Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la reforma del procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Muchas gracias, señora presidente. Esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario VOX va dirigida a reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y, en concreto, a modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Recordarán que la semana pasada, también desde esta tribuna y en nombre del Grupo Parlamentario VOX, pude defender una interpelación urgente al ministro de Justicia precisamente para instarle a que nos explicase qué medidas, qué actuaciones iba a llevar adelante para garantizar la independencia del Poder Judicial. Pues bien, en coherencia, nuestro grupo trae hoy a esta Cámara una proposición de ley que tiene precisamente la finalidad de lograr que exista una verdadera garantía en cuanto a la injerencia de los partidos políticos en el tercero de los poderes del Estado, en el Poder Judicial. Esto, como recordarán, proviene de un mandato y, si me apuran, del espíritu de la propia Constitución, en la medida en que países de nuestro entorno, como Francia o Italia, tras la Segunda Guerra Mundial decidieron crear órganos que fuesen garantía de la independencia del Poder Judicial frente a las injerencias, intromisiones y presiones de los poderes políticos, más concretamente de los partidos políticos. Lo hicieron con las llamadas magistraturas o consejos de magistratura. En España fue, como recordarán, el artículo 122.2 de la Constitución el que instauró la creación de un consejo general del Poder Judicial, estableciendo cómo sería su composición, cómo se seleccionaría a sus vocales, qué funciones básicas tendría y cuál sería su duración. Se hizo un esfuerzo constitucional por concretar y determinar cómo habría de ser ese consejo; se estableció que la duración del mandato sería de cinco años y que tendría veinte miembros, y se quiso expresamente establecer y regular cómo sería el nombramiento de ocho de esos vocales, precisamente de los vocales que habrían de ser elegidos por los partidos políticos, es decir, por los partidos que conforman el arco parlamentario, el Congreso y el Senado —‌cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado— y que habría de ser por mayoría de tres quintas partes, dejando expresamente señalado que los doce restantes —y‌ esto es importante—, la mayoría de ese consejo, sería reservado a una ley orgánica. Vamos a decirlo de otra manera. Si el constituyente hubiese querido que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial hubieran sido elegidos por los partidos políticos, habría dicho algo tan sencillo como: formado por veinte miembros, diez elegidos por el Congreso y diez elegidos por el Senado. ¿Por qué hizo precisamente esa reserva de ley orgánica después de haber detallado de manera concreta y precisa la elección de los ocho provenientes de elección de partidos? Precisamente porque lo que quería evitar era lo que desgraciadamente ha ocurrido, es decir, que el cien por cien, que la mayoría, la inmensa mayoría, la totalidad sean elegidos por los partidos políticos. Solamente la ley de 1980, orgánica del Poder Judicial, respetó ese mandato y ese espíritu constitucional. Fue la única ley que tuvo claro que debían elegirse esos doce vocales por y entre jueces y magistrados y que tenía que hacerse respetando esa separación entre los que venían de un origen de partidos políticos y los que venían de un origen judicial. Pero en 1982, desgraciadamente para España, ganó las elecciones por mayoría absoluta el Partido Socialista. Esa ley de 1980 llevaba solo dos años, pero no les gustó que hubiera un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial que pudiese actuar, que pudiese poner freno a las fechorías y a las corruptelas del Partido Socialista. Por eso, en 1985, antes de terminar su mandato, aprobó esa ley orgánica que rompía ese principio constitucional de separación entre los vocales, ocho de origen de los partidos y doce mayoritarios de origen judicial. Las reformas posteriores del Partido Popular fueron, como tantas cosas del Partido Popular, puro maquillaje frente a la galería. En 2001 hicieron una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que establecían que treinta y seis de los candidatos habrían de ser elegidos por asociaciones judiciales, es decir, precandidatos preseleccionados. No había en modo alguno una elección libre, directa, secreta e igual por parte de jueces y magistrados, sino que las asociaciones

—‌todos conocemos cómo son las asociaciones: conservadoras, progresistas, nacionalistas, independientes, más de izquierda, menos de izquierda, pero todas adscritas a un partido político— eran quienes iban a preseleccionar a los candidatos. En 2013, nueva reforma maquillaje del Partido Popular, en la que dijo: Bueno, ahora van a ser los avales; van a ser avales que pongan las asociaciones o avales que pongan los jueces.

En definitiva, una vez más, el bipartidismo del PP-Partido Socialista: siempre unidos contra la independencia del Poder Judicial, siempre unidos por el control por los partidos del Consejo General del Poder Judicial y siempre unidos para controlar los nombramientos que provienen de ese Consejo General del Poder Judicial, porque si controlan los nombramientos del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, de las audiencias provinciales y de la Audiencia Nacional, están evitando verse sentados en el banquillo cuando no les interesa. (Aplausos). En definitiva, el bipartidismo PP-PSOE sabía que era absolutamente imprescindible controlar el Consejo General del Poder Judicial. Además, se daba la aberración de que eran gobiernos que dependían, para poder mantener esa gobernabilidad, del apoyo necesario de los separatistas, es decir, de aquellos que odian la soberanía nacional, que odian el fundamento de la Constitución, es decir, el artículo 2, que es precisamente la indisoluble unidad de la nación española. Desde entonces, los miembros de ese Consejo General del Poder Judicial han tenido un sello descaradamente político, aunque lo intenten disimular.

