Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para garantizar unas condiciones de jubilación digna de abogados y procuradores adscritos a sus mutualidades de protección social.

Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Un saludo muy especial a los abogados y procuradores que nos visitan o que nos siguen por las redes. (Aplausos).

Hoy damos voz a la abogacía y a la procura en el Congreso. A ellos, que siempre están en primera línea defendiendo nuestros derechos y que hasta puede que olvidaran ocuparse de sí mismos. Reclamamos dentro de estos muros lo que la abogacía y la procura clamaron fuera de ellos para que nos llegara alto y claro. Señorías, merecen respeto y que esta Cámara, formalmente, se ocupe de conocer su problemática y proponer soluciones. Nunca como hoy tuvo tanto sentido escuchar a la abogacía en el tema que nos ocupa y, en general, por el respeto que merece su trabajo en el ejercicio del derecho de defensa, que es garantía de los derechos de todos.

Por eso, antes de entrar en materia, tenemos que pedir al Gobierno que desautorice y cese al fiscal general del Estado (aplausos), al amparo del artículo 31.1.b), porque no ha sabido respetar y proteger el sagrado derecho de defensa. Son muchos incumplimientos los que se suceden en su actuación, pero este supera todo lo admisible. El Colegio de Abogados de Madrid lo ha dicho alto y claro.

Señorías, damos voz a la abogacía y a la procura, en particular, para debatir sobre una de sus principales preocupaciones en este momento, su sistema de previsión social. Hasta 1995 la protección social de la abogacía y la procura se prestaba exclusivamente a través de sus respectivas mutualidades, un sistema con limitadas prestaciones que se configuró de adscripción obligatoria en el momento de la colegiación para el ejercicio de su actividad. A partir de 1996 se introduce legalmente la alternatividad para estos profesionales, admitiendo que pudieran optar entre que la protección social se realizara por la mutualidad o mediante afiliación al Régimen Especial de Autónomos, el RETA. Eso sí, hasta el año 2000 no se les permitió a los procuradores. En todo caso, no pudieron trasladar las aportaciones realizadas al RETA si optaban por ese sistema. En 2005, en virtud de lo establecido por el Real Decreto Legislativo 6/2004, las mutualidades de abogacía y procura pasan de un sistema de caja común a un sistema de cuenta individualizada. De esta forma, el mutualista recibe una prestación en el momento de su jubilación correspondiente a la totalidad del importe ahorrado a través de sus aportaciones individuales, más la rentabilidad acumulada menos los gastos de administración y de cobertura de riesgo que tenga suscrita.

Señorías, hoy estamos hablando de 209 168 mutualistas en la abogacía y de 11 314 mutualistas de la procura, con muy diversas situaciones. La Dirección General de la Seguridad y Asuntos Sociales, en contestación a un requerimiento de la Mutualidad de la Abogacía en 2004, dijo entre otras cosas que cabe señalar que ni en la vigente legislación existe previsión alguna que dé pie a la integración en el sistema de la Seguridad Social de la mutualidad ni de ninguna otra mutualidad de previsión social, incluso cuando puedan actuar como alternativas al RETA, ni parece que de lege ferenda existan motivaciones o causas que vinieran a justificar la habilitación normativa para que pudiera llevarse a cabo en el futuro.

No hay tiempo de relatar aquí tantas vicisitudes posteriores; lo cierto es que, si ya entonces era evidente que existía una inquietud por los cambios, finalmente esa inquietud se convirtió en alarma. El Partido Popular, consciente de esa alarma, y tras múltiples reuniones, incorporó en la medida 25 del programa de elecciones generales que era preciso proceder a estudiar esta situación y proponer las medidas adecuadas cuando se conociera a fondo el tema. Por eso, con esta iniciativa queremos dar cumplimiento a esa medida y queremos dar impulso a que se aprueben las medidas más adecuadas, tratando de superar en lo posible el sistema de previsión social que los interesados consideran inasumible o injusto. Y tanto que resultó hiriente que la ministra de Seguridad Social se refiriera por primera vez en este mismo hemiciclo a ello el 21 de febrero con frivolidad y displicencia, faltando al respeto a generaciones de abogados y procuradores que, según ella, se encuentran en la actual situación porque tomaron una mala decisión cuando iniciaron su carrera profesional, no supieron elegir y ahora claman porque les dejen disfrutar del sistema público. ¿No será, señorías, que el Gobierno socialista fue el que tomó algunas malas decisiones en octubre de 2004? No, señora ministra, no fue una mala decisión de los profesionales, ni usted desde el 7 de marzo ha encontrado la piedra filosofal. Por eso es oportuna y necesaria esta iniciativa, para que no nos digan después algunos de los intervinientes que ya está resuelto por el Gobierno. Es preciso tomar conciencia del tema escuchando a todos, reconocer el problema, que es un problema complejo, que es imprescindible transparencia para afrontarlo, que no caben improvisaciones, parches ni sacrificar a unos por otros y que hay que aprender de los errores cometidos. Señorías, todos los grupos están interesados. Se ve por sus enmiendas. Les pido, pues, que trabajemos en común por la mejor respuesta, no por sacar adelante la propuesta que cada uno creemos que es la más adecuada, sino con unión para favorecer la mejora de este sistema, porque abogados y procuradores se lo merecen.

Yo sé, compañeros abogados y compañeros procuradores que estáis escuchándonos, que reclamáis urgencia, pero sé también que no queréis precipitación ni improvisaciones con consecuencias imprevisibles. Sé que siempre ha sido más fácil defender que hay que hacer sí o sí lo que muchos de vosotros en lucha venís reivindicando bienintencionadamente y con angustia, y además que no cambiemos una coma, pero en mi grupo estamos convencidos de que el Gobierno tiene todos los instrumentos y que no debe actuar solo, sino que debe actuar con todos los interesados, escuchándolos a todos. De ahí nuestra iniciativa. Estamos en desacuerdo con la medida…

Termino enseguida. … y el camino que propuso la ministra de Seguridad Social en sus declaraciones en la comparecencia en el Senado del 7 de marzo. Aprobar modificaciones para cerrar la mutualidad en 2027, que ya no pueda entrar ningún abogado ni procurador y determinar de forma poco clara que se va a ocupar de aquellos anteriores a 1996 que se encuentran actualmente en situación de vulnerabilidad necesita mucha explicación, mucho estudio. No se pueden crear más problemas que resolver los mismos. Por eso, aprueben nuestra iniciativa y créese esa Comisión. Sentémonos todos, siéntense todos los interesados y que se dé cuenta esta Cámara.

