Denuncia del Tratado de la Carta de la Energía, hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994.

Buenos días, señora presidenta. Aquí sigue usted y cada día que pasa más dudas tenemos de su gestión en la pandemia. Mala cosa es esta para nuestra democracia que tanto salpica a la tercera autoridad del Estado. Como dice su compañera Montero, yo sé lo que haría. ¿Usted? (Aplausos).

Señorías, la denuncia de este tratado internacional, al que traemos hoy la enmienda a la totalidad, no es un tratado cualquiera, es un tratado que necesita mejorarse o actualizar los objetivos, que necesita una respuesta conjunta de la Unión Europea, pero no una salida unilateral. Es un tratado que protege la propiedad, el libre mercado y la inversión. Entendemos que SUMAR, como enemigos de la propiedad y de la inversión, quieran salirse, pero ustedes, señorías del PSOE, ¿qué motivaciones tienen? Porque si son las que vienen reflejadas en el documento de denuncia son más falsas que justificadas. Señorías, el Partido Socialista quería llevar hoy la denuncia de este tratado como lleva haciendo este Gobierno las cosas desde hace muchos años, en la opacidad y el engaño. No querían traerlo al Pleno y querían llevarlo de una forma desapercibida, ni siquiera nadie del Gobierno ha venido a defenderlo. En realidad, creo que si del Partido Socialista dependiera esta semana no hubiese habido ni Pleno de lo divertida que la llevan. Pero, tranquilos, señorías, yo hoy no vengo a hablar ni de Koldo ni de Ábalos ni de Marlaska ni de Torres ni de Salvador Illa ni del resto de presuntos implicados en su nueva trama corrupta, de eso ya se habló ayer (la señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: Y de Tellado, de Miguel Tellado), y de María Jesús Montero (varios señores diputados: De Tellado, de Tellado), y de eso se va a seguir hablando muchas semanas para que aclaren por qué robaban a los españoles (aplausos), y lo hacían mientras la vicepresidenta tercera, artífice de esta denuncia, era la responsable de una desescalada con un comité de expertos que nunca existió. Hoy, lo que deben darnos es explicaciones sobre qué hay detrás de su intento de tramitar la salida de la Carta de la Energía de la forma silenciosa en que la llevan, a escondidas, casi subrepticia, restándole importancia y de forma unilateral, sin consultar con nadie y fundamentando la división en un informe que contiene tantas inconcreciones como argumentos falsos, y encima por el procedimiento de urgencia. ¿Pero qué urgencia, señorías? ¿Alguien del Gobierno se ha leído el tratado? ¡Si una vez que salgamos las inversiones extranjeras todavía estarán protegidas durante veinte años! La única urgencia que tiene el Gobierno es no consultar con nadie y no consensuar con la alternativa del Gobierno una cuestión que debería ser objeto de consenso, como es un tratado que está firmado desde hace treinta años.

Señorías, pero no solo no consensuan, también mienten. En respuesta parlamentaria a este grupo, la señora Teresa Ribera dijo que el objeto de España era modernizar el Tratado de la Carta de la Energía para alinear los objetivos al Acuerdo de París y al Green Deal. Si no han sido capaces de modernizar el tratado Presidencia española de la Unión Europea de por medio, deducimos, por tanto, que han fracasado. ¿En que quedó todo aquello? ¿Para qué ha servido la Presidencia española de la Unión Europea si han fracasado en su propuesta de reforma del mercado eléctrico? Han fracasado en la extensión de la excepción ibérica como solución ibérica al resto de Europa porque era un timo. Fracasan disparando las compras de gas ruso, ya van más de 8000 millones de financiación de la guerra a Rusia. Fracasan en su oposición a la energía nuclear y han fracasado en un acuerdo conjunto de la Unión Europea para reformar el Tratado de la Carta de la Energía. El liderazgo de este Gobierno y de Teresa Ribera desde luego es escaso o nulo, es inexistente. ¿Para qué sí ha servido la Presidencia española de la Unión Europea? Para colocar a Calviño al frente del Banco Europeo de Inversiones y para que su Gobierno traicione a España con la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, votando en contra de Madrid y en favor de Alemania. ¿Qué hay detrás de eso, señorías del Gobierno, señores del PSOE? ¿Es simplemente animadversión a Madrid o es que no quieren tener cerca la sede que puede perseguir el blanqueo de capitales porque temen que su primera decisión vaya contra la trama corrupta que le afecta a usted (señalando hacia la Presidencia), al ministro del Interior, al exministro de Política Territorial, al exministro Ábalos, a Illa o al número tres del Partido Socialista? (Aplausos). Sea cual sea el motivo, a nosotros nos parece vergonzoso.

