Proposición de Ley de reforma de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jauna andrea. Señorías, en un Estado social y democrático de Derecho, como en el que se constituye España a tenor del artículo 1 de la Constitución, los principios de publicidad, acceso a la información pública y transparencia en la actuación de los poderes públicos resultan indispensables y consustanciales al régimen democrático, ya que forman parte del sistema de garantías de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Además, la democracia como sistema político es en sí misma la participación de los ciudadanos, que no resulta posible si no hay un previo conocimiento de los asuntos públicos, sin perjuicio, claro está, de que también la Constitución, en su artículo 105, establece la posibilidad de separar del conocimiento público ciertas informaciones vedadas al acceso de los ciudadanos, a los archivos y registros que contengan datos o documentos que puedan perjudicar la seguridad y la defensa del Estado, pero no de cualquier Estado, sino de uno constituido en Estado social y democrático de derecho, sometido a límites jurídicos, en el que esa seguridad y defensa del Estado no se erige como valor absoluto, sino que esos conceptos, como títulos idóneos para justificar modulaciones al ejercicio de algunos derechos fundamentales, han de interpretarse, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con moderación, restrictivamente y entrando en juego solo cuando se haya demostrado y motivado que es necesario suprimir la divulgación de la información con el fin de proteger esos bienes constitucionales de seguridad y defensa. Señorías, con estas consideraciones generales sobre el asunto que debatimos, los secretos oficiales, abría de manera certera el Consejo General del Poder Judicial su informe sobre el anteproyecto de ley que sobre la materia remitió el Gobierno a finales de la pasada legislatura. A la vista de este, lo primero que constatamos de manera palmaria, flagrante, es que la legislación actualmente en vigor sobre secretos oficiales no es ni lejanamente homologable con el canon constitucional expuesto. España sigue rigiéndose en esta materia que afecta al corazón de la democracia por una ley de 1968 que responde a la lógica de un régimen autoritario como lo era el franquista, con un ligero toque, también tengo que decirlo, preconstitucional en 1978. Han pasado más de cuarenta y cinco años desde la publicación de la Constitución y aún no se ha modificado la ley franquista de secretos oficiales, que vulnera principios de actuación de los poderes públicos, indispensables y consustanciales a un régimen democrático al formar parte del sistema de garantías de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, y que también afecta al principio de participación ciudadana, al sustraer sin moderación, sin restricción y sin límite temporal alguno cuantos asuntos consideren el Gobierno y la Administración central, impidiendo a los ciudadanos formar opinión política de los asuntos sustraídos a su conocimiento. Como botón de muestra de esto que les señalo es el Ministerio de Asuntos Exteriores y lo que afecta a las relaciones diplomáticas, donde se clasifica todo, y cuando digo todo no son solo las relaciones diplomáticas en curso, sino también los fondos históricos de su archivo. Estamos hablando de documentos del siglo XV al siglo XX. Señorías, hoy día están clasificados como secretos la mayoría de los documentos militares, relaciones diplomáticas, lucha antiterrorista pasada, el Franquismo y la Guerra Civil, la Transición, el golpe de Estado del 23F y un largo etcétera. Es cierto también que el Gobierno ha autorizado en los últimos tiempos algunos legajos militares que se pueden consultar, pero seguimos en lo que los investigadores y archiveros denominan transición amnésica y paranoia secretista, lo que les obliga a recurrir en muchas ocasiones a archivos de terceros países para acceder a documentos que les den luz sobre lo que pasaba en España en el tiempo que estén investigando. La semana pasada, el periodista y escritor Carlos Fonseca señalaba, en relación con sus indagaciones sobre el 23F, que tuvo conocimiento por un documento desclasificado de Estados Unidos de que solo dos generales llamaron al rey para declarar su lealtad y que tenía la esperanza de que Estados Unidos desclasificara pronto información importante relativa al golpe. Resulta paradójico —‌seguía señalando— que nos enteremos de cosas que pasaban aquí a través de información recabada en otros países. Con el accidente de Palomares —s‌eguía señalando— ocurre algo parecido: investigadores españoles han logrado más información de los archivos de otro país que del suyo. No tiene —c‌oncluía— ninguna justificación. A nosotros nos parece lo mismo.

