Convenio relativo a la seguridad y la salud en la agricultura, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2001.

Con la venia. Solamente queremos intervenir en este turno para referirnos a la denuncia de la Carta de la Energía, sobre la que nos vamos a abstener, tal y como nos abstuvimos también en la votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular a dicha iniciativa de denuncia. No se trata de que pongamos aquí ahora en cuestión los motivos expuestos por el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores, que no son ciertos, porque se dice que uno de los motivos es que la Carta de la Energía favorece las energías fósiles, pero luego, más adelante, se dice que hay un problema con unos laudos que han recaído ya y que son de condena de pago a España de 1000 millones y que pueden llegar a ser hasta de 10 000 por otros que están por recaer en procedimientos en curso. Esto son incoherencias, cosas que no son ciertas, pero no es eso lo que nos preocupa. Y tampoco nos preocupa que, difícilmente, la denuncia vaya a suponer un remedio para la cuestión de los laudos. No entendemos cómo la denuncia del tratado va a impedir la ejecución de los laudos ya recaídos y la ejecución de los laudos por recaer en procedimientos en curso, y ni siquiera de laudos por recaer en futuros procedimientos, toda vez que el artículo 47 del tratado dice que estará en vigor veinte años después de la denuncia. No. Aquí de lo que queremos hablar, principalmente, es de la cuestión de la prima. Es decir, ¿por qué en España, con origen en una decisión política, a partir del año 1997 se decide que se tienen que desarrollar las energías renovables siguiendo directrices de la Unión Europea y por qué eso se hace por el sistema del gasto y no por el de la inversión?

Como quiera que en aquellos años no era posible desarrollar esta actividad de producción de energía de fuentes renovables de una forma económica porque la infraestructura hubiera impedido la amortización de la inversión en términos de rentabilidad propios de ese sector, se decidió acudir a soportar el coste como gasto, bien con cargo al presupuesto general del Estado o bien, como se hizo también después, con cargo a la repercusión de ese coste en la factura de la luz de los usuarios de la energía eléctrica, que son todos los españoles. Esto es un disparate, porque ha dado lugar a un coste monstruoso en términos de gasto. Los 10 000 millones, esos mencionados por la exposición de motivos del informe, son de risa. Habría que contar todas las primas pagadas a inversores privados por el Estado durante todos estos años —‌estaríamos hablando, probablemente, de 20 000 o 30 000 millones— y al tiempo, en perfecta transitividad, el enriquecimiento de particulares que han recibido esas cantidades de modo garantizado por el Estado. Esto, verdaderamente, no lo entiende nadie. Si era tan importante desarrollar las energías renovables, lo que se tenía que haber hecho era actuar por la vía de la inversión. Es decir, que se hubiera constituido una empresa nacional de energías renovables y, con arreglo a un criterio de project finance, la inversión hubiera sido recuperada, en cuanto a su financiación y amortización, con la rentabilidad, porque el Estado no tiene por qué ganar dinero en términos equiparables a otros productores en el sector. Eso hubiera permitido también que, una vez amortizada totalmente la inversión, incluso esas empresas, que hasta entonces no habían supuesto ninguna carga para el Estado, hubieran podido ser privatizadas y esa privatización, por lo tanto, hubiera podido permitir una plusvalía patrimonial. Un disparate que han compartido, en una pésima gestión…