Proposición de Ley para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca.

Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta. Señorías, hace casi dos años, en septiembre del año 2022, cuando Podemos todavía formaba parte del Gobierno y estábamos negociando los presupuestos generales del Estado para el año 2023, yo misma le advertí al señor Sánchez de que esa subida de los tipos de interés que estaba acordando el Banco

Central Europeo no solo no iba a servir para el objetivo para el que supuestamente estaban pensada, que era frenar la inflación, sino que además iba a provocar subidas salvajes en las hipotecas a tipo variable e iba a asfixiar a miles de personas en nuestro país. Era una subida en las hipotecas que iba directamente a engrosar las cuentas de resultados de los bancos españoles. Efectivamente, por desgracia, teníamos razón. Aunque este tema no abra telediarios ni ocupe las portadas, como sí lo hacen la amnistía o los casos de corrupción del Partido Popular y del Partido Socialista, los bancos españoles ganaron en el año 2023 más que nunca; y no es una frase hecha, señorías, los bancos españoles ganaron en el año 2023 más que nunca a costa de subirles cien, doscientos o trescientos euros al mes la hipoteca a miles de familias en este país. Y no es que en Podemos tuviéramos una bola de cristal, ni que nos hubiéramos reconvertido en pitonisas; en Podemos sabíamos que esto iba a pasar porque siempre que hay una crisis económica los bancos tratan de aprovecharla para hacer el agosto y sacar tajada. La cuestión es qué hace un gobierno ante una crisis económica, qué hace ante el interés de los bancos de sacar tajada ante una crisis económica, si hace como hicieron el Gobierno del señor Mariano Rajoy o el Gobierno del señor Zapatero, que cargaron principalmente los costes de la crisis económica sobre los de abajo a través de los recortes en los servicios públicos, o si, como consiguió Podemos en la pasada legislatura, reequilibra la balanza y reequilibra los costes sobre todas las personas, también sobre los que más tienen.

Muchas aún nos acordamos del señor Mariano Rajoy diciendo en esta tribuna que el rescate bancario no les iba a costar ni un solo euro a los contribuyentes españoles. Hoy, en pleno 2024, señorías, la banca española todavía nos debe 60 000 millones de euros. Eso es de lo que estamos hablando hoy. El Partido Socialista podría haber hecho lo que le propuso Podemos. Podríamos haber topado las hipotecas a tipo variable, podríamos haber creado ese fondo de protección a las familias en riesgo de impago, como propuso Podemos. Sin embargo, el Partido Socialista no quiso hacerlo. No quiso hacerlo porque, a la hora del ahora, si Podemos no tiene la fuerza política y social suficiente para torcerle el brazo al Partido Socialista, lo que ocurre es que el PSOE y el Partido Popular en realidad defienden intereses muy similares cuando gobiernan, los intereses de la señora Ana Patricia Botín, que también ha susurrado esa medida de los avales a las hipotecas de la gente más joven, y los intereses de los presidentes del BBVA, de CaixaBank o de Bankinter.

Hoy, lamentablemente, tenemos que decir alto y claro que la gran banca ha vuelto a estafar a los españoles y a las españolas. De la estafa de la crisis hipotecaria del año 2008 a la gran estafa bancaria del año 2023, los bancos españoles pasaron de ganar la ya desorbitada cifra de 15 000 millones de euros en beneficios en el año 2021 a casi el doble en el año 2023, 26 000 millones de euros, señorías. Ana Patricia Botín y sus secuaces tienen tan poca vergüenza que mientras la gente de nuestro país estaba pagando la cesta de la compra más cara de la historia reciente, con el aceite de oliva por encima de los 10 euros el litro, se sentaron en sus consejos de administración y se repartieron dividendos por valor de 5500 millones de euros; una absoluta vergüenza, señorías, un robo a mano armada, eso es lo que es. (Aplausos).

Los dividendos, para que lo entienda todo el mundo, son dinero que no va a puestos de trabajo, que no va a la reinversión en la economía productiva; es dinero que va directamente al bolsillo de los grandes accionistas; de todos los accionistas, pero especialmente de los grandes accionistas. Se lo pregunto en serio, señorías: ¿Para qué quiere tanto dinero esa gente?, ¿para qué quiere tanto dinero? Lo pregunto en serio. ¿Para comprarse un yate con un helipuerto y una piscina, como ha hecho el señor Amancio Ortega? (Rumores). ¿Para comprarse otra casa en los Alpes? ¿Para qué quieren tanto dinero? ¿Para montarle una empresa a su hijo meritocrático? ¿Para pagarse un mes de vacaciones en un resort de lujo? (Rumores). Le están robando el dinero a la gente que está pagando cien, doscientos y trescientos euros más en su hipoteca a tipo variable y se lo ha repartido en dividendos la gran banca española. ¡Es una vergüenza, señorías! ¡Es un robo a mano armada! Ese dinero, esos cien o doscientos euros al mes, sale de los bolsillos de una familia que tiene una mujer al cargo que trabaja de cajera en el Lidl y que no llega a fin de mes. De ahí salen los dividendos de la señora Ana Patricia Botín. (Rumores). De ahí salen. (Rumores.—Un señor diputado: ¿Y el sueldo de diputado?). ¡Sois unos lamebotas del poder! ¡Sois unos lamebotas del poder! Eso es lo que sois, y por eso no vais a votar a favor de esta proposición de ley para ponerle el impuesto que se merece a la banca española. Han estafado a la gente, y lo peor es que el Gobierno de España no ha hecho nada para evitarlo. La gente se ha vuelto a llevar la peor parte, pero lo peor es que quien se ha llevado el premio ha sido la señora Calviño, que ha acabado dirigiendo el Banco Europeo de Inversiones después de decirnos no a topar las hipotecas a tipo variable; Banco de Inversiones que, por cierto, iba a ser el banco del clima y va a acabar siendo el banco de la guerra.

Aún estamos a tiempo de hacer algo. Por eso hoy quiero pedirles el voto a favor de esta iniciativa. Hagamos algo útil para garantizar la justicia social en España. En Podemos pensamos que si ha sido posible que la gran banca española se reparta la mitad de sus beneficios en dividendos, tiene que ser posible también que ese dinero pase de los bolsillos de los accionistas, de los grandes accionistas, a los bolsillos de los españoles y las españolas. Para ello proponemos duplicar el gravamen excepcional de la gran banca y, también, como ya han hecho otros países europeos, aplicar un recargo del 75 % sobre los beneficios extraordinarios, aquellos que superen en más de un 5 % los beneficios que ya se tenían y que ya eran desorbitados en el primer semestre del año 2022. Todo ello con un objetivo, señorías: invertir de manera ambiciosa en política social.

Señorías, nunca vamos a poder tener justicia social en España si no tenemos justicia fiscal. Nunca vamos a poder garantizar a nuestra gente vidas buenas, vidas seguras si no hacemos que los de arriba se aprieten el cinturón. Hay mucha gente en España que no llega a fin de mes; gente que cuando paga el alquiler, su cuenta ya está prácticamente en números rojos; gente que en estos dos últimos años ha cambiado lo que compraba para darles productos de peor calidad a sus hijos; gente que cuando llega a pagar en la caja del supermercado tiene que dejar productos porque no los puede pagar. Eso pasa, señorías, porque hay gente en este país que tiene demasiado. Hay gente en este país que se enriquece ilícitamente a costa de los de abajo. Toda esa gente, como los consejeros del BBVA y los consejeros del Banco Santander (rumores) —‌ya me imagino que se enfadan porque ustedes quieren acabar allí, pero esta es la realidad, que en España hay gente que tiene muy poco porque hay gente que tiene demasiado—, lo único que está pensando es en qué restaurante de estrella Michelin va a cenar esta noche o de qué color se va a comprar el coche. Nosotras tenemos claro que a quién hay que apretarle el cinturón es a esa gente, no a la gente que no sabe si le puede pagar la excursión a la granja escuela a su hijo o a su hija en el colegio.

