Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución

Sí, prometo.

Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías. Es un honor para mí estar hoy aquí, en la sede de la soberanía nacional, en representación del Grupo Parlamentario VOX en la Asamblea de Madrid, para defender en este debate la proposición de ley de la Asamblea cuyo texto original fue enmendado por nuestro grupo parlamentario con el fin de ahondar más en la búsqueda de la excelencia y la independencia judicial y que, en todo caso, tiene como fin alejar a los parlamentos autonómicos de la elección de los jueces de las salas de lo Civil y Penal de los tribunales superiores de Justicia. (Aplausos).

La exposición de motivos de esta proposición hoy tendría varios párrafos más ante la alarmante decadencia de independencia y rigor que están sufriendo nuestras instituciones, acelerada en estos últimos años, si bien en anteriores legislaturas también se sembró para que hoy el descrédito institucional sea una peligrosa realidad para la sociedad española. Señorías, nos dimos las instituciones para proteger lo más preciado que tenemos. Nuestra nación y nuestras familias están a mejor recaudado si tenemos instituciones con verdadera vocación de servicio público y, por supuesto, si los mejores y los fines tan loables como la justicia impregnan el funcionamiento de nuestros órganos públicos. Pero nuestros compatriotas llevan décadas apreciando que esto no es así, que las instituciones sirven a intereses muy alejados de los que decían tener. La ausencia de separación de poderes, que los jueces sigan siendo manoseados por el poder político representa un distanciamiento de nuestros compatriotas respecto de la democracia. (Aplausos). Un Estado de derecho con políticos que eligen a los jueces y teniendo a su disposición el comodín de la amnistía deja de ser un Estado de derecho. Si la impunidad preside la gestión de lo público, se destruirán los lazos entre españoles, porque ya no sentiremos que esas instituciones que nos dimos tienen como finalidad proteger la prosperidad y la libertad de todos. Por eso, desde el Grupo Parlamentario de VOX en Madrid venimos aquí con humildad, con humildad y con especial responsabilidad, a representar el anhelo de millones de españoles que llevan décadas viendo cómo su futuro se dilucida en despachos lejanos, y ya no solo lejanos de sus barrios, sino lejanos de nuestra propia nación (aplausos), con tutelajes indignos de nuestra historia.

Señorías, la separación de poderes y la elección de los mejores, como pedimos en las enmiendas de VOX, representaría un primer freno real a esta deriva; un freno, en definitiva, de vital importancia ahora que estamos bajo un gobierno que quiere colonizar todas las instituciones precisamente para desactivarlas. Si no hay separación de poderes, la ley se debilita, porque quien aplica la ley no sabremos si tiene una deuda con el derecho o tiene una deuda con el interés político que lo puso ahí. Y bajo esta circunstancia de evidente contradicción entre la moral y la ley aplicada, el ciudadano se encuentra, como decía Bastiat, ante la cruel alternativa de perder la noción de moral o perder el respeto a la ley. Por supuesto, afrontamos desde VOX este debate conscientes de que la izquierda no cree en la separación de poderes. Ya vimos las enmiendas que se realizaron a esta propuesta en la Asamblea de Madrid, que pretendían ahondar más en la confusión de poderes. Porque precisamente estamos viviendo cada vez más un Poder Ejecutivo que ejerce también de Legislativo y de un Legislativo que hace de muleta del Ejecutivo para hacerse con el Poder Judicial. Y bajo esta situación, bajo esta confusión de poderes, ya sabemos: ganancias de prevaricadores, malversadores, terroristas y golpistas.

Por todo ello, señorías, el alejamiento de los parlamentos autonómicos de la designación de jueces está justificado, no solo porque esos tribunales superiores de Justicia conocerán de los posibles procedimientos de los diputados autonómicos aforados, sino que hay muchos motivos. La doctrina lleva años advirtiendo de que esto no debe ser así, porque la separación de poderes es un pilar fundamental de la democracia y, por tanto, también de nuestras libertades. (Aplausos).