Aprobemos las medidas legales oportunas y mi grupo estará de acuerdo con aprobarlas.

Gracias. (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Buenas tardes, señorías. Creo que así se me va a entender mejor. Isabel, abogada mutualista de sesenta y tres años, treinta y ocho años cotizando y aportando a la mutualidad, tiene una previsión de 320 euros mensuales de jubilación. María Mercedes, procuradora mutualista alternativa de setenta años y en jubilación activa, para llegar a los 600 euros mensuales ha tenido que concentrar el dinero en diez años. Dentro de diez años no cobrará nada. Jesús, procurador mutualista de sesenta y siete años, cuarenta años cotizando y aportando a su mutualidad, no se ha podido jubilar y su previsión de jubilación son 280 euros mensuales. A todos y a todas se les prometió, cuando se dieron de alta, pensiones dignas de 1500 euros, pero al final de su carrera se encuentran con pensiones que están por debajo de las pensiones no contributivas, aquellas que cobran las personas que no han cotizado. Las medidas que el Ministerio está planteando deben incluir a todos los mutualistas. La no vulnerabilidad no puede ser un motivo para negar los derechos. A ninguna persona con derecho a jubilación se le puede negar la misma porque no sea vulnerable.

Voy finalizando. Deben contemplarse todas las situaciones y partir de la base de que un año de mutualidad corresponde a un año de cotización de la Seguridad Social. Déjenme recordarles que existen precedentes. Notarios, funcionarios europeos, colectivos de sacerdotes y religiosos atrapados en sus respectivas mutualidades fueron integrados a plena satisfacción en el sistema de la Seguridad Social. Gracias.

Boa tarde. Moitas grazas, señor presidente. O BNG vén apoiando desde o comezo o colectivo de profesionais da avogacía e da procuradoría afectados nas súas condicións de xubilación pola xestión por parte das respectivas mutualidades.

De facto, unha das primeiras iniciativas presentadas, se non a primeira en relación con isto, foi no Parlamento da Galiza por parte do BNG e aprobada por unanimidade. Tamén aquí, no Congreso, presentamos até catro iniciativas. Agora ben, a proposta que hoxe trae o PP parécenos que xa está sobrepasada, en certa medida, pola realidade, razón pola que presentamos emendas. Ao noso xuízo e tamén do colectivo, polo menos na Galiza, xa non se está na fase de crear unha comisión para debater a viabilidade ou non da pasarela ao RETA. O que hai que facer é actuar xa.

Por iso, propomos aprobar un Real decreto-lei no que se regule o dereito de mutualistas actualmente integradas no RETA para que as súas achegas ás mutualidades profesionais, así como a totalidade dos seus dereitos económicos nesas entidades poidan ser transferidas á Seguridade Social para todos os efectos. Ademais, reformar o tratamento fiscal das cotizacións realizadas ás mutualidades profesionais, evitando a equiparación cun plan de pensións complementario…

Buenas tardes. Gracias, presidente. El BNG viene apoyando desde el inicio al colectivo de profesionales de la abogacía y la procuraduría afectados en sus condiciones de jubilación por la gestión por parte de las mutualidades. De hecho, una de las primeras iniciativas presentadas en relación con esto fue en el Parlamento de Galicia por parte del BNG y aprobada por unanimidad. En el Congreso también presentamos hasta cuatro iniciativas. Ahora bien, la propuesta que trae aquí hoy el PP nos parece que está sobrepasada en cierta medida por la realidad, razón por la que presentamos enmiendas. A nuestro juicio y también del colectivo, al menos en Galicia, ya no estamos en fase de crear una comisión para debatir la viabilidad o no del RETA; lo que hay que hacer es actuar ya. Por eso proponemos aprobar un real decreto ley en el que se regule el derecho de los mutualistas que están integrados en el RETA, para que sus contribuciones a las mutuas profesionales y la totalidad de sus derechos económicos en estas entidades se puedan transferir a la Seguridad Social a todos esos efectos. Además, reformar el tratamiento fiscal de las cotizaciones que se hagan en las mutualidades profesionales, evitando la equiparación con el plan de pensiones complementario…

E finalizo, mellorar as condicións de xubilación parcial dos profesionais da avogacía e da procuradoría. Pódese facer e é de xustiza. Polo tanto, débese facer. Moito obrigado.

Finalizo. … y mejorar las condiciones de jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procuraduría. Se puede hacer y es de justicia. Por lo tanto, se tiene que hacer. Muchas gracias.

Gracias, presidente. Señorías, como abogada tengo que decir que siento como propia la lucha de mis compañeros y compañeras de la abogacía y de la procura y que estoy absolutamente sensibilizada con sus reivindicaciones. Por eso mismo, hemos presentado una enmienda de sustitución a la proposición no de ley del Partido Popular, porque entendemos que esta PNL no aporta soluciones reales a la problemática que padecen abogados, abogadas, procuradores y procuradoras. Las soluciones del Partido Popular la verdad es que siempre van por el mismo camino, que es crear comisiones. Para nosotras, esto lo único que hace es alargar en el tiempo el problema, instando, además, a que sea la Comisión quien formule las propuestas normativas y así no tener que posicionarse con los trabajadores y las trabajadoras ante las condiciones de la mutua durante todos estos años. Además, se alejan del contenido de las PNL que se han ido aprobando en las diferentes comunidades autónomas. Por eso, presentamos una enmienda, que espero sea tomada en consideración por parte del Partido Popular, para dar soluciones que sean efectivas, teniendo en cuenta que en 1996 la Mutualidad de la Abogacía, que es la más numerosa del colectivo, deja de ser un sistema obligatorio para los abogados y abogadas que ejercían por cuenta propia, pasando a ser alternativo, pero en la práctica no se dio esa elección voluntaria hasta 2005, en que funcionó como un sistema de capitalización colectiva y, por lo tanto, basado en la solidaridad intergeneracional. Pero ese año ya pasó a ser de capitalización individual, donde cada mutualista obtiene su pensión en función de sus propias aportaciones, y ese cambio tan drástico e importante se produjo sin realizar consulta alguna a los mutualistas y sin ofrecer información. Pasado el tiempo, cuando estos trabajadores tienen que acceder a su prestación por jubilación, se dan cuenta de que están desprotegidos socialmente y que tienen unas pensiones irrisorias. Después de llevar toda la vida trabajando y pagando a la mutua, se ven en esta situación.