Señorías, con estos comportamientos, gracias a la opacidad de la vigente Ley de Secretos Oficiales, se ponen en solfa convenios internacionales suscritos por España en materia archivística y documental, tanto la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre política europea en materia de comunicaciones archivísticas como el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a la información. Y la verdad, señorías, ante este escenario es tan patente el desajuste de la Ley de 1968 de Secretos Oficiales con la Constitución que llama la atención que no se haya reclamado, cuando ha habido ocasión, la aplicación de la disposición adicional tercera de la Constitución, que declara derogadas cuantas disposiciones anteriores se opongan a lo establecido en ella, máxime cuando la oposición al Gobierno de turno, ante la pasividad de este, intentó, durante la tramitación de la Ley de Memoria Democrática, desclasificar miles de documentos, no siendo posible lograr el objetivo, sucediendo lo mismo durante la tramitación de la ley de transparencia del año 2001. (Rumores). Este escenario de bloqueo gubernamental propiciado desde la XI Legislatura hace que el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco presente la Proposición de ley de reforma de la ley franquista de secretos oficiales en cada una de las legislaturas, donde proponemos seguir un modelo de país homologable al de nuestro entorno en las cuestiones básicas, estando abierto a modificaciones por parte del resto de grupos parlamentarios en un trabajo conjunto.

Ahora, señorías, en esta XV Legislatura, algún grupo parlamentario podría decirnos que nos hemos precipitado, que el Gobierno en la pasada legislatura —‌políticamente es el mismo que el de la presente— ya elaboró un anteproyecto de ley de secretos oficiales de información clasificada, que fue sometido a tramitación por el procedimiento de urgencia, a información pública —‌cierto es que con un raquítico plazo de días—, a informe del Ministerio Fiscal, del Consejo de Transparencia, del Consejo General del Poder Judicial —‌como citaba— y del Consejo de Estado, entre otros; que su tramitación decayó al disolverse las Cámaras por la convocatoria electoral anticipada, y que, por ello, lo lógico hubiera sido esperar a que el Gobierno remitiera en esta legislatura al Congreso de los Diputados el proyecto de ley que inició en la pasada, tras concluir la segunda vuelta de tramitación. Sin embargo, señorías, consideramos que hay elementos, indicios o señales que nos hacen dudar de las intenciones del Gobierno en esta legislatura sobre la nueva ley de secretos oficiales. Y, por ello, hemos presentado de nuevo la iniciativa que ahora debatimos, para que sea precursora del cambio, para que el Gobierno no tenga la tentación de dejar morir el asunto, como tantas veces en el pasado, para que, como coloquialmente se dice, se pueda subir al carro con las enmiendas que tenga a bien presentar, a través del grupo parlamentario que le apoya, estando, como está nuestro grupo, abierto a modificaciones que puedan venir de otros grupos parlamentarios para mejorar el texto. Nuestra intención no es tanto plantear un documento cerrado, sino propiciar un debate que impulse un cambio del modo de proceder de un pasado autoritario en cuanto a los secretos oficiales, incompatible con un sistema democrático.

Señorías, esos elementos o indicios a los que me refiero y que nos hacen sospechar que el Gobierno puede tener la tentación de dejar morir la modificación del régimen jurídico de los secretos oficiales en España se cifran en las severas críticas a elementos nucleares del anteproyecto del Gobierno emitido por los distintos consejos y plataformas que lo informaron, de los que se han hecho eco no solo distintos medios de comunicación, sino también distintos partidos políticos y grupos parlamentarios de esta Cámara. A esto hay que sumar que en lo que llevamos legislatura, a pesar de las afirmaciones del Gobierno sobre su compromiso con la ampliación de los derechos y libertades, no ha citado de oficio ni una sola vez la reforma del régimen jurídico de los secretos oficiales. Solo de manera rogada la semana pasada en la Comisión Constitucional, cuando se le inquirió al ministro compareciente sobre la cuestión, después de que anunciara la remisión en breve a esta Cámara del calendario anual normativo, enfatizó el eje de la ampliación de los derechos y libertades, aunque estando únicamente citada la ley del derecho de defensa en juicio, a la que, por cierto, el Gobierno puede ya no incluir, porque la semana que viene finaliza el plazo de enmiendas en esta Cámara. En cualquier caso, el ministro compareciente volvió a manifestar el compromiso del Gobierno con una nueva ley, pero sin asumir compromiso alguno y sin ni siquiera manifestar que se incluiría en el calendario anual normativo de 2024.

Finalizo, presidenta. En resumen, solicito de sus señorías el voto favorable a la toma en consideración de la iniciativa que presentamos para una nueva Ley de Secretos Oficiales. Consideramos que será un primer paso en la buena dirección para solventar una situación impropia de un Estado que se dice democrático. Entre todos los grupos parlamentarios podremos llevarla a buen puerto, con el trabajo en Ponencia y en Comisión, salvo VOX, que quizá siga encontrándose más cómodo con una ley franquista como lo es la vigente Ley de Secretos Oficiales. Señorías de VOX, dense por contestados respecto a su turno en contra.

Nada más y muchas gracias.

