Interpelación urgente en relación con la política general del Gobierno sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras del campo.

Gracias, presidenta. Tengo que comenzar diciendo que esta interpelación estaba dirigida al ministro de Agricultura, al señor Planas, que parece que ha preferido la estrategia del avestruz. En todo caso, le agradezco a la ministra Saiz que esté hoy presente y que me pueda escuchar. Todos y todas hemos visto las protestas de las últimas semanas en toda Europa —‌también en España— del sector de la agricultura. Sobre estas protestas, señora ministra, se pueden cometer dos errores. El primero es el que comete la extrema derecha y la derecha extrema de esta Cámara, que se fundamenta en pensar que los trabajadores del campo son básicamente tontos, el error de pensar que pueden capitalizar las protestas de un sector contra el que han actuado y contra el que han votado sistemáticamente en los últimos años. Quien no apoyó la ley de la cadena alimentaria, que protege a los productores y prohíbe la venta a pérdidas, quien defiende los tratados de libre comercio que provocan la competencia desleal, quien llama ‘paguitas’ y quiere eliminar todo el sistema de protección a los trabajadores del campo no va a venir a decir a los trabajadores que los defiende. Señorías de la extrema derecha, pueden enviar a los seis frikis del 6F a hacerse vídeos deseando la muerte a policías y hablando contra resoluciones de la ONU —c‌ omo la Agenda 2030— como si fueran protocolos de los sabios de Sion, que no van a convencer —‌lo siento de veras— a ningún trabajador ni trabajadora del campo porque, señorías de la extrema derecha y de la derecha extrema, los trabajadores no son tontos. Ese es el primer error que se puede cometer, y a mí personalmente me preocupa poco. Allá la ultraderecha, incapaz de encontrarse la cabeza con las manos. Hay otro error, sin embargo, que me preocupa más, y es el que puede cometer el Gobierno. Este Gobierno puede tener la tentación de tomar una pequeña parte por el todo y desoír las reivindicaciones de los agricultores diciendo que no son trabajadores, que están manipulados por la derecha y no sé cuántas cosas más, y seguir a lo suyo como si nada pasara. Esto, señores del Gobierno, señora ministra, a lo mejor les sirve para quedar bien en alguna tertulia amiga, pero no va a solucionar el problema de fondo de nuestro campo. Y si persisten en ello, pueden acabar echando a las manos de la derecha a cientos de miles de agricultores, hastiados de que no los escuchen, incluso en manos de una derecha que se ha demostrado tan incapaz estos años. Por tanto, hay que escuchar y actuar sobre los problemas del campo.

Repasemos cuáles son, a nuestro juicio, estos problemas. Primero, un problema histórico de España: la concentración de la tierra. En la última década, la superficie destinada a cultivos en España es prácticamente la misma: unos 24 millones de hectáreas. Lo que se ha reducido de una manera importante es el número de explotaciones, hasta un 8 % menos. Las macroexplotaciones crecen un 6 % mientras que las pequeñas explotaciones familiares se reducen un 25 %. Por tanto, la primera pregunta que me gustaría formularle es cómo puede competir una pequeña explotación familiar con una explotación enorme, que tiene respaldo incluso para asumir la venta a pérdidas y que acaba con la viabilidad del vecino, de la pequeña explotación, la cual se acaba quedando. Los nuevos propietarios no están preocupados por el desarrollo sostenible de nuestro campo, ni mucho menos; son los mismos que están intentando quedarse con todo nuestro mercado de vivienda y con nuestros servicios públicos externalizados. Son justamente fondos de inversión extranjera. Y como estamos hablando del campo, y en el campo esa especie es bien conocida, yo les llamo por su nombre: buitres.