Voy terminando, presidente.

Entendemos que es un problema de calado, que se encuentran en una situación de desprotección social y por eso queremos que este Gobierno, en un plazo de seis meses, apruebe un real decreto, como ya hizo con otros y otras mutualistas. Y esperemos que a raíz de ahí se puedan llevar a cabo todas las reivindicaciones de los colectivos. Les pido a sus señorías del Partido Popular que tengan en cuenta nuestras aportaciones y que acepten nuestra enmienda, que recoge justamente la demanda de los colectivos afectados.

Gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenas tardes. Desde Unión del Pueblo Navarro consideramos que es necesario abordar y dar solución a esta situación que están viviendo abogados y procuradores a la hora de poder acceder a una pensión digna. Es un colectivo fundamental en el Estado de Derecho, un colectivo al que, además, quiero reconocer su labor con la justicia gratuita, porque lo hacen con gran profesionalidad y en ocasiones con unas retribuciones paupérrimas. Por lo tanto, lo que hoy nos ha traído aquí no es una cuestión de voluntad política, sino sobre todo de justicia social. Como se ha dicho, han tenido que sufrir diferentes modificaciones normativas que les han afectado, y también hay precedentes en el caso del colectivo de los notarios. Desde nuestro punto de vista, el Gobierno tiene que ser sensible a esta situación, sobre todo a la hora de atender a procuradores y abogados, a otros profesionales liberales, a otros funcionarios y también a cargos públicos, que están padeciendo unas situaciones decimonónicas. Muchas gracias.

Mahaiburu jauna, jaun-andreok, arratsalde on.

Señor presidente, señorías, buenas tardes.

El gran número de enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, incluido el nuestro, evidencia que este asunto importa, preocupa y muestra además la necesaria búsqueda de una solución a este problema, más allá de las propuestas emitidas por la ministra tanto en el Congreso como en el Senado. Señorías, se ha dicho ya que más de doscientas mil personas, con unas casuísticas diferentes —‌los colectivos de abogados y abogadas, procuradores y procuradoras—, se encuentran en una situación de preocupación evidente, teniendo en cuenta que se enfrentan a una situación de vulnerabilidad. Lo decía la señora Valido, la portavoz de Coalición Canaria, poniendo una serie de ejemplos de lo irrisorias que pueden ser esas pensiones a las que pueden acceder estas personas. ¿Y esto por qué? También se ha dicho. Hasta el año 1995 era obligatorio estar suscrito a esas mutualidades, pero, tras ello, algunas de las personas que eligieron el sistema alternativo podríamos decir que fueron víctimas cuando menos de publicidad engañosa. Esto es, se les aseguró que el sistema alternativo era más beneficioso que el sistema general. ¿Qué ocurre hoy? Que se ha demostrado que el sistema es un fracaso y que algunas de estas personas se sienten víctimas de lo que podría ser calificado como una estafa piramidal. Por eso hay que hacer frente a esta situación que perjudica a un colectivo tan amplio. Hay un dato que yo desconocía, pero lo curioso es que también lo desconocían los abogados y procuradores, y es que en el año 2005 el Consejo General de la Abogacía de España encargó un informe, el informe MERCER, que ya anunciaba que el sistema era inviable. ¿Qué ocurrió? Que no se informó de ello y ahora, prácticamente veinte años después, estamos ante esta situación.

Aquí, en las Cortes Generales, que tanto nos gustan las comisiones de investigación, creo que este podría ser un asunto también en el que investigar y llegar a unas conclusiones. Ante esta situación en el presente, exigimos al Gobierno una solución que llegue cuanto antes. No vemos mal las comisiones que ustedes proponen, incluso la ministra quería llevarlo al Pacto de Toledo, pero ¿ahí está la solución? Nosotros creemos que no, que urge. Y las comisiones que analicen, pero hace falta una solución cuanto antes. Es una cuestión de voluntad política, única y exclusivamente de voluntad política. Por eso creemos que hay que exigir al Gobierno, y creo que puede haber una mayoría perfectamente —‌se mostrará más allá de lo que vote cada partido—, una solución cuanto antes. Creemos que se tiene que permitir la posibilidad voluntaria y temporal de trasladar al régimen del RETA las cantidades cotizadas a las mutualidades profesionales, computándose a los efectos en el devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilaciones incluidas, y en todo caso previa ponderación de las cantidades ingresadas de los periodos cotizados a los efectos de antigüedad. Y con respecto al grupo de mutualistas pasivos, que se apliquen los complementos en sus pensiones hasta alcanzar el importe de pensión mínima, que ahí quiero llegar también. Euskal Herria Bildu defiende que una pensión mínima tiene que ser al menos de 1080 euros; por debajo de esa cantidad no hay dignidad posible. Esto lo hemos dicho en el Parlamento Vasco, en el Parlamento de Nafarroa, pero también lo decimos aquí.