Señorías, decía al principio que este tratado no era un tratado cualquiera, y su persistencia en denunciarlo retrata claramente lo que han sido los gobiernos sanchistas para la seguridad jurídica. Lo van a entender enseguida, señorías. Si ustedes leen los fundamentos de la denuncia que se hace por parte del Gobierno, en ella se dice que la Carta de la Energía protege inversiones en combustibles fósiles, que la permanencia de España en el tratado resulta poco coherente con las políticas energéticas y ambientales del Gobierno o que España ha sido sometida a cincuenta y un procedimientos arbitrales con unas reclamaciones de más de 10 000 millones de euros. Claro, leyendo solamente esto pudiera parecer que las aspiraciones de salirse del tratado son lícitas. ¿Quién se puede oponer a que no se protejan las inversiones en combustibles fósiles o a que no nos impongan más laudos, pero, cuál es la realidad? La realidad no es esta; la realidad es que la totalidad de los arbitrajes condenatorios contra España invocando la Carta de la Energía no son por fomentar inversiones en combustibles fósiles, no están promovidas por quienes desarrollan actividades empresariales contrarias a la transición ecológica. Hay un detalle muy importante en este tratado que el Gobierno no dice en la denuncia y que esconde, y es que la totalidad de los procedimientos arbitrales contra España surgen por el irresponsable fomento de renovables del Gobierno socialista de Zapatero, el padrino de todos ustedes, unas inversiones que se hicieron a partir del año 2007 gracias a generosos, abultados incentivos que permitían obtener cuantiosos beneficios generando una burbuja especulativa que aprovecharon masivamente fondos de inversión, lo dicen los propios arbitrajes. Es decir, el Gobierno socialista de Zapatero fomentó una política de desarrollo renovable con incentivos que estaban muy por encima del precio de mercado. ¿Y quiénes fueron los principales perceptores de estos beneficios abultados? ¿Quién paga todo esto? Pongan atención, señorías: todo esto lo seguimos pagando todos los consumidores españoles en nuestra factura eléctrica, desde los consumidores vulnerables a los autónomos, las pymes o los consumidores industriales. ¿Y quién se lo lleva, señorías? Empresas fomentadas al amparo de esta política de Zapatero que tenían su sede fiscal, pongan atención, en Luxemburgo, la base de operaciones de Ábalos y Koldo, en Jersey, en Malta, en Holanda, en Reino Unido, en Abu Dabi y un largo etcétera de fondos de inversión constituidos en paraísos fiscales o en países fiscalmente muy atractivos. Paralelamente a todo ello, había otra ingente cantidad de dinero público que se destinó a empresas nacionales como Isofotón, la recordarán, que es la empresa que contrató a Teresa Ribera después de que se le dieran avales, incentivos, subvenciones y préstamos a fondo perdido que aprobaron María Jesús Montero, que se acaba de ir, y Luis Planas cuando estaban en la Junta de Andalucía y que acabó finalmente en un concurso de acreedores. Por cierto, ¿dónde está Teresa Ribera? No la vemos y es la artífice de la denuncia de este tratado. Ayer vino a arropar al presidente del Gobierno para no dejarlo solo contra Ábalos y hoy no sabemos dónde está. Señorías, no había ni un solo Gobierno socialista que no estuviera salpicado y no había ni un solo paraíso fiscal que no sacara tajada a costa de España, a costa de la mayoría social de nuestro país, que es quien paga todo esto. ¿Les suena a ustedes el modus operandi del Partido Socialista? Pero más grave aún es que había 65 000 familias españolas, 65 000 pequeños ahorradores, que decidieron invertir en 2007 y a partir de 2010 les aplicaron un recorte insoportable que ha llevado a la ruina a la casi totalidad de los pequeños inversores españoles, porque no pueden ir a los arbitrajes internacionales y este Gobierno no quiere escucharlos. Pedro Sánchez se comprometió con ellos a restituirles las primas a las renovables que se les habían recortado, y la realidad es que Pedro Sánchez volvió a hacer lo que mejor sabe hacer: mentir a todos, todo el tiempo.

Señorías, las consecuencias de aquel regado millonario a fondos de inversión en paraísos fiscales fue 30 000 millones de euros de déficit tarifario, la práctica quiebra del sistema eléctrico, la ruina de 65 000 familias españolas y el pago a la factura eléctrica anual de 7000 millones de euros. Enhorabuena. Señorías, cuando el Partido Socialista les hable de justicia social o quieran aumentar los impuestos y saquear el bolsillo a los españoles piensen en Luxemburgo, en Malta o en Abu Dabi, que es donde únicamente ellos entienden su justicia mientras nos roban a través de tramas corruptas. Yo empiezo a estar seguro de que ya entienden por qué este Gobierno quiere llevar este tratado de forma furtiva. Señorías, intentarán confundirles, hablarán del impuesto al sol, que no existió según respuesta por escrito del Gobierno; les hablarán del éxito en energías renovables, cuando somos el país de Europa que más gas ruso quema; les hablarán del liderazgo en Europa, cuando la realidad es que solo nos ha servido para que se coloque Calviño y parece que también buscan la colocación de Teresa Ribera. Querrán señalar al Partido Popular por intentar apagar el fuego que Zapatero inició; o les hablarán de seguridad jurídica. Les voy a hablar yo de seguridad jurídica. Váyanse a la primera página del informe del Consejo de Estado que denuncia este Tratado de la Carta de la Energía. ¿Quién lo firma? Magdalena Valerio, una presidenta cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo porque, como todo lo que hace este Gobierno, no está al servicio del interés general, sino que está al servicio del interés particular. Y el reconocido prestigio de Magdalena Valerio es como el reconocido prestigio de este Gobierno, inexistente. Un Gobierno que no respeta la separación de poderes y ataca a fiscales y jueces, que señala a medios y periodistas por hacer su trabajo, que sigue negociando una amnistía que dinamita la esencia de la democracia española y europea a cambio no de una legislatura ya estéril, sino al servicio de los peores y contra cualquier seguridad jurídica.