En las últimas décadas, el número de fondos de inversión con intereses agrícolas se ha multiplicado por quince. Le voy a poner algunos ejemplos. En frutas, el fondo creado por Miura Private Equity, el mayor fondo de Europa, con 350 millones de euros; también Panda Agriculture & Water, el fondo internacional que ha apostado por acaparar recursos hídricos ante una posible escasez. Buitres, señorías, que se dedican a especular con nuestra capacidad de alimentar a los conciudadanos. Y estos nuevos socios de gran explotación se vienen a sumar a viejos conocidos del campo español. Digamos sus nombres: Juan Abelló, 40 000 hectáreas divididas en cinco fincas; la Casa de Alba, 34 000 hectáreas, por las que recibe 2,9 millones de euros de la política agraria común; la familia March, 30 000 hectáreas; Samuel Flores y familia, 23 000 hectáreas, que reciben 1,25 millones de euros de la PAC. Podríamos seguir, pero básicamente yo le digo, señora ministra, que son 181 personas —t‌an solo 181 personas— que tienen una explotación agrícola de más de 10 kilómetros cuadrados. Ahora le vuelvo a preguntar: ¿cómo compite una pequeña explotación familiar con estos gigantes? Muchísimas de las fincas más grandes están dedicadas a la caza y a la ganadería intensiva, que sabemos que es la que consume el porcentaje más alto de recursos hídricos, justamente lo que ya estamos viendo que va a provocar la escasez, un problema cada vez más acuciante. Y como le decía antes, en el colmo del absurdo tenemos una política agraria común que se ha dedicado a destinar esos fondos no a las explotaciones más productivas, ni siquiera a las que más lo necesitan, no, sino a las más grandes. Los impuestos que paga con mucho esfuerzo el trabajador del campo, de la pequeña explotación familiar, acaban muchas veces en el bolsillo del Duque de Alba, con el que tiene que competir en forma de subvenciones, y a esto nadie lo llama ‘paguita’; en todo caso, lo tendrían que llamar ‘pagota’. Así que, señora ministra, ¿qué vamos a hacer para luchar contra esa vergonzosa concentración de tierras en España?

El segundo problema de nuestro campo es la política comercial de la Unión Europea, y aquí vivimos una paradoja: establecemos estándares de calidad altos, también niveles de supervisión altos y una buena cantidad de obligaciones que tienen que cumplir nuestros productores autóctonos y, acto seguido, establecemos tratados de libre comercio que permiten que quien no cumple estas obligaciones pueda entrar con sus productos al mercado europeo. Las organizaciones de agricultores han pedido una cosa que a nosotros no parece muy sensata: la paralización de las negociaciones de acuerdos como el Mercosur y la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda, además de la paralización de las negociaciones que se están llevando con Chile, Kenia, México, India y Australia. Yo creo que ustedes no deberían tener prisa; deberían contribuir a que la Unión Europea se parara a pensar cuál quiere que sea su destino, cómo quiere proteger a los productores autóctonos, cómo va a garantizar la soberanía alimentaria y cómo va a garantizar la supervivencia del campo europeo, y específicamente del campo español, porque lo que tenemos sobre la mesa no es libre comercio, ni mucho menos, es competencia desleal. Durante años, Occidente, utilizando la OMC y el GATT, ha dicho a las economías en desarrollo que no podían proteger a sus productores, que no podían hacer, en definitiva, lo que hizo Occidente para desarrollarse. Pues bien, gracias a esos fondos de inversión internacionales se han hecho con su producción y se han dedicado a competir a la baja, y más barato produce quien lo hace con peor calidad, quien paga peores salarios. Y hoy decimos que, una vez hecho esto, ya pueden entrar por la puerta de nuestro mercado para que se enfrenten con productos de baja calidad a los productores europeos. ¿Quién puede sobrevivir? Pues quien pague peores salarios, quien venda su explotación a los grandes propietarios, quien baje la calidad. ¿Quién gana? Pues lo tenemos muy claro: los fondos de inversión de los dos lados de la frontera, que al final son los que acaban controlando la producción. ¿Quién pierde? Los agricultores y el conjunto de la sociedad. Garanticemos, por tanto, señora ministra, que el comercio internacional se realiza en condiciones justas, que se mantienen los estándares de calidad y que ponemos la vida de las mayorías sociales por delante de los beneficios empresariales.

