Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de multirreincidencia en los delitos de hurto y estafa.

Señora presidenta, señorías, buenas tardes. El hurto reiterado, normalmente de escasa cuantía, cometido en establecimientos comerciales o al descuido en lugares de concurrencia numerosa, se ha convertido en una forma habitual de delincuencia ejercida por personas que han hecho de ella su forma de vida habitual. Su ejecución se realiza bien individualmente o en grupos organizados y, en ambos casos, por personas con múltiples antecedentes policiales y penales con el fin de comercializar con el producto de la sustracción. Estos delitos reiterados encabezan el listado de las infracciones penales contra el patrimonio en España, ocasionando un elevado perjuicio desde la perspectiva del conjunto de la sociedad y en sus concretas víctimas, y especialmente en el mundo del turismo, en el sector comercial, en donde se ha cuantificado el coste anual de estos hechos en unos 1800 millones de euros, con especiales consecuencias para el pequeño comercio, para esas zonas de la ciudad y para sus gentes. Adicionalmente, 300 millones de euros más, como mínimo, a las administraciones públicas, y las sentencias sobre las denuncias se quedan en un 10 %. Frente a estos hechos, se evidencia una escasa respuesta del Código Penal, y lo reiteran todos, absolutamente todos los sectores. De esto va nuestra iniciativa, que pido que apoyen en su toma en consideración. Les pido a sus señorías que hoy se eleven, que nos elevemos todos y pensemos en lo importante, los problemas reales de la gente. Con un Gobierno empeñado solo en subsistir y no en gobernar, los ciudadanos necesitan unos políticos y un Parlamento a la altura y que ofrezcan soluciones a sus problemas, que no admiten espera. Por eso el Grupo Popular, como principal alternativa política, trae al debate una iniciativa que entendemos que es muy necesaria y muy demandada. Y ustedes dirán que no es la primera vez que viene una iniciativa así, incluso del Grupo Popular, a esta Cámara. Esperemos que sea la última vez que proporcionemos un instrumento jurídico penal útil, eficaz, porque, señorías, los hurtos y las estafas multirreincidentes se están convirtiendo en una lacra en toda España, con especial intensidad en algunos territorios y ciudades. Los ciudadanos nos demandan cada vez con más frecuencia que estemos a la altura, que no seamos como el Gobierno, que se empeña en seguir mirándose a sí mismo para buscar flotadores que le permitan sostenerse sujeto al poder a cualquier precio. Pero escuchen, señorías, la gente quiere que cumplamos todos y hoy tenemos que cumplir todos aquí. (Aplausos). Con esta iniciativa pretendemos mejorar la respuesta penal frente a profesionales reincidentes, insisto, que hacen de ello su modo de vida, porque no tiene consecuencias, porque no tiene precio lo que hacen, pero sí tiene coste para los demás. Esta iniciativa, si la apoyan, sí que mejorará la convivencia que se está deteriorando en las ciudades; alejará de ciertos puntos neurálgicos del centro o de los barrios la sensación amplísima de inseguridad, de ciudad sin ley; permitirá que subsistan los pequeños comerciantes que ven peligrar sus negocios ante el negociete de las organizaciones criminales que colocan a sus gentes allí donde pueden sacar más partido saqueando quioscos, supermercados, aprovechando el descuido para llevarse los móviles de nuestros niños y nuestros jóvenes, las compras de los turistas, los pequeños recuerdos de nuestros ancianos, que ya no pueden pasear tranquilos en aquel espacio que consideran como su casa porque es donde han vivido siempre.

Señorías, no se dejen engañar por esos discursos que han tergiversado siempre las iniciativas que se han presentado en esta Cámara para luchar contra esta lacra creciente. Nos dicen: ¿Cómo se hace para aplicar consecuencias a estos profesionales que aportan domicilios falsos, no recogen notificaciones, no acuden a los juicios y no pagan las multas? Esto nos lo dicen una y otra vez los comerciantes. ¿Cómo podemos seguir así? Ven como sus clientes desaparecen, como el negocio que tienen se rompe, rompe sus vidas. ¿Cómo se hace —n‌ os preguntan— para que no acumulen setenta, ochenta o cien antecedentes y se burlen de las fuerzas de seguridad? ¿Recuerdan aquella frase de entrar por una puerta y salir por otra? Pues esta sensación es una realidad, no es una sensación virtual. Señorías, estamos cansados de leer titulares en los medios como robos por encargo, así roban las organizaciones en los supermercados; los profesionales del hurto se reinventan y adaptan las tecnologías continuamente a su actuación; grupos organizados con logística suficiente se mueven por todo el territorio nacional para aumentar su actividad. No solo nos lo dicen los afectados directamente, nos lo dicen los fiscales que exigen una adecuada reforma.

Si siguen sin creernos, sin creer a los comerciantes, a los jueces o a los abogados, escuchen, señores socialistas, al alcalde de Barcelona, al señor Collboni. El señor Collboni viene reclamando, como ya lo hacíamos nosotros antes que él y nos votaban en contra, reformas legislativas para luchar contra los hurtos multirreincidentes desde que tomó posesión de la alcaldía. Recientemente ha dado un paso más y, tras apoyar propuestas formuladas por el Colegio de la Abogacía de Barcelona en la dirección de nuestra propuesta, ha creado una comisión de estudio para las reformas legislativas que hay que abordar. Claro, cuando uno tiene que gestionar y en la ciudad desaparecen los medios de vida o los acontecimientos deportivos internacionales con grandes concentraciones se van a lugares más seguros, ¡ay, amigos!, entonces ya no es una cosa del Partido Popular, es una cosa del alcalde socialista de Barcelona. (Aplausos).

Han sido varios los intentos de legislar. El último, la modificación de 2022 por una transacción aprovechando una tramitación legal ajena, pero dejó nuevas brechas que han convertido en papel mojado esa reforma. Como sabemos, la sentencia de 28 de junio de 2017 del Tribunal Supremo dejó de facto en papel mojado la reforma de 2015 por dos razones: la imposibilidad de considerar los antecedentes penales por delito leve, mientras no se modifique el Código Penal para aplicarlos al tipo agravado de multirreincidencia, y por la desproporción punitiva. Claro, el párrafo que se incorporó bienintencionadamente en el año 2022 lo único que ha hecho es complicar de nuevo esta cuestión con un nuevo requisito y una confusión entre los elementos propios del delito continuado del artículo 74 del Código Penal y la multirreincidencia. Por eso, tanto el instituto catalán I+Dret como el ICAB y AEKO con distintas fórmulas coinciden en que hay que eliminar este requisito porque no hay manera de luchar con este requisito ni con todos los jueces del mundo. La decana de Barcelona pide más jueces y son necesarios más jueces, pero, señorías, no habrá jueces en el mundo y costes en el mundo que podamos soportar para que después se vayan de rositas los delincuentes. (Aplausos).

Por ello, de forma resumida para no cansarles, porque la pueden leer, proponemos que se haga esa reforma que pedía el Tribunal Supremo en los artículos 22, 66 y 80, porque hay que excepcionar los delitos leves para que sean computados los antecedentes; eliminamos del artículo 234 ese párrafo que se incorporó en el año 2022; retocamos y modificamos el 235.1.7.º, es decir, allí donde verdaderamente se establece la pena de uno a tres años de prisión, porque las multas ya no sirven para nada. Convendrán conmigo, mucha gente lo hace, que uno no puede defenderse de las bombas con caricias. Esa es la sensación que tiene todo el sector justicia y de la seguridad en España con estas reformas. Además, entre otras cosas, incorporamos un nuevo ordinal décimo al artículo 235 para contemplar los hurtos de dispositivos electrónicos o tecnológicos susceptibles de contener datos o información. No interesa tanto el precio, que ya está contemplado, sino lo que eso supone para la vida de todos nosotros, nuestra vida y, si no, que se lo digan al presidente Sánchez cuando captaron datos de sus teléfonos. (Aplausos). Señorías, es cada vez más frecuente que el objeto de deseo sean los dispositivos móviles, no solo los teléfonos. Por tanto, incorporamos una terminología suficientemente amplia. Fíjense, hace casi un año, en los últimos sanfermines, nos dicen los datos que de 600 denuncias, 540 eran por hurtos de teléfonos móviles.

