Proposición de Ley relativa a la modificación de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, para el informe previo a las Cortes Generales de los Consejos Europeos, así como la toma de decisiones no contempladas en la Estrategia de Acción en el Exterior.

Señorías, las crisis de las democracias siempre comienzan con una crisis de sus instituciones. Tal y como nos enseña la historia, una democracia naufraga cuando quienes tienen el deber moral y legal de proteger las instituciones comunes abusan del poder. En estos tiempos de polarización, pensamiento único e iliberalismo, los demócratas deberíamos aferrarnos con más fuerza a las instituciones constitucionales y hacer lo posible por fortalecerlas, pues son las instituciones la salvaguarda de la democracia. Pero, por desgracia, ocurre justo lo contrario. Bien sea porque el propio Gobierno se ha instalado en el iliberalismo de izquierdas, bien sea porque su debilidad lo deja a merced de sus socios más extremistas, el caso es que, en el momento histórico más complejo para las democracias europeas desde la Segunda Guerra Mundial, nuestras instituciones cada vez se encuentran más contaminadas y enmudecidas.

Uno de los casos de degradación institucional más graves es el del Congreso de los Diputados en relación con la política exterior de España. Los medios de comunicación y los partidos políticos parece que hayamos aceptado como verdad que la dirección de la política exterior es responsabilidad del presidente del Gobierno, el cual puede ejercerla sin consultar al Congreso y aunque su gabinete no la comparta, y se trata de una mentira gigante. (Aplausos). El artículo 97 de la Constitución dice de forma clarísima que el Gobierno dirige la política exterior, el Gobierno, no el presidente, que, como recoge el artículo 98.2, dirige y coordina al Gobierno, que es un órgano colegiado, pero no sustituye al Gobierno en funciones como la dirección de la política exterior. Esa función la tiene atribuida el conjunto del Gobierno y no el presidente. Piénsenlo. ¿Por qué iba a tener el presidente atribuida la responsabilidad de la política exterior y no la responsabilidad de la política interior? Eso sucede en los sistemas presidencialistas, pero el nuestro no lo es, nuestro presidente no es rey y ni siquiera representa a la fuerza más votada en las últimas elecciones, como ocurre en los sistemas presidencialistas de separación absoluta de poderes. Pero es que, además, el presidente Sánchez ha adoptado la viciosa costumbre de tampoco consultar al Parlamento en sus bandazos de política exterior.

Señorías, esta Cámara no es jamás informada ni consultada sobre política exterior. Les voy a poner algunos ejemplos bochornosos para nosotros como diputados y como representantes del pueblo. Primero, el Sáhara Occidental. Estoy seguro de que la mayoría absoluta de la Cámara rechaza el cambio de posición del Gobierno sobre el antiguo Sáhara español. Diré más: la mitad del Gobierno lo rechaza también. Sin embargo, casi tres años después de que Sánchez se comprometiera con el rey de Marruecos en nombre de España, este Congreso aún no ha recibido explicaciones del Gobierno ni ha tenido ocasión de manifestarse. Tampoco sabemos nada de las importantes relaciones de España con Argelia.

Segundo. La Presidencia española de turno de la Unión Europea es la única de la historia que ha excluido al Congreso de los objetivos, organización y rendición de cuentas. Lo mismo sucede con los fondos Next Generation, pues somos el único Parlamento de Europa que no tiene una comisión especial que fiscalice su gasto, y eso, créanme, cuando uno va por ahí, provoca vergüenza constitucional.

Tercero. Ayer mismo el presidente anunció a bombo y platillo un acuerdo de armamento para Ucrania de más de 1000 millones de euros que llevaba aprobado en secreto desde el 16 de abril. Señora presidenta, créame, lo que más me indigna es que yo pregunté en este hemiciclo a la ministra de Defensa por ese acuerdo, y no fui el único diputado que lo hizo, y la ministra me mintió indecente y conscientemente. (Aplausos).

¿Debe permanecer impasible el Congreso cuando una ministra miente en el salón de sesiones, cuando una ministra no dice la verdad, o debe hacerle pagar por eso? Porque, no se engañen, señorías, cuando el Gobierno desprecia a un diputado de esta Cámara, por más pequeño y humilde que sea ese diputado, está despreciando e insultando a toda la Cámara. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien!).

Pero sigo preguntando por este tema. Si ese acuerdo del Consejo de Ministros era secreto, ¿es que los ministros de SUMAR fueron engañados y no supieron lo que estaban aprobando? Si ese es el caso, si el acuerdo de armas para Ucrania no se les comunicó a los ministros que lo estaban aprobando, entonces sería ilegal y, posiblemente, prevaricador. ¿O es que los ministros de SUMAR sí supieron lo que aprobaban y estuvieron de acuerdo en mantenerlo en secreto? Porque entonces los aspavientos de ayer de Ernesto Urtasun serían cinismo de la peor calaña, y me duele tener que decirlo. (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Bravo!).

A este respecto, la vicepresidenta ha dicho hoy que el Gobierno no es transparente y ha añadido que es muy grave ¿Qué hago, río o lloro? ¿La vicepresidenta del Gobierno cree que el Gobierno del que ella es vicepresidenta no es transparente y que eso es muy grave? Parece un chiste. (Aplausos). Si a la vicepresidenta la engañaron y, engañada, aprobó el gasto de 1300 millones de euros en armas para Ucrania sin saber que lo estaba aprobando, debe ir de inmediato a la Fiscalía porque es un delito. Si a la vicepresidenta no la engañaron, supo lo que aprobaba, y ahora está haciendo teatro, es mejor que deje el teatro y quizá también la política. (Aplausos). Estamos ante algo muy peligroso: o medio Gobierno fue engañado por el otro medio Gobierno o el Gobierno al completo está engañando a todos los españoles.

Y sigo. El presidente ha dicho que no traerá ese acuerdo con Ucrania a la Cámara porque no lo considera necesario. Pues bien, el artículo 94.1 de la Constitución dice que requieren previa autorización del Congreso los tratados o convenios de carácter militar, y uno que transfiere armas a un país en guerra es, indudablemente, de carácter militar. Y el artículo 2 del Convenio de Viena dice que un tratado lo es con independencia de su denominación particular. Pues bien, si estamos ante un acuerdo de carácter militar entre España y Ucrania, lo cual cae por su propio peso de puro obvio, estamos ante un instrumento de los que, según la Constitución, requieren autorización previa del Congreso, y, en lugar de pedirla, el Gobierno, en su todo o en su parte, está mintiendo a la Cámara. ¿Realmente piensan sus señorías que esto es aceptable para el Parlamento, que podemos permanecer impasibles sin alzar la voz en nombre de la Constitución y de la democracia?

Señorías de SUMAR, si sus ministros fueron engañados cuando se aprobó este gasto de defensa el 16 de abril, por favor, insisto, vayan a los tribunales porque se ha cometido una ilegalidad, pero si ustedes han formado parte de la decisión y ahora fingen que todo estaba oculto, que el Gobierno no es claro y que no se enteraron, si todo es una ficción, dejen de rasgarse las vestiduras, por favor, porque además de mentirosos quedarán de hipócritas. (Aplausos). Y si quieren que el Congreso se pronuncie, señores de SUMAR, aquí tienen ustedes los votos del Partido Popular para facilitarlo, porque, aunque nuestra posición de fondo será distinta de la de ustedes, estamos a favor de que el Congreso no se convierta en una mera sucursal de la Moncloa.

Y todavía pondré un cuarto ejemplo. El Gobierno ha aprobado hoy el reconocimiento del Estado palestino sin contar con el respaldo de ninguna de las dos Cámaras. No hay una mayoría a favor de este reconocimiento en estos momentos ni en el Congreso ni en el Senado, pero el Gobierno ha actuado de la misma manera, sin consultar y sin someter su decisión al Parlamento. De este modo parece el Gobierno dar la razón a quienes piensan que no se hace por razones de política exterior, sino de política interior.

Pregunto, y quien pregunta no ofende, si es consciente el Gobierno de hasta qué punto la ministra de Defensa acusando a Israel de genocidio puede poner en riesgo a los seiscientos cincuenta hombres y mujeres que se integran en el contingente español en el Líbano y que necesitan, para su seguridad, la colaboración de la inteligencia de Israel. Que lo diga cualquier otra ministra puede ser imprudente, que lo diga la de Defensa, teniendo mujeres y hombres en el Líbano, es, como mínimo, irresponsable. (Aplausos).

Mi grupo está a favor de la solución de los dos Estados, del alto el fuego inmediato y de la liberación de todos los secuestrados. Estamos espantados por las imágenes que vemos y queremos que la paz llegue cuanto antes.

Señorías, como dice el profesor Manuel Aragón, parlamentarismo presidencialista es un oxímoron, porque parlamentarismo y presidencialismo son términos que se repelen. Hoy tenemos la oportunidad de decirle al Gobierno y a toda España que este Congreso de los Diputados no renuncia a su competencia en política exterior. En sus manos está, en su sí o en su no, que esta Cámara sea un Parlamento digno y autónomo o la mera sucursal del Palacio de la Moncloa. (Aplausos).