Señorías, solicitamos el voto favorable a esta enmienda a la totalidad, utilizando los propios argumentos del Gobierno, de la Comisión y del Parlamento, que dicen que se pretende alcanzar una posición común durante el primer trimestre de 2024 para la retirada ordenada de la Unión Europea al completo del Tratado de la Energía. Por tanto, si esto es así, ¿por qué esta denuncia unilateral contra el criterio de la Comisión y del Parlamento Europeo? El aplazamiento que mi grupo solicita tiene todo el sentido. Porque no es cierto, como dice el Gobierno, que una vez denunciado al año siguiente nos salimos. Si, como ya he dicho al principio, las inversiones están protegidas durante veinte años más. Además, señorías del Gobierno, ustedes ponen como ejemplo a otros países cuando saben que los arbitrajes tienen una naturaleza completamente diferente. El procedimiento se ha hecho no desde la unilateralidad, sino desde el consenso. Por ejemplo, Reino Unido ha anunciado su salida del tratado y en su comunicado se lee que, después de consultar con empresas, sector y sociedad civil, han iniciado el proceso de salida del Tratado de la Carta de la Energía. ¿Con quién ha consultado este Gobierno? Con nadie. Este es el estilo Ribera-Sánchez, no consultar con nadie. Por cierto, ya les advertimos que en su propuesta de creación de la Comisión Nacional de Energía no vayan por la vía de la unilateralidad, porque se van a encontrar enfrente al partido mayoritario de este Congreso, que es el Partido Popular. No queremos más sectarismo y colonización de las instituciones, no queremos una comisión al servicio de Ribera para blindar su modelo energético fracasado. No queremos un instrumento más al servicio del Gobierno, porque este Gobierno ha convertido a España en el país con mayor grado de inseguridad jurídica. ¿Saben ustedes que desde mediados de 2023 España supera a Venezuela en laudos internacionales impagados? Este Gobierno tenía la firme intención de convertirnos en Venezuela. Pues bien, ya lo han conseguido. No se lo pongamos más fácil y voten a favor de nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Intervendré desde el escaño. La verdad es que este es un trámite extraño, no el que se iba a seguir en relación con la denuncia del tratado. Se iba a llevar exactamente igual que el resto, a Comisión, etcétera, y luego el Pleno de esta Cámara tomaría una decisión. El trámite por el que ha optado el Partido Popular sí es un trámite inusual y que se ha visto muy pocas veces. Sorprende también cuando ya Europa a finales del año 2022, por parte del Parlamento Europeo, tomó la decisión de que, efectivamente, había que encauzar todo esto —‌y el representante del Partido Popular así lo ha reconocido también en su intervención— y hacer una salida del tratado. Una salida del tratado que no va a poder hacerse de una manera conjunta en este trimestre de 2024 porque ya algunos países —d‌os o tres países— anunciaron que querían mantenerlo, muy probablemente por determinados contratos con países del este, fuera de Europa, etcétera. Pero el resto —‌y hay que mirar a nuestro entorno, a los países referentes líderes en el entorno europeo— han comenzado su salida. Italia ya está fuera, pero es que Francia también lo está haciendo, Alemania también lo está haciendo y así hasta ocho países. Por lo tanto, sorprende que parezca que hay un escándalo con este movimiento del Gobierno. No entiendo tampoco qué se pretende proteger con este movimiento por parte del Partido Popular, qué propiedad o qué inversiones. Porque, desde luego, no hay caso que perjudique a empresas españolas. Ya le digo yo que, si hubiera habido alguna, me hubiera llamado, porque las empresas energéticas se mueven y llaman a todo el arco parlamentario. En todo caso, afectará —‌y creo que en el caso español— a pocas y, si es que hay alguna, a empresas, en todo caso, extranjeras, porque para eso está el tratado. Además, se ha sacado también el tema de los laudos. Y lo entiendo, pero usted mismo ha afirmado los veinte años que tienen después de la salida del tratado. Y aparte, creo que hay que recordar una cosa que no se ha dicho aquí por parte de quien pretende la devolución al Gobierno, y es que a todas estas empresas que invirtieron en su momento y que muchas de ellas acudieron a los laudos, también se les dio una salida extraordinaria de mantener una rentabilidad del 7,38 % hasta el año 2031. Y algunas de estas, además, optaron por esta salida. Quiero decir que ese tema también se ha enfrentado. Pero, unir el movimiento que ahora ha hecho el Gobierno con una especie de escapada para proteger decisiones desacertadas y exageradas, sí, como la que pudo tener el Gobierno de Rodríguez Zapatero en determinado momento, me parece que no tiene ningún sentido. Porque creo que lo que tenemos que hacer es proteger a la Administración, al Estado y al dinero de toda la ciudadanía, no al dinero de algunas empresas que, además, no son del Estado español o no son españolas. Por lo tanto, sinceramente, creo que, además, habiendo un trámite como el que tenemos en Comisión y que luego vendrá al Pleno, lo lógico es seguir este trámite y no paralizar ahora el inicio de la denuncia del tratado que ha hecho el Gobierno. Por lo tanto, votaremos en contra.