Señorías, con estas modificaciones creemos que se satisface lo que se nos está demandando, y se puede mejorar. Depende de ustedes, de que nos apoyen. De ello depende la tranquilidad de los ciudadanos. Fíjense que algunos de ustedes en la tramitación anterior decían: Qué barbaridad, que queríamos ir contra los pobres. No, señorías. Escuchen nuevamente a Collboni, que dice que necesitamos una reforma equilibrada como esta porque nos va la tranquilidad de la ciudadanía y de los que menos tienen, de los vulnerables; por tanto, esto no va contra los pobres, esto va contra las organizaciones criminales, esto va contra los explotadores. Tenemos que movernos más rápido, señorías, al igual que ocurre con el narcotráfico. No somos partidarios de las reformas porque sí del Código Penal, pero, si no nos movemos, no podremos llegar.

Sé que hablar hoy de espacios de impunidad, que es lo que sucede en este ámbito, es casi irrisorio. Hoy, que ha entrado en vigor la ley de amnistía, seguro que muchos, cuando vean ahora la diferencia, se darán cuenta de que los españoles van a sufrir una gravísima desigualdad, la desigualdad de quienes tienen como prioridad, como este Gobierno, no lo que le pide su alcalde de Barcelona, no defender a los pequeños comerciantes, a las personas mayores, a los jóvenes, a los niños, sino a políticos para su impunidad. Tomamos pues la rienda de la responsabilidad para tramitar leyes que el Gobierno no tramita. Escuchamos los gritos desesperados de aquellos que cada día se ven más preocupados por que defendemos más a los delincuentes que a las víctimas. Señorías, admitan esta proposición porque hoy no podemos defraudarles.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, a la hora de hablar de criminalidad, lo primero que nos debiéramos preguntar es si España es un país seguro. Algunos dirán, rotundamente, que sí, pero la realidad ¿qué nos dice? Fundamentalmente, nos dice también que España es menos segura de lo que era antes. El balance de criminalidad publicado por el propio Ministerio del Interior viene a ratificar esta realidad. Con relación al año 2023, en comparación con el 2022, la criminalidad en nuestro país se ha incrementado un 5,88 %; prácticamente, un 6 %, y en lo que va del primer trimestre del año 2024, comparado con el primer trimestre del año 2023, un 3,2 %. Estamos en los datos más altos de la historia de nuestro país con relación a la criminalidad. Evidentemente, además, la percepción ciudadana sobre la seguridad se ha reducido considerablemente. En esa línea, señorías, como digo, todos los balances, todos los datos del ministerio van en esa misma dirección. En el caso concreto de la Comunidad Foral de Navarra es todavía peor, estamos un punto por encima de la media nacional. ¿Cifras escandalosas, señorías? Por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual. En el año 2023 en la Comunidad Foral de Navarra, un 30 % más que el año anterior. En el resto de España, un 15 % más. Podríamos hablar también de la ciberdelincuencia, que se han disparado, es el delito que más se está incrementando de una manera totalmente incontrolable. Por lo tanto, es algo que nosotros tenemos que afrontar. No podemos mirar para otro lado. Eso es lo que plantea esta proposición de ley. Hace unos días se debatía en la Comisión de Interior una propuesta de Unión del Pueblo Navarro, que salió adelante, a la hora de instar al Gobierno de España a mejorar la persecución, la vigilancia y la investigación del delito. ¿Cómo? Fundamentalmente, recogía la proposición no de ley, con una coordinación adecuada entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad: Policía Nacional, Guardia Civil, Policía local y, en aquellas comunidades autónomas o foral, como es el caso de Navarra, con las policías autonómicas o la Policía Foral de Navarra. También hacíamos hincapié —‌y así lo recogieron y lo ratificaron las Cortes Generales— en la prevención que debe tener el delito. Junto a ello, también veníamos exigiendo que se completasen las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, que se les dotase de los medios materiales y técnicos necesarios para realizar su labor. Hablábamos también de la necesaria coordinación del Centro 112 a la hora de una respuesta rápida y coordinada con todos los cuerpos policiales. Cómo no, también hablamos de la necesidad de los cambios normativos pertinentes que permitiesen a los cuerpos policiales y también a los tribunales de Justicia actuar con eficacia y eficiencia a la hora de combatir el delito. Si se les escucha a ellos, que es lo que debiéramos hacer, porque ellos son los que están en el día a día, en la hora a hora, luchando contra la delincuencia, nos dirían que la modificación que entró en vigor en agosto del año 2022 sobre los delitos multirreincidentes no estaba dando la respuesta inmediata que se esperaba. ¿Por qué? Los expertos daban dos motivos. El primero de ellos, por la lentitud de los juzgados; y, el segundo, por las limitaciones introducidas en esas modificaciones. También nos dicen que los dispositivos tecnológicos, los móviles fundamentalmente, es el objeto de deseo de los delincuentes —¿por qué? Porque tiene un valor considerable y, además, porque, una vez sustraído, se coloca rápidamente— y que había que cambiar la consideración del delito del robo de los dispositivos tecnológicos. ¿Por qué? Porque no solamente tenía un valor determinado y elevado, sino, fundamentalmente, como se ha dicho por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, porque va en contra de la intimidad de las personas. Nos están robando nuestros propios datos personales y eso es algo que hay que afrontar. Por lo tanto, señorías, como la proposición de ley va en la línea de combatir la delincuencia, la multirreincidencia que tanto escandaliza a la sociedad española, que tanto padecen la sociedad navarra y la sociedad española, nuestro voto será afirmativo.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on jaun-andreok. Desde la reforma del Código Penal de 2015 para abordar la creciente multirreincidencia en los delitos leves de hurto y estafa y las sentencias de la Sala segunda del Tribunal Supremo, ya citadas, de 2017 y 2019, que dejaron en papel mojado aquella reforma de 2015, hemos debatido en numerosas ocasiones, tanto en Pleno como en Comisión, cómo abordar esta cuestión de la multirreincidencia en estos delitos que, como se ha dicho, erosionan la percepción de la seguridad en la ciudadanía; que propicia, de hecho, la impunidad de sus autores por el tratamiento penal de multa que se les impone; y se instala también en la sociedad una sensación de impunidad que se refleja en ciertos comentarios que todos conocemos y que ya se han expresado aquí. Todo ello, con el consiguiente desánimo para las fuerzas y cuerpos de seguridad y graves daños, principalmente, en la actividad económica y comercial. Para afrontar esta situación, en julio del 2022, como ya se ha comentado, se modificó el Código Penal, a través de la Ley Orgánica 9/2022, para endurecer la respuesta penal para los delincuentes multirreincidentes de hurtos leves; aunque, eso sí, con el voto favorable del Partido Nacionalista Vasco y con la abstención del Partido Popular, y se modificó el Código Penal para aquellos condenados ejecutoriamente por tres delitos leves de hurto cuyo objeto de enjuiciamiento fuera también un delito leve de hurto y siempre que el montante acumulado de las infracciones fuera superior a 400 euros, a las que ya no corresponderá la pena de multa del tipo atenuado de multa de uno a tres meses, sino el correspondiente al tipo básico de prisión de seis a dieciocho meses para los hurtos de cosas muebles con valor superior a 400 euros. Dio lugar también, quiero recordar, a la Circular de la Fiscalía General del Estado, 1/2022, dando criterios al conjunto de las fiscalías para interpretar esta reforma. Ciertamente, señorías, ya se ha señalado, en esta reforma del 2022 no se abordó la modificación de la reincidencia en los delitos leves de estafa, artículos 249 y 250, ni las disposiciones generales del Código Penal contenidos en su libro I en lo relativo a la multirreincidencia en los delitos leves a efecto de las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal o a las reglas para la aplicación de la pena o por lo que hace a la suspensión de la ejecución. Ahora, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una iniciativa dando una vuelta más a la reforma del Código Penal de 2022, abordando las cuestiones señaladas respecto al libro I del Código Penal, que buena parte de la doctrina considera oportunas para evitar dudas interpretativas respecto a la penalidad de la reincidencia en los delitos leves de hurto, y también nos trae de los de estafa de la misma naturaleza, además de, respecto a estos últimos, modificar el artículo 250 del Código Penal. Se trata de una reforma, por cierto, en parte, coincidente, tengo que señalarlo, con la también registrada en esta XV Legislatura por el Grupo Parlamentario Junts, aunque aún no debatida en su toma en consideración, y superada por esta en lo que afecta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para posibilitar la acción penal de los entes locales en los delitos de hurto o modificar el sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia para conocer el histórico penal del acusado. Es una iniciativa de Junts a la que nuestro grupo parlamentario se refirió en la sesión plenaria de esta Cámara de 23 de abril pasado, manifestando su anuencia tácita a que pudiera ser debatida en la Comisión de Justicia tras su previa toma en consideración por este Pleno. También, iniciativa del Partido Popular que, en general ―tenemos que decirlo―, encuentra puntos de contacto con el programa electoral de nuestro partido político cuando señala que la seguridad es un aspecto fundamental del bienestar, de la estabilidad y del progreso de cualquier sociedad, y refiriéndonos, entre otras cuestiones, a que evaluaríamos los resultados de la reforma que apoyamos en 2022 respecto a los casos de multirreincidencia de los delitos leves de hurto y estafa en caso de que siga siendo insuficiente la reforma de dicho año, insuficiencia que consideramos palpable pues esa multirreincidencia parece no disminuir, sino que, por el contrario, sigue creciendo, lo que a nuestro juicio recomienda la mejora tanto de la prevención general como de la especial a través del endurecimiento de las penas previstas actualmente, sin desconocer ―y también tenemos que decirlo― otras medidas sociales de acompañamiento que quizá pudieran ser necesarias a fin de que en algunos casos se desista en la repetida actividad delictiva.