Con ese dinero podríamos hacer bastantes cosas. Les voy a decir algunas. Con los 845 millones de euros que ganó Bankinter en beneficios solo en el año 2023 podríamos pagar la luz a 1 250 000 personas durante todo un año. Con los dividendos que repartió CaixaBank en el año 2023 le podríamos pagar la cesta de la compra a 3 millones de españoles y españolas, que seguramente lo necesitan bastante más que el señor Goirigolzarri. Con los cerca de 8000 millones de euros de beneficios del BBVA se podría financiar todo el presupuesto de Educación de la Comunidad de Madrid, que buena falta le hace, sobre todo a la pública. Solo con los dividendos que se repartió el Banco Santander, la señora Ana Patricia Botín, en el año 2023 se podrían financiar hasta diez veces más plazas públicas de educación infantil de las que tenemos ahora. De esto va el debate de hoy, señorías.

Esta es la reflexión con la que termino. Creo que cada vez más gente se está dando cuenta de que en esta legislatura el Gobierno está haciendo poco más que calentar el sillón; que tenemos un gobierno que no gobierna, que no se ocupa de los problemas reales de la gente de este país. La gente está cansada de escuchar al Partido Popular y al Partido Socialista tirarse sus casos de corrupción a la cabeza —‌la trama familiar de la señora Ayuso, el caso Koldo— sin que se hable en este Parlamento y se tomen decisiones sobre lo que realmente afecta a la gente de este país. La gente está cansada del «y tú, más». Señorías, si el Gobierno no asume su responsabilidad, este Congreso, ya que la gente nos eligió para ello, tiene que ocuparse de los problemas que realmente tienen los españoles y las españolas. Y uno de ellos, aunque, insisto, no abra telediarios ni salga en las tertulias de televisión, es que la gran banca española ha vuelto a estafar a los españoles y a las españolas ganando más que nunca mientras nuestra gente tenía que vivir mucho peor que hace dos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Señorías de Podemos, hoy traen una proposición de ley acerca del gravamen a la banca, cuando ya hay un decreto, el decreto 8, que precisamente da la posibilidad de modificarlo; de hecho, ustedes han presentado una enmienda en este sentido. Señora Belarra, que hoy traigan aquí una proposición de ley para su modificación solo se entiende desde el populismo y desde el marketing, un populismo del que hoy ha hecho gran gala. Como le digo, hay un gravamen que —‌le recuerdo— fueron ustedes, en el Gobierno, quienes lo plantearon y aprobaron tal y como está regulado hoy en día. Como digo, el decreto 8 se tramita como proyecto de ley, señora Belarra, y recoge un artículo, precisamente, acerca de los gravámenes; decreto al que ustedes, como ya he mencionado, solo han presentado una enmienda, que difiere bastante de lo que dicen hoy aquí. Ha dicho que hay que hacer algo. Oiga, ¿y por qué no han presentado esta PL en forma de enmienda a ese proyecto que está a punto de tramitarse? Porque ustedes ya tienen experiencia también con lo que pasa con las proposiciones de ley, que muchas veces se toman en consideración y luego se quedan en un cajón. ¿Por qué no han planteado ahí la prórroga hasta 2025? ¿Por qué plantean una propuesta que es diferente a la enmienda presentada en el decreto 8, al menos en lo que respecta al porcentaje a aplicar a las entidades? Porque ahora proponen un 10 % y, sin embargo, en la enmienda presentada proponen un 9,6. ¿A qué se debe ese cambio? ¿A un simple redondeo o realmente hay un análisis económico detrás? ¿Por qué dejan fuera algunas entidades financieras si todas tienen beneficios extraordinarios? Viniendo de ustedes, además, resulta un tanto raro que no fijen un umbral más bajo de intereses y comisiones para aplicar el gravamen, precisamente, a un mayor número de entidades. Mi grupo no va a entrar en el fondo de la cuestión, creo que nuestra postura siempre ha sido clara. No cuestionamos ni la existencia de beneficios ni que se tenga que tributar por ellos en un momento dado, cuestionamos la forma en la que se quieren gravar esos beneficios, señora Belarra.

Lo que traen hoy aquí supone un ataque al autogobierno de Euskadi y de Nafarroa. Y no entiendo, señora Belarra, que usted como navarra ―y, entiendo, que conocedora del Convenio navarro― quiera defender vaciar al Gobierno Foral de Navarra y de Euskadi de competencias. Porque con su propuesta está privando a Navarra y Euskadi de ejercer la normativa, la gestión y la recaudación de recursos económicos para financiar políticas propias, esas políticas que son para ayudar a la gente. ¿Y sabe por qué? Porque una vez más plantean que el diseño de este gravamen ―y, por tanto, su recaudación― se realice a través de una prestación patrimonial de carácter público no tributario, que las Haciendas Forales no pueden concertar ni recaudar, pues el concierto económico no lo permite, lo cual les deja al albur de una futura negociación con el Gobierno de turno y, en su caso, este puede abonar una cantidad o no. Además, al ser una prestación el Gobierno estatal no tiene obligación de abonar cantidad alguna. Por eso, señora Belarra, en el decreto 8 se establece que esos gravámenes se integrarán en el sistema tributario en este ejercicio con lo que, de facto, se convertirán en permanentes y se concertarán o conveniarán con Euskadi y Nafarroa, precisamente, para que los puedan regular, recaudar y gestionar; algo que su proposición de ley obvia.

Eso sí lo obvian, pero luego tendremos que escucharles en la campaña electoral, al igual que a sus amigos de SUMAR, que defienden el autogobierno. Ustedes, señorías de Podemos, y las señorías de SUMAR ―en esto hay que decir que son iguales―, se han ocupado de eliminar esta capacidad a las comunidades forales: ustedes, señorías de Podemos, mediante esta proposición de ley, y las señorías de SUMAR eliminando esta capacidad, a través de una enmienda que elimina la concertación en ese decreto 8.

Esandakoa, ez gatoz bat kargak diseinatzeko aukeratu duzuen formularekin, zergak ez direlako, prestazioak baizik, eta prestazio hauek kontzertu eta konbenio ekonomikoaren arabera ezin direlako hitzartu. Horrek esan nahi du prestazio hau ezin dela arautu, bildu, eta ez kudeatu ere. Hau da, prestazioa denez, txandako gobernuak erabaki ahal izango du diru kopuru bat negoziatzen den ala ez. Prestazioak direnez, estatuko gobernuak ez du inolako obligaziorik bankutik bildutakoagatik foru erkidegoei diru kopururik emateko. Horregatik, Belarra andrea, 8. dekretuak ezartzen du karga hauek zerga sisteman sartuko direla ekitaldi honetan, eta beraz, iraunkor bihurtuko direla eta Euskadirekin eta Nafarroarekin itunduak hitzartuko direla, hain zuzen ere, arautu, batu eta kudeatu ahal izateko. Eta hau zuen lege proposamenak alde batera ixten du, ez du aurreikusten. Gero entzun egin beharko dugu hauteskunde kanpainan autogobernua defenditzen duzuela, SUMAR taldeko zuen lagunek egingo duten moduan. Ez zuek, Podemos taldeak, ezta SUMAR taldeak, horretan berdinak zarete, ez duzue autogobernua defendatzen, biak arduratu zarete foru erkidegoei gaitasun hori kentzeaz, autogobernua murrizteaz. Hau da, foru erkidegoak arautzeko, biltzeko eta kudeatzeko gaitasuna ezabatzeaz. Podemos taldeak proposamen honekin eta SUMAR taldeak kontzertazioa ezabatzen duen zuzenketa baten bitartez 8. dekretuan.

