Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2022 y anexo con la liquidación del presupuesto del mismo periodo (corresponde al número de expediente 260/000005/0000 de la XIV Legislatura).

Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores miembros de la Mesa, y muchas gracias, señorías.

De acuerdo con el mandato constitucional y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, una vez convocado, doy cuenta ante este Congreso de los Diputados de los informes de la institución registrados en su momento, correspondientes a los años 2022 y 2023, incluyendo los del Mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. Esto no implica que esta intervención se tenga que convertir en una mera recopilación exhaustiva de todos los temas que hemos abordado, sino que les expondré los asuntos fundamentales de cada informe desde una perspectiva integral. Ya en 2021 adelanté que, a petición de sus señorías, haríamos una revisión de la estructura de los informes para que fuesen menos extensos, más directos, más claros y más operativos. La principal novedad son los catorce temas seleccionados en cada año por su singularidad, transversalidad o impacto. Cabe mencionar una cuarta sección con las actuaciones realizadas como mecanismo nacional de prevención, junto con sus anexos, y una quinta en el informe de 2023 dedicada a la encomienda sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Todos los contenidos están expuestos del modo más sintético posible, remitiendo a través de enlaces en la web a los textos completos mencionados para facilitar la lectura sin perder información.

En estos dos años hemos recibido 67 055 quejas y hemos atendido a través de llamadas telefónicas o personalmente a 74 962 ciudadanos. La tramitación de las quejas recibidas y las actuaciones de oficio han dado lugar a 4868 resoluciones entre recomendaciones, sugerencias, recordatorios legales y advertencias. Además, la institución ha iniciado 538 actuaciones de oficio en estos dos años. Los temas principales son especialmente los vinculados a los derechos sociales y a los servicios públicos, lo que explica una ligera prevalencia de actuaciones ante las administraciones autonómicas, que son, en gran medida, las competentes al respecto, aunque esto no se traduzca necesariamente en más resoluciones. En 2022 hay, de hecho, más dirigidas a la Administración General del Estado que a las autonomías.

La aceptación de nuestras resoluciones por parte de las administraciones es bastante positiva, en torno a un 70 %. No obstante, en ocasiones se demoran en contestar o no lo hacen. Por procedencia de las mismas, las comunidades desde las que se recibieron mayor número de quejas fueron Madrid, casi el 25 % de las tramitadas, Andalucía, Valencia y Cataluña. Es importante no olvidar la percepción ciudadana del desempeño de las administraciones, que no se afronta con frases más o menos rigurosas o ingeniosas sobre los funcionarios y empleados públicos. La lucha por el buen gobierno y el derecho a una buena administración tiene mucho que ver con la diligencia y oportunidad de sus resoluciones y un lenguaje claro. Muchos de los problemas planteados en estos informes se topan con esta realidad en la atención o en la gestión y en el ámbito de la vinculación de la Administración con los poderes públicos.

El número creciente de conflictos en diversas partes del mundo afecta gravemente a la estabilidad mundial, amenaza el derecho internacional y causa una destrucción intolerable. Asimismo, contribuye a alimentar movimientos migratorios de personas que miran a la Unión Europea como plataforma de salvación y que en muchos casos llegan a Europa por España, como país fronterizo, huyendo de la indefensión, de la guerra y del hambre. Ello se encuentra en los informes que presento hoy y lo están otros significativos hechos sucedidos en nuestro país, como el del perímetro fronterizo de Melilla, en junio de 2022, que fue objeto de análisis y recomendaciones, o los hechos que motivaron la actuación de oficio ante el CNI el mismo año, sobre la utilización de las herramientas de software Pegasus y la reflexión necesaria sobre la suficiencia o insuficiencia del control judicial existente ahora y en lo por venir.

Las amenazas al bienestar y a los derechos humanos no se limitan al ámbito geopolítico. Los avances tecnológicos, además de incrementar nuestro bienestar, no están exentos de riesgo. Por eso, en un tiempo en el que no abundan los consensos quisiera mencionar que el pasado 21 de marzo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por aclamación una resolución sobre los sistemas de inteligencia artificial en la que los Estados se comprometen a no utilizar los sistemas de inteligencia artificial que no puedan funcionar de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos o que planteen riesgos indebidos para el disfrute de los mismos.

Señorías, la pobreza es la gran exclusión. La reducción de la desigualdad ha de ser un objetivo prioritario del conjunto de los poderes públicos, para dar servicios también a las personas más vulnerables. De ahí la importancia que concede esta institución al seguimiento de las ayudas y rentas autonómicas o municipales, la lucha contra el sinhogarismo o el ingreso mínimo vital, sobre el que hemos recibido alrededor de 1000 quejas solo en 2023, especialmente por retrasos para la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en el modo de acreditar el cumplimiento de los requisitos. Venimos planteando a la Seguridad Social la conveniencia de impulsar algunos cambios en la ley y una revisión en conjunto de la gestión de esta prestación, dando más protagonismo a los servicios sociales. Es necesario trabajar para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos que tenga en cuenta el conjunto de prestaciones asistenciales, un sistema estable y cohesionado que articule la acción de todas las Administraciones públicas en este deber social de lucha contra la desigualdad.

Consideramos prioritario atender a los menores en situación de riesgo. En este sentido, en 2023, hemos reabierto las actuaciones iniciadas en 2021 respecto a los menores llegados a Ceuta tras confirmar el Tribunal Supremo que estas devoluciones fueron ilegales por la absoluta inobservancia de lo previsto en la ley de extranjería. En 2023, el aumento de las llegadas de menores migrantes ha supuesto un reto para el sistema de protección de menores canario, llegando a rozar a finales del año pasado la cifra de 5000 menores no acompañados. Hay que buscar soluciones consensuadas y estables para que las comunidades autónomas —‌todas las comunidades autónomas— colaboren en la acogida de estos menores. Son necesarias infraestructuras adecuadas y personal especializado para la identificación, acogida e integración de estos menores. Los hay peticionarios de asilo o posibles víctimas de trata, y se precisa revisar el protocolo en caso de la minoría de edad dudosa. Se necesita explorar lo contemplado en el artículo 35.11 de la ley de extranjería realizando convenios con entidades especializadas. Ya en 2022 llamamos la atención sobre las declaraciones de desamparo de menores si conllevan la retirada de la tutela. Esta cuestión fue objeto de análisis en la última reunión de coordinación de defensores del pueblo y coincidimos en que una pronta intervención desde los servicios sociales de base puede ser muy eficaz para detectar situaciones de riesgo, intervenir y reducir así el número de retiradas de tutela. Insistimos en que se incrementen los medios para el acogimiento familiar de estos niños y niñas frente a la permanencia en instituciones. La saturación de los servicios de salud mental dedicados a los niños y adolescentes se debe principalmente a la escasa disponibilidad de profesionales. Los retrasos, y no solo para la primera consulta de psiquiatría o psicología, resultan vitales en estas especialidades sanitarias.

Tristemente, cabe destacar de nuevo la gravedad de la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria. La persistencia de esta forma de violencia y la complejidad para abordarla exigen la cooperación de muy diversas instancias públicas. Hemos subrayado estos años las posibilidades de mejora, como el concepto de víctima y su acreditación, que debe ser ágil y sencilla, la actuación policial, la adecuada formación y sensibilidad de cuántos trabajan cerca de las víctimas, el papel de los puntos de encuentro familiar o el de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados. Todo esto ha sido objeto de análisis y de numerosas recomendaciones. Nuestra institución va a elaborar un informe singular sobre la violencia vicaria.

La justicia, como servicio público, es el ámbito que más quejas ciudadanas suscitó en 2023. De especial preocupación son las demoras —‌en particular, en el orden jurisdiccional social—, por afectar muchas veces a personas en situaciones de vulnerabilidad, por lo que invocamos la diligencia debida. Las quejas revelan que la planta judicial es insuficiente para atender las necesidades existentes. Cuando esto sucede, formulamos recomendaciones. Es el caso, por ejemplo, de la creación de un nuevo juzgado para reforzar el de Primera Instancia 101 bis de Madrid, o de un nuevo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en Paterna, Valencia. Otras veces, las recomendaciones o sugerencias se orientan a solicitar medidas de refuerzo de personal. También se ha instado al Consejo General del Poder Judicial para que supervise el empleo de medidas especiales de agilización en el orden contencioso-administrativo previstas para supuestos de litigación en masa.