Por lo señalado, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa a fin de que podamos debatirla en la Comisión de Justicia, posicionamiento similar ―también tengo que repetirlo o recordarlo― al que hicimos en la pasada legislatura con una iniciativa política y prácticamente idéntica a esta del Grupo Parlamentario Popular, aunque también señalando que en su debate en Comisión habrá de velarse por el principio de proporcionalidad, que impide agravar con desproporción punitiva cuando todos los delitos que concurran sean leves, y también por las modulaciones precisas en la suspensión de la ejecución de la pena respecto al multirreincidente por delitos leves cuando en su conjunto tampoco superen la cifra de los 400 euros.

Nada más y muchas gracias.

Arratsalde on. Buenas tardes, presidenta, señorías. Señorías del Partido Popular, hoy han reciclado una iniciativa que ya trajeron a esta Cámara la pasada legislatura, el pasado año, supongo que teniendo la esperanza de que, como ha virado un poco más a la derecha esta Cámara, consigan aprobar esta iniciativa. Pero, miren ―señora Moro, usted en particular―, creo que hay tres hechos que son evidentes, que no son debatibles, que nos pueden ayudar a aterrizar un poco la propuesta. En primer lugar, es una obviedad que el sistema penal, y más concretamente el Código Penal español, destaca por ser uno de los más severos que tiene la Unión Europea. En segundo lugar, y contrariamente a los datos parciales, equivocados, que daba el señor de la extrema derecha navarra, el señor Catalán, España no es uno de los Estados que tenga uno de los índices de criminalidad más altos de la Unión Europea; es más, destaca por ser de los más bajos. Pero, además, si tenemos en cuenta los diez últimos años… (El señor Catalán Higueras pronuncia palabras que no se perciben). Señoría, que se pone un poco nervioso, mire los datos: en los últimos diez años ha descendido. Es cierto que ha habido un repunte respecto a la pandemia, pero es que en la pandemia cambió el modelo de criminalidad. Hay que mirar los datos bien. Además, se han olvidado ―en tercer lugar― de que ya hay aprobada, en el año 2002, una medida en contra de la multirreincidencia. Pero ¿sabe lo que ocurre? Que están calcando el marco de la extrema derecha, esos bulos que buscan la sensación de criminalidad… (Rumores.―El señor Argüelles García pronuncia palabras que no se perciben). Si, si en eso les van a ganar su escisión de VOX. No se pongan nerviosos. Por eso, deberíamos preguntarnos por qué la extrema derecha saca tan buenos resultados. Por eso espero que al principal partido que da apoyo al Gobierno no se le pase por la cabeza aprobar esta medida, porque se basa en un bulo; bulo como los que constantemente traen la extrema derecha y la derecha extrema ya sea sobre la okupación, ya sea sobre las ayudas sociales, y en este caso sobre la delincuencia, con datos falsos, erróneos. Es más, me imagino que el objetivo de esta medida, señora Moro, será reducir la reincidencia. ¿Ese es el objetivo de su medida? (Asentimiento). Me dice que sí. Si tenemos en cuenta que numerosos estudios, incluso del Centro de Estudios Jurídicos, indican que el endurecimiento de las penas no ha demostrado ser efectivo para la reducción de la reincidencia, ¿para qué demonios traen esta propuesta?, ¿para qué la traen si no es efectiva? Además, y a ustedes se les llenan la boca de constitucionalismo, va en contra del artículo 25 de la Constitución en eso de la proporcionalidad de las penas. ¿Qué quieren, para un delito menor, leve, una mayor condena? ¿Para qué? Usted seguro que estudió, como yo y como tanta gente que estudió Derecho en esta Cámara, a Cesare Beccaría, De los delitos y de las penas, de hace más de dos siglos, que decía que la pena debería ser proporcional pero también eficaz, y la propuesta que traen ustedes hoy aquí es ineficaz, además de desproporcionada. (Rumores.—Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). No se pongan nerviosos, señorías, tómense una tila, que tienen ahí la cafetería. Si intentan buscar efectividad, está demostrado que no es eficaz y además es desproporcionado en términos constitucionales.

¿Y a qué perfil va dirigido? Porque se le ha olvidado decirlo, aunque lo ha venido apuntando: esas personas que dan domicilios falsos, esas personas que no recogen las comunicaciones. ¿A quién se referían ustedes? Los señores de VOX, por lo menos, son más valientes; a la hora de estigmatizar y señalar, apuntan a qué colectivo quieren señalar. ¿A quién se refería usted? ¿Al señor de Abu Dabi? (Rumores). ¿A ese gran evasor fiscal? ¿Al de Abu Dabi, que se ha cambiado de domicilio y no recoge las comunicaciones? ¿O en ese caso defienden la impunidad y la inviolabilidad? Porque ahí está la cuestión. (Rumores). Tranquilos, tranquilas, no se pongan nerviosos.

Miren, si se trata de una justicia para ricos, en la cual haya amnistías fiscales, y de otra para pobres, que ahí está la cuestión, ¿a qué sector de la población va dirigida esta medida? Pues a los que están en la marginalidad. Y, con estas medidas, ¿ustedes creen que les van a sacar de la marginalidad? De la marginalidad se puede sacar a esas personas con medidas políticas, que son todas las que ustedes votan en contra continuamente, medidas socioeconómicas, medidas educativas, porque ahí los estudios sí han demostrado que dan resultado. También medidas alternativas cuando hay condenas contra personas que cometen delitos menores. Pero, en este caso, ustedes apuestan por una medida que es desproporcionada, que se ha demostrado que es ineficaz y, además, no buscan solventar el problema, sino agravarlo.