Lo dicho, no compartimos la fórmula elegida para el diseño de los gravámenes, ya que no se trata de impuestos, sino de prestaciones que no pueden ser objeto de concertación en el marco del concierto y convenio económicos, lo cual significa que esta prestación no puede ser ni regulada ni recaudada ni gestionada; es decir, el Gobierno del momento podrá decidir si negocia o no una cantidad de dinero. Estamos hablando de prestaciones, de manera que el Gobierno estatal no tiene obligación de entregar cantidad alguna a las comunidades forales por la recaudación por parte de los bancos. Por ello, señora

Belarra, se establece en el decreto 8 que estos gravámenes se integrarán en el sistema tributario durante el presente ejercicio, por lo que se convertirán en permanentes y se pactarán con Euskadi y Navarra para poder regularlos, unificarlos y gestionarlos; cosa que su proposición de ley no prevé, descarta completamente. Pero, claro, después tendremos que escucharlos defender el autogobierno durante su campaña electoral, como lo hacen sus compañeros y compañeras del Grupo SUMAR. Pero ni ustedes, el Grupo Podemos, ni el Grupo SUMAR, en ese sentido, están defendiendo el autogobierno, en ello son iguales. Ambos grupos se han encargado de retirar esa capacidad a las comunidades forales, de minar el autogobierno; es decir, han privado a las comunidades forales de su capacidad de regular, recaudar y gestionar los impuestos, el Grupo Podemos con esta propuesta y el Grupo SUMAR mediante una enmienda al decreto 8 que elimina esa concertación.

Diseñar de una manera aislada del conjunto un tributo implica en términos técnicos demasiadas lagunas y demasiados márgenes para la interpretación. El tema impositivo no se debería legislar a golpe de marketing, sino regulando y modificando aquello que no funciona. Si se entiende que la fiscalidad existente no funciona o no está respondiendo con eficacia, lo que se debe hacer, desde luego, es propiciar un debate serio y en profundidad para diseñar una reforma fiscal integral que dé respuestas a las necesidades presentes y futuras de la sociedad y dé certidumbre y seguridad jurídica.

Momentu honetan gai hau araututa dago, honen inguruan eztabaidatu eta aldatzeko aukera dago 8. dekretuaren lege proiektua gisa izapidetzean, eta horregatik eta aurretik emandako arrazoiengatik, aurka bozkatuko dugu. Eskerrik asko.

En este momento, este tema ya está regulado. Existe la posibilidad de que se debata y modifique en la tramitación como proyecto de ley del decreto 8, por lo cual, por las razones anteriormente aducidas votaremos en contra.

Presidente andrea, diputatuok, arratsalde on. Nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque creemos que es necesario cualquier planteamiento para gravar los beneficios extraordinarios, los beneficios caídos del cielo. Y no es menos cierto que alguna de las alegaciones que ha hecho quien me ha precedido el uso de la palabra deben ser tenidas en cuenta, las que tienen que ver con la necesaria no invasión competencial. Eso es cierto, pero tampoco vale agarrarse a cualquier supuesta invasión competencial para decidir que no se haga nada. Si hay que iniciar esta tramitación, bien podemos resolverla y coadyuvarla con una reforma para hacer impuesto y permanente aquello que ahora es gravamen y para que así, desde el respeto a la autonomía fiscal de las partes, en este caso nuestras Diputaciones Forales, podamos también en Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa gravar, si queremos aún más porque igual queremos gravarles más, a estas entidades financieras. Por tanto, no creo que ese sea un argumento de peso suficiente para oponerse a esta iniciativa, porque pueden ser caminos paralelos y porque se puede salvaguardar la exclusividad competencial que tenemos y que defendemos. Es importante que cuando tenemos una competencia exclusiva la empleemos y no la mantengamos como freno, como un elemento que guarde polvo en un cajón. Dicho esto, vamos a apoyar la iniciativa porque creemos que hay que gravar más a los beneficios extraordinarios, a esos beneficios que se llamaron beneficios caídos del cielo. Y cómo si no se podían llamar unos beneficios que vinieron por obra y gracia de una medida de Christine Lagarde para hacerles aumentar los tipos de interés y seguir sangrando a la ciudadanía con tipos de interés más altos, que repercutían de manera directa sobre sus hipotecas, sobre sus préstamos con las entidades bancarias y, a su vez, engordaban el volumen de beneficio de las entidades bancarias. Estos beneficios no les han caído porque hayan llevado a cabo una inversión específica o determinada para mejorar su red productiva o para mejorar su capacidad de negocio; que se lo pregunten a los miles de empleados de entidades bancarias que han sido despedidos. Tampoco han sido por mejorar o hacer más eficiente la prestación de los servicios que actualmente dan las entidades bancarias; que se lo pregunten a los millones de usuarios de dichas entidades bancarias que día sí y día también se quejan de cada vez más escasas prestaciones o cada vez más difíciles prestaciones, sobre todo, en lugares menos poblados. Por eso decimos que es importante que se les grave con más intensidad de lo que se está haciendo porque sus beneficios lo están siendo con más intensidad y lo están siendo de los bolsillos de las y los ciudadanos, los que tienen que pagar más dinero por los intereses no por el principal del préstamo, que ya lo estaban pagando.

Se dice, generalmente, que la historia la escriben los poderosos, los que ganan, probablemente sea así, y comparto aquello que señalaba como robo algunas acciones de entidades bancarias. Por eso, porque la historia la escriben los poderosos, Lucio Urtubia, un anarquista navarro, será caracterizado por muchos y por muchas como un falsificador y un atracador de bancos, mientras los bancos serán mecenas y serán patrones de la bonhomía de la ciudadanía. Nosotros no compramos ese relato y creemos que el impuesto que ahora es temporal tiene que ser un impuesto permanente, por lo menos hasta que se resuelva la deuda contraída para con la ciudadanía de 60 600 millones de euros por el rescate bancario. Ya sé que habrá quien me suceda en el turno de la palabra que me dirá que eso fue para rescatar entidades bancarias hoy extintas y que, sobre todo, eran cajas de ahorros. Lo que, probablemente, se olviden de decir, porque lo hacen siempre, es que el volumen de negocio ―que es lo que de verdad daba valor a ese rescate― se lo quedaron las entidades bancarias a coste cero para seguir engordando sus volúmenes.

A partir de ahí, creemos que hay que aumentar la carga impositiva porque no tiene ningún sentido que las rentas del trabajo sigan cotizando por mayor porcentaje que las rentas del capital. Y eso es un déficit de todo el sistema fiscal del Estado español. Por tanto, creemos que ahí hay que hacer algo, porque no tiene ninguna lógica que lo que se decía hace décadas, tristemente todavía hoy se puede seguir señalando aquí, y es que, proporcionalmente, paga más un trabajador, un obrero, que un profesional liberal, que un abogado, que un médico, que cualquier profesional liberal que se les ocurra.

A partir de ahí, es verdad que creemos que hay que dar posibilidad a que esta proposición de ley se debata para hacer las reformas o las modificaciones que sean pertinentes, porque estamos de acuerdo con muchos de los destinos que se señalan a las posibilidades recaudatorias que abriría esta ley en caso de encontrar luz verde final en el Congreso de los Diputados, pero también hay que adaptarla a las realidades territoriales. Es decir, no se trata, por ejemplo —‌y como se dice—, solo de un fondo para construir más vivienda pública en general, sino que a veces se tratará de rehabilitar la que hay o de remover la vivienda vacía, que, en muchas ocasiones, es el mayor problema que tenemos, sobre todo en lugares donde la posibilidad de disposición de terreno es mucho menor, pero la posibilidad de remover viviendas vacías es bastante amplia.