El tercer problema que tienen los agricultores españoles del que me gustaría hablar es de sobra conocido: su posición de debilidad ante las grandes distribuidoras. Una cadena de distribución en este sentido es un juego de suma cero. Si alguien está vendiendo a pérdidas, alguien está obteniendo beneficios, y estos beneficios se hacen a costa del productor. Conseguimos aprobar la legislatura pasada, sin el apoyo de la derecha, la ley de la cadena alimentaria, que prohibía la venta a pérdidas. Esta norma ha sido reconocida por organizaciones que se manifiestan incluso contra el Gobierno, pero nosotros pensamos que debemos ser más contundentes en su aplicación. La Agencia de Información y Control Alimentarios debe actuar ante cualquier indicio de venta a pérdidas. Hay que incrementar las actuaciones de oficio y, si es necesario, reforzar las herramientas. Hay que reforzarlas. En la pasada legislatura dimos un paso decisivo, y a nuestro juicio iba por el buen camino. No dudemos, señora ministra, en seguir por él. Conocemos las presiones de las grandes distribuidoras, que pretenden negociar desde una posición de control frente a los productores. La obligación de cualquier Gobierno, de cualquiera, es ponerse del lado de los más frente a los menos.

No son estos los únicos problemas que tiene el campo español, pero sin solucionar estos tres problemas que le he enunciado no se puede seguir avanzando, así que acabo esta intervención haciéndole unas preguntas muy concretas, señora ministra. ¿Qué podemos hacer para que menos de doscientas familias y unos cuantos fondos buitre no controlen un porcentaje importantísimo de las tierras productivas de España, acaparen las subvenciones públicas, dediquen las explotaciones a actividades intensivas e insostenibles y condenen a la desaparición a las explotaciones familiares? ¿Qué plantea usted para modificar la política comercial de la Unión Europea, que permite productos de baja calidad producidos por trabajadores y trabajadoras sin derechos y que obliga a agricultores europeos a elegir entre estándares de calidad o rendirse directamente y bajar esa calidad, para que no siga perjudicando a nuestro campo español? ¿Qué medida tiene usted en cartera, o qué medida tiene el señor Planas, que debería estar hoy aquí, para garantizar que la ley de la cadena alimentaria se cumple, que los poderes autonómicos rebeldes y las triquiñuelas de las grandes distribuidoras no intentan dejar en papel mojado lo que esta Cámara aprobó, la ley de la cadena alimentaria, para proteger a los agricultores? A nosotros nos gustaría que hoy nos contestara a todas estas cuestiones, que creo que se pueden reducir a una más sencilla, y es de qué lado está este Gobierno, si de los trabajadores del campo y de los agricultores o si va a seguir del lado de los fondos de inversión internacionales.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta.

Señoría, tras escuchar su intervención, lo primero que quiero transmitirles a usted y a su grupo con meridiana claridad y contundencia es que el Gobierno de España está solucionando los problemas de la gente y está desplegando un amplio conjunto de medidas y recursos en favor del campo español y de sus trabajadores como nunca se ha hecho con anterioridad. Lo hacemos por convicción, por responsabilidad y también por un compromiso firme con el sector agroalimentario. No se concibe otro camino distinto que no sea el de apoyar permanentemente los intereses del campo español, los intereses de sus trabajadores y también de sus empresas. No tengan duda, España es y va a seguir siendo una potencia agroalimentaria mundial. Somos todos conscientes de que el campo español y también el europeo están viviendo una transformación de lo que se produce y de cómo se produce. Lo saben bien los trabajadores del campo españoles —260 000 agricultores por cuenta propia y más de 520 000 por cuenta ajena—, lo saben bien las comunidades autónomas y lo sabe bien el Gobierno de España. La cuestión de fondo es conseguir una producción sostenible de alimentos haciendo compatible sostenibilidad y rentabilidad.