Es una medida, como decía al inicio, populista, que viene del marco de la extrema derecha, de esos bulos que se construyen continuamente y que alimentan numerosos medios de comunicación y algunos partidos políticos. Recuerdo que hubo una campaña de CEAR hace cuatro o cinco años, que decía ‘Stop bulos’, que precisamente señalaba eso, que había que intentar acabar con todos esos prejuicios y estigmas que son falsos en datos, pero que generan esa sensación, equivocada pero aumentada por partidos como el suyo o por algunos medios de comunicación, de inseguridad.

Por eso, y vuelvo a dirigirme al Partido Socialista, espero que por mucho que los partidos de extrema derecha, de la derecha y conservadores, en ese discurso securitario, intenten de nuevo colar este bulo, con una posición de sentido común y en contra de la extrema derecha, ustedes voten en contra de esta medida, porque ya digo que es ineficaz, es desproporcionada y además no va al fondo del asunto: que un 25 % de la ciudadanía del Estado está en riesgo de exclusión y de pobreza, y es precisamente en esos sectores donde se suelen cometer estos delitos menores. Por lo tanto, hay que buscar erradicar la pobreza y la marginalidad y no dar pábulo a los discursos de extrema derecha y populistas como los que se traen hoy a esta Cámara.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Encarem avui la presa en consideració de la proposició del grup popular per la modificació del Codi Penal en matèria de multireincidència en els delictes de furt i estafa per adaptar-lo a les sentències del Suprem 481/2017 i 684/2019 i així mirar de solucionar el que les reformes del 2015 i les del 2022 no van saber recollir prou bé. Mirin, a nosaltres no se’ns escapa que molts pobles i ciutats de Catalunya, però també en l’àmbit rural i en el de les vies ràpides, la multireincidència hi és present, i no només hi és present, sinó que, a més a més, és percebuda com un dels problemes més importants en matèria de seguretat pública per la ciutadania i, per tant, també per molts alcaldes i alcaldesses del nostre país. Aquesta percepció de la ciutadania la confirmen les dades policials que identifiquen individus, però també grups organitzats, que viuen de la pràctica sistemàtica del furt, sabent-se impunes. Així, el passat mes de febrer d’enguany, el comissari en cap de la Policia catalana, Eduard Sallent, advertia que la delinqüència havia crescut un 8 % a Barcelona i un 6 % en el conjunt de Catalunya. S’ha detectat, entre d’altres, un increment significatiu de la multireincidència en els furts. En el mateix sentit, els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona feien públic ara fa més d’un any l’informe de valoració del Pla Tremall, el pla d’acció contra la multireincidència de l’any 2022, que es va tancar amb la detenció de 283 persones multireincidents detingudes 2270 vegades i que acumulaven 5602 fets delictius, principalment furts. El 2023, el mateix informe del Pla Tremall elevava a 526 els delinqüents multireincidents a Barcelona, 526 multireincidents responsables de 6169 delictes, la majoria, un cop més, furts, però també robatoris violents. Més enllà de la capital del nostre país, des del 2021, el món local català ha posat de manifest i ha denunciat en nombroses ocasions l’alarma social i la inseguretat que generen en molts dels seus municipis un reduïdíssim grup de persones, autores d’onades de delictes poc greus, especialment furts. Parlem de persones identificables i recurrentment detingudes pels cossos policials, però que un cop posades a disposició judicial, recuperen amb immediatesa la llibertat i, amb aquesta, l’activitat delictiva amb total impunitat. Augmenten així la indignació, però sobretot la por i la sensació de vulnerabilitat de la ciutadania.

Davant aquesta situació, el responsable de la Policia de Catalunya ha manifestat en vàries ocasions els darrers mesos que cal actuar en diversos fronts a l’hora d’evitar la inseguretat que genera aquesta situació. Un d’aquests fronts és el de la reforma del Codi Penal, perquè, en paraules seves, amb l’anterior no s’han obtingut els resultats esperats pel que fa a la lluita contra la multireincidència. A Catalunya veiem el dret a la seguretat com un dret fonamental de les persones lligat als conceptes de dignitat i llibertat. A més, estem convençuts que no tractar amb rigor el fenomen de la multireincidència el que fa és armar el discurs i els postulats de l’extrema dreta, que, sabem, són un perill per qualsevol societat que es vulgui democràtica i de progrés. Per això, els darrers mesos, a Junts per Catalunya hem abordat amb profunditat el fenomen de la multireincidència amb la finalitat de trobar-hi solucions, tant en termes de seguretat com en termes de salut democràtica. I en aquest sentit, el passat mes de desembre, el nostre portaveu adjunt en aquesta Cambra, el diputat Cruset, ja advertia en sessió de control de la problemàtica al ministre Bolaños, que, per cert, fent gala de la seva llunyania del que passa al carrer, negava la problemàtica. Però això no ens aturà, i a començaments d’abril, el nostre grup registrà una proposició, treballada a fons i a consciència per la nostra diputada Marta Madrenas, que, pel que fa a multireincidència, entenem, dona una resposta més ampla a la que els populars avui ens presenten. I ho fa perquè va més enllà de la modificació del Codi Penal, i contempla també la millora dels recursos judicials a nivell humà i de registres administratius i estableix la possibilitat que les administracions locals puguin exercir l’acció penal en els procediments de casos de multireincidència, s’entén, sense perjudici de la que correspon al Ministeri Fiscal.

Saben bé tots vostès, perquè ho repetim sempre que en tenim l’oportunitat, que la gent de Junts per Catalunya ens creiem aquella premissa democràtica que ahir de forma tan solemne recordava el flamant nou president del Parlament de Catalunya, el molt honorable Josep Rull i Andreu, citant a la presidenta Forcadell quan va dir que en un Parlament s’ha de poder parlar de tot. És per això també, perquè s’ha de poder parlar de tot, que avui votarem a favor de la presa en consideració d’aquesta proposició, malgrat que la proposin els promotors de la presó per parlar de llibertat en el Parlament de Catalunya. Sí, malgrat això, votarem a favor, i ho farem amb la mirada posada a la nostra proposta que, com els deia, entenem que donarà millors eines a l’hora de respondre a la problemàtica de la multireincidència.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy abordamos la toma en consideración de una proposición de ley en materia de multirreincidencia en delitos de hurto y estafa para adaptarlo a las sentencias del Supremo 481/2017 y 684/2019 y así intentar solucionar lo que las reformas de 2015 y 2022 no supieron recoger bien. A nosotros no se nos escapa que en muchos pueblos y ciudades de Cataluña, pero también en el ámbito rural y en el de las vías rápidas, la multirreincidencia ya está presente, y no solo está presente, sino que además se percibe como uno de los problemas más importantes de seguridad pública por la ciudadanía y, por tanto, también por muchos alcaldes y alcaldesas de nuestro país. Esta percepción de la ciudadanía la confirman los datos policiales, que identifican a individuos, pero también a grupos organizados, que viven de la práctica sistemática del hurto, sabiéndose impunes. Así, el pasado mes de febrero de este año el comisario jefe de la Policía catalana, Eduard Sallent, advertía de que la delincuencia había crecido un 8 % en Barcelona y un 6 % en el conjunto de Cataluña, y se detectó, entre otros, un incremento significativo de la multirreincidencia en los hurtos. En el mismo sentido, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona hicieron público hace más de un año el informe de valoración del Plan Tremall, esto es, el plan de acción contra la multirreincidencia de 2022, que se cerró con la detención de 283 personas multirreincidentes detenidas 2270 veces y que acumulaban 5602 hechos delictivos, principalmente hurtos. En 2023, el mismo informe del Plan Tremall elevaba a 526 los delincuentes multirreincidentes en Barcelona, 526 multirreincidentes responsables de 6169 delitos, la mayoría de los cuales eran de nuevo hurtos, pero también robos con violencia. Más allá de la capital de nuestro país, desde 2021 en el mundo local catalán se ha puesto de manifiesto y se ha denunciado muchas veces la alarma social y la inseguridad que genera en muchos de esos municipios un reducidísimo grupo de personas autoras de delitos poco graves, especialmente hurtos. Nos referimos a personas identificables y detenidas de manera recurrente por los cuerpos policiales, pero que, una vez puestas a disposición judicial, recuperan de inmediato la libertad y, así, la actividad delictiva con total impunidad. De este modo aumenta la indignación, pero sobre todo el miedo y la sensación de vulnerabilidad de la ciudadanía.