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Senyories, l’emergència climàtica és el repte més complex i urgent al què ens enfrontem com a humanitat. Em sembla que totes les diputades i diputats d’aquesta cambra hauríem de tenir present aquest fet, tenir-lo present cada cop que ens reunim en aquest hemicicle o en comissió per debatre i adoptar no només polítiques climàtiques, sinó també polítiques econòmiques, polítiques socials, polítiques de salut, perquè el canvi climàtic ho travessa tot. Per tant, cal posar la política al servei d’aquest repte majúscul i establir, per una banda, tots els mecanismes necessaris per a planificar i articular una transició verda justa. I per l’altra, acabar amb aquells instruments que no ens permeten avançar cap a aquest objectiu últim de neutralitat climàtica. El Tractat de la Carta de l’Energia és un instrument que no ens permet avançar, i així ho diu la comunitat científica. Ho diu el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic, l’IPCC de les Nacions Unides, que el considera un gran obstacle per lluitar contra el canvi climàtic i, cito textualment, «pot donar lloc a un refredament normatiu que pot portar molts països a abstenir-se d’adoptar polítiques de mitigació com l’eliminació progressiva dels combustibles fòssils o endarrerir-ne la seva adopció.» Són moltes les empreses de la indústria fòssil que denuncien els estats membres d’aquest tractat fent ús del mecanisme de resolució de controvèrsies inversor-Estat, un sistema judicial privat que, per cert, la Unió Europea ja no incorpora en cap dels seus tractats internacionals. Europa ha corregit aquest despropòsit també gràcies a la mobilització i a la pressió de moltes entitats socials d’arreu del món. I especial menció es mereix la campanya contra el TTIP. Aquest tribunal privat permet als inversors i multinacionals energètiques demandar els estats i reclamar compensacions milionàries per qualsevol mesura empresa pel Govern que perjudiqui els seus interessos econòmics. O dit d’una altra manera, és un mecanisme que posa els interessos privats per sobre dels interessos de la ciutadania. Anteposa continuar cremant combustibles fòssils a les polítiques públiques acordades dins del joc de la democràcia. Aquest tractat, negociat als anys 90 per millorar les inversions occidentals a l’antic bloc soviètic, ha provocat que des del 1998, any en què Espanya el va ratificar, hagi condemnat al pagament de més de 1000 milions d’euros, tot i que se li reclamen més de 10 000 milions, fruit de 51 arbitratges interposats. Hem de triar: o les arques de l’Estat al servei de les multinacionals o les arques de l’Estat al servei de polítiques de transició energètica, rehabilitació climàtica, electrificació de la mobilitat, refugis climàtics. Em sembla, senyories, molt obvi que formar part d’aquest tractat és insostenible, com tampoc se sostenen els arguments del Grup Popular per a posposar la sortida del tractat. Quan abans en sortim, abans acabarà la clàusula d’extinció de 20 anys. Mentre Espanya sigui membre del tractat, fons de litigis especialitzats poden comprar accions de qualsevol empresa que es vegi mínimament afectada per un canvi legislatiu i obtenir el dret a presentar un nou arbitratge. Com més tardem, més ho patirem. Avançar-nos a sortir ara del tractat no tanca la porta a unir-nos a la sortida coordinada de la Unió Europea i beneficiar-nos de la neutralització de la clàusula d’extinció en un futur. De fet, són molts els estats que ja s’han retirat del tractat o han iniciat el procés: Itàlia, França, Polònia, Alemanya, Luxemburg, Països Baixos, Eslovènia, Portugal. El Tractat de la Carta de l’Energia no ens permet ser sobirans en les decisions que prenem en matèria energètica. No ens permet articular en la seva plenitud lleis tan rellevants com la Llei de canvi climàtic, que permet desenvolupar l’acord de París. En aquests últims mesos hem sentit des d’aquesta tribuna com el Grup parlamentari de VOX i el Grup Popular competien per veure qui dels dos s’erigia com el menys ecologista. Vostès estan disposats a trencar consensos àmpliament consolidats i sustentats per l’acadèmia d’un cantó i pels carrers plens de joves per l’altre. Però no pateixin, mentre vostès culpen les polítiques verdes com la causa de tots els mals, el Grup parlamentari de SUMAR continuarà defensant des del Govern, des d’aquí, des de les aules i les places, un sentit comú ecologista que interpel·la tota la població. Perquè només amb aquest, només amb aquest, tindrem més qualitat de vida.