Se mantiene un incremento sensible de quejas sobre nacionalidad y otros asuntos del Registro Civil. Reconocemos los esfuerzos que se vienen desarrollando para implantar un nuevo modelo de Registro Civil único y electrónico en 2025, pero continuaremos insistiendo hasta que sea posible cumplir los plazos legales.

En 2023, las personas extranjeras residentes regulares en España superaron los seis millones. Además, se recibieron 163 218 nuevas solicitudes de protección internacional, la mayor cifra desde que se recogen estos datos.

Hoy son varios los retos que compartimos en la Unión Europea: el impacto de la inestabilidad mundial en el sistema de protección internacional, la regulación de la migración legal en una Europa envejecida y la gestión de llegadas irregulares. Insistimos en que se revise el sistema de protección internacional en lo relativo a las dificultades de acceso al mismo y la demora en la tramitación de las solicitudes. Se debe procurar la integración de los distintos organismos involucrados. La respuesta ofrecida a la crisis humanitaria provocada por la guerra de Ucrania ha sido un ejemplo de coordinación que debería ser replicado en la política migratoria y de protección internacional. La apuesta europea por favorecer una migración legal ordenada y segura debe llevarnos a reforzar los medios y la coordinación de las oficinas de Extranjería y los consulados, y sigue siendo un desafío identificar con mayor agilidad a las personas que tienen necesidad de protección internacional de entre las que intentan acceder a Europa de forma irregular.

Tras los incidentes acaecidos en el perímetro fronterizo de Melilla en 2022, se realizaron varias actuaciones. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria aceptó una recomendación del Defensor del Pueblo para que en lo sucesivo se facilite la identificación de las lesiones que puedan ser compatibles con presuntos delitos y que se remitan los partes médicos al juzgado de guardia. Por otra parte, se concluyeron con diferencia de criterio las actuaciones con el Ministerio del Interior, así como las abiertas con la Fiscalía General del Estado relativas a los rechazos en frontera.

Se mantiene el seguimiento de la recomendación al Ministerio de Asuntos Exteriores para que se refuercen los medios materiales y humanos de los consulados en Marruecos, a fin de garantizar que las personas con necesidades de protección internacional puedan tramitar sus visados sin tener que arriesgar sus vidas ni utilizar vías irregulares de entrada. Según la Organización Internacional de Migraciones, el número de personas fallecidas o desaparecidas en la frontera sur de Europa, en el tránsito migratorio en las aguas del Mediterráneo o del Atlántico, se incrementó en 2023 en un 35 % respecto al año anterior, alcanzando a cerca de cuatro mil personas. Se formularon recomendaciones a la Secretaría de Estado de Seguridad para dar respuesta a los familiares que deseen denunciar desaparecidos o identificar a sus allegados, recomendaciones que fueron aceptadas parcialmente, y los protocolos al respecto son actualmente objeto de consideración.

En estos dos años se ha prestado particular atención a la situación provocada en Canarias por el aumento de llegadas irregulares, casi cuarenta mil en 2023. Si bien en el año 2021, a través del Plan Canarias, se adecuaron las infraestructuras para la acogida en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, el cambio de rutas ha generado la necesidad de reforzar las instalaciones en El Hierro y Lanzarote, y el esfuerzo ha sido notable. En 2023 los traslados a la Península se intensificaron, por lo que las quejas se refirieron a los recursos de acogida y a la existencia de posibles menores de edad que no habían sido correctamente identificados. La gestión de la acogida de aquellas personas que por diversos motivos no pueden ser expulsadas o devueltas sigue siendo un reto. La supervisión permanente de los centros de internamiento de extranjeros, CIE, y sus condiciones nos ha permitido identificar las carencias más significativas, de las que se da puntual traslado tanto a la Administración como a la Fiscalía. Nos preocupa la dificultad de practicar pruebas de manera anticipada, ya que la mayoría de esos procedimientos son archivados al haberse materializado la expulsión e insistimos en explorar alternativas a estos centros que han de considerarse siempre como último recurso.

En lo relativo a las salas de rechazados y solicitantes de protección internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, objeto de numerosas actuaciones, visitas y resoluciones en estos dos últimos años, persistieron los problemas de acondicionamiento, gestión y, lo que es más grave, el cumplimiento de los plazos de formalización de las solicitudes de protección internacional, aunque bien sabemos que gran parte de esto se ha afrontado más recientemente.

En 2023 se cumplió un año de la publicación de la Ley 15/2022, de 12 de julio, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Hemos analizado su impacto en colectivos como las personas migrantes, personas con discapacidad, la comunidad gitana o el colectivo LGTBI. Se ha actuado frente a la discriminación de personas también con enfermedades mentales en el acceso al empleo. Por ejemplo, Renfe ha reconsiderado su posición y ha aceptado nuestra recomendación de revisar la enfermedad mental como causa de exclusión en el empleo, facilitando el ingreso de un trabajador excluido por esa razón tras haber superado las pruebas selectivas. Otra preocupación es la infradenuncia, pues cualquier obstáculo para la interposición de una denuncia desincentiva a las presuntas víctimas, por lo que se ha hecho una recomendación a la Dirección General de la Policía al respecto.

Señorías, la digitalización de los procesos escolares de admisión es un sistema eficaz, pero puede ser también un obstáculo para quienes carecen de medios o destrezas digitales o se encuentren en situación administrativa singular. Tras las actuaciones de oficio iniciadas, las administraciones educativas han incorporado la atención presencial y han modificado la normativa de admisión y los formularios. En los informes de 2022 y anteriores se viene incidiendo en la insuficiencia de plazas y la necesidad de tender a la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, lo que ha merecido un tratamiento específico en el informe. En el año 2023 se constata un mayor esfuerzo de las comunidades autónomas, pero en la mayoría la oferta es aún insuficiente.

En 2023 se iniciaron actuaciones de oficio sobre la adaptación de los centros docentes a las temperaturas extremas. Los informes recibidos reflejan administraciones con protocolos muy elaborados, por ejemplo en Andalucía, y otras con escasas previsiones o pendientes de aprobar. Se constata una buena actitud en este asunto, pero con carácter general la planificación de las medidas es insuficiente.

Por otro lado, en el ámbito del alumnado con necesidades educativas especiales, en general disponen de los servicios de orientación y apoyo educativo necesarios. La Administración procura, siempre manteniendo buena comunicación con los poderes, con los padres y dentro de las posibilidades reales, escolarizar al alumnado en régimen ordinario. Ya conocen que la decisión sobre la modalidad de escolarización —c‌ entro ordinario o unidades o centros de educación especial— se adopta por equipos técnicos especializados, decisión que se debe motivar sólidamente en el interés superior del menor. No obstante, se precisan mejores procedimientos para resolver discrepancias que pueden surgir al respecto entre las administraciones y los padres, madres o tutores legales.

Seguimos observando algunas dificultades para prestar atención sanitaria a los alumnos con enfermedades crónicas, fundamentalmente los insulinodependientes que por su edad no tienen autonomía para realizar controles de glucosa y administrarse la insulina. La razón es claramente estructural: la falta de personal sanitario en los centros educativos. Insistimos en que es necesaria una mayor colaboración al respecto para buscar solución entre la administraciones educativa y sanitaria.

En el año 2023 se han producido algunos graves casos de violencia escolar, incluidas agresiones sexuales de menores de 14 años. Las actuaciones iniciadas han permitido constatar que todas las comunidades autónomas tienen protocolos de actuación; no obstante, resulta fundamental dotar de recursos a los equipos de orientación y desarrollar adecuadamente la figura que está prevista en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la LOPIVI. Hay que desarrollar adecuadamente la figura del coordinador de bienestar.

Las comunidades autónomas han aumentado en 2022 y 2023 las partidas presupuestarias para becas de comedor, pero en ocasiones los umbrales de renta definidos no contribuyen a compensar las desigualdades de los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables.

En el año 2022 se aprobó un nuevo procedimiento para simplificar la tramitación de las homologaciones de títulos académicos extranjeros, pero este es un problema de gran envergadura. Durante los nueve primeros meses de 2023, se reforzó el equipo responsable de estos procedimientos con 64 nuevos trabajadores. No obstante, al finalizar las contrataciones continuaban pendientes 74 868 expedientes. La cifra aumenta, pues cada mes se presentan nuevas solicitudes. En todo caso, en 2023 recibimos en torno a un millar de quejas por este tema. Estos retrasos tienen una enorme incidencia en los proyectos vitales de aquellas personas que quieren aportar su talento y su formación adquirida en otros lugares a nuestro país. Somos bien conscientes de lo que es, de lo que significa, de lo difícil, del alcance de las decisiones, pero son vidas enteras de personas en espera que han hecho sus estudios y están años entre nosotros sin poder siquiera ejercer su profesión.

