Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España (corresponde al número de expediente 120/000026/0000 de la XIV Legislatura).

Boa tarde, obrigado, señora presidenta. Para min, é un pracer en nome do BNG abrir este debate da proposición de Lei sobre a regularización extraordinaria das persoas estranxeiras no Estado español, que resulta dunha iniciativa popular que o BNG apoiou desde o comezo, unha iniciativa popular que é simple e mesmo moi breve, apenas unhas liñas na súa parte dispositiva. O Goberno, mediante real decreto, establecerá no prazo de seis meses un procedemento para a regularización dos estranxeiros que se achen en territorio español antes do día 1 de novembro de 2021. No entanto, pese á súa brevidade, é inmensa en humanidade, en xustiza e en decencia. En primeiro lugar, porque estamos a falar de dereitos humanos, estamos a falar de case medio millón de persoas que verían mudar a súa vida para mellor e que recibirían un trato digno por parte da sociedade e da propia administración pública. Desde unha óptica humanista, que é consubstancial á posición da esquerda e, polo tanto, da esquerda soberanista galega que representa o BNG, afírmase a idea de que ningunha persoa é ilegal, quero dicir, que non se pode condenar ningún ser humano a ficar fóra do recoñecemento de dereitos humanos e democráticos esenciais e das mesmas políticas públicas que visan facelos efectivos. A situación de irregularidade de case 500 000 persoas no Estado español favorece a vulneración deses dereitos esenciais e propicia situacións de sobreexplotación laboral ou de exclusión de servizos públicos básicos como a educación ou a saúde. Impide, en todo caso, ás persoas afectadas erguer un proxecto de vida digno, e non é xusto. É verdade que, tamén desde unha posición de esquerda real e de soberanismo consecuente, o que debemos ter sempre presente é a necesidade de mudar as relacións económicas internacionais desiguais, as políticas que xeran espolio, miseria, crises climáticas e mesmo guerra en moitos países e que están detrás dos fenómenos migratorios. Rexeitar, en definitiva, as políticas coloniais, neocoloniais e de rapina imperialista que están a impedir que moitos países poidan desenvolverse sobre a base dos seus recursos e de intercambios económicos e comerciais xustos para garantir vida digna a todos os seus habitantes. Mais, para alén de que o Estado español como membro da Unión Europea é seguidor desas políticas interesadas do mal chamado Occidente comandado polos Estados Unidos, é plenamente corresponsábel diso. Agora do que se trata é de resolver con xustiza a situación das persoas que xa están no Estado español. Lembro: as de antes do 1 de novembro de 2021 e para as que a situación de irregularidade pesa como unha lousa nas súas vidas. Por iso falaba de inmensa carga de humanidade e de decencia que hai nesta proposición, que parte, e convén subliñalo, do traballo das propias persoas migrantes e do apoio de máis de 900 organizacións da sociedade civil até reunir preto de 700 000 sinaturas. E quero aproveitar para recoñecer o labor de todas as persoas e entidades que o fixeron posíbel. Vou finalizando. Ademais, como a propia exposición de motivo fixo causa de lembrar, o proceso de regularización redundaría en efectos económicos e fiscais positivos, permitindo aflorar a economía somerxida ligada ás persoas en situación de irregularidade, que pasarían a contribuír coas súas capacidades económica e fiscalmente ó conxunto da sociedade. E esta é máis unha razón, para nós, insisto, non a máis importante, que ten que ver cos dereitos das persoas migrantes, pero é unha razón máis para apoiar este proceso de regularización que, por outra parte, non é novidoso, porque no Estado español xa se realizaron con anterioridade outros seis. O BNG teno claro: fronte ó discurso xenófobo, racista e parafascista da ultradereita, que hoxe pode e debe ser derrotada, ten que imporse a xustiza, a decencia e a humanidade. Moito obrigado.

Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Para mí es un placer, en nombre del BNG, abrir este debate de la proposición de ley sobre la regularización extraordinaria de las personas extranjeras en el Estado español, que resulta de una iniciativa popular que el BNG apoyó desde el principio, una iniciativa popular que es simple, incluso muy breve, apenas unas líneas en su parte dispositiva. El Gobierno, mediante real decreto, establecerá en el plazo de seis meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de noviembre de 2021.

Sin embargo, pese a su brevedad, es inmensa en humanidad, en justicia y en decencia. En primer lugar, porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de casi medio millón de personas que podrían cambiar su vida para mejor y recibir un trato digno por parte de la sociedad y de la propia Administración pública. Desde una óptica humanista, que es consustancial a la posición de la izquierda y, por lo tanto, de la izquierda soberanista gallega que representa el BNG, se afirma la idea de que ninguna persona es ilegal; es decir, no se puede condenar a ningún ser humano a quedar fuera del reconocimiento de derechos humanos y democráticos esenciales ni de las políticas públicas que visan hacerlos efectivos.

La situación de irregularidad de casi 500 000 personas en el Estado español favorece la vulneración de esos derechos esenciales y propicia situaciones de sobreexplotación laboral o de exclusión de servicios públicos básicos, como la educación o la salud. Impide, en todo caso, que las personas afectadas pongan en marcha un proyecto de vida digna, y no es justo. Es verdad que también desde una posición de izquierdas real y de soberanismo consecuente lo que debemos tener siempre presente es la necesidad de cambiar las relaciones económicas e internacionales desiguales y las políticas que generan expolio, miseria, crisis climáticas, incluso guerra en muchos países, y que están detrás de los fenómenos migratorios. En definitiva, debemos rechazar las políticas coloniales, neocoloniales y de rapiña imperialista, que están impidiendo que muchos países puedan desarrollarse sobre la base de sus recursos y con intercambios económicos y comerciales justos, de forma que puedan garantizar una vida digna a todos sus habitantes. Pero, aparte de que el Estado español, como miembro de la Unión Europea, es seguidor de esas políticas interesadas del llamado Occidente, comandado por los Estados Unidos, es plenamente corresponsable de eso.

Ahora de lo que se trata es de resolver con justicia la situación de personas que ya están en el Estado español —r‌ecuerdo que antes del 1 de noviembre de 2021— y para las que la situación de irregularidad pesa como una losa en sus vidas. Por eso, hablaba de la inmensa carga de humanidad y de decencia que hay en esta proposición, que parte —c‌ onviene subrayarlo— del trabajo de las propias personas migrantes y del apoyo de más de novecientas organizaciones de la sociedad civil, que reunieron cerca de setecientas mil firmas. Quiero aprovechar para reconocer la labor de todas las personas y entidades que lo han hecho posible.

Acabo. Como la propia exposición de motivos hizo causa, quiero recordar que el proceso de regularización redundaría en efectos económicos y fiscales positivos, permitiendo aflorar la economía sumergida ligada a las personas en situación de irregularidad, que pasarían a contribuir con sus capacidades económicas y fiscalmente al conjunto de las sociedades. Esta es otra de las razones —‌para nosotros, desde luego, no la más importante— que tiene que ver con los derechos de las personas, otra razón más para apoyar este proceso de regularización. Por otra parte, no es novedoso, porque en el Estado español ya se han realizado con anterioridad otros seis.

El BNG lo tiene claro: frente al discurso xenófobo, racista y parafascista de la ultraderecha, que hoy puede y debe ser derrotada, tiene que imponerse la justicia, la decencia y la humanidad.

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. La votación de hoy, señorías, va de democracia. Y va de democracia fundamentalmente por dos razones. La primera es que hay cerca de medio millón de conciudadanos que viven y trabajan en España, que son nuestros vecinos y que, sin embargo, tienen menos derechos que cualquiera. Su gran pecado es cometer una infracción administrativa: la de no poseer permiso de residencia; una infracción administrativa —‌como saltarse un semáforo—, pero tienen que soportar que muchos, entre ellos algunas de sus señorías, les llamen ilegales. Es curioso, señorías, que a un trabajador o trabajadora que se desloma por sacar adelante a su familia se le llame ilegal, pero que a alguien que deja de pagar cinco millones de euros a Hacienda y, luego, tras un chivatazo, regulariza su deuda con Hacienda, se le llame majestad y no tenga problemas para pasearse por el país, como hemos visto este fin de semana.