Con la venia, señora presidenta. La proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco responde a una obsesiva reiteración de iniciativas semejantes ya formuladas en la anterior legislatura y en precedentes, salvo error por mi parte. Y, aunque no se observe ninguna intemperancia en los modos —‌en particular, habiendo tomado la palabra el nombre del grupo proponente, el señor Legarda—, sí se aprecia en el fondo de esta iniciativa una violencia políticomoral, que voy a tratar de exponer. Y, además de exponerlo, ya anuncio que nosotros la rechazamos totalmente, lo que justifica que hayamos solicitado y obtenido ese turno en contra. Con el pretexto de la necesidad de reformar una norma preconstitucional y, en particular, desarrollar debidamente el derecho de la Cámara a solicitar y recibir información del Gobierno con arreglo al artículo 109 de la Constitución, creemos, sinceramente, que lo que la proposición de ley pretende es, principalmente, la desclasificación de asuntos, actos, documentos, informaciones, datos, objetos, etcétera, tal y como describe esas materias clasificadas el artículo 2 de la vigente Ley de Secretos Oficiales, mediante el transcurso de veinticinco y diez años de plazo, según esas materias clasificadas sean secretas o reservadas. Sí, esto lo expresa y lo articula la proposición de ley. Pero lo que creemos es que esta pretensión tiene una finalidad no declarada, ni siquiera en la exposición de motivos. El Partido Nacionalista Vasco es un partido político —‌creo poder decirlo con razón— de oscuros aconteceres desde su fundación en 1895 por Sabino Arana, autor de muchos libros y lector de ninguno, como es sabido y sucede frecuentemente en el caso de los autodidactas; ideólogo de rasgos racistas, señor Legarda, seguido por inclinaciones xenófobas de sucesores en esa jefatura del partido. Arzalluz, 1994: «Por lo menos, nosotros somos de aquí y ellos no son de aquí». Todo esto es conocido, como conocido es que Arana está canonizado en el altar del nacionalismo enragé, a falta de otro mejor. Por cierto, el móvil de esta iniciativa es permitir, mediante la referida desclasificación y su sujeción a plazos, que ahora no existen, que se investigue la llamada guerra sucia por otro llamado terrorismo de Estado, en el tiempo de la actividad terrorista de ETA en las provincias vascas. Solamente con este móvil y con la orientación política del partido proponente podemos no justificar, sino entender, esa obsesión. Sea por mala conciencia o sea por razón de encomiendas dificultosas, por traer aquí la fórmula de Caballero Bonald referida a los literatos de Falange que transitaron hacia un antifranquismo de salón, el PNV nos espeta esta iniciativa, a la que nosotros debemos oponernos contundentemente. Será mala conciencia, acaso, por haber aceptado de una manera u otra la acción terrorista subversiva de ETA durante muchos años. Es posible, y aun probable, que esa mala conciencia sea la de muchos votantes del PNV de entonces y que lo siguen siendo hoy. Pero esa actitud de justificación nunca hubo de acompañar a proclamas, que nosotros impugnamos políticamente, pero que podemos aceptar, proclamas relativas a su enemistad y deslealtad a la Constitución: «No somos ni seremos leales a la Constitución. Nosotros la rechazamos y no nos pueden pedir lealtad a aquello que no queremos», Arzalluz, 1994. «Mi camino siempre ha sido hacia la independencia y sigue siéndolo». «Los nacionalistas vascos veníamos a conseguir la independencia y decir lo contrario es querer ocultar las cosas». «El límite es que nos reconozcan el derecho a la autodeterminación. No nos reconocen como pueblo». «Si en esta Constitución se hubiera aceptado el derecho de autodeterminación, ETA hubiera dejado de existir, estoy convencido de ello», Arzalluz, 2008. Todas estas proclamas independentistas, que, como digo, nosotros rechazamos, son rechazables, pero no necesariamente inmorales si no hubieran sido acompañadas de ese indeseable ingrediente existencial de haber justificado —c‌ omo he dicho—, de un modo o de otro, la acción terrorista subversiva de ETA, con el número de muertos de todos conocido. El remedio de esa mala conciencia que ustedes y su electorado puedan tener es el perdón del ofendido, que es toda la nación española, y, en ella, principalmente, las víctimas de la ETA en cualquier tiempo, incluido el del franquismo, y en cualquier lugar. No es admisible que se quiera remediar esa mala conciencia buscando en el pasado con la intención de justificar lo injustificable. (Aplausos). Y si de encomiendas dificultosas, en los términos de Caballero Bonald, se trata —‌no alcanzamos a saber cuáles puedan ser—, tampoco podrán justificar lo injustificable, porque en este caso, por muy maquiavélicos o defensores de una hipotética razón de Estado, versión PNV, es decir, razón de nación sin Estado, que ustedes pongan, ese fin nunca justificaría ningún medio, toda vez que el fin es intrínsecamente malo. Ignoro hasta qué punto en su comprometida comparecencia ante su propio electorado, crecientemente desviado hacia Bildu —‌los resultados de las últimas elecciones generales así lo indican, logrando esta formación, siempre protegida por el Partido Nacionalista Vasco, adelantar a este, incapaz acaso de contener la inundación causada por el aprendiz de brujo—, puede explicar esta iniciativa, ordenada, claramente, a hacer méritos, una vez más, ante el nacionalismo y/o independentismo irredento. Ustedes sabrán. Ya comprenderán que a nosotros, como a todos los españoles que crean en España, sus desdichas políticas poco nos importan. Es más, creemos que es totalmente inadmisible, con arreglo al genuino principio democrático, que el PNV con un 1,12 % de voto nacional o un 2,48 %, si le adicionamos el voto obtenido por Bildu, determine quién ha de ser el partido que gobierne en Madrid, en el Gobierno nacional. Por tanto, sería altamente benéfico el agotamiento del PNV como partido y el agotamiento de sus epígonos.