Respecto al uso de la lengua catalana en el ámbito educativo, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 2022 sobre el 25 % de enseñanza en castellano, se promulgó, como saben sus señorías, un decreto de la Generalitat y la ley que aprobó en junio de aquel año el Parlament subrayó que el catalán es vehicular y que el uso del castellano quedaría determinado por los centros educativos y sus proyectos lingüísticos. Dicho tribunal planteó una cuestión de constitucionalidad sobre la ley de lenguas. El Constitucional todavía no se ha pronunciado. Mientras, lo que nosotros hemos hecho es recordar la sentencia ante las quejas concretas recibidas.

En 2022 solicitamos al Consejo Superior de Deportes que se promoviera la suscripción de un convenio con las aseguradoras con motivo de accidentes deportivos. Asimismo, en 2023 formulamos una recomendación al Ministerio de Cultura y Deporte —‌ahora Ministerio de Educación y Deporte— con la finalidad de que se exprese con claridad el derecho de los extranjeros sin autorización administrativa, incluidos los menores de edad, a la práctica de deportes federados a partir de la Ley del Deporte. En esta línea, se ha cuestionado la exigencia en el reglamento de la Federación de Fútbol de la acreditación de la residencia legal para la inscripción de menores de edad en el ámbito del fútbol aficionado. Nos consta que el Consejo Superior de Deportes se ha dirigido a todas las federaciones recordando la obligación de expedir esas licencias.

En 2023 realizamos varias actuaciones por las dificultades para acceder a los servicios bancarios que siguen encontrando las personas mayores, la población en zonas rurales, los ciudadanos extranjeros y las personas con discapacidad, lo que se ha dado en denominar exclusión financiera. Toda la labor realizada y las propuestas al respecto están recogidas en un informe sobre los retos de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables, recientemente editado y publicado por el Defensor del Pueblo, que está disponible en nuestra página web. Se ha incrementado el número de quejas relacionadas con el suministro eléctrico, ya sea por los cortes asociados a usos fraudulentos o por situaciones excepcionales, como la de la Cañada Real Galiana, sobre la que es imprescindible una solución inmediata y urgente, lo que no impide la ejecución de un plan de más alcance, que sabemos que se está buscando y algunos acuerdos importantes han tenido lugar.

También han suscitado numerosas quejas los retrasos en el bono social térmico. Asimismo, nos hemos interesado por los pacientes electrodependientes, cerca de tres millones de personas en España, que requieren tener vitalmente garantizado el acceso al suministro eléctrico. Vitalmente garantizado. Se ha recomendado a la Secretaría de Estado de Energía que se les tenga en cuenta en el desarrollo normativo aún pendiente.

Señorías, los problemas de acceso a la atención sanitaria primaria que afrontan las comunidades autónomas son diferentes en función del territorio. En algunas comunidades con menos población y dispersión territorial la queja más frecuente es la supresión de servicios y centros sanitarios, mientras que otras, con más densidad de población, denuncian importantes retrasos para ser atendidos y el escaso tiempo que se dedica a los pacientes, lo cual lastra la calidad del trabajo de los profesionales sanitarios y amenaza su salud laboral. Un elemento común es la dificultad de los servicios públicos de salud para incorporar y retener a más profesionales sanitarios de Atención Primaria y a pediatras. Son necesarias una mayor inversión y medidas que permitan la efectiva reposición de las plazas vacantes.

Con relación al momento anterior a la pandemia de COVID, las listas de espera se han incrementado, según los datos que nos facilitan las consejerías de Sanidad, y aumenta a un mayor ritmo el número de quejas al Defensor del Pueblo: en 2023 más que duplican las de 2021. En 2023 hemos impulsado una nueva actividad de supervisión directa de los centros residenciales. El principal objetivo es conocer los pasos concretos que dan las administraciones para cambiar el modelo de atención residencial hacia un modelo, como siempre decimos, centrado en la persona, su dignidad y sus derechos, a fin de responder a las necesidades de las personas mayores, grandes dependientes y personas con discapacidad, incluidas aquellas con problemas de salud mental. Se hace necesario incrementar la oferta de plazas y el personal, así como favorecer la mejora de su formación, establecer un control más estricto de todos los centros y adoptar los protocolos que inciden en las condiciones de vida de los residentes.

En 2023 las quejas relacionadas con la falta de atención presencial en las oficinas de la Seguridad Social, también en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal —‌SEPE—, han disminuido considerablemente respecto a 2022, si bien queda mucho por hacer. Conocemos que el procedimiento para la valoración de la discapacidad se encuentra muy saturado en varias comunidades autónomas; desde la solicitud hasta la resolución pueden transcurrir más de dos años, con la consecuente barrera de acceso a diferentes ayudas sociales o beneficios fiscales, también para la inserción laboral. Asimismo, existen quejas por otros retrasos en la tramitación de expedientes menos masivos, como el reconocimiento de familia numerosa.

Las grandes dificultades de acceso a la vivienda para los jóvenes, las familias monoparentales, las familias numerosas y las personas mayores —‌sobre todo mujeres con bajos ingresos— se recogen en numerosas quejas. A los elevados precios en el mercado libre se añade que el parque de viviendas protegidas y de viviendas sociales es muy reducido, por lo que es extremadamente difícil acceder a una vivienda a través de los procedimientos establecidos en las comunidades autónomas y municipios. Continuamos solicitando a todas las administraciones que se incrementen y se optimicen los recursos existentes. Seguimos con atención el despliegue de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, que introduce mecanismos para la prórroga obligatoria y la limitación de los precios de alquiler, además de fijar límites a la actualización anual de la renta, con diferentes alcances si se trata de pequeños o de grandes tenedores de vivienda, y siempre que se ubique en una zona declarada tensionada, lo cual debe solicitar la comunidad autónoma, algo que hasta ahora solo ha hecho Cataluña. Consideramos que la baremación es el método de valoración más objetivo, justo y razonable para la selección de la persona adjudicada y así se lo hemos hecho saber a distintas administraciones, a Castilla-La Mancha y al

Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo. La gestión del bono de alquiler joven no es apropiada en varias comunidades y muchos beneficiarios aún no la habían recibido varios meses después de su solicitud.

El abuso de la temporalidad en el empleo público ha sido una práctica generalizada, objeto de reproche por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los procesos de estabilización de empleo tramitados para poner fin a esta situación, al amparo de la Ley 20/2021, de medidas urgentes para la resolución de la temporalidad en el empleo público, deberían estar finalizados antes del 31 de diciembre de 2024, y han generado algunas quejas. También hemos recomendado a varias administraciones que incluyan en las convocatorias de plaza por concurso la preceptiva reserva para personas con discapacidad. Merece especial mención la situación del personal estatutario de los servicios de salud, que viene trabajando durante años en situación de precariedad.

Señorías, las quejas de temas ambientales versaron sobre agresiones al litoral, vertidos, contaminación y concesiones de aguas, afecciones a los montes y a los espacios naturales protegidos, la gestión de residuos y diversas afecciones a la fauna, en particular a las aves. La contaminación atmosférica y la lucha contra el cambio climático fueron también objeto de distintas actuaciones. El Defensor del Pueblo culminó en 2023 las actuaciones de oficio iniciadas con las administraciones competentes en prevención y extinción de incendios, llegando a la conclusión de que el grado de implantación de las medidas legales adoptadas necesita un impulso más decidido. En 2022 iniciamos actuaciones en relación con el censo de instalaciones y el calendario de retirada del amianto, contemplado en la ley de residuos. Se ha detectado un significativo y preocupante retraso.

Recibimos todos los años cientos de quejas por las insuficientes medidas de las administraciones por el ruido y las molestias provenientes de los locales de hostelería y ocio; en concreto, las terrazas son un foco importante de las mismas. En este sentido, se han iniciado actuaciones con varios ayuntamientos.

Como es habitual cada año, fue objeto de queja la deficiente prestación de servicios públicos locales de carácter básico y obligatorio, como el alumbrado público, el abastecimiento de agua potable o el alcantarillado, así como algunas dificultades referidas al empadronamiento. Y en relación con los distintos medios de transporte público, la falta de accesibilidad para personas con discapacidad, especialmente en el ferrocarril, las incidencias en los servicios de cercanías, singularmente en Madrid y Barcelona, con repercusión muy importante para los usuarios —‌lo cual no habla de la cantidad, sino de la repercusión en los usuarios—, y las cuestiones relativas a los viajes efectuados por menores han sido objeto de análisis tras diversas actuaciones.