Y como decimos lo mismo en Euskal Herria y en estas Cortes Generales, hemos presentado una enmienda de sustitución, que es precisamente el texto que llevamos al Parlamento Vasco y que fue aprobado por la unanimidad de las fuerzas del Parlamento Vasco. Creemos que es mejor en los términos que el que ha presentado el grupo proponente. Escuchaba a la ponente y, más allá de las diferencias, si se dedican a meter la puntilla e intentar desgastar al Gobierno yéndose a lo que ocurrió en 2004, no sé yo si esa voluntad de aunar fuerzas en este sentido va en la buena línea. Se verá si aceptan algunas de las enmiendas, que no tiene por qué ser la nuestra…

Acabo, señor presidente. … la que se aprobó en el Parlamento Vasco, pero hay otras enmiendas que creemos que abordan de manera más completa el problema que tenemos en este momento. Muchas gracias, señor presidente.

Presidente, señorías, en España hay 150 000 profesionales de la abogacía y diez mil de la procura, y tributan un tipo medio de IRPF del 28 %, un esfuerzo fiscal bastante más alto que el de bancos o grandes empresas. Sus retribuciones medias son aproximadamente de 30 000 euros anuales. Considerando los ingresos desmesurados por el ejercicio de la abogacía que están concentrados en los grandes despachos, concluimos que la inmensa mayoría de los profesionales de la abogacía y la procura están mal pagados, a pesar del trabajo de defensa de la ciudadanía que realizan. La mayoría de estos profesionales perciben ingresos similares a los de un trabajador, es decir, son trabajadores.

Abogacía y procura se han visto atrapados en un sistema de protección social privado, las mutualidades profesionales, más dedicado al negocio inmobiliario que al bienestar de los mutualistas. Las prestaciones sociales o sanitarias que reciben son indignas o insuficientes; la prestación por desempleo no existe, y por incapacidad temporal perciben cuantías miserables y de escaso tiempo, insuficientes para sobrevivir; las pensiones de jubilación son miserables, entre 400 y 600 euros al mes para la mayoría, y el 90 % de las pensiones de la Mutualidad de la Abogacía son inferiores a las mínimas de la Seguridad Social.

La abogacía y la procura son la excepción a la integración en la Seguridad Social que se ha hecho con diversas mutualidades: religiosos y religiosas católicas, los funcionarios de la Administración local integrados en el régimen general, notarios integrados en el RETA, y también se trabaja ahora para la inclusión en la Seguridad Social de religiosos de la Iglesia ortodoxa rumana en España. Estas integraciones se deben a que las mutualidades de previsión social alternativas al régimen de trabajadores autónomos han hecho dejación de la función que la ley les atribuía. Los profesionales de la abogacía y la procura deben tener los mismos derechos que los religiosos o los notarios. (Aplausos).

Abogados y procuradores se han visto atrapados, cuando no engañados, en un sistema que debería ser de previsión social, pero que se transformó en compañía de seguros y fondos de inversión. La ocultación de información y la publicidad engañosa indujeron a la permanencia en estas mutualidades. Estudios del Consejo General de la Abogacía Española desde 2005 ya recomendaban a la abogacía que se diera de alta en el RETA por la desprotección en caso de optar por el régimen de la mutualidad y estas recomendaciones fueron ocultadas e ignoradas tanto por el Consejo de la Abogacía como por los colegios de abogados de más peso, instituciones que, por cierto, forman parte de los órganos de la mutualidad. Las decisiones tomadas en esas condiciones están viciadas, son nulas. No es aceptable decir que los mutualistas tuvieron la posibilidad de optar por el traspaso a la Seguridad Social. El Colegio de Abogados de Madrid, el mayor de España, determinante en la mutualidad, se ha desentendido de garantizar una jubilación digna a sus colegiados, pero sí se dedica, a modo de justicia gratuita, a la defensa de la corrupta pareja de la señora Ayuso. Abogacía y procura han dicho basta ante este fraude que los está condenando a una jubilación de exclusión social.

Esta propuesta del Partido Popular sitúa al PP en el bando de las mutualidades, de los grandes despachos y de los colegios de Abogados, en el bando de las minorías privilegiadas frente a la abogacía y procura de a pie. Su PNL, señora Moro, no propone nada, solo gana tiempo para que continúen el fraude y la pobreza sobrevenida de los profesionales jubilados. Su propuesta es estudiar, analizar, crear una comisión, lo habitual cuando no se quiere solucionar un problema. SUMAR propone la misma solución reivindicada por los afectados por el fraude: el sindicato Venia, el foro Abogacía y Democracia o el movimiento #J2, entre otros. Integración voluntaria en el régimen de autónomos de los profesionales adscritos o que lo hubieran estado en las mutualidades alternativas, integración que no costará nada al Estado, mediante el traspaso al RETA de las aportaciones ordinarias y extraordinarias de mutualistas y la parte proporcional de rendimientos obtenidos por la mutualidad en cualquier concepto, garantizando las prestaciones de Seguridad Social como si se hubiese cotizado al RETA durante el periodo en que se estuvo adscrito a la mutualidad; y se garantizará, al menos, la percepción de la pensión mínima del RETA, salvo en supuestos en los que el mutualista disfrute de otro tipo de ingresos regulares.

Necesitamos una solución urgente para los que están pendientes de jubilación y para los que sufren ya jubilaciones de miseria.