Ante esta situación, el responsable de la Policía de Cataluña ha manifestado en varias ocasiones en los últimos meses que es necesario actuar en diversos frentes para evitar la inseguridad generada ante esta situación. Uno de estos frentes es el de la reforma del Código Penal, porque, en palabras suyas, con el anterior no se han obtenido los resultados esperados en cuanto a la lucha contra la multirreincidencia. En Cataluña vemos el derecho a la seguridad como un derecho fundamental de las personas vinculado a los conceptos de dignidad y libertad. Además, estamos convencidos de que, si no tratamos con rigor el fenómeno de la multirreincidencia, lo que hacemos es armar el discurso y los postulados de la extrema derecha, que sabemos que son un peligro para cualquier sociedad que se considere democrática y de progreso. De ahí que en los últimos meses en Junts per Catalunya hemos abordado con profundidad el fenómeno de la multirreincidencia con la finalidad de encontrar soluciones, tanto en términos de seguridad como de salud democrática. En ese sentido, el pasado mes de diciembre nuestro portavoz adjunto en esta Cámara, el diputado Cruset, ya advirtió en sesión de control de la problemática al ministro Bolaños, que, por cierto, haciendo gala de su lejanía de lo que sucede en la calle, negaba la problemática. Pero esto no nos detuvo y a principios de abril nuestro grupo registró una proposición, trabajada a fondo y a conciencia por nuestra diputada Marta Madrenas, que en cuanto a multirreincidencia pensamos que da una respuesta más amplia que la que nos presentan hoy los populares, y lo hace porque va más allá de la modificación del Código Penal, contemplando también la mejora de los recursos judiciales a nivel humano y de registros administrativos, así como estableciendo la posibilidad de que las administraciones locales puedan ejercer la acción penal en los casos de multirreincidencia, se entiende que sin perjuicio de la que corresponde al Ministerio Fiscal.

Todos ustedes saben bien, porque lo repetimos siempre que tenemos la oportunidad, que la gente de Junts per Catalunya nos creemos aquella premisa democrática que ayer de forma tan solemne recordaba el flamante nuevo presidente del Parlamento de Cataluña, el molt honorable Josep Rull i Andreu, citando a la presidenta Forcadell cuando dijo que en un parlamento tiene que poderse hablar de todo. Es por esto también, porque tiene que poderse hablar de todo, por lo que hoy votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, aunque la propongan los promotores de la prisión por hablar de libertad en el Parlamento de Cataluña. Sí, a pesar de esto votaremos a favor, y lo haremos con la mirada puesta en nuestra propuesta, que, como les decía, entendemos que dará mejores herramientas para responder al problema de la multirreincidencia.

Muchas gracias.

Molt bona tarda a totes i tots. Gràcies, presidenta. Senyories, per abordar la proposta que avui el Partit Popular ens porta a debat, al nostre entendre, calen, d’entrada, dues consideracions. La primera consideració: estem davant d’una situació problemàtica, i si fem veure el contrari, si fem veure que això no és problemàtic, si simulem que tot va perfectament, és evident que estarem sent irresponsables i que ens estarem allunyant de la possibilitat de trobar solucions. La segona consideració: tenim una situació propera al col·lapse, una situació propera al col·lapse policial, al col·lapse judicial i també penitenciari. I això no és nou, això fa molts anys que dura. De fet, fa massa anys que dura. Atenent aquestes dues realitats, es fa evident també que qui digui que per solucionar la multireincidència el que cal és simplement posar més policies, el que cal simplement és augmentar més condemnes o és enviar molta més gent a la presó o és ingenu o el que pretén és enganyar-nos a totes i a tots. Per tant, sí, es pot debatre sobre quina és la millor articulació juridicopenal d’aquest fenomen. Sí, evidentment, es pot debatre; s’ha de debatre. És a través del Codi Penal que aconseguirem solucionar la situació de delinqüència als nostres països? Doncs, deixin-m’ho dir així: rotundament no. Potser pot semblar que quan un Estat incrementa les penes per uns determinats delictes, aquests delictes es cometen menys. Però això, senyories, saben tan bé com jo que no és cert. Aquesta simplificació, l’absurd, és directament una fal·làcia. Davant els reptes socials, la dreta, vostès, sempre busquen més caps de turc que solucions reals, perquè el que pretenen no és solucionar problemes, sinó alimentar els conflictes, alimentar la por i, alhora, alimentar l’enfrontament. Perquè, en definitiva, viuen justament d’això. Cap solució, cap ni una, pot arribar a través de la promoció d’una visió maniquea de la societat. El món, senyories, no es divideix en cap cas entre ciutadans bons a qui cal protegir i ciutadans dolents a qui cal castigar. Això és un relat paternalista, i no només paternalista, sinó també primari. Un relat que senzillament no aconsegueix l›objectiu de fons, si és que l›objectiu de fons és incrementar la seguretat humana en els nostres pobles i ciutats, que, al nostre entendre, justament és aquest. Per poder construir major seguretat, cal inevitablement atendre la correlació existent entre delictes, i, sobretot, delictes lleus i, evidentment, també desigualtat; la condició socioeconòmica de les persones i els grups socials que conformen la nostra societat.

Mirin, únicament a mode d’exemple i que serveixi en resposta a tots aquells discursos —‌ja m’avanço— racistes que voldran o intentaran vincular migració i delinqüència. Demà, aquí, es tornarà a debatre una iniciativa per regularitzar la situació administrativa de les persones mal anomenades sense papers o il·legals. I aquests que avui volen endurir les penes, demà es negaran a regularitzar totes aquestes persones. S’han preguntat vostès quines opcions té per sobreviure una persona a qui la llei li prohibeix accedir, per exemple, a un contracte de treball? Ja els hi dic jo, bàsicament dues: l’economia submergida o la delinqüència. No els sembla un contrasentit proposar avui això i vetar demà allò altre? Encara més, vostès el que estan fent amb la seva postura respecte a les persones migrants en situació administrativa regular és alimentar una profecia autocomplerta: els tallen les vies de treball regular i digne a desenes de milers de persones i després aquells que han tallat aquestes vies van i els assenyalen directament com a delinqüents. Deixin-m’ho dir: és extremadament indigne.

Si em permeten, i vaig acabant, nosaltres ho tenim clar: hem de treballar a partir d’un concepte republicà, d’un concepte republicà i progressista de la seguretat. De fet, la Comissió de Seguretat Humana de l’ONU, en el seu informe de Seguretat Humana avui, conclou que les estratègies eficaces per crear societats més segures es basen en adoptar polítiques en l’àmbit social, en l’àmbit econòmic, en l’àmbit cultural, que, en el seu conjunt, el que fan és garantir unes millors condicions: la supervivència, el sosteniment econòmic, la dignitat de totes les persones que viuen en una societat. Aquesta és la conclusió internacional i aquesta és la conclusió també científica. El que ens cal és menys relat simplista de la securitització i més construir condicions de vides dignes, més facilitat a l’accés a un habitatge digne, més regularització de les persones migrants, més polítiques redistributives, més recursos per poder construir un sistema penitenciari que afavoreixi la reinserció i un llarg etcètera.

En conclusió, senyories, i molt especialment les senyories del Partit Popular, nosaltres no ens neguem en cap cas a buscar una arquitectura legislativa que sigui més eficaç pels casos de la multireincidència, en cap cas ens hi neguem. Al contrari, arremangats i disposats a treballar-hi, però no podem endurir les penes com a cortina de fum per no abordar les causes que són reals, les causes que ens porten a aquestes problemàtiques. L’objectiu de les nostres accions polítiques no pot ser millorar la sanció de seguretat, sinó que ha de ser millorar realment, millorar efectivament, la seguretat de totes les persones.