Me queda un minuto. Puede que esta sea mi última intervención en esta mi breve vuelta a los escenarios y a este Congreso de los Diputados, así que lo gastaré pidiendo disculpas a todo aquel a quien haya podido ofender con mis palabras en este tiempo y, a quienes no, rogándoles que velen por la independencia de este Congreso de los Diputados. Sin Parlamento no hay democracia, por más Gobierno que haya.

Muchas gracias. Gracias, presidenta. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Grazas, señora presidenta. O PP reclama transparencia e debate parlamentario de política internacional. Está ben, claro. O BNG estará sempre a favor de medidas que permitan avanzar en maior transparencia e democracia na toma de decisións baseadas no debate e na negociación política. Claro que reclamamos ó Goberno que traia aquí un convenio de nada máis e nada menos que 1129 millóns de euros de axuda militar a Zelenski para poder argumentar e votar en contra, porque nos parece unha barbaridade e un erro que alimenta a escalada belicosa e retrae recursos que son moi necesarios nas políticas sociais. Vostedes están a favor, así o manifestaron. Porque o problema é, como sempre, a inmensa demagoxia e hipocrisía do Partido Popular, reclamando ós demais o que eles nunca fixeron, non fan onde gobernan nin farán, porque de democracia e de transparencia realmente van máis que xustiños. Si, porque se falamos de política exterior, o Partido Popular parece esquecer que un Goberno de Aznar implicou o Estado español nun conflito bélico como a invasión de Iraq sen que a decisión contase coa aprobación do Congreso. É máis, agora sabemos que o PP adoptou esa decisión irresponsábel e criminal baseándose en mentiras, sen o consenso do resto das forzas políticas con representación parlamentaria, rompendo a tradición até aquel momento en relación con outros conflitos previos, sen contar co consentimento da ONU para esta opción e coñecendo ademais a oposición maioritaria masiva da cidadanía, que se manifestaba nas rúas dicindo non á guerra. Falan vostedes de viraxes en política exterior adoptadas unilateralmente, mesmo persoalmente, polo presidente do Goberno. A máis evidente é sen dúbida en relación ó Sáhara Occidental, unha decisión que aínda non foi explicada, sospeitamos que porque non ten unha explicación nin limpa nin fácil. En todo caso, concordamos que unha viraxe deste calibre debería ter vido a debate no Congreso. O BNG criticou o abandono que implica do pobo saharauí e o recoñecemento do facto da soberanía ilexítima de Marrocos sobre o territorio, e continuamos defendendo o dereito inalienable do pobo saharauí á autodeterminación e á independencia no seu propio Estado, como o defendemos para Palestina, porque defendemos a liberdade para todos os pobos oprimidos do mundo a comezar por Galiza. Mais, señoras e señores do Partido Popular, que fixeron durante os catorce anos que gobernaron vostedes para resolver o problema saharauí? Por que o Estado español non asumiu nese período a súa responsabilidade na descolonización e na activación do plan da ONU para o referendo de autodeterminación? Dígollelo eu: porque tamén vostedes privilexiaron as relacións económicas e políticas co agresor marroquí. E por que non recoñeceron o Estado palestino? Que semella que agora é o que máis lles preocupa. Pois porque, para alén da retórica ó respecto, cada vez de forma máis desacomplexada apoian o agresor sionista, o criminal e colonial Estado de Israel, masacre de crianzas, crimes de guerra e de lesa humanidade incluídos, como acreditan recentes declaracións de dirixentes do PP. Dos últimos, por certo, a señora Ayuso e o señor Almeida. En fin, menos predicar e máis dar trigo. Nós, o BNG, estamos por máis control parlamentario e sempre actuamos en coherencia. Vostedes, o PP, non son capaces de separarse da demagoxia, do cinismo e da hipocrisía. Moitas grazas.

Gracias, señora presidenta. El PP reclama transparencia y debate parlamentario de política internacional. Está bien, claro. El BNG estará siempre a favor de medidas que permitan avanzar en mayor transparencia y democracia en la toma de decisiones basadas en el debate y en la negociación política. Y claro que reclamamos al Gobierno que traiga aquí un convenio de nada más y nada menos que 1000 millones de euros —1129 millones de euros— de ayuda militar a Zelenski para poder argumentar y votar en contra, porque nos parece que es una barbaridad y un error y que alimenta la escalada belicista y retrae recursos que son muy necesarios de las políticas sociales. Ustedes están a favor, así lo han manifestado, porque el problema es, como siempre, la inmensa demagogia e hipocresía del Partido Popular reclamando lo que ellos nunca han hecho ni hacen donde gobiernan ni lo harán, porque de democracia y de transparencia realmente van más que justos.

Si hablamos de política exterior, el Partido Popular parece olvidar que un Gobierno de Aznar implicó al Estado español en un conflicto bélico como la invasión de Irak sin que la decisión contase con la aprobación del Congreso. Es más, ahora sabemos que el PP adoptó esa decisión irresponsable y criminal basándose en mentiras, sin el consenso del resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria, rompiendo la tradición hasta aquel momento en relación con otros conflictos previos, sin contar con el consentimiento de la ONU para esta opción y conociendo, además, la oposición mayoritaria y masiva de la ciudadanía que se manifestaba en las calles diciendo no a la guerra.

Hablan ustedes de virajes en política exterior adoptados unilateralmente, incluso personalmente por el presidente. Es evidente que en relación con el Sáhara Occidental la decisión todavía no ha sido explicada, y sospechamos que es porque no tiene una explicación ni limpia ni fácil. Concordamos con que un viraje de este calibre debería haber estado en el debate en el Congreso. El BNG criticó este abandono y el reconocimiento de la soberanía legítima de Marruecos sobre el territorio y sigue defendiendo el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia en su propio Estado, como lo defiende para Palestina, porque defendemos la libertad para todos los pueblos oprimidos del mundo, comenzando por Galicia.

Pero, señores y señoras del Partido Popular, ¿qué han hecho durante los catorce años que gobernaron ustedes para resolver el problema saharaui? ¿Por qué el Estado español no asumió en ese período su responsabilidad en la descolonización y la activación del plan de la ONU para el referéndum de autodeterminación? ¿Se lo digo yo? Porque también ustedes privilegiaron las relaciones económicas y políticas con el agresor marroquí. ¿Y por qué no han reconocido al Estado palestino, que parece que ahora es lo que más les preocupa? Pues porque más allá de la retórica al respecto, cada vez de forma más desacomplejada apoyan al agresor sionista criminal y colonial Estado de Israel, masacres de niños y niñas y delitos de lesa humanidad incluidos, como dicen algunos dirigentes del PP, entre los últimos, por cierto, el señor Almeida y la señora Ayuso. En fin, menos predicar y más dar trigo.

Nosotros, el BNG, estamos más por el control parlamentario y actuamos siempre en coherencia. Ustedes, el PP, no son capaces de desapegarse de la demagogia, el cinismo y la hipocresía.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, quería comenzar esta intervención expresando mi repulsa por el acoso fascista que ayer tuvieron que sufrir el exvicepresidente Pablo Iglesias y la exministra Irene Montero a las puertas de un juzgado cuando asistían precisamente a un juicio contra otro fascista que los acosó durante meses en sus domicilios. Es terrible la impunidad de la que goza la extrema derecha para vejar y acosar a dirigentes de izquierdas y es terrible que el ministro Marlaska no hiciera nada ayer ni en el año 2020. (Aplausos). Entro en materia. El Partido Popular nos presenta una proposición de ley para modificar la Ley de Acción Exterior del Estado. En concreto, plantean que el presidente del Gobierno comparezca con carácter previo a los Consejos de Europa y que informe ante el Congreso de los cambios de política exterior, algo que parece razonable. Yo creo que este tipo de proposiciones son un clásico en el bipartidismo: pedir desde la oposición lo que las señorías del Partido Popular nunca aceptaron cuando estaban en el Gobierno. Nos parece, por tanto, que estamos ante un ejercicio de hipocresía. La semana pasada nosotros trajimos a esta Cámara una moción que pedía revertir el acuerdo ministerial de elevar el gasto militar a 1100 millones de euros y que tuviera que pasar por aquí, que se tuviera que votar en el Congreso. El Partido Popular votó que no. ¿Y saben qué me dijo su portavoz, el señor Carlos Rojas? Que estamos en la OTAN y que eso no se tenía que votar aquí, que era una cosa normal, como si estar en la OTAN supusiera que los parlamentos nacionales tuvieran que renunciar a debatir sobre su política exterior y no pudieran decidir sobre la participación de nuestro país en una guerra. Luego a ustedes se les llena la boda hablando de soberanía nacional.