Termino ya con una cuestión —‌lo decía antes y lo repito ahora—: se suele decir que la historia la escriben los poderosos y la escriben los que vencen, pero también queda la memoria de los que resisten. Por eso quiero terminar acordándome de que hoy, justamente hoy, hace doce años que asesinaron a Íñigo Cabacas, a Pitu. Íñigo, gogoan zaitugu. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Per posar-nos en context, la crisi financera de l’any 2008 va portar el PSOE primer i el Partit Popular després al conegut com a rescat bancari. Rere l’excusa de «no ens podem permetre una fallida del sistema financer», els dos grans partits espanyols van realitzar una injecció massiva de diners públics a la banca espanyola. En total, i sota l’eufemisme de la reestructuració bancària i segons l’informe de fiscalització oficial, es van transferir més de 120 milions d’euros en forma d’ajuts en recapitalització. Però, atenció, la majoria d’aquests diners eren diners públics. Després d’aquesta operació, el rescat bancari no ha estat retornat íntegrament i, segons el Banc d’Espanya, hi ha 60 000 milions d’euros que són impossibles de recuperar. Tot i això, mentre la banca continua sense fer aquest retorn a la ciutadania, encara hi ha milers de persones en mans de la usura bancària. Per fer recordatori: mentre l’Estat espanyol salvava la banca regalant milions d’euros de l’erari públic dient que no hi havia alternativa, desenes de milers de famílies perdien casa seva, milers de petits empresaris no podien fer front a les despeses bancàries degut a l’esclat de la crisi financera. Elles, ells, en definitiva, nosaltres, érem els qui realment no teníem alternativa. Catorze anys després d’aquest escàndol, aquestes persones encara estan estigmatitzades per la mateixa banca, amb nòmines embargades i una negativa generalitzada de donar-los cap tipus de crèdit ni de solució. I no només això, els mateixos bancs continuen en pràctiques totalment abusives cap a les persones més vulnerables. Cobren una comissió quan una família es queda dos dies al descobert o també es continua exigint la contractació de serveis d’assegurances per no cobrar comissions abusives per tenir un compte obert. I no només tenen comportaments abusius amb els seus usuaris, sinó que internament també en tenen. Continuen congelant salaris de les seves plantilles i executant acomiadaments col·lectius. I el més escandalós de tot plegat és que aquestes retallades es donen en un moment de màxims beneficis per la gran banca. Els cinc grups bancaris més grans de l’Estat han passat de guanyar 15 100 milions d’euros el 2020 a 20 000 milions d’euros el 2022, i a tancar l’exercici del 2023 amb més de 26 000 milions d’euros; els guanys s’han disparat un 27 %, és la xifra més gran de la seva història.

I, ara, tornem al principi. Setze anys després de l’inici d’aquesta crisi econòmica, els bancs tenen beneficis multimilionaris i, tot i això, no han retornat, ni tenen cap intenció de retornar, la major part del rescat que van rebre de diners —‌els recordo—públics. Des d’aquell juny del 2008, estem en un procés, a més a més, de concentració bancària. Cada vegada hi ha menys entitats sense la competència, i no en queda cap, o gairebé cap, d’aquelles entitats petites. Aquest fenomen, com podem comprovar, no respon a una voluntat del banc de millorar la posició de les pimes, ni de facilitar l’operativitat a la ciutadania, ni de contribuir a frenar el despoblament rural. Just al contrari, respon a l’interès de les entitats bancàries per incrementar els seus beneficis a qualsevol preu. El més paradigmàtic és analitzar d›on surten aquests beneficis, perquè, per una banda, surten d’incrementar els ingressos, i és que sabem que, per exemple, el preu de les hipoteques que els ciutadans hem de demanar per accedir a la compra d’habitatge s’ha duplicat en tan sols un any. Per una altra banda, com és obvi, els beneficis dels bancs surten en retallar en inversions i despeses, i és que quan denunciem el salvatge increment de les hipoteques, contesten que això no depèn d’ells, que ha pujat el preu dels diners. Però sembla que el preu dels diners ha pujat només per cobrar, perquè quan han de pagar, el conjunt d’aquests bancs es troba entre els cinc que pitjor remuneren els estalvis de tots els seus clients de tota Europa. És a dir, com a ciutadà, si demanem una hipoteca, la pagarem més cara que mai, però si tenim uns estalvis en dipòsit, rebrem uns interessos més baixos que mai. Per tant, estem davant d’uns voltors del mercat que tenen els clients segrestats, perquè no es pot viure sense un compte bancari, i els pretenen esprémer fins a l’última gota. Per tant, quan algun grup, com passa amb aquesta iniciativa de Podemos, porta a debat una proposta per socialitzar una part dels beneficis dels bancs i així entre tots en repartim no només les pèrdues, Esquerra Republicana no pot fer una altra cosa que votar-hi a favor. I encara amb més raó si els recursos que s’obtinguin d’arrel d’aquests impostos al sector bancari van destinats a aspectes fonamentals pel benestar de la ciutadania, com és garantir el dret de l’habitatge.

Per tant, hi estem totalment d’acord. A partir d’aquí, si aquesta iniciativa aconsegueix prosperar, caldria garantir que aquests recursos es transferissin a les administracions competents en aquestes matèries per poder fer polítiques efectives al respecte des del territori on s’ha de fer. I en aquest sentit, Esquerra Republicana ha inclòs reiteradament en els seus programes electorals i ha treballat en aquesta Cambra per fer permanents els impostos a la banca i a les energètiques, per garantir que aquests tributs, que han de ser efectius, però també són exemplificadors, esdevinguin la punta de llança d’una nova fiscalitat més justa i que permeti finançar adequadament les polítiques de transformació verda i la garantia de drets com l’accés a un habitatge digne.

De la mateixa manera, hem estat i seguirem sent tan combatius com els que més en la defensa de la recuperació de l’impost als dipòsits bancaris dissenyat per la Generalitat de Catalunya i que va ser boicotejat pel govern del Partit Popular, però que encara el govern del PSOE no ha corregit.

En definitiva, donarem suport a la present iniciativa perquè és oportuna, perquè és necessària, i seguirem treballant per anar més enllà en la defensa dels interessos de la ciutadania contra els abusos usurers de les grans entitats bancàries.

Gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas. Para ponerles en contexto, la crisis financiera de 2008 trajo al PSOE y luego al Partido Popular al llamado rescate bancario. Tras la excusa de que no nos podemos permitir una quiebra del sistema financiero, los dos grandes partidos españoles llevaron a cabo una inyección masiva de dinero público a la banca española. En total, y bajo el eufemismo de la reestructuración bancaria y según el informe oficial, se transfirieron más de 120 000 millones de euros en forma de ayudas a la recapitalización. Pero, atención, la mayoría de este dinero era dinero público. Tras esta operación, el rescate bancario no se ha devuelto de forma íntegra y, según el Banco de España, hay 60 000 millones de euros que no se pueden recuperar. A pesar de ello, la banca sigue sin devolver este dinero a la ciudadanía, y hay miles de personas que están en manos de la usura bancaria. Se lo voy a recordar, mientras el Estado español salvaba a la banca regalando millones de euros del erario público y diciendo que no había alternativa, había decenas de miles de familias que perdían su casa y miles de pequeños empresarios no podían afrontar los gastos bancarios por el estallido de la crisis financiera. Todos ellos, nosotros, en definitiva, éramos quienes realmente no teníamos alternativa.

Catorce años después de este escándalo, esas personas siguen estigmatizadas por la propia banca, con nóminas embargadas y con una negativa generalizada a darles soluciones o créditos. Y no únicamente eso: los propios bancos siguen aplicando prácticas totalmente abusivas a los más vulnerables, pues cobran una comisión cuando una familia está al descubierto durante dos días y se sigue exigiendo la contratación de servicios de seguro para no cobrar comisiones abusivas por tener una cuenta abierta. Y no únicamente tienen comportamientos abusivos para con los usuarios, sino también a nivel interno: siguen congelando salarios de las plantillas y ejecutando despidos colectivos. Lo más escandaloso de todo es que estos recortes se dan en un momento de máximos beneficios para la gran banca: los cinco grupos bancarios más grandes del Estado han pasado de ganar 15 100 millones de euros en 2021 a unos 20 000 millones en 2022, y a cerrar el ejercicio de 2023 con más de 26 000 millones de euros de beneficios; las ganancias se han disparado un 27 %, es la cifra más grande de su historia. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Y ahora volvamos al principio, dieciséis años después del inicio de esa crisis económica, los bancos presentan unos beneficios multimillonarios y, a pesar de ello, no han devuelto, ni tienen intención de hacerlo, la mayor parte del rescate que recibieron de dinero —y‌ se lo recuerdo— público. Desde junio de 2008 estamos en un proceso de concentración bancaria: cada vez hay menos entidades, hay menos competencia y casi no hay entidades pequeñas, casi no queda ninguna. Este fenómeno, como pueden comprobar, no responde a una voluntad de mejorar la posición de las pymes o de facilitar la operatividad a la ciudadanía ni de contribuir a frenar el despoblamiento rural, todo lo contrario, responde al interés de las entidades bancarias por incrementar sus beneficios a cualquier precio. Lo más paradigmático es analizar de dónde salen los beneficios porque, por un lado, lo hacen de incrementar los ingresos, y sabemos, por ejemplo, que el precio de las hipotecas que los ciudadanos tenemos que pedir para acceder a la vivienda se ha duplicado en solo un año; por otro lado, como es evidente, los beneficios de los bancos se dan al recortar gastos e inversiones. Y cuando denunciamos el salvaje incremento de las hipotecas, nos dicen que el precio del dinero ha subido; pero parece que ha subido únicamente para cobrar, porque cuando tienen que pagar estos cinco bancos se encuentran entre los que peor remuneran, de toda Europa, los ahorros de sus clientes. Es decir, como ciudadanos, si pedimos una hipoteca, la pagaremos más cara que nunca, pero si tenemos un depósito con ahorros, vamos a percibir unos intereses más bajos que nunca. Estamos, por lo tanto, ante buitres del mercado que tienen secuestrados a los clientes, porque no se puede vivir sin una cuenta bancaria, y les quieren exprimir hasta la última gota.

