, y anteponen eso al interés general. Por eso, debemos intervenir. Por eso, debemos regular desde el Estado un marco en el que las empresas, que ganan millones, colaboren para que esta herramienta sea útil y no un problema para las futuras generaciones. Por último, señorías del PP, ustedes tienen una doble vara de medir. Están de acuerdo en que la tecnología puede ser perjudicial y se debe limitar, algo que compartimos, pero luego limitan el aprendizaje y el empoderamiento de miles de niños y niñas de este país. Hace unas semanas se aprobaba en la Comisión de Sanidad una PNL para impulsar la educación afectivo-sexual en nuestro país, y poco hemos hablado de la importancia de la educación, de la necesidad de tener una buena formación en la infancia y en la adolescencia de las personas que serán el futuro de este país. Educar no es meter ideas en las cabezas de personas, es enseñar a sacarlas, a desarrollar pensamiento crítico, desarrollar la autocrítica, la autoestima y la confianza, trabajar la presión de grupos y desarrollar una responsabilidad afectiva. (Aplausos).

Esa educación es un elemento nuclear para la iniciativa parlamentaria que hoy estamos debatiendo, porque ustedes, señorías, prohíben, a propuesta de VOX, las charlas de educación sexual, que precisamente previenen y alertan de que el porno o el contenido de Internet no es la vida real. Están en el conservadurismo feudal, apoyando la censura del colectivo LGTBI y criminalizando cualquier abismo de progreso en libertades y diversidad. Nosotras estamos —‌y así lo haremos desde el Gobierno— en una apuesta firme de dotar de herramientas, recursos y conocimiento respecto a los temas de la sexualidad, donde no valen los antiguos guiones, porque estamos en otro momento. En la actualidad, los jóvenes están viviendo la sexualidad de una forma mucho más libre que en los marcos de ustedes, porque los jóvenes quieren que haya un aprendizaje afectivo, emocional en los centros educativos, que es la mejor forma de evitar estas problemáticas. Porque la solución no es solo limitar, que también, es educar a las futuras generaciones en valores y en empoderamiento, que permita tener herramientas para que las jóvenes sepan enfrentarse a la vida, y ustedes siempre están y votan en contra. Ustedes criminalizan todas las formas modernas de desarrollo tecnológico y afectivo, pero son tan hipócritas de no criticar a las empresas que hacen negocio, que ahora por fin lo vamos a regular desde el Gobierno. (Aplausos).

Acabo. Lo que hemos de explorar es el enorme potencial que tienen las herramientas tecnológicas si no están solo en manos privadas y al libre beneficio económico. Hemos de hacer de Internet y de las aplicaciones espacios seguros para los jóvenes y las generaciones futuras, empoderadas en una sociedad más libre que la que encontraron, pese a las resistencias de ustedes a los avances sociales.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Señorías del Grupo Popular, van ustedes demasiado tarde. Nos traen hoy una PNL sobre un tema que preocupa a la sociedad y que podría ser interesante de no ser porque el Gobierno ya ha adoptado muchas medidas y porque van ustedes muy tarde. Saben perfectamente que el pasado martes se presentó en el Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que precisamente regula los entornos digitales seguros para los menores. Por eso, ni mi grupo ni yo entendemos muy bien qué sentido tiene esta propuesta, una propuesta que además mezcla un batiburrillo de temas sin ton ni son. A nuestro grupo no le gustaría pensar que ustedes están utilizando una vez más a los menores, a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes para intentar marcar la agenda política del Gobierno en un alarde de protagonismo por su incapacidad de asumir que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez y no el señor Feijóo. (Aplausos). Señorías, lo intereses y los problemas de la infancia, de la adolescencia y de la juventud están en el centro de la agenda política de este Gobierno. Prueba de ello es que el pasado mes de enero el presidente del Gobierno anunció un gran acuerdo de país sobre entornos digitales seguros para menores pivotado sobre tres ejes fundamentales. El primer eje es aprobar una ley integral para la protección de los menores en el ámbito digital. Como ya he dicho, la semana pasada se aprobó ese anteproyecto. El segundo eje es impulsar una estrategia multidisciplinar que tenga como base el informe de personas expertas. El Ministerio de Juventud e Infancia —y‌ a se ha dicho aquí— está trabajando con cincuenta personas expertas, hombres y mujeres, que están haciendo un informe que previsiblemente se presentará el 21 de junio y que además se va a ir revisando cada tres años. El tercer eje es avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que impidan el acceso al contenido para adultos por parte de los menores. Aquí es donde entra la industria. Los fabricantes estarán obligados a garantizar que los dispositivos digitales cuenten con sistemas de control parental, con etiquetado informático sobre los riesgos y, además, se implementarán sistemas de verificación de la edad para avanzar en soluciones técnicas en el conjunto de la Unión Europea. Los datos hablan por sí solos, señorías ya los conocemos: nueve de cada diez niños y niñas de once años llevan un teléfono móvil en su bolsillo. Esto nos abre una ventana al mundo. Nos brinda grandes oportunidades para el conocimiento, para la información, para la interconexión, para el ocio, pero no está libre de riesgos, es una realidad: contenidos inapropiados, ciberacoso, desinformación, adicciones a las pantallas o a los móviles entre los más jóvenes. Por eso, todos y todas estamos de acuerdo en que queremos entornos que permitan a nuestros jóvenes ejercer sus derechos, pero de un modo seguro; tiene que ser de un modo seguro. Permítanme agradecer desde esta tribuna de manera especial el trabajo de organizaciones sociales, de educadores, de profesionales de la salud, de profesionales de la industria, con quienes no hemos reunido y que, además, han colaborado en esta causa común. (Aplausos). Por lo tanto, en el PSOE tenemos muy claro que hay que impulsar todas las medidas que estén a nuestro alcance para que se reduzcan los riesgos, y todo esto sin que se nos olvide la voz de sus protagonistas: de los niños, de las niñas y de los adolescentes.

Señorías, como señalé al principio de mi intervención, hoy nos felicitamos, porque ya se ha llevado al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley, una norma que modifica el Código Penal, que incluye nuevos delitos, que eleva de catorce a dieciséis años la edad para prestar el consentimiento en el tratamiento de los datos personales. En el ámbito sanitario se tratarán las adicciones a las tecnologías, se fomentará la educación en ciudadanía digital, en los riesgos que llevarán asociados los usos de las redes, y algo que nos parece trascendental: se investigará cuáles son los efectos del consumo de la pornografía en edades tempranas.

Ya para terminar quiero decir que ante todos estos hechos, señorías del Grupo Popular, déjense de demagogia; si no quieren ayudar, de verdad, no estorben, no nos hagan perder el tiempo con propuestas vacías de contenido como la que traen hoy aquí. De forma inminente va a venir una ley, de la que ya se ha aprobado el anteproyecto de ley, por tanto, la sociedad verá si es cierto que aplican todo lo que ustedes predican. Y hablando de entornos digitales, esperemos que no se queden en lo virtual y aterricen de una vez por todas en lo real.

Gracias. (Aplausos).

Estamos estudiándolas.