En la gestión del IRPF destacan algunas quejas sobre exenciones, especialmente de las ayudas que perciben los colectivos en riesgo de exclusión social. En el ámbito de las haciendas locales, son el IBI y las plusvalías los asuntos de mayor preocupación para los ciudadanos. Esta institución estimó que la exigencia de que únicamente las escuelas infantiles que contasen con autorización de la Administración educativa justificasen la aplicación de la deducción por maternidad excedía lo previsto en la norma, como ha confirmado el Tribunal Supremo.

En el ámbito internacional, la institución ha actuado en su triple condición de Defensor del Pueblo, de Institución Nacional de Derechos Humanos y de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, MNP, manteniendo un diálogo constante con diversos actores internacionales. Ofrecemos asistencia técnica a otras instituciones homólogas, facilitamos el seguimiento periódico de las organizaciones internacionales sobre los derechos humanos en España e intervenimos en los foros de referencia. Además, la institución ha participado tanto en 2022 como en 2023 en las consultas sobre el informe del Estado de derecho de la Unión Europea y en los ciclos de revisión del Estado ante la ONU. En 2023 contribuimos al séptimo informe periódico de España al Comité de los Derechos del Niño y presentamos informes complementarios al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y al Comité contra la Tortura.

En 2023 iniciamos el proceso de reacreditación del Defensor del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos de clase A ante Naciones Unidas. Acaba de culminar recientemente —‌estos días hemos recibido la comunicación— una vez más el proceso con dicha acreditación para el Defensor del Pueblo.

La unidad del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura realizó un total de 113 actas de visitas a lugares de privación de libertad que dieron lugar a 1513 resoluciones. El MNP desarrolla visitas de carácter general y otras con enfoque temático: enfoque de género, enfoque sobre la discapacidad y enfoque sobre la salud mental —e‌ stamos hablando de personas con privación de libertad—. El MNP también realiza visitas encuadradas en proyectos específicos: fallecimientos en prisión, personas mayores o efectos de la privación de libertad de larga duración. En los informes se constatan algunos avances en lo relativo a las contenciones mecánicas y se ha producido una disminución en la aplicación de inmovilización con correas. Hay mejoras también en lo que respecta a la atención a las mujeres embarazadas y a las mujeres con problemas de salud mental. Y también cabe destacar una aceptación mayoritaria de las sugerencias y recomendaciones realizadas tanto en el seno del programa transversal sobre salud mental como del programa transversal sobre discapacidad. Al respecto, ustedes encontrarán en la página web los informes completos del MNP relativos al año 2022, que son 120 páginas, y a 2023, que son 131 páginas.

Asimismo, quisiera subrayar los trabajos de la comisión asesora sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos iniciados en 2022, que han dado cumplimiento a la encomienda del Congreso de los Diputados para realizar un informe en este sentido, el cual fue registrado y entregado a la presidenta del Congreso el 27 de octubre de 2023 y está pendiente de ser debatido en Pleno, un informe de 777 páginas más sus correspondientes anexos. Además de ofrecer un análisis de múltiples aspectos del asunto, subraya asimismo los factores de riesgo y las consecuencias de estos abusos, expone las respuestas que ha dado la Iglesia católica y cómo se ha abordado la cuestión por parte de los poderes públicos. Subrayo que el núcleo del trabajo presentado está enfocado a lo que verdaderamente es decisivo, a la atención central a las víctimas y a dar respuesta a las mismas recogiendo sus testimonios personales, y se concreta en veinticuatro recomendaciones. Tras la presentación del informe, hasta el día de ayer, 22 de mayo, se han registrado 223 solicitudes de nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. De ellos se han considerado válidos 129 testimonios.

Señorías, concluyo ya. En definitiva, los informes anuales son una aproximación, y no pocas veces una constatación, de cuál es la experiencia de los ciudadanos y cómo se sienten ante las actuaciones, decisiones y omisiones de las diversas administraciones y hasta qué punto afectan a sus derechos fundamentales. Esperamos contribuir así, siempre desde la mediación, a través de la conciliación de las distintas posiciones, con la debida argumentación, a la protección de estos derechos. Con esto, y con todo mi respeto, doy cuenta de mi comparecencia ante sus señorías, que responde a lo que nos reclama la ley.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Senyories, presidenta, gràcies. Bé, vagi per endavant que, com sap molt bé el senyor Gabilondo, les catalanes i els catalans tenim el nostre propi Defensor del Poble: el Síndic de Greuges —e‌ n aquest cas la síndica—. Per tant, és el Síndic de Greuges a qui reconeixem, en tot cas. Malauradament, en molts casos seguim depenent de decisions del Govern espanyol o, si parlem d’esport, de les federacions espanyoles, i és per això que no hem volgut desaprofitar aquesta finestra d’oportunitat per tornar a denunciar un cas que considerem flagrant. Hi ha un tema, com dic, del que se n’ha ocupat el Defensor del Poble —i‌ també ho ha fet el president del CSD, Rodríguez Uribes—, però malauradament sense proposar solucions que vagin més enllà de la mera gesticulació, i els explicaré per què. Em refereixo a la discriminació que pateixen molts menors extracomunitaris als que se’ls impedeix competir amb llicència federativa. Un problema especialment escandalós quan parlem de futbol. Clarament, a l’Estat espanyol pesa més la normativa FIFA que els drets del menor. Insisteixo, a l’Estat espanyol pesa més la normativa FIFA que els drets dels menors estrangers extracomunitaris. En la tramitació de la llei espanyola de l’esport, Junts va denunciar aquesta situació de desprotecció dels menors estrangers. Vàrem presentar una esmena perquè es ponderés en tot moment el seu dret a la pràctica esportiva recreativa com a forma d’inclusió social, facilitant la tramitació de les llicències federatives amb l’únic requisit que el menor estigui en situació regular. S’ha de dir que, a Junts, entenem que aquesta situació hauria d’estar garantida sempre, és a dir, que tot menor ha de ser considerat regular quan es tracta de fer prevaldre el seu interès superior. Han de tenir l’oportunitat de jugar amb els altres nens, amb les altres nenes o adolescents de la seva edat. De fet, en el projecte de llei de famílies es diu que els menors estrangers en situació irregular podran tenir un document d’identitat com estrangers, amb la qual cosa es resoldria el problema dels papers. Malauradament, la nostra esmena a la Llei de l’Esport no va prosperar en els seus termes, i la llei espanyola estableix que el dret dels menors estrangers, quan es tracta de competir amb llicència, està supeditat a la normativa federativa nacional i internacional aplicable. És a dir, la llei espanyola facilita que les federacions internacionals, que són entitats privades, com és el cas de la FIFA, amb seu a Suïssa, limitin els drets dels menors extracomunitaris que arriben a l’Estat. Una genuflexió normativa en tota regla.

Després de veure tot el que ha passat amb l’escàndol dins la Reial Federació Espanyola de Futbol i les amenaces de la FIFA d’expulsar els clubs de futbol espanyol de les competicions europees si hi ha interferències en l’elecció del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol, interferències per part del CSD, comencem a entendre retroactivament aquesta genuflexió de la llei espanyola davant els interessos de la FIFA. Els van amenaçar aleshores, quan estava tramitant-se la llei de l’esport, potser amb deixar-los fora del Mundial? És això? Perquè això seria molt greu. Però com s’explica si no que, en el passat, el CSD intervingués en un munt de casos, obligant les federacions a concedir llicència a un determinat menor i, en canvi, es permeti que la Llei de l’Esport vulneri els drets del menor? Estem parlant de casos en els que es va facilitar la llicència: març del 2016, desembre del 2018, gener del 2021, maig del 2021. S’està discriminant els menors per raó de la seva nacionalitat. Se’ls nega el seu dret al joc, a les activitats recreatives pròpies de la seva edat, així com el seu dret a l’educació. Perquè si van a estudiar, per exemple, a Catalunya, només podran jugar federats el primer any. El segon any no se’ls permetrà, perquè el reglament de la FIFA ho prohibeix. Se’ls retirarà la llicència, per no parlar de la vulneració del seu dret d’associació.