No obstante, cuentan ustedes —‌ya lo saben—, ahora y desde hace muchos años, con dos celosos cuidadores, el PSOE y el PP, siempre en vigilia para acceder a sus deseos y pedidos —‌ya dije en otro Pleno que el PNV era el partido más pedigüeño de Europa—, no sea que vayan a necesitar al PNV para formar Gobierno en algún momento; por lo tanto, siempre actúan con esa calculada ambigüedad, lesiva en muchas ocasiones, de elementales exigencias morales. Tan prolongado idilio, poco decente, casi un ménage à trois, PP-PSOE-PNV, hace que los dos primeros se traguen todos sus camelos, los del PNV, y sus codiciosos requerimientos sin el más leve asomo de molestia o perturbación.

No es moralmente lícito contribuir a la búsqueda de justificaciones a la ETA, la única postura cabal es seguir insistiendo en que lo pendiente de investigar en el conjunto de los crímenes no juzgados del terrorismo subversivo sea, como digo, investigado, como por lo demás ha solicitado el Parlamento Europeo a través de un informe de su Comisión de Peticiones, de 21 de abril de 2022.

Sabemos de la existencia de iniciativas legislativas en otros ordenamientos, algunas de ellas con muchos años de vigencia como la Freedom of Information Act de los Estados Unidos de 1967, iniciativas recientes de desclasificación en Francia en 2015 o en Italia en 2016, en relación con documentos sobre a la Segunda Guerra Mundial, y también conocemos nuestra jurisprudencia recaída con ocasión del llamado caso de los papeles del CSIC. Pero la intención política de esta reforma legislativa exige que sea repelida de plano para que no se incorporen a nuestro ordenamiento normas que obedecen a propósitos moralmente ilícitos. Aquí no cabe que prevalezca el derecho —‌aunque lo sea— sobre la moral. No es posible. Del mismo modo que el Consejo de Estado, cuando dictaminó entonces sobre aquel asunto en relación con el Cesid, dijo que había tensión entre la justicia y la seguridad, yo digo que aquí hay tensión entre la justicia y la moral. Y, por lo tanto, no podemos caer en un positivismo inaceptable para despreciar la moral.

Para concluir, la proposición postula despejar de toda autoridad en materia de clasificación a la autoridad militar, con resabio antimilitarista digno de tiempos pasados y escasamente coherente con la relevancia de la inteligencia militar a cargo del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. No es cierto, como se dice en la proposición de ley, que la reforma vaya a procurar un desarrollo innecesario del artículo 109 de la Constitución, porque el artículo 10.2 en vigor de la ley ya dispone que la declaración de materias clasificadas no afectará al Congreso de los Diputados ni al Senado, que tendrán siempre acceso a cuanta información reclamen en la forma que determinen los respectivos reglamentos y, en su caso, en sesiones secretas.

