Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las actuaciones que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para garantizar la independencia del Poder Judicial.

Señora presidenta, señorías, estoy seguro de que a lo largo de los últimos meses más de uno de ustedes se habrá topado en las redes sociales con alguno de esos contadores que algunos supuestos influencers mantienen para calcular cuántos días hace que el Consejo General del Poder Judicial debería haber sido renovado y, por lo tanto, cuánto tiempo hace que el Partido Popular lleva secuestrando la Constitución o violando su espíritu y hasta su letra. Y digo que seguro que no les habrá pasado desapercibido porque no hay debate en esta Cámara en la que los miembros del principal partido del Gobierno no reprochen a los dirigentes del principal partido de la oposición su supuesta negativa a dar una solución a este grave problema. De manera que apuesto a que algunas de sus señorías habrán desayunado esta mañana enterándose de que son 1911, ni uno más ni uno menos, los días que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones. No sé si quienes se ocupan de llevar estas cuentas y avisar al Partido Socialista de las principales efemérides, como que los mil días se cumplieron en agosto de 2021 —‌ya les aviso yo que los dos mil días toca celebrarlos el 26 de mayo—, son desficaciats que actualizan ese calendario manualmente cada mañana mientras se toman el primer café, o no sé si existe algún tipo de aplicación que lo hace de manera automática. Confieso que mis conocimientos de informática son bastante más modestos que el historial de corrupción del Partido Socialista y mucho menos variado que el historial delictivo de los dirigentes del partido de la señora Belarra. (Aplausos). Lo que sí sé es que quienes sostienen que bastaría con el que Partido Popular levantara su veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para poner fin a la inaceptable violación que el artículo 122.3 de la Constitución lleva sufriendo desde el 5 de diciembre de 2018, se equivocan en los síntomas, se equivocan en el diagnóstico, se equivocan en el tratamiento y hasta se equivocan en la valoración de la gravedad de la que constituye la más llamativa, sí, pero ya se lo anticipo, no la más mortal, patología de nuestro sistema judicial. Yerran en la detección de los síntomas, porque los que comprometen la buena salud de nuestro Poder Judicial no datan de hace cinco años, sino de mucho tiempo atrás, como mínimo de cuando, a través de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, de 1 de julio de 1985, el felipismo ensayó su primer asalto a las instituciones que aún le quedaban por controlar, y burlando la letra y pervirtiendo el espíritu que el constituyente había querido imbuir en el artículo 122 de nuestra carta magna determinó que la totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por las Cortes Generales privando a los jueces de la capacidad para elegir a sus propios pares. O, si mucho me apuran, cuando llegado el momento de aplicar las previsiones de esta ley en lo tocante a las mayorías requeridas para elegir el Consejo, socialistas y populares cayeron en la cuenta de que más sencillo que dar con veinte juristas de imparcialidad y prestigio incuestionables, aceptables para unos y aceptables para otros, era repartirse el pastel pactando nombramientos a través de un sencillo sistema de cuotas en el que el consenso y la calidad cediese ante el cálculo. Yerran en el diagnóstico, porque lo que más decisivamente ha lastrado la imagen de la justicia ante los ciudadanos no ha sido tanto la falta de acuerdo entre socialistas y populares durante esta última media década como, precisamente, lo contrario: el contubernio entre unos y otros durante las tres décadas y media anteriores, su propensión al chalaneo; al tiempo que el órgano de gobierno de la judicatura era sometido a un sostenido proceso de politización que, a su vez, ha provocado una importante pérdida del prestigio y de la confianza que este debería de inspirar a la sociedad; y, quizás peor, el gravísimo daño a la función de jueces y tribunales de tutelar los derechos y los intereses de las personas. Yerran en el tratamiento, porque lo que bloquea el normal funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial no es tanto la incapacidad de los dos grandes partidos para llegar a un acuerdo respecto a su renovación como la necesidad misma de ese acuerdo: que su renovación pase por el consenso entre los dos grandes partidos. No es la coyuntura política, es el marco legal sin cuya reforma estamos abocados a la cíclica repetición de bloqueos como este, que, como sus señorías recordarán perfectamente, no es el primero que se produce. Si hubo bloqueo con González y Aznar, si hubo bloqueo con Zapatero y con Rajoy, si hay bloqueo con Sánchez y con Feijóo, quizá el problema no sea que las agendas de González Pons y de Bolaños no coinciden, sino que el sistema sobre el cual se sostiene está rematadamente mal diseñado. (Aplausos). ¿No es ya hora de darnos cuenta de esa obviedad?