Hay una auténtica colonización por parte del poder político sobre el judicial. Hay una frase que se ha repetido muchas veces desde esta tribuna y muchas veces en los medios de comunicación; es la de todos aquellos que se escandalizan, que se rasgan las vestiduras diciendo: Es que quieren judicializar la política. Lo habrán escuchado, ¿verdad? Hasta parece que suena bien: Tenemos que evitar que judicialicen la política. ¿Qué quieren decir con eso? Quieren decir que no quieren que el Poder Judicial haga su trabajo: que pueda investigar, que pueda procesar, que pueda sentar en el banquillo, que pueda juzgar y que pueda condenar a toda esa colección de políticos que cometan ilegalidades, malversación de fondos públicos, desobediencia, corruptelas, tráfico de influencias… Eso es lo que han querido evitar al decir: No podemos permitir que se judicialice la política. ¡Y lo dicen los mismos que no tienen ningún empacho en politizar la justicia metiendo a sus peones en el Consejo General del Poder Judicial y en los órganos del Estado! (Aplausos). Son los mismos que quieren controlar al Poder Judicial.

En julio de 2022, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa similar a esta. El Partido Popular, como siempre, se puso de perfil y se abstuvo; como también se abstuvo, por cierto, cuando nuestro partido presentó una reforma de la Ley de Partidos Políticos, precisamente, para evitar que los partidos golpistas, los partidos separatistas, los partidos bilduetarras pudieran estar en la sede de la soberanía nacional, para poder tener mecanismos de ilegalización de todos aquellos que odian el respeto a la soberanía nacional, a la Constitución y, por supuesto, a la unidad de España. ¿Ahora en qué está ese bipartidismo del PP-PSOE? Pues tratando a España como a una colonia y decidiendo que el reparto de cromos, como no se ponen de acuerdo, lo va a hacer un mediador internacional. Y allá que se van a la Unión Europea y le piden al comisario de Justicia a ver si les echa un cable en el reparto de cromos, en el reparto de fichas. Una vez más, muestran el desprecio más absoluto a la soberanía nacional; una vez más, el desprecio más absoluto a la independencia pericial. (Aplausos).

Y a todo esto, ¿en qué consiste la proposición de ley que trae a esta Cámara nuestro grupo? Alguno diría que es una proposición muy facha, muy ultra; yo les digo que es la proposición más conforme con la Constitución, más conforme con un espíritu democrático y más respetuosa, mejor dicho, la única verdaderamente respetuosa para evitar la injerencia de cualquier partido político —d‌e cualquiera, incluyendo a VOX— cuando esté en el Gobierno o cuando tenga mayorías parlamentarias. Porque VOX propone que esos doce miembros sean elegidos por y entre jueces y magistrados de todas las categorías, en una circunscripción única de toda España, y que lo hagan con un voto personal, individual, secreto, igual, sin interferencias de partidos políticos, de cuotas, de avales o de asociaciones; que lo haga libremente cada juez, cada magistrado, como estableció la Constitución, que hizo esa reserva de ley. Y, además, para evitar contaminaciones, que no puedan ser nunca vocales quienes hayan pertenecido en los cuatro últimos años a listas electorales de ningún partido o hayan estado en la legislatura anterior en una asamblea legislativa de una comunidad autónoma, en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento Europeo o en una corporación local o que, por ejemplo, hayan ocupado altos cargos en el Estado. Con eso, sin duda, evitaríamos que hubiera contaminación de ningún candidato.