Perdón, termino. Un instante, por favor. También se desprende de la proposición que tales sesiones secretas deben dejar de serlo de aprobarse esta proposición, lo que consideramos de todo punto indeseable, porque se trasladaría a la opinión pública un debate que, de suyo, por la propia naturaleza de estas materias, debe quedar fuera de ese ámbito público. Nada más. Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Se non me engano, esta é a sexta ocasión en que se trae a debate neste Congreso unha proposta de modificación da Lei de segredos oficiais de 1968. Hai que felicitar o Partido Nacionalista Vasco pola súa persistencia; non obsesión, como dixo o portavoz anterior, senón pola súa constancia na defensa dunha cuestión que é simplemente resultado dun simple criterio democrático. Mais, sinceramente, creo que o lóxico é que hoxe estivésemos debatendo aquí un proxecto de lei do Goberno e paréceme que é claramente vergoñento que, a estas alturas, 46 anos, 45 anos despois de aprobada a Constitución española, continúe en vigor unha lei franquista. Pero é ao Goberno, a este Goberno, ao conxunto das forzas que se din constitucionalistas, especialmente a este Goberno, a quen debería darlle máis vergoña, especialmente escoitando como acabamos de facer a ultradereita defender a permanencia desa Lei de segredos oficiais do franquismo. Unha lei que é evidentemente incompatíbel cun sistema democrático, incompatíbel coa transparencia que debe rexer toda a Administración pública, tamén coa garantía de liberdades e dereitos democráticos e moi especialmente, como xa se dixo, co dereito de participación da cidadanía. Unha lei que impide coñecer en profundidade, coñecer, simplemente, algúns elementos, algunhas cuestións que son esenciais e especialmente relevantes na traxectoria da chamada «democracia española». Por exemplo, que permite coñecer o que realmente aconteceu co terrorismo de Estado practicado, entre outros, cos GAL ou o que aconteceu co 23-F e, moi particularmente, coa posíbel implicación doutras institucións do Estado ou cargos públicos relevantes na trama golpista. Sabemos que só uns poucos foron incriminados e condenados, mais tamén sabemos que hai moitas informacións que acreditan a participación de máis persoas. Moitas informacións, por certo, que acreditan, e declaracións dos propios procesados golpistas, que acreditan que quen estaba á fronte deste golpe de Estado era quen naquel momento ocupaba a xefatura de Estado, Juan Carlos de Borbón. É dicir, quen foi posto como xefe de Estado polo ditador Franco tamén foi amparado e continúa amparado por unha lei da ditadura franquista e, desde logo, non deixa de ser chocante que se aprobe unha lei de memoria histórica, que se aprobe unha lei de memoria democrática e ao mesmo tempo se manteña unha lei de segredos oficiais franquista. A Lei de memoria democrática que proscribe o símbolo do franquismo e que, no entanto, pois parece que non proscribe, todo o contrario, a lexislación franquista. Di moito da calidade democrática do Estado español. Mellor dito, e acabo, di moito da baixa calidade democrática do réxime español á persistencia desta lei. O BNG defende avanzar en dereitos democráticos e liberdades públicas e para iso é imprescindíbel deixar atrás definitivamente toda a lexislación franquista. Por tanto, imos votar a favor. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Si no me equivoco, esta es la sexta ocasión en la que se trae a debate en este Congreso una propuesta de modificación de la Ley sobre Secretos Oficiales de 1968. Hay que felicitar al Partido Nacionalista Vasco por su persistencia —n‌ o obsesión, como dijo el portavoz anterior, sino constancia— en la defensa de una cuestión que simplemente es resultado de un criterio democrático. Pero, sinceramente, creo que lo lógico es que hoy estuviéramos debatiendo aquí un proyecto de ley del Gobierno. Me parece que es claramente vergonzoso que a estas alturas, cincuenta y seis años después y cuarenta y seis años después de aprobada la Constitución española, continúe en vigor una ley franquista, pero es al Gobierno, a este Gobierno, al conjunto de las fuerzas que se dicen constitucionalistas ―especialmente, este Gobierno― a quienes debería darles más vergüenza, especialmente escuchando, como acabamos de escuchar, a la ultraderecha defender la permanencia de esa Ley sobre Secretos Oficiales del franquismo. Es una ley que, evidentemente, es incompatible con un sistema democrático, incompatible con la transparencia que debe regir en toda la Administración pública, con la garantía de libertades y derechos democráticos y muy especialmente, como ya se dijo, con el derecho de participación de la ciudadanía. Es una ley que impide conocer en profundidad —‌conocer, simplemente— algunos elementos, algunas cuestiones que son esenciales y especialmente relevantes en la trayectoria de la denominada democracia española. Por ejemplo, permite conocer lo que realmente ocurrió con el terrorismo de Estado, practicado, entre otros, con los GAL, o lo que ocurrió con el 23F y, muy particularmente, con la posible implicación de otras instituciones del Estado o cargos públicos relevantes en la trama golpista. Sabemos que solo unos pocos fueron enjuiciados y condenados, pero también sabemos que hay mucha información que acredita la participación de más personas. Mucha información, por cierto ―y declaraciones de los propios procesados golpistas―, que acredita que quien estaba al frente de este golpe de Estado era quien en aquel momento ocupaba la jefatura del Estado, Juan Carlos de Borbón. Es decir, fue puesto como jefe de Estado por el dictador Franco y él fue amparado —‌y continúa amparado— por una ley de la dictadura franquista.