Yerran también en la valoración de la gravedad del problema, porque, sin cuestionar en modo alguno que esta inusitada tardanza en la renovación del Consejo constituye un atentado contra la Constitución y añade una dificultad más a las muchas que entorpecen el funcionamiento de nuestro sistema judicial, toca decir alto y claro que este no es el principal problema de la justicia. Mucho más grave es que en los bancos de Junts se esté perpetuamente imputando a honestos servidores públicos oscuras intencionalidades políticas. Mucho más grave es que en ese hostigamiento participen el Gobierno y los partidos que lo conforman. Mucho más grave es que, ante esos insultos, la única respuesta del Ejecutivo sea ese hipócrita gestito de repulsa con el que el señor Bolaños nos obsequia cada vez que sube a esta tribuna. Mucho más grave es que en este hostigamiento participe el propio Ejecutivo, privando de facultades al Consejo General del Poder Judicial. Y mucho más grave es que el propio Ejecutivo utilice el término deslegitimación del Consejo, como si la legitimidad democrática del Poder Judicial tuviera su origen en la imposición de pautas partidistas para la designación de jueces y magistrados, como si el Consejo General del Poder Judicial no estuviese ejerciendo —‌yo diría, con heroísmo— las funciones que la Constitución le atribuye, como si la defensa del Estado de derecho y de la independencia de la justicia y de los derechos de los españoles no estuviera siendo garantizada con el mismo celo por quienes están prorrogados en sus funciones que por cualesquiera otros jueces y magistrados.