En definitiva, y con esto quiero terminar, lo que está en juego no es simplemente una parte pequeña de una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial; lo que está en juego —‌y me gustaría ser capaz de subrayarlo— cuando hablamos del modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es nada menos que evitar injerencias políticas en el órgano que va a llevar a cabo, como he dicho antes, los nombramientos de las altas magistraturas de la justicia, es preservar el Poder Judicial. Si ese órgano, el Consejo General del Poder Judicial, está controlado, están controlados los magistrados del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional; si están controlados los magistrados, están controlados los procesos judiciales, y si están controlados los procesos judiciales, hay una sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Si eso ocurre, no hay división de poderes (aplausos); si no hay división de poderes, no hay independencia judicial; si no hay independencia judicial, no hay Estado de derecho, y si no hay Estado de derecho, señores del Partido Socialista y señores del Partido Popular, no hay democracia. Es así de sencillo. Una reforma como esta significa preservar la democracia, el Estado de derecho, la división de poderes, la independencia judicial y, en definitiva, la libertad de todos los españoles frente a las injerencias de los partidos políticos.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, señora presidenta. Debatimos una vez más en esta Cámara el procedimiento de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, singularmente los de procedencia judicial. Esta vez, a la luz de una iniciativa de VOX y con un contenido que tampoco es novedad. El mismo, en buena medida, es el que ya debatimos en sesión plenaria la legislatura pasada, en mayo de 2021, con ocasión de una enmienda de totalidad con texto alternativo que presentó a una proposición de ley de los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos, de modificación del régimen jurídico del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentra en funciones. En esa enmienda, VOX pretendía básicamente volver al modelo de elección de 1980. Nuestro grupo parlamentario, el grupo del Partido Nacionalista Vasco, votó en contra y, señorías de VOX, no ha cambiado ninguna circunstancia para que cambiemos nuestro sentido del voto. Por cierto, señorías, no es sostenible en modo alguno, a la luz de las diversas sentencias del Tribunal Constitucional sobre el asunto que debatimos, que, como se afirma de manera categórica en el apartado 2 de la exposición de motivos de la iniciativa que hoy se ha repetido en la tribuna, sea evidente que el texto constitucional excluye para los vocales de origen judicial la forma parlamentaria de elección; sin desconocer la controversia surgida a partir de 1985, cuando se reformó el procedimiento de designación de los vocales de procedencia judicial, que tenía vigencia desde 1980, al convertirlos en vocales de plena designación de las Cortes, a propuesta de un número de electos por el propio Poder Judicial. Es una controversia que ha tenido y tiene continuación hasta nuestros días a través, singularmente, de las confrontaciones internas en el seno del consejo, que se deben a que las asociaciones judiciales y sus propuestos representan y se asocian en torno a las mismas tendencias y corrientes ideológicas existentes en la sociedad. Esta controversia en torno al modo de elección de los vocales de procedencia judicial tiene manifestación sistémica en los recurrentes bloqueos que en este Congreso y en el Senado se han sucedido cuando el Partido Popular se encuentra en la oposición, tal y como sucede hoy en día y desde hace ya más de cinco años, con las más variadas —t‌enemos que decirlo— y cambiantes motivaciones, aunque todas, a nuestro juicio espurias. Señorías, ya hemos señalado en múltiples ocasiones ante este Pleno que en los distintos modelos judiciales de nuestro entorno el poder político interviene o en los nombramientos judiciales o en los órganos que los nombran y gobiernan, es decir, el Poder Judicial. Ejemplo de lo primero son los Estados Unidos y el modelo continental europeo, y del segundo, es decir, ese en el que el poder político interviene en los órganos que nombran a los jueces y gobiernan el Poder Judicial, son los países con consejo de magistratura, en los que el Legislativo y el Ejecutivo están ausentes del proceso de elección de los jueces, si bien intervienen en la elección de estos consejos. Por ello, no compartimos, al menos inicialmente, volver al sistema de elección de los vocales de procedencia judicial de 1980. Consideramos que mantener el nombramiento parlamentario no menoscaba la mejor garantía de independencia, según ha manifestado el mismo Tribunal Constitucional, y que, además, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano de dimensión constitucional e indudable significación, por lo que no ha de considerarse incoherente, desde los contrapesos de todo modelo constitucional y del Estado social y democrático de derecho, compensar el poder que se entrega a los jueces, que son mayoría dentro del consejo, con el contrapeso que supone la designación parlamentaria, que en nuestro modelo, además, es compartido con la carrera judicial a través de propuestas de vocales judiciales que elevan a la Cámara para su nombramiento.

Tampoco es admisible —y‌ voy finalizando, presidenta— que el injustificable bloqueo que se vive en la renovación del Consejo General del Poder Judicial se erija en criterio para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial al modo de una profecía autocumplida, cuando se afirma que algo no funciona al tiempo que se generan las condiciones para que no funcione, sin perjuicio, señoría —y‌ finalizo—, de nuestra disposición a considerar los avances sobre esta cuestión a que pudiera llegarse fruto de los buenos oficios del comisario de Justicia de la Unión Europea, el señor Reynders.

Nada más y muchas gracias.

Moltes gràcies, presidenta, molt bona tarda. Senyories, avui toca debatre per enèsima vegada el sistema judicial d’aquest Estat. Aquest és un tema que els representants polítics comentem tan sovint que em fa la sensació, sense por d’equivocar-me, que ja no provoca ni tan sols indignació a la mateixa ciutadania; únicament mandra, de ben segur, cansament, apatia i, sens dubte, això no és mai una bona notícia.

En aquesta ocasió és el grup de l’extrema dreta qui presenta una proposició de llei al respecte i, bàsicament, aquesta proposició de llei planteja dues idees. La primera… Dues idees, deixin-m’ho dir també, molt simples. La primera, que el Partit Popular i el Part Socialista Obrer Espanyol han jugat amb la majoria o amb les majories del Consell General del Poder Judicial durant dècades i ho han fet per interessos purament partidistes. La segona idea, també una idea simple: que si els jutges i els magistrats espanyols poguessin regir-se per si mateixos, poguessin escollir qui els governa, poguessin escollir amb quins processos, etcètera, seria perfectament net, seria perfectament garantista i seria perfectament democràtic.

Anem per la primera idea, la de la manipulació per part del Partit Popular i el PSOE, deixin-m’ho dir, és bastant certa. Per què negar-ho?, com a portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya, un partit represaliat com el que més per la mala praxi judicial espanyola, no tinc la més mínima intenció de justificar ni tampoc de relativitzar la instrumentalització de la justícia que s’està duent a terme en aquest Estat. Ara bé, hi ha una idea, si em permeten, que realment sí que em crida l’atenció en la proposició de VOX, que és la següent, sobretot quan indiquen, i llegeixo textualment: «La consecuencia de la elección exclusiva por la cámara ha sido que las mayorías parlamentarias se han apropiado de uno de los tres poderes del Estado» i, atenció: «cuestión especialmente grave teniendo en cuenta que la gobernabilidad, las últimas décadas, ha dependido de los grupos separatistas».

I aquí, senyores i senyors diputats, sí que em vull aturar un moment, perquè al final resultarà que som justament els i les independentistes els que controlem el poder judicial espanyol, aquells que van ser condemnats a més de cent anys de presó per fer un referèndum per aquests mateixos jutges. Quina manera més extremadament curiosa de manipular, aquesta que t’acaba deixant un país amb desenes de presos polítics i exiliats. De fet, senyores i senyors diputats, si no estiguéssim parlant de vulneracions tan greus de drets humans, aquest paràgraf de VOX realment faria riure. És el que podríem catalogar d’acudit dolent.