Cientos de miles de personas han tenido que salir de su país buscando una vida mejor para ellos y para sus familias, de países que, en muchos casos, han sido expoliados desde Occidente y a los que se ha obligado a abrir sus fronteras a los productos occidentales y a tragar con un intercambio desigual; en definitiva, han sido obligados a hacer lo contrario de lo que hicieron otros países para desarrollarse. ¿Qué harían ustedes, señorías, si la vida de sus familiares estuviera en peligro? Sean sinceros. Creo que desearían, al menos, ser tratados con dignidad y con respeto. También creo que un trámite administrativo no les detendría, como no detuvo a los millones de españoles que, en muchos momentos oscuros de nuestra historia, tuvieron que hacer lo mismo.

Señorías, vivimos en un mundo donde los capitales se mueven libremente, pero donde los seres humanos solo se encuentran barreras, y algunos de ustedes gritan por levantar muros más altos. Pero no nos engañemos, no es que ustedes no quieran que haya personas migrantes en nuestro país —‌saben que eso no es posible—, lo que ustedes quieren es que esas personas migrantes no tengan ningún derecho. La actual regulación del derecho a la residencia en España es absurda, obliga a la mayoría de la gente a demostrar que han vivido en nuestro país durante tres años sin permiso de residencia y sin trabajo para obtenerlo. ¿Y qué hace mientras tanto esta gente en esos tres años? Yo se lo digo, señorías: trabaja sin derechos, muchas veces para algún desaprensivo; vive un hostigamiento policial permanente, por el que puede acabar sesenta días encarcelada en un CIE sin haber cometido delito alguno, y en muchas ocasiones sufriendo racismo y agresiones por parte de las autoridades, como vimos el otro día en el barrio de Lavapiés.

Para arreglar todas esas injusticias, señorías, no hay más camino que tumbar la infame ley de extranjería del señor Aznar, que sigue prácticamente igual que cuando se aprobó. Mientras tengamos vecinos y vecinas sin derechos, no tendremos una democracia plena.

Señorías del Partido Popular, si no son lo suficientemente humanos para que esto les afecte, sean interesados: la regulación del año 2004 se estima que trajo 2400 millones de euros anuales a las arcas públicas, un dinero que, de lo contrario, podría haber acabado en manos de cuatro explotadores. Señorías del Partido Socialista, si se oponen a la tramitación de esta ILP, no se extrañen de que crezca la desafección política en el bloque democrático ni de que los gritos de que «viene la derecha, viene la derecha» dejen de tener sentido y ya no los escuche nadie.

Les debemos a setecientos mil ciudadanos y ciudadanas, y a decenas de entidades muy diversas—de solidaridad, movimientos sociales y religiosas— que han peleado por esta iniciativa día y noche, que este debate no se detenga y que avance en esta Cámara. Se lo debemos y nos lo debemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Señorías, arratsalde on, jaun-andreok. El Grupo Parlamentario Vasco tiene señalado, y así consta en los programas electorales, que el abordaje de un fenómeno como el de la inmigración económica y la demandante protección internacional reclaman, por su carácter estructural y global, masivo e incremental, un tratamiento comunitario, tanto en los países de origen como en los de tránsito y destino, bajo los principios de solidaridad e integración social y laboral, eliminando su precariedad en las condiciones laborales, y de responsabilidad y reparto equitativo, lo que apela a su sostenibilidad económica y social y a modelos ordenados, regulares, estables y seguros y de respeto a la dignidad de las personas, prestando asistencia humanitaria, con especial atención a quienes se encuentren en situaciones de especial vulnerabilidad. Señorías, en el Partido Nacionalista Vasco así lo practicamos allí donde estamos al frente de instituciones de gobierno, prestando asistencia sociosanitaria a todas las personas, tengan permiso de residencia en el Estado o no lo tengan; dando a los menores inmigrantes acompañados en situación administrativa irregular educación y formación durante su edad escolar; también tutelando a menores no acompañados y acompañando a los extutelados en su tránsito a la vida adulta, e impulsando en todos ellos su habilitación y acceso a una formación orientada al mercado de trabajo, así como al arraigo por formación, activando programas de colaboración con las empresas. Son actuaciones de un modelo vasco de acogida que promueven tanto la autonomía personal como la inclusión y en los que es pieza clave la formación y la inserción laboral, agilizando para ello, entre otras medidas, la homologación de titulaciones de las personas migrantes que residen en Euskadi, facilitando la regularización administrativa de quienes ya trabajan, eliminando así la precariedad en su contrato, a fin de que las políticas migratorias y de inclusión coadyuven no solo a desarrollar proyectos de vida y de integración, sino también a un desarrollo económico sostenible e inclusivo que responda mejor a las demandas del mercado laboral, también como elemento fundamental para el equilibrio demográfico y como condición para el fortalecimiento y sostenibilidad del sistema de pensiones, ya que todos los informes confirman que su futuro estará sustentado parcialmente por la incorporación de trabajadores inmigrantes, por lo que resulta imprescindible adoptar medidas para que esta integración sea legal, segura y ordenada, en línea con las recomendaciones del pacto mundial para la migración de Marrakech.

Señorías, en este marco nos posicionamos políticamente respecto a la iniciativa legislativa cuya toma en consideración hoy debatimos para señalar que solo para las personas extranjeras demandantes de protección internacional existe el deber de reconocimiento de permanencia y de trabajo en los Estados receptores, siendo preciso para el resto de inmigrantes permiso de residencia y/o trabajo, de conformidad con los compromisos a los que nos vemos obligados por el marco comunitario al que pertenecemos y con el que desde 2008 se compadecen mal las regularizaciones generales e indiscriminadas, ya que ese marco de la Unión, que para nosotros es un marco propio e interno, exige limitarse a regularizaciones caso por caso y por motivos humanitarios y económicos. Por eso, señorías, no existen regularizaciones generales en la Unión desde 2008. La que se dice producida durante la pandemia en Italia fue parecida a la producida en España para la recogida de productos del campo y durante un periodo limitado. Y la citada de Portugal, también durante la pandemia, fue para permitir el acceso a la sanidad pública, hasta ese momento no posible, de personas en situación administrativa irregular en Portugal, a diferencia de lo que está establecido en el Estado español.

Es por lo señalado, señorías, por lo que consideramos que la iniciativa debatida debería reorientarse a una regularización extraordinaria, caso a caso, por motivos, entre otros, humanitarios, como, entre otros, podría ser el de reagrupaciones familiares o los vinculados a razones económicas y demográficas, en combinación con los derechos de los inmigrantes, eliminando la precariedad en sus contratos de trabajo, aflorando contratos de trabajo, hoy opacos y abusivos, y coadyuvando a la mejora de su calidad de vida.

En suma, señorías, es algo que ya proponíamos en nuestro programa electoral a las elecciones a esta XV Legislatura cuando reclamábamos para las personas migrantes irregulares que cuenten con contrato de trabajo de hecho en España la no necesidad de pasar, previamente, por un largo proceso de arraigo, actualmente vigente, o por la contratación en origen, lo que iría, además, en línea con la regularización extraordinaria que, caso a caso, se llevó a cabo a través de la disposición transitoria tercera del Decreto 2393/2004, por el que se aprobó el reglamento general de la ley de extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, al producirse, entendemos, a día de hoy unas circunstancias excepcionales equiparables a las que en 2004 propiciaron la aprobación de esa disposición transitoria tercera que habilitó cauces excepcionales de regularización vinculados a una futura relación laboral, comprobable y cierta, con el mercado de trabajo.

En definitiva, señorías —‌voy finalizando, presidenta—, votaremos a favor de la toma en consideración de la ILP para que pueda tramitarse en la Cámara, en reconocimiento y por respeto a la labor de toda la ciudadanía que ha trabajado en ella y por ella y para debatir sobre la problemática de fondo que en la misma se plantea, aunque con las observaciones realizadas respecto a su contenido y a la reorientación que consideramos necesaria para vincular los procesos de regularización extraordinaria, entre otros casos a la incorporación al mercado laboral, garantizando derechos laborales, superando procesos lentos y burocráticos, luchando contra la economía sumergida y la explotación laboral y reforzando la integración a través de la autonomía personal.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

Arratsalde on, presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy creo que se da un paso importante, aunque no sé si de celebración. ya que yo creo que hay que tener alegría contenida hasta ver afecto a esta propuesta que se lleva hoy a término. En todo caso, yo creo que en primer lugar hay que agradecer y reconocer la labor que hicieron todas esas organizaciones que recogieron más de seiscientas mil firmas, con lo complicado que es y en un momento también complicado como fue la pandemia. Por eso, en primer lugar, quiero dar las gracias a estas organizaciones y a las representantes que están hoy aquí junto a nosotros y nosotras. Veo a la compañera María Dantas y le envío también un saludo desde aquí. (Aplausos).