Saludamos los pasos dados por el Ministerio de Inclusión, que se ha puesto a reparar el daño causado por la falta de vigilancia del Estado al negocio de estas mutualidades. Colaboraremos para alcanzar una rápida solución en los términos que piden los afectados. (Aplausos). El Estado debe adoptar las normas que traigan la solución porque hay recursos suficientes para hacerlo en las mutualidades, y las mutualidades deben responsabilizarse del daño causado y sufragar íntegramente el traspaso de los derechos de las y los mutualistas al sistema de Seguridad Social.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes y muchísimas gracias. Es una satisfacción, como abogado ejerciente durante más de treinta años, poder comparecer en esta tribuna siendo hijo y nieto de abogados, y hacerlo acompañado de muchos compañeros con los que he podido compartir estrado, despacho y trabajo, y con tantos otros abogados y procuradores que aquí, en el Congreso de los Diputados, y a través de la televisión nos están escuchando muy atentamente. Acaba de intervenir el abogado de las FARC y, sin que sirva de precedente, voy a estar de acuerdo con él. La proposición del Partido Popular, lamentablemente, no aporta nada; solo habla de estudiar, analizar, valorar, pensar. Nosotros decimos siempre que el Partido Popular solo acierta cuando nos copia, pero vamos a tener que cambiar la frase: solo acierta cuando nos copia bien. (Aplausos). Porque esta proposición que nos trae el Partido Popular resulta que llega muchos meses después de que VOX defendiese en la Asamblea de Madrid, en las Cortes de Castilla-La Mancha, en las Cortes Valencianas, en las Cortes de Aragón, en los ayuntamientos de Fuenlabrada, de Valladolid, de Murcia, etcétera, una proposición similar. Por cierto, en alguna de ellas el Partido Popular votó a favor. Hace falta algo más porque si no, los abogados y los procuradores, ante una situación de emergencia como la que están sufriendo, se quedan sin contenido real. Desde aquí queremos hacer una reivindicación a la profesión del abogado y del procurador, profesiones que se basan en el principio de la vocación; profesiones sin horarios, con plazos perentorios, sin vacaciones en muchos casos, sin maternidad y con una altísima responsabilidad. La propia Constitución pone en manos de abogados y procuradores algo tan importante en un Estado de derecho y en una democracia como es el derecho de defensa y de representación de los justiciables, y nada menos que la obligación de llevar a cabo el turno de oficio y la asistencia letrada al detenido, que se está realizando desde hace décadas en condiciones inhumanas, miserables. La justicia gratuita en España no es que esté mal pagada, es que está despreciada directamente.

Por tanto, hoy, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que los abogados y procuradores de España ni siquiera tienen una jubilación digna; esto es inaceptable. Cuando las mutualidades profesionales nacieron a mediados del siglo XX, hacia el año 1950, fueron obligatorias hasta el año 1995, no había alternativa posible, o entrabas en la mutualidad o no ejercías como abogado y procurador. En 1995 se abre la alternativa en el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, pero realmente este sistema alternativo se vio frustrado cuando en el año 2005 se pasa de la capitalización colectiva a la capitalización individual. En ese momento muchos abogados y procuradores de España vieron que aquello que se les había prometido, aquellas expectativas económicas de una jubilación digna —‌muy limitada, pero digna— quedaban reducidas a la nada. Desgraciadamente hemos tenido que sufrir cotizaciones cautivas a las diferentes mutualidades, es decir, que solo al llegar al momento de la jubilación podían retirarse esas cotizaciones y encima se les aplicaba una fiscalidad como si de planes de ahorro o planes de pensiones se tratasen y no como lo que se nos había dicho que era, un sistema de previsión social o de jubilación.

La situación es verdaderamente dramática, ya se ha mencionado aquí, abogados y procuradores que no llegan siquiera en su jubilación a cobrar lo que sería el equivalente a una pensión no contributiva, hablamos de 300 o 400 euros y a veces menos. Es algo indignante si lo comparamos, desgraciadamente, con las ayudas que reciben del erario público muchas personas que no han cotizado en su vida, sino —‌que es más— que han asaltado de manera violenta nuestras fronteras y que han venido exigiendo cantidades muy superiores a las que los abogados y los procuradores tendrían derecho por haber trabajado y haber cotizado y pagado impuestos. (Aplausos). No puede ser que los españoles seamos siempre los últimos a la hora de recibir lo que nos corresponde.

Hemos presentado unas enmiendas que esperamos que sean aprobadas por el Grupo Popular y lo esperamos porque lo que estamos diciendo es que hace falta aprobar una pasarela que permita de manera voluntaria a cualquier abogado y procurador de España poder pasar del sistema de mutualidades al sistema de RETA.

Voy terminando, señor presidente. Y que sean contabilizadas y, por tanto, computadas las cantidades que ha cotizado y el tiempo que ha venido cotizando en las mutualidades. En segundo lugar, que los mutualistas pasivos, los que ya están jubilados, tengan un complemento a mínimo en su pensión que la haga una pensión digna. En tercer lugar, no puede haber equiparación fiscal, como he dicho, entre las mutualidades y los planes de ahorro de pensión. y, en último lugar, hay que mejorar esas condiciones. Estas enmiendas harán que pueda servir de algo esta proposición no de ley que nos trae el Grupo Popular, porque la dignidad de los abogados y los procuradores españoles no puede estar al albur de las decisiones políticas partidistas y tiene que estar al servicio de la justicia, porque es justicia lo que reclaman y no otra cosa. Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Quiero decir, en primer lugar, que es un honor subir a esta tribuna, especialmente representando al Partido Socialista (aplausos) y, sobre todo, si vamos a hablar de pensiones, ya que en esta materia mi partido ha hecho un gran trabajo, tan grande y bueno que ahora el Partido Popular quiere sumarse a los resultados; pues es ahora, señorías del Partido Popular, y no cuando gobernaban ustedes cuando el sistema público de pensiones se ve por diferentes colectivos, como pueden ser los mutualistas de la abogacía y la procura, como un sistema fuerte, un sistema justo, un sistema equitativo y capaz de garantizar pensiones suficientes, que es de lo que estamos hablando. (Aplausos). Hemos pasado años escuchando a la derecha decir que el sistema de pensiones no era sostenible, que solo había dos opciones: o se trabaja más o se cobra menos. En esa línea recibíamos mensajes de forma permanente. De una forma más o menos directa o indirecta nos decían: Cada vez vivimos más, cada vez nace menos gente, quién va a pagar las pensiones del futuro, ¿qué ocurrirá cuando llegue el baby boom? Es normal que la gente siguiera pensando en otros sistemas y no en el público. VOX llegó a afirmar que había que elegir entre comunidades autónomas o pensiones, que todo no se puede. Parece que estamos hablando de elegir entre dos lujos.