Desde luego, no deja de ser sorprendente que se apruebe una ley de memoria histórica, una ley de memoria democrática, y, al mismo tiempo, se mantenga una ley de secretos oficiales franquista. La Ley de Memoria Democrática proscribe la simbología del franquismo y, sin embargo, parece que no proscribe, sino todo lo contrario, la legislación franquista. Esto dice mucho de la calidad democrática del Estado español. Mejor dicho —‌y acabo—, la persistencia de esta ley dice mucho de la baja calidad democrática del régimen español. El BNG defiende avanzar en derechos democráticos y libertades públicas y es imprescindible dejar atrás definitivamente toda la legislación franquista para ello. Por lo tanto, vamos a votar a favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Señorías, vamos a volver a votar a favor —c‌omo lo hemos hecho en otras ocasiones— de esta iniciativa, pero esperamos que no pase lo que ha pasado en la legislatura anterior, y es que el Partido Socialista presente después otra iniciativa descafeinando esta. Recuerdo que el Partido Nacionalista Vasco propone la obligación de que en toda la clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, sin superar los veinticinco años para las materias calificadas secretas y los diez años para las reservadas. Mientras, el Partido Socialista, después de que también votásemos la admisión a trámite de esta propuesta en la legislatura pasada, quiso sacar adelante otra ley, junto al Partido Popular, aumentando ese plazo a cincuenta años, con una prórroga de diez años. Y no salió adelante. No salió adelante porque había falta de consenso. Esperamos, de verdad, que esta vez el Gobierno no demore eternamente el plazo de presentación de enmiendas, que tampoco prorrogue indefinidamente ese plazo y que tampoco, por supuesto, presente otra vez una ley de las características de la anterior. ¿De qué tienen miedo, señorías? ¿De que sepamos qué pasó en el golpe de Estado del 23F? ¿De que sepamos qué pasó con los GAL? ¿De que sepamos qué pasó con Manuel José García Caparrós? Somos una democracia madura que tiene derecho a conocer la verdad de nuestra historia, y clasificar documentos no puede conllevar impunidad ni falta de transparencia con la ciudadanía, ni borrado ni olvido en la memoria. Y no puede ser tampoco que las violaciones graves de derechos humanos puedan seguir siendo un secreto. Esta ley de secretos oficiales se aprobó en 1968 y es una ley franquista que continúa en vigor —r‌ epito, en 1968—, además amparada durante todos estos años de democracia por el bipartidismo. ¿De verdad no creen que ya es hora de homologar nuestra legislación en esta materia a la de los países de nuestro entorno? Tenemos que tener una legislación comparada en el marco de la Unión Europea y acorde con los convenios internacionales. Se está restringiendo el derecho de las personas a acceder a la información y falta transparencia, y, por supuesto, eso no es de recibo. Un día como voy, voy a recordar que mañana es el día de mi tierra, el 28 de febrero, y por eso traigo a colación a Manuel José García Caparrós, a quien asesinó el 4 de diciembre de 1977 el franquismo, el fascismo que se oponía a que Andalucía tuviese una autonomía de primera, como estaban pactando en la Transición las élites políticas vasca o catalana y la centralista. Ese 4 de diciembre Andalucía se constituyó como pueblo y como nación política, como la que más, en el Estado español, y mañana vamos a celebrarlo porque culminó en ese 28 de febrero. Vamos a apoyar esta reforma de la Ley sobre secretos oficiales por muchísimos motivos, como ya he dicho, pero también para que los andaluces y las andaluzas puedan saber lo que pasó para que asesinaran a un joven que solo quería que Andalucía dejase de ser la criada de España. Es un motivo que se basta por sí solo, y así lo merecen las hermanas de Manuel José, que tanto han luchado para saber la verdad desde el asesinato de su hermano, pero también por estar en contra de la ocultación y de la ausencia de investigación que vino después. Se lo merecen su familia, sus hermanas, pero también nos lo merecemos todos los andaluces y todas las andaluzas y, por supuesto, Andalucía.

Muchas gracias. (Aplausos).

Mahaiburu andrea, jaun-andreok, arratsalde on. Begiratu, ez dauka ez bururik ez hankarik legealdiro proposamen berberari buruz eztabaidatzen egotea. Proposamen berbera onartua izatea eta, geroxeago, hor blokeatuta uztea legealdi osoan. Zentzugabekeria galanta, eta ez da lehenengo aldia. Zer da gertatzen ari dena? Bada, argi dago. Alde bozkatzen dutenen artean badago baten bat, teoriaz alde dagoena, aldeko bozka ematen du, baina gero legea praktikara eraman behar denean, bada, argi dago ez dagoela prest, beldurrengatik, presioengatik ala mehatxuengatik. Ez dakit zergatik, baina argi dago hori gertatzen ari dela behin eta berriro. Orain arte, blokeoaren erruduna ala arduraduna Alderdi Sozialista izan da, eta, begiratu, uste dut gaur zerbait, azalpenen bat, eman behar duzuela hemen. Azkenengo eztabaidan, hemen, Ganbera honetan, esan zenuten zuek hitza betetzen zenutela, eta ez zenuten bete. Geroxeago, ministroak aurreproiektuari buruz, proposamen berberari buruz, esan zuen egongo zela 2022an, eta ez zen egon. Eta horrela behin eta berriro. Baina, tira, ez gaitezen gera alde txarrarekin. Berriro aukera bat daukagu lege frankista honekin amaitzeko eta lege berri on bat, gardena, egiteko. Prest al zaudete? Argitu behar duzue zintzotasunez behintzat gaur. Lege frankista honekin amaitzeko garaia da, eta berandu goaz.

Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Miren, no tiene ni pies ni cabeza estar todas las legislaturas debatiendo sobre la misma proposición. Se acepta, se aprueba, pero luego queda bloqueada legislatura tras legislatura. Esto es todo un sinsentido y no es la primera vez. ¿Qué es lo que ocurre? Pues está bastante claro, que entre los que apoyan la propuesta para la reforma hay grupos que, en teoría, están a favor y votan a favor de la proposición, pero después, cuando hay que llevar la reforma a la práctica, pues está claro que no se lleva a cabo, ya sea porque tienen miedo, porque tienen presiones o incluso porque tienen otro tipo de problemas. Hasta ahora, el culpable o, dicho de otra manera, el responsable del bloqueo ha sido el Partido Socialista, y creo que hoy ustedes nos deben una explicación en esta Cámara, ya que en el último debate en esta Cámara ustedes dijeron que iban a cumplir con su palabra, pero no la han cumplido. Después, el ministro sobre el anteproyecto de este mismo tema dijo que iba a estar en 2022, pero se desdijo, y así una y otra vez. Pero no nos quedemos con lo negativo, en esta legislatura volvemos a tener una oportunidad para acabar con esta ley franquista y para aprobar una buena ley, una ley transparente. ¿Están ustedes preparados? Tendrán que decir claramente si ya es tiempo de acabar con esta ley franquista, y parece que ya vamos tarde.

Decía que vamos tarde. Se repite una y otra vez el mismo debate, las excusas son diferentes, pero al final no hay una ley nueva. Y también es cierto que está ya todo dicho, no hay nada novedoso. Hemos dicho que es una ley oscura, es franquista, no es garantista, priva a la ciudadanía de su derecho al acceso a la información, no es transparente y, además, da acceso a la impunidad. Además ―también se ha dicho—, es de sentido común. Otros Estados vecinos, homologables a lo que es el Estado español, tienen leyes de secretos oficiales. Todo Estado tiene una ley de secretos oficiales y luego puede haber debate, seguro, sobre los plazos, las materias o los métodos de desclasificación.

Y también se ha dicho, pero, al contrario, por un portavoz de la extrema derecha, que era una cuestión moral. Miren, en la sociedad vasca es obvio que hay asuntos del tardofranquismo, del posfranquismo y también del periodo constitucional que deben ser aclarados, y los hemos mencionado en otras ocasiones en el debate sobre este mismo asunto. Es el caso del 3 de marzo en Gasteiz, los sanfermines de Pamplona de 1978, el caso Naparra, el caso Zabalza, el caso Pertur y tantos otros, porque es una cuestión de verdad, justicia y reparación. Usted decía que no es moral, ¿qué moral tiene usted? ¿No es moral que estas víctimas sepan qué ocurrió cuando ha habido un papel del Estado? Yo creo que es de sentido común y una obligación de este Estado. Pero creo o tengo la sensación de que lo que ha ocurrido va más allá y tiene que ver con algo que tocaría el mito de la Transición pacífica y ejemplar. Por cierto, le recomiendo el libro de la profesora Sophie Baby sobre el mito de la Transición española de 1975 a 1982.

Hay dos titulares, aunque no los he traído. En 2018, el Partido Socialista y el Partido Popular acordaron que los años de declaración de materia clasificada y secreta debían ser veinticinco. Ese era el acuerdo, el mismo que propone el Partido Nacionalista Vasco. Había una diferencia, que el Partido Socialista proponía poder prorrogar diez años y, en cambio, el Partido Popular decía que en algunos casos debía ser de hasta veinticinco años, esto es, cincuenta años en el máximo de los casos. ¿Qué ocurrió con el anteproyecto que se hizo público en el año 2022? Que el Partido Socialista proponía cincuenta años de clasificación de secreto y que se le pudieran sumar en algunos casos quince años más. ¿Qué ocurrió para que ustedes, de estar en la oposición a estar en el Gobierno, superaran con creces el tiempo que solicitaba el Partido Popular?