Es cierto que la izquierda no cree en la justicia como un contrapoder, sino más bien como una herramienta para mantener el suyo, pero —‌también hay que decirlo— el Partido Popular tampoco ha demostrado estar por la labor de cambiar esta situación. Cuando pudo, lejos de cambiar algo, también manejó la elección de jueces para su interés de partido, sin pensar en generaciones venideras. De ahí lo de alejar los focos de España cuando toca repartirse el Consejo General del Poder Judicial, como ese adolescente que pretende que la conversación no sea escuchada por sus padres. (Aplausos). Pero, pese a todo, nos encontramos aquí para sentar las bases para empezar a desenredar los poderes, y no necesitamos buscar legitimidad en instituciones fuera de España. Es nuestro futuro el que nos jugamos y no hay mayor motivación que esa.

La credibilidad del Estado de derecho representa un motor imprescindible para el futuro de España a todos los niveles. Este Congreso de los Diputados representa a millones de proyectos de vida que necesitan de un hábitat que les permita prosperar, y sin igualdad ante la ley, bajo parámetros de desconfianza en nuestras instituciones, todo se complica. Decía Montesquieu que si un ciudadano puede hacer lo que las leyes prohíben, ya no habría libertad, porque los demás tendrán igualmente ese poder.

Hoy veremos a algunos de esos que pisotean la Constitución todos los días apelando al artículo 1.2 y 117.1 de la Constitución para justificar la intervención de las Cámaras en la elección de los jueces; pero se les olvida que el pueblo español no quiere que sus Cámaras representativas colaboren en distorsionar poderes, sino que sirvan a los intereses del pueblo. El pueblo español anhela seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada y un sinfín de pilares que serán protegidos si los jueces aplican las leyes pensando solo en su espíritu y fin.

Señorías, en definitiva, toca por fin defender de verdad al pueblo español, toca defender su futuro, toca defender unas instituciones que no sean utilizadas para proteger los privilegios de los gobernantes que utilizan en vano el nombre del pueblo español para justificar sus desmanes. Toca, por fin, mirar más allá de nuestra generación, porque solo así cumpliremos correctamente con nuestro cometido, que no es otro que el de proteger el legado más importante que nos dejaron los que nos precedieron. España lo merece.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Presidenta, señorías, buenas tardes a todos.

Es para mí un honor estar hoy en la sede de la soberanía nacional para presentar esta iniciativa de la Asamblea de Madrid, la Proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial. Es un honor para alguien a quien la política le nació temprano como vocación el estar en una tribuna por donde han desfilado las personalidades más importantes de nuestra democracia, padres de la Constitución incluidos; una tribuna que representa el parlamentarismo español, el parlamentarismo del país que se puede enorgullecer de tener el Parlamento más antiguo, allá en las Cortes de León. Por tanto, mi agradecimiento a mi grupo, a mi portavoz, a mi presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al ponente en la Asamblea, Enrique Núñez, y a mis amigos y compañeros que me acompañan hoy.

Señorías, cuando uno entra a dedicarse a la política siempre aspira a hacer algo bueno para sus ciudadanos, para sus compatriotas o para su país, y eso es precisamente lo que pretendemos hoy con esta iniciativa, mejorar el funcionamiento del Poder Judicial en el momento en el que más está siendo cuestionado. Es una proposición de ley que surge en la Comunidad de Madrid para toda España, con el convencimiento de que las comunidades autónomas hacemos nación y hacemos Estado. Es una propuesta que nace de una región, Madrid, que representa la España fiel, la que da pero no exige, la que es solidaria y no egoísta, la que colabora y no chantajea, la que, en definitiva, encamina sus políticas y su propia existencia a mejorar la vida de todos los españoles, pues nada de lo que les ocurra nos es ajeno. En definitiva, es una propuesta para fortalecer nuestro Estado de derecho y nuestra democracia.