Por todo esto, nuestro partido propone a través de la presente moción cuatro exigencias. Primero, que se abandone la inaceptable actitud de hostilidad hacia la independencia del Poder Judicial y se cese por parte del Gobierno en el constante empeño por promover la ocupación de los órganos de gobierno de los jueces y también de las más altas instituciones del Estado por personas que, más allá de simpatizar o hasta militar en alguno de los partidos que lo sostienen, han hecho de su perruna sumisión a los designios de Pedro Sánchez el único currículum con el que arribar a estas instituciones. Que se revisen los nombramientos ya realizados y se proceda al cese inmediato, cuando menos, del actual fiscal general del Estado, así como que se adopten las medidas necesarias para garantizar la idoneidad y la imparcialidad de quien le tuviera que sustituir. Y, finalmente, que se promueva la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio, a fin de que los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que la Constitución prevé que serán elegidos entre, sean elegidos por los jueces y magistrados, terminando con este letal sistema de cuotas partidistas que no solamente politiza la justicia, sino que bloquea el funcionamiento de los órganos judiciales. Háganlo y evítennos, señores del Gobierno, el bochorno de que el año que viene, cuando se publique el Democracy Index, el índice de las democracias más consolidadas del mundo, España no pase de ser el furgón de cola de las democracias plenas y pase a ser la primera de las democracias defectuosas. Porque ahí, señores del Gobierno, ahí, en ese bordecito entre las democracias plenas y las democracias defectuosas, es donde sus políticas nos han colocado.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señora presidenta, señorías, 1930, La excepción y la regla. Quienes somos militantes del principio esperanza nunca renunciamos a la pedagogía democrática, así que me van a permitir, señorías de VOX, que les recomiende una lectura —‌esta mañana el ministro les insistía mucho en leer y yo creo que hace falta más lectura—: el drama didáctico del mismo título de Bertolt Brecht para observar el mundo con otros ojos y que desconfíen del acto más trivial o, en apariencia, sencillo; que examinen, sobre todo, lo que les parezca habitual. Les suplicamos expresamente que no acepten lo habitual como una cosa natural, pues en tiempos de desorden sangriento —‌como en Gaza—, de confusión organizada —‌como en la Argentina de Milei—, de arbitrariedad consciente de muchos magistrados, de humanidad deshumanizada nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Y no todo lo que ocurre en la justicia de este país es lo que debiera ocurrir, ciertamente, empezando por su propia composición. Un estudio realizado hace pocos años indicaba que las dos profesiones más endogámicas en España son la de los jueces y la de los profesores universitarios. Doy fe de ello. En la universidad, que un hijo de obrero, como es mi caso, llegue a catedrático es cosa improbable, apenas un 0,0001 %. Una excepción, estarán de acuerdo. La regla es la que es. Igual sucede con las mujeres, y por eso aprobamos una ley frente al techo de cristal, que en el Poder Judicial, hoy por hoy, es más que notorio. Sabemos que un alto porcentaje de la judicatura corresponde a las familias, que prácticamente heredan la carrera de padres a hijos. Los datos del propio Consejo General del Poder Judicial indican que solo uno de cada cuatro jueces en prácticas había trabajado antes de la oposición. Ante esa realidad, ¿qué hacer? ¿Qué independencia proponen? ¿De qué justicia hablamos? ¿De la de Estados Unidos, donde el señor Abascal se mira en el espejo de Trump? ¿Una justicia clasista, machista, racista, xenófoba, injusta y también ineficiente? ¿Una justicia que no se hace cargo del crimen de guerra contra José Couso? ¿La justicia del lawfare, que persiguió a las compañeras y compañeros de Podemos en una estrategia de acoso y derribo permanente? ¿De qué independencia judicial hablan? ¿De la que despliegan contra Ada Colau? ¿De la justicia que persigue a Julian Assange por denunciar crímenes de lesa humanidad o de la justicia británica, que lo mantiene en un penal de alta seguridad sufriendo aislamiento, como ha denunciado la propia relatora especial sobre la tortura de Naciones Unidas? (Aplausos). ¿La justicia de Ruiz de Lara? ¿De qué independencia hablan, señores de VOX? ¿La justicia de quien paga manda? Señorías, su reivindicación de la independencia es en realidad —‌lean el diccionario de la RAE— el eterno retorno de la pendencia. Es decir, ustedes han venido aquí a la contienda, a la riña, al altercado, a la bronca y a la reyerta. Solo hace falta leer el texto que presentan: una interpelación urgente con un lenguaje más propio de un spaghetti western que de una iniciativa parlamentaria. (Aplausos). Fíjense en sus palabras: desvergonzada, secuaces, brutal, pervertida, atentados, maltrato. Todo para defender la figura de sedición. Ya puestos, podrían pedir la de desacato porque España es diferente, según su visión política, y aspiran a seguir anclados en el pasado glorioso de su imaginario, el de la democracia orgánica, supongo, o algo semejante.

Para garantizar la independencia de la justicia, más que el cese del fiscal general del Estado o la modificación de la Ley Orgánica de 1985, podrían defender, al menos —‌empezando por ello—, cinco condiciones básicas para una justicia democrática. En primer lugar, la independencia de la judicatura, cuestionando, por ejemplo, los casos de intromisión por la puerta de atrás. Un primer paso, estarán de acuerdo. En segundo lugar, la exigencia de imparcialidad de los jueces cuando los casos afectan a las clases dominantes que mandan en este país. La limitación normativa y no la cultura de extralimitación que jueces como García-Castellón vienen practicando, con la consiguiente llamada de atención de la justicia europea. O la libertad de expresión, pero no el ataque a la división de poderes cuando se manifiestan los magistrados ante una norma no tramitada por el Poder Legislativo, movilizándose a destiempo y con una clara voluntad destituyente. Un proceso de selección y formación democrático para una competencia profesional sin sesgo machista o clasista, congruente con los valores que hoy defiende la mayoría de la sociedad española. Y, evidentemente, más medios humanos y materiales. De ello prácticamente nada ha hablado.