Señorías, en la ILP se da un repaso a la realidad que existe hoy en día en España, en el Estado: cerca de quinientas mil personas están en situación de irregularidad administrativa y se ven expuestas en el día a día a una situación de vulnerabilidad, de desprotección y de exclusión. Y no hay más que dar un repaso a la prensa cada día. Hoy mismo, antes de entrar en la Cámara, leía un artículo en el diario El País que hacía una radiografía del mercado negro de viviendas para personas migrantes, esos zulos donde se ven obligadas a vivir estas personas por su situación; en otro contexto no vivirían ahí. Si hacen un poco memoria, recordarán también ustedes esos ejemplos de esclavitud en el siglo XXI que han llevado a personas, a temporeros, a morir bajo el sol tras jornadas de once horas de trabajo. Alguno de ellos fue abandonado a las puertas de un hospital por un jefe explotador, apoderado, por cierto, de una formación ultraderechista: no es casualidad que sean quienes se aprovechan de estas situaciones de vulnerabilidad para beneficiarse y seguir explotando a esas personas.

Además de ello —s‌ e ha mencionado también por algún portavoz—, se encuentran con una ley de extranjería que dificulta en el día a día el acceso a una regularización, no solamente por el fondo, sino también por la forma, ante una yincana administrativa sin turnos, con meses de espera, teniendo incluso que pagar a mafias que se organizan por copar los números de citas en la Administración.

Desde Euskal Herria Bildu, como venimos solicitando en los últimos años, pedimos una regularización extraordinaria de todas —t‌odas— las personas que están en situación irregular en este momento, sea cual sea su origen y sea cual sea su situación. Pero supongo que hay quienes tienen dudas. Pues hay una organización que apoya esta medida y la está impulsando, llamada porCausa, que hace dos años realizó un informe —l‌os animo a que lo lean— en el cual dan cinco razones para impulsar esta ILP. La primera de ellas dice que es un problema tan grande que afecta a tantas personas que no se puede obviar: medio millón de personas, un tercio de ellas menores, que están en situación irregular y, por lo tanto, expuestas a situaciones de explotación y vulnerabilidad. Pero es que, además de ser un problema tan grande que no se puede obviar, lo decente —‌antes también lo comentaba el señor Rego—, como es una cuestión de izquierdas, pero también de humanidad, es abordarlo, hacerlo frente. Hay Estados —‌se ha mencionado— que han hecho regularizaciones en estos últimos años durante la pandemia, ya fueran parciales, ya fueran segmentadas. Yo creo que, una mayoría, no sé sí de izquierdas, pero sí pro derechos humanos y humanista, debe aprobar esta regularización.

Decía que habrá quienes tengan dudas, pero es que, además, para aquellos que lo vean desde un punto de vista economicista, piensen que sería incluso beneficioso para las arcas del Gobierno y del Estado. No es nuestro motivo, no es nuestra motivación para impulsar esta medida, pero si hay quien tiene dudas que piense que sería incluso económicamente positivo, porque, según el informe realizado, se calcula que cada persona en situación irregular —‌como he dicho, medio millón de personas— aportaría unos 3500 euros anuales a las arcas públicas en cotizaciones. Creo que eso le podría servir a quien tenga dudas.

Además, la cuarta razón es que fortalece el sistema sanitario. No solamente se trata de dotar de la capacidad de acudir en todo momento a cualquier centro sanitario, como se recoge y como está reconocido, sino que incluso ayudaría a la seguridad sanitaria de toda la ciudadanía. Desde ese punto de vista, también sería positivo.

Por último ―y también se ha mencionado―, es que ya hay precedentes, hay precedentes en la Unión Europea, pero en España también ha habido varias regularizaciones. Incluso el señor Aznar ―por si alguien tenía dudas― procedió a una regularización. En el momento de la pandemia ―y vamos tarde―, precisamente estos colectivos de personas en situación irregular establan doblemente en una situación complicada, en una situación de vulnerabilidad y, al mismo tiempo, ampliamente implicadas en los cuidados, en el sector de los cuidados. Por ello, y por agradecimiento en un momento complicado, el Gobierno debería haber procedido a una regularización exprés.

Yo confío en que hoy sea aprobada la toma en consideración. Comenzaba diciendo que era un día de alegría. Ahora bien, alegría contenida, porque yo creo que la verdadera celebración deberá llevarse a cabo cuando se apruebe la regularización extraordinaria, porque existe el riesgo ―y no quiero ser agorero― de que esta iniciativa sea hoy aprobada, pero quede en un congelador durante toda la legislatura. Por eso animo al resto de formaciones no solamente a que apoyen la misma, sino a que impulsen rápido las comisiones para que sea aprobada cuanto antes y se den papeles para todos y para todas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Bona tarda, senyories. Bona tarda, representants de les entitats que han promogut aquesta ILP i ciutadania que, amb la seva signatura, l’ha avalat. Benvinguts a aquesta cambra.

Tractem avui la presa en consideració de la iniciativa legislativa popular que, mitjançant una modificació de la disposició transitòria primera de la Llei Orgànica 4/2022, ens proposa, mitjançant un reial decret, una regulació extraordinària de les persones estrangeres que es trobessin en territori de l’Estat espanyol abans de l’1 de novembre de 2021.

Em permeto aquí fer una referència al president Puigdemont i a la seva conferència pronunciada el 5 de setembre de 2023 a Brussel·les. En ella va detallar el paquet de qüestions materials pendents de resoldre des de fa dècades a Catalunya. Entre d’altres, però en un lloc destacat, va referir-se a la taxa d’immigració, posant l’accent en dos aspectes. El primer, que aquesta era la més alta de tota la península, i el segon, la manca de competències i de recursos per gestionar-la. I, és en aquest context, que Junts per Catalunya, com ja coneixen, hem pactat amb el Govern espanyol la delegació integral a la Generalitat de les competències en immigració mitjançant l’article 150.2 de la Constitució. Una gestió integral de competències, però també de recursos, que han de permetre al govern de Catalunya implementar una política nacional pròpia en aquest àmbit, una política migratòria que respongui als veritables interessos i necessitats de Catalunya. Evidentment, i com sempre defensem, en el marc normatiu europeu, en aquest cas en matèria d’asil i immigració, però sense supeditar l’aplicació de les directives de la Unió a les prioritats d’Espanya, que són diferents de les de Catalunya. Unes competències i recursos integrals que, sabem molt bé, només podrem blindar amb la independència i amb un estat propi. De moment, però, amb la seva delegació podrem evitar haver de parlar mai més de regulacions extraordinàries. I no n’haurem de parlar més perquè si a Catalunya tenim totes les eines, nosaltres serem capaços de donar la millor resposta en temps i forma al complex fenomen migratori del nostre país.

Avui, Junts per Catalunya no entrarem en el fons d’aquesta iniciativa i votarem a favor de la seva presa en consideració. Ho farem per respecte a les nou-centes entitats que han promogut aquesta ILP i a les més de 600 000 persones que, amb la seva signatura, l’han avalat. Ho farem perquè parlem de persones i de drets humans. Ho farem perquè cal buscar vies de solució a l’actual situació. Ho farem també perquè durant els propers passos de la seva tramitació podrem fer les aportacions que considerem, així com explicar-nos millor per posicionar-nos definitivament. I ho farem, sobretot, perquè nosaltres som els que mai ens hem cansat de reclamar que en els parlaments s’hi ha de poder parlar de tot, també en el de Catalunya. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, representantes de las entidades que han promovido esta ILP y ciudadanía que le ha dado su aval con su firma, bienvenidos a esta Cámara.

Hoy tratamos la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular, que, por una modificación de la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2022, nos propone, a través de un real decreto, que se regularice de forma extraordinaria a las personas extranjeras que se encuentran en territorio del Estado español desde antes del 1 de noviembre de 2021.