Es cierto que hay dos cuestiones que es preciso afrontar, y lo estamos haciendo. Por un lado, desde el Gobierno, ayudando a los pequeños y medianos agricultores en ese equilibrio necesario entre los dos componentes que le acabo de mencionar y también haciendo un esfuerzo por proporcionar alimentos de calidad a buen precio y que eso esté más reconocido por la ciudadanía. El Gobierno de España siempre ha defendido que la única posibilidad de llevar a cabo este tránsito a la sostenibilidad en la producción de alimentos es con los agricultores y ganaderos al lado. Precisamente este lunes, en la reunión de ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, el ministro Planas ha propuesto un gran pacto rural para que nuestro campo tenga el reconocimiento económico, pero también el reconocimiento del conjunto de la sociedad, un pacto que se asiente sobre el incremento de la productividad y la innovación en la agricultura, el mantenimiento de la renta de los trabajadores del campo, que evite oscilaciones bruscas de los mercados agrarios y facilite la seguridad alimentaria de los ciudadanos a un precio razonable.

Es importante señalar también que la Comisión Europea ha aceptado esta semana eliminar los controles de la condicionalidad por la alta carga burocrática que implican para las explotaciones de menos de 10 hectáreas de superficie, tal y como viene insistiendo el Gobierno de España, una medida que beneficia, señoría, al 55 % de los agricultores españoles que perciben ayudas de la PAC, unos 345 000.

El Gobierno de España, con su impulso en el debate comunitario, logró que se incluyese por primera vez la perspectiva de género en la PAC, lo que permite establecer importes adicionales para impulsar el papel de las mujeres en las actividades agrarias. En concreto, el pago complementario a jóvenes que se instalan en la actividad agraria tendrá un 15 % más si son mujeres. También por primera vez se ha incorporado a la PAC la dimensión social. Eso significa que quienes incumplan la normativa existente en esta materia tendrán una penalización de las ayudas de la PAC. España, atendiendo la importancia en nuestro sector de la presencia de asalariados, ha querido hacerlo desde este año, adelantando un año esa obligatoriedad prevista en el reglamento.

Este conjunto de objetivos y acciones concretas lo estamos llevando a cabo —‌y es en lo que está, señoría, el ministro Planas de manera constante― de la mano del diálogo y del acuerdo con el sector, en un proceso de acompañamiento en los mercados, en las instituciones y en todos aquellos foros que se consideren necesarios para defender el sector primario. Lo hicimos en 2020, dando respuesta a la práctica totalidad de sus reivindicaciones, y lo seguimos haciendo al trabajar en una hoja de ruta que responda a lo que pide el sector, como es la simplificación administrativa, la flexibilización de la PAC o la mejora en la aplicación efectiva de la nueva ley de la cadena alimentaria.

Señorías, es bueno que nuestro país sea el séptimo país exportador mundial, con más de 70 000 millones de euros en exportaciones agroalimentarias y un saldo comercial positivo de cerca de 15 000 millones de euros. Es bueno porque las exportaciones, junto con las ventas en el mercado nacional, se trasladan a la economía de nuestros sectores: a industrias, a cooperativas, a agricultores y a ganaderos. En buena parte gracias a esta capacidad exportadora, la renta agraria en España se ha visto incrementada un 11,1 % el pasado año, principalmente en el medio rural, siendo un elemento esencial para vertebrar y cohesionar nuestro país.

Es importante mencionar en esta interpelación, señoría, todos estos elementos, porque también influyen e influirán en las condiciones de los trabajadores del campo, que es lo que reza el título de la interpelación, y en la manera de gestionar las distintas áreas del sector primario. En este contexto, y gracias también al apoyo que tuvimos de su partido en la pasada legislatura, fuimos capaces —‌ya lo ha mencionado usted—, entre otras cosas, de incrementar el salario mínimo interprofesional para trabajadores y trabajadoras, cuyos principales beneficiarios fueron los trabajadores del campo, las mujeres y los jóvenes, y lo hicimos para alcanzar ese compromiso del 60 % del salario medio en España. Señoría, lo sabe bien, hemos incrementado un 54 % el SMI desde junio de 2018, de 736 a 1134 euros en este año, lo que nos ha permitido avanzar en la reducción de brechas retributivas existentes. Hoy podemos hablar de una reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres de un 25 % en los últimos cinco años.