Així que és interpel·lant a la ciutadania que amb convicció diem que, en definitiva, sortir del Tractat de la Carta de l’Energia és una qüestió de justícia climàtica. Cal accelerar la transició energètica i no es pot fer amb un tractat que protegeix les inversions en combustibles fòssils. És una qüestió de salut democràtica. No podem prioritzar els interessos dels inversors en projectes energètics protegits per un tribunal privat per sobre de les polítiques nacionals sobiranes que avancen en la consecució dels objectius climàtics amb l’objectiu de viure millor. També és una qüestió de justícia social. No podem gastar recursos econòmics en litigis en comptes d’invertir-los a articular una transició verda, justa, que sigui una oportunitat per acabar amb les desigualtats socials d’aquest país. Senyories, no perdem més el temps, que no ens en sobra, i sortim d’un tractat que condiciona la nostra política climàtica. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Señorías, la emergencia climática es el reto más complejo y urgente al que nos enfrentamos como humanidad. Me parece que todas las diputadas y diputados de esta Cámara deberíamos tener presente este hecho, tenerlo presente cada vez que nos reunimos en este hemiciclo o en Comisión para debatir y adoptar no solo políticas climáticas, sino también políticas económicas, políticas sociales, políticas de salud, porque el cambio climático lo atraviesa todo. Por tanto, es necesario poner la política al servicio de este reto mayúsculo y establecer, por un lado, todos los mecanismos necesarios para planificar y articular una transición verde justa y, por otro, acabar con aquellos instrumentos que no nos permiten avanzar hacia ese objetivo último de neutralidad climática. El Tratado de la Carta de la Energía es un instrumento que no nos permite avanzar, y así lo dice la comunidad científica. Lo dice el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, el IPCC de Naciones Unidas, que lo considera un grave obstáculo para luchar contra el cambio climático y —‌cito textualmente—: puede dar lugar a un enfriamiento normativo que puede llevar a muchos países a abstenerse de adoptar políticas de mitigación, como la eliminación progresiva de los combustibles fósiles o retrasar su adopción. Son muchas las empresas de la industria fósil que denuncian a los Estados miembros de este tratado utilizando el mecanismo de resolución de controversias inversiónEstado, un sistema judicial privado que, por cierto, la Unión Europea ya no incorpora en ninguno de sus tratados internacionales. Europa ha corregido este despropósito también gracias a la movilización y presión de muchas entidades sociales de todo el mundo; se merece especial atención y mención la campaña contra el TTIP. (Aplausos). Este tribunal privado permite a los inversores y multinacionales energéticas demandar a los Estados y reclamar compensaciones millonarias por cualquier medida emprendida por el Gobierno que perjudique a sus intereses económicos. Dicho de otro modo, es un mecanismo que pone los intereses privados por encima de los intereses de la ciudadanía; antepone seguir quemando combustibles fósiles a las políticas públicas acordadas dentro del juego de la democracia. Este tratado, negociado en los años noventa para mejorar las inversiones occidentales en el antiguo bloque soviético, ha provocado que desde 1998, año en el que España lo ratificó, haya sido condenado al pago de más de 1000 millones de euros —‌aunque se reclaman más de 10 000 millones—, fruto de cincuenta y un arbitrajes interpuestos. Debemos elegir: o las arcas del Estado al servicio de las multinacionales o las arcas del Estado al servicio de políticas de transición energética, rehabilitación climática, electrificación de la movilidad o refugios climáticos. Me parece, señorías, muy obvio que formar parte de este tratado es insostenible, como tampoco se sostienen los argumentos del Grupo Popular para posponer la salida del tratado. Cuanto antes salgamos, antes terminará la cláusula de extinción de veinte años. (Aplausos). Mientras España sea miembro del tratado, fondos de litigios especializados pueden comprar acciones de cualquier empresa que se vea mínimamente afectada por un cambio legislativo y obtener el derecho a presentar un nuevo arbitraje. Cuanto más tardemos, más sufriremos. Adelantarnos a salir ahora del tratado no cierra la puerta a unirnos a la salida coordinada de la Unión Europea y beneficiarnos de la neutralización de la cláusula de extinción en un futuro. De hecho, son muchos los Estados que ya se han retirado del tratado o han iniciado el proceso: Italia, Francia, Polonia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Eslovenia y Portugal. El Tratado sobre la Carta de la Energía no nos permite ser soberanos en las decisiones que tomamos en materia energética, no nos permite articular en su plenitud leyes tan relevantes como la ley de cambio climático, que permite desarrollar el Acuerdo de París.