Res més. Moltes gràcies.

Buenas tardes a todos y todas. Gracias, presidenta. Señorías, para abordar la propuesta que hoy el Partido Popular nos trae a debate, a nuestro entender, de entrada, se requieren dos consideraciones: primero, estamos ante una situación problemática y si hacemos ver o fingimos que esto no es problemático, si simulamos que todo va bien, es evidente que seremos irresponsables y nos alejaremos de la posibilidad de hallar soluciones; segundo, tenemos una situación cercana al colapso, una situación cercana al colapso policial, judicial y penitenciario. Esto no es nuevo, esto hace muchos años que dura; de hecho, demasiados años. Teniendo en cuenta estas dos realidades, es evidente que quien diga que para solucionar la multirreincidencia simplemente basta con poner más policías, simplemente basta con aumentar las condenas o enviar a mucha más gente a la cárcel es un ingenuo o lo que intenta es engañarnos a todos y todas. Así pues, se puede debatir sobre cuál es la mejor articulación jurídico-penal de este fenómeno, claro que se puede debatir; se debe debatir. ¿Es a través del Código Penal como conseguiremos solucionar la situación de delincuencia en nuestros países? Pues, permítanme decirlo, rotundamente no. Puede parecer, cuando un Estado incrementa las penas por unos determinados delitos, que estos delitos se cometen menos. Pero esto, señorías, saben igual de bien que yo que no es cierto, que esta simplificación al absurdo es una falacia. Ante los retos sociales, la derecha, ustedes, siempre buscan más cabezas de turco que soluciones reales, porque lo que pretenden no es solucionar problemas, sino alimentar los conflictos, alimentar el miedo y, a la vez, alimentar el enfrentamiento; en definitiva, viven precisamente de esto. Ninguna solución, ninguna, puede llegar a través de la promoción de una visión maniquea de la sociedad. El mundo, señorías, no se divide en ningún caso entre ciudadanos buenos a los que hay que proteger y ciudadanos malos a los que hay que castigar. No, este es un relato paternalista, y no solo paternalista, sino también primario. Es un relato que simplemente no consigue el objetivo de fondo, si es que el objetivo de fondo es incrementar la seguridad humana en nuestros pueblos y ciudades, que, a nuestro entender, precisamente es esto.

Para poder construir más seguridad, inevitablemente hay que atender a la correlación existente entre delitos, sobre todo leves, y desigualdad; la condición socioeconómica de las mujeres y los grupos sociales que conforman nuestra sociedad. Miren, únicamente a modo de ejemplo y para que sirva como respuesta a todos esos discursos —y‌ a lo avanzo— racistas que intentarán vincular migración con delincuencia, diré que mañana aquí se volverá a debatir una iniciativa para regularizar la situación administrativa de las personas mal denominadas sin papeles o ilegales, y estos que hoy quieren endurecer las penas mañana se negarán a regularizar a todas estas personas. ¿Se han preguntado ustedes qué opciones tiene para sobrevivir una persona a la cual la ley le impide acceder a un contrato de trabajo? Ya se lo digo yo, básicamente dos: economía sumergida o delincuencia. ¿No les parece un contrasentido proponer hoy esto y vetar mañana eso otro? Y todavía más, ustedes lo que hacen con su postura respecto a las personas migrantes en situación administrativa irregular es alimentar una profecía autocumplida: les cortan las vías de trabajo regular y digno a decenas de miles de personas y, luego, a aquellos a los que les han cortado estas vías los señalan directamente como delincuentes. Permítanme que diga que es extremadamente indigno.

Y si me lo permiten, y ya acabo, nosotros lo tenemos claro: debemos trabajar a partir de un concepto republicano y progresista de la seguridad. De hecho, la Comisión sobre Seguridad Humana de la ONU, en su informe sobre Seguridad Humana concluye que las estrategias eficaces para crear sociedades más seguras se basan en la adopción de políticas en el ámbito social, económico, cultural, que en su conjunto lo que hacen es garantizar unas mejores condiciones: la supervivencia, el sostenimiento económico, la dignidad de todas las personas que viven en una sociedad, en definitiva. Esta es la conclusión internacional y también científica. Lo que necesitamos son menos relatos simplistas de la securitización y más construcción de condiciones de vida dignas, más facilidad de acceso a una vivienda digna, más regularización de las personas migrantes, más políticas redistributivas, más recursos para poder construir un sistema penitenciario que favorezca la reinserción y un largo etcétera. En conclusión, señorías, y muy especialmente señorías del Partido Popular, nosotros no nos negamos en ningún caso a buscar una arquitectura legislativa que sea más eficaz para los casos de multirreincidencia, en ningún caso nos negamos; al contrario, estamos dispuestos a trabajar, pero no podemos endurecer las penas como cortina de humo para no abordar las causas reales que nos llevan a estos problemas. El objetivo de nuestras acciones políticas no puede ser mejorar la sanción de seguridad, sino que tiene que ser mejorar realmente, de manera efectiva, la seguridad de todas las personas.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, señorías, el PP quiere subsanar la reforma del Código Penal que presentó en el año 2015 y que introdujo la posibilidad de aplicar el agravante de multirreincidencia a los delitos leves, las antiguas faltas de hurtos inferiores a 400 euros, eso es de lo que estamos hablando. La reforma fue dejada sin efecto por las sentencias del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Supremo consideró que la reforma era de todo punto desproporcionada. Eso es lo que dijo. Es decir, el PP en aquel momento convirtió una pena de multa de uno a tres meses en una pena de prisión de hasta tres años. Hasta el Supremo dijo que era desproporcionado. Y ahora nos traen, de otra forma, los mismos incrementos en otros supuestos, también hasta tres años. Esto se hizo el mismo año de las reformas mordaza. A eso es a lo que se dedicaba el Partido Popular en el año 2015.

Obviamente, estamos hablando de los casos de reincidencia, pero los casos de reincidencia no son casos idénticos a organizaciones criminales. Como decía el profesor Edwin Sutherland, maestro de la criminología de principios del siglo XX, en aquel brillante libro llamado Ladrones Profesionales, son casos de ladrones profesionales, personas en situaciones de exclusión que muchas veces no han tenido oportunidad de tener otra profesión. Y organizaciones criminales son las que se dedican al blanqueo de capitales, al tráfico de armas, al narcotráfico o a la trata de personas, para lo cual hay que tener medios y recursos económicos; es decir, son supuestos muy distintos. Estamos hablando de personas en situación de exclusión social, de lo que popularmente se llaman ‘robagallinas’. Por cierto, ustedes proponen penas superiores o iguales a los delitos más graves del Código Penal, aquellos que solamente pueden cometer personas o sociedades con alta capacidad económica, y les voy a dar ejemplos. Están proponiendo reformas que pueden llegar a condenas de tres años, exactamente como la máxima que hay en el Código Penal ahora mismo para la alteración de los precios de concursos y subastas públicas; o tres veces más de la máxima prevista en el Código Penal para los delitos relativos al mercado y a los consumidores; o tres veces más de la prevista para el delito de sobrefacturación; o igual a las previstas más graves para administradores que cometen delitos societarios. ¿Usted cree que un delito societario puede gravarse o penarse igual que cuando un infractor roba tres móviles? Pues, francamente, yo creo que eso no es posible en una democracia. (Aplausos).