En el ámbito laboral se han desplegado distintas acciones para velar por el cumplimiento de los derechos sociales. Cada año se ponen en marcha campañas sistemáticas de lucha contra la explotación en el ámbito agrario para comprobar, entre otras cosas, que no existan condiciones de trabajo en el campo español que estén al margen de la ley. Modificamos la ley de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para incorporar, entre las competencias de los inspectores, la posibilidad de vigilar las condiciones de residencia de los temporeros y jornaleros, particularmente en la Comunidad de Andalucía —‌ahora hay una vigilancia más estrecha de la situación de los alojamientos puestos a disposición de los jornaleros en el campo—. Lo hicimos, en concreto, mediante el artículo 5 de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, que modificó el artículo 19 a) de la Ley 23/2015, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para prever expresamente que la actuación de la Inspección de Trabajo se podrá ejercer también en locales, viviendas u otros lugares habilitados, aun cuando no se encuentren en las empresas, centros y lugares de trabajo en los que se ejecute la prestación laboral, en los que residan, se alojen o puedan permanecer los trabajadores por razón de su trabajo en sus periodos de descanso y hayan sido puestos a disposición por el empresario, en cumplimiento de una obligación prevista en norma legal, convenio colectivo o contrato de trabajo.

También se ha impulsado la modificación del reglamento de extranjería para asegurar que las contrataciones en origen se realicen a través de contratos fijos discontinuos, garantizando, por tanto, el derecho a llamada y calidad en el empleo. Asimismo, frente al argumento de que no era posible garantizar la estabilidad en el empleo agrario, la reforma laboral ha conseguido que la mayoría de contratos del sector agrícola sean actualmente por tiempo indefinido. De hecho, es justamente en este sector, junto con el de la construcción, donde más ha crecido la contratación indefinida: el 51,2 % de los contratos registrados en la agricultura en el año 2023 han sido indefinidos. Ello ha permitido reducir la tasa de temporalidad 17 puntos en el sector desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Adicionalmente, se han llevado a cabo actuaciones contra los golpes de calor, así como la modificación de la legislación para imponer a los empresarios del sector la obligación de alterar la jornada en situaciones de temperaturas extremas, lo que afecta especialmente a los trabajadores del campo. Así, mediante el Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, se modificó el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, para introducir una disposición adicional única relativa a las condiciones ambientales en el trabajo al aire libre, para proteger a las personas trabajadoras frente a cualquier riesgo de fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo las temperaturas extremas.

También es conveniente recordar que, a primeros de este mes, en el Consejo de Ministros acordamos trasponer una directiva europea relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles, lo que supone un paso más en la lucha contra la precariedad laboral. La norma exige que la empresa haga constar por escrito todas las condiciones de la relación laboral: la duración del contrato, el tipo de jornada, la distribución horaria, los registros, el salario y también la duración del periodo de prueba. Esto se traduce en que no se van a poder modificar las jornadas laborales en contratos a tiempo parcial. Lo digo por aquellos que utilizan como instrumento este irregular modo de proceder para bajar salarios.

La directiva también establece que la negociación colectiva no puede empeorar las condiciones laborales de los empleados y que la vulneración de cualquiera de las normas traspuestas conlleva la transformación automática de contratos en indefinidos a tiempo completo. Como resultado de los avances normativos que se han ido aprobando, hoy los trabajadores del campo tienen un grado de protección mayor. Nuestro propósito como Gobierno es dar continuidad a la vida laboral de aquellos trabajadores que el campo necesita, facilitando la posibilidad de su formación y especialización en las tareas agrícolas, acciones todas ellas orientadas, señoría, a la revitalización del campo español.