En estos últimos meses, hemos oído en esta tribuna cómo el Grupo Parlamentario VOX y el Grupo Popular competían para ver cuál de los dos se erigía como el menos ecologista. Ustedes están dispuestos a romper consensos ampliamente consolidados y sustentados, por un parte, por la academia, y, por otra, por las calles llenas de jóvenes. Pero no sufran. Mientras ustedes culpan a las políticas verdes de todos los males, el Grupo Parlamentario SUMAR seguirá defendiendo, en el Gobierno, aquí, en las aulas y en las plazas, un sentido común ecologista que interpela a toda la población (aplausos), porque solo así tendremos más calidad de vida. Es decir, interpelando a la ciudadanía y con convicción, decimos que, en definitiva, salir del Tratado sobre la Carta de la Energía es una cuestión de justicia climática. Hay que acelerar la transición energética y no se puede hacer con un tratado que protege las inversiones en combustibles fósiles. Es una cuestión de salud democrática. No podemos primar los intereses de los inversores en proyectos energéticos protegidos por un tribunal privado por encima de las políticas nacionales soberanas que avanzan en la consecución de los objetivos climáticos, en los objetivos de vivir mejor. (Aplausos). Y es una cuestión también de justicia social. No podemos gastar recursos económicos en litigios en lugar de invertirlos en articular una transición verde justa, que sea una oportunidad para acabar con las desigualdades sociales de este país. Señorías, no perdamos más el tiempo, que no nos sobra. Salgamos de un tratado que condiciona nuestra política climática.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Muchísimas gracias, presidenta. Debatimos hoy un asunto en relación con el cual, si alguien en su casa, un español de a pie, ha estado escuchando las intervenciones habidas hasta ahora, costará bastante entender de qué estamos hablando. Así que voy a intentar dar una explicación clara de a qué nos enfrentamos. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Estamos hablando del Tratado sobre la Carta de la Energía. Este es un tratado internacional que, a nuestros efectos, coge relevancia en 1994 y en 1994, que es cuando España lo firma, gobernaba Felipe González, señores del PSOE. El Tratado sobre la Carta de la Energía establece un sistema por el cual pretende promover la inversión, sobre todo de fondos extranjeros y de capital extranjero, en todos los países firmantes en cuestiones de energía. Y estos países firmantes son, básicamente, todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluso la propia Unión Europea como tal, incluso algunas de las instituciones fundacionales y fundamentales de la Unión Europea. En definitiva, es un tratado que tiene un cierto punto de confusión con los tratados fundamentales de la Unión Europea. De nuevo, para quienes nos escuchen en sus casas y manejen algo de derecho mercantil, es, fundamentalmente, como los pactos parasociales firmados por todos los socios de la empresa y por la propia empresa, y la duda es si estos pactos parasociales tienen los mismos efectos que los estatutos de la sociedad. Más o menos esa es la discusión ante la que nos encontramos. El principal problema que despliega este tratado es que establece un sistema de garantías para los inversores extranjeros en España que, básicamente, es un tratado bilateral de protección de inversores. Es decir, si un fondo extranjero invierte en España, tiene derecho a acogerse en un hipotético litigio a un arbitraje administrado por el CIADI, que es el centro internacional para la resolución de disputas. Los españoles que invirtiesen en esos mismos productos energéticos no tendrían derecho a acogerse a esos arbitrajes internacionales; tendrían que ir, por el contrario, a la jurisdicción contencioso-administrativa, que ya sabemos —‌de hecho, ha sucedido— que siempre —‌o casi siempre— da la razón a la Administración pública. En el año 2007, el Gobierno aprueba una retribución especial para quien invierta en España en energías renovables, una retribución que estaba totalmente fuera de mercado y que hace de la inversión en energías renovables algo sumamente atractivo. Y gobernaba el Partido Socialista. Lo que sucede es que una gran cantidad de inversores nacionales y extranjeros comienzan, efectivamente, a invertir en energías renovables en España, pero con esta prima que el señor Zapatero había garantizado la retribución que se empieza a pagar supone para España un gravísimo déficit en tarifa. De ahí viene el famoso déficit de tarifa, que, básicamente, todos los consumidores eléctricos en España empiezan a tener que pagar a aquellos inversores que se habían acogido a las promesas del señor Zapatero. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

En el año 2010, aunque se apruebe en el año 2011, el señor Zapatero recoge cable. Ve que aquello no había forma de pagarlo, ve que la tarifa española se estaba encareciendo de forma desmedida para retribuir conforme a las promesas que él había hecho a aquellos inversores en energías renovables, y ahí se aprueba ese primer recorte a las renovables. Y, claro, algunos de los inversores, tanto nacionales como extranjeros, tratan de reclamar por este recorte. Los inversores nacionales se van a la jurisdicción contenciosoadministrativa, donde les dicen, fundamentalmente, que se vayan a sus casas, que ahí no hay nada que pedir. Los inversores extranjeros, sin embargo, amparándose en el Tratado sobre la Carta de la Energía, acuden al centro internacional para la resolución de disputas, al CIADI, y empiezan a surgir los primeros laudos de inversión, aunque llegan muchos años después. Tanto es así, que los tres primeros laudos de inversión que condenan a España lo hacen basándose solo en el primer recorte de Zapatero.

