¿Ha realizado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes alguna actuación ante el Comité Europeo de Derechos Sociales para interferir en la resolución de la reclamación de UGT y CCOO que pretende conseguir indemnizaciones realmente reparadoras y disuasorias en los despidos sin causa?

Bon dia, senyor ministre Bolaños. Fa dos anys la UGT va presentar una denúncia als tribunals europeus en la qual diu que actualment l’Estat espanyol, la seva legislació laboral, no compleix amb la Carta Social Europea en el sistema d’indemnitzacions pels acomiadaments injustificats a Espanya. Arran de la denúncia, el Comitè Europeu de Drets Socials va admetre a tràmit aquesta denúncia el juliol de 2023 i estava prevista la resolució el novembre passat. No obstant això, hem rebut una informació preocupant i contrastada per part dels sindicats majoritaris sobre possibles moviments per part de la gent espanyola en el comitè, que depèn directament del ministre de Justícia, per retardar i influir en aquesta decisió. I això sí que seria greu. El sistema actual d’indemnitzacions per acomiadaments, repeteixo, injustificats i improcedents a Espanya no és just, amb una indemnització màxima de 33 dies de salari per any treballat. Molts treballadors i treballadores reben compensacions inadequades que no consideren factors com l’edat, la situació econòmica familiar o l’impacte en la seva carrera professional. Per tant, la meva pregunta és la següent i concreta: què farà el Govern per garantir indemnitzacions justes i restablir els drets dels treballadors i treballadores acomiadats sense causa? Com assegurarà aquest Govern que Espanya compleix amb la normativa de la Carta Social Europea i no intervé per influir en les resolucions del Comitè Europeu de Drets Socials? Aquesta seria la pregunta. Gràcies.

Buenos días, señor ministro Bolaños. Hace dos años la UGT presentó una denuncia en los tribunales europeos en la cual se lee que actualmente en el Estado español su legislación laboral no cumple con la Carta Social Europea en el sistema de indemnizaciones en despidos injustificados en España. A raíz de la denuncia, el Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido a trámite esta denuncia en julio de 2023 y estaba prevista la resolución en noviembre pasado; pero hemos recibido una información preocupante contrastada por parte de los sindicatos mayoritarios acerca de posibles movimientos por parte de la gente española del comité que depende directamente del ministro de Justicia para tratar de influir en esta decisión, y esto sí que sería grave.

El sistema actual de indemnizaciones por despidos —r‌epito— injustificados e improcedentes en España no es justo. Con una indemnización máxima de 33 días de salario por año trabajado, muchos trabajadores y trabajadoras reciben compensaciones inadecuadas que no consideran factores como la edad, la situación económica familiar o el impacto en su carrera profesional.

Mi pregunta es la siguiente. Concreto: ¿qué hace el Gobierno para garantizar indemnizaciones justas, restablecer los derechos de trabajadoras y trabajadores despedidos sin causa?, ¿cómo asegurará el Gobierno que España cumple con la normativa de la Carta Social Europea y no interviene para influir en las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales? Esta es la pregunta.

Gracias.

Gracias, señora presidenta.

Fíjese si el Gobierno respeta la Carta Social Europea, que ha sido este Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez, el que ha ratificado la carta social después de veinte años desde que se acordó. Por tanto, aquí no hay ninguna duda de que nosotros hacemos nuestra esa carta social. Y no solo hacemos nuestra la ratificación del instrumento internacional, sino que también cumplimos sus mandatos. Imagínese, por ejemplo, con el salario mínimo interprofesional. Las subidas para que se parezca el salario mínimo en España al 60 % del salario medio es un mandato de la Carta Social Europea que este Gobierno ha hecho como una política propia y, por tanto, el respeto es absolutamente indiscutible.

Le digo que no hay absolutamente ninguna interferencia con la labor que está haciendo el comité europeo en este momento. Lo que queremos garantizar es la plena legitimidad de la decisión que se adopte. Y, por nuestra parte, desde luego, estamos esperando que se produzca esa decisión del comité europeo para que se aclare la cuestión que está planteada por los sindicatos mayoritarios. Le insisto que no solo respetamos la Carta Social Europea, sino que la cumplimos y, por supuesto, lo que deseamos es que cuanto antes el comité europeo resuelva la cuestión y sepamos todos cuál es su criterio.

Gracias.

Senyor ministre, no discutíem el tema del salari mínim interprofessional, que vam votar a favor, estàvem parlant del tema dels acomiadaments improcedents que sap vostè que no compleixen la Carta Social Europea. No la compleixen, en aquest punt no la compleixen.

Llavors, el que nosaltres simplement li demanem és que la compleixin i fins i tot que s’estalviïn ser condemnats judicialment una vegada més pel Tribunal Europeu. I això és molt senzill, proposin aquí una llei, com ja vam fer una interpel·lació amb la ministra Díaz, a la qual va votar a favor, de fer una llei en la qual realment es compleixi aquesta Carta Social Europea quant a les causes i quant als preu dels acomiadaments, que sigui reparador i que sigui dissuasiu. És molt senzill, portin una proposta aquí i estalviem la sentència. Crec que estarem d’acord, crec que tindríem un consens absolut d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

Señor ministro, no discutía el tema del salario mínimo interprofesional —v‌ otamos a favor—; hablábamos de los despidos improcedentes. Sabe usted que no cumplen la Carta Social Europea, en este punto no la cumplen. Entonces, nosotros sencillamente le pedimos que la cumpla e incluso que se ahorren ser condenados judicialmente una vez más por el tribunal europeo. Esto es muy sencillo. Propongan aquí una ley, como ya se hizo con una interpelación al ministerio de Díaz, a favor de hacer una ley en la que realmente se cumpla esta Carta Social Europea en cuanto a las causas y en cuanto a los despidos, que tienen que ser reparadores y disuasorios. Es muy sencillo: traigan aquí una propuesta, ahorremos la sentencia, porque —‌estaremos de acuerdo— creo que habría consenso absoluto en esta Cámara.

Muchas gracias.

Gracias, señora presidenta.

Tengo que discrepar con usted en un punto. El Gobierno de España, el Reino de España cumple por completo la legislación europea en materia laboral. De hecho, de la cuestión de la que estamos hablando —‌le hablo de memoria— creo que únicamente se ha resuelto en dos países, en Francia y en Finlandia. Es decir, no existe una normativa europea que sea obligatoria para que nuestro Gobierno tenga que adoptar ninguna decisión de una modificación legislativa, por ejemplo. Vamos a ver qué resuelve el comité europeo y, a partir de ahí, vamos a ver qué dicen los tribunales españoles y qué se deriva de esa decisión.

También le quiero aclarar que el instrumento más potente, más poderoso que tiene este Gobierno para hacer legislación laboral es el diálogo social, del que la mejor muestra es la reforma laboral, que ha conseguido reducir la temporalidad. Sí, ya sé que ustedes votaron en contra, pero es una herramienta que ha conseguido rebajar la temporalidad a límites históricos, ha conseguido que España tenga el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de su historia y ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres. Eso se consiguió gracias al diálogo social. No contó —l‌amentablemente— con su voto favorable, pero no hay ninguna duda de que la reforma laboral ha sido buena para los trabajadores y trabajadoras en este país. (Aplausos).