En definitiva, hemos impulsado un conjunto de medidas que ponen en el centro de nuestras políticas a los trabajadores y a las trabajadoras del campo. Se puede hacer más y lo vamos a hacer, pero el camino que hemos recorrido junto con el sector nos avala para seguir tomando decisiones con un sector primario sostenible, competitivo y con derechos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Poco o nada ha dicho en su intervención, señora ministra, sobre la situación de la concentración de la propiedad de la tierra en España. Igual a usted esto le suena como una cosa antigua, como una cosa del siglo XIX, y en parte tiene razón porque la concentración de la tierra que vivimos en España todavía es propia de sistemas económicos decimonónicos. El problema es que los apellidos de los propietarios de la tierra actualmente en España también son los del siglo XIX. Probablemente, usted piense que su Gobierno no puede hacer nada, que es el mercado, amigos, pero resulta que en mi intervención me he dejado un grandísimo propietario de suelos agrícolas que también hay que tener en cuenta. No es nada comparado con los grandes fondos de inversión ni con los grandes buitres, pero es importante. La Sareb mantiene en su cartera de terrenos, en este caso, un volumen cercano a 4000 hectáreas; estamos hablando de terrenos rústicos cultivables. Por eso, yo le quiero hacer una propuesta consecuencia de esta interpelación: ¿por qué, señora ministra, no planteamos que ese suelo sirva para fomentar la producción agrícola cooperativa sostenible y que genere empleo de calidad? Es algo que creo que podemos hacer de forma relativamente sencilla. Le invito a que nos pongamos a ello. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Por otra parte, se ha hablado de la cadena alimentaria, de la ley de cadena alimentaria y de las inspecciones contra la explotación laboral que se están llevando a cabo en el campo. Usted lo ha puesto como un gran récord, pero el problema es que los datos nos están diciendo otra cosa. El año pasado, la AICA hizo solo 949 inspecciones y se impusieron solo 161 sanciones en todo el país, en un sector que hay que recordar que tiene más de 750 000 trabajadores y trabajadoras. Usted nos dice que se han reforzado esas inspecciones, pero es lo mismo que lleva diciendo los cuatro últimos años el señor Planas, y la verdad es que se han reforzado más bien poco. Francia ha movilizado un cuerpo de 150 inspectores y ha hecho 1400 controles en las últimas semanas. ¿Cuántas inspecciones va a hacer la AICA en España? ¿Con cuántos inspectores y en qué plazo?

Nuestros agricultores quieren que pasemos ya de las palabras a los hechos, y para eso también hay que pensar qué hacemos con las comunidades rebeldes que no quieren aplicar la ley; me refiero, sobre todo, a las comunidades donde gobierna la derecha, el Partido Popular. Por ejemplo, en la Región de Murcia ―yo soy diputado por la Región de Murcia― la Consejería de Agricultura hizo en el año 2023 tres controles. Solo tres.

Produce también perplejidad cuando se oye al señor Planas hablar de competencia desleal. Pero es que, señora ministra y señorías del Partido Socialista, en el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones ustedes hablaban de reforzar la cooperación con América Latina, que siempre está bien, es el continente hermano, pero lo reducían a apoyar la conclusión de los acuerdos comerciales en marcha: Chile, México, Mercosur. También la derecha, esto no es una cosa solamente del Partido Socialista. En el programa del Partido Popular se podía leer: lideraremos los esfuerzos europeos para la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur y la modernización de los acuerdos de libre comercio con México y Chile.

Hoy hemos visto un ejercicio de retórica, pero los programas están ahí y su apuesta sigue siendo por el libre comercio. Yo no sé si usted tiene algún mensaje para los agricultores, para los trabajadores del campo, sobre si se van a revisar esos acuerdos de libre comercio. Porque ponernos a competir con países que no respetan los mismos controles ambientales, los mismos derechos laborales que tiene que cumplir el campo español, desde luego, no resulta sostenible a largo plazo. Eso tiene un nombre, se llama deslocalización y, desde luego, nuestra fuerza, que es una fuerza abiertamente antineoliberal, va a seguir luchando contra ello. Nosotros somos un partido surgido del 15 M, pero también nos consideramos herederos del movimiento antiglobalización, y creemos que la única globalización que piden nuestros agricultores y los trabajadores del campo es la globalización de los derechos de los trabajadores y no los de la miseria y la explotación.

Nada más y muchas gracias.

Gracias, presidente.