Así que cuando un grupo, como Podemos con esta iniciativa, saca adelante una propuesta para socializar una parte de los beneficios de los bancos y, de este modo, repartir entre todos no únicamente las pérdidas, Esquerra Republicana no puede hacer otra cosa que estar a su lado; más todavía si los recursos obtenidos de este gravamen al sector bancario van destinados a aspectos fundamentales para el bienestar de la ciudadanía, como es garantizar el derecho a la vivienda.

Así que, estamos totalmente de acuerdo. A partir de aquí, si esta iniciativa consigue prosperar, habrá que garantizar que estos recursos se transfieran a las administraciones competentes en dichas materias para que así se puedan realizar políticas eficaces a este respecto, desde el territorio en el que hay que realizarlas. En este sentido, Esquerra Republicana ha incluido reiteradamente en sus programas electorales y ha trabajado en esta Cámara para que los impuestos a la banca sean permanentes, también a las energéticas, para garantizar que los tributos, que tienen que ser efectivos, pero también ejemplificadores, pasen a ser la punta de lanza de una nueva fiscalidad más justa que permita financiar de forma adecuada las políticas de transformación verde y la garantía de derechos como el acceso a una vivienda digna.

Asimismo, también hemos sido, y seguiremos siendo, tan combativos como los que más en la defensa de la recuperación del impuesto a los depósitos bancarios, diseñado por la Generalitat de Catalunya y que el Gobierno Popular impidió que saliera adelante y que no ha corregido el Partido Socialista.

En definitiva, damos apoyo a la presente iniciativa porque es oportuna y porque es necesaria, y seguiremos trabajando para ir más allá en la defensa de los intereses de la ciudadanía ante los abusos usureros de las grandes entidades bancarias.

Gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. La nostra posició sobre esta proposició de llei és clara i coneguda. De fet, gràcies a nosaltres, l’impost de la banca està en vigor en estos moments. És una iniciativa tan compartida que, de fet, està en l’acord de govern que van subscriure entre SUMAR i el Partit Socialista, i al que Compromís també vam donar suport. Entre altres coses, revisar els gravàmens sobre la banca, però també el de les empreses energètiques. Per tant, és manifest el nostre vot favorable a esta proposició de llei. En tot cas, voldria aprofitar esta iniciativa per a recordar que ja l’any 2013, Compromís ja estàvem donant guerra i fent amics entre els poderosos quan vam proposar a les Corts Valencianes crear un impost a la banca. Un impost que servira per a fer un fons d’emergència social que ajudara a les persones més vulnerables i també a frenar les retallades que estava fent el Partit Popular en eixe moment. A més a més, era un impost que existia, en eixe moment ja, en Extremadura, en Andalusia i en Canàries. Malauradament, en abril de 2013, el Partit Popular va tombar la nostra proposta. El ara diputat del Partit Popular Alberto Fabra se’n recordarà, perquè ell era president de la Generalitat Valenciana en aquell moment.

Gracias, presidente. Nuestra posición sobre esta proposición de ley es clara y conocida. De hecho, gracias a nosotros el impuesto a la banca está en vigor en estos momentos. Es una iniciativa tan compartida que forma parte del acuerdo de gobierno que suscribieron SUMAR y el Partido Socialista, y al que Compromís dio también apoyo. Entre otras cosas, revisar los gravámenes sobre la banca, pero también el de las empresas energéticas. Así que, nuestro voto favorable es manifiesto. Votaremos a favor de esta proposición de ley. En cualquier caso, quisiera aprovechar esta iniciativa para recordar que en 2013 Compromís ya daba guerra y hacía amigos entre los poderosos cuando propuso en las Cortes Valencianas crear un impuesto a la banca, un impuesto que iba a servir para crear un fondo de emergencia social que ayudara a los más vulnerables y también a frenar los recortes del Partido Popular de esos momentos. Además, era un impuesto que ya existía en Extremadura, en Andalucía y en Canarias. Desgraciadamente, en abril de 2013, el Partido Popular tumbó nuestra propuesta, una propuesta del ahora diputado del Partido Popular, Alberto Fabra. Este compañero diputado se va a acordar, porque en esos momentos era presidente de la Generalitat Valenciana cuando se tumbó esa iniciativa.

Y, hablando de presidentes de la Generalitat, Eduardo Zaplana, haz la cola. (Aplausos). El expresidente está hoy declarando por ocultar dinero en el extranjero procedente del cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y cohecho. Es el típico modus operandi del Partido Popular cuando gobierna. Miedo nos da lo que puedan hacer ahora que están nuevamente liderados por su discípulo, por Carlos Mazón, en las instituciones valencianas.

Sabem que, quan no estan fent un ús fraudulent de les institucions i apropiant-se dels recursos públics, es dediquen a mantenir determinats privilegis i interessos de classe. En este cas, que debatem hui, de la superclasse bancària. De nou, estem ací intentant posar pal a les rodes dels privilegis de la banca, un debat recurrent des de la crisi econòmica de l’any 2008, que va enriquir uns pocs i va empobrir la majoria. Recordeu tots i totes la frase d’aquell moment? «Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades». Doncs, el que passava en aquell moment i el que continua passant en estos moments és que alguns bancs i alguns partits polítics continuen robant per damunt de les nostres possibilitats.

La banca ha tancat l’any 2023 amb un resultat rècord, més de 25 000 milions d’euros de benefici, un 25 % més que l’any 2022. Uns beneficis que, a més, contribueixen a finançar empreses implicades en el genocidi de Gaza i, si no, que li ho pregunten al BBVA o al Santander. Però és que, a més a més, el BBVA no sols té recursos per finançar la compra d’armament, sinó que no respecta les condicions laborals de les seues treballadores. Per això, les treballadores d’atenció al client d’este banc han convocat una vaga per contractes precaris que les obliguen a pluriemplear-se estant contractades menys hores de les que treballen. Però és que, a més a més, tots estos bancs tampoc tenen recursos suficients per posar-se al dia en la transparència mediambiental, i tots estos bancs —t‌ots— han suspés l’índex de transparència mediambiental de l›any 2023. Haurien de dedicar-se a fer millor aquest tipus de qüestions. Beneficis bancaris que passen perquè han pujat els interessos de les hipoteques, i el que fan és ofegar més a les famílies, que es veuen obligades a retallar en el consum dels seus productes bàsics per fer front a la pujada d’esta quota hipotecària.

Per rescatar bancs, alguns no perden el temps, però per rescatar persones miren cap a un altre costat, i no els culpem. Al final, sabem el que fan: defensar els interessos de la seua classe, que són els interessos del capital. I sabeu on ens porta tot açò? I este és el quid de la qüestió que expliquem sempre en este faristol.

A més context d›incertesa econòmica, a més sensació d›inseguretat material de la nostra població, el que guanya és el discurs de la dreta i de l›extrema dreta. Un context que saben aprofitar per alimentar i estendre el seu discurs de l›odi, per generar conflictes innecessaris i reals i per a que, al final, la gent estiga enfadada i acaben guanyant els de sempre, per als que ells i elles treballen, perquè estan al servei del capital.