Ya he dicho que la cuestión de los plazos es debatible, pero lo que hace falta es poner en marcha una ponencia para poder aprobar una ley que sea homologable a la de cualquier Estado europeo. Hay riesgos, y lo sabemos, porque no es una cuestión donde solamente se tiene esa actitud con esta ley, ya hemos visto que no es solo porque sea una ley de 1968, de pleno franquismo, sino que posteriormente las materias que podrían clasificarse como secretas han ido ampliándose y cada vez han sido más. Pero esta actitud de intentar ocultar todo lo que pueda afectar al Gobierno o incluso al Estado ―una razón de Estado―, es que no solamente lo vemos con asuntos relativos a la ley, lo vemos también en esta Cámara con una comisión de gastos reservados, que sinceramente no sirve para nada, porque de todos aquellos asuntos sensibles ―y este otoño lo hemos visto con la detención de dos agentes del CNI― se entera esta Cámara por la prensa, y cuando llegan esos asuntos ―si llegan― a esa Comisión la única información que se facilita es la misma que se ha obtenido en los medios de comunicación. Lo vimos también con el caso Pegasus. Hay una sola excepción ―y voy acabando, señora presidenta―, el caso del 11M, que, ante su utilización por un partido político para divulgar esas teorías de la conspiración, el partido en el Gobierno puso pie en pared y dijo: No, se desclasifica de inmediato. Lo hizo para demostrar que todo era una utilización por parte de un partido político y de algunos medios que lo seguían. Pero en el resto hay un problema que va más allá de la ley. Por ello, pedimos que no solamente sea aceptada a trámite ―que no tenemos ninguna duda de que así será―, sino también que se ponga en marcha cuanto antes para que no ocurra lo que ha ocurrido en las legislaturas precedentes.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Algú ens hauria d’explicar molt bé de què serveix exactament aquest bloc suposadament progressista i d’esquerres, perquè vostès han estat governant els darrers cinc anys i han estat incapaços de fer ni una sola reforma de fons. Vull pensar que la gent que els ha votat, a vostès, de vostès esperen que es prenguin decisions de gran importància. I les podien haver pres aquesta darrera legislatura, perquè vostès estaven al Govern i, a més a més, tenien la fidelitat dels seus socis, però no les han pres, i tampoc els seus socis els han empès a prendre aquestes decisions de gran importància. Quan parlem de decisions de gran importància, parlem d’aquelles decisions que no són còmodes, per tant, el contrari d’aquelles decisions que vostès han anat prenent en el dia a dia. Parlo d’aquelles decisions que canvien el rumb de la història, aquelles decisions que canvien el futur de moltes persones cap a bé; són aquelles decisions que només els valents s’atreveixen a prendre.

Quan parlem de reformes de fons, em refereixo també, per exemple, a la llei de la qual avui parlem, aquesta Llei 9/1968, la llei de secretos oficiales, una llei que encara avui apareix al Boletín Oficial del Estado firmada pel dictador Francisco Franco. I això és una realitat el 2024, en un estat membre de la Unió Europea, que hi hagi lleis vigents signades per un dictador. El franquisme segueix aquí, impregnant moltes institucions del Reino de España, però encara n’hi ha que s’escandalitzen, s’indignen o inclús ho neguen quan ho recordem. I que això deixi de passar depèn de vostès.

Una altra reforma de fons, molt relacionada amb aquesta de la qual parlem, seria la de la llei del CNI, la reforma de la Llei del control judicial previ. Per a qui no ho sàpiga, són els jutges del Tribunal Suprem els que autoritzen, per exemple, que es puguin espiar telèfons mòbils. Quan parlem de reformes de fons, parlem de la importància, per exemple, que els jutges encarregats d’autoritzar que s’espiïn, per exemple, mòbils, tinguin una limitació del mandat, per exemple, d’un any i que no puguin tornar a repetir. Igual d’important és també que els jutges encarregats d’això facin com fem tots els diputats i diputades, senadors i senadores, una declaració patrimonial i d’interessos, i que aquesta declaració patrimonial i d’interessos dels jutges quedi penjada al web del Consejo General del Poder Judicial. Hi ha jutges que porten vuit anys autoritzant les intercepcions dels telèfons mòbils. Per tant, podem dir que hi ha jutges del Tribunal Suprem que ja formen part de la plantilla del CNI. I que això deixi de passar també depèn de vostès.

Quan parlem d’una reforma de fons també parlem de l’eliminació de l’Audiencia Nacional, un òrgan que és una anomalia. Tots ho diuen, però ningú s’atreveix a fer-ho. I això, que passi, també depèn de vostès. Parlem també de la reforma del Tribunal de Cuentas, un ens que no està adequat a la normativa europea. Parlem també de la reforma del Codi penal, de la reforma del Tribunal Constitucional i un llarg etcètera. De tot el que el PP va fer quan tenia majoria absoluta. Vostès han estat incapaços de revertir res significatiu. I només depèn de vostès, perquè són els que estan al Govern.

Sobre la Llei de secrets oficials o d’informació reservada, cal posar en valor la insistència