La adaptación del Código Penal a lo establecido por el Supremo la hizo el Gobierno de coalición en el año 2022. Y es verdad que se añadió una nueva redacción sobre la multirreincidencia que a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos pareció exorbitada, pero la votamos porque reducía ese supuesto de hasta tres años de prisión a dieciocho meses. Ustedes entonces se abstuvieron y es verdad que ahora traen una reducción de ese supuesto de reincidencia de hurtos leves, de delitos leves ―lo que antes eran las faltas―, de los dieciocho meses máximo que estaba en la reforma de 2022 hasta un máximo de un año. Eso está bien, lo reducen, dos años menos de lo que propusieron en 2015, pero ¿por qué proscriben en esta misma reforma, al hacer esta reducción, la aceptación del cumplimiento de la condena en este caso de hurtos? ¿Porque ustedes prohíben en esta reforma que a una persona que está en la cárcel por hurto se le pueda suspender la condena después de haber cumplido una parte proporcional? Eso no tiene ninguna explicación más que ese tipo de castigo que ustedes buscan siempre contra los más pobres; es decir, cosas que a un infractor de un delito, por ejemplo fiscal, no se le tiene por qué limitar, resulta que ustedes en este caso de multirreincidencia sí lo limitan.

¿La realidad cuál es? Que ahora incorporan el agravamiento de las penas por hurtos de teléfonos móviles, pero también de dispositivos que contengan información. Eso es un término jurídico bastante impreciso, y le formulo un supuesto: una Nintendo de un niño pequeño contiene información y, por tanto, ¿el robo de varias Nintendo también lo vamos a agravar con la multirreincidencia, con una pena de uno a tres años de cárcel? (Aplausos). Esto va a afectar a infracciones cometidas entre gente joven. Es verdad que, probablemente, si son menores de edad no se les vaya a aplicar la misma pena, pero sí se les va a aplicar el tipo penal, y a los mayores de dieciocho años sí se les van a aplicar, claro que sí, los tres años por robar Nintendos.

Y luego está el caso de la estafa inferior a 400 euros, que son delitos leves. Ustedes también las incrementan. Ahora mismo la condena es de uno a tres meses, y ustedes están contemplando la posibilidad —‌la introducen aquí— de condenas de hasta tres años de prisión. Es decir, es exactamente el mismo agravamiento que tiró el Supremo. El Supremo dijo en el año 2017 que era desproporcionado incrementar una pena de uno a tres meses de multa hasta un arco que puede llegar hasta los tres años de prisión, y ustedes ahora lo introducen en el caso de las estafas inferiores a 400 euros.

Mire, con la reforma que ustedes hicieron en el 2015 no bajaron los índices de criminalidad, eso es cierto, subieron; sin embargo, los delitos contra el patrimonio y los hurtos se han reducido, según los datos de Eurostat y del Ministerio de Interior, en este primer trimestre de este año un 2,3 % y un 4 % los hurtos, estando en vigor la reforma que hizo este Gobierno en el año 2022. Crear preocupación social desproporcionada sobre problemas que no son de la dimensión que ustedes dicen, que obviamente existen, lo que hace es que luego ascienda el voto a la ultraderecha en Europa. Eso es lo que están ustedes provocando con este tipo de propuestas sumamente desproporcionas e irresponsables. Y decía usted: Son los problemas que preocupan a la gente. Mire, yo tengo aquí los problemas que preocupan a la gente según los actuales datos estadísticos. Y le digo una cosa, en abril del 2024, según el CIS, los principales problemas de la gente eran la crisis económica, el paro y la corrupción. La inseguridad ciudadana o la delincuencia estaba en el puesto veintiuno. (Aplausos). ¿Cómo que ese es el problema que preocupa a la gente? La realidad es que te vas a la calle a comprar el pan y no te okupan la casa; ni te okupan la casa ni vuelves sin la cartera y sin haber podido comprar el pan (risas.—Aplausos), porque ni esto está lleno de carteristas ni a todo el mundo le van quitando la casa. En España, les guste o no, tenemos la mitad o un 75 % menos de criminalidad que en Alemania o en el Reino Unido, según las estadísticas europeas.

¿Pero el problema cuál es? —‌y acabo—: la población penitenciaria. Ahí sí tenemos un grave problema. España tiene el mismo número de reclusos que Alemania o Italia, solo que Alemania tiene 40 millones de habitantes más que los españoles e Italia 15 millones más. No se solucionan las cosas metiendo a la gente en la cárcel, se solucionan creando empleo, poniendo en marcha programas de atención social. (Rumores). Sí señor, ya sé que ustedes desconocen cualquier solución que no sea el látigo, pero con sus políticas lo que hicieron fue incrementar la delincuencia.

Votaremos en contra. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Esta proposición de ley que nos trae el Partido Popular de reforma del Código Penal para recuperar el agravamiento de las penas cuando se produce multirreincidencia en delitos de hurto y de estafa trae causa de una proposición de ley del Grupo Parlamentario VOX del 2021. Una vez más, se da el axioma de que, cuando el Partido Popular nos copia, acierta. Este relanzamiento lamentable se ha producido porque, desgraciadamente, se hizo mal —‌hemos perdido tres años, porque se podía haber aprobado en el 2021— y el Tribunal Supremo, en su Sala Segunda, como ya se ha mencionado reiteradamente, sentencias del 2017 y del 2019, dejó sin efecto esta reforma, entendiendo que vulneraba principios del derecho penal como el de legalidad, el de la proporcionalidad de la pena o el de la seguridad jurídica. La realidad delictiva en España, tal y como han reconocido el anuario del Ministerio del Interior o la propia memoria de la Fiscalía General del Estado, nos dice, por ejemplo, que en un año se han producido más de 650 000 delitos de hurto y estafa, que representan nada menos que el 68 % de todos los delitos cometidos en España contra el patrimonio. Se da la circunstancia —‌por cierto, bastante repetitiva cuando hablamos de delincuencia y delitos— de que la inmensa mayoría de ese 68 % se produce en Cataluña y que, además, supone unas pérdidas de miles de millones de euros. La multirreincidencia tiene tres consecuencias fundamentales. La primera, la desprotección de las víctimas, que sienten que no les ampara el Estado, que no les ampara la seguridad pública. La segunda, la desmotivación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del Poder Judicial, que trabajan sin descanso para detener a esos delincuentes y que al día siguiente están en la calle, teniendo que volver al día siguiente a perseguirlos para detenerlos. Y, la tercera, la impunidad de los delincuentes, que se ríen del Estado, se ríen de la Policía, se ríen de los jueces y se ríen de esta Cámara y de su Código Penal, porque lo que se produce es el efecto puertas; es decir, entran por la mañana por una puerta, la de la comisaría, y salen al día siguiente por otra puerta, la del juzgado. Me refiero a ese tipo de puertas, no a otras que a muchas de sus señorías les encantan, las puertas giratorias, pero esas son al revés: salen por una puerta, por ejemplo, por la del Congreso, y entran por otra puerta, la de alguna empresa pública. (Aplausos). Los españoles somos conscientes de que en esta legislatura ha muerto Montesquieu. Se acabó la separación de poderes, se acabó la independencia judicial. Y ha muerto la igualdad ante la ley que consagraba el artículo 14 de nuestra Constitución, porque hay unos, los delincuentes, sí, son los menos, pero bien políticos o bien no políticos, estos quedan impunes porque el Código Penal no llega o, si llega, no se preocupen, quedan indultados o quedan amnistiados. (Aplausos); otros, la mayoría, somos los que cumplimos la ley, los que pagamos impuestos y sobre los que, ¡cuidado!, si nos equivocamos, cae todo el peso de la ley sobre nosotros. Hagámonos algunas preguntas. Primera pregunta, ¿dónde está el problema de esta situación provocada por la multirreincidencia? Yo se lo voy a decir, en el consenso progre, porque ha sido ese bipartidismo durante décadas de la PPSOE el que ha permitido de manera descarada que esta situación de indefensión se perpetúe durante décadas. Ha habido una conjunción de intereses y ha habido una conjunción de gobiernos. Cuando me refiero al Partido Popular no hace falta que insista en que me refiero al Partido Popular en el Gobierno, porque luego está ese otro Partido Popular de las campañas electorales o cuando está sentado en la oposición que dice cosas que a veces hasta suenan bien. Me refiero a cuando llegan al Gobierno, cuando tienen la capacidad legislativa de cambiar las cosas. Ambos, la PPSOE, han permitido, uno, la impunidad de los delincuentes con un Código Penal que establece todo tipo de garantías para el delincuente y deja abandonadas a las víctimas; dos, los pactos con los separatistas que han desarmado al Estado de derecho; tres, la ocupación ilegal que han permitido, desprotegiendo la propiedad; cuatro, la desprotección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; cinco, el desamparo de la justicia, en su intento permanente de injerencia política, y, por último, seis, el olvido de las víctimas, especialmente de las víctimas del terrorismo. (Aplausos).