Miren, ayer el presidente Pedro Sánchez anunció que España destinaría 1100 millones de euros a ayuda militar a Ucrania para prolongar una guerra claramente estancada y que muchos analistas militares califican como una guerra proxy entre la OTAN y Rusia. Hoy sabemos que Ucrania ha atacado a un elemento del escudo antinuclear de Rusia, cosa grave y hasta muy grave, porque apunta a una escalada del conflicto. Ante estos hechos, ¿este Parlamento tiene algo que decir? ¿Por qué la participación de España en una guerra no se puede votar en este Parlamento?

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en abril esa colaboración militar con Zelenski. La Asamblea Nacional francesa lo hizo en marzo. La Cámara de los Diputados de Italia lo hizo en enero. Pero en España no, en España una decisión como la de meter a España en una guerra se aprueba por decreto. Y el Partido Popular, que todos los días llama dictador a Pedro Sánchez, sobre esto normalmente calla, incluso aplaude.

No podemos apoyar una propuesta del Partido Popular que ustedes traen para ver si pescan en río revuelto. Ustedes siguen siendo los mismos que nos metieron en una guerra ilegal por orden de los Estados Unidos contra la voluntad de la mayoría de los españoles. Aznar hablando tejano, eso es el Partido Popular. Además, creo que no están para dar muchas lecciones de política exterior. Llevan siete meses justificando el peor genocidio de lo que llevamos de siglo. Hemos tenido que escuchar incluso a un presidente autonómico, el de la Región de Murcia, llamar talibanes a los ciudadanos palestinos expulsados de sus casas y bombardeados por Israel. A mi juicio, no se puede ser más miserable.

Así que yo les pediría que no nos hagan perder mucho el tiempo. Condenen el genocidio y condenen también, de paso, las amenazas del Gobierno de Netanyahu a nuestro país.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señoras y señores, escuchando al señor González Pons queda claro para qué se ha presentado la proposición de ley, y es para ahondar en la brecha que tiene el Gobierno en determinadas ocasiones. A mí desde luego también me ha sorprendido hoy la vicepresidenta del Gobierno hablando de falta de transparencia, porque además SUMAR estuvo representado en la recepción que los portavoces parlamentarios hicimos en el Congreso al señor Zelenski. Yo quiero manifestar ―lo he dicho ya desde esta tribuna hablando sobre Ucrania en sucesivas ocasiones― que nosotros creemos que Ucrania tiene derecho a decidir por sí misma y, por lo tanto, también derecho a la defensa, y si no se lo proporciona el mundo occidental, que es con el que se están defendiendo la democracia y la libertad frente al totalitarismo que quiere exportar Rusia, ¿quién se lo va a proporcionar? Por lo tanto, nosotros estamos a favor de esa ayuda a Ucrania, porque nos gustaría que, si nosotros estuviéramos en esas circunstancias, también lo hicieran con nosotros. Tiene razón el señor González Pons cuando habla de que el artículo 97 de la Constitución a quien se otorga la dirección de la política exterior es al Gobierno. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, y así lo declaré cuando el ministro de Exteriores manifestó que le corresponde al presidente y, en su caso, también a él; no, es a todo el Gobierno. Otra cosa es que él y el presidente del Gobierno tengan un protagonismo especial. En ese sentido, la propuesta se ha cuidado muy mucho de no decir que esta Cámara tiene que decirle al Gobierno exactamente lo que tiene que hacer. Evidentemente, le puede orientar, puede emitir opiniones, pero desde luego en la propuesta que hacen se habla de venir a informar —‌a informar—, tanto en un caso como en el otro, y ciertamente eso sí respeta la distribución constitucional. Ahora, me sorprende que el Partido Popular haga esta propuesta aquí y ahora, si no es más allá de ahondar en esa división del Gobierno y en sus contradicciones. Porque la ley del año 1994, que regula el mecanismo de funcionamiento y relación con el Gobierno de la Comisión Mixta para la Unión Europea que hay en esta Cámara, deja bien claro cuáles son los mecanismos, y el Partido Popular ha gozado de mayoría absoluta en esta Cámara para haberla modificado y haber trasladado aquí, al Congreso, ese informe que se realiza ante la Comisión y, sin embargo, nunca lo ha hecho. Ahora dicen que habría que hacerlo. Esta Cámara sí conoce la posición del Gobierno a través de un informe o, como se ha hecho por costumbre parlamentaria en las últimas ocasiones, excepto esta última vez, a través de la comparecencia del secretario de Estado en la Comisión de Relaciones con la Unión Europea. Ahora se pide que sea previamente aquí y por parte del presidente del Gobierno. No me parece mal. Lo que sí me parece repetitivo es que se tenga que hacer antes y después. Y también tengo que decirle ―y usted lo sabe perfectamente, porque es ducho en materias europeas― que una cosa es la posición que uno lleva y otra cosa es la exposición que al final sale, la que tiene que acordar y por la que muchas veces tiene que ceder. Por lo tanto, yo no sé si sería más flexible mantenerlo como hasta ahora: una discusión dentro de la Comisión, que es menos visible, y luego, como hace ahora, que venga el presidente a la Cámara. Aunque también es cierto que podría ser ―por eso digo que no lo tengo claro― una comparecencia previa y, después, con lo que haya sucedido, cada uno de nosotros tengamos capacidad para presentar iniciativas, proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones, etcétera, reclamando aquello en lo que creamos que ese Gobierno se haya desviado. Con lo cual, yo creo que ambas alternativas, la actual y la que se propone, podrían ser válidas, pero siempre que no haya una repetición.

Con respecto a los tratados a los que ha hecho mención, está claro que los tratados y convenios que aparecen en el artículo 94 se tienen que traer necesariamente a esta Cámara, a ver si se traen; supongo que aquellos que necesariamente entran dentro de esta categoría también se seguirán trayendo a partir de ahora. Otra cosa es informar o hablar de posiciones. Tal como hablan de la modificación del artículo 6 de la Ley 2/2014 —‌creando un apartado 6— para venir a informar ante cualquier decisión de política exterior que suponga un cambio respecto a cuestiones contempladas en la Estrategia de Acción Exterior. Creo que ha habido algunas ocasiones en las que es evidente que se tenía que haber venido y no se ha querido venir —‌se ha mencionado aquí—, como, por ejemplo, en el caso del Sáhara. Creo que era evidente, además, por la responsabilidad tan particular con ese territorio de España, que habría que haber venido y habría que haber conocido cuál era el posicionamiento de la Cámara. Pero tampoco estoy tan seguro de que el Partido Popular hubiera actuado de manera diferente al Partido Socialista. Me gustaría creer que sí, pero creo que no, porque también unos cuantos antecedentes tenemos y ya sabemos cómo se ha funcionado, más allá de cuando se tenía mayoría absoluta, que entonces se venía aquí con total facilidad, claro, para reforzar las posiciones sobre Irak, etcétera. Pero, amigo, cuando se tiene la mayoría absoluta, ambos actúan de la misma manera.

Desde luego, todos los cambios con respecto a cuestiones contempladas en la Estrategia de Acción Exterior pueden ser una exageración, porque la estrategia es muy amplia y se habla de muchísimas cosas, con lo cual tendríamos que estar viniendo aquí continuamente. Pero hay asuntos trascendentales que la Cámara incluso puede reclamar cuando ve que se está girando, por los que, a la mínima insinuación de esta Cámara, el Gobierno debería venir. ¿Hay que tocar esto? Pues igual precisándolo más, quizá sí. No obstante, nosotros no vemos una urgente necesidad de modificar la ley en lo que estrictamente se nos pide, que es el petitum, aunque tampoco nos vamos a oponer, porque creemos que sí sería mejorable. Ahora, en el día a día, ustedes son exactamente iguales que los otros.