Nosotros defendemos la justicia y los derechos humanos, la justicia de la reparación y la proporcionalidad, la que reconoce la libertad de expresión, que no es posible practicar sin reconocimiento. También reivindicamos la libertad de Julian Assange y de Pablo González y pedimos una justicia democrática, avanzada y moderna; la justicia de todos y para todos, no la justicia de los pocos que hablan de reglas, pero cultivan la excepción, sean en forma de doctrina Botín o de impunidad de la monarquía. Una justicia, en fin, que, respetando el debido secreto profesional, no practique el lawfare alterando los tiempos y procedimientos según la coyuntura política, al confundir la garantía de inmunidad con la impunidad del rey emirato.

Termino, señora presidenta. Señorías, les hago solo un suplicatorio. Para mejorar la calidad de nuestro sistema judicial, para garantizar los derechos de Julian Assange, en línea con la defensa de la justicia universal que aprobamos la semana pasada, una norma general de obligado cumplimiento en la política judicial es la defensa de la dignidad y la justicia para todos. En resumen, consideren extraño lo que no es, tomen por inexplicable lo habitual, siéntanse perplejos ante lo cotidiano, traten de hallar un remedio frente al abuso, pero, sobre todo, no olviden que la regla es el abuso. Esta es la lección de La excepción y la regla, justamente la obra de Brecht, que en verdad el problema que tenemos con la independencia judicial en España es justamente el abuso.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. La verdad es que, cerrando casi la jornada de hoy y siendo de Madrid, tengo que decirles que yo creía que estaba curada de espanto, porque en Madrid sabemos mucho de tramas corruptas y de mascarillas. (Aplausos). En Madrid tuvimos una presidenta que llegó a la Comunidad de Madrid comprando a dos diputados, y un diputado que hoy estaba muy alborotado preocupándose por la corrupción se acercó a mi compañero, Rafael Simancas, y le dijo: nosotros no tenemos nada que ver con esto. Ahora está hablando con otro compañero. Esa presidenta llegó para esquilmar la sanidad hasta el último gotero y para llevarse comisiones desde el último ladrillo de cualquier colegio de la Comunidad de Madrid. ¿Se acuerdan del millón en el altillo? ¿Se acuerdan del ático en Marbella pagado por una sociedad en Panamá? ¿Se acuerdan de Luceño y de Medina? ¿Se acuerdan de los Rolex, de los Lamborghini? ¿Se acuerdan de San Chin Choon? ¿Se acuerdan de Almeida espiando a Ayuso, por lo que llegó el señor Feijóo? La verdad es que ustedes han demostrado hoy que han perdido la dignidad, fruto de las tramas corruptas que tienen, y que han perdido la vergüenza haciéndonos creer que nos iban a dar algún tipo de lección. (Aplausos).

Quiero agradecer a mi grupo la confianza por darme esta moción. La verdad es que es un auténtico lujo defender una moción del grupo VOX que ha hecho que me estrene con un absoluto regalo para los oídos. Tengo que decirle, señor Flores, que leer las once hojas que han redactado es música celestial para estar en esta tribuna, porque solo puedo decirles que tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno de España va a defender siempre y a garantizar la independencia judicial. Lo hace ahora, lo hizo antes y lo va a hacer a lo largo de toda la legislatura, que no ha hecho nada más que empezar y ya veo que se les está haciendo bola. (Aplausos). Creo sinceramente que el pacto les confunde. Tanto roce con los señores del Partido Popular en comunidades y ayuntamientos hacen que tiren mal esta moción. Lo que tienen que hacer es mirar a su lado; ahí es donde se sientan los que siempre han entendido el funcionamiento de la judicatura como un servicio a los intereses de su partido. Porque quien dijo aquí esto de «la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión» se llama Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior (aplausos), el de la policía patriótica al servicio de los intereses partidistas. Quien dijo aquí «controlaremos la Sala Segunda del Supremo desde detrás» fue Ignacio Cosidó. Sí, director general de la Policía. Porque ustedes hacen unos enganches un tanto extraños entre Interior y Justicia. Y ahora vienen las mejores, las mejores o las más recientes: «El cáncer del Estado de derecho hoy se llama Tribunal Constitucional», dicho por quien ustedes mandan a negociar la salud de la justicia en Europa. «Las sentencias del Constitucional son inauditas, provocan una inseguridad jurídica de los ciudadanos y, por supuesto, inseguridad de mi formación política». Alberto Núñez Feijóo, fin de la cita. Esto, señorías de VOX, en sus pactos y en sus actos, veo que no les preocupa en absoluto. Porque, ¿a qué vienen ahora a preocuparse por algo, ni por la independencia del Poder Judicial ni por el funcionamiento del mismo, si es que verdaderamente ustedes ni siquiera creen en esto? Ustedes, en esta moción, vienen a arrogarse la defensa del constitucionalismo cuando no tienen ningún pudor en manifestarse ante la sede de un partido que no les gusta, como es el PSOE, con un muñeco muy parecido al presidente del Gobierno para golpearlo con violencia, o en plantarse delante de la UIP, unidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, blandiendo el carné de diputado al estilo franquista de «usted no sabe con quién está hablando». Ustedes no entienden ni comparten los principios ni los valores de la Constitución. En usted a lo mejor puede ser normal, porque fue candidato de Fuerza Nueva en 1982. (Aplausos).

