Acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2024-2026 y el límite de gasto no financiero del presupuesto del Estado para el año 2024.

Gracias, señora presidenta. Defender mi honor desde el Grupo Mixto, me permitirá asistir al final de esta partida, obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás tengan que mirarme a la cara. Señora Montero, ¿ha mirado ya a la cara al señor Ábalos? (Aplausos.—La señora Montesinos de Miguel: ¡Muy bien, muy bien!). ¿Ha interpretado usted en la cara del señor Ábalos la aceptación o el rechazo de la senda de estabilidad que hoy nos trae de nuevo? (Rumores). Señorías, cien días de Gobierno, cien días de escándalos y cien días de descomposición. Su Gobierno, señora Montero, depende cada vez de más gente. Depende de los intereses particulares de los señores Puigdemont, Junqueras, Otegi; depende de la señora Belarra y de la señora Montero; del PNV, y, ahora, depende del señor Ábalos. Si no ha mirado aún a la cara del señor Ábalos, debería. Pero, en todo caso, mírenos a nosotros a la cara y díganos: ¿a qué se ha dedicado estos cinco años? ¿A mirar hacia otro lado, como hizo con los ERE? ¿Dónde estaba usted, señora Montero, cuando las tramas de comisionistas campaban a sus anchas —‌y no sabemos si aún siguen campando a sus anchas— en los ministerios del Gobierno del señor Sánchez? ¿Dónde estaba usted? (Aplausos). ¿Y los fondos europeos, qué control ha establecido como responsable de fondos? ¿Qué evaluaciones ex post o ex ante ha hecho respecto de la gestión de fondos en su Gobierno? ¿Qué control ha ejercitado? ¿Y en el resto de administraciones? ¿Usted se quita de en medio los fondos y ya está? Señora Montero, mírenos a la cara y conteste. ¿Qué responsabilidades ha tenido usted en el festival de contrataciones irregulares del Gobierno del señor Sánchez? ¡Conteste! (Aplausos). Es usted la vicepresidenta primera de un Gobierno descompuesto y cosido por corruptelas, es usted la vicepresidenta de un Gobierno al que respalda una mayoría en desbandada al Grupo Mixto y hoy no puede venir aquí a contarnos la senda de futuro ni a contarnos sus políticas económicas equivocadas; hoy tiene que venir usted aquí a dar explicaciones cumplidas del caso Sánchez (protestas) y a explicarnos qué medidas ha adoptado ante comportamientos deshonestos de su Gobierno y de su partido. (Aplausos). En estas condiciones, vuelve hoy con un acuerdo de senda de estabilidad y plan de reequilibrio, el mismo acuerdo de senda de estabilidad y plan de reequilibrio que ya le rechazaron ampliamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, el mismo acuerdo que le rechazaron las Cortes Generales, porque el Senado le rechazó el acuerdo. Hoy viene aquí con el mismo acuerdo: así entiende usted la democracia. Hoy estamos de nuevo aquí porque usted no ha sido capaz de cambiar la ley en cinco años y, afortunadamente, porque no ha podido silenciar al Senado. Hoy estamos aquí por todo eso, señoría. Estamos aquí porque usted no atiende a ninguna razón. Usted dice que son ofertas engañosas de negociación. Compruébelo, señoría, siéntese a negociar. Sin embargo, usted no es capaz de negociar nada en beneficio del conjunto de los españoles, ni la rebaja del IVA a la carne, al pescado, las conservas, ni siquiera la redistribución de déficit entre las administraciones. ¿Algo que beneficie a los españoles? No, usted solo lo que beneficie los intereses particulares de los separatistas: amnistías, derechos de independencia… En eso sí, ahí usted se pone firme y enseguida va a negociar. (Aplausos). Es el mismo acuerdo: así entiende usted la democracia.

Pero la ley dice que, si el Congreso o el Senado rechaza los objetivos, en el plazo de un mes el Gobierno remitirá un nuevo acuerdo, que se someterá al mismo procedimiento. ¿Nos quiere contar qué procedimiento ha seguido usted? ¿Nos quiere contar, sobre ese nuevo acuerdo, qué pronunciamiento ha hecho el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la Comisión Nacional de Administración Local? Nosotros ya sabemos que para usted lo de cumplir la ley es como pedir peras al olmo. Pero, oiga, no es tan difícil, ni siquiera requiere un informe de abogacía de esos que necesitan; se someterá al mismo procedimiento. ¿Qué parte de que se someterá al mismo procedimiento no entiende, señora Montero? Creo que usted es inteligente y, con respeto, sé que entiende lo que lee. Por tanto, lo que pienso es que a usted le dan igual los objetivos, le dan igual los procedimientos; usted lo único que quiere es el regate en corto, seguir montando lío. Señora Montero, hay que adoptar objetivos, distribuirlos mejor, negociarlos y no saltarse la ley. ¡Así entiende usted la democracia!

Y en estas condiciones, señorías, ante un Gobierno débil, descompuesto, cosido por las corruptelas y que no entiende la democracia, nos hemos de preguntar qué votamos hoy. Y, señorías, en nuestra opinión, hoy no votamos una décima más o una décima menos de déficit; no, hoy votamos la intención de la señora Montero de quedarse con 40 000 millones de déficit público para su descontrol y para pagar precios políticos. Eso es lo que votamos hoy, señorías. (Aplausos). Y además votamos hoy una política económica y presupuestaria, la de su Gobierno, claro, porque nos ha dicho que todo va muy bien, y, en particular, nos ha dicho que usted todo lo hace muy bien. Pero la realidad es muy distinta, señorías. Nosotros votamos hoy una política económica y presupuestaria que ha aumentado la presión fiscal más que nadie en la Unión Europea, que ha aumentado el gasto público más que nadie en la Unión Europea, un 80 % más que la media europea, y que ha desperdiciado los fondos europeos más que nadie en la Unión Europea. Esa es su política económica y presupuestaria. Hoy votamos eso, señorías. Y nosotros votamos no. Votamos en contra porque el resultado de esa política, de ese gran esfuerzo exigido a los españoles ha sido un completo desastre, ha supuesto empobrecer más a los españoles. Fuimos los peores en la pandemia y fuimos los peores en la recuperación. Hemos sido los penúltimos en recuperar la riqueza prepandemia y somos los únicos de la Unión Europea a quienes les ha caído la renta per cápita desde 2019; los únicos, señora Montero, nos han empobrecido.

Según la encuesta de condiciones de vida de los españoles, el 6 % no puede hacer dos comidas de proteínas a la semana, el doble que en el peor año de la crisis financiera; lo digo por eso que usted expresa acerca de que estamos saliendo de forma diferente. No, señora Montero, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron entre 2008 y 2011, es decir, perjudicarnos y agravar la situación. Y no pueden permitirse vivir a una temperatura adecuada casi el 21 % de los españoles, el doble… (La señora vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Montero Cuadrado, hace signos negativos). Sí, señora Montero, está en la encuesta de condiciones de vida del INE. Es el doble de cuando el señor Sánchez exigía responsabilidades al señor Rajoy por la pobreza energética. ¡Qué cara, señora Montero! (Aplausos). Y tenemos unos empleos precarios, cada vez con más parcialidad y pluriempleo. Somos el cuarto país en ratio de pobreza, señora Montero.

El resumen de su política económica es que, en las dos horas que dura este debate, sus políticas equivocadas envían a ciento cincuenta españoles a la pobreza. Ese es el resumen de su política económica, cada dos horas ciento cincuenta españoles van a la pobreza. (Aplausos). Por eso votamos no, señorías, a una política económica y presupuestaria que empobrece a los españoles. Y votamos sí a una alternativa de política económica mejor, que genere crecimiento, que genere empleo, que mejore la calidad del empleo que creamos. Votamos sí a una mejor política económica, que es la que hacen las comunidades autónomas y los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, ampliando derechos, mejorando políticas públicas, reduciendo burocracia y ajustando la presión fiscal. Decimos sí también, señora Montero, a la igualdad entre españoles, a hacer una política económica y presupuestaria que vele por la igualdad entre todos y que no pague precios políticos territoriales.