Tots aquests drets són recollits a la Convenció sobre els Drets del Nen de Nacions Unides, ratificada per Espanya el 1990, però també a la Carta Europea dels Drets del Nen de 1992. Drets que estan imbricats a la legislació estatal, però també a l’Estatut de Catalunya, o a les lleis de protecció del menor sortides del Parlament. Sabem, però, que els nens, les nenes o els adolescents no entenen de lleis ni de drets. Com se li explica a un nen, a una nena, a un adolescent, que no pot competir al costat dels seus companys i amics perquè és estranger? Com se’l protegeix del dany psicològic que representa haver de veure i viure els partits des de la grada, apartat del grup, quan no ha fet res per merèixer aquesta situació? Quina manera és aquesta de fomentar la vida saludable que tenen dret a tenir? Com pot ser que el món dels adults ignori les seves necessitats físiques i mentals?

A mitjans d’abril li vaig preguntar al president del CSD què pensava fer en defensa dels drets d’aquests menors extracomunitaris que venen a estudiar, a vegades amb els seus pares, o d’aquells que estan demanant asil polític, protecció internacional. Rodríguez Uribes ens va contestar que s’havia reunit amb el Defensor del Poble i que havia enviat una carta a la Reial Federació Espanyola de Futbol recordant que primer estan els drets del menor i, després, el que digui la normativa federativa internacional. Per tant, defensant que només s’actuï quan hi hagi un cas flagrant de cosificació de tràfic de menors esportistes per part de les màfies que s’hi dediquen. Però saben què ha passat? Saben què ha passat amb aquesta carta? Em diuen que la Reial Federació Espanyola de Futbol no ha reenviat aquesta carta a les federacions autonòmiques perquè no volen fer res en contra dels interessos de la UEFA o de la FIFA. Pregunto de nou: els han amenaçat amb alguna acció, com per exemple posar en risc el Mundial de Futbol d’Espanya si no s’aplica la normativa FIFA?

Més enllà de les bones intencions epistolars i de les gesticulacions, què pensen fer? Canviaran la Llei de l’Esport per adaptar la normativa a la defensa de l’interès superior del menor? Perquè, si no es canvia la llei, deixen els nens i els joves a la graderia i els clubs entre l’espasa i la paret. Alguns han patit sancions, atenció, de fins a 40 000 euros. Perquè si no es canvia la llei en aplicació del dret internacional, poden fins i tot haver-hi conseqüències civils, pel dany psicològic causat als menors, o penals sobre aquells que hagin negat la llicència al menor. I perquè amb els nens, les nenes i els adolescents no s’hi juga.

Señorías, presidenta, muchas gracias. De antemano, diré que, como sabe muy bien el señor Gabilondo, las catalanas y los catalanes tenemos nuestro propio Defensor del Pueblo, el Síndic de Greuges, en este caso la síndica. Por tanto, es al Síndic de Greuges a quien reconocemos. Desgraciadamente, en muchos casos seguimos dependiendo de las decisiones del Gobierno español o, si hablamos de deporte, de las federaciones españolas, y por eso no hemos querido desaprovechar esta oportunidad para volver a denunciar un caso que consideramos flagrante. Hay un tema, como digo, del que se ha ocupado el Defensor del Pueblo —t‌ambién lo ha hecho el presidente del CSD, Rodríguez Uribes—, pero sin proponer soluciones que vayan más allá de la mera gesticulación, y les voy a explicar por qué. Me refiero a la discriminación que sufren muchos menores extracomunitarios, a los que se impide competir con licencia federativa, un problema especialmente escandaloso cuando hablamos de fútbol. Claramente, en el Estado español pesa más la normativa FIFA que los derechos del menor. Insisto, en el Estado español pesa más la normativa FIFA que los derechos de los menores extranjeros extracomunitarios.

En la tramitación de la ley española del deporte Junts denunció esa situación de desprotección de los menores extranjeros y presentamos una enmienda para que se ponderara en todo momento su derecho a la práctica deportiva recreativa como forma de inclusión social, facilitando la tramitación de las licencias federativas con el único requisito de que los menores estén en situación regular. En Junts entendemos que esta situación siempre debería estar garantizada, es decir, que todo menor tiene que ser considerado regular cuanto se trata de que prevalezca su interés superior. Tienen que contar con la oportunidad de jugar con otros niños, con otras niñas o con adolescentes de su edad. En el proyecto de ley de familias se establece que los menores extranjeros en situación irregular podrán tener un documento de identidad como extranjeros, con lo cual se resolvería el problema de los papeles. Desgraciadamente, nuestra enmienda a la Ley del Deporte no prosperó en sus términos, y la ley española establece que el derecho de los menores extranjeros cuando se trata de competir con licencia está supeditado a la normativa federativa nacional e internacional aplicable. Es decir, la ley española facilita que las federaciones internacionales, que son entidades privadas, como es el caso de la FIFA, con sede en Suiza, limiten los derechos de los menores extracomunitarios que llegan al Estado; una genuflexión normativa en toda regla. Después de ver todo el escándalo que ha pasado en la Federación Española y en la FIFA, de expulsar de los partidos si hay interferencias por parte del CSD, empezamos a entender de manera retroactiva esta genuflexión de la ley española ante los intereses de la FIFA. ¿Se amenazó cuando se estaba tramitando la Ley del Deporte, quizá con dejarlos fuera del mundial? ¿Es así? Porque sería muy grave. ¿Y cómo se explica que interviniera en una gran cantidad de casos obligando a conceder licencias a determinados menores, pero se vulnera el derecho de dos menores? Estamos hablando de mayo de 2021. Se está discriminando a los menores por razón de su nacionalidad. Se les niega su derecho al juego y a las actividades recreativas propias de su edad, así como el derecho a la educación, porque si van a estudiar a Cataluña, por ejemplo, solo podrán jugar federados el primer año. El segundo año no se les va a permitir porque el reglamento de la FIFA lo prohíbe —s‌ e les retirará la licencia—, por no hablar de la vulneración de su derecho de asociación.

Todos estos derechos están recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por España en 1990, y en la Carta Europea de los Derechos del Niño, de 1992, derechos imbricados en la legislación estatal, pero también en el Estatut de Cataluña o en las leyes de protección del menor. Sabemos que los niños, las niñas y los adolescentes no entienden ni de leyes ni de derechos. ¿Cómo se le explica a un niño, a una niña o a un adolescente que no puede competir al lado de sus compañeros y amigos porque es extranjero? ¿Cómo se le protege del daño psicológico que representa tener que ver y vivir los partidos desde la grada, apartado del grupo, cuando no ha hecho nada para merecer esta situación? ¿Qué forma es esta de fomentar la vida saludable a la que tienen derecho? ¿Cómo puede ser que el mundo de los adultos ignore sus necesidades físicas y mentales?

A mediados de abril pregunté al presidente del CSD qué pensaba hacer en defensa de los derechos de estos menores extracomunitarios que vienen a estudiar, a veces con sus padres, o de aquellos que solicitan asilo político, protección internacional. Rodríguez Uribes nos dijo que se reunió con el Defensor del Pueblo y que había enviado una carta a la Federación Española de Fútbol recordando que primero están los derechos del menor y después lo que establezca la normativa federativa internacional; por tanto, defendiendo que solo se actúe cuando se produzca un caso flagrante de cosificación de tráfico de menores deportistas por parte de las mafias que se dedican a ello. ¿Pero saben qué ha pasado con esta carta? Pues dicen que la Real Federación Española de Fútbol no ha reenviado esa carta a las federaciones autonómicas porque no quieren hacer nada en contra de los derechos de los intereses de la UEFA y de la FIFA. Vuelvo a preguntar: ¿les han amenazado con alguna acción, como, por ejemplo, poner en riesgo el Mundial de Fútbol en España si no se aplica la normativa de la FIFA?

Más allá de las buenas intenciones epistolares y de las gesticulaciones, ¿qué quieren hacer? ¿Cambiarán la Ley del Deporte para adaptarla a la defensa del interés superior del menor? Porque, si no se cambia la ley, dejan a los niños y a los jóvenes en las gradas y a los clubes entre la espada y la pared. Algunos han sufrido sanciones de —¡atención!— más de 40 000 euros. Porque, si no se cambia la ley en aplicación del derecho internacional, puede haber consecuencias civiles por el daño psicológico causado a los menores o penales sobre aquellos que hayan negado la licencia a un menor. Con los niños y las niñas y con los adolescentes no se juega.