Pero sí que había otra opción, una opción que solo podía venir de un Gobierno progresista, porque consiste en financiarla. Y digo que solo podía venir de un Gobierno progresista porque financiarla significa aumentar los ingresos con propuestas como el mecanismo de equidad intergeneracional o la jubilación demorada, que también está resultando, para que aquellas personas que, de forma voluntaria, por razones vitales, quieren prolongar su vida laboral encuentren incentivos positivos para hacerlo. De esta forma tan poco neoliberal, pero tan socialdemócrata, se garantiza que todas las pensiones se revaloricen como mínimo conforme al IPC cada año (aplausos), si bien tanto las de viudedad como las mínimas suben por encima de este índice, contribuyendo, y mucho, a reducir la brecha de género.

Es esta la primera reforma en Europa que se hace por la vía de los ingresos, una reforma acordada con Bruselas y con los sindicatos y que de nuevo ha contribuido a la marcha de la economía. ¿Les suena quién dijo que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos? Estamos de acuerdo, pero en el bolsillo de la gran mayoría de los ciudadanos, no solo de unos cuantos. Porque que el dinero esté en los bolsillos de la ciudadanía también se consigue gracias a la subida de las pensiones y a unos salarios dignos; créanme, mucho más que bajando los impuestos a las grandes fortunas, y, si no, que nos lo digan en Andalucía. (Aplausos).

Señorías, el Partido Socialista ha presentado una enmienda acorde con lo que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ya ha expuesto en sus comparecencias para mejorar el ámbito de protección de las mutualidades de previsión social alternativas al régimen especial de Seguridad Social o de trabajadores autónomos como, por ejemplo, el incremento de la cobertura mínima de forma progresiva. Se trata de equiparar las aportaciones de la mutualidad alternativa con las cotizaciones del RETA, lo que permitirá mejorar estas prestaciones. También medidas específicas respecto a determinados colectivos. El Gobierno ya ha anunciado que reconocerá a los mutualistas anteriores a 1996 ―como ya se ha dicho aquí hoy varias veces, a aquellos que no pudieron elegir― que estén en situación de mayor dificultad la posibilidad de optar por la conversión del capital acumulado en la mutualidad en periodos cotizados con la base mínima del RETA, y dicho capital sería transferido a la Tesorería General de la Seguridad Social. Yo puedo entender que les pueda parecer insuficiente, pero el Gobierno ha empezado a actuar y vamos a seguir analizando las diferentes casuísticas, pues son muchas.

Les recuerdo que tenemos el Pacto de Toledo y que esas recomendaciones tienen que llevarse ahí y hay que cumplir siempre con lo siguiente: garantizar la suficiencia, queremos pensiones que permitan una vida digna para todo el mundo; reforzar la equidad y la solidaridad del sistema, entenderán que tiene que haber una relación equilibrada entre el esfuerzo que cada uno ha realizado y la prestación reconocida, y reforzar la sostenibilidad, porque hay que pensar en las pensiones de ahora y también en la del futuro.

Voy a ir terminando. El Partido Socialista se ha reunido con todas las partes, estudiado el tema en profundidad y el Gobierno ya lo ha dicho, dará respuesta a una demanda cierta de un colectivo de profesionales que, estando en el ámbito de la mutualidad privada, quieren formar parte del régimen público de protección que ofrece —‌hoy sí ofrece— la Seguridad Social. Déjenme decirles, señorías del Partido Popular, que es un placer verlos defendiendo el sistema público de pensiones como la mejor opción, pues son ustedes los que han votado reiteradamente en contra de todo lo que ha venido a esta Cámara y que suponía convertir este sistema en el sistema fuerte y creíble que es hoy. La última vez que votaron en contra fue hace apenas dos meses, cuando votaron en contra de la revalorización conforme al IPC de las pensiones para 2024. Créanme si les digo que, de haber seguido gobernando el Partido Popular, no creo que ahora nadie estuviera llamando a esta puerta y que, si algo ha quedado claro desde que tenemos un Gobierno progresista, es que fuera de lo público hace mucho frío.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Gaur prokuradoretza eta abokatutzaren mugimendua ezagutarazten ari den aldarrikapena den legez besteko proposamena dakarkigu PPk. Pentsioak hobetzeko aldarrikapena. Mugimendu horri esker dagoeneko lortu da autonomia erkidegoko parlamentuetan legez besteko hamazazpi proposamen eta udal eta aldundietan beren aldarrikapenaren aldeko hamaika mozio eta adierazpen instituzional onartzea. Nire talde parlamentarioak otsailean ohartarazi eta agerian utzi genuen prokuradoreen eta abokatutzaren arazoa. Hain zuzen, otsailaren 21ean gaur diputatuak azaldu dituen arazoen berri eman genuen eta arloko ministrari honi buruz galdetu egin genion.

Hoy debatimos la proposición no de ley que trata la procuraduría y la abogacía. El PP nos trae las reivindicaciones que ya han sido aprobadas diecisiete, justamente, en los parlamentos autonómicos y once mociones en ayuntamientos y diputaciones. Desde mi grupo parlamentario advertimos en febrero de los problemas de procuraduría y abogacía y los pusimos en evidencia. De hecho, ya realizamos la pregunta al ministro del área.

Decía en euskera que mi grupo parlamentario ya alertó y evidenció la problemática que están viviendo la procura y la abogacía. De hecho, el 21 de febrero exponíamos la problemática que ha explicado hoy también la diputada Moro Almaraz y preguntábamos a la ministra del ramo si se iba a estudiar la problemática, cuantificarse el número de afectados y las diferentes casuísticas y circunstancias para buscar una solución justa para estos colectivos de la abogacía y de la procura; y, todo ello, además, garantizando la sostenibilidad del sistema público de previsión social. Pero, además, preguntábamos, en concreto, por la denominada pasarela al RETA que reivindican estos colectivos, precisamente para que puedan tener acceso a una jubilación digna. En aquella ocasión, la ministra dijo que lo iba a estudiar y, de hecho, hace unas semanas —c‌ omo ya se ha dicho aquí— en el Senado anunció determinadas medidas en el ámbito de la protección de las mutualidades de previsión social alternativa al RETA, entre las que se encuentra la obligatoriedad del alta en el RETA para los nuevos colegiados y el reconocimiento de los mutualistas anteriores a 1996 ―eso sí, en situación de vulnerabilidad― la posibilidad de optar por la conversión del capital acumulado en la mutualidad en periodos cotizados con la base mínima en el RETA. Son medidas que, en cierto modo, reconocen los problemas existentes y las reivindicaciones del colectivo, pero lo hacen con condicionantes, puesto que las medidas limitan el colectivo afectado y se condiciona la pensión de jubilación a cumplir ese requisito de vulnerabilidad. Desconocemos por qué o sobre la base de qué se establecen esas limitaciones o cuándo se va a aplicar. En definitiva, desconocemos la letra pequeña de lo anunciado.