Hay una alternativa mejor, señorías, y nuestra responsabilidad es ofrecerles esa alternativa, volver a ofrecer, sin engaños, mejores políticas para llegar a mejores acuerdos, claro que sí, aunque ustedes lo rechacen siempre. (Aplausos). Hay una alternativa mejor, sí, una alternativa de futuro, pero también una alternativa de presente, porque ni siquiera ya el presente de nuestro país, señora Montero, pasa por ustedes.

Muchas gracias, señora presidenta. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.—Algunas señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Bravo!).

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta primera, mis primeras palabras como vallisoletano son para condenar el asesinato de Sergio Delgado tan solo por ser de Valladolid. Volvemos a debatir hoy el compromiso de este Gobierno con la inestabilidad presupuestaria, el aumento de la presión fiscal, el crecimiento de la deuda pública y la irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas. En primer lugar, hablamos de su compromiso con la inestabilidad presupuestaria, compromiso que se evidencia por el déficit preocupante de nuestras cuentas públicas; un déficit estimado por la AIReF en el 4,1 % para el año 2023, uno de los más elevados de la zona euro; un déficit que, en opinión de la AIReF, se estancará en el 3,2 % del PIB hasta el año 2028, en ausencia de medidas adicionales; un déficit del 3 %, previsto para el año 2024 que no se cree ni el Banco de España ni la Comisión Europea ni la OCDE ni dieciséis de los diecinueve panelistas de Funcas. Segundo, hablamos de su compromiso con el aumento de la presión fiscal, compromiso que se evidencia en datos como los siguientes: desde el año 2017 los españoles han sufrido un incremento de la presión fiscal del 32,7 %; entre los años 2019 y 2023, España ha sido el segundo país de la Unión Europea con mayor incremento de la presión fiscal; el esfuerzo fiscal de los españoles se encuentra un 52,8 % por encima de la media de la Unión Europea, un aumento de la presión fiscal que continuará en el año 2024, con la retirada de bonificaciones de impuestos, que perjudicará especialmente a las rentas más bajas, aumentando también los costes al empleo, y que reducirá las oportunidades de quienes se encuentran en paro. Es una completa irresponsabilidad aumentar los costes al empleo cuando somos el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea, 2,5 puntos por encima del segundo país, que es Grecia. Tercero, hablamos de su empeño en endeudar a los españoles, empeño que se evidencia en que nuestro endeudamiento alcanza cifras récord, cifras de 1,57 billones de euros —r‌eitero, 1,57 billones—. Es un endeudamiento que ha crecido en más de 371 000 millones de euros desde que llegaron los socialistas al poder, lo que significa que, gracias a los socialistas, cada español debe 6000 euros más. Es un endeudamiento que, según estima la AIReF, se mantendrá en niveles del 105 % del PIB en el medio plazo en ausencia de medidas adicionales. Recordemos que tan solo seis países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, tienen una deuda superior a su producto interior bruto y recordemos también que, desde finales del año 2019 hasta el tercer trimestre del año 2023, por cada euro de deuda emitida tan solo se han generado 0,53 euros en términos de PIB nominal. Cuarto, hablamos de irresponsabilidad en la gestión de las cuentas públicas, irresponsabilidad que se evidencia al proponer aumentar el techo de gasto no financiero, descontando los fondos del plan de recuperación, en un 9,3 %. Y es que aumentar los gastos sin realizar previamente un análisis de su eficiencia y sin tener un plan para reducir el gasto político y eliminar duplicidades es una completa irresponsabilidad. (Aplausos). Señorías, tenemos un Gobierno irresponsable, que desconoce la realidad económica española, y les citaré tan solo cinco datos: primero, la liquidez de los hogares españoles se ha visto reducida un 7,2 % y la de las empresas un 11,2 %, según menciona un informe del Banco de España; segundo, respecto a la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, hemos pasado de estar a nueve puntos de la media de la Unión Europea en el año 2018 a catorce puntos en el año 2022; tercero, en el año 2023 ha aumentado el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social y también el porcentaje de personas en situación de carencia material y social severa; cuarto, casi un tercio de las empresas españolas, según datos de la Central de Balances del Banco de España, tienen dificultades a la hora de generar beneficios suficientes para cubrir los costes y un 24 % presentan un endeudamiento que amenaza su supervivencia, y, quinto, la tasa anual del índice de cifra de negocios empresarial cayó un 3,1 % en el mes de diciembre de 2023 y el índice general de cifra de negocios en la industria cayó un 4,4 %.

Señorías, estamos ante un Gobierno incompetente, un Gobierno que ignora que una creciente deuda pública hace más vulnerable al sector público y al conjunto de la economía, socava el crecimiento general de la productividad y supone una amenaza cierta al crecimiento económico; un Gobierno que ignora que los países que han logrado un crecimiento sólido y sostenido en el tiempo lo han hecho precisamente mediante ganancias en la productividad; un Gobierno que ignora que la productividad total de los factores de España, según un reciente estudio publicado por la Fundación BBVA, ha acumulado un retroceso del 7,3 % entre los años 2000 y 2022; un Gobierno que ignora que la productividad por puesto de trabajo descendió en tasas interanuales un 1,8 % en el año 2023 y la productividad por hora trabajada un 0,8 % en el cuarto trimestre de 2023; un Gobierno que ignora la advertencia de la Comisión Europea, que habla de un débil apoyo gubernamental a las empresas para I+D y que España invierte tan solo un 1,44 % del PIB en I+D, frente a una media del 2,24 % de la Unión Europea; un Gobierno instalado en la pura propaganda, que presume de solidez de la economía, mientras que la OCDE nos recuerda que la baja productividad impide que los españoles disfruten de una mayor prosperidad económica. (aplausos), que España será el tercer peor país de los cuarenta y seis analizados en crecimiento de capital tanto físico como intangible por trabajador y que España seguirá perdiendo peso en la economía mundial y cada vez más países nos adelantarán en la ratio de PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo.

El problema es que tenemos un Gobierno que no entiende la importancia de incrementar la productividad. El problema es que tenemos un Gobierno que no entiende que cuando un país en épocas de crisis registra caídas de PIB superiores a los países de su entorno y tarda más en recuperar los niveles previos es que tiene importantes problemas estructurales en su economía. El problema es que tenemos un Gobierno cuyas políticas hacen retroceder a nuestro país en los índices de libertad económica, índices como los elaborados por el Instituto de Estudios Económicos o por The Heritage Foundation.

Señorías, porque creemos en la estabilidad presupuestaria, votaremos en contra. Porque el plan de reequilibrio no contiene medidas serias que sustenten la reducción del déficit, votaremos en contra. Porque han sido incapaces de redactar un nuevo plan de reequilibrio siguiendo las recomendaciones de la AIReF, votaremos en contra. Porque creemos que hay que reducir impuestos a todos los españoles, votaremos en contra. Porque sabemos que subir el coste del trabajo supone perjudicar a quienes están en paro, votaremos en contra. Porque creemos que hay que reducir el importe de la deuda pública, votaremos en contra. Porque creemos que es necesario llevar a cabo un ambicioso plan de reducción de gasto político y de eliminación de duplicidades, votaremos en contra. Porque sabemos que el único objetivo de este Gobierno es mantenerse en el poder a toda costa, votaremos en contra. Y, como dije en el Pleno anterior, votaremos en contra porque la condición indispensable para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas es que ustedes se vayan.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenos días, presidenta. Señorías, parece un poco el día de la marmota porque esta Cámara por tercera vez discute nuevamente el mismo tema, el de la senda de objetivos de déficit y deuda pública, y el motivo es porque el Partido Popular nos ha metido en este bucle obstruccionista para evitar que los presupuestos generales del Estado lleguen a esta Cámara y que, a través de ellos, podamos seguir impulsando la transición digital, la revolución verde y, al fin y al cabo, que podamos mejorar el nivel de vida de los españoles y españolas. Pero no hay mal que por bien no venga, y yo voy a aprovechar la oportunidad para hablar de economía y tratar un tema económico clave que está relacionado con esta senda de objetivos, que es el acuerdo alcanzado recientemente a nivel europeo entre el Consejo y el Parlamento que tiene que ver con las normas fiscales europeas. Como ustedes saben, las normas fiscales europeas es algo que afecta a todo, o, por lo menos, a todo lo importante, y de su lectura devienen no buenas noticias para nuestro país. Desgraciadamente, nuevamente vuelve una austeridad 2.0. Esta austeridad implica para nuestro país que aumenta el riesgo de que nos quedemos descolgados del progreso, de las importantes transformaciones a las que nos enfrentamos. Como saben ustedes, el enfoque que finalmente ha ganado en el acuerdo europeo ha sido el de la sostenibilidad contable, frente al de la sostenibilidad económica y social, que, como ustedes saben igualmente, es aquel que defiende unas cuentas públicas saneadas pero mediante el aumento del tejido productivo, la reducción del paro y el fomento de un crecimiento inclusivo. (Aplausos). Nuestra economía funciona mejor cuando funciona para todos y para todas. Y permítanme ponerles un ejemplo próximo para que se entienda mejor qué es esto de la sostenibilidad contable. La reforma de pensiones del Partido Popular del año 2013 precisamente aplicó este enfoque, el de la sostenibilidad contable, y planteaba conseguir el equilibrio del sistema público de pensiones recortando un 30 % el poder de compra de las pensiones. Efectivamente, se conseguía la sostenibilidad contable, pero a costa de tirar por el sumidero la función social que tiene nuestro sistema de pensiones, que no es otra que proveer de una pensión suficiente a las personas que están jubiladas.