En el Grupo Parlamentario SUMAR agradecemos al equipo del Defensor del Pueblo, con el señor Gabilondo al frente, su trabajo en la elaboración de estos informes, que entendemos que son un instrumento esencial en democracia porque, al recopilar y analizar los datos de vulneración de derechos, señalan dónde se encuentran las deficiencias en su protección y promoción, y esto es particularmente importante en relación con colectivos más vulnerables, como personas con discapacidad, migrantes, personas LGTBIQ+, víctimas de violencia de género, menores y mayores, entre otros. De entre estos colectivos, hay dos que se están viendo afectados especialmente por la ola de odio al diferente que recorre España y que recorre Europa: las personas LGTBIQ+ y las personas migrantes. Así, el Informe Anual 2023 del Defensor del Pueblo pone de manifiesto la persistencia de una discriminación muy evidente que afecta a las personas LGTBIQ+ en diversos ámbitos: laboral, educativo y social. Señorías, tres de cada diez personas LGTBI manifiesta haber sufrido agresiones verbales en el trabajo; un 78 % chistes y rumores sobre la orientación o la identidad sexual y un 52 % dice haber sido directamente objeto de insultos. Esto, que sin duda son manifestaciones de acoso en el ámbito laboral, acoso discriminatorio, hace que siete de cada diez personas consideren que ser LGTBI es un inconveniente para buscar empleo. Y no solo eso, sino que cuatro de cada diez entienden que deben ocultar su orientación o su identidad sexual en el trabajo. Por desgracia, como vemos, los datos no hacen más que certificar la cantidad de trabajo que tenemos por delante para garantizar una integración real de las personas LGTBI. Por eso, debemos saludar el inminente acuerdo en la mesa de diálogo social del Ministerio de Trabajo para regular los planes LGTBIQ+ en las empresas, que buscan, precisamente, fomentar la inclusión y proteger los derechos de estas personas, y conllevarán medidas como la formación en diversidad y la creación de protocolos contra el acoso y contra la discriminación. Porque las políticas laborales justas y las prácticas inclusivas no benefician solo a las personas individuales, a los empleados y a las empleadas, sino que también contribuyen a una sociedad globalmente más justa y equitativa.

Por otro lado, como les decía, los informes del Defensor del Pueblo revelan una serie de preocupaciones y de desafíos significativos en relación con la protección de las personas migrantes y extranjeras. Se identifican en estos informes casos de discriminación en el acceso a la vivienda, al empleo y a los servicios básicos, así como dificultades en el reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales como la salud o la educación. Además, el informe destaca la falta de medidas efectivas para garantizar la protección de los derechos en los sistemas de acogida y atención a las personas migrantes, especialmente a los menores, así como obstáculos en los procesos de regularización y acceso a la justicia.

Resulta imposible no vincular este panorama de discriminación y vulnerabilidad con el actual contexto europeo, y esto por dos vías. Por un lado, porque el auge de la extrema derecha en Europa ha venido acompañado de un incremento de incidentes de racismo, xenofobia y violencia física y verbal que reflejan una preocupante falta de tolerancia y respeto a la diversidad cultural, a la diversidad étnica. Una de las razones de esta relación virtuosa entre expansión de la extrema derecha y multiplicación de episodios y delitos de odio es el uso instrumental del miedo que hace la extrema derecha en España y que hace la extrema derecha en Europa. Presentan la inmigración y la diversidad cultural como amenazas a la identidad nacional y a la seguridad económica, promoviendo estereotipos negativos y la exageración de los riesgos percibidos; todo ello, claro, con la imprescindible cooperación del resto de derechas, señorías del PP, tanto donde gobiernan conjuntamente como donde no lo hacen. VOX, sus correligionarios en Europa y los que están al otro lado del Atlántico son un peligro para una sociedad justa y civilizada, porque, entre otras cosas, simplifican problemas complejos, atribuyendo la culpa de los desafíos económicos y sociales a la presencia de grupos minoritarios. Así, mientras algunas defendemos que abordar la desigualdad, el desempleo o la precariedad es algo que hay que hacer de manera integral, reformando, por ejemplo, en España la ley de extranjería (aplausos), las derechas plantean soluciones simplistas, soluciones que ni siquiera merecen el nombre de tales, como la expulsión de migrantes o la restricción de derechos. Manipulan las diferencias raciales y culturales para justificar y mantener las jerarquías sociales para dividir a la clase trabajadora, desviando la atención de las luchas compartidas contra la injusticia económica y social.

En SUMAR lo tenemos clarísimo: el odio solo genera más odio, porque perpetúa relaciones de deshumanización y opresión, porque alimenta los ciclos de violencia y represión, y porque limita la capacidad de las personas para relacionarse de manera libre y auténtica. El informe del Defensor del Pueblo resalta la necesidad urgente de adoptar un enfoque más humano y solidario sobre la migración, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. En este contexto nos encontramos con un pacto europeo de migración y asilo que pone el énfasis en la externalización de fronteras, la criminalización de la migración y la falta de garantías de protección de los derechos humanos. (Aplausos). Este nuevo pacto supone una victoria de las narrativas excluyentes, nativistas y racistas, las de la extrema derecha, que han permeado el centro izquierda. En un momento de encrucijada histórica en Europa, este pacto va en la dirección contraria a la Europa que queremos en SUMAR: una Europa social, una Europa solidaria, con voz propia, con un lugar autónomo en el mundo, una Europa con una política de asilo justa, que ponga los derechos humanos en el centro.

Muchas gracias de nuevo al Defensor del Pueblo por venir a recordarnos que fortalecer y ensanchar la democracia depende de manera directa de la capacidad que tengamos para proteger y ampliar los derechos de las personas más vulnerables en Europa. Sí, aquí, en Europa, y aquí, en España. Por una Europa y una España que dejen atrás el austericidio; una España y una Europa que apuesten por una transición verde y justa que repele proyectos como el de Altri en Palas de Rey. Una Europa y una España también de democracia en las empresas, que rechazan y denuncian las prácticas empresariales de dumping social y fiscal, que rechazan la deslocalización (aplausos), que rechazan medidas como las que amenazan a cientos de familias de Saint-Gobain en Avilés. (Aplausos). Una Europa y una España más justas, verdes y feministas. Ahí estará SUMAR.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. Ser el Defensor del Pueblo conlleva, aunque sea simplemente por el título y su denominación, una enorme responsabilidad. El señor Gabilondo, que ha sido entronizado por el Partido Socialista y por el Partido Popular ―repito, por el Partido Popular y por el Partido Socialista―, conoce perfectamente sus atribuciones y las facultades competenciales que la institución conlleva. En nuestro grupo parlamentario, después de leer, estudiar y profundizar en los informes relativos a los años 2022 y 2023, hemos llegado a la conclusión de que el señor Gabilondo prefiere ser el defensor del Gobierno de la nación, de Pedro Sánchez, antes que un verdadero defensor del pueblo (aplausos) de los más necesitados, de los más humildes y de los que más dificultades tienen. Las quejas recibidas las señala en su informe, y eso está muy bien, pero a nuestro modo de ver debería haber puesto el acento en muchos más aspectos que describen mejor la realidad de nuestra nación, y las sugerencias y recomendaciones deberían haber sido mucho más ambiciosas y contundentes sobre la vulneración de los derechos en la Administración General del Estado. Señorías, el horizonte de expectativas de los españoles ha caído drásticamente en los últimos años. Las generaciones venideras vivirán peor que sus padres y necesitarán de estos para subsistir. A esta fractura generacional se le une una crisis de representación sin precedentes, porque nunca antes el abismo entre la vida de las élites y la vida de los ciudadanos de a pie había sido mayor, y nunca antes había sido tan necesario defender los intereses reales de los españoles de un gobierno que está vendiendo nuestra soberanía a pedazos con tal de estar unos minutos más en el poder. (Aplausos). La radiografía es demoledora y mortífera: doblamos la media de paro de los Estados miembros, liderando la tasa de paro juvenil; somos la gran economía del euro donde más han caído los salarios reales; nuestro PIB real per cápita lleva estancado dieciséis años; el precio de la vivienda está en sus máximos históricos; nuestro sistema sanitario está saturado por unas listas de espera incompatibles con la vida; en suelo español hay más de doce millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social; desde que llegó Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa, se han subido los impuestos sesenta y nueve veces, y para colmo tenemos déficit de seguridad y superávit de delincuencia e inseguridad. (Aplausos). En consecuencia, cuando más acuciante es defender los intereses de nuestros compatriotas, cuando más necesario es defender los intereses reales de los españoles, más se aprecia la dejación de funciones de un Defensor del Pueblo que está más pensando en retirar cruces y monumentos de nuestros pueblos, que recuerdan la historia de España, que en denunciar las cruces que este Gobierno levanta sobre los hombros de los españoles. (Aplausos).