Me permito ahora hacer referencia al presidente Puigdemont y a su conferencia pronunciada el 5 de septiembre de 2023 en Bruselas. Ahí detalló el paquete de cuestiones materiales pendientes de resolver desde hace décadas en Cataluña. Entre otras, con un puesto destacado, se refirió a la inmigración, y puso el acento en dos aspectos: en primer lugar, la tasa de inmigración en Cataluña, que es la más alta de toda la península; y, en segundo lugar, la falta de competencias y recursos para gestionar la cuestión de la inmigración. En este contexto, en Junts per Catalunya, como saben, hemos pactado con el Gobierno español la delegación integral a la Generalitat de las competencias en materia de inmigración mediante el artículo 150.2 de la Constitución, una gestión integral de competencias, pero también de recursos. Hay que permitir al Gobierno de Cataluña que ponga en marcha una política nacional propia en esta materia, una política migratoria que dé respuesta a los auténticos intereses y necesidades de Cataluña. Como siempre hemos defendido, dentro del marco normativo europeo, en este caso en materia de asilo y migración, pero sin supeditar la aplicación de las directivas de la Unión a las prioridades de España, que son distintas de las de Cataluña. Unas competencias y recursos integrales que sabemos perfectamente que solo podremos blindar con la independencia y con un Estado propio. De momento, sin embargo, con su delegación podremos evitar tener que volver a hablar de regularizaciones extraordinarias, y no tendremos que hablar más de ello porque, si en Cataluña contamos con todas las herramientas, seremos capaces de dar la mejor respuesta en tiempo y forma al complejo fenómeno migratorio en nuestro país.

Hoy, Junts per Catalunya no va a entrar en el fondo de esta iniciativa, va a votar a favor de su toma en consideración. Lo haremos por respeto a las novecientas entidades que la han promovido y a las más de seiscientas mil personas que con su firma le han dado su aval; lo haremos, porque hablamos de personas y hablamos de derechos humanos; lo haremos, porque hay que buscar vías de solución a la situación actual; lo haremos, porque en los próximos pasos de la tramitación podremos hacer las aportaciones que nos parezcan oportunas y podremos recibir más explicaciones para posicionarnos de forma definitiva y asimismo darlas nosotros; y también lo haremos porque nunca nos hemos cansado de reclamar que en los parlamentos hay que poder hablar de todo, también en el de Cataluña.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Avui compareixem davant d’aquest hemicicle amb una proposta clara i urgent: defensar la necessitat d’una regularització exprés per a més de mig milió de persones immigrades que es troben en situació administrativa irregular als nostres respectius pobles i països. Cal donar una sortida justa i bona a aquesta realitat. Vull començar la intervenció donant les gràcies a molta gent que ens segueix avui des de la tribuna, a tota la gent que va recollir aquestes signatures: entitats socials, religioses, col·lectius varis, sindicats, partits, associacions, ONG, veïns i veïnes, que han treballat durant anys per portar 600 000 signatures, una iniciativa legislativa popular que pot suposar la millora de vida de moltes persones. Si em permeteu, vull agrair especialment —‌un assumpte personal— a la María Dantas, companya de bancada, lluitadora incansable durant aquests quatre anys, de la qual em sento molt orgullós d’haver estat al seu costat, perquè és un exemple per molts, un referent per molts. María, gràcies. Dit això, més de 600 000 signatures oficials, més de 600 000 signatures oficials sense comptar que els afectats, per raons òbvies, no podien fer signatures, entre d’altres coses. Una ILP sostinguda per més de nou-centes organitzacions de la societat civil, des d’organitzacions socials fins la Conferència Episcopal. Això són molts suports. Només per raons democràtiques, això hauria de tenir un sí rotund i unànime de tot aquest hemicicle, i no permetre que torni a passar el que va passar a l’anterior legislatura, que em fa vergonya veure com això va decaure per falta de voluntat política. Per la gent, a vegades, la iniciativa legislativa popular és l’única manera que tenen de poder legislar directament sense intermediaris. Només per això hem de votar que sí. Per altra banda, els he de dir que hi ha raons suficients, a banda de les democràtiques, en diré unes quantes més, per no tan sols permetre aquesta tramitació, la qual cosa seria una aberració democràtica, sinó, a més, per votar-hi que sí, i m’avanço ja a la tramitació perquè crec que les coses són molt clares. En primer lloc, per què hem de votar que sí? Perquè si som coherents amb els drets humans que diem defensar —e‌ ns omplim la boca de drets humans i donant lliçons a tot el món occidental i després a casa nostra passa el que passa— no podem permetre que milers de persones visquin en les més greus condicions de precarietat i vulnerabilitat a causa de la seva situació administrativa irregular. Aquestes persones són treballadores i treballadors. En el meu cas són germans de classe. Són germans de classe, com nosaltres. Famílies i infants que es troben exclosos dels drets més bàsics, com ara l’accés a la sanitat, a l’educació i al treball digne. I que es veuen obligades per una situació administrativa amb el viure en infrahabitatges i en l’economia submergida. Però és que, a més, mantenir a persones en situació irregular els exposa a l’explotació laboral i a la vulneració de drets bàsics. La tracta amb finalitats d’explotació laboral, també d’explotació sexual, la violència de gènere, etcètera, és molt més fàcil de fer contra aquestes persones que sobre qualsevol altre. Estem permetent una forma moderna d’esclavitud que afecta milers de persones als nostres països. Algun dia s’estudiarà als llibres d’història que hi havia gent de primera i gent de segona, igual que ara estudiem l’esclavatge en altres segles. La invisibilització d’aquest problema permet l’abús, l’explotació i, en alguns casos, fins i tot la mort. I a alguns no els interessa massa, a alguns els pot sonar exagerat, això que dic.

Les persones que avui estan a la tribuna i els milers que segueixen des d’arreu de molts llocs aquest debat saben que no exagero ni un pèl amb el que dic. Saben que avui és un dia històric per les seves vides. Només una passa, encara queda la definitiva, però ja és una passa que, sense aquesta passa, ja no pot haver-n’hi cap altra. Per això hem de votar avui que sí. Considerem que és una situació inacceptable que en una societat i en un Estat que s’autodenomina, ell mateix, com social, democràtic i just es facin aquest tipus de polítiques. En segon lloc, si no es vota sí per conviccions democràtiques, per conviccions humanitàries, fem-ho per conviccions econòmiques. A alguns això potser els agrada més. Podeu afegir que ha estat demostrat que la regularització beneficia no només als immigrants en situació irregular, sinó també a l’economia i a la societat receptora que el rep. Si no que els ho preguntin als molts països que estan rebent als nostres joves, que també són immigrants, 30 000 que marxen cada any, i que no ens agradaria que fossin tractats com són tractats aquí. I si aquí podem evitar-ho, ho hem de fer. La regularització, per exemple, augmentaria immediatament les contribucions a la Seguretat Social, la fiscalitat i impulsaria l’activitat econòmica legal. Això no ho diu ja ni Karl Marx, ho diu l’AIReF, ho diu el ministre Escrivà, que fan falta tota aquesta gent, 300 000 persones anuals, perquè les pensions puguin funcionar, i aquesta gent ha de treballar. En tercer lloc, i a més, no podem oblidar la contribució dels immigrants a la riquesa cultural i social dels nostres països. La diversitat és un valor positiu que enriqueix les nostres societats i ens fa més forts com a pobles. Igual que ara els nostres joves estan enriquint les societats d’allà on van. Després, també vull apel·lar la memòria històrica. Hem sigut un país d’emigrants. Sembla mentida que alguns no recordin ni això, i no està tan lluny en el temps.

A més, no és una mesura que sigui excepcional. No estem inventant la sopa d’all, senyores i senyors. L’Estat espanyol ha viscut nou regularitzacions al llarg de la nostra democràcia, cinc d’elles a càrrec del Partit Popular i quatre a càrrec del Partit Socialista. Però des de l’última fa ja divuit anys, i són massa anys. Però tampoc és una mesura innovadora a la resta d’Europa i del món, per exemple, dèiem, a la Unió Europea, s›han produït quaranta-tres regularitzacions des de l’any 1998 i en disset Estats membres s’han produït regulacions exprés a Portugal, Itàlia i França. Sí que és veritat que van ser temporals per necessitats de la pandèmia, però és que la gent no són clínex. Ara valen i ara no valen, això no pot ser. Seria una vergonya regularitzar només per un temps i després no. Què significa això?