Pero, señorías, ¿por qué digo que el nuevo acuerdo de reglas fiscales descuelga o aumenta el riesgo de que nuestro país se descuelgue del progreso? Como ustedes saben, nos enfrentamos a grandes transformaciones. La transición verde y la revolución digital van a requerir cantidades ingentes de inversión no solo privada sino también pública. Como ya nos dijo el comisario Gentiloni, la transición verde va a requerir de más de 360 000 millones de euros que se van a tener que invertir de aquí al año 2030 para alcanzar los objetivos medioambientales, y la revolución digital va a requerir un volumen de recursos incluso superior porque Europa está en una situación de desventaja con respecto a otros bloques con los que competimos. Por tanto, todos esos recursos que vamos a necesitar a nivel de España desgraciadamente no los vamos a poder proveer en la cuantía necesaria como consecuencia del corsé fiscal que nos viene de Europa. Ya le ha puesto números la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Este martes tuve la oportunidad, junto con otras señoras y señores diputados, de tener una reunión en la AIReF, y su presidenta nos trasladó que las nuevas normas fiscales exigen para España una reducción del gasto neto de casi 10 000 millones de euros cada año durante los próximos cuatro años. Es verdad que el plazo lo podemos ampliar a siete y algo bajaría la factura, pero, en total, ya sean cuatro o siete años, vamos a tener que dedicar casi 40 000 millones de euros, que vamos a tener que recortar del aumento de los ingresos o de la inercia del gasto para poder cumplir con las normas europeas.

Permítanme que les dimensione estas cifras en algo más próximo o cercano. Casi 10 000 millones de euros es nuestro presupuesto en el Ministerio de Industria y 40 000 millones de euros, ya sea en cuatro o en siete años, son la suma del presupuesto del Ministerio de Industria, del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura y del gasto que realizamos al año en investigación y desarrollo. Como ven ustedes, va a ser un esfuerzo considerable, muy importante, que vamos a tener que hacer colectivamente y que, en última instancia, nos va a limitar las posibilidades de no descolgarnos de ese progreso.

Señorías, ¿había una alternativa a este corsé fiscal? Desde luego que la había. El Gobierno de España, el Gobierno de coalición la ha defendido a nivel europeo junto a la Comisión Europea, aunque, finalmente, los intereses de Alemania, aliado con algunos países frugales, han impuesto su criterio. Pero había alternativa. Una de ellas era una regla de oro para la inversión, y es que las inversiones en digitalización y transición verde no estuvieran sujetas al corsé fiscal. Igualmente, que los Next Generation EU se convirtieran en una facilidad permanente y estuvieran financiados de manera mutualizada, como ocurre ahora, para equiparar los distintos espacios fiscales que tienen los países miembros.

Señorías, los shocks a los que nos hemos enfrentado en el pasado han sido fundamentalmente de demanda, pero los shocks económicos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro van a ser fundamentalmente de oferta porque el mundo se está recomponiendo en nuevos bloques. De hecho, la guerra de Ucrania y el genocidio de Palestina son resultados de esa tectónica de nuevos bloques. Frente a esos shocks de oferta, que ya los estamos viendo, como ha sido la guerra de Ucrania, el instrumento económico para responder a los mismos no es la política monetaria; la política fiscal es la que resulta más efectiva y eficaz para hacer frente a los mismos. Nos esperan más shocks de oferta y, por lo tanto, más política fiscal. Por eso yo predigo que estas normas no van a durar, lo mismo que no duró la reforma de pensiones del Partido Popular, cuyo contenido ya se le ha olvidado hasta al líder de la oposición. (Aplausos).

Y, señorías, ¿qué podemos hacer mientras tanto, puesto que mientras tanto nos van a aplicar el corsé fiscal? Es verdad que hasta 2026 todavía tenemos fondos europeos y algún respiro vamos a tener para no quedarnos descolgados de esa transición verde y revolución digital, pero tenemos que afrontar este futuro incierto a través de una profunda reforma fiscal —‌que está pendiente— que aproxime nuestro nivel de contribución fiscal a la media europea, o incluso que la supere en algo, y reconfigure nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo y progresivo, como ya ha empezado a hacer el Gobierno de coalición rebajando los impuestos que pagan las personas que ganan menos salarios o quedando exentos completamente si ganan el salario mínimo interprofesional y, en cambio, elevar la contribución fiscal para aquellos que obtienen sus rentas de las rentas de capital. Asimismo, tenemos que evitar a toda costa el despilfarro o realizar infraestructuras caducas, para lo cual debemos extender la contabilidad de costes y la evaluación de políticas a todos los niveles de la Administración pública.

Muchas gracias. (Aplausos).

Molt bon dia a totes i a tots. Gràcies, presidenta. Vicepresidenta, bon dia. Diputades, diputats, avui debatem i votem ja per segona vegada, com s’ha dit, els objectius d’estabilitat pressupostària i el deute públic per a les administracions públiques per al 2024 i el 2026. De fet, el Gobierno, doncs, ha de repetir l’operació després que, com bé se sap i també s’ha dit, el passat 7 d’abril la majoria absoluta del Partit Popular rebutgés aquests objectius. Una possibilitat que també, val a dir, pot tornar-se a repetir si l’exèrcit Popular al Senat torna a vetar aquests objectius. En tot cas, tot apunta, però, i després d’escoltar la vicepresidenta, doncs, es reafirma, que la Moncloa té pla B i que aquest passa, doncs, per abraçar aquest informe de l’Advocacia de l’Estat que va avalar fixar l’estat de dèficit remès a Brussel·les a l’abril en el marc del Programa d’Estabilitat. Un informe que a priori se sustenta en l’article 135.2 de la Constitució, per evitar el bloqueig de la capacitat pressupostària del Govern central. Sigui com sigui, i passi el que passi, sempre n’hi ha uns —s‌ empre, sol passar així— que hi perdem més que els altres. I el que pot passar és que els territoris tinguem menys capacitat de despesa i, en definitiva, menys recursos per millorar la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes. Perquè al final va d’això, de millorar la vida dels nostres conciutadans. Avui, doncs, aprofitem que aquest debat torna a la cambra baixa per tornar a denunciar —‌i avanço que no deixarem de fer-ho— que una vegada més el bipartidisme espanyol, aquests que avui es tiren els plats pel cap una vegada més, hagi tingut qui hagi tingut les claus de la caixa, ja sigui el PSOE o el PP, han compartit sempre un denominador comú absolutament inqüestionable, que és un desequilibri absolutament vertical entre l’Estat i la Generalitat i Catalunya, en aquest cas. Des de l’any 2009, que es va posar en marxa l’actual sistema de finançament, l’Estat ha anat acaparant recursos del sistema i ho ha fet en detriment dels territoris. Ho ha fet en detriment de les comunitats autònomes, que any rere any han anat perdent pes en el repartiment d’aquests recursos. Una dada, bàsicament només una, els recursos de l’Estat han crescut un 90 % i els recursos de les comunitats autònomes han crescut només un 40 %. Diputades i diputats, Catalunya suporta un dèficit fiscal sostingut en el temps i que ha arribat a duplicar. I també val a dir que en alguns moments, i no pocs, a triplicar els nivells que en l’experiència comparada constitueixen la norma de solidaritat entre territoris que formen part d’un mateix Estat. El més important de tot això és que aquest dèficit fiscal té un impacte negatiu i directe sobre el benestar dels i les catalanes. En definitiva, té un impacte negatiu contra els ciutadans i ciutadanes. Aquesta és la realitat. Una realitat, val a dir, també carregada de greuges, de deslleialtats institucionals per part del Govern central i centralista, a banda que centrifugació. Greuges com els incompliments reiterats en el temps, o la disposició, per exemple, addicional tercera de l’Estatut de Catalunya del període 2009 al 2013, el finançament estatal de la Llei de dependència o els deutes del Fons de Cohesió Sanitària i el Fons de Garantia Assistencial, o el personal dels nous tribunals de justícia, entre un llarg i inacabable etcètera. I deslleialtats tals, per exemple, com els canvis normatius —‌molt importants— de l’IRPF o la disminució dels tipus i de l’impost a l’electricitat, els també canvis normatius en l’impost sobre les transmissions patrimonials i els actes jurídics documentals, canvis normatius reiterats en la resta de tributs cedits, deslleialtat en la cartera de serveis de salut, per exemple. En definitiva, un autèntic despropòsit. Però a més a més de tots aquests desequilibris, la situació de pròrroga pressupostària a l’Estat provoca que encara avui no s’hagin actualitzat les bestretes del model de finançament. És a dir, avui estem rebent els impostos que rebíem el 2023 sense aplicar-se als increments corresponents a l’any 2024. Per tant, estem rebent uns imports que es van determinar l’estiu de l’any 2022, moment en què es va aprovar o es van aprovar les bestretes per al 2023. M’explico. Entre mig d’aquest període han passat moltes coses. Segurament n’han passat massa i no massa de bones, però en qualsevol cas, el que sí que ha passat és que l’economia, per exemple, ha mostrat un millor comportament del previst i, per tant, els ingressos que corresponen a les comunitats autònomes necessàriament han de ser superiors als que estem rebent.