Hace unos días, en esta misma Cámara, un diputado que gritaba al inicio de esta sesión nos dijo que el nazismo era una ideología coherente. ¿Acaso no creen ustedes que están retirando el escudo constitucional de las banderas que tanto portan cuando manifiestan y defienden que este es el peor Gobierno de los últimos ochenta años, haciendo de una forma escasamente sutil una reivindicación de la obra criminal del franquismo y de la represión de la dictadura, persiguiendo las libertades y los derechos que nos otorga la Constitución? Ustedes se apuntan a todo. Se apuntan a la Constitución y al franquismo, a la independencia del Poder Judicial y a negar el Tribunal Constitucional. Ustedes son un todo en uno, son los garantes de la Constitución y los defensores de las medidas totalitarias, pero, afortunadamente, ya no les cree nadie, tan solo sus compañeros del Partido Popular, que tienen construido un muro en todo lo que signifique avance y razón: contra el cambio climático, contra la violencia de género. ¿Verdad, señor Flores? ¿Se acuerda? Puta, ladrona, te voy a estar jodiendo la vida hasta que te mueras y acabe contigo. Se acuerda, ¿verdad? Persiguen la libertad de expresión y hoy un compañero suyo lo ha reivindicado. Han retirado obras de teatro —‌Virginia Woolf—, han retirado libros de las bibliotecas públicas porque eran libros que hablaban de que se tenía dos papás. Ustedes pisotean el espíritu que alumbró la Constitución llamando a la ilegalización de partidos políticos y amenazando a Cataluña con un 155 para vivir situaciones iguales o peores que las de 2017.

Señorías del Partido Popular y de VOX, de VOX y del Partido Popular, preocupados como dicen por la independencia judicial, en realidad están intentando acabar con la justicia, con la convivencia democrática y con la concordia entre españoles. Se llenan la boca de España, pero les da igual su bienestar y su futuro.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora presidenta, señores diputados, enhorabuena por su reciente celebración de cien días de Gobierno. Se lo traslado a sus señorías del Partido Socialista porque ya veo que no queda ningún miembro del Gobierno. Enhorabuena por haber conseguido en esos cien días algo que no se ha hecho en cuarenta y cinco años de democracia: poner en jaque la independencia judicial y la separación de poderes en nuestro país.

El principal ataque, su proposición de ley de amnistía, y sí, seguimos y seguiremos hablando de amnistía, a pesar de que algún diputado dijo ayer en redes sociales que ya no hablábamos de amnistía. (La señora Montesinos de Miguel: ¡El secretario de Estado!). Seguiremos denunciando la amnistía en cada intervención durante esta tramitación parlamentaria ad hoc que ustedes nos han impuesto. Es el principal ataque, como decía. ¿Por qué? Porque es un mandato directo a los jueces, impidiendo que realicen su labor judicial y vulnerando la división de poderes. Si hay una sentencia, les ordenamos que no la ejecuten, que dejen de cumplir su función de hacer ejecutar lo juzgado; si hay un procedimiento en marcha, quédense quietos, no hagan nada, dejen de instruir y, por supuesto, si no hay un procedimiento iniciado, ni se les ocurra iniciarlo. ¿No es este mandato directo una vulneración de la independencia judicial y de la división de poderes? ¿Puede una mayoría suficiente en este Parlamento aprobar cualquier ley o tiene límites que respetar, como la división de poderes?