I la justícia social hauria de ser imprescindible per neutralitzar els discursos de l’odi, per fer front a la ultradreta i per obtindre la pau positiva. I, per això, sí, clar que sí, estem a favor de que es facen impostos per elevar la pressió fiscal a qui més tenen; impostos que ha de pagar la gran banca i que ja paguem, per damunt de les nostres possibilitats, les famílies o les empreses que vivim a este estat. Perquè els bancs corren molt per desnonar les famílies que estan passant-ho mal, però no corren tant per posar davant de les famílies que més ho necessiten tots els pisos que tenen buits. Tampoc corren per posar en aquelles zones rurals, on tenen una situació més complicada per viure, un bon servei, per exemple, de caixers de proximitat.

I és també un bon dia hui —‌perquè estem obrint tots els debats— per parlar, a banda del debat de que pague la banca, de que no té massa trellat que els valencians i les valencianes continuem sent el territori més castigat pel sistema de finançament que, a més a més, hagen de compensar altres territoris i que no tingam ni la capacitat de poder crear els nostres propis impostos a la banca. Volem la redistribució dels recursos també entre territoris, també entre comunitats autònomes, i volem que s’acabe l’infrafinançament de les valencianes i els valencians, perquè estem cansades de ser els que més paguem. Penseu que estem a la cua dels recursos i que n’hi ha un desequilibri entre l’any 2009 i 2019, en què la comunitat millor finançada està un 31,4 % millor finançada que la pitjor. A que no sabeu quina és la pitjor finançada? Doncs sí, és el País Valencià. I és una xifra intolerable en un Estat social i democràtic de dret. Quan parlem d’equitat volem que paguen els bancs, però també volem la igualtat de recursos i de serveis públics per a tota la gent, i els valencians i les valencianes no volem ser menys que els demés. Un Estat democràtic necessita basar-se en el principi d’equitat social i també d’equitat territorial.

Gràcies.

Sabemos que cuando no actúan fraudulentamente en las instituciones y se apropian recursos públicos se dedican a mantener ciertos privilegios e intereses de clase. En este caso que debatimos hoy, la superclase bancaria es a la que protegen. De nuevo, intentamos poner palos a las ruedas a los privilegios de la banca. Es un debate recurrente desde la crisis económica de 2008, una crisis que enriqueció a unos pocos y empobreció a la mayoría. ¿Recuerdan todos la frase de esos momentos? Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades, se decía. Lo que pasaba entonces y lo que sigue ocurriendo ahora es que algunos bancos y algunos partidos políticos siguen robando por encima de nuestras posibilidades. (Aplausos).

La banca ha cerrado 2023 con un resultado récord, más de 25 000 millones de euros de beneficios, un 25 % más que en el año 2022. Unos beneficios que contribuyen, además, a financiar a empresas implicadas en el genocidio de Gaza y, si no, que se lo pregunten al BBVA o al Santander. Pero es que, además, el BBVA no únicamente tiene recursos para financiar la compra de armamento, sino que, además, no respeta las condiciones laborales de sus trabajadoras. Por ello, las trabajadoras de atención al cliente de dicho banco han convocado una huelga por los contratos precarios que les obligan a pluriemplearse estando contratadas menos horas de las que trabajan. Y es que, además, todos estos bancos tampoco tienen recursos suficientes para ponerse al día en materia de transparencia medioambiental. Y todos estos bancos —‌todos— han suspendido en el índice de transparencia medioambiental en el año 2023. Tendrían que dedicarse a mejorar estas cuestiones. Beneficios bancarios que se dan por el incremento de los intereses de las hipotecas y ahogan más a las familias, que se ven obligadas a recortar el consumo de productos básicos para afrontar el incremento de la cuota hipotecaria.

Para rescatar bancos, algunos no pierden nada de tiempo, pero a la hora de rescatar personas miran para otro lado. Al final, sabemos lo que hacen: defender sus intereses de clase, de su clase, los intereses del capital. ¿Y saben a dónde va todo ello? Ese es el quid de la cuestión, que en esta tribuna explicamos una y otra vez.

Con este contexto de incertidumbre económica, con mayor sensación de inseguridad material de la población, los que ganan son los que sostienen el discurso de la derecha y la extrema derecha, un contexto que saben aprovechar para alimentar y extender su discurso del odio, para generar conflictos innecesarios e irreales y para que, al final, la gente esté enfadada y terminen ganando los de siempre, para los que trabajan ellos y ellas, porque están al servicio del capital.

La justicia social tendría que ser imprescindible para neutralizar los discursos del odio, para afrontar y hacer frente a la extrema derecha y para obtener una paz positiva. Así que sí, claro que sí, estamos a favor de que se creen impuestos para elevar la presión fiscal a quienes más tienen; impuestos que tiene que pagar la gran banca y que ya pagamos por encima de nuestras posibilidades las familias o las empresas que vivimos en este Estado. Los bancos se apresuran a desahuciar a las familias que lo pasan mal, pero no corren tanto a la hora de poner todos los pisos que tienen vacíos a disposición de las familias que más lo necesitan. Tampoco corren al apoyo de las zonas rurales, donde es más complicado vivir, y prestarles un buen servicio con cajeros de proximidad.

Además, hoy también es un buen día —‌ya que abrimos debates— para hablar, aparte de lo que tiene que pagar la banca, de otro tema. No tiene mucho sentido que los valencianos y las valencianas sigan siendo los más castigados por el sistema de financiación y, además, tengan que compensar a otros territorios y que ni siquiera tengamos la capacidad de crear nuestros propios impuestos a la banca. Queremos una redistribución de los recursos también entre territorios, también entre comunidades autónomas. Y queremos que la infrafinanciación de los valencianos y valencianas se termine, porque estamos cansadas de ser los que más pagamos. Piensen que estamos en la cola de los recursos y que existe un desequilibrio entre 2009 y 2019 por el que la comunidad mejor financiada está en un 31,4 % mejor financiada que la peor. ¿Cuál es la peor financiada? Pues sí, el país valenciano. Es una cifra intolerable en un Estado social y democrático de derecho. Al hablar de equidad queremos que los bancos paguen, pero también queremos igualdad en los recursos y en los servicios públicos para toda la gente. Y los valencianos y las valencianas no queremos ser menos que los demás. Un Estado democrático debe basarse en el principio de equidad social y también de equidad territorial.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Nos presenta hoy Podemos una proposición de ley para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca. Ahora se entienden las palabras de Pablo Iglesias en el 2014, que dijo: El cielo no se toma por consenso, sino que se toma por asalto. En la exposición de motivos se menciona una inyección masiva de dinero público en la banca española para sanear sus cuentas; una inyección que se dirigió en su gran mayoría a las cajas de ahorros y no a los bancos; una inyección que se realizó con objeto de sanear unas cuentas deterioradas como consecuencia de una gestión imprudente e incompetente, una gestión poco profesional y en la que primaban los intereses políticos de los mandatarios regionales de turno; una inyección de dinero sobre la que el ministro Luis de Guindos dijo que no nos costaría un euro a los españoles. No sé si será casualidad, pero ahora coinciden en puestos financieros en Europa dos exministros de Economía. Supongo que eso reforzará la coalición que mantienen en Europa socialistas y populares, y que, según el diputado González Pons, se extiende también a los verdes. En esta proposición de ley se propone subir el actual gravamen hasta el 10 % y crear una nueva figura tributaria que grave los márgenes extraordinarios; márgenes extraordinarios que Podemos define como los beneficios que estén por encima del 5 % de los obtenidos en el primer semestre del año 2022, un 5 % que entiendo será consecuencia de un pormenorizado y exhaustivo análisis que confío que Podemos nos hará llegar a todos los diputados de esta Cámara. Una nueva definición de los ingresos extraordinarios que, con el análisis que nos va a proporcionar Podemos, cambiará, seguro, lo marcado por el Plan General de Contabilidad. Nos encontramos, por tanto, con una proposición de ley demagógica y poco trabajada, ya que ni siquiera incluye estimaciones del aumento de la recaudación fiscal. Hablamos de una proposición de ley muy básica y que simplifica el origen del incremento de los beneficios. Podemos llegar al sinsentido de gravar con un 50 % o un 75 % los beneficios derivados de una optimización de procesos, de la entrada de nuevos mercados, de rentabilizar inversiones o, simplemente, de reducir costes. Hablamos de una proposición de ley que crea inseguridad jurídica. No se dan cuenta, señores de Podemos, de que la dinámica de crear continuamente nuevos impuestos e incrementar constantemente la presión fiscal crea inseguridad jurídica y provoca la huida de los inversores. Por desgracia, ustedes apoyan a un Gobierno especialista en crear inseguridad jurídica con sus ataques constantes a la independencia del Poder Judicial y a la separación de poderes. Por desgracia, ustedes apoyan a un Gobierno que desconoce la importancia de la inversión para lograr un crecimiento sólido y sostenible. Les pongo tres ejemplos claros: primero, la OCDE señala la baja inversión como factor que lastrará el crecimiento económico de España y la OCDE señala también que en las próximas cuatro décadas el crecimiento del capital tanto físico como intangible por trabajador en España será el tercero peor de los cuarenta y seis países analizados; segundo, la formación bruta de capital fijo por persona en edad de trabajar en España fue un 5,3 % menor en 2023 que en 2011, y, tercero, la inversión extranjera en España se desplomó casi un 20 % en el año 2023.