Nada más y muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Arratsalde on. Señores del Grupo Popular, señor González Pons, a buenas horas —‌se lo han dicho ya otros portavoces—, teniendo en cuenta que esta ley la aprobó aquí el Grupo Popular, no voy a decir en soledad, pero sí con algún escaso apoyo, y que durante al menos cuatro años aplicaron ustedes el mismo funcionamiento que en este momento está teniendo el Grupo Socialista. Es más, cuando ha dicho que se disculpaba, con esas palabras creía que iba a hacer un poco de autocrítica, pero no. Están bien las palabras que ha dicho, pero no se refería a lo que han hecho en el pasado. De entrada, ante la propuesta que hacen de que comparezca el presidente del Gobierno en esta Cámara antes de los consejos europeos, no lo vemos mal, pues creemos que es una cuestión de transparencia y de control parlamentario, y que al Gobierno no le iría mal. Además, como se ha dicho también, en estos tiempos convulsos, no lo veríamos mal. Pero les achacamos, como le decía, que carece de credibilidad, teniendo en cuenta que viene de ustedes. Es cierto que tienen todo el derecho del mundo a cambiar, eso no es malo en la vida, pero también es cierto que un poco de autocrítica les vendría bien. En relación con todas aquellas cuestiones que vayan por una vía contraria a las marcadas en la Estrategia de Acción Exterior, como también se señalaba, la estrategia abarca muchos asuntos que son orientaciones, y vivimos momentos no fáciles en política exterior, y es cierto que el Gobierno en ocasiones necesita de esa agilidad, pero hagamos un repaso, como yo hice ayer, a aquellas cuestiones que iban en contra de la Estrategia de Acción Exterior y que los gobiernos del Partido Popular no trajeron a esta Cámara, y que yo creo que hubieran sido de interés. Hagamos un repaso somero: las sanciones a Rusia, tras la invasión de Ucrania en 2014. Cambia completamente el marco, es cierto, con un consenso en el marco europeo; ni pasaron por aquí. De igual manera, el apoyo militar a Libia; el endurecimiento de las sanciones a Venezuela; la crisis migratoria y el número de las personas refugiadas que debían llegar al Estado con procedimientos de acogida; la gestión del brexit, un asunto de tanta relevancia que, además, tenía implicaciones en Gibraltar, en el que el ministro de Exteriores del momento decidió llevar las gestiones él mismo y no traerlas a esta Cámara; por no decir, como decía usted en mención a un asunto que hemos conocido ayer, la venta de armas a Estados en conflicto, como era el caso de Arabia Saudí en el conflicto más grave que ha ocurrido en las últimas décadas, con el mayor número de víctimas, como ha sido el de Yemen, que no pasó por aquí; caso omiso.

Es cierto que la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto que muchas y muchos no hemos entendido en esta Cámara y que en algún momento se tendrá que aclarar, pero también es cierto que esta Cámara ha rechazado el cambio unilateral y en solitario de postura del Partido Socialista y del Gobierno del momento. En cuanto al reconocimiento del Estado palestino, un día como hoy en esta misma Cámara la pasada semana, se apoyaba el reconocimiento de los dos Estados, con ello el de Palestina también, traído por ustedes, y ahí está la cuestión que no se entiende, señores del Partido Socialista. Nosotros tenemos claro que hay que reconocer al Estado palestino, creemos que es algo de justicia, pero ¿por qué no el derecho del pueblo saharaui a su estatalidad? ¿Por qué se rompe ese marco de compromiso histórico y de neutralidad y se da la razón y se apoya la solución marroquí? Un sinsentido, si se tiene en cuenta, además, que esta Cámara ha votado lo contrario.

En relación con el memorándum de entrega de armas a Ucrania, también lo comentaba el señor Esteban —s‌ í, hombre—, el derecho de legítima defensa del pueblo ucraniano es obvio, es de justicia internacional, ahora bien, como hemos dicho en varias ocasiones, nosotras y nosotros creemos que la Unión Europea y —e‌ n este caso— España tienen una responsabilidad de intentar que ese conflicto acabe cuanto antes por vías diplomáticas y de negociación, porque todos sabemos que ese conflicto, tras la agresión de Rusia a Ucrania en 2022, única y exclusivamente acabará en una mesa de diálogo, y no hay más. El resto será seguir alimentando un conflicto lacerante y peligroso, que puede tener incluso derivadas nucleares, que afectarían no solamente a Ucrania y a Rusia, sino también al resto de Europa y del mundo. Yo fui uno de aquellos diputados que también preguntó el mismo día que preguntó usted; pregunté a la señora Margarita Robles y me sacó una cortina de humo. Sí creo que ante asuntos como este debería comparecer para explicar y decir la verdad, por una cuestión de control parlamentario y de transparencia, como hablábamos al inicio.

Dicen ustedes que hay posiciones diferentes en el Gobierno, es obvio que las hay, ¿no las tienen ustedes con sus socios de VOX en los gobiernos de Castilla y León, de Murcia, de Extremadura, de Valencia, de Aragón? Es obvio que las tienen, claro, es lógico y normal entre formaciones diferentes.

Y en relación con el fondo de la cuestión, yo le decía que no somos contrarios. ¿Que esta ley que trajeron ustedes y aprobaron en 2014 necesita reformas en aras precisamente de la transparencia y del control parlamentario? Bienvenida sea. ¿Que de igual forma hay que incluir valores que quedaron fuera, como son los de solidaridad internacional, la mayor promoción de derechos humanos y democracia, la sostenibilidad ambiental o la cooperación, e incorporar la perspectiva de género? Ojalá. Y, cómo no, como hacen mención a un último punto, abandonar toda esa tendencia uniformizadora y centralista que conlleva una invasión competencial, olvidando incluso que hay sentencias del propio Tribunal Constitucional que confirman la capacidad de las comunidades autónomas de ejercer esa acción exterior. Si se modifica la ley, bienvenida sea. Ahora bien, como le decía, que traigan ustedes esto hoy aquí así suena a que intentan presentar una cuña ante las formaciones de Gobierno y ante las formaciones que apoyan a este Gobierno. Por eso, lo vemos carente de credibilidad. Ahora bien, de entrada, no somos contrarios a la misma.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Moltes gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. No deixa de ser remarcable que aquells qui van proposar una llei quan eren al Govern, aprovant-la mitjançant el rodet de la majoria absoluta i sense prendre en consideració cap de les observacions que llavors se’ls va fer, ara en proposin una modificació sobregesticulant i destacant-ne unes mancances que, llavors, per vostès eren virtuts. Quan el senyor García-Margallo va promoure la seva aprovació el 2014, va quedar clar que no només li importava poc la participació d’aquesta cambra en l’acció exterior, sinó que se’n volia limitar clarament la seva participació i prioritzar el paper del Govern de l’Estat. Govern, govern i govern. Era l’únic que llavors els preocupava perquè, evidentment, vostès exercien aquesta funció, i que per raons òbvies avui volen revertir.

Una llei que, a més a més, va néixer amb el rerefons de controlar també l’acció exterior de les comunitats autònomes i, més concretament, la que portava a terme de manera exitosa en aquells moments la Generalitat de Catalunya; una acció exterior que els desesperava per l’interès que aixecava quan es portava a terme allí on es feia i, per aquesta raó, van desplegar-ne tota la persecució posterior als seus membres. Una llei que van impulsar en un moment en què la seva voluntat d’assetjar el Govern de Catalunya ja era clarament obsessiva i creixent en el dia a dia. Per tant, està clar que ara, quan vostès s’ho miren des de l’oposició, les coses les necessiten diferents i, per tant, ens proposen aquesta modificació, no pas perquè, de sobte, s’hagin tornat els més transparents de la cambra o pensin diferent, sinó perquè avui vostès són oposició.

Per altra banda, mirant a l’altre costat d’aquest hemicicle, també és evident el menyspreu del Govern de l’Estat i, més concretament, del seu president al capdavant, quan s’ha d’explicar des del punt de vista de l’acció exterior. Perquè és evident que menyspreu és venir aquí a donar explicacions en aquesta cambra, quan sovint ja han passat setmanes des de la celebració dels consells europeus; quan el dia a dia ja ha canviat significativament i radicalment la realitat de la política exterior, que era vàlida en el dia en què es va celebrar el Consell Europeu, i quan el que se’ns ve a explicar aquí, des d’aquest faristol, són quatre obvietats que ja s’han conegut prèviament per la premsa o bé en les conclusions oficials del Consell d’Europa.

En definitiva, per tant, uns i altres, un menyspreu clar cap allò que hauria de ser el retiment de comptes en aquesta cambra i que, un cop més, quan uns o altres són al Govern, els hi preocupa ben poc. Un menyspreu que s’evidencia quan sistemàticament s’incompleix, per exemple, allò que dicta la llei 8/1994, mitjançant la qual s’estableix que el Govern de l’Estat ha de remetre un informe a les cambres amb anterioritat a la celebració de cada consell europeu ordinari. Un informe amb l’evolució dels diferents temes d’interès general en aquell moment i que es tractaran en el Consell Europeu. Aquest fet, que és obligatori, no es compleix mani qui mani, governi qui governi en cada moment.