Senyora vicepresidenta, nosaltres entenem que no és en cap cas admissible que l’actualització d’aquestes bestretes depengui de si l’aritmètica parlamentària permet o no permet aprovar pressupostos. Jo li recordo que l’any 2019 ja es va donar aquesta situació, una situació similar, i finalment van decidir aprovar l’actualització de les bestretes via decret llei. Aprofito, doncs, per reclamar que ara facin el mateix, tinguin un precedent. De fet, tenim un precedent que avala la viabilitat d’aquesta via. No facin pagar als i a les ciutadanes, una vegada més, el bloqueig parlamentari que els pugui generar el Partit Popular, i menys sabent que existeix una solució i que aquesta solució es va demostrar en el seu moment ràpida, es va demostrar efectiva.

I senyora Montero, tampoc entenem ni compartim, i ja li avanço també que combatrem la decisió del seu ministeri d’abandonar la publicació de les dades d’execució de la inversió estatal territorialitzada, dades que s’haurien de publicar semestralment i que no s’actualitzen i que no s’actualitzen des de l’octubre de l’any 2022, i que ara han desaparegut també del Pla Estadístic nacional. Això ho combatrem.

Mirin, nosaltres estem plenament compromesos amb la sostenibilitat de les finances públiques, però defensem que el retorn de les regles d’estabilitat es faci i es faci de manera coherent, i això vol dir que l’esforç que faci cada administració ha de ser —‌i no demano res anormal— proporcional a la despesa que fan els estats i que fan les seves administracions.

Els republicans independentistes —‌i vaig acabant— treballem sempre per la defensa de Catalunya. Aquest és el nostre interès, és el nostre únic interès. Ens devem a la defensa dels interessos dels catalans i les catalanes. I intentem fer-ho sempre amb coherència i amb força, bàsicament perquè creiem que hi ha dos elements que són clau per aconseguir els nostres objectius. Per això, justament ahir el Govern de Catalunya aprovava els pressupostos per a l’any 2024. Uns comptes que, malgrat el dèficit fiscal que arrosseguem, que és moltíssim, ens permetran deixar enrere les retallades i ens permetran també posar al servei del país, posar al servei de Catalunya, més de 43 000 milions d’euros. Uns recursos que reforçaran i que alhora muscularan l’estat del benestar, que muscularan la sanitat, que muscularan l’educació i la protecció social, entre d’altres. Això ho hem fet assumint aquest dèficit fiscal permanent que ens ofega.

Nosaltres som molt conscients que només la consecució d’un Estat propi podria garantir que Catalunya disposés de tots els recursos que genera, ho tenim clar, bàsicament per revertir-los a la ciutadania, que és pel que serveixen els recursos, però també som els que aprofitarem totes, absolutament totes les finestres d’oportunitats que tinguem per millorar el finançament del nostre país.

Per això avui torno a recordar que els acords assolits en el marc, vicepresidenta, de les negociacions per a la formació de govern de l’Estat espanyol recullen aspectes clau en matèria de finançament i execució d’inversions i que requereixen també, com vostè bé sap, el desplegament, en aquest cas, corresponent a mitjans de diferents comissions de treball entre els governs per un finançament, en aquest cas singular, per a Catalunya i altres actuacions estratègiques de caràcter financer i de caràcter patrimonial.

Avui, doncs, farem una altra vegada un sí als objectius d’estabilitat pressupostària, però és un sí condicionat. De fet, m’atreveixo a dir absolutament condicionat, a l’espera que el seu executiu presenti el projecte de pressupostos, uns comptes que exigim que prevegin tot allò subscrit en l’acord d’investidura. Uns comptes que siguin bons, uns comptes que siguin útils per a la ciutadania i, sobretot, per al seu benestar, perquè va d’això. I també uns comptes que portin com a mínim un 19 % de les inversions a Catalunya, a favor dels catalans i les catalanes.

Res més, vicepresidenta. Ànims. Els acords són per complir. Nosaltres en tenim un amb Catalunya i vostès el tenen amb nosaltres. Això no em cansaré de repetir-ho. Molt bon dia a totes i a tots i gràcies.

Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, presidenta, vicepresidenta. Buenos días, diputadas, diputados.

Hoy debatimos y votamos por segunda vez, como se ha dicho, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la deuda pública para las administraciones públicas de cara a 2024 y 2026. El Gobierno, por lo tanto, debe repetir la operación después de que, como ya se ha dicho, el pasado 7 de abril la mayoría absoluta del Partido Popular rechazara dichos objetivos; una posibilidad que también puede repetirse si el ejército popular en el Senado vuelve a vetar esos objetivos.

En todo caso, todo apunta, sin embargo, después de escuchar a la vicepresidenta, a que se reafirma que la Moncloa tiene un plan B y que pasa por abrazar ese informe de la Abogacía del Estado que avala fijar la senda de déficit remitida a Bruselas en abril, en el marco del programa de estabilidad, un informe que, a priori, se sustenta en el artículo 135.2 de la Constitución para evitar el bloqueo de la capacidad presupuestaria del Gobierno central.

Sea como fuere y suceda lo que suceda, algunos —‌siempre siempre sucede así— perdemos más que los demás, y lo que puede ocurrir es que los territorios tengamos menor capacidad de gasto y, en definitiva, menos recursos para mejorar la vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas; porque, al fin y al cabo, de eso se trata, de mejorar la vida de nuestros conciudadanos.

Aprovechamos, por lo tanto, que hoy este debate vuelve a la Cámara Baja para volver a denunciar —‌y adelanto que no vamos a cejar en nuestro empeño— que, una vez más, el bipartidismo español —‌estos que hoy van tirándose los platos a la cabeza, sea quien sea el que haya tenido las llaves de la caja, sea el PSOE o el PP— ha compartido siempre un denominador común absolutamente incuestionable, que es un desequilibrio absolutamente vertical entre el Estado y la Generalitat, y Catalunya, en este caso. Desde el año 2009, que echó a andar el actual sistema de financiación, el Estado ha ido acaparando recursos del sistema y lo ha hecho en detrimento de los territorios, en detrimento de las comunidades autónomas, que, año tras año, han ido perdiendo peso en el reparto de esos recursos. Un dato, uno tan solo: los recursos del Estado han crecido en un 90 % y los recursos de las comunidades autónomas han crecido tan solo un 40 %.