Hablamos de una proposición de ley que perjudicará la oferta de crédito por parte de las entidades financieras y, por tanto, damnificará a hogares, pymes y autónomos, ya que son ellos quienes tienen menos alternativas al crédito bancario. Es una irresponsabilidad poner trabas al aumento de la oferta de crédito a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, cuando son la mayor parte del tejido empresarial en España. Y es una doble irresponsabilidad a la vista de los datos publicados por el Banco de España, datos que mencionan que en este último año la liquidez de las empresas se ha reducido un 11,2 % y la de los hogares un 7,2 %.

Hablamos de una proposición de ley que provocará con la nueva figura tributaria propuesta una doble tributación. Hablamos de una proposición de ley que convierte al Ministerio de Transportes en prestamista de los entes locales, y, por tanto, pudiendo condicionar su gestión y receptores. No han aprendido nada de la anterior crisis financiera ni de sus consecuencias. (Aplausos).

Es una proposición de ley que habla de beneficios recibidos por un sector que no se corresponde con una contribución a la mejora del tejido productivo en España. Me alegro de que Podemos utilice este argumento. Por ello les proponemos que analicen la totalidad de las subvenciones y ayudas que reparte el Gobierno, valoren su contribución a la mejora del tejido productivo y nos planteen la eliminación de las que no cumplan esos criterios. Según datos de la IGAE, a 17 de agosto de 2023, el monto de las ayudas acumuladas en el año 2022 a empresas ascendió a 7872 millones de euros. Es una ardua labor, señores de Podemos, señorías, pero seguro que será fructífera.

Hablamos de una proposición de ley que ignora que para ayudar a las familias hay que aliviar su carga fiscal. ¿Y cómo hacerlo? Entre otras medidas, manteniendo bonificado el IVA de la luz y del gas o deflactando las tarifas del IRPF. En VOX proponemos para ayudar a las familias y a los jóvenes recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual y también la deducción por costes de alquiler. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

En definitiva, estamos ante una proposición de ley, uno, poco trabajada y demagógica; dos, que crea inseguridad jurídica; tres, que tiene un claro efecto de expulsión de la inversión; cuatro, que perjudica a hogares, autónomos y pymes; cinco, que convierte a un ministerio en prestamista; seis, que nos conduce a repetir los mismos errores de la anterior crisis financiera. Ante estas realidades, ya se imaginan que nuestro voto será no.

Termino mi intervención recordando la posición de VOX, manifestada en nuestro programa electoral de las pasadas elecciones municipales. VOX propone aumentar la inversión destinada a la construcción de viviendas de protección oficial, así como la cesión temporal de activos y suelo urbanizable procedente de la Sareb para alquiler social, y es que para VOX aumentar la inversión en vivienda de protección oficial y ayudar a las familias no debe depender de un impuesto de carácter temporal, debe ser un eje fundamental de las políticas públicas.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y de los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Veo en este Pleno del Congreso de los Diputados, a un lado y a otro, a demasiadas personas interesadas en tapar la política de este Gobierno progresista con el que estamos mejorando la vida de la gente ahora y hace dos años. Pero no quiero entrar en confrontación con ustedes, porque, sinceramente, creo que las izquierdas debemos trabajar juntas. Y sí que les voy a agradecer, señorías, que nos permitan en este Pleno hablar hoy de economía, porque este Parlamento se está convirtiendo en una rara excepción en Europa al no traer la oposición temas de economía, porque no quieren que hablemos de economía. (Aplausos). Pero vamos a hablar de economía, ya que nos traen la oportunidad.

Y, señora Belarra, cuando la tenía delante y podía hacerlo, recuerdo que no le decía nada a la vicepresidenta Calviño. Pero, ya que lo ha traído usted también hoy, quiero aprovechar para agradecer el trabajo de la vicepresidenta y el prestigio que ministras como ella han demostrado y hoy son un orgullo en Europa. (Aplausos).

En cualquier caso, señorías, como saben, estamos tramitando un real decreto como proyecto de ley y ahí podremos hablar de todas estas cuestiones y debatir sobre ellas, porque también se han presentado enmiendas. Pero, como creo que ese no es el fondo, vamos a hablar con sinceridad de lo que a ustedes hoy les preocupa, porque además veo que han rescatado eso de que somos lo mismo, lo hemos escuchado también hoy aquí. Pero, señorías, de verdad, ¿cómo vamos a ser los mismos los que hemos dedicado ingentes cantidades económicas a rescatar a las personas, frente a aquellos que destinaron 60 000 millones de euros a rescatar a la banca? (Aplausos). ¿Cómo vamos a ser lo mismo, frente a la respuesta a la crisis financiera que dio el Partido Popular, recorte de derechos, prestaciones por desempleo, indecentes copagos farmacéuticos, eliminación del carácter universal de nuestra sanidad pública, subidas masivas de impuestos e, incluso, indecentes amnistías fiscales a los defraudadores, ante la política de este Gobierno desde la pandemia y ahora en la guerra de Ucrania, cuando hemos protegido a las empresas, a las familias, a los autónomos y a los trabajadores y a las trabajadoras? (Aplausos). ¿Cómo vamos a ser lo mismo, señorías, si llevamos a cabo la mayor movilización de recursos públicos en democracia para hacer algo tan importante como no dejar caer a todo un país que tuvo que aislarse para protegerse y salvar vidas? Si no hubiéramos destinado recursos públicos sin precedentes, nuestro país estaría hoy sumido en una crisis de la que sería muy difícil salir.

También voy a aprovechar para recordar también algunas cosas sobre lo que hizo el Partido Popular y lo que ha hecho este Gobierno progresista, porque con las recetas del Partido Popular en el año 2012 se superaron los seis millones de desempleados, y con este Gobierno hoy tenemos 2,7 millones de parados, que es la menor cifra en los últimos dieciséis años. (Aplausos). Y, señorías, este Gobierno ha creado nuevos derechos, como el ingreso mínimo vital, ha prohibido el corte de los suministros básicos o ha liderado una respuesta en Europa ante la subida de los precios de la electricidad, que hoy es un ejemplo en el mundo y nos permite tener el precio de la energía más bajo de toda la serie histórica. Frente a las recetas neoliberales del Partido Popular, que solo provocaron más desigualdad e hicieron que tardásemos diez años en salir de la crisis financiera, hoy, con justicia social y justicia fiscal, España lidera el crecimiento económico de Europa, puesto que en 2023 crecimos un 2,5 %, cinco veces más que la media de la eurozona, y España crea cuatro de cada diez empleos que se generan en la Unión Europea, estamos reduciendo la inflación y, por ejemplo, hoy tenemos el nivel más bajo de la inflación subyacente de los últimos dos años, y todo esto con récord en cifras de exportaciones y con la confianza, certidumbre y estabilidad de nuestra economía, que hacen que hoy seamos un país atractivo para los inversores internacionales. Esta es la realidad y probablemente por todo esto el Partido Popular en este Congreso de los Diputados no habla de economía, no quiere que se sepa la diferencia entre la gestión del Partido Socialista y la gestión del Partido Popular.