Així doncs, donada la manca de transparència de l’acció exterior d’uns i d’altres a dia d’avui d’aquest Govern, i donat el fet que, històricament, l’acció exterior del Govern de l’Estat s’ha instrumentalitzat per anar també en contra dels catalans i les nostres legítimes reivindicacions, i donat que quan es va elaborar aquesta llei, que ara vostès volen modificar, es va fer amb una voluntat clarament recentralitzadora, amb una voluntat d’amputar l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya i delimitar la veu dels catalans, si aquesta proposta prospera i es tira endavant la presa en consideració, aprofitarem també per posar a sobre de la taula altres qüestions addicionals plantejades, a les quals jo feia referència i que no estan, evidentment, en aquesta proposta inicial que vostès porten a terme, vinculades a l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya i la persecució per aquesta que ha patit i que, evidentment, cal revertir. Moltíssimes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Señoras y señores diputados, no deja de ser destacable que quienes propusieron una ley cuando estaban en el Gobierno, aprobándola mediante el rodillo de la mayoría absoluta y sin tener en cuenta ninguna de las observaciones que en ese momento se le realizaron, hoy propongan una modificación sobregesticulando y destacando unas carencias que en ese momento para ustedes resultaron virtudes. Para el señor García Margallo, que propuso su aprobación en 2014, quedó claro que no solo le importaba poco la participación de esta Cámara en la acción exterior, sino que quería, además, limitar su participación y priorizar el papel del Gobierno del Estado. Gobierno, Gobierno y Gobierno era lo único que les preocupaba en ese momento, porque después ejercían esa función y, por razones obvias, hoy quieren revertir esa situación. Es una ley que, además, nació con el trasfondo de controlar también la acción exterior de las comunidades autónomas, y más concretamente la que llevaba a cabo de modo exitoso en ese momento la Generalitat de Cataluña. Una acción exterior que les desesperaba por el interés que despertaba cuando se llevaba a cabo allí donde se realizaba, y, por ese motivo, desplegaron toda la persecución posterior a sus miembros. Una ley que impulsaron en el momento en que su voluntad de asediar al Gobierno de Cataluña era ya claramente obsesiva y creciente en el día a día. Por lo tanto, está claro que ahora, cuando ustedes lo miran desde la oposición, las cosas las necesitan distintas y, por eso, nos proponen esta modificación; no porque de repente se hayan vuelto ustedes los más transparentes de la Cámara, ni porque piensen distinto, sino porque hoy ustedes son oposición.

Por otro lado, y mirando hacia el otro extremo del hemiciclo, también es evidente el menosprecio del Gobierno del Estado, y más concretamente de su presidente, cuando tiene que explicarse desde el punto de vista de la acción exterior; porque es evidente que es desprecio venir aquí a dar explicaciones a esta Cámara cuando a menudo han transcurrido ya semanas tras la celebración de los consejos europeos, cuando el día a día ya ha cambiado de manera significativa y radical la realidad de la política, exterior que era válida en el momento en que se celebró el Consejo Europeo, y cuando lo que se nos viene a explicar aquí, en esta tribuna, son cuatro obviedades que ya han sido conocidas previamente o por la prensa o por las conclusiones oficiales del Consejo de Europa.

En definitiva, unos y otros muestran un desprecio claro hacia lo que debería ser la rendición de cuentas en esta Cámara, que una vez más, cuando unos u otros están en el Gobierno, les preocupa bien poco. Un menosprecio que se evidencia cuando sistemáticamente se incumple, por ejemplo, lo que dicta la Ley 8/1994, en la que se establece que el Gobierno del Estado debe remitir un informe a las Cámaras con anterioridad a la celebración de cada Consejo Europeo ordinario; un informe con la evolución de los distintos temas de interés general que en ese momento se van a tratar en el Consejo Europeo. Este hecho, que es obligatorio, no se cumple mande quien mande, gobierne quien gobierne en cada momento.

Así pues, dada la falta de transparencia de la acción exterior de unos y otros a día de hoy en este Gobierno, puesto que históricamente la acción exterior del Gobierno del Estado se ha instrumentalizado para ir también en contra de los catalanes y de nuestras legítimas reivindicaciones, y puesto que cuando se elaboró esta ley que ahora ustedes quieren modificar se hizo con una voluntad claramente recentralizadora y una voluntad de amputar la acción exterior de la Generalitat de Catalunya y limitar la voz de los catalanes, si esta propuesta prospera y sale adelante la toma en consideración, aprovecharemos para poner sobre la mesa otras cuestiones adicionales planteadas a las que hacía referencia y que no están, obviamente, en esta propuesta inicial que ustedes someten, vinculadas a la acción exterior de la Generalitat de Catalunya y a la persecución que esta ha sufrido y que, por tanto, hay que revertir.

Gracias.

Bona tarda. Buenas tardes. No voy a empezar con reproches, señor González Pons. Todo el mundo empieza así; los habrá, pero no empiezo así. Permítame comenzar con algo que dijo el eminente jurista y politólogo Norberto Bobbio en esta Cámara precisamente en noviembre del año 1983, cuando fue invitado a dar una conferencia. Dijo —‌creo que es bueno recordarlo—: La democracia es muy frágil y vulnerable y, para asegurar su porvenir, es preciso que cumpla las promesas realizadas y supere obstáculos imprevistos. Añadió Bobbio la necesidad de que el poder sea visible y de que el ciudadano pueda verlo. Exactamente, señorías del PP y señorías del PSOE, lo que hacemos en esta Cámara y en el Senado es dar visibilidad a las decisiones del poder, que es algo inherente a la división de poderes, pero que a veces se olvida. Por tanto, desde este punto de vista, su proposición de ley es interesante, pues remarca esta idea de que hay que saber de dónde proviene lo que se hace y la ciudadanía debe conocer exactamente por qué. Sin este concurso del Legislativo, el equilibrio de poderes se rompe. Permítame añadir una previa relacionada con el asunto concreto de los consejos europeos. Yo creo que es una previa obvia, pero la debemos repetir a menudo. Stricto sensu, la política europea no se puede considerar política exterior, ustedes lo saben. No exactamente, y menos en el momento en el que la confluencia, la trama institucional del Estado y de la Unión viene a determinar la vida de los ciudadanos de una forma totalmente concurrente. Dicho esto —‌y sin entrar todavía en los reproches—, señorías del PP, su proposición de ley tiene algunas virtudes, las vamos a enumerar. En primer lugar, conecta con algo necesario que está en el sentido de la época, que es la necesidad de transparencia; es cierto, transparencia en la Cámara. Pero como siempre hemos dicho en Esquerra, obras son amores; esto hay que demostrarlo. Ahora vamos a empezar con los reproches. Efectivamente, ustedes, siempre que pudieron hacerlo, no lo hicieron; por tanto, es bueno que ahora lo hagan. Es obvio que hay que recordar que son los hechos los que acreditan las ideas y no al contrario.

Pensem, des del grup republicà, que aquesta proposició també té una altra virtut, que és l’augment del control parlamentari. Evidentment, les decisions de l’executiu són legítimes, però en la mesura que no passen pel procés d’escrutini de la cambra són decisions... no direm menys legítimes, però sí febles i, en tot cas, discutibles.

Vivim democràcies que demanen participació i deliberació, i aquesta es produeix en aquesta instància. Sense control del Parlament, senyories, el que hi ha és el perill de l’arbitrarietat. I aquí tothom hi pot caure. També entenem que, des d’una visió de polítiques d’Estat, el que dona la presència i la concurrència en la instància parlamentària és una més gran, en principi, coherència i estabilitat en les decisions exteriors, per bé que, com notava el senyor Aitor Esteban, no sempre el que entra en el procés surt igual. Per tant, això ho hem de tenir en compte.

Un punt important que no ens pot passar per alt és el foment de la responsabilitat política. I això, senyories del PSOE, sí que afecta directament algunes decisions que ha pres el president Sánchez. La responsabilitat política inclou explicar la traçabilitat de les coses, del perquè de cada decisió, i acceptar que aquesta traçabilitat, si no s’ofereix com a tal, esdevé un misteri. I el cas més greu d’això és exactament, com han dit els companys que m’han precedit, el que té a veure amb la situació del Sàhara Occidental. A dia d’avui, la decisió, el cop de volant pel qual el govern socialista va decidir un canvi radical de política sobre el poble sahrauí és un enigma. És una qüestió digne d’un programa esotèric, no ho sabem ni s’han explicat. Evidentment, hi ha moltes conjectures, però no hem aclarit el perquè de cada cosa.

Voldríem remarcar també que, encara que vivim una època marcada per la polarització, el fet que l’executiu i, singularment, el president hagi de venir aquí a explicar el perquè de les seves accions exteriors hauria de convidar a consensos més grans. Hem vist, perquè en el propi govern de coalició els consensos són complicats, que això no és fàcil. I això ens porta, senyor González Pons, al que deia dels retrets, no? Certament, no és el mateix comparèixer al Parlament quan es té majoria absoluta que quan no. Crec que aquesta realitat la coneixem tots. Vostès, com a propagandistes d’aquest equilibri de poders, són una mica, diguem, dubtosos. S’ha posat el cas de la guerra d’Iraq com a exemple, així va ser. I sobretot, perquè, en aquest moment, l’històric acumulat és massa gran. És a dir, jo crec que, com deia el senyor Iñarritu, tots podem canviar. Però els canvis sobtats són perillosos. Són estranys. Són de poc fiar. En tot cas, nosaltres votarem a favor d’això perquè, com deia, la veritat és la veritat, la digui Agamèmnon o el seu porquer. Per tant, votarem, però sense pensar que vostès ens venen a salvar de res.