Nos hacemos una segunda pregunta. El domingo hubo elecciones europeas, ¿quién ganó en España las elecciones europeas? La coalición no formalizada del consenso progre del PP y del PSOE (risas), porque juntos —‌unos, los del PP, con veintidós y otros, los del PSOE, con veinte— suman cuarenta y cuatro eurodiputados, que de sesenta y uno son la mayoría (rumores), y ambos votan en perfecta coalición el 89 % de las veces. Lo han venido haciendo, y como nos ha reconocido… (Rumores.—Aplausos). Lo han venido haciendo, sí, y en todo aquello que afecta a España de manera directa y profunda. Ese consenso progre, por cierto, negocia y sigue negociando repartirse los jueces del Consejo General del Poder Judicial en Bruselas, sí. Son esos que, en su consenso progre, han aprobado y han aplaudido, y lo van a seguir haciendo, la Agenda 2030, que arruina a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a nuestros pescadores; esos del Pacto Verde que tiene a la sociedad sojuzgada bajo las premisas de ese fanatismo climático; esos del pacto de las fronteras abiertas (aplausos), esos que en esta misma Cámara aprobaron quinientos mil ilegales, que se van a convertir, por el arraigo, en dos millones. Por cierto, son esos mismos que niegan que la inmigración ilegal tiene consecuencias directas sobre la delincuencia, que es de lo que estamos hablando hoy, y eso lo reconoció el señor Pons en un debate, lo ha reafirmado Von der Leyen y no lo ha negado en ningún momento el Partido Socialista. (Aplausos).

Voy terminando, señora presidenta. Podemos afirmar una vez más que sin igualdad ante la ley, sin eficacia e independencia judicial, sin firmeza ante la corrupción y sin distancia infinita con las políticas de la izquierda no podrá terminarse nunca con la delincuencia reincidente e impune.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy, a iniciativa del Partido Popular, la modificación de varios artículos del Código Penal con el fin de recoger expresamente la multirreincidencia en casos de delitos leves de hurto y de estafa. Pues bien, el Partido Popular es reincidente a la hora de traer este tema a debate a esta Cámara, aunque hemos visto que, por mucho que lo haya traído, no tiene ningún interés en mejorarlo. Así, siguen en esta iniciativa sin atender los errores que cometieron en la reforma del Código Penal que hicieron en 2015, siguen sin tener en cuenta la sentencia 481 del Tribunal Supremo, que dejó sin efecto la ley de 2015, precisamente por la desproporción que había entre los hechos y la pena en la multirreincidencia, y tampoco tienen en cuenta la modificación que propuso y que impulsó mi grupo parlamentario para modificar el artículo 234 del Código Penal en la Ley Orgánica 9/2022, que salió aprobada por esta Cámara. Además, el PP solo se acuerda de la multirreincidencia de estos delitos —¡qué curioso!— cuando se acercan las elecciones. Lo hizo el año pasado, cuando teníamos las elecciones municipales, y lo hace este año, cuando se convocan las elecciones al Parlamento de Cataluña. Solamente le preocupa en esos momentos. A este Gobierno le preocupa mucho el impacto que tiene la multirreincidencia en diferentes sectores y sabe que no solo —‌insistimos mucho en ello— hay que actuar reformando el Código Penal, sino que, cuando hablamos de seguridad ciudadana, hay que actuar en muchos ámbitos. Entre ellos, ¿sabe cuáles? El de los cuerpos y fuerzas de seguridad y el de los profesionales del mundo de la justicia dotándoles de medios humanos y materiales. Cuando el PP gobierna son reincidentes en recortar efectivos de policías y guardias civiles —‌les recordamos que recortaron más de 13 000 efectivos de guardias civiles y policías de 2011 a 2018—. Cuando los socialistas gobernamos, hacemos lo contrario, los mejoramos y los incrementamos. En este momento podemos decir que tenemos un récord histórico en número de policías y de guardias civiles. (Aplausos). Quiero felicitar al Gobierno porque hoy ha vuelto a sacar 5500 nuevas plazas de Policía y de Guardia Civil. Eso es importante para combatir la delincuencia. También lo hacemos con el sistema judicial, aumentando el número de juzgados cada año y el número de plazas de magistrados y de jueces. Pero hay un tema muy importante que no podemos dejar pasar. Tenemos que ser responsables a la hora de informar de la delincuencia. Señorías, cada vez es mayor —‌hemos escuchado aquí unos cuantos— el número de bulos que generan miedo en la sociedad y que buscan confundir y enredar. En definitiva, se manipulan los datos y la realidad. Miren —‌ya lo hemos dicho—, no solo hay que reformar el Código Penal, hay que abordarlo desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la prevención del delito, con más seguridad ciudadana, con más empleo y con más medidas integrales. Por cierto, es común en los ayuntamientos donde gobierna el Partido Popular que, cuando llegan, recortan policía, recortan ayudas sociales y recortan medios, y solo ponen la esperanza en esas reformas para aumentar las penas.

Señorías, mi grupo sí va a votar a favor de esta iniciativa con el ánimo de buscar soluciones compartidas, porque sí, porque preocupa, pero somos muy diferentes a vosotros. Voy a invitar a los grupos parlamentarios, a los van a apoyar esta iniciativa y a los que no, a que en la tramitación alcancemos un consenso alrededor de un conjunto de medidas integrales que pongan herramientas necesarias a los cuerpos y fuerzas de seguridad, al sistema judicial y a nuestros alcaldes y a nuestras alcaldesas, pero siempre haciendo efectiva esa seguridad ciudadana, sin que se imponga la visión del Partido Popular, que solo es punitiva, para aumentar las penas. (Aplausos). Así no vamos a ningún lado. Yo sé que podemos hacerlo todos juntos si queremos. Vamos también a obviar esa tesis de la ultraderecha que equipara inmigración y delincuencia, porque no podemos permitir que se abra paso esa línea.

Señores y señoras, está en nuestras manos y sé que lo podemos hacer, es posible, pero le voy a decir al Partido Popular algo. Mi grupo no está de acuerdo con la literalidad de su propuesta, no está de acuerdo con la desproporción entre delito y pena y no está de acuerdo con los agravamientos incoherentes ni tampoco con los incrementos punitivos exagerados de los delitos leves, que es donde siempre ponen el acento. Por tanto, creo que tenemos muchas ganas de trabajar, pero no en su línea, sino en la que cree la mayoría de esta Cámara, porque hay que buscar soluciones a esas circunstancias que pueden llevar a una persona a hurtar o defraudar de una forma multirreincidente. Por eso, repito, les pido a los grupos parlamentarios que pongamos acento en estas medidas integrales.

Voy terminando, presidenta. No sé si a ustedes les ha pasado, pero he preparado el debate y no paro de hablar de reincidencia, de multirreincidencia, y no puedo terminar esta intervención sin recordar que la mayor multirreincidencia del señor Feijóo es la negativa a reconocer el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de dos mil días de bloqueo. Eso sí que es multirreincidencia. (Aplausos). Les pido la misma responsabilidad con la que los socialistas legislamos para solucionar las preocupaciones de la ciudadanía. Le digo al señor Feijóo que entre en razón, que sea responsable y desbloquee el Consejo.

Muchas gracias. (Aplausos).