Ambos informes camuflan los desmanes de este Gobierno y el profundo daño que su Gobierno está causando a España y a todos los españoles. ¿Cómo si no podría entenderse que en materia inmigratoria planteen como prioridad los espacios de acogida diferenciados por sexo, cuando día a día hay una oleada de inmigrantes ilegales que llega a nuestras costas? ¿O que tengan el cuajo de recomendar que sean las regiones españolas, las comunidades autónomas, las que acojan a los inmigrantes ilegales o a los menores no acompañados? Solo los inmigrantes ilegales que llegaron a España en el año 2023 fueron 55 000, que multiplican por cinco los habitantes de la isla de El Hierro y que superan incluso la población de algunas capitales de provincia como Segovia, Cuenca y Huesca, y este año vamos camino de pulverizar todos los registros históricos. (Aplausos). Eso sí, para el señor Gabilondo la prioridad son los espacios de acogida diferenciados, ni una sola recomendación a poner fin a la inmigración ilegal y masiva o a las políticas de fronteras abiertas. Ya se lo dije en Comisión: la multiculturalidad que tanto enarbolan en sus discursos todos ustedes se transforma en multiconflictividad y multidelincuencia en nuestros barrios y pueblos. (Aplausos).

Señalan también en su informe que han recibido una oleada de quejas por la imposibilidad de acceso a la vivienda. No nos extraña. El esfuerzo necesario para comprar una vivienda hoy en España se ha duplicado respecto a hace tres décadas. Hoy, de media, un español de a pie necesitaría siete años y medio de salario bruto íntegro dedicado al acceso a la vivienda; en 1993 era la mitad. Eso sí, lo que nos extraña es que no apunten a ninguna causa, ni a los trabajos inestables, ni a la temporalidad, ni a los salarios de miseria, ni al desplome de la productividad. ¿No tendrá algo que ver la Ley de Vivienda que ustedes han aprobado o que de los miles de viviendas que Pedro Sánchez prometió no haya entregado ninguna? (Aplausos). Eso sí, nos llama especialmente la atención que se olviden de que problema de la vivienda afecta principalmente a las familias numerosas. Han emprendido una ofensiva suicida contra las familias, que ha condenado al silencio neonatal a nuestros pueblos y barrios. Primero vacían nuestros pueblos, saturando nuestras ciudades, para luego arrebatar todo servicio público a las personas que viven en la España rural, y esto sí lo recogen en su informe: ausencia de atención presencial, desertización financiera, falta de infraestructuras, transporte público insuficiente o listas de espera interminables. (Aplausos).

La España invertebrada que ustedes intentan modular ha dejado ya demasiados cadáveres en el camino. Por eso nos parece intolerable que, tal y como recogen en su informe, haya personas con discapacidad que tengan que esperar años para ver reconocido su grado, que haya personas electrodependientes que no tengan bonificaciones en la factura de la luz o que nuestros mayores no tengan los cuidados que todos ellos necesitan, porque sus necesidades, señorías, no hibernan de campaña electoral en campaña electoral. (Aplausos). Sin embargo, a pesar de la inseguridad creciente, de la carestía del precio de la vivienda o del déficit crónico de infraestructuras en nuestra España rural, sobre todo en educación y sanidad, el señor Gabilondo reconoce que una de las prioridades de su institución ha sido la lucha contra el cambio climático y la implantación de zonas de bajas emisiones, toda una declaración de intenciones. (Aplausos).

No quiero terminar mi discurso sin hacer referencia a los retrasos en la justicia, porque una justicia lenta no es justicia. También queremos recordar a todas las personas que han presentado queja por no poder estudiar en español, ni siquiera en ese mínimo irrisorio del 25 % en muchas de las regiones de España. Y sí que queremos reclamar que se haga mención a los 379 asesinatos que quedan sin resolver, cometidos por la banda terrorista ETA, y la mofa y burla que suponen para España los enaltecidos públicos de terroristas. (Aplausos).

Señorías, termino con el capítulo de educación, un asunto sumamente grave. En su informe señalan que la prioridad de su institución es el acceso de los extranjeros a todas las enseñanzas posobligatorias; antes, incluso, que mejorar las infraestructuras educativas, construir más escuelas rurales, las ayudas y becas o las necesidades educativas especiales. ¿Y qué decir del adoctrinamiento en las aulas? Para el señor Gabilondo, el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña son simplemente una mera anécdota, como también lo son las más de 1200 reducciones de penas y 126 excarcelaciones de agresores sexuales como consecuencia de su ley del sí es sí. (Aplausos). O los abusos a las menores tuteladas que con tanto empeño se han preocupado en encubrir. El balance del Gobierno de Pedro Sánchez es más inseguridad, más ruina y más traición. Y eso, ni siquiera los informes del señor Gabilondo van a conseguir ocultarlo.

Señor Gabilondo, sea usted el verdadero Defensor del Pueblo español y no el defensor de Pedro Sánchez.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Gabilondo. Señorías de VOX, me parece indecente mentir en sede parlamentaria sabiendo que se miente. Al final, intentaré hacer un repaso. Me parece indecente. (Aplausos). Buenos días, señor Gabilondo. De nuevo, es un placer recibirle en esta Cámara. Muchas gracias, una vez más, por la exposición que ha realizado. Sabe bien que el Grupo Parlamentario Socialista valora enormemente la labor y el desempeño del Defensor del Pueblo como garante de los derechos de la ciudadanía, una utilidad que se ve reflejada en la confianza que muestran los ciudadanos y ciudadanas en la defensoría, cuando recurren a ella. Señorías, mi grupo y yo saludamos la novedad introducida en cuanto a la forma de estructurar los informes, y creemos que es un acierto. Esto facilita identificar de manera clara y precisa las principales problemáticas, las actuaciones realizadas y las cuestiones sobre las que hay que hacer incidencia. Además, en el caso de estos dos informes, se puede ver el seguimiento hecho en ambos años a algunos asuntos que se sostienen en el tiempo. Seguramente, esta nueva estructura servirá a la sociedad civil a acceder más fácilmente a la información de su interés. En relación con los datos relativos a la aceptación de recomendaciones y sugerencias, aunque todo siempre es susceptible de mejora, el incremento porcentual en las aceptaciones es muy significativo en lo que respecta a la actuación de las administraciones interpeladas. Dicho esto, entraré ahora a valorar algunos de los temas destacados en los informes. Aunque solo puedo tratar algunos puntos por la limitación de tiempo del que dispongo, vaya por delante que la valoración que hacemos en el Grupo Parlamentario Socialista del contenido de los informes es muy positiva. Una de las problemáticas que se repite y en la que usted, señor Gabilondo, ha hecho hincapié en varias ocasiones, es la de las dilaciones de la Administración. No se trata exclusivamente de un problema de personal, aunque también es así, sobre el que, por cierto, algunas administraciones ya han tomado medidas. Con todo, además de pensar en el aumento de plantillas, cabe plantear otros mecanismos que agilicen unas tramitaciones cuando esto sea posible. Por ejemplo, con el uso de los medios telemáticos y telefónicos, como ha hecho el SEPE o la DGT, según consta en los informes del 2023. Esto está muy ligado con la acepción que la brecha digital tiene sobre determinados grupos de población. Ya hemos visto casos que afectan a las entidades bancarias en todo lo que tiene que ver con la exclusión financiera, y tanto mi grupo como el Gobierno han seguido esta cuestión. En este sentido, el ejemplo de la Agencia Tributaria, estableciendo la atención presencial para mayores de 65 años y, en casos urgentes, debe de servir de acicate, los dos informes tratan de la gestión del ingreso mínimo vital. La complejidad de esta prestación y el esfuerzo de coordinación que requiere por parte de las administraciones implicadas ha sido urgente. Además, hablamos de una prestación que se puso en marcha en plena pandemia del COVID-19, con todo lo que eso supone. Lo cierto es que cada vez que se ha encontrado una diligencia, una deficiencia o un fallo, se han puesto medios para subsanarlo. A comienzos de este 2024, se estaba tramitando un número de prestaciones mucho mayor que en meses anteriores, y los datos del pasado mes de abril reflejan que son 1 700 000 las personas que recibieron esta prestación. Es decir, ha llegado a 589 000 hogares. En el Grupo Parlamentario Socialista tenemos la firme convicción de que el ingreso mínimo vital nos ha hecho mejores como sociedad y está contribuyendo a mejorar la vida de miles de personas. Señorías, tampoco quiero dejar de hablar y de hacer referencia a la violencia de género y a la violencia vicaria. El Grupo Parlamentario Socialista no se cansa de decir que estamos ante una lacra social a la que hay que poner freno con todos los medios a nuestro alcance. (Aplausos). Si la violencia de género es execrable, qué decir de la violencia vicaria, que se ceba con los niños y las niñas por el hecho de ser hijos e hijas de la mujer a la que se le quiere herir haciendo daño a lo que más quiere. La concienciación social sobre este asunto, la coordinación entre administraciones e instituciones y la formación especializada de todo el personal involucrado son aspectos indispensables para abordar este tema. Es igualmente vital aislar y señalar a quienes niegan la existencia de la violencia machista porque esa negación les convierte en cómplices.