I per acabar voldria, senyories del PSOE, cridar atenció que hi ha una gran unanimitat sobre aquest dèficit de presència del president a la cambra per parlar de qüestions exteriors. Citaré un mitjà que crec que vostès no consideren un mitjà especialment, diguem, hostil. Avui el diari El País, en el seu editorial, diu el següent:

Pensamos en el Grupo Republicano que esta proposición tiene otra virtud, que es el aumento del control parlamentario. Evidentemente, las decisiones del Ejecutivo son legítimas, pero en la medida en que no pasan por el proceso de escrutinio de la Cámara son decisiones, no diría menos legítimas, pero sí débiles y, en cualquier caso, discutibles. Vivimos democracias que exigen participación y deliberación, y esto se produce en esta instancia; pero sin control del Parlamento, señorías, el peligro que se cierne es el de la arbitrariedad, en la que puede caer todo el mundo. También entendemos que es una visión de política de Estado lo que da la presencia y la concurrencia en la instancia parlamentaria. Lo que da esta concurrencia en esta instancia parlamentaria es una mayor coherencia y estabilidad en las acciones exteriores, por bien que ―como bien observaba el señor Aitor Esteban― lo que entra en el proceso no siempre sale igual, y eso hay que tenerlo en cuenta.

Un punto importante que no podemos pasar por alto es el fomento de la responsabilidad política, y esto, señorías del PSOE, sí que afecta directamente a algunas decisiones que ha tomado el presidente Sánchez. La responsabilidad política incluye explicar la trazabilidad de las cosas, el porqué de cada decisión y aceptar que esta trazabilidad, si no se ofrece como tal, se convierte en un misterio. Y el caso más grave de ello es ―como han dicho los compañeros que me han precedido― el que tiene que ver con la situación del Sáhara Occidental. A día de hoy, la decisión de ese giro, de ese volantazo por el que el Gobierno socialista decidió un cambio radical de política sobre el pueblo saharaui es un enigma, es una cuestión digna de un programa esotérico; ni lo sabemos ni se ha explicado. Hay muchas conjeturas, evidentemente, pero no hemos aclarado el porqué de cada cosa.

Quisiéramos destacar también que, aunque vivimos en una época marcada por la polarización, que el Ejecutivo, y singularmente el presidente, tenga que venir aquí a explicar el porqué de sus acciones exteriores debería invitar a consensos mayores. Hemos visto, porque en el propio Gobierno de coalición los consensos son complicados, que esto no es sencillo. Y eso nos lleva, señor González Pons, a lo que decía yo de las recriminaciones y los reproches. Porque no es lo mismo comparecer en el Parlamento cuando se tiene mayoría absoluta que cuando no; y creo que esta realidad la conocemos todos. Ustedes, como propagandistas de este equilibrio de poderes, son un poquito dudosos. Se ha puesto el caso de la guerra de Irak como ejemplo, y así fue. Sobre todo, porque en este momento el histórico acumulado es demasiado grande. Creo que ―como decía el señor Iñarritu― todos podemos cambiar, pero los cambios repentinos son peligrosos, son extraños y de poco fiar.

En cualquier caso, nosotros votaremos a favor de esto, porque ―como decía― la verdad es la verdad la diga Agamenón o su bombero, pero sin pensar que ustedes vienen a salvarnos de nada.

Para terminar, quisiera indicar, señorías del PSOE, que hay una gran unanimidad sobre este déficit de presencia del presidente en la Cámara para hablar de cuestiones de acción exterior. Y citaré un medio que no creo que ustedes consideren un medio especialmente hostil. Hoy, el diario El País, en su editorial dice lo siguiente.

Diario El País: Si hay un territorio político especialmente necesitado del debate público y de la deliberación democrática es el de la política exterior, donde Pedro Sánchez ha invertido mucho esfuerzo, pero con el déficit de grandes debates parlamentarios y ofertas de consenso, que corresponde hacer, en primer lugar, al Ejecutivo.

I afegeix el diari El País:

Y añade el diario El País:

Esta falta de debate y transparencia deja mermadas sus impecables posiciones multilateralistas en defensa de la legalidad internacional, tanto ante la invasión rusa de Ucrania como ante el castigo desproporcionado de Israel a la franja de Gaza.

Queda dit. Moltes gràcies.

Queda dicho. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchísimas gracias, señora presidenta. El único objetivo de la proposición de ley que nos trae el Grupo Popular es arrogarse un derecho de tutela y veto anticonstitucional sobre la política exterior que dirige el Gobierno, de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución. Pretende así resucitar de sus cenizas un bipartidismo en política exterior que murió en 2004; como lo pretende también con la ley que ahora propone enmendar, una ley que fue redactada y votada por el Partido Popular en este Congreso en 2014, cuyos objetivos eran tener un medio para aplicar la ‘aznaridad’ en política exterior y el fracaso de la política exterior de Irak en la segunda fase del Gobierno de Rajoy. La segunda cuestión es recortar los derechos de los trabajadores del sector exterior. Y la tercera, reducir la competencia a las autonomías en lo que en sus propias competencias se proyectaba en la acción exterior. Nuestro mandato, señorías, es muy distinto. Nuestro mandato electoral es defender la unidad de la izquierda; es establecer una barrera que bloquee el avance del PP y de VOX; es poder facilitar la acción de Gobierno progresista que favorezca las mayorías; y es aplicar una política exterior progresista y feminista, que mantenga los derechos por los que tanto luchamos en el interior de nuestro país proyectados en el exterior. La primera enmienda, que se refiere al artículo 6 de la Ley 2/2014, obvia que existe la Ley 8/94, de creación de la Comisión Mixta de la UE, que en su artículo 3 establece claramente la obligación del Gobierno de explicar por escrito antes de los Consejos Europeos cuál va a ser la posición y cuál va a ser la agenda de esos consejos. Y ese mismo artículo 3 establece la capacidad de iniciativa de los miembros de la Comisión para pedir más información, cualquier informe o cualquier comparecencia en relación con esto. Lo que se pretende ahora es muy distinto. Lo que se pretende es hacer exactamente lo mismo que lo que se ha hecho aquí con el tema del reconocimiento del Estado palestino, y es proyectar en el Congreso las posiciones del Gobierno de Netanyahu y bloquear la acción de gobierno de reconocer al Estado palestino. Imagínense, antes de cada Consejo Europeo, un debate en el que los partidos de la oposición lo que reflejen no sean las posiciones de intereses nacionales, sino las posiciones de sus partidos correligionarios en los gobiernos de otros Estados miembros, que se proyectan antes del Consejo Europeo y bloquean la capacidad de negociación del presidente del Gobierno. Es decir, es enviar al presidente del Gobierno no con el apoyo de las mayorías progresistas de esta Cámara, sino mandarle atado de pies y manos para que sea víctima de las mayorías conservadoras y reaccionarias en la Unión Europea.

La segunda enmienda que se plantea es alrededor del artículo 35 y es muy parecida. Simplemente, se refiere ahora a la estrategia de política exterior; un documento que lo que intenta es democratizar el debate sobre política exterior una vez al año. Ese mismo debate cuenta, además, con las posibilidades de las sesiones de control al Gobierno, las interpelaciones y las comparecencias en las comisiones; es decir, es completamente innecesario desde el punto de vista procedimental.

Y la tercera enmienda, señorías, respectiva al artículo 149, es una lectura reaccionaria de nuestra propia Constitución, que lo que pretende es recortar las competencias de las autonomías, unas competencias que hemos discutido y aprobado en esta Cámara, para que no puedan proyectarse en la acción exterior del Estado ni en la Unión Europea. Eso, señorías, es una lectura contra la Constitución y contra los intereses de las mayorías de este país y su plurinacionalidad.

Por lo tanto, nuestra posición es bastante clara. Como se ha señalado en esta tribuna antes, es importante ampliar la base del acuerdo que tenemos sobre política exterior. De las doscientas treinta medidas del programa del Gobierno, solo tres se refieren a la acción exterior y once a la Unión Europea. Eso es insuficiente para gobernar. Necesitamos tomarnos en serio estas brechas que nos presenta el PP; sentarnos todos los partidos que apoyamos al Gobierno, la mayoría de esta Cámara, y concordar y consensuar una política exterior que sea progresista, que sea feminista y que defienda los intereses de la mayoría.

El segundo punto es que la melancolía por la pérdida de ese derecho de veto en política exterior va a seguir actuando y nos obliga no solo a resistirnos a ella, sino a oponernos frontalmente. En ese sentido, anunciamos que vamos a presentar nosotros también una propuesta de reforma general de la Ley 2/2014 que permita democratizarla, modernizarla y crear un nuevo consenso en este mecanismo esencial de política exterior.

En el último minuto que me queda, no puedo obviar la cuestión del Sáhara, Palestina y Ucrania. Tres puntos, dos de ellos que fueron acordados en el programa de Gobierno, y uno que tuvo que quedar fuera. Es necesario construir un consenso en esta cuestión. En la cuestión del Sáhara porque necesitamos romper la dinámica de cincuenta años de un exilio insoportable en Tinduf del pueblo saharaui. (Aplausos). Necesitamos apoyar el proceso de negociación en Naciones Unidas, un proceso de descolonización que debe producir un acuerdo entre las partes y que permita el ejercicio del libre derecho de autodeterminación del pueblo del Sáhara.