Señoría, este Gobierno progresista ha trabajado, trabaja y trabajará para asegurar la viabilidad futura del sector primario y de sus trabajadores y trabajadoras. Mire, me habla de ejercicio de retórica y lo que no vamos a hacer es decir una cosa en esta tribuna y hacer lo contrario cuando hay que votar diferentes propuestas que verdaderamente cambian el día a día de los trabajadores y trabajadoras del campo. Precisamente, señoría, la indispensable reducción de las peonadas, la ostensible mejora de la renta y el subsidio agrario en Extremadura y Andalucía o la incorporación al mismo de los trabajadores eventuales agrícolas del resto de España es lo que quedó sin efecto cuando ustedes, frente al consenso alcanzado, votaron en contra de la convalidación del Real Decreto Ley 7/2023. Con sus votos, derogaron el conjunto de medidas de mejora en el empleo y en la protección social de los trabajadores y trabajadoras del sector agrario. Sí, señoría. Por eso, su grupo tiene responsabilidad directa en que hoy los jornaleros de Extremadura y Andalucía tengan que justificar treinta y cinco peonadas en lugar de diez (aplausos); en que el acceso al paro agrario resulte mucho más costoso y en que, en consecuencia, los trabajadores del sector no puedan disfrutar hoy de las mejoras de la renta y de subsidios agrarios. También ese voto en contra impidió que el resto de las personas trabajadoras eventuales agrícolas pudieran beneficiarse del subsidio de desempleo del que ahora están nuevamente excluidas, y que las indiscutibles mejoras en la protección del desempleo de los trabajadores fijos discontinuos no beneficien hoy directamente a los trabajadores del campo.

Ustedes cometieron un tremendo error votando en contra de ese Real Decreto Ley 7/2023; con sus votos rechazaron hasta quince avances en derechos laborales y sociales. Sí, señor Sánchez Serna, es imposible entender la posición que tuvo Podemos alineándose con el Partido Popular y con VOX para rechazar medidas positivas para trabajadores vulnerables, aquellos que por distintas circunstancias perciben subsidios o aspiran a recibir un mínimo de protección desde lo público. Dejaron ustedes caer la unificación de la protección por desempleo de las personas trabajadoras eventuales agrarias. Unieron sus votos al Partido Popular y VOX para impedir el reconocimiento del derecho al subsidio por desempleo de esos trabajadores, señorías. Con su voto en contra también permitieron que hoy continúen las restricciones existentes sobre la duración de la prestación contributiva, sobre el cómputo recíproco de periodos de cotización de ocupación cotizada como eventual agrario para el acceso al subsidio por desempleo, por haber tenido cotizaciones insuficientes. Con su voto en contra impidieron establecer medidas complementarias de reordenación del subsidio agrario y de la renta agraria. Con su voto en contra impidieron reforzar la garantía de acceso al plan personalizado que facilite el acceso al empleo y la mejora de la empleabilidad de las personas beneficiadas del subsidio. Quizás por ese gran error, señorías, hoy traen ustedes esta interpelación a este Pleno. Da la sensación de que quizás están más preocupados por maquillar su error que por ser útiles al sector primario. Cuando ustedes pudieron serlo, no lo fueron por intereses que nada tienen que ver con quienes cada día vuelcan su mejor trabajo para hacernos llegar los mejores productos.

Desde el Gobierno vamos a seguir trabajando en la simplificación administrativa de la mano de las comunidades autónomas y del sector. Vamos a fortalecer la aplicación de la ley de cadena alimentaria, porque es una buena ley y un ejemplo que quieren seguir muchos países europeos. Señorías, este Gobierno reconoce la importancia estratégica del sector agroalimentario. Estamos a su lado, lo escuchamos, compartimos los diagnósticos y también las soluciones. Somos un país referente en la producción de alimentos de valor añadido y lo vamos a seguir siendo. Vamos a continuar la promoción de nuestros alimentos a través de nuestra enseña «Alimentos de España», mediante acciones de promoción en nuestro país, de la Unión Europea y en terceros países, en colaboración con el ICEX. Vamos a continuar trasladando a los mercados internacionales el valor de nuestra alimentación, basada en la sostenibilidad, en la calidad y en la rentabilidad. Esos son los valores que queremos transmitir porque nos representan y porque creemos firmemente en todo lo que aportan a nuestro Estado del bienestar. Y lo estamos haciendo con mejores condiciones para trabajadores y trabajadoras del campo, que son parte esencial del sector primario.

Muchas gracias. (Aplausos).