Passem a la segona idea, aquesta que diu que el funcionament plenament democràtic del poder judicial espanyol «está más que asegurado por la propia aplicación de la ley». Doncs, què volen que els digui? Quan veig el paper que va tenir el poder judicial espanyol durant la Transició, penso que no estan per presumir justament de valors democràtics. Quan veig que a l’última dècada el 94 % dels jutges opositors han estat mantinguts per les seves famílies i el 90 % no han tingut cap beca ni ajuda pública durant tota l’oposició, penso que no és un sistema que garanteixi precisament la igualtat d’oportunitats. Quan veig que la presidenta del Tribunal Europeu de Drets Humans s’escandalitza amb el fet que els jutges espanyols es manifestin contra el projecte de llei d’amnistia, que encara no és llei, val a dir-ho, penso que potser s’han de tapar una mica les vergonyes democràtiques.

Quan veig el senyor Manuel García-Castellón que rebaixa la fiança d’Ignacio González, predecessor de la senyora Ayuso a la Comunitat de Madrid, en una investigació per corrupció; que arxiva investigacions amb proves més que evidents contra Joan Carles de Borbó; que no té cap mania a l’hora de presumir públicament d’haver mentit als magistrats de la República Francesa en el marc d’investigacions judicials conjuntes; que retorça la realitat del procés independentista català per aconseguir fer creure que va haver-hi violència i terrorisme en un moviment cívic, en un moviment pacífic per la l’alliberament de Catalunya; quan fa mans i mànigues per aconseguir l’extradició de Marta Rovira i els tribunals suïssos s’hi neguen una i altra vegada perquè les intencions polítiques de García-Castellón es veuen des de mil quilòmetres de distància… Quan veig tot això del jutge de confiança del Partit Popular, penso que s’ha de tenir molta barra o molt poca vergonya per continuar parlant de la independència judicial de personatges com aquest.

I finalment, quan veig que la Comissió Disciplinària del Consell General del Poder Judicial —‌per cert, que de set membres que la componen no hi ha ni una sola dona— no s’ha dignat a investigar ni GarcíaCastellón ni cap dels jutges i magistrats prevaricadors que han perseguit l’independentisme per les seves posicions polítiques, penso que no estan precisament per donar lliçons de separació de poders. I és que potser —‌i acabo, senyora presidenta— quan VOX diu que el poder judicial espanyol té tota la legitimitat democràtica, potser més aviat pensa que per tenir jutges d’extrema dreta a l’estructura judicial a ells no els cal nomenar-los, perquè justament la cosa ja funciona sola. Res més. Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Toca debatir por enésima vez el sistema judicial de este Estado. Es un tema que los representantes políticos comentamos tantas veces que tengo la sensación, sin miedo a equivocarme, de que ya no provoca ni siquiera indignación entre los ciudadanos, solo pereza, cansancio y, sin duda, apatía, y eso nunca es una buena noticia. En esta ocasión, es el grupo de la extrema derecha el que presenta una proposición de ley al respecto. Básicamente, esta proposición de ley plantea dos ideas —p‌ ermítanme decirlo— muy simples. La primera es que el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han jugado con las mayorías del Consejo General del Poder Judicial durante décadas, y lo han hecho por intereses puramente partidistas. La segunda idea también es una idea simple: si los jueces y magistrados españoles pudieran regirse por sí mismos, pudieran escoger quién les gobierna y pudieran escoger en qué procesos, etcétera, sería perfectamente neto, sería perfectamente garantista y sería perfectamente democrático. Vamos a por la primera idea, la de la manipulación por parte del Partido Popular y del PSOE. Déjenme decirlo: Es bastante cierta, ¿por qué negarlo? Como portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, un partido represaliado como el que más por la mala praxis judicial española, no tengo la menor intención de justificar ni tampoco de relativizar la instrumentación de la justicia que está llevándose a cabo en este Estado. Ahora bien, si me lo permiten, hay una idea que realmente me llama la atención en la proposición de VOX, sobre todo cuando indican —‌leo textualmente—: La consecuencia de la elección exclusiva por las Cámaras ha sido que las mayorías parlamentarias se han apropiado de uno de los tres poderes del Estado. Y atención: Se trata de una cuestión que es especialmente grave en España teniendo en cuenta, por un lado, que la gobernabilidad de la nación en las últimas décadas ha dependido de grupos parlamentarios separatistas. Y aquí, señoras y señores diputados, sí quisiera detenerme un momento, porque al final va a resultar que somos precisamente los y las independentistas quienes controlamos el Poder Judicial español, aquellos que fuimos condenados por esos mismos jueces a más de cien años de prisión por celebrar un referéndum. Qué manera más extremadamente curiosa de manipular esa que acababa dejándote un país con decenas de presos políticos y exiliados. De hecho, señoras y señores diputados, si no estuviéramos hablando de vulneraciones tan graves de los derechos humanos, este párrafo de VOX realmente haría reír. Es lo que podríamos catalogar como chiste malo. Pasemos a la segunda idea, la que dice que el funcionamiento plenamente democrático del Poder Judicial español está más que asegurado por la propia aplicación de la ley. Pues ¿qué quieren que les diga? Cuando veo el papel que tuvo el Poder Judicial español durante la Transición, pienso que no están para presumir precisamente de valores democráticos. Y cuando veo que en la última década el 94 % de los jueces opositores han sido mantenidos por sus familias y el 90 % no han tenido ninguna beca ni ayuda pública durante toda la oposición, pienso que no es un sistema que garantice precisamente la igualdad de oportunidades. Cuando veo que la presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se escandaliza con el hecho de que los jueces españoles se manifiesten contra el proyecto de ley de amnistía —q‌ ue todavía no es ley, vale la pena destacarlo—, pienso que quizá deberían taparse un poquitín las vergüenzas democráticas. Cuando veo que el señor Manuel García-Castellón rebaja la fianza de Ignacio González, predecesor de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid, en una investigación por corrupción; que archiva investigaciones con pruebas más que evidentes contra Juan Carlos de Borbón; que no tiene ninguna manía a la hora de presumir públicamente de haber mentido a los magistrados de la República Francesa en el marco de investigaciones judiciales conjuntas; que retuerce la realidad del proceso independentista catalán para conseguir hacer creer que hubo violencia y terrorismo en un movimiento cívico, un movimiento pacífico a favor de la liberación de Cataluña; cuando toca todos los resortes para conseguir la extradición de Marta Rovira y los tribunales suizos se niegan una y otra vez porque las intenciones políticas de García-Castellón se ven desde una distancia de 1000 kilómetros, cuando veo todo esto del juez de confianza del Partido Popular, pienso que hace falta mucha cara dura o mucha vergüenza para seguir hablando de la independencia judicial de personajes como este.