Diputadas y diputados, Cataluña soporta un déficit fiscal sostenido en el tiempo, complicado y que ha llegado a duplicar y —‌es importante remarcarlo—, en algunos momentos, no pocos, a triplicar los niveles que en la experiencia comparada constituye la norma de solidaridad entre territorios que forman parte de un mismo Estado. Lo más importante de todo ello es que este déficit fiscal tiene un impacto negativo y directo sobre el bienestar de los y las catalanas. En definitiva, tiene un impacto negativo contra los ciudadanos y ciudadanas. Esa es la realidad, una realidad cargada de agravios y deslealtades institucionales por parte del Gobierno central y centralista, amén de centrifugador; agravios como los incumplimientos reiterados en el tiempo o, por ejemplo, la disposición adicional tercera del Estatuto de Cataluña del periodo del 2009 a 2013, la financiación estatal de la ley de dependencia, las deudas del Fondo de Cohesión Sanitaria y del Fondo de Garantía Asistencial o el personal de los nuevos tribunales de Justicia, entre un largo e inacabable etcétera. Y deslealtades tales como, por ejemplo, los cambios normativos muy importantes en el IRPF, en la disminución de los tipos y del impuesto de la electricidad; también, los cambios normativos del impuesto sobre las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados, cambios normativos reiterados en los demás tributos cedidos; deslealtad, también, en la cartera de servicios de salud, por ejemplo. En definitiva, un auténtico despropósito.

Pero es que, además de todos esos desequilibrios, la situación de prórroga presupuestaria en el Estado provoca que aún hoy no se hayan actualizado los anticipos del modelo de financiación. Es decir, hoy estamos recibiendo los impuestos que recibíamos en 2023 sin que se apliquen los incrementos correspondientes al año 2024. Por lo tanto, estamos recibiendo unos importes que fueron determinados en el verano de 2022, momento en el que se aprobaron los anticipos para el 23. Y me explico. En este periodo han sucedido muchas cosas, seguramente demasiadas y no demasiado buenas. Pero, sea como fuere, lo que sí ha ocurrido es que la economía, por ejemplo, ha mostrado un mejor comportamiento de lo previsto y, por ende, los ingresos que corresponden a las comunidades autónomas necesariamente deben ser superiores a los que estamos recibiendo.

Señora vicepresidenta, nosotros entendemos que en ningún caso es admisible que la actualización de estos anticipos dependa de si la aritmética parlamentaria permite o no permite aprobar presupuestos. Yo le recuerdo que en el año 2019 ya se dio esta situación, una situación similar, y al final decidieron aprobar la actualización de los anticipos vía decreto ley. Y aprovecho, por lo tanto, para reclamar que ahora hagan lo propio. Tenemos un precedente que avala la viabilidad de esa vía. No hagan pagar a los y las ciudadanas una vez más el bloqueo parlamentario que les pueda generar el Partido Popular, menos aún sabiendo que existe una solución, una solución que en su momento se demostró rápida y eficaz.

Señora Montero, tampoco entendemos ni compartimos —‌y ya le adelanto que la vamos a combatir— la decisión de su ministerio de abandonar la publicación de los datos de ejecución de la inversión estatal territorializada, datos que deberían publicarse semestralmente, que no se actualizan desde octubre del año 2022 y que ahora han desaparecido también del Plan Estadístico Nacional. Esto lo vamos a combatir.

Nosotros estamos plenamente comprometidos con la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero defendemos que el retorno de las reglas de estabilidad se haga y, además, se haga de forma coherente. Esto significa que el esfuerzo que haga cada Administración debe ser —‌y no estoy pidiendo nada anormal— proporcional al gasto que hagan los Estados y sus administraciones.

Los republicanos independentistas —y‌ voy terminando— trabajamos siempre por la defensa de Cataluña. Es nuestro único interés. Nos debemos a la defensa de los intereses de los y las catalanas, y esto intentamos hacerlo siempre con coherencia y fuerza, básicamente porque consideramos que hay dos elementos que son clave para alcanzar nuestros objetivos. Por ello, justamente ayer, el Gobierno de Cataluña aprobó los presupuestos para el año 2024, unas cuentas que, a pesar del déficit fiscal que arrastramos, que es muchísimo, nos van a permitir dejar atrás los recortes y también poner al servicio del país, de Cataluña, más de 43 000 millones de euros, unos recursos que reforzarán y, a la vez, muscularán el Estado del bienestar, que muscularán la sanidad, muscularán la educación y la protección social, entre otros. Esto lo hemos hecho asumiendo ese déficit fiscal permanente que nos ahoga.

Nosotros somos muy conscientes de que tan solo la consecución de un Estado propio podría garantizar que Cataluña dispusiera de todos los recursos que genera —‌lo tenemos claro— para revertirlos a la ciudadanía, que es para lo que sirven los recursos; pero también somos los que vamos a aprovechar todas, absolutamente todas las ventanas de oportunidad que tengamos para mejorar la financiación de nuestro país. Y, por ello, hoy, vuelvo a recordar, vicepresidenta, que los acuerdos alcanzados en el marco de las negociaciones para la formación del Gobierno del Estado español recogen estrictas claves en materia de financiación y ejecución de inversiones y que requieren, como usted sabe, el despliegue correspondiente mediante distintas comisiones de trabajo entre los gobiernos para impulsar una financiación singular, en este caso para Cataluña, y otras actuaciones estratégicas de carácter financiero y patrimonial.

Hoy, por lo tanto, una vez más vamos a dar un sí a los objetivos de estabilidad presupuestaria, pero es un sí condicionado, de hecho, me atrevería a decir que absolutamente condicionado, a la espera de que su Ejecutivo presente el proyecto de presupuestos, unas cuentas que exigimos que contemplen todo lo suscrito en el acuerdo de investidura: unas cuentas que sean buenas, unas cuentas que sean útiles para la ciudadanía y, sobre todo, para su bienestar, porque de eso se trata, y también unas cuentas que al menos lleven un 19 % de las inversiones a Cataluña, a favor de los catalanes y las catalanas. Nada más, vicepresidenta. Ánimo. Los acuerdos están para cumplirlos; nosotros tenemos uno con Cataluña y ustedes tienen uno con nosotros, y eso nunca me voy a cansar de repetirlo.

Muchas gracias a todos. Buenos días. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Egun on, diputatu jaun-andreok. Ez naz luzatuko. Izan be, eztabaida hau orain hilabete izan genduan, eta ez da ezer aldatu. Gaur aurkezten diran zor eta defizit helburuak dauela hilabeteko berberak dira, eta, beraz, gure jarrera ez da aldatu. Horregatik, gure taldeak aurrekontu egonkortasuneko eta zor publikoa helburuaren alde bozkatuko dau. Eta baita be gobernuak aurkeztutako berroreka planaren alde. Alde bozkatuko dugu, bai. Izan be, egonkortasun helburu hauek hasiera emoten deutsielako aurrekontu aurkezteari. Inbestiduraren alde egin bagenduan, logikoena da orain be gobernuari aurrekontu tresna izateko aukera emotea, legegintzaldian aurrera egiteko, hau da, alderdi politikoen lortutako akordioak betetzeko, herritarren bizitza hobetzeko eta baita ekonomiaren eraldaketan aurrera egiteko. Aurrekoan be, esan genduan: gure babesa ez da kritikoa, beti defendatu doguz gure helburu bereiziak, are gehiago une honetan Europan aro fiskalak barriro formulatzen ari dirala kontutan hartuta. Arau hauek malguagoak dira herrialdeentzat, eta, beraz, uste dogu beharrezkoa dala malgutasun hori estatu deszentralizatura eramatea, aurrekontu egonkortasunaren helburuak ezartzerako orduan, eta are gehiago foru erkidegoen kasuan, autonomia fiskala daukagulako. Iragarri genduanez, beharrezkoa da be gastu araua eta superabitaren nahitaezko xedea aldatzea, dagoeneko indarrean ez dagozen finantza eta inbertsio jasangarriak ere erabili ahal izateko, eta baita Europak eskatzen dabezan inbertsioetara zabaltzeko. Aldaketak bai, eta zertarako? Ba, zerga doikuntzek administrazioak trantsizio digital, energetiko eta sozialei ekiteko behar dabezan inbertsio gaitasunak ez itotzeko. Eta baita be zerbitzu publikoak eta ongizate estatuak bermatzeko neurriak indartu ahal izateko. Hau da, gizarte zerbitzuen, osasunaren, hezkuntzaren eta etxebizitzaren arloko eskumenak kaltetu edo murriztu gabe. Autonomia erkidegoen eta toki erakundeenak diren eskumenak. Beraz, diziplina fiskalaren eta garapen ekonomikoaren sustapenaren arteko oreka bilatu behar da. Horretarako beharrezkoa da aurrekontu egonkortasunari eta finantza iraunkortasunari buruzko lege organikoa aldatzea, gure taldetik beti eskatu izan dogun moduan.