Es un anuncio que trata de abordar la cuestión, pero que deja fuera —‌como he dicho— a gran número de afectados y muchas de las cuestiones que este movimiento reivindica. Son medidas que han sido anunciadas, como digo, pero que, al parecer, no han sido ni contrastadas ni acordadas con el movimiento afectado, si nos atenemos a sus declaraciones.

Gure ustez, iragarki honek gaia jorratzen saiatzen da, baina galdetutako taldearen kopuru handi eta abokatuen eta prokuradoreen mugimenduak eskatutako gai asko kanpoan uzten dituena. Esan bezala, neurri batzuk iragarri dira, bai, baina dirudienez, ez dira kontrastatu ez adostu, eragindako mugimenduarekin. Haien adierazpenak irakurri besterik ez daukagu.

Entendemos que este anuncio trata de abordar el tema, pero deja fuera un gran número de personas del colectivo afectado y muchas de las cuestiones solicitadas por el movimiento de abogados y procuradores. Como se ha dicho, se han anunciado algunas medidas, sí, pero al parecer no han sido ni contrastadas ni consensuadas con el movimiento. No hay más que leer sus declaraciones.

El Partido Popular sí recoge el guante de las reivindicaciones de este movimiento, pero también es cierto que lo que nos propone es un tanto descafeinado, pues no insta a articular mecanismos o medidas concretas, sino que pretende que la problemática se someta a un estudio y análisis para a posteriori tomar las medidas necesarias. Son medidas sin concretar, pero que apuntan también, de alguna manera, a las reivindicaciones del colectivo y que van en la línea con lo que el Parlamento vasco acordó a través de una PNL, aprobada por todos los grupos políticos a excepción de VOX, y que reclamaba, como también se ha dicho hoy aquí, la pasarela al RETA, el tratamiento fiscal y la mejora de la jubilación parcial, tal y como hemos observado en las distintas enmiendas planteadas a esta PNL y que no son más que los puntos, precisamente, que se aprobaron mediante mociones o PNL en los ayuntamientos y comunidades autónomas.

Por último y como positivo de la propuesta, también me gustaría destacar que, al menos, para dichos estudios instan al Gobierno a constituir una comisión en la que estén representados todos los actores implicados —ministerio competente, representación de las mutualidades de la abogacía y procura y de las asociaciones y plataformas de las y los profesionales afectados—, pues creemos que es la manera de que se escuchen sus reivindicaciones para intentar llegar a un acuerdo.

Abokatu eta prokuradoreen aldarrikapenari bidea eman behar diogula uste dugu. Bidezko konponbidea bilatu behar dugu mutualista hauentzat, eta horretarako talde ezberdinen arteko akordioaren bidez testu bateratua lortu behar dugu.

Creemos que debemos dar cauce a las reivindicaciones de abogados y procuradores y buscar una solución conjunta para estos mutualistas y para ello tenemos que lograr un stock conjunto a través del acuerdo entre los distintos grupos.

Entendemos que hay una problemática a la que hay que intentar dar una salida. Y, por ello, nos instamos a llegar a un acuerdo, tal y como se ha hecho en los distintos parlamentos y ayuntamientos, ya que todas las enmiendas presentadas van en la misma dirección que lo que plantean estos mutualistas. Así que hagamos, por lo menos, un intento.

Gracias.

Diputades, diputats, gràcies, president. Companys diputats i diputades, lamento dir que avui no aportaré gaire, perquè el més rellevant que a mi m’ha semblat de tota la tramitació d’aquesta iniciativa ho ha comentat precisament ara mateix la diputada del Partit Nacionalista Basc. I és que, curiosament, llevat de la del PSOE, la resta d’esmenes contenen exactament la mateixa solució que, per cert, no té a veure amb la creació d’una comissió, sinó que té a veure amb la passarel·la cap al RETA per tal que es puguin cobrar les jubilacions necessàries i no estiguin vinculades a condicions de vulnerabilitat. És sorprenent… són sorprenents tres elements que escenifiquen bastant o exemplifiquen bastant el que passa moltes vegades quan s’està a l’oposició o quan s’està al govern. A veure, aquest tema s’està enverinant des de fa molt de temps. Fa molt de temps que les associacions fetes ad hoc, creades ad hoc, de professionals que compartien un mateix problema, ens han posat en coneixement dels grups polítics quina era la solució. Fa molt de temps que aquesta passarel·la per als d’anteriors al 1995, els del 1995 al 2005 específicament, amb una mirada una mica més diversificada, i la resta relataven que consideraven que havien estat enganyats per les mútues. Fa molt de temps que sabem que això més tard o més d’hora esclatarà, però ningú no ha pres resposta. I ara el que ens planteja el grup principal de l’oposició és crear una comissió. D’entrada, el mateix comentari que he fet als diputats encarregats del tema el faig a la cambra: si us plau, posin-se d’acord, perquè em semblaria una bona cosa que fossin capaços de trobar un acord que tots poguéssim votar a favor. Bàsicament perquè les persones afectades, les professionals i els professionals de l’advocacia i de la procura afectats per això, sàpiguen que hem posat fil a l’agulla, bàsicament perquè estem parlant del seu futur i bàsicament perquè cada mes que passa tenim més gent abocada a la percepció d’aquestes ignomínies de pensions. Això en primer lloc. En segon lloc, si és que la solució la comparteixen des del senyor Enrique, que ens explicava el senyor Santiago fa una estona quina era la solució… Perdoni, li recordo que estan al Govern. I, per tant, a mi em sembla que haurien de convèncer al PSOE de la seva solució, que per cert, compartim. Però és clar, és que el que és curiós d’aquest cas és que fins i tot hi coincideix VOX. Per tant, Govern, si VOX, SUMAR, Podemos, el BNG, el PNV, Bildu, Esquerra estem d’acord, potser tenim raó. Per pura casualitat, però potser tenim raó. Per tant, vist que el literal de totes les esmenes és gairebé d’una redacció idèntica, estaria bé que fessin recepció d’aquesta redacció idèntica. I estaria bé que transforméssim la feina parlamentària en feina governamental i a través —‌és que fins i tot els donen l’instrument—, i a través d’un reial decret llei s’articulés aquesta solució. Per tant, no aportaré res, perquè és que ens ho han aportat les persones que es troben amb aquest problema. Per tant, no aportaré res perquè aquesta aportació ha estat feta des de l’extrema dreta fins a l’extrema esquerra. Per tant, no aportaré res, llevat de dir que el temps s’acaba i que cada mes que passa hi ha més gent en aquesta situació. No vull acabar sense fer referència, perquè el senyor Ortega Smith ha fet un bon discurs avui. De fet, m’he passat la meitat de la seva intervenció fent que sí amb el cap, la qual cosa és altament preocupant.