Siento que el tiempo no me permita referirme a otras cuestiones que creemos de sumo interés y que se tratan en los informes, como la situación de la atención primaria de la salud, las cuestiones medioambientales, la prevención de violencia escolar, la protección de los consumidores, el acceso a la vivienda —‌también a la vivienda rural—, la discriminación por género o la salud mental.

Termino recordando, tal y como ya manifesté en la última reunión de la Comisión que celebramos, que tenemos pendiente debatir el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Debo poner en valor la iniciativa que ha tomado el Gobierno de España para saldar la deuda que existe con las víctimas a través del Plan de respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo, que nos parece un paso importantísimo para darles el trato que merecen. Estamos ante un asunto en el que, más allá de las creencias que se tengan o no, entran en juego principios de reconocimiento, reparación y justicia. Sentimos un gran respeto por todas las víctimas y respetamos mucho el trabajo que ha hecho el Defensor del Pueblo para darle respuesta y procurar que todo ese daño no vuelva a repetirse. Esperamos poder tratar este tema pronto.

Termino, señorías. Sin instituciones no hay democracia. Me gustaría, señorías del Partido Popular, que su intervención se ciña al respeto que debe tener la defensoría del pueblo. Tras las intervenciones que tuvieron los portavoces del PP y de VOX en la última sesión de la Comisión del Defensor del Pueblo en la que sembraron dudas sobre las instituciones, la democracia tendrá que pedir auxilio al Defensor del Pueblo, señor Gabilondo. Espero que, desde este respeto a las instituciones, vaya a la siguiente intervención.

Muchas gracias, señor Gabilondo, a usted y a todo su equipo, por su trabajo. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Buenos días, señorías. Doy la bienvenida al Defensor del Pueblo y a su equipo a la que es su casa, como alto comisionado de Cortes Generales. La legislatura pasada, la mayoría socialista, con Podemos, impidieron que el Defensor del Pueblo compareciera, impidieron este debate, que debería haber dado voz a quienes vieron vulnerados sus derechos hace ya dos años. A Sánchez no le gusta que hablemos de las quejas de los ciudadanos, quizá porque, desde que él está en Moncloa, las quejas se han disparado de 17 000 a 35 000. No es un número, es sufrimiento. (Aplausos). Son personas, con nombre y apellidos, que necesitan tramitar el ingreso mínimo vital, que no llega para comer; necesitan cobrar el subsidio de desempleo, para vivir; necesitan homologar su título universitario extranjero, para trabajar. ¿Y cuál es la respuesta que obtienen? La de una administración sin alma, saturada, que le genera nuevos problemas y, encima, los atosiga a impuestos. Los informes anuales del Defensor del Pueblo pretenden ser una radiografía de la realidad social de España. Por eso, nos hubiera gustado, en el informe de 2023, hacer alusión a las quejas que el defensor afirma haber recibido contra la amnistía y los pactos con los independentistas. Los españoles rechazan esta transacción corrupta de votos por inmunidad, rechazan el señalamiento público contra jueces y periodistas, rechazan la injerencia constante del Gobierno en las instituciones, como el ministerio fiscal y el Tribunal Constitucional. (Aplausos). De ahí, las quejas que recibe el defensor, de ahí las manifestaciones, como la del próximo domingo 26. Pero en los informes hay algo que sobrevuela a todo el informe y es la pobreza. Cada año empeora el riesgo de pobreza y exclusión social de los españoles. Afecta a más del 26 % de la población, según el informe, y ustedes se resisten a bajar el IVA de la carne, el pescado o las conservas. (Aplausos). Voten, hoy, a favor del Partido Popular, para que tengan acceso a esos alimentos esenciales y dejen de decir que la economía va como un cohete. No va como un cohete, o al menos no para los 2 millones de niños que viven bajo el umbral de la pobreza. ¡Vergüenza les debería dar! Lo dice muy bien el señor don Juan Bravo. La prueba de que el empleo no es de calidad es ese aumento exponencial de la pobreza. La gente no llega a fin de mes, señores de la izquierda, entérense y, encima, el ingreso mínimo vital no llega a los hogares, ni el bono social térmico, ni el bono social eléctrico. El calvario de los solicitantes está bien recogido en el informe del Defensor del Pueblo, léanlo señorías y, encima, ustedes, le suben el IVA a la luz y al gas; 69 subidas de impuestos. El Gobierno de Sánchez, cada vez más rico; los españoles, cada vez más pobres. (Aplausos). Esa es la realidad de Sánchez que ustedes no reconocen. No pueden acceder a una de las viviendas prometidas por Sánchez, porque no existen; ni al alquiler, porque ha metido la mano en el mercado de alquiler y han subido los precios.

Señorías, es un infierno para los jóvenes, son vidas truncadas. Lean los informes, lean también el capítulo de violencia machista. Dan ganas de llorar. Seis años escuchando a Sánchez presumir de ser el Gobierno más feminista. ¿Cuántas mujeres han asesinado este año? ¿Cuántas? ¿Cuántos menores? Lo saben, tantos como en el año 2021. Vivimos años negros, señores de la izquierda. ¿Y la inmigración? Lean al defensor: una dejación constante del Gobierno, trato degradante en el aeropuerto, vulneración de todos los derechos fundamentales; el reparto de los inmigrantes, por la noche, en todas las comunidades autónomas, sin avisar a los alcaldes, a los presidentes autonómicos, hasta 5000 menores no acompañados, sin planificación alguna por parte del ministerio, señorías. (Aplausos).

Y, ustedes, con esa falta de humanidad, con esa incompetencia en la gestión, ¿van a venir a salvar la sanidad? ¿Ustedes? El Ministerio de Sanidad es el único competente para dotar de médicos en la atención primaria a todo el territorio nacional. ¿Lo han hecho? No. Seis años de Gobierno Sánchez y España sigue sin los médicos que necesitan y sin la financiación. Esa es la España que refleja el informe del Defensor del Pueblo. (Una señora diputada: ¡Muy bien!―Aplausos).

En educación, nos preocupa —y‌ se lo comenté al defensor en la Comisión— el silencio rotundo del informe de 2023 frente a las quejas de ciudadanos y asociaciones que se sienten discriminados porque el sistema educativo realmente no está cumpliendo con su obligación de que haya un 25 % de enseñanza en castellano. Ni una alusión en el año 2023, precisamente el año en el que el Tribunal Superior de Justicia catalán ha emitido hasta tres sentencias para que tres colegios concretos impartan este mínimo en castellano y, por eso, hemos solicitado la comparecencia del defensor en esta Comisión, como en otros temas, por supuesto, sobre todo respecto a cercanías.

Termino, señorías. Dice el Defensor del Pueblo, en su último informe, que ha podido constatar la dificultad de alcanzar justicia en los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA; ha constatado también el homenaje a los asesinos de ETA; ha constatado la dificultad del ordenamiento jurídico para responder al enaltecimiento del terrorismo. ¿Trata el Gobierno de revertir esta inmoralidad? No. Sánchez está en lo contrario, en blanquear a Bildu por un puñado de votos. ¿Para qué? Para tener al Gobierno paralizado, hundido, que solo tiene fuerza de amnistiar a delincuentes y retirar todas las leyes que salen del Consejo de Ministros, porque ni siquiera los ministros son capaces de aprobarlas. (Aplausos). Segundo varapalo parlamentario, señores de la izquierda, por un puñado de votos. Atentos al domingo 26, que España tomará la palabra.

Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!―Aplausos).