Una regulació dels immigrants en situació irregular és una qüestió de justícia, d’humanitat i, com deia, també de pragmatisme. No podem seguir ignorant les necessitats i els drets de milers de persones que conviuen entre nosaltres. No volem societats amb ciutadans de primera i de segona. És el nostre deure i la nostra responsabilitat la solució d’aquests problemes. La regularització exprés, avui i ara, és una manera de millorar les vides de tothom i ens fa millors persones. Jo demano aquest vot afirmatiu perquè potser nosaltres podem esperar moltes coses, però hi ha gent que cada dia que espera és un dia més de patiment. Moltes gràcies i apel·lo a les seves consciències, a la seva humanitat i fins i tot al pragmatisme perquè votin que sí i que es prenguin aquesta iniciativa legislativa popular d’una manera molt seriosa, perquè juguem amb la vida de 500 000 persones.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y todas. Hoy comparecemos ante el hemiciclo con una propuesta clara y urgente: defender la necesidad de una regularización exprés para más de medio millón de personas inmigradas que se encuentran en situación irregular desde el punto de vista administrativo. Hay que llevar a una senda justa y correcta esta realidad. Y quiero empezar mi intervención dando las gracias a la gente que nos sigue hoy desde la tribuna, a todos los que han recogido firmas: entidades sociales, religiosas, distintos colectivos, sindicatos, partidos, asociaciones, ONG, vecinos y vecinas, pues todos ellos han trabajado durante años para traer seiscientas mil firmas en una ILP que puede mejorar la vida de muchas personas. Si me permiten, quisiera dar las gracias especialmente a María Dantas, compañera de bancada y luchadora incansable durante estos últimos cuatro años. Estoy muy orgulloso de haber podido estar a su lado, porque es un ejemplo para muchos y un referente. Gracias, María. (Aplausos). Dicho esto, son más de seiscientas mil firmas oficiales sin contar que los afectados, por razones evidentes, no podían ofrecer sus firmas. Una ILP que apoyan más de novecientas organizaciones de la sociedad civil, desde organizaciones sociales hasta la Conferencia Episcopal, son muchos apoyos en cualquier caso. Por meras razones democráticas, debería tener un sí rotundo y unánime de todo este hemiciclo y no permitir que volviera a pasar lo que ocurrió en la legislatura anterior, algo que me da vergüenza, pues vimos cómo decayó por falta de voluntad política. A veces, para la gente la ILP es la única vía de poder legislar directamente sin intermediarios; solo por ello hay que votar que sí.

Por otro lado, ya les digo que existen motivos suficientes, aparte de los democráticos y de algunos más, para permitir no únicamente la tramitación democrática, sería una aberración no hacerlo, sino también para votar a favor, para votar que sí. Y ya me adelanto a lo que va a ser la tramitación, porque creo que las cosas están clarísimas. En primer lugar, ¿por qué votar que sí? Porque somos coherentes con los derechos humanos; porque nos llenamos la boca con derechos humanos, damos lecciones en el mundo occidental y luego, en nuestra casa, pasa lo que pasa.

Pues bien, no podemos permitir que miles de personas vivan en las condiciones de precariedad y vulnerabilidad más profundas a causa de su situación administrativa irregular. Estas personas son trabajadores y, en mi caso también, son hermanos de clase. (Aplausos). Son hermanos de clase, como nosotros. Familias y niños que se ven excluidos de los derechos más básicos: acceso a la sanidad, por ejemplo, a la educación y a un trabajo digno. Y también se ven obligadas —e‌ stas personas— por una situación administrativa a malvivir en infraviviendas y a vivir en la economía sumergida. Pero es que, además, mantener a personas en esta situación irregular las expone a la explotación laboral y a la vulneración de derechos fundamentales. La trata con finalidades de explotación laboral, y también con fines de explotación sexual o la violencia de género, todo ello es mucho más fácil llevarlo a cabo con estas personas que con cualquier otra. Estamos permitiendo una forma moderna de esclavitud que afecta a miles de personas en nuestros países, algún día en los libros de historia se va a estudiar que, igual que estudiamos la esclavitud de otros siglos, aquí se permitía esto. La invisibilización de este problema permite el abuso, la explotación y, en algunos casos incluso, la muerte de estas personas. En algunos casos incluso la muerte, decía.

Hay a quien no le interesa demasiado, ¿verdad? A alguien le puede parecer exagerado. Los que están en la tribuna hoy y los miles que nos siguen desde muchos lugares saben que no estoy exagerando ni un pelo, saben que hoy es un día histórico para sus vidas. Un paso más, todavía falta el paso definitivo, pero sin este paso no puede haber más, así que hoy hay que votar que sí. Esta situación es inaceptable en una sociedad y en un Estado que se autodenomina un Estado social, democrático y justo. Así que este tipo de políticas no se pueden permitir. Luego, si no se vota sí por convicciones democráticas o humanitarias, pues hagámoslo por las económicas. Hay que añadir que se ha demostrado que la regularización no beneficia únicamente a los inmigrantes en situación irregular, sino también a la economía y a la sociedad de acogida. Si no, que les pregunten a los muchos países que reciben a nuestros jóvenes que emigran, a los treinta mil que emigran todos los años. Si podemos evitar que se les trate mal, pues hay que hacerlo. Con la regularización, inmediatamente se incrementarían las contribuciones a la Seguridad Social, impulsaría la actividad económica y mejoraría la fiscalidad. El ministro Escrivá lo dice, hacen falta trescientas mil personas anuales para que las pensiones puedan funcionar, y esa gente tiene que trabajar. En tercer lugar, tampoco podemos olvidar la contribución de los inmigrantes a la riqueza cultural y social en nuestros países. La diversidad es un valor positivo que enriquece a nuestras sociedades y nos hace más fuertes como pueblos, igual que ahora nuestros jóvenes enriquecen las sociedades allí donde se dirigen. Quiero apelar también a la memoria histórica. Somos un país de emigrantes, parece mentira que algunos no lo recuerden, no está tan lejos esa realidad en el tiempo.

Además, esta no es una medida excepcional, no estamos inventando o descubriendo América, no estamos inventando nada. El Estado español ha vivido nueve regularizaciones a lo largo de nuestra democracia, cinco de ellas a cargo del Partido Popular y cuatro a cargo del Partido Socialista. Desde la última, han pasado dieciocho años, son demasiados. Esta tampoco es una medida innovadora en el resto del mundo ni en Europa, cuarenta y tres veces en la Unión Europea desde 1998 en diecisiete Estados miembros. Ha habido regulaciones exprés en Portugal, Italia y Francia. Sí, fueron temporales por necesidades de la pandemia, pero es que a la gente no se le puede hacer esto de ahora vale, ahora no. No puede ser, no se les puede regularizar por un tiempo. ¿Esto qué significa? Una regulación de los inmigrantes en situación irregular es una cuestión de justicia, humanidad y, también, de pragmatismo, como decía. No podemos seguir ignorando las necesidades y los derechos de miles de personas que conviven con nosotros. No queremos una sociedad con ciudadanos de primera y de segunda. Es nuestro deber y responsabilidad dar solución a estos problemas.