Ustedes dicen que esta amnistía está justificada por el pluralismo político representado en esta Cámara, donde es necesario negociar para llegar a un acuerdo. También dicen que lo impone la convivencia en Cataluña. Por cierto, el más alto representante de ese Poder Judicial en este territorio, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, declaró hace dos días: la amnistía no es un elemento de pacificación, sino de discordia, privilegia a unos pocos frente al conjunto. Se lo ha recordado mi compañero, el diputado señor Martín. Ojalá esas palabras les hicieran reflexionar. En cualquier caso y con esas razones de pluralismo, de convivencia, esas que ustedes aducen, yo les planteo: ¿podría aprobarse aquí una ley con otro mandato directo a los jueces y a los magistrados ordenando que no investiguen el caso Ábalos? ¿Por qué no? Sería democrática si obtiene una mayoría suficiente en esta sede de la soberanía nacional. También cabría invocar ese pluralismo político; el Partido Socialista es uno de los principales actores que manifiestan ese pluralismo político. Igualmente, hay razones de convivencia; parece que dentro del PSOE se está complicando la convivencia. Y todavía, señorías, cabría añadir una razón más siguiendo el argumento del ministro señor Puente: la de trabajo que íbamos a ahorrarles a los jueces y una gran cantidad de horas de trabajo. Y digo jueces en plural, porque esto, señorías, no ha hecho más que comenzar. Cada día nos levantamos con noticias que ensanchan más, más allá del señor Ábalos, las implicaciones de esta trama. Hoy mismo aquí ni el presidente del Gobierno ni el ministro del Interior ni el ministro de Transportes, pudiendo hacerlo y debiendo hacerlo, ninguno de ellos ha negado tajantemente su conocimiento y complicidad. (Aplausos).

Pero siendo, señorías, como les decía, el principal ataque a la independencia judicial su ley de amnistía, todavía hay ataques frontales a esta independencia judicial. No hubo que esperar mucho en esos primeros cien días de Gobierno para empezar a oír a hablar aquí, en esta tribuna, de lawfare, de comisiones de investigación para averiguar qué jueces habían prevaricado, y un día sí y otro también acusando a jueces con nombres y apellidos, y todo esto a la vista, paciente y sin oposición, de ustedes y de la Presidencia de esta Cámara. Podríamos seguir hablando de nombramientos, de sentencias relacionadas con esos nombramientos, pero necesitaríamos cinco horas en lugar de estos cinco minutos con los que yo cuento. Prefiero concluir recordando las palabras del señor Bolaños en la interpelación de la que trae causa esta moción. Decía el señor ministro que, según datos de la Red Europea de Consejos de Justicia, los magistrados españoles evalúan su propia independencia con un 9 sobre 10. ¿Se mantendría esa autopercepción tras los cien días primeros de su Gobierno? ¿Cómo de atacado en su independencia ha tenido que verse el Poder Judicial para que todas las asociaciones de jueces, el Consejo General del Poder Judicial y las principales asociaciones de profesionales que intervienen en la justicia hayan tenido que hacer comunicados y remitir escritos a las instituciones comunitarias reivindicando su independencia y exigiendo el cese de todos los ataques desde esta Cámara?

Voy a pedir a la señora presidenta un poquito de paciencia porque no querría bajarme de esta tribuna sin animar al representante de SUMAR, que ha subido aquí, a estudiar una oposición, a prepararse la oposición de judicatura, a encerrarse en su casa y a pasar un examen ante un tribunal profesional y objetivo (aplausos), garantía de los principios de concurrencia competitiva, de capacidad y de igualdad, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades entre hijos de las clases pudientes y de las más humildes. Le animo a eso. No es un título nobiliario que se hereda. Estamos hablando de la independencia para esos jueces y magistrados que acceden así con una gran vocación y que se dedican, con gran servicio y dedicación, a cumplir su función.

Gracias. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Muy bien!).