Finalmente, cuando veo que la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial —p‌ or cierto, de los siete miembros que la componen no hay ni una sola mujer— no ha tenido a bien investigar ni a García-Castellón ni a ninguno de los jueces y magistrados prevaricadores que han perseguido al independentismo por sus posiciones políticas, pienso que no están precisamente para dar lecciones de separación de poderes.

Termino, señora presidenta. Cuando VOX dice que el Poder Judicial español tiene toda la legitimidad democrática, quizás más bien está pensando que para tener jueces de extrema derecha en la estructura judicial a ellos no les hace falta nombrarlos porque precisamente la cosa ya funciona sola.

Nada más, muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Señorías de VOX, la proposición de ley orgánica que hoy defienden es antidemocrática y los argumentos que esgrimen en su justificación son, como poco, capciosos. Señorías de VOX, ya se lo han explicado: No existe en la Unión Europea norma o acuerdo alguno que indique que la independencia judicial en Europa y, por ende, en España descanse en la existencia de consejos de magistratura o de órganos de gestión de los poderes judiciales. Esa independencia se configura por mandato de la ley y con normas que garanticen que los demás poderes públicos o que los particulares no van a poder ejercer presión en las juezas y los jueces en el momento de dictar sentencia. En Francia, país a cuya carta magna de 1946 hace referencia su exposición de motivos, el Consejo Superior de Magistratura se conforma por quince miembros: siete son magistrados —s‌ eis elegidos por magistrados— y otros ocho son elegidos por el poder político y ni siquiera forman parte de la carrera judicial. Los consejos de Bélgica o Alemania tampoco responden a lo que ustedes entienden o plantean como la única forma de garantizar la independencia del Poder Judicial. Según su planteamiento, la judicatura germana dista mucho de ser independiente, porque son los poderes Ejecutivo y Legislativo los que eligen, incluso, a los presidentes de los tribunales superiores. Se les ve el plumero, señorías de VOX. Esta propuesta que ustedes traen pretende llevarnos de vuelta a tiempos pretéritos, tiempos de ejercicio del poder por razón de cuna, del ordeno y mando, del miedo, pero España, señorías de VOX, no es esta a la que ustedes intentan una y otra vez regresar (aplausos), es otra, es mejor: es la España de las mujeres, es la España de la clase trabajadora, una España que no está representada ni de lejos en esta proposición de ley orgánica, que, además, como les digo, de falaz en sus argumentos, es absolutamente elitista y antidemocrática. Eso sí, les felicito por la genialidad, porque han hecho de una proposición de ley orgánica un oxímoron en sí mismo, una norma que traen aquí a someter a la soberanía popular para cercenar dicha soberanía. Ustedes, señorías de VOX, han venido a la Cámara de representantes a decirle a la ciudadanía que su opinión, su voluntad no solo no les interesa, sino que la consideran un atentado a la democracia; ustedes, que sin rubor alguno se suben a esta tribuna semana tras semana a alardear de machismo, de xenofobia y de racismo. (Aplausos). Esta propuesta que hoy traen aquí es indigna, porque es equivalente a defender un modelo corporativo donde sea en exclusiva un cuerpo del Estado el que elija a un poder del Estado. Eso, señorías de VOX, es sospechosamente parecido al sistema corporativo del fascismo italiano o del franquismo español.

Es evidente que en España tenemos varios problemas con el órgano de gobierno de los jueces y las juezas, pero la falta de participación de sus señorías en la elección de cada uno de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial no es uno de ellos, porque, como bien saben, los jueces —e‌ n cuya elección participan las Cortes Generales— son previamente propuestos por jueces y por sus asociaciones profesionales.