En la cuestión de Palestina, necesitamos dar pasos efectivos en lo que supone el reconocimiento del Estado, abrir una embajada en Ramala, establecer nuestros consulados, defender nuestra cooperación y a nuestros cooperantes allí, cese del fuego inmediato, ayuda humanitaria, corredores humanitarios y apoyo a UNRWA y a Naciones Unidas. (Aplausos). Todas ellas son medidas concretas que necesitamos impulsar.

Ucrania. Efectivamente, señor Pons, nos hemos encontrado con que el Gobierno en una partida extrapresupuestaria, fuera de unos presupuestos que no se han podido elaborar para este año y que, por lo tanto, debían haberse mantenido en el límite, nos dice, después de haberse discutido con dos escritos de oposición presentados en el Gobierno —‌lo ha explicado la vicepresidenta segunda hoy en Televisión Española—, que esas armas van a ir destinadas a una situación que se ha producido en Ucrania por el bloqueo del Congreso y del Senado norteamericano que han dejado a Ucrania sin munición y sin capacidad de responder a la ofensiva; y se pretende en un mes solucionar un problema que se viene arrastrando desde hace tres años. Esa situación ―que es grave, hay que discutirla y este Parlamento tiene que tomar conciencia de ella porque la situación de seguridad europea lo exige― es la que tenemos que abordar, pero lo haremos desde la unidad de la izquierda, desde el bloque progresista y desde la defensa del derecho internacional y los derechos del pueblo ucraniano frente a aquellos que lo han sacrificado más de una vez. Recordemos quiénes fueron, por ejemplo, los que a nivel internacional el año 1939 reconocieron la ocupación de los países bálticos —‌y no fue la República en el exilio—, fue el Gobierno franquista, el que ustedes siguen reclamando.

Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia. Esta proposición de ley pretende que se añada un apartado sexto al artículo 6 de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado en vigor, con el fin de que el presidente del Gobierno informe antes a las Cortes Generales de las posturas que piensa adoptar en las sesiones del Consejo Europeo. Es cierto que, como afirma el PP, autor esta iniciativa, en los últimos cinco años el presidente del Gobierno viene adoptando decisiones unilateralmente en materia de política exterior cuyo contenido es contrario a los intereses nacionales. Son por todos conocidas y, por lo tanto, no me voy a extender sobre ellas. Esta primera reforma postulada es, por lo tanto, relativa a la Unión Europea y a la participación de España en la toma de decisiones por el Consejo Europeo. Lo que pretende el PP es claramente insuficiente ante el impulso federalizante enloquecido que se advierte en dicho Consejo, al que se suma sin criterio el Gobierno de Sánchez y al que se suma también de ordinario, con raras excepciones, el Partido Popular. Digo esto porque es muy reciente el informe aprobado por el Parlamento Europeo el 22 de noviembre de 2023, el llamado informe Verhofstadt, en el que se postula que los jefes de Estado y de Gobierno a través del Consejo Europeo convoquen una convención europea para revisar los tratados al efecto —‌se dice— principalmente de otorgar más poder al Parlamento Europeo en materia de medioambiente y biodiversidad, así como para que sean competencias compartidas las emergencias sanitarias, transfronterizas, la salud, los derechos de naturaleza sexual y de reproducción, la protección civil, la industria y la educación —h‌ asta ahora competencias exclusivas de los Estados miembros—, así como ―con un lenguaje un poco críptico o hermético― que se desarrollen las competencias compartidas en materia de energía, política exterior, seguridad, defensa, fronteras exteriores e infraestructuras transfronterizas. Todo ello en línea con el indeseable avance representado por el Tratado de Lisboa. Es cierto que ese informe no contó con la aprobación de muchos eurodiputados españoles del Partido Popular, otros se abstuvieron —‌entre ellos, la cabeza de lista de las próximas elecciones europeas, la señora Montserrat—, pero también es cierto que no pocos eurodiputados del Partido Popular Europeo fueron los que hicieron posible la aprobación de dicho informe en esa cámara. Todo ello es totalmente inaceptable, habida cuenta de la primacía de la Constitución española sobre el derecho europeo. Esto que digo yo no es una afirmación mía, me remito a los sucesivos y reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional Federal alemán de Karlsruhe sobre esta cuestión, así como los del Consejo de Estado francés y el Consejo Constitucional francés sobre la primacía de los textos constitucionales de los Estados miembros sobre el derecho europeo. Cuando menos, en nuestra opinión, el Partido Popular podría haber propuesto que no se limite el Gobierno a informar de lo que se propone exponer y defender en consejos europeos, sino que su postura española debería ser objeto de deliberación en esta Cámara antes de los consejos europeos cuando suponga una nueva cesión de competencias soberanas de España (aplausos) por analogía con el artículo 93 de la Constitución —a‌ unque es un artículo aberrante porque permitió reformar la Constitución de modo material al amparo de ley orgánica—, ya que no dejaría de ser bueno que al menos exista ese control ex ante y no lleguemos a un control ex post cuando se tengan que aprobar esos tratados mediante ley orgánica. Sería interesante. El Partido Popular, por supuesto, no lo ha hecho. Por lo demás, ha dicho el señor Santos —a‌ hora sí tiene razón— que la propuesta del PP es redundante porque lo que pretende ya existe en nuestras leyes. Pero, insisto, lo importante sería que al menos hubiera una deliberación en esta Cámara cuando —‌insisto— quedasen afectadas competencias no cedidas a la Unión Europea y esa deliberación diera lugar a un voto que requeriría la mayoría absoluta, como digo, con arreglo cuando menos a ese artículo 93 de la Constitución. La segunda reforma es relativa a añadir un apartado sexto al artículo 35, al efecto de que el Gobierno también informe a la Cámara de iniciativas que no estén recogidas en la llamada Estrategia de Acción Exterior que se tiene que aprobar por el Gobierno y remitir a las Cortes. Es evidente que este debate de hoy en relación con esta propuesta se debe al reconocimiento hace unas horas por el Consejo de Ministros del Estado palestino. Esta cuestión del reconocimiento no debe confundirse necesariamente con el conflicto israelí-palestino en su conjunto, sobre el que nuestro grupo tiene una postura neta y clara de apoyo al Estado de Israel. Pero, aun habiendo tomado partido por los palestinos, el Gobierno no tenía por qué reconocer el Estado palestino, entre otras cosas porque la Autoridad Nacional Palestina carece de atributos propios de tal Estado, es decir, no controla las fronteras definidas, en principio, con arreglo a los acuerdos que rigen. Por lo tanto, está sustraído su control, principalmente la zona de Gaza desde 2006, cuando se celebraron unas elecciones en las que venció el partido Hamás, que es tanto como una organización terrorista, como ustedes saben. Además, luego hubo un enfrentamiento armado entre Hamás y el partido nacionalista Al Fatah. Por cierto, esa Franja de Gaza fue devuelta a la Autoridad Nacional Palestina por el Estado de Israel en 2005 por el Gobierno del general Sharón, del partido Likud. (Aplausos).

Pero es que sobre esta cuestión el Partido Popular se equivoca de medio a medio. Lo que ha expuesto el señor González Pons acerca de la intervención de las Cortes en las decisiones en materia de política exterior es totalmente equivocado, es erróneo. Ustedes conocen los rudimentos del derecho constitucional y del derecho internacional público. Le digo lo que le dije un día a doña Cuca: No sé quién le ha escrito el discurso, pero ni él mismo sabe lo que ha escrito y usted menos lo que ha pronunciado. (Risas.—Aplausos.― Risas del señor González Pons). Usted no tiene ni idea, absolutamente ni idea. Por lo demás, si ustedes consideran que verdaderamente se han infringido potestades de la Cámara o del Parlamento, lo que procede con arreglo a un buen entendimiento del derecho constitucional es que ustedes formalicen una moción de censura. Nada más. (Aplausos). Se lo digo para su información y para que regañe a su asesor o a quien le escriba los discursos. Si los ha escrito usted, peor aún, queda usted peor.

Este reconocimiento del Estado palestino es un reconocimiento oportunista, electoralista, que apela a viejos resabios de la izquierda que proceden de la Guerra Fría, cuando en aquel periodo, ya concluido, la Unión Soviética apoyó siempre a Palestina y los Estados Unidos apoyaron a Israel. No es más que esto. El Partido Socialista, mediante este disparate —‌porque no hay verdaderamente Estado palestino porque no concurren los tres elementos clásicos de Estado, pueblo y territorio—, lo que hace es, simplemente, tratar de granjearse la simpatía de electores que puedan desviarse del voto en las próximas elecciones europeas y nada más. Eso es lo que se pretende.