Llega el año 2012 y hay un segundo recorte, en este caso aprobado por Rajoy, porque, efectivamente, la situación era insostenible. Y a partir de ahí, el chorreo de laudos y de demandas contra España por el incumplimiento de sus obligaciones, de las promesas del señor Zapatero, es incesante. A los nacionales se les desestiman las reclamaciones; a los extranjeros, por el contrario, se les estiman. Tanto es así, que, hoy en día, hay laudos, es decir, sentencias internacionales dictadas, que condenan a España por importe de 1000 millones de euros. Pero es que hay otros tantos casos, que están vistos ya para sentencia, cuya cuantía asciende a 9000 millones de euros; y lo más previsible es que también condenen a España. En definitiva, una contingencia de 10 000 millones de euros contra el Reino de España por culpa de las promesas que el señor Zapatero firmó, que primero recortó y que después el Gobierno de Rajoy terminó de recortar.

Así que nos encontramos con un problema generado en primera instancia por Zapatero, agravado por él mismo y rematado por el Partido Popular. Y ahora lo que hace el Partido Socialista es denunciar el Tratado sobre la Carta de la Energía, algo comprensible, porque un tratado que ofrece unas garantías a los extranjeros que no se ofrecen a los nacionales es incomprensible. Pero el Partido Socialista denuncia el tratado para intentar escaquearse de pagar esos 10 000 millones de euros de contingencia, y no lo van a conseguir, porque todas aquellas reclamaciones que hayan sido planteadas o cuyo objeto de pedir haya sucedido mientras estaba en vigor el tratado siguen pudiendo interponerse y continúan adelante. Por tanto, no van ustedes a evitar nada. Y pretenden también denunciar el tratado porque dicen que fomenta la explotación de los combustibles fósiles. Es una excusa de mal pagador, una excusa peregrina en la que pretenden ampararse para denunciar algo que sería perfectamente comprensible. Podrían ustedes denunciar el tratado —‌y ya termino, señora presidenta— simplemente porque ofrece unas garantías a los extranjeros que no ofrece a los españoles, y todos lo comprenderíamos. Y el Partido Popular se opone a esa denuncia porque dice que si hay una denuncia, tiene que hacerse de forma coordinada con la Unión Europea.

En definitiva, creo que ambos partidos están fuera de bolos. Creo que ambos partidos no están en legislar por el interés general de los españoles (aplausos) y los españoles se merecen saber cuál es la verdad, que las chapuzas de ambos nos han llevado a una contingencia de 10 000 millones de euros.

Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gràcies, presidenta. Señor Requena, es de cobardes subir aquí a atacar a una persona que sabe que no le puede contestar. (Aplausos). Senyors del PP, el que sabem avui de les investigacions que s’estan fent públiques és que els implicats van intentar pressionar el Govern de Marga Prohens, van intentar pressionar el senyor Tellado, i van intentar pressionar un tal Alberto. I també sabem a Balears que Marga Prohens va deixar caducar la reclamació que havia deixat iniciada l’anterior Govern. Per tant, el que preguntem a Balears és si aquesta reclamació ha caducat per negligència del Govern Prohens o bé per algun altre motiu molt pitjor, i tristament molt habitual, en el PP.

Señores del Partido Popular, lo que sabemos hoy de las investigaciones que se están haciendo públicas es que los implicados intentaron presionar al Gobierno de Marga Prohens, intentaron presionar al señor

Tellado e intentaron presionar a un tal Alberto. Y también sabemos que en Baleares Marga Prohens dejó caducar la reclamación que había dejado iniciada el anterior Gobierno. Por tanto, lo que nos preguntamos en Baleares es si esta reclamación ha caducado por negligencia del Gobierno Prohens o bien por algún otro motivo muy mucho peor y tristemente muy habitual en el Partido Popular. (Aplausos).

Señorías, entrando ya en el tema que nos atañe, en la lucha contra el cambio climático no hay prórrogas que valgan. Hoy votamos si iniciamos o no los trámites para salir del Tratado de la Carta sobre la Energía. Las organizaciones ecologistas, señor Requena, llevan años pidiendo a los Estados salir de ese tratado. ¿Por qué? ¿Por qué es bueno para España salir de ese tratado? Este tratado se firmó en 1994 y lo que hace es otorgar a las empresas energéticas que invierten en otro país un instrumento legal para denunciar a ese Estado si el mismo les cambia las normas del juego. Treinta años después, por fin estamos cambiando las normas del juego en la política energética. Por fin tenemos los acuerdos de París y la Ley Europea del Clima para transitar a una economía verde.

Creo que el Partido Popular comparte los objetivos climáticos; lo que pasa es que a veces ustedes no lo tienen del todo claro. Por ejemplo, cuando cuestionan la movilidad sostenible quitando carriles bici o carriles bus-VAO.