La necesidad de reformar el Consejo General del Poder Judicial viene de otras dos razones. Por un lado, una cuestión formal y de orden. El actual consejo ya ha duplicado la duración de su mandato. La razón para no superar este problema es que hay una organización política en este país, el PP, que no es capaz de asumir que ha perdido las elecciones y que, como no ostenta el Poder Ejecutivo, porque así lo decidió la ciudadanía el 23 de julio, mantiene secuestrado el tercer poder del Estado. No sé si será por compensar, señorías del PP.

Podría parecer que prefieren que no tengamos un gobierno de los jueces que funcione a que tengamos uno que ustedes no puedan controlar. Nosotras en el Grupo Parlamentario Plurinacional de SUMAR no compartimos, evidentemente, el planteamiento de VOX, pero tampoco el actual sistema. Entendemos necesario avanzar hacia una reforma legislativa que sea suficiente en sí misma para superar el bloqueo actual, para impedir que los criterios de la minoría se impongan a la mayoría. Las normas jurídicas están llamadas a garantizar la vida en sociedad, no a impedir que se desarrollen.

Ahora me dirijo a todos los grupos. Precisamos avanzar hacia una reforma legal equilibrada que disponga distintas mayorías menos exigentes ante situaciones de bloqueo sostenidas, pero, sobre todo y con urgencia, plantear una rebaja en las competencias de un Consejo General del Poder Judicial secuestrado, reduciéndolas al mínimo a las cuatro que recoge el artículo 122.2 de la Constitución española. (Aplausos). El resto de las competencias deberían pasar al Ministerio de Justicia, como ocurre en otros países; en Francia, sin ir más lejos.

De hecho, esta reforma de las competencias del Consejo General del Poder Judicial se nos antoja más que necesaria, imperativa y urgente a la vista de la incapacidad del consejo actual para gobernar el sistema. Solo desde esa dejadez o la incapacidad más absoluta se explica que prácticamente el 20 % de los jueces y magistradas que actualmente integran nuestro Poder Judicial no tengan vacaciones, permisos retribuidos, retribuciones y formación de la misma manera o de manera equivalente a la que la tienen otros funcionarios y funcionarias en nuestro país, reconocimiento de periodos a efectos de prestaciones de jubilación, entre otras penosidades.

¿Cómo podemos seguir consintiendo que quien más cobra en el ámbito de la Función pública —‌que son los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que, curiosamente, establecen su salario para ellos mismos— perpetúen el maltrato a jueces y magistradas que representan el 20 % del Poder Judicial de España? (Aplausos).

Cuando estaba en la Dirección General de Trabajo tuve la oportunidad de mantener una reunión con la presidenta y la vicepresidenta de la Asociación de Jueces Concepción Arenal, y me quedé asombrada —‌y soy inspectora de trabajo— por la precariedad más absoluta de las condiciones laborales de los magistrados y magistradas suplentes y jueces sustitutos, miembros interinos del Poder Judicial de España. Urge hacer un cambio al respecto. Señorías del PSOE, les ruego que pongan fin a una situación insostenible. Ya que, a pesar de los esfuerzos, parece que no consiguen llegar a un acuerdo con el PP acerca de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, escuchen las propuestas de corte democrático —‌que las hay— que tenemos otros grupos y avancemos hacia una solución adecuada, no solo para el problema del bloqueo, sino, sobre todo, para una situación que en realidad es de desgobierno de los jueces.

Necesitamos justicia social también en el ámbito de la judicatura (aplausos) y para tenerla es necesario reformar en profundidad el actual sistema que es pernicioso.

Señorías de VOX, a ustedes solo les vamos a pedir que nos dejen de hacer perder el tiempo con propuestas que solo les representan a ustedes mismos. Estamos en la casa de la soberanía popular. Este hemiciclo y sus Cámaras tienen la obligación de llevar adelante políticas útiles para la mayoría, para la clase trabajadora, para las mujeres, para las personas vulnerables, para todas esas personas que precisan de servicios públicos para tener una vida mínimamente gestionable.