El contenido de esta proposición de ley, breve, clara y sencilla, solo tiene dos artículos: el primero, para modificar la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en su artículo 330.4, para establecer el sistema de concurso para la provisión de una plaza de magistrado en las salas de lo Penal y lo Civil en los Tribunales Superiores de Justicia; el segundo, para modificar el artículo 13.2 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta Judicial, para suprimir la referencia a la propuesta interna de la asamblea legislativa de cada comunidad autónoma. Dicho de otra manera, y con total lealtad al Estado, presentamos algo tan excéntrico como que los jueces elijan a los jueces en base a su mérito y su capacidad y no en base a la representación en cada Cámara legislativa, algo que en la actualidad suena contracultural y contrapolítico, como es reforzar la vocacional independencia de los jueces.

Señorías, vivimos momentos democráticamente distópicos en los que el más alto poder político promueve una suerte de reacción contra la democracia, al tiempo que el presidente de la nación nombra ministro plenipotenciario, ejecutivo, judicial y legislativo, a un solo individuo, el superhombre ministro Bolaños. Todos los puestos relevantes de la Administración General del Estado, las empresas públicas, las empresas estratégicas y los organismos independientes sufren el influjo de sus delirios iliberales y autocráticos. Es la jugada perfecta: muerte a Montesquieu y a la separación de poderes, en tanto todas las instituciones están colonizadas y parasitadas. Mientras, los españoles miramos con agotadas esperanzas al último bastión independiente, que sufre como nunca esta embestida reaccionaria.

El Poder Judicial hoy es el último reducto que garantiza la libertad de todos y la permanencia de nuestra democracia, por eso su labor es más que nunca cuestionada, su independencia amenazada y su prestigio puesto en duda hasta en esta casa, que hoy debería ser la del sentido común, la casa de todos. Tengo la profunda convicción de que todos los españoles han de sentirse interpelados por la gravedad del momento y dar una respuesta tranquila y contundente, cada uno dentro de sus posibilidades, a lo que está pasando. Y, con esa convicción, en esta iniciativa se refuerza la independencia de los jueces y enviamos a la sociedad un mensaje ejemplarizante y de confianza en las instituciones, que supone un mensaje regeneracionista hacia las mismas, va en la línea de lo que las cuatro principales asociaciones de jueces demandan hasta en Europa y es radicalmente democrática.

Señorías, la toma en consideración de esta propuesta del pueblo de Madrid debería ser asumible por todos los partidos con vocación de Estado, especialmente por el Partido Socialista, que, con 140 años de historia y siendo esencial en nuestra democracia, la hubiera apoyado en la oposición cuando simplemente era el partido de Pedro. Pero la gran paradoja del momento político que nos toca vivir es que, cuanto más desleal se es al bien común, más poder se tiene en España (aplausos), pues el señor Sánchez ha premiado con un sitio en la dirección del Estado a los que buscan la segregación y la distinción entre compatriotas y a los que no creen en la separación de poderes, ni en la independencia de la justicia, ni desean un futuro en convivencia y en paz entre todos.

Voy terminando. Teorizó Montesquieu en su tratado Del espíritu de las leyes del peligro de no respetar la separación de poderes. Decía: No hay libertad si la potencia de juzgar no está separada de la potencia legislativa y ejecutiva. Si estuviese unida a la potencia legislativa, el poder sobre los ciudadanos sería arbitrario, debido a que el juez sería un legislador. Si se uniera a la potencia ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de un opresor. Todo estaría perdido si el mismo hombre y el mismo cuerpo ejerciera estos tres poderes.

Por tanto, señorías, hoy el pueblo de Madrid les ruega que tomen en consideración esta propuesta y la apoyen, porque es una iniciativa que viene con el apoyo del 60 % de la Cámara madrileña y tiene el respaldo en las urnas de la mayoría absoluta, y porque nace del espíritu del Madrid de las libertades, donde todos tenemos cabida, sean cuales sean nuestras creencias o nuestras aspiraciones en la vida, y porque es de ese Madrid que trabaja cada día por hacer una España mejor.

Hoy tenemos la oportunidad de transmitir un mensaje de confianza a las instituciones. Empecemos por regenerar su prestigio para tener la esperanza de un futuro en una España mejor.

Gracias. (Aplausos).