La regularización exprés, hoy y ahora, es una forma de mejorar la vida de todo el mundo y hacer mejores personas. Pido un voto afirmativo, porque quizás nosotros podemos esperar muchas cosas, pero hay gente para la que cada día que espera es un día más de sufrimiento. Gracias por su humanidad, convicciones democráticas y también pragmatismo. Voten que sí y tómense muy seriamente esta ILP, porque estamos jugando con la vida de más de seiscientas mil personas.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. He de decir que estoy un poco nerviosa. Me van a permitir las promotoras de la ILP que empiece mi intervención exigiendo un alto el fuego en Gaza (aplausos), y exigiendo que se acabe este genocidio, que duele hasta los tuétanos y que hace que nos avergoncemos de una comunidad internacional que lo mira sin apenas levantar la voz. Es absolutamente insoportable, y creo que cada día tendríamos que aprovechar cualquier oportunidad para exigir ese alto el fuego. Hoy tendrían que intervenir ellas, pero no lo pueden hacer. En lo que respecta a la ILP por la regularización y a la democracia de este país, creo que hoy estamos de celebración; contenida, pero de celebración. Hoy, la democracia en este país es mejor gracias a las personas migrantes. Hoy hay una victoria de los nadie. (Aplausos). En un momento en el que la gente cree cada vez menos en las instituciones, se trata —c‌ laro que sí— de hacer políticas que cambien las cosas para que la gente viva mejor y con más dignidad, pero se trata también de que la ciudadanía sepa que la política le pertenece. Una democracia que se quiere robusta y sana, un sistema de democracia representativa como en el que estamos tiene que ser capaz de aguantar y de celebrar la participación. Solo los enemigos de la democracia están en contra de la participación, por muchas banderitas que nos vendan. Una democracia que se precie tiene que reconocer el esfuerzo que hay detrás de esas setecientas mil firmas, más las quinientas mil de las personas que estarían beneficiadas y que no han podido firmar. Yo los he visto cada día recoger firmas en las calles de Barcelona, en cada acto público, y les digo que hay más confianza en la democracia de este país en esos gestos que la que tienen muchos de los que hoy van a votar en contra (aplausos), que defienden un país estrecho y lleno de odio, en el que no cabe nadie más que ellos. Son setecientas mil firmas recogidas por personas a las que se les niegan los derechos y a las que se les ha querido negar la capacidad de hacer política y de ser protagonistas de la política; a las que se les ha condenado a la esclavitud; y a las que se les ha querido negar la voz, pero la tienen, y tanto que la tienen. Creo que reconocer un esfuerzo y la potencia democrática de este trabajo no es un hecho menor. A un día de votar el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, un pacto racista, la votación de hoy cobra una importancia simbólica, mayor de la que ya tenía. Hacemos política para transformar la realidad y para eso buscamos cuáles pueden ser las herramientas que nos ayuden a transformarla. Los partidos políticos a veces lo son, otras no, la semana pasada no lo eran. Como herramienta que somos, muchas veces nos toca impulsar políticas para defender el interés general, para mejorar la vida de la gente y para luchar contra el racismo y la xenofobia estructural, pero a veces, como herramienta que somos, lo que nos toca es ponernos a un lado y ponernos detrás de la ciudadanía, cuando esta va por delante en la radicalización democrática y cuando va por delante en la defensa del interés general. Hoy, somos útiles como partidos al votar a favor de esta iniciativa. Al grupo del Gobierno sí que quiero decirle que si esto se aprueba hoy aquí, es un mandato, el Gobierno tiene que llevarlo a cabo. Por eso esperamos que mañana, a más tardar, se cree un grupo con los diferentes ministerios implicados que tienen competencias para poder llevar a cabo esta iniciativa y el cumplimiento de esta iniciativa. (Aplausos). Además, en el caso de esta ILP, hay un poquito de justicia de reparación. Estamos hablando de una ILP que propone la regularización de quinientas mil personas migrantes. La gente no migra porque quiere, la gente migra, porque vivimos en un sistema capitalista que reposa en un colonialismo estructural, un sistema que entiende que los países del norte global pueden permitirse el expolio, el robo y la expropiación de la riqueza de los países del sur. En un momento de emergencia climática como el que estamos viviendo, la mayoría de las emisiones contaminantes se producen en el norte global y las grandes afectaciones climatológicas se producen en el sur global. La riqueza europea se ha construido y se sigue construyendo sobre el expolio de los países del continente africano y de sus costas, de los países de América Latina, sobre los cuerpos y sobre las culturas de tantísima gente, un porcentaje pequeñísimo del cual decide migrar. Y este régimen colonial se ve también en la ley de extranjería que hoy en día está vigente. (Aplausos).

Hay una deuda histórica que hoy saldamos en una pequeñísima parte, que es la deuda del colonialismo vigente aún a día de hoy; justicia y reparación. Es una deuda que hace que tengamos que seguir gritando que las vidas negras importan, que las vidas migrantes importan, que no podemos soportar más muertes en el Mediterráneo, la mayor fosa común que existe actualmente, mientras países como España continúan levantando vallas y muros de la vergüenza para que personas como Papalaye no puedan llegar hasta aquí después de que los pesqueros españoles hayan destrozado el ecosistema marino de Senegal en el que su pueblo llevaba décadas pescando; para que personas como Alma, enfermera filipina, no pueda ejercer su profesión aquí y lo haga casi clandestinamente con una enfermería precaria montada en el comedor de su casa y allí pueda atender a quienes más lo necesitan; para que personas como Ahmed no puedan llegar hasta aquí después de que la sequía haya impedido que pueda seguir dedicándose a la agricultura; o para que no puedan llegar hasta aquí personas como Jennifer, que tuvo que venir después de que una multinacional hotelera comprara las tierras donde su familia había vivido toda la vida. Pero es que, además, el país en el que vivimos, en el que queremos vivir, el país que a mí me da esperanza, está lleno de personas migrantes y de diversidad, de diversidad racializada. Es un país que ya existe, existe hoy. Esa diversidad ha sido capaz de darnos artistas como Silvia Albert Sopale o Yolanda Sey, de las hermanas Sey, a las que queremos con papeles protagonistas en el cine español; como el dramaturgo Berjer B. Capati; como Putochinomaricón; como la poeta Paloma Chen y tantísimos otros españoles racializados. ¿Cuánto talento más nos puede aportar la diversidad?

Para acabar, vivimos en una crisis democrática que requiere más y mejor democracia, que requiere que feminicemos la política desde una perspectiva interseccional y que sepamos practicarla desde la empatía y la justicia social. Simone de Beauvoir tiene una cita que me parece muy bonita, refiriéndose a Simone Weil, decía de ella que tenía un corazón capaz de latir a través del universo entero. Quiero pensar que en la votación de hoy podemos tener unas instituciones que estén un poco más cerca de tener un corazón capaz de latir con el universo entero. Así que por justicia social, porque ninguna persona sea ilegal, regularización ya.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. No sé si estará aquí, pero el otro día en la Comisión de Trabajo tuvimos las comparecencias de aquellos que presentaban esta ILP de regularización en el Congreso y tuve la ocasión de comentarle a uno de ellos, al señor Fanjul, que yo no tengo nada en contra de Nigeria ni de Senegal, pero que tengo perfecto derecho a no querer que España sea Nigeria o sea Senegal. (Aplausos). Él me contestó lo siguiente: no sé qué es ser Senegal, no sé muy bien por qué es mejor o peor que ser España o ser español; tampoco sé qué es ser español. Y la verdad es que fue muy revelador que alguien que venía a defender esta ILP que debatimos hoy sea alguien que no cree en las naciones, que piensa que da igual una que otra, que somos ciudadanos del mundo, que las naciones son una cosa facha, una cosa antigua que está en nuestras cabezas. Porque si da igual España que Nigeria que Marruecos, yo me pregunto: entonces, ¿por qué quieren venir a España? Si da igual, ¿porque van a querer venir a España? Nosotros sí creemos en España y en los españoles, a nosotros no nos da igual. Queremos que España siga siendo España y no Marruecos ni Argelia ni Nigeria ni Senegal. Y esto no es odio ni xenofobia ni racismo (varios señores diputados: ¡Nooo!), es puro sentido común. (Aplausos.—Protestas). Pero vamos a hablar de víctimas. Hoy quiero hablarles de víctimas, de las víctimas fáciles y de las víctimas difíciles. Las víctimas fáciles, ya han hablado todos ustedes de ellas, son los que vienen. Efectivamente, son víctimas, porque para el sistema son números, son una transacción mercantil y no lo digo yo, lo dicen ustedes. Ustedes obedecen a unos poderes económicos, dicho por el Banco Mundial, por el Foro de Davos y por todos ustedes. Todos ustedes dicen: tenemos argumentos económicos. Y todos ustedes han aludido a los argumentos económicos, porque el sistema de fronteras abiertas y de inmigración masiva se dicta a las órdenes de unos poderes económicos. El Banco Mundial ha cifrado en el pasado que si aumentábamos la masa de inmigración un 3 % de la masa laboral de los países de la OCDE, de los países desarrollados, obtendríamos un beneficio económico de al menos 356 000 millones de dólares. El compareciente del otro día me dijo: no, señora, se queda usted corta. Ese es un informe antiguo del Banco

Mundial, hay informes más modernos que dicen que los beneficios económicos serían de billones, bi-llones. Un billón es el PIB de España. Por tanto, billones es una cifra muy gorda, la de los poderes económicos que dictan sus políticas.