Les ruego; no, les exijo que abandonen los discursos vacíos, las propuestas inconsistentes, los insultos y los intentos de desestabilizar; un poco de altura de miras y sentido democrático, por mucho pedir que eso sea. Y, caso contrario, nuestra barricada, la de la libertad y la esperanza, la van a tener siempre enfrente, siempre fuerte y siempre en pie. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías, en 1810, un centenar de diputados refugiados en Cádiz, centro político y cultural de la resistencia patriótica, comenzaba la historia de nuestro parlamentarismo. Así, en una ciudad cercada por el invasor, prendía la mecha del constitucionalismo español para convertir a España en un referente. Aquella situación extrema desembocó, dos años después, en una Constitución nacida del acuerdo y del consenso en una ciudad aislada y sitiada por su propia condición geográfica y por las tropas napoleónicas. Hoy, señorías, los tiempos son otros y, a falta de un enemigo extranjero, a falta de un invasor, nos encontramos cercados por esa intolerancia e intransigencia tan características de los partidos políticos de derechas. Así, esta proposición de ley que ha presentado la ultraderecha sirve, señorías, para poco. Sirve exclusivamente para seguir marcando el paso de un Partido Popular que es incapaz de alcanzar acuerdos en beneficio de España y seguir con ese juego tan nocivo para el interés general de demostrar cuál de los dos es más de derechas. Señorías, no estamos aquí para bromas ni juegos, sino por un imperativo legal, constitucional y moral que nos obliga a renovar el Consejo General del Poder Judicial (aplausos), que les obliga a ustedes, señorías del Partido Popular, a desbloquear una anomalía que dura ya demasiado tiempo. Desconozco si ustedes, señorías del Partido Popular, son dominados arbitraria o voluntariamente por la ultraderecha, pero lo cierto es que esa dependencia, la incapacidad manifiesta para desligarse de ellos está causando un enorme daño a este país al que tanto dicen amar y a la Constitución que tanto dicen respetar. Señorías del Partido Popular, si nos encontramos en esta situación es única y exclusivamente porque ustedes se niegan a cumplir la Constitución y renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes, señorías del Partido Popular, son los únicos responsables, nadie más. (Aplausos). Aprovechen si les queda algo de dignidad, señorías del Partido Popular —‌ríase—, aprovechen esta oportunidad y anuncien el desbloqueo de la renovación de este importante órgano, porque esto, señorías, no va de Partido Popular o Partido Socialista. Esto va de España. Y es precisamente aquí, en las Cortes Generales, donde hay que hacer y demostrar el verdadero patriotismo, todo lo que ustedes, señorías de la derecha, ni hacen ni demuestran. Señorías del Partido Popular, siempre que están en la oposición España sufre este problema. Siempre que los ciudadanos y las ciudadanas los mandan al banquillo bloquean la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Con Felipe González, Aznar bloqueó la renovación hasta las elecciones; con Zapatero, Rajoy bloqueó la renovación dos años, pero nunca antes, señorías, un líder del Partido Popular se había atrevido a hacer tanto daño a nuestro país y había mantenido durante tanto tiempo bloqueado y secuestrado el órgano de los jueces. (Aplausos). Señorías del Partido Popular, 1904 días. ¡Qué irresponsabilidad, qué vergüenza, 1904 días bloqueado el Consejo General del Poder Judicial! Señorías, España no puede permitirse ni un segundo más seguir con una justicia bloqueada por los caprichos del señor Feijóo. Tienen que dejar ya la propuesta sin fundamento, de cambiar continuamente de opinión, de poner excusas absurdas, la prioridad es renovarlo. Solo así, señorías de la derecha, solo así, señorías del Partido Popular, podrán demostrar que aún les queda un mínimo de sentido de Estado, un mínimo de responsabilidad. Y si no asumen su responsabilidad, les ruego que también lo digan aquí y ahora, es el lugar y el momento. Sería mucho más honesto y respetable que reconocieran de una vez por todas que les da igual la justicia. Para ustedes la justicia solo es justicia si es la suya. Créanme, señorías, créanme, llegará el día en que lamentarán este error. En cualquier caso, señorías del Partido Popular, estamos ansiosos por saber qué van a votar a esta proposición de la ultraderecha. Si votan que no, deberían acordar ya la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero si votan que sí, una vez más la ultraderecha les marcará el paso. Están ustedes, señorías del Partido Popular, en una encrucijada complicada: trabajar por España actuando con responsabilidad, actuando con sentido de Estado, o se dejan marcar el paso una vez más y se vuelven a diluir peleando para saber cuál es la marca verdadera y cuál es la de imitación. Es verdad, señorías, que esto no es nuevo. Les pongo un ejemplo. Septiembre de 2007, Ángel Acebes: El Partido Popular no será cómplice en la ocupación de la justicia por parte del Partido Socialista y de los nacionalistas más radicales. Hace de esto, señorías, casi diecisiete años. Ustedes no han cambiado ni una coma de su discurso.

Es curioso, pero algunas veces son ustedes los mismos que hace diecisiete años y otras son los mismos que hace sesenta años. (Aplausos).

Señorías del Partido Popular, les diré una cosa que igual no saben o no terminan de asimilar: España no les pertenece, las instituciones de España no son suyas. Que les quede bien claro, señorías del Partido Popular, esto no es una batalla por el relato de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, dejen sus apuestas y sus cálculos electorales, pues, como dijo el ministro de Justicia, el señor Bolaños, renovar el consejo no es una opción, es una obligación que nace del mandato, que nace de nuestra Constitución, y es algo necesario para el buen funcionamiento del Poder Judicial y de los tres poderes del Estado. Señorías de la derecha, insisten una y otra vez en que quieren cambiar el sistema de elección, pero lo único que quieren cambiar son las reglas del juego a mitad de la partida. En otras palabras, quieren gobernar la justicia para intentar usarla a sus intereses.