Després l’ha espatllat quan ha dit allò dels immigrants que recibían, ja s’ha espatllat, però ha posat en relleu també el tema de la justícia gratuïta i el tema dels torns d’oficis. I és cert que estem remunerant, lamentablement, els i les professionals que es dediquen a l’exercici del dret de la defensa o de la representació. I és cert també que això sí que és un dels elements fonamentals, un dels pilars capitals de la democràcia, la possibilitat de ser representat i defensat. Per tant, posem-nos les piles, la recepta està damunt de la taula, fem-la realitat. Moltes gràcies.

Diputadas, diputados. Gracias, presidente. Compañeros diputados y diputadas, lamento decir que hoy no voy a aportar mucho porque lo más relevante que me ha parecido de toda la tramitación de esta iniciativa ha sido comentado ahora mismo por la diputada del Partido Nacionalista Vasco. Y es que, curiosamente, excepto en el caso del PSOE, el resto de enmiendas contienen la misma solución que tiene que ver con esa pasarela hacia el RETA para poder cobrar las jubilaciones necesarias y para que no estén vinculadas a condiciones de vulnerabilidad. Son sorprendentes tres elementos que significan o ejemplifican lo que sucede muchas veces cuando se está en la oposición o en el Gobierno. Veamos, este tema se está envenenando desde hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que las asociaciones creadas ad hoc de profesionales que compartían el mismo problema nos han puesto en conocimiento a los grupos políticos de cuál era la solución. Hace mucho tiempo que esta pasarela para los anteriores del 1995 al 2005, específicamente, con una mirada más diversificada y el resto relataban que consideraban que habían sido engañados por las mutuas. Hace mucho tiempo que sabemos que esto antes o después estallaría, pero nadie ha dado respuesta. Y ahora lo que nos plantea el grupo principal de la oposición es crear una comisión. De entrada, el mismo comentario que he hecho a los diputados encargados del tema lo hago en la Cámara: Por favor, pónganse de acuerdo. Porque me parecía algo bueno que fuéramos capaces de encontrar un acuerdo que todos pudiéramos votar a favor, básicamente porque las personas afectadas, los y las profesionales de la abogacía y la procura, sepan que nos hemos puesto en marcha, porque estamos hablando de su futuro y porque cada mes que pasa hay más gente que ve estas ignominias de pensiones. esto en primer lugar. En segundo lugar, la solución la comparten desde el señor Enrique Santiago, que nos hablaba de la solución ―a ver, le recuerdo que está en el Gobierno y que, por lo tanto, me parece que tendríamos que convencer al PSOE de su solución que, por cierto, compartimos―, pero, claro, lo curioso del caso es que, incluso, lo considera VOX. Así que, Gobierno, si VOX, SUMAR, Podemos, BNG, PNV, Bildu y Esquerra estamos de acuerdo, quizá tenemos razón, por pura casualidad, pero igual tenemos razón. Con lo cual, visto que el literal de todas las enmiendas es casi una redacción idéntica, estaría bien que hicieran recepción de esta redacción idéntica y estaría bien que transformaran el trabajo parlamentario en gubernamental, porque incluso tienen el instrumento, a través de un real decreto ley se articularía esta solución Por lo tanto, no voy a aportar nada porque es que ya lo han aportado las personas que se encontraban con este problema. No voy a aportar nada. La aportación se ha hecho desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, así que no aportaré nada, excepto que diré que el tiempo se acaba y cada mes que pasa hay más gente en esta situación. No quiero acabar sin hacer referencia a un tema. El señor Ortega Smith hoy ha hecho un buen discurso. La verdad es que me he pasado la mitad de su intervención asintiendo, algo preocupante, pero cuando ha hablado de los inmigrantes que recibían, la cosa ya se ha estropeado. Pero ha puesto de relieve el tema de la justicia gratuita y los turnos de oficio, y es cierto que estamos remunerando lamentablemente a los y las profesionales que se dedican al ejercicio del derecho de la defensa o la representación. Es cierto también que este sí es uno de los elementos fundamentales, uno de los pilares capitales de la democracia: la posibilidad de ser representado y defendido. Por lo tanto, pongámonos las pilas, la receta está sobre la mesa; es una realidad. Muchas gracias. (Aplausos).

No, por las razones que he expuesto en la intervención, se trata de no gastar el tiempo en comisiones de investigación, sino en una comisión de urgencia en la que juntos puedan tomar decisiones.

Es un no.