Y señorías, los que vienen son víctimas no solo porque se les considera números, sino porque también son víctimas de una estafa. Se les promete un paraíso que no existe, y así tenemos tantas personas en nuestro país en la precariedad, en la pobreza, en las economías sumergidas, personas pidiendo en los semáforos durante diez años, sin otro futuro y sin otro recorrido. Y vienen porque ustedes les han estafado, porque ustedes les han prometido ese paraíso. Y también son víctimas físicas, porque todos aquellos que vienen jugándose la vida en una patera, vienen porque iniciativas como la de hoy, la ILP de hoy, es la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas que los traen. Y no solo las mafias, sino todos aquellos que colaboran necesariamente con esas mafias, como las ONG o los gobiernos progresistas como el suyo. (Aplausos).

Señorías, ustedes son culpables. Es culpable el PSOE, es culpable el Partido Popular, es culpable el PNV, es culpable Podemos, es culpable SUMAR, es culpable muchísima gente de organizaciones de la sociedad civil, algunas incluso de la Iglesia, como ha reconocido el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal ayer. Y ayudarles no se hace con esta iniciativa legislativa popular, porque esto es efecto llamada. Ayudarles es reconocer el derecho a permanecer en sus países, el derecho a construir sus países, a no desarraigarles, a no alejarles de sus familias, el derecho a tener raíces y a que puedan desarrollar sus países y sus economías. Y la mejor manera de ayudarles también es no timar a los españoles, no engañar. ¿Qué es esa ambición de salvar el mundo cuando uno de cada diez hogares españoles no llega a fin de mes? ¡Hay 12 millones de españoles en riesgo de pobreza y exclusión social y un 28 % de paro juvenil en nuestro país! ¡No estamos en condiciones de salvar el mundo, señorías!, sean un poco más humildes, pero, sobre todo, cumplan su papel.

Y, por último, las víctimas difíciles. Difíciles porque cada vez que hablamos de estas víctimas se nos tacha de fachas, de xenófobos, de odiadores profesionales, de racistas, de delincuentes del odio. Las víctimas difíciles son los españoles, señorías, porque cuando ustedes deciden que quieren mano de obra, que quieren números, los que vienen no son números, son personas, y las personas tenemos cultura, tenemos pertenencias, tenemos origen, tenemos religión, tenemos modo de vida, tenemos costumbres y tenemos visión sobre el bien y el mal. Si importas una persona de Nigeria, quizás se integre, quizás incluso sea un cristiano perseguido y se integre perfectamente, pero si importas 200 000 nigerianos de uno de los países más inseguros y en los que más se persigue a los cristianos del mundo, tendrás yihad aquí, tendrás persecución de cristianos aquí, donde los traes. Y ustedes no quieren traer 200 000. (Rumores). Han dicho —‌lo ha dicho el propio señor Escrivá y también lo ha dicho la AIReF— que en los próximos años quieren traer a siete millones de personas de estos países. Claro que va a cambiar la configuración social, claro que va a cambiar la demografía, claro que van a cambiar las calles donde viven los españoles. Si traes masivamente personas de lugares donde se trata a las mujeres como objetos, aquí también van a tratar a las mujeres como objetos.

Señorías, millones y millones de personas vienen de estos lugares —‌ya termino, señora presidenta—, y claro que cambiarán nuestros barrios y nuestra configuración social y política, y claro que generarán víctimas, esas víctimas difíciles, víctimas de fronteras abiertas: la chica de treinta años que fue violada en viernes cerca del Teatro Barceló; la niña de doce años violada en Azuqueca por una manada de magrebíes; Diego Valencia, asesinado en Algeciras por un yihadista (rumores); la chica de Santander violada por una manada; la chica de Formentera; el hombre al que le amputaron una mano en Murcia, o las víctimas de los atentados de las Ramblas o de Cambrils.

Son los españoles, señorías, quienes ven cómo se precarizan sus condiciones laborales, cómo se deterioran sus calles y sus servicios públicos, cómo se trae la yihad a cada esquina de Europa, cómo se expande el miedo, cómo se reemplaza a sus vecinos y sus hijos y se pone en peligro a sus mujeres y, lo más importante de todo, cómo se roba a los españoles su identidad, repito, su identidad. Pero quienes traen esto aquí hoy no creen que esta identidad exista.

Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Sí, realmente la inmigración tiene un peligro; lo acabamos de ver ahora mismo en la performance que acaba de hacer en esta tribuna la señora De Meer. El peligro son esos discursos de odio, dañinos, que lo único que intentan es enfrentar a personas. (Aplausos). No deja de llamar la atención que lo diga una señora que se apellida De Meer, que tiene al lado a un compañero que se apellida Smith y que tiene en Europa a un señor que se apellida Tertsch. No sé qué opinarían los coetáneos de sus antepasados cuando vinieron a España sus antecesores, no lo sé, pero parece que justamente ustedes abogan por que sus antepasados no estuvieran aquí. Parece que todo lo que viene de fuera les molesta, excepto una cosa, el dinero que viene de Irán; ese les viene de maravilla, la verdad. (Aplausos). La verdad es que lo que pretende su discurso es simplemente enfrentar a la pobreza, porque usted ahora ha hecho una defensa de los pobres españoles, de las mujeres; sin embargo, cuando traemos a este Pleno medidas para proteger a las mujeres, para proteger a los pobres, para proteger a las personas que tienen un salario mínimo interprofesional o para subir las pensiones mínimas, ¿qué hace el partido VOX? Votar en contra. Así que no nos cuente esos cuentos, por favor, señora De Meer. (Aplausos). No nos cuente esos cuentos. Ese discurso de odio solo sirve para generar rencor y miedo, y ustedes crecen en el miedo. Bueno, voy a lo importante. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer la presencia en estas tribunas de aquellas personas que han trabajado esta ILP, porque hoy tenemos ante nosotros la oportunidad de debatir la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular. Por lo tanto, lo primero que quiero hacer es agradecer el esfuerzo y el compromiso de las personas que han promovido esta ILP y que han logrado que llegue hasta aquí, al Pleno del Congreso. En especial, me gustaría mencionar al señor Agustín Marín Nur, que ha sido el primer promotor y firmante de esta ILP. (Aplausos). Creemos que es importante reconocerlo. Además, se trata de un mecanismo de democracia directa que prevé nuestra Constitución en su artículo 87.3 y que requiere de la presentación de un mínimo de medio millón de firmas de ciudadanos españoles inscritos en el censo electoral. Deben ser al menos medio millón de firmas verificadas de personas que comparten una preocupación por las personas migrantes en situación administrativa irregular que residen en nuestro país. En este caso concreto, son 611 821 personas. Algo que, como representantes electos de la ciudadanía, hemos de valorar y reconocer. No es fácil que una ILP llegue hasta aquí, hasta el Pleno del Congreso; de hecho, la mayoría nunca lo consigue. Además, está ILP tiene un objetivo de fondo en el que es difícil no estar de acuerdo: dar dignidad y promover una situación administrativa regular a personas que, de hecho, ya viven en nuestro país y, por tanto, forman parte de nuestra sociedad. Quieran algunos o no, ya estamos en una sociedad en la que existen estas personas. Son personas que ya asumen obligaciones y que, como seres humanos, son sujetos de derecho. Es un objetivo, por supuesto, loable y respetable. El Grupo Socialista siempre ha sido sensible a las demandas de la sociedad, en especial de la sociedad organizada y tan transversales como en este caso, en el que cientos de asociaciones han estado involucradas en esta solicitud. No podemos obviar que el Gobierno de España ha trabajado y sigue trabajando por la migración segura, habilitando mecanismos ordinarios que permiten acceder a una situación administrativa regular, facilitando autorizaciones de trabajo para profesionales sanitarios, estableciendo procedimientos de migración circular, permitiendo que los jóvenes extranjeros con residencia no lucrativa tuvieran una primera experiencia laboral o aprobando dos reformas del Reglamento de Extranjería para avanzar en este modelo de migración regular ordenada y segura en el que creemos. Es el camino que nos permite resolver de forma inteligente y ordenada los problemas que nuestro modelo migratorio actualmente enfrenta y que encaja en el marco europeo del que somos parte. La inmigración es una realidad que está ahí, no podemos cerrar los ojos, y tenemos que ser capaces de actuar con inteligencia y en beneficio común de los migrantes y también de nuestro país. Este es el espíritu del proceso de reformas normativas emprendidas. Son medidas que surgen de un intenso diálogo con los diferentes interlocutores desde distintos ámbitos, también desde los sindicatos, y basadas en un detallado análisis de las mejores prácticas internacionales en materia de migración. En esta misma línea, la ministra del ramo ya ha anunciado su compromiso para una tercera reforma del Reglamento de Extranjería, con el fin de actualizar y adecuar la misma a las necesidades presentes y de futuro y, sobre todo, de simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia y de residencia y trabajo, así como de los procedimientos administrativos y de los requisitos para su tramitación. Así, se trata de mejorar los derechos de las personas migrantes, en especial para evitar situaciones de extrema vulnerabilidad y su caída en redes de explotación.