Señorías de la derecha, dejen de dar lecciones de patriotismo y, si tan patriotas son, cumplan con la Constitución y desbloqueen de forma inmediata el Consejo General del Poder Judicial. Ese es el patriotismo que quieren y necesitan los españoles de ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Señorías del Grupo Socialista, comprendo que en sus actuales circunstancias hablar de justicia les ponga muy nerviosos; es como mencionar la soga en casa del ahorcado, o como nombrar en Ferraz a Ábalos, Santos Cerdán, Marlaska, Illa, al ministro Torres o a la presidenta Armengol, entre otros. Realmente lo que ustedes tienen que hacer es colaborar con la justicia, porque en España los jueces no son prevaricadores, como acaban de decir algunos grupos que son socios suyos en esta legislatura. Los jueces no son prevaricadores, sino que los jueces son justos, a pesar de lo que dicen miembros de su Gobierno y sus socios. Por eso es necesario apoyar al Poder Judicial y, por tanto, es necesario que aquí todos defendamos la independencia del Poder Judicial. Señorías socialistas, libérense y repitan: En España no hay una justicia prevaricadora, vamos a colaborar con la justicia para fortalecerla. Eso es lo que los españoles quieren oír de ustedes. (Aplausos). Hoy en día, señorías, lo que nos estamos jugando es garantizar la independencia del Poder Judicial. Repitan: independencia del Poder Judicial. Por eso es necesaria la vuelta al sistema del artículo 122.3 de la Constitución, para que los doce vocales de procedencia judicial sean elegidos directamente, como ya puso de manifiesto la sentencia 108/1986. Curiosamente, en el debate, en una enmienda in voce, el Partido socialista estableció el sistema de veinte vocales y un colegio electoral. Es decir, en la enmienda que presentaron en la sesión constituyente ustedes establecieron que el modelo era que los jueces eligieran a los jueces; luego, se retractaron en el año 1985. Es verdad que durante muchos años se fue renovando el Consejo General del Poder Judicial mediante un sistema de elección parlamentaria sin que se evidenciara la existencia de un peligro real a la independencia del Poder Judicial, pero en la actualidad es una necesidad democrática, tras los continuos ataques a la justicia por ministros del propio Gobierno, que ha provocado que 2500 jueces hayan denunciado ante Bruselas su ataque a la independencia del Poder Judicial. Todas las asociaciones de jueces ―todas ellas, y no ligadas por partidos políticos, como decía el señor Ortega Smith, que me han parecido asombrosas sus afirmaciones con respecto a las asociaciones judiciales y me gustaría que se retractara aquí de lo que ha dicho de ellas (aplausos)― han efectuado un manifiesto democrático pidiendo la elección por parte de los jueces, el sistema de elección directa. Señorías, sigan lo que les recomiendan los organismos europeos y españoles, no continúen en esa cobardía y debilidad siguiendo la estela de sus socios, que lo único que quieren es destruir el Poder Judicial. Su acuerdo de investidura tanto con Esquerra Republicana de Catalunya en la anterior legislatura, como con Junts en esta, tiene un objetivo, y es el caos en la justicia, romper el Poder Judicial, ocupar el Poder Judicial. Abandonen esa senda, señorías, quebrar la independencia del Poder Judicial y decir que la justicia en España es corrupta es algo que va contra la verdad. Ustedes tienen que decir aquí alto y claro que la justicia española no es corrupta, que la justicia española es justa y que los jueces y magistrados actúan atendiendo al Estado de derecho. Díganlo, y entonces podremos intentar llegar a un pacto. (Aplausos).

Señorías de VOX, el Grupo Popular ya presentó su propia proposición de ley en la XIV Legislatura y se la reiteramos. La vuelta al sistema de elección directa de los doce vocales requiere un gran detalle en aspectos básicos: junta electoral, candidaturas, plazos, sustituciones, circunscripciones, incompatibilidades. Ustedes, en esta proposición, siguen la misma estructura y en gran parte la literalidad de la Ley Orgánica de 1980. Es sorprendente que no piensen que la carrera judicial ha evolucionado en estos cuarenta y cuatro años, se han quedado ustedes anclados en 1980. Renuévense, hablen con las asociaciones, no se limiten a mirar atrás. Deben revisar sus propios planteamientos, porque, si no, serán como la mujer de Lot: se van a convertir en una estatua de sal. Ustedes proponen una distribución por categorías judiciales totalmente incongruente. Precisamente la propuesta que el Grupo Popular presentó equilibra la elección entre las distintas categorías judiciales. También apostamos por una presencia paritaria de hombres y mujeres en la carrera judicial, pues esa es la realidad de la carrera judicial y no la que ustedes están inventando. Asimismo, hay que garantizar la mayor proporcionalidad entre asociados y no asociados. Ustedes también se olvidan de la realidad, no saben lo que es la carrera judicial.

Señor Ortega Smith, para presentar una proposición de ley tan importante como esta hay que estudiar, dialogar y conocer la carrera judicial, y no hacer simplemente un corta y pega. Se lo recomiendo.

Señorías del Grupo Socialista, acepten que la única reforma posible es la que ya le propusimos en su momento, devolver a los jueces la capacidad democrática de elegir a sus representantes, como ya ocurre en las elecciones a la sala de gobierno de los TSJ y en la elección de decanos, y no pasa nada. No pueden argumentar que es más democrático que el Congreso y el Senado elijan a los vocales y que es menos democrático que el Poder Legislativo elija a ocho juristas y que los jueces elijan a los doce representantes, porque si esta Cámara aprobara que la elección de los vocales la efectuaran los jueces, dicha decisión haría que los vocales tengan también el refrendo de la soberanía popular por delegación, de la misma manera que los ciudadanos delegan en nosotros la elección del presidente del Gobierno. ¿Qué problema hay? Los ciudadanos nos eligen a nosotros y nosotros elegimos al presidente del Gobierno. Ustedes reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial y delegamos entre todos en los jueces su propia elección. Por tanto, existe un sistema al que ustedes se niegan, porque están atados a lo que les exigen sus propios socios. (Aplausos).

En definitiva, y para concluir, si quieren fortalecer la justicia, la fórmula es sencilla, independencia del Poder Judicial, despolitización de la Fiscalía —¡ay, la Fiscalía!—, separación de poderes y respetar a las instituciones. Esa es la fórmula para que haya un Poder Judicial independiente y no las reformas, contrarreformas y enmiendas que ustedes están dedicando en esta legislatura y en la anterior contra el Poder Judicial.

Muchas gracias. (Aplausos).