Muy buenos días, señoras y señores diputados. No me voy a extender, pues este debate ya lo tuvimos hace un mes y nada ha cambiado. Hoy se presentan los mismos objetivos de déficit y deuda que hace un mes y nuestra posición no ha variado. Por ello, nuestro grupo votará a favor de estos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, y también a favor del Plan de Reequilibrio presentado por el Gobierno. Vamos a votar a favor por entender que estos objetivos de estabilidad suponen la antesala para la presentación de los presupuestos. Si llegamos precisamente a un acuerdo para la investidura, lo lógico es dar al Gobierno la posibilidad de disponer de la herramienta presupuestaria que le permita avanzar en la legislatura, cumplir los acuerdos alcanzados con las distintas formaciones políticas, mejorar la vida de la ciudadanía y avanzar en la transformación de la economía.

Como dijimos, este apoyo no es acrítico, siempre hemos defendido objetivos diferenciados, y más, si cabe, en este momento en que se están reformulando las reglas fiscales en Europa y que, según lo avanzado, serán más flexibles para los países. Por lo que entendemos que es necesario trasladar esta flexibilidad al Estado descentralizado a la hora de establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria, y más, si cabe, en el caso de comunidades forales, en las que disponemos de autonomía fiscal.

Como ya anunciamos, es necesario modificar la regla de gasto y el destino obligatorio del superávit para poder aplicar inversiones financieras sostenibles que ya no están en vigor y también extenderlas a las inversiones que reclama Europa. Necesitamos modificaciones, sí, pero ¿para qué? Para que los ajustes fiscales no ahoguen las capacidades de inversión necesarias de las distintas administraciones a la hora de abordar la transición digital, la energética y la social y para poder reforzar también las medidas para garantizar los servicios públicos y el Estado del bienestar, es decir, servicios sociales, de sanidad, de educación y vivienda, competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a las entidades locales. Es necesario encontrar un equilibrio entre la disciplina fiscal y la promoción de desarrollo a través de inversiones estratégicas y, por lo tanto, es necesaria una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como siempre hemos venido reclamando.

No entendemos ―y así lo tengo que decir― la posición hoy de algunos grupos políticos que tienen responsabilidades de gobierno en comunidades autónomas y ayuntamientos y que previsiblemente votarán en contra de estos objetivos, que son menos restrictivos que los recogidos en el informe de estabilidad de 2023, para llevar ―eso sí― a las comunidades autónomas, también en las que gobiernan, a una senda mucho más restrictiva que les va a obligar a ajustar presupuestos autonómicos y locales. No sé qué explicación puede tener esto más que el desgaste del Gobierno cueste lo que cueste. Y esto no es baladí, porque este cueste lo que cueste supone perjudicar a la ciudadanía, que es la destinataria final de todas estas inversiones o de los servicios sociales de la sanidad, de la educación. Y es que tener una senda más restrictiva va a suponer tener menos capacidad de gasto y mucha menos capacidad de inversión. Y, de verdad, yo me pregunto: ¿esto es lo que quieren? Por cierto, vicepresidenta, también nos gustaría conocer el informe de la Abogacía del Estado, qué aval daría a esas sendas más restrictivas en el caso de que no se aprueben estos objetivos.

En cuanto al plan presupuestario, como ya dijimos, y a pesar de ser un plan genérico y duramente criticado por la AIReF, lo cierto es que no hay que olvidar que estamos aún en un contexto de incertidumbre en el que precisamente sobran los sobresaltos y falta la seguridad, en el que todas las previsiones económicas de los años anteriores se han visto superadas, y además la economía no es una ciencia exacta. Por eso mi grupo entiende, entendemos que, con sus pros y sus contras, el plan es un punto de partida, un plan que desde luego se tendrá que ir ajustando a las circunstancias aún de incertidumbre y también a la evolución del crecimiento económico para ir adoptando las decisiones de política fiscal, gasto e inversiones pertinentes y para ir reequilibrando esas cuentas públicas, reconstruir los márgenes de actuación fiscal ante futuras crisis y, en definitiva, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas con el diseño ―eso sí― de una política presupuestaria que mantenga su tono expansivo para mantener y mejorar el Estado del bienestar.

Por cierto, hoy acabamos de conocer que el IPC se modera 6 décimas, hasta un 2,8, por el tema de la luz, y la subyacente baja también al 3,4. Creo que es una buena noticia. Y hoy también echamos de menos en este debate ―lo he dicho en euskera― que se aborde a corto plazo una figura más amplia que las inversiones financieramente sostenibles para no limitar esa capacidad inversora y el despliegue de las políticas sociales de comunidades autónomas y entidades locales y, a medio plazo, una modificación de la ley orgánica de estabilidad que contemple nuevas formas de reparto de los objetivos de estabilidad y un nuevo diseño y aplicación de esa regla de gasto.

Finalizo. Nuestro grupo, el Partido Nacionalista Vasco, entiende, entendemos que es mejor continuar con la tramitación de estos objetivos que quedarnos en otros peores, ya que estos, de aprobarse, desde luego son una mejor antesala al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Votaremos a favor de los objetivos de estabilidad y, fíjense, lo haremos con una paradoja, en un parlamento en el que precisamente la estabilidad política entre los grupos políticos desde luego brilla por su ausencia.

Gracias.