Nos sorprende también la ingenuidad del Partido Popular y que crea que con estas reformistas legales de andar por casa van a meter en cintura y atar en corto al Partido Socialista y al Gobierno. ¡Pero vamos a ver, pero qué cosas dicen ustedes! Es manifiesto que el Gobierno —h‌ ace muchos años ya, tantos como aquellos en los que gobierna— es un Gobierno que desprecia el derecho y que constantemente trata de situarse al margen de la ley. (Aplausos).

Basta leer los pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia de estados de alarma, declarativos de la inconstitucionalidad de tres decretos leyes, la declaración de invalidez del nombramiento de doña Magdalena Valerio por el Tribunal Supremo, la declaración de invalidez del nombramiento como fiscal de sala de doña Dolores Delgado, etcétera. Es decir, es un Gobierno al que no le gusta el derecho, lo desprecia y, como tiene esa pulsión totalitaria, trata de gobernar al margen del derecho. Que, verdaderamente, este problema se vaya a resolver con estas reformas de la señorita Pepis es una cosa de risa.

Termino. Miren ustedes, el reconocimiento es una institución del derecho internacional y —c‌ oncluyo de verdad— se suele distinguir entre el reconocimiento como acto político y el reconocimiento como acto jurídico. Como acto político es lo que se entendía en la doctrina en el siglo XIX hoy por la minoría. Pero es evidente que como este reconocimiento no se compadece con el derecho internacional, es un reconocimiento político de tipo decimonónico en el que prevalece lo característico de un reconocimiento de tipo político, a saber, la discrecionalidad o —‌léase con mayor propiedad hoy— la arbitrariedad, para vergüenza de este Gobierno y de España.

Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Antes de entrar en el fondo de la iniciativa, señores del PP, permítanme hacerles algunas consideraciones constitucionales previas sobre algunos conceptos legales que ustedes han esgrimido en su discurso y también en la exposición de motivos, señor Pons. Yo entiendo que, cuando se lleva más de dos mil días sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, algunos preceptos constitucionales les bailen. (Aplausos). Señores del PP, en democracia no hay presidentes ilegítimos. Caben los presidentes que gustan, los que no gustan, con los que compartes opinión y con los que no. Caben, incluso, los presidentes que no lo son porque no quieren (risas), pero lo que no hay son presidentes ilegítimos, porque todos ellos se cimientan en la legitimidad que les otorgan estas Cortes, la soberanía popular, no en la de unos pocos que se manifiestan en la Puerta de Alcalá o en la plaza de Colón, sino estas Cortes, que representan a todos los ciudadanos del pueblo español. (Aplausos). Este principio es básico porque solo desde la incomprensión de este concepto se explican frases como las que usted ha dicho, señor Pons, o las que ustedes escriben en la exposición de motivos, con las que vienen a decir que el presidente del Gobierno no puede erigirse en portavoz, es decir, en representante del pueblo español. Señorías del PP, parece que no les sienta bien del todo el protagonismo del presidente del Gobierno en política exterior. que, en vez de estar sentado como hacía Rajoy en las esquinas de los consejos europeos, tenga iniciativa como, por ejemplo, reconociendo hoy el Estado palestino como Estado independiente, tenga liderazgo como demostró con los fondos europeos Next Generation y, sobre todo, sea respetado, por ejemplo, por la candidata común del Partido Popular, la señora Von der Leyen. Hechos que, como demócratas y desde las discrepancias, ustedes deberían también transmitirle al presidente del Gobierno: respeto. Entiendo que ese protagonismo exterior no les guste, incluso entiendo que discrepen de su iniciativa, pero, de ahí a negarle algunas potestades constitucionales o legales que le vienen atribuidas hay una diferencia notable. Señores del PP, no es solo que la Constitución española, como ustedes dicen, en sus diferentes artículos determine que compete en exclusiva al Gobierno de España la acción exterior, sino que también dice que compete al presidente la dirección de esa política de ese Gobierno, ergo, se entienden las competencias del presidente del Gobierno. Es que no caben interpretaciones, es que ustedes lo han desarrollado en dos leyes en dos épocas distintas que vienen a explicar muy claramente que ustedes contradicen lo que hacen con lo que hoy defienden. Por ejemplo, en la Ley del Gobierno de 1997 ustedes dicen en la exposición de motivos que dirigirá la acción exterior el principio de dirección presidencial que otorga al presidente del Gobierno la competencia de las directrices políticas en política exterior. Esta es su ley, de Aznar. Pero, es más, en la ley de acción exterior, aprobada en la legislatura de mayoría absoluta del señor Rajoy, el artículo 6.3 dice, textualmente: Corresponde al presidente del Gobierno dirigir la acción exterior y, en particular, determinar las directrices de su política exterior y, en virtud de sus funciones, representar a España. ¿Se dan cuenta, señores del PP, que sus propias leyes contradicen la exposición de motivos y el petitum de esta proposición de ley? (Aplausos). ¿Se dan cuenta de que ustedes proponen la modificación de una ley que ni ustedes mismos se han leído? Y eso que es suya. Además, hoy vienen vistiéndose, señor Pons ―con todo el respeto―, con piel de cordero democrático, de parlamento democrático. Les voy a recordar que ustedes, señores del PP, fueron aquellos que mandaron tropas a la guerra ilegal de Irak sin pasar por este Parlamento, como declaró el Gobierno del señor Aznar, con el 90 % de la opinión pública en contra. También con debates y discrepancias en el seno del Consejo de Gobierno del señor Aznar. Pero, es más, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trajo una modificación de la ley de la defensa en el año 2004 para que no se pudieran mandar nunca más tropas sin el permiso previo de este Parlamento, ¿sabe lo que hicieron ustedes? Votaron en contra. (Aplausos). Así que menos lecciones de control parlamentario ni de democracia parlamentaria, señores del PP. Dicho esto, entrando en el fondo, no tenemos ningún problema en debatir sobre mejoras en relación con la participación del Parlamento en la política exterior, pero permítanme, señores del PP, decirles varias cosas. Primera, ¿para qué solicitan más debates sobre los consejos europeos, esta vez ex ante, cuando debatimos en este Pleno ex post y nunca se refieren a los consejos europeos? La última vez el pasado miércoles. En esa misma sesión, en un debate sobre el Consejo Europeo, el señor Feijóo no dirigió ni una sola palabra a las conclusiones del Consejo Europeo. Por lo tanto, es llamativo que ustedes pidan más debates cuando nunca se refieren a la cosa concreta por la que se convocan esos debates europeos. Por lo tanto, a lo mejor estaría bien enmendar su propia proposición y que el Grupo Popular se comprometiese a definir la cuestión, a ceñirse a la cuestión, no sea que parezca que ustedes lo que pretendan no es más debate sobre Europa, sino más fango, más bulos y más crispación con los debates en torno al Consejo Europeo. (Aplausos).

Segunda cuestión. Señores del Partido Popular, a nosotros nos gusta mucho debatir con ustedes sobre política exterior y, en concreto, sobre la Unión Europea, porque cada vez que lo hacemos queda aún más claro que ustedes no son esa derecha proeuropea liberal que no blanquea la extrema derecha en Europa, sino todo lo contrario, que son ustedes esa derecha que blanquea a VOX en España y al VOX italiano en Europa. (Aplausos). Por tanto, estamos muy a gusto debatiendo con ustedes sobre política europea y sobre política exterior porque, cuantos más debates haya sobre Europa, más se desenmascaran algunas de sus posiciones en España y en Europa.

Pero, además, creemos que puede ser útil debatir aún más sobre política europea y hacerlo de manera previa, a ver si pudiéramos conseguir, que cuando el Partido Popular esté en la oposición, se comporte como un patriota en la Unión Europea y no vaya buscando por los pasillos del Parlamento Europeo o de la Comisión Europea que le vaya mal a España para que le vaya bien al Partido Popular, como ustedes hicieron cuando hubo el debate de los fondos europeos. Es decir, intentemos que en estos debates ustedes también, cuando están en la oposición, tengan una posición proespañola o al menos, si no lo hacen, que vayan de cara, que no vayan por detrás, sino dando la cara en este Congreso, demostrando que en política exterior no es necesario hacer patriotismo de hojalata desde la oposición.

Por último, señores del PP, hablan sobre las discrepancias o sobre lo que no saben los distintos miembros del Gobierno en el Consejo de Ministros, pero es que ustedes son especialistas en no saber de cosas que suceden en algunos ámbitos. Por ejemplo, cuestiones que ustedes no saben y nunca supieron: sobre los jaguares en los garajes de algunas exministras (rumores); no saben sobre los sobres de Bárcenas, que no eran felicitaciones de Navidad (risas); todavía no se han enterado de quién era el titular del martillo con el que rompieron algunos ordenadores (los señores González Pons y Tellado Filgueira pronuncian palabras que no se perciben) y, sobre todo en política exterior, lo que no saben es dónde estaban las armas de destrucción masiva que todavía sigue buscando Aznar. (Rumores).

Muchas gracias. (Aplausos).