Pero voy a ir a más, voy a aprovechar esta intervención para dar algunos otros datos, porque probablemente el Partido Popular ha dejado de hablar de economía también porque ya no son creíbles. Decían que con este Gobierno todo iba mal, y les voy a poner solo dos ejemplos, porque afirmaban que subir el salario mínimo interprofesional o aprobar la reforma laboral iba a traer millones de despidos. ¿Recuerdan, señorías? Pues bien, hoy este país tiene la mayor cifra de trabajadores y de trabajadoras de la historia de nuestra democracia, con 21 millones de trabajadores, señorías del Partido Popular. (Aplausos). Y un segundo ejemplo, señorías, porque, decían también que establecer este gravamen a la banca y a las entidades financieras iba a hacer quebrar a los bancos. ¿Lo recuerdan, señorías? Pues bien, en 2023 la banca ha obtenido los mejores beneficios de su historia. Esa es la realidad de la economía española y la respuesta que ha dado este Gobierno.

Y sí tenemos que aprender una lección también de todo esto, señora presidenta, y es que redistribuir la riqueza como hemos hecho hace de España un país mejor. Por eso les adelanto que al Grupo Socialista no le va a temblar el pulso cada vez que toque tomar decisiones valientes como las que hemos hecho. Lo hicimos cuando aprobamos el gravamen a la banca, lo volvimos a hacer cuando decidimos prorrogar para 2024 este gravamen y lo haremos en el futuro. Por eso dentro del acuerdo de Gobierno progresista también está revisar los gravámenes a la banca y a las empresas energéticas para estudiar su permanencia cuando expire el periodo de la actual aplicación.

Y, señorías, sinceramente, creo que en esto está la mayoría de este Congreso de los Diputados, la mayoría de ustedes. Estamos de acuerdo en lo esencial, no nos dejemos llevar por el ruido interesado de quienes quieren que nada avance. Por eso este Gobierno progresista, el Gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez va a seguir haciendo lo que hay que hacer, aprovechar que recaudamos más para redistribuir mejor, y por eso, sí, vamos a seguir revalorizando las pensiones, subiendo el salario mínimo interprofesional, dando más becas a nuestra juventud, situando la vivienda como el quinto pilar del Estado del bienestar y creando más empleo indefinido y de mayor calidad. Y a todo esto, por cierto, el Partido Popular siempre ha votado en contra. No nos digan que somos lo mismo.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, señorías. Señora Belarra, ¿sabe usted cuánto ganaban los bancos antes de impuestos en el año 2007, antes del inicio de la crisis financiera? Todas las entidades, incluidos los establecimientos financieros de crédito, ganaban 30 000 millones de euros. ¿Sabe cuánto ganan ahora? En el año 2023 todas las entidades, incluidos los establecimientos financieros de crédito, después de impuestos, han ganado 25 117 millones de euros, es decir, parecidos resultados que hace dieciséis años. ¿De verdad quiere vendernos que las entidades financieras son las grandes beneficiadas de estas tres crisis? ¿A quién quieren ustedes engañar, señora Belarra? A este Parlamento, por lo que veo, no lo van a engañar, aunque entiendo que a ustedes no les importa, porque su objetivo de engaño no somos nosotros, sino la gente, y debo reconocerles que a veces lo consiguieron en el pasado, si bien es cierto también que cada vez lo consiguen menos y que su tendencia es a cero. Nos plantean una proposición de ley que habla de una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo, un concepto que acuñó el Gobierno del Partido Socialista, que cada vez se parece más, por cierto, a un partido populista como el suyo. Por eso ustedes están perdiendo espacio electoral, porque hay un partido que ocupa su espacio y con mucho más músculo que ustedes, músculo que el Partido Socialista va construyendo a través de ocupar las instituciones y todas las administraciones públicas y de tramas de corrupción y de favores, como estamos viendo en la actualidad. (Aplausos). Una denominación eufemística la de esta proposición de ley, supongo que por no llamarlo sablazo a las entidades de crédito, y, básicamente, siguen la línea del plan presupuestario planteado por el Gobierno y acordado con ustedes en los últimos años; una suma continua de sablazos a los autónomos, a las empresas, a los propietarios de vehículos diésel, a los consumidores, a los que tienen seguros, etcétera; sablazos a las rentas bajas, a las rentas medias, a las rentas altas, y también a los ricos, aunque esta es la parte pequeña, porque la mayor parte de los sablazos es para el resto de la población. Correcta imposición, dicen. Correcta, según la RAE, es libre de errores o defectos conforme a las reglas. Las entidades de crédito ya tributan conforme a las reglas, incluso por encima de las reglas del resto de los sectores porque se les ha aplicado un gravamen para que el Gobierno disponga de más caja para sus fines; no para invertir, por ejemplo, en vivienda, como ustedes plantean en la proposición de ley, y no será por dinero, porque la recaudación tributaria crece año tras año en un porcentaje nunca visto. No es cuestión de dinero, es cuestión de objetivos políticos, y los de este Gobierno no son la inversión. Beneficios caídos del cielo que llegan impensadamente en tiempo o lugar que más convenía. ¿Impensados los beneficios porque los tipos de interés están en el 4 %? Quizá estén un poco altos, pero es que han convivido con tipos de interés al cero y negativos durante más de seis años. ¿Qué deberíamos haber hecho, haberles compensado, por la misma regla, por pérdidas caídas del cielo? No, señores. Las entidades financieras han tenido que lidiar con un mercado sin interés, y ahora, que tienen algo de margen, queremos meterles un sablazo, uno más de todos los que a la izquierda se le ocurren siempre que gobierna. Y no es justo ni razonable, primero, porque todas las subidas impositivas en el sector financiero tienen incidencia directa en su competitividad, en los gastos que repercuten a los clientes y en la evolución del crédito sobre la economía; siempre y por obligación, no por capricho. Ya lo dejó muy claro la Autoridad Bancaria Europea: Tendrá consecuencias en los costes a los clientes y en el crédito, porque el mantenimiento de la solvencia es el principal objetivo, para que no vuelva a ocurrir lo de la crisis financiera. Entonces, les pregunto: ¿Quieren ustedes que nuestras entidades compitan o no frente a otros países? ¿Quieren ustedes que haya crédito suficiente en la economía para apoyar el crecimiento económico o no?

¿Quieren ustedes que los clientes paguen más por sus servicios financieros o no lo quieren? Esto es lo que debemos decidir hoy y nuestro grupo lo tiene claro: sí a la competitividad de nuestros sectores económicos, sí a todas las palancas que impulsen la actividad económica y sí a la reducción de gastos a los consumidores.

En el primer punto de la proposición de ley hablan de los resultados de 2019 para comparar y aplicar del gravamen. Señorías, en 2019 los tipos estaban en negativo, y no parece lógico hacer la base de cálculo sobre ese año porque siempre saldrá positivo. Después hablan de un 10 % de margen: he estado intentando calcular un poco y, aproximadamente, me salían unos 1600 millones de gravamen trimestralmente, lo que me parece una auténtica barbaridad. No saben ustedes las repercusiones que una medida así tendría, aunque creo que les da igual.

Sobre la crisis financiera y su resolución, un asunto recurrente pero que sigue en los discursos, de verdad, ¿creen que se puso dinero público para ayudar a las entidades financieras como si el Estado tuviera una obligación o, incluso, un deseo de salvarlas? No, señores, el dinero público fue invertido para salvar el país, para rescatar a millones de ahorradores y evitar quiebras más costosas para la sociedad. (Aplausos). Sí, señores, y esta reestructuración se hizo con otro objetivo, la de recuperar la capacidad para financiar el crecimiento y poder crecer como lo hemos hecho desde el año 2013. Este es el décimo año consecutivo, salvando el año de la pandemia.

Señorías de Podemos, dediquen su tiempo a hacer aportaciones a este país y olvídense de las propuestas populistas. Ese camino en la izquierda ya lo está haciendo el Partido Socialista y lo hace con mejores resultados que ustedes. Necesitan un nuevo proyecto y una nueva forma de hacer política o desaparecerán.

Muchas gracias. (Aplausos).