Obrigado, señora presidenta. O BNG ten razóns de sobra para ser moi crítico coa volta imposta pola Unión Europea ás regras de estabilidade macroeconómica e financeira: o control do déficit, redución da débeda e o seu mantemento en magnitudes que consideran sustentábeis no longo prazo. De facto, expresámolo con claridade no pasado mes de xaneiro, cando se aprobou a proposta do Goberno por primeira vez neste Congreso. Diciamos que, para alén dun marco xeral, co cal o BNG non concorda, deberiamos ter en conta as graves consecuencias que os obxectivos de déficit poden ter para as comunidades autónomas, para as que a proposta fixa un obxectivo de déficit de só 0,1 % e, para os concellos, cero, en canto para o conxunto das Administracións se fixa un, xa limitado, 3 %. Iso significa que o Estado reserva para si 2,9 %, é dicir, o 97 % da capacidade total. Considerámolo absolutamente inxusto, mais máis aínda se tomamos en conta que para os seguintes exercicios do 2025 e 2026 desaparece o déficit para as comunidades autónomas, o que limita a súa capacidade de gasto, cando son as Administracións que soportan o peso do gasto; investimento correspondente aos servizos públicos fundamentais: sanidade, educación, servizos sociais, etc. Aliás, o BNG considera que na situación de incerteza sobre a recuperación económica que aínda vivimos é necesario camiñar na dirección contraria á que agora se marque, desenvolver unha política económica e fiscal expansiva para reforzar os servizos públicos e potenciar a recuperación económica e o emprego. Mais a pesar de esta visión crítica, como digo, moi crítica, o BNG apoiou a proposta. Fíxoo por responsabilidade: para favorecer que puidesen saír adiante uns Orzamentos do Estado que, entre outras cousas, deben reflectir os compromisos deste Goberno coa Galiza e coas clases populares. Uns compromisos vitais para corrixir un déficit histórico e unha débeda co noso país en que incorreron os gobernos españois dun e doutro signo. O noso pobo non pode seguir esperando e o BNG está aquí precisamente para que ninguén teña a tentación de que isto aconteza. Sorprendentemente, quen sempre apoiou as políticas de recorte e austeridade impostas pola Unión Europea, quen as aplicou de forma rigorosa e co entusiasmo de quen pretende ser o alumno avantaxado sen lles importar para nada a dor e o sufrimento que esas políticas antisociais provocaban, é dicir, o Partido Popular, tomba agora no Senado a proposta á saída do Congreso. Faino de forma irresponsábel, movido só polo afán de dificultar as cousas a este Goberno, mais sabendo que, de paso, llelas dificultan tamén aos gobernos autónomos, por certo, a maioría do propio Partido Popular, e aos concellos, que terán menos recursos se esta proposta non saír adiante. Saben que a alternativa é, como digo, aínda máis restritiva: equilibrio para as comunidades autónomas e 0,2 % de superávit para os concellos, mais parece non importarlles. Nada importa máis ao Partido Popular que a súa guerra permanente contra un Goberno que ven como ilexítimo porque consideran que lles correspondía gobernar nesa concepción patrimonialista que teñen do poder. Por utilizar a mesma expresión que usou recentemente de forma impropia un deputado do Partido Popular, parece evidente que aínda están «escocidos» por non gañaren o goberno nas eleccións xerais. Perdón, esquecía que Feixoo non é presidente porque el non quixo. En fin, nós, o BNG, reiteramos a nosa aposta por un outro modelo. Mesmo tamén por un sistema de financiamento xusto que garanta que a totalidade dos impostos pagados na Galiza repercutan no financiamento dos nosos servizos públicos, así como dar reclamación ao Estado que compensa a débeda histórica en investimentos no noso país, mais, no inmediato, queremos que haxa orzamentos. Queremos que haxa investimento na Galiza. Queremos que este Goberno cumpra o previsto no acordo de investidura que, lembrámolo, non é un compromiso co BNG, senón con todos os galegos e galegas. E por iso, a pesar desta posición crítica, voltaremos a apoiar a proposta que temos enriba da mesa. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. El BNG tiene razones de sobra para ser crítico, muy crítico, con la vuelta impuesta por la Unión Europea a las reglas de estabilidad macroeconómica y financiera, el control del déficit, reducción de la deuda y su mantenimiento en magnitudes que consideran sostenibles a largo plazo. De hecho, lo expresamos con claridad el pasado mes de enero, cuando se aprobó la propuesta del Gobierno por primera vez en este Congreso. Decíamos que, más allá de un marco general con el cual el BNG no está de acuerdo, tendríamos que tener en cuenta las graves consecuencias que los objetivos de déficit van a tener para las comunidades autónomas, para las que la propuesta fija un objetivo de déficit de solo el 0,1 % y, para los ayuntamientos, el 0 %, mientras que para el conjunto de las administraciones se fija en un ya limitado 3 %. Esto significa que el Estado reserva para sí mismo el 2,9, es decir, el 97 % de la capacidad total. Lo consideramos totalmente injusto, pero aún lo es más si tenemos en cuenta que para los siguientes ejercicios, 2025 y 2026, desaparece el déficit para las comunidades autónomas, lo que limita su capacidad de gasto, cuando son las administraciones las que soportan el peso del gasto e inversión correspondiente a los servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales, etcétera. El BNG considera que, con la situación de incertidumbre sobre la recuperación económica que aún vivimos, es necesario caminar en la dirección contraria a la que ahora se marca y desarrollar una política económica y fiscal expansiva para reforzar los servicios públicos y potenciar la recuperación económica y el empleo. A pesar de esta visión crítica, como digo, muy muy crítica, el BNG apoyó la propuesta. Lo hizo por responsabilidad, para favorecer que pudiesen salir adelante unos presupuestos del Estado que, entre otras cosas, deben reflejar los compromisos de este Gobierno con Galicia y con las clases populares; unos compromisos vitales para corregir un déficit histórico y una deuda con nuestro país en la que los gobiernos españoles —‌de uno y otro signo— han incurrido. Nuestro pueblo no puede seguir esperando. El BNG está aquí, precisamente, para que nadie tenga la tentación de que esto ocurra. Sorprendentemente, quien siempre apoyó las políticas de recortes y austeridad impuestas por la Unión Europea, quien las aplicó de forma rigurosa y con el entusiasmo de quien pretende ser el alumno aventajado sin importarles para nada el sufrimiento y el dolor que estas políticas antisociales provocaban —‌es decir, el Partido Popular—, tumba ahora en el Senado la propuesta salida del Congreso y lo hace de forma irresponsable, movido solo por el afán de dificultar las cosas a este Gobierno, pero sabiendo que, de paso, se las dificultan también a los gobiernos autónomos —‌por cierto, la mayoría del propio Partido Popular— y a los ayuntamientos, que tendrán menos recursos si esta propuesta no sale adelante. Saben que la alternativa es, como digo, aún más restrictiva: equilibrio para las comunidades autónomas, 0,2 % de superávit para los ayuntamientos, pero parece que no les importa. Nada le importa más al Partido Popular que su guerra permanente contra un gobierno que ellos ven como ilegítimo porque consideran que les correspondía gobernar a ellos, en esa concepción patrimonialista que tienen ellos del poder. Por utilizar la misma expresión que utilizó recientemente de forma impropia un diputado del PP, parece evidente que aún están escocidos por no haber ganado el Gobierno en las elecciones generales. Perdón, olvidaba que Feijóo no es presidente porque él no quiso. En fin, nosotros, el BNG, reiteramos nuestra apuesta por otro modelo y también por un sistema de financiación justo, que garantice que la totalidad de los impuestos que se pagan en Galicia repercutan en el financiamiento de nuestros servicios públicos, así como de la reclamación al Estado que compense la deuda histórica en inversiones en nuestro país. Pero, de forma inmediata, queremos que haya presupuestos; queremos que haya inversión en Galicia; queremos que este Gobierno cumpla lo previsto en el acuerdo de investidura, que, recordamos, no es un compromiso con el BNG, sino con todos los gallegos y gallegas. Por eso, a pesar de esta posición crítica, volveremos a apoyar la propuesta que tenemos encima de la mesa. Gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. El pasado 10 de enero, el Congreso votó y aprobó en segunda votación, por 179 votos a favor y 171 en contra, el acuerdo del Gobierno por el cual se fijaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y el límite de gasto no financiero para el presupuesto del año 2024 y también el Plan de Reequilibrio previsto por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera con el mismo sentido de los votos, abriéndose así camino a la presentación de los próximos presupuestos generales del año 2024, que, como ya nos han adelantado en la hoja de ruta, serían para el próximo trienio, pues la intención del Ministerio de Hacienda sería aprobar la Ley de Presupuestos Generales antes del mes de abril. Para ello, el límite de gasto no financiero, conocido más comúnmente como techo de gasto del presupuesto, se eleva a 199 120 millones de euros, un 0,5 % más con respecto al año anterior, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Unos objetivos que fijan un déficit del 3 % en el 2024 para el conjunto de administraciones; el 2,7 % en 2005, y el 2,5 % en el año 2026. En el caso de las autonomías, se estableció en un 0,1 % para el 2024. Para el 2025 y 2026 lo que se va a buscar es el equilibrio presupuestario. Para las entidades locales también se acordó un equilibrio presupuestario del año 2024 al 2026, mientras que para la Seguridad Social el déficit se fijó en el 0,2 %.

Sin embargo, hoy estamos debatiendo y votando de nuevo el mismo asunto, dado que el Partido Popular, en un ejercicio de irresponsabilidad, cumplió con su amenaza de bloqueo institucional. Sinceramente, creemos que es una temeridad haber rechazado en el Senado estos objetivos, porque, al final, quien va a pagar el pato van a ser las autonomías, en muchas de las cuales gobiernan ustedes y están en esos consejos de gobierno. Al final, si no salen adelante los objetivos de déficit que nos hemos marcado, lo que va a ocurrir es que vamos a acabar asumiendo objetivos que son mucho más exigentes, ya que nos tendremos que remitir a los aprobados en el mes de abril. Quien más va a sufrirlo va a ser la ciudadanía de este país, porque ya sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas aquellas competencias que más afectan a la ciudadanía, ya sea sanidad, educación o los derechos y las prestaciones sociales. Por lo tanto, señores del Partido Popular, hoy por hoy no entendemos que ustedes estén jugando con los intereses de la ciudadanía de nuestro país en aras de beneficiar los intereses propios del Partido Popular. No sé qué es lo que quieren ustedes hacernos ver o demostrarnos, pero lo cierto es que es una auténtica temeridad.