O quan deixen perdre fons europeus destinats a energies renovables, com han fet a Menorca, d’on som jo.

O cuando dejan que se pierdan fondos europeos destinados a energías renovables, como han hecho en Menorca, de donde soy yo.

Bueno, pues hoy estamos ante otra de estas veces. Señorías, hay que votar no a la enmienda del Partido Popular. Hem de votar en contra de l’esmena del Partit Popular, perquè si s’aprova l’esmena, es retarda encara més una mesura que ja arriba prou tard. Una demanda de fa molts anys de les entitats ecologistes.

Debemos votar en contra de la enmienda del Partido Popular porque si se aprueba se retrasará aún más una medida que ya llega demasiado tarde, una demanda de hace muchos años de las entidades ecologistas.

Es posible que no se fíen de mí porque no me conocen, pero supongo que sí se van a fiar del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, el principal órgano internacional encargado de evaluar el conocimiento sobre cambio climático. En su sexto informe señaló su preocupación por el hecho de que las empresas de combustibles fósiles puedan utilizar precisamente este tratado —‌y cito— para bloquear la legislación nacional destinada a eliminar gradualmente el uso de sus activos. Espero que la mayoría de esta Cámara se tome en serio lo que dice el IPCC.

¿Cómo justifica el Partido Popular su enmienda? ¿Cómo justifica el PP intentar retrasar la salida de ese tratado contrario al ecologismo? Dicen ustedes que creen que tenemos que prorrogar la salida del tratado para hacerlo de forma conjunta con la Unión Europea. Dicho así, puede parecer que tiene sentido, pero hay que añadir contexto, y es que su propuesta, señor Requena, está desfasada, llegan ustedes tarde, como siempre. La vicepresidenta Ribera ha sido una de las ministras que desde 2021 ha destacado la necesidad de que toda la Unión salga del tratado de forma conjunta. ¿Pero qué pasa? Estamos en 2024, saben que necesitamos una mayoría cualificada para hacerlo de forma conjunta y no la tenemos. De momento, son once los Estados que han expresado o han hecho efectiva la salida del tratado y, fíjense, entre estos once está Polonia. Sí, señorías de VOX, Polonia. Hasta hace dos días sus compañeros, sus colegas de Ley y Justicia estaban gobernando en Polonia, y fue ese Gobierno precisamente el que inició los trámites para salir del tratado. Llamen a sus amigos de Ley y Justicia, a ver qué les cuentan de este tratado. Señorías del PP, llamen al señor Donald Tusk, destacadísimo miembro de su familia política europea, a ver qué piensa de este tratado. Llamen también al señor Luc Frieden, primer ministro de Luxemburgo, que va a hacer efectiva la salida del tratado este verano. O llamen, por ejemplo, al señor Rishi Sunak, primer ministro del Gobierno conservador del Reino Unido, y pregúntenle por qué el Reino Unido pidió hacer efectiva la salida del tratado hace tan solo una semana. Llámenles y verán cómo le dan la razón al Gobierno de España. ¿No ven que todos estos países, gobernados indistintamente por socialistas, ecologistas, liberales, conservadores e incluso ultraconservadores, están saliendo del tratado? ¿Por qué? Porque además de que el tratado es contrario a los acuerdos de París y a la Ley Europea del Clima, es también una cuestión de interés nacional. ¿No se han preguntado, señorías, cómo puede ser que una empresa energética extranjera pueda multar a España porque nosotros en nuestros parlamentos nacionales decidamos aprobar leyes para hacer transitar nuestra economía hacia un modelo más verde? ¿No creen que la soberanía nacional, la decisión colectiva de la ciudadanía española de dejar atrás la energía fósil debería estar por encima de este tratado?

Señorías de VOX, ya sé que ustedes no son muy fans de la acción climática y que tampoco lo son de los tratados internacionales, pero se supone que sí lo son de recuperar soberanía nacional. ¿De verdad van a apoyar la enmienda del Partido Popular? Porque creo que se lo deberían pensar. (Aplausos). Creo que su posición es bastante interesante.

Antes de acabar, quiero dar las gracias a los protagonistas de esta lucha: a las organizaciones ecologistas y a la comunidad climática, que tanto insistió durante años en que teníamos que salir del tratado. Ahora toca superar uno de los últimos obstáculos para España. Superemos este obstáculo que ha querido poner el Partido Popular con su enmienda, que no es un obstáculo al Partido Socialista, no es un obstáculo al Gobierno, es un obstáculo a la lucha climática y a los intereses de España. Superémoslo votando en contra de la enmienda del Partido Popular, porque en la emergencia climática no hay prórrogas que valgan.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos.—El señor Tellado Filgueira pide la palabra).

Gracias, presidenta. Con base en el artículo 72. He sido citado en un debate en el que no estaba presente (rumores y protestas), por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, que usted conoce tan bien como yo, tengo derecho a intervenir y a matizar esas declaraciones en las que se me ha citado. (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado: ¡No tiene la palabra!).