Por tanto, hoy el Grupo Socialista no puede hacer otra cosa que votar a favor de la toma en consideración de esta ILP, en primer lugar, por el respeto que nos merece este procedimiento constitucional de participación directa de los ciudadanos en la política legislativa —‌no podemos hacer oídos sordos al interés mostrado por más de 600 000 personas de nuestro país—; en segundo lugar, porque creemos en lo necesario que es seguir avanzando en mecanismos que garanticen procesos seguros de migración, y para ello podremos dialogar y alcanzar acuerdos que así nos lo permitan, y, en tercer lugar, por supuesto, porque no podemos dar alas a los discursos de odio.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a las distintas entidades sociales y religiosas que nos acompañan a todos los que están siguiendo este debate. Quiero reconocer desde esta tribuna el importante esfuerzo que se ha hecho impulsando esta iniciativa, especialmente a Cáritas, que siempre está allá donde hay una necesidad. Muchas gracias a todos. Somos conscientes de que abordamos un asunto sensible y con muchas vertientes. Quiero referirme a una cuestión puramente técnica. Las iniciativas legislativas populares no pueden regular materias reservadas a ley orgánica. Por tanto, a través de esta concreta solo podemos instar al Gobierno de España a reglamentar vía real decreto una regularización extraordinaria de extranjeros. El Real Decreto no corresponde a este Parlamento, solo corresponde al Gobierno. Para hacerlo desde este Parlamento, tendría que ser mediante ley orgánica, por la materia a abordar, cuyo procedimiento está tasado y sus mayorías también. Estos serían los dos mecanismos posibles, señorías; de hecho, el primero de ellos ha sido el utilizado por los diferentes gobiernos a lo largo de la historia democrática de nuestro país para abordar esta cuestión. Por tanto, entendemos que lo que se ha pretendido, y en cierta manera lo reconocen así en esta iniciativa, ha sido traer el debate a la Cámara, propiciarlo con el objetivo de incorporarlo, de ponerlo en la agenda política. En segundo lugar, nuestro grupo parlamentario no cuenta con los elementos de juicio suficientes para llevar a cabo de manera rigurosa una iniciativa de estas características. Por eso entendemos que abrir el debate nos permitiría retratar al Gobierno, que tiene dicha información y la oculta para, a su vez, esconder su fracaso como Gobierno en lo que a esta cuestión se refiere. (Aplausos). Esto nos permitiría conocer la población objetiva que en esta fecha se encuentra en una irregularidad sobrevenida en nuestro país y cuáles son las razones que le han llevado a esta: si la entrada por vías irregulares, si la pérdida del permiso de trabajo por una penalización, si el exceso de burocracia, si las dilaciones en los procedimientos administrativos como consecuencia del abandono al que tiene sometidas el Gobierno a las oficinas de extranjería, si no haber sido beneficiarios de la protección internacional solicitada y un largo etcétera. Hay casi tantas casuísticas como personas, y cada una de las situaciones requiere una actuación determinada por parte del Gobierno que nunca llega y que no se está haciendo. Hay que dejar claro que esta toma en consideración solo abriría el debate para determinar las condiciones concretas en las que se puede acceder a un permiso de trabajo y residencia y viceversa, pero también para el retorno de aquellas personas cuyo expediente así lo determine y que actualmente el Gobierno no está ejecutando. Hay que ir contra las mafias que trafican con personas y hay que ser contundentes con aquellos que participan y se benefician de estas mafias. No hacer una cosa ni la otra, como está haciendo el Gobierno, es lo que está provocando cada vez mayor irregularidad sobrevenida y más vulnerabilidad en las personas que la sufren. (Aplausos). O se aborda la cuestión íntegramente o es imposible y sería una irresponsabilidad. Está claro que en España está habiendo continuados años de llegada de inmigración irregular, ya sea a través de embarcaciones a Canarias, a nado a Ceuta, a Melilla saltando la valla o por el aeropuerto de Barajas utilizando el subterfugio de la protección internacional de la llegada en tránsito sin cumplir la mayoría los requisitos para ser beneficiarios de esta, y esto nos exige enfrentar la situación y actuar de manera rigurosa. Las llegadas a España se han disparado en un 277 %, y si hablamos de Canarias, en un 500 %, en los últimos meses, por lo que hemos de tener claro que no sería responsable ni positivo lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares de llegada acaban siendo homologadas a través de los procedimientos extraordinarios de regularización. Sin embargo, sí es el momento de exigir al Gobierno de España que ponga de una vez medios técnicos y humanos en las oficinas de extranjería, que están en precario y no pueden resolver los expedientes; seguimos teniendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sin medios y al resto de funcionarios públicos haciendo un trabajo ímprobo sin que el Gobierno les dote de los recursos suficientes. Y mientras esto siga así, señorías, difícilmente no se producirá cada cierto tiempo una irregularidad sobrevenida.

También hay que exigirle al Gobierno un mayor control de las fronteras de nuestro país. Para ello tienen que destinar recursos, y esto no se está haciendo tampoco; por eso nos levantamos cada día con tragedias a las puertas de nuestras fronteras o en el mar. Eso sí, mientras se suceden estas tragedias, el Gobierno mira para otro lado y se quita la chaqueta de humanidad que hoy nos ha querido vender en la tribuna de oradores. No pueden contraponer permanentemente el necesario y exigido control de nuestras fronteras con el respeto a los derechos humanos; hacerlo es una irresponsabilidad, y ustedes lo hacen permanentemente.

Por otro lado, quiero referirme a nuestro papel en el marco de la Unión Europea. Mañana se aprobará el Pacto europeo sobre Migración y Asilo. En lo que a esta materia se refiere, brevemente apunto que exige que las regularizaciones sean rigurosas, individualizadas, con criterios perfectamente determinados y para periodos concretos, normalmente con existencia de contrato previo, acreditando esfuerzos de integración, vínculos familiares, etcétera. Solo así habría que abordarlo.

Para nuestro grupo, el Gobierno no merece ninguna confianza; merece tan poca confianza que han acordado de todo menos lo que hoy dicen que es importante. Fíjense, han acordado, por ejemplo, la transferencia de las competencias de inmigración a Cataluña para que expulse a los inmigrantes de su territorio, y esto no lo dice el Grupo Parlamentario Popular, esto lo dicen los socios preferentes del Gobierno de España. Pero como todo en torno al Gobierno es mentira y en este asunto no va a ser menos, seremos nosotros los que los pondremos frente al espejo. Por eso, daremos salida a esta toma en consideración, para que se aborde con responsabilidad, porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los inmigrantes nos han pedido que abordemos esta cuestión; porque también nos lo han pedido los empleadores, que necesitan imperiosamente mano de obra, y nos lo han pedido muchos ciudadanos que han firmado esta iniciativa legislativa popular, y debemos escucharlos. Debe hablarse de esta cuestión, y así lo hacemos en el Partido Popular, como de una cuestión de Estado, con una posición equilibrada entre el limbo jurídico en el que se encuentran, por esa irregularidad sobrevenida, muchas personas extranjeras que ya están en España perfectamente integradas, el control de fronteras y la expulsión de los inmigrantes que tienen un expediente de retorno a su país frente al que el Gobierno se esconde para no ejecutarlo.

Por eso, finalizo, cualquier iniciativa de estas características y de este calado requiere una visión global de país, con medidas estructurales que combinen el control de fronteras y de llegadas irregulares, por un lado, y el fomento de las vías legales de entrada, por otro lado. Estas sí son las que dan oportunidades, autonomía y dignidad a las personas que deciden migrar, pero también futuro al país que las recibe. La combinación de ambas es hacia dónde tenemos que avanzar sin complejos, sin hipocresía y sin falsa solidaridad. Pero este Gobierno no está en eso, señorías, está en sobrevivir, y sus socios, aunque les digan que sí, les engañan, porque también están en sobrevivir a costa de todo y de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).