No obstante, queremos referirnos ahora al Partido Socialista. Creemos que si hubieran sido valientes en su momento y hubieran llevado a cabo esa ley que propuso Podemos en el año 2018 para eliminar el veto en el Senado a través de la modificación de la ley de estabilidad, ahora mismo no nos encontraríamos con el problema que nos estamos encontrando. Fue una ley que, incluso, se llegó a registrar, pero nunca se llegó a sacar adelante. Por eso, les animamos a que ahora tengan la valentía, visto lo visto, vista la irresponsabilidad de aquellos que lideran la oposición, de no dejar a voluntad de ninguna fuerza política algo que es tan fundamental para el futuro de nuestro país como es el poder gozar de unos presupuestos generales.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, buenos días. ¡Qué cosas tenemos que escuchar en esta Cámara! Como dicen en su tierra y en la mía, los pájaros se tiran a las escopetas. Señor Marí Bosó, del Partido Popular, ha venido usted aquí a darnos lecciones y usted es el presidente del Partido Popular de Ibiza. ¿Dónde estaba usted cuando la Fiscalía Anticorrupción denunció al presidente del Consejo Insular de Ibiza por contratación irregular y por acoso laboral? (Aplausos.—Rumores). ¿Señor Marí Bosó, cómo es usted tan temerario de hablar de corrupción cuando hay dieciocho políticos del Partido Popular de las Islas Baleares en la cárcel? (Aplausos.—Rumores). Señor Tellado —‌que se ha ausentado—, sea usted fuerte, no sea que, según las noticias que hoy hemos conocido, también esta trama le haya salpicado. (Aplausos.—Rumores). Señorías, nuestra Constitución recoge que el Senado es la Cámara de representación territorial. Por tanto, es saludable que del Senado salgan buenas propuestas para nuestros territorios. Por eso, me pregunto: ¿es bueno que los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan 4500 millones más de margen fiscal? La respuesta, para cualquier persona coherente, sería un rotundo sí. ¿Y por qué ha votado el Partido Popular en contra? Porque al Partido Popular le dan igual los territorios. El Partido Popular está desvirtuando la Constitución española, lo hace bloqueando el Consejo del Poder Judicial y, ahora, también lo hace convirtiendo al Senado, no en una Cámara de representación territorial, sino en la sala de sus mítines semanales. El Partido Popular tiene secuestrado al Senado de España por sus intereses partidistas, y esto se llama atacar a las instituciones, atacar a la democracia y, así, señorías, mueren las democracias. Es necesario, frente a la hiperventilación, mucho sosiego; es necesario, frente al ruido, un poco de silencio, y, frente a la estupidez, es necesaria la lucidez. (Aplausos). Por eso, les traigo hoy este libro. (Lo muestra). Se trata de un libro recomendado para todos y para todas, que se titula Breve tratado sobre la estupidez humana, porque la estupidez es más dañina que la maldad. Con un malvado —‌como bien dice este libro— se puede dialogar e, incluso, convencerlo para que sea buena persona. Con un estúpido, es imposible. Y les pongo varios ejemplos. ¿Qué pensarían sus señorías si alguien se mira en un espejo y se dice: soy un ganador? Creo que todos pensaríamos que podría estar incluido en el Breve tratado sobre la estupidez humana. Pues bien, en este país alguien ha llegado a decir que no es presidente porque no quiere; lo que pasa es que aquí el espejito sí le respondió y le dijo: Chico, tú no eres presidente porque no has obtenido la mayoría. (Aplausos). ¿Qué pensarían si alguien les pidiera un vaso de agua y, cuando le ofreciéramos un vaso de H2O, esa misma persona te dijera: yo no quiero H2O, yo quiero agua? (Risas). Esa persona podría estar entrando dentro del Breve tratado sobre la estupidez humana. Pues bien, en esta Cámara, un grupo político, el Partido Popular, lleva pidiendo, semana sí y semana también —‌y hoy también lo ha hecho—, una bajada del IVA, pero cuando el Gobierno trae la bajada del IVA de la electricidad del 21 al 10 % o cuando trae el IVA cero para alimentos básicos, como la leche, el pan, la fruta o las verduras, entonces el Partido Popular dice que no, porque el Partido Popular no quiere H2O, quiere agua. (Aplausos.— Risas). ¿Qué creerían sus señorías si unos padres que tienen dos niños sobrealimentan al que menos lo necesita y no dan los alimentos suficientes al que más lo necesita? Pues, en principio, creeríamos que son unos malos padres, pero que también estarían dentro del Breve tratado sobre la estupidez humana. En mi tierra, Extremadura, gobierna la derecha-extrema derecha, Partido Popular y VOX, ¿y saben cuál fue la primera medida que llevaron a cabo? ¿Mejoraron la sanidad? No. ¿Mejoraron las infraestructuras? No. ¿Invirtieron más en educación? No. ¿Pusieron menos altos cargos? No. Lo primero que hicieron fue eliminar el impuesto del patrimonio a las 1200 personas más ricas de Extremadura, con un patrimonio superior a 2 millones de euros. (Aplausos). Y el millón de extremeños restantes, a seguir pagando. Por tanto, lo primero que hicieron las derechas fue sobrealimentar a los ricos y dejar de atender las necesidades de la clase media y de la clase trabajadora. Y, mientras esto lo hace la derecha en Extremadura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que en este semestre se iniciará la construcción de una gigafactoría en Navalmoral de la Mata, Cáceres, con una inversión de 1100 millones de euros, que cambiará la historia industrial de Extremadura. (Aplausos). Por eso, hoy, quiero acordarme de quien impulsó ese proyecto, mi presidente, Guillermo Fernández Vara. (Aplausos). Y esa es la diferencia. La diferencia es que, una presidenta de derechas en Extremadura baja los impuestos a los ricos y el presidente de España trae riqueza a Extremadura para darles dignidad a las clases medias y trabajadoras.

Capítulo aparte, señorías, en el Breve tratado sobre la estupidez humana, merece aquel señor que quería que su casa se destruyera, aunque no sabía muy bien si la podía reconstruir o no. ¿Se acuerdan ustedes del ministro Montoro? Los niños y las niñas de este país se acuerdan muy bien de él porque subió el IVA hasta de las chuches. (Aplausos). Y los mayores también nos acordamos de él, porque nos subieron más de cincuenta impuestos. Pero a la memoria colectiva de los españoles y de las españolas no se les olvida aquella frase que dijo: «Que caiga España, que ya la levantaremos nosotros». No hay mayor deslealtad hacia un país, señores del Partido Popular, que desear que tu país vaya mal. El Partido Popular sabe, de sobra, que los objetivos de estabilidad que ha presentado la vicepresidenta son coherentes. El Partido Popular es consciente de que la senda fiscal prudente que se incluye dentro del Plan de Reequilibrio es muy creíble. El Partido Popular sabe que se equivocó cuando Feijóo pronosticó, en julio del año 2022, aquello de «nos dirigimos todavía con mayor intensidad a una profunda crisis económica»; e, incluso, acuérdese, señora vicepresidenta, llegó a decir que no iba a haber presupuestos para el año 2023. Y el resultado ha sido que, en el año 2023, el crecimiento del producto interior bruto, como ha dicho hoy la vicepresidenta, con gobiernos de Pedro Sánchez, ha sido de un 2,5 %, muy superior a la media de la Unión Europea. Y nunca antes en la historia de este país hubo tanta gente trabajando como en el año 2023, más de 21 millones de españoles y de españolas. (Aplausos). Todo esto lo sabe el Partido Popular. El Partido Popular tiene una disyuntiva; tienen ustedes dos caminos. En el primero, pueden ustedes hacer la oposición que quieran, pero, por lo menos, en temas fundamentales que benefician al interés general de este país, voten favorablemente, para contribuir al crecimiento y al reparto de la riqueza entre españoles. Pueden ustedes escoger el segundo camino, y ser dignos herederos de Montoro y desear que caiga España. El problema es que España no va a caer. Este Gobierno progresista seguirá construyendo un país más próspero, más moderno, más igualitario; en definitiva, un país donde los españoles y las españolas se sientan orgullosos de su país, en convivencia, y no tengamos que pasar la vergüenza de que en este país existe el único partido de toda Europa condenado por corrupción, el Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista y de los miembros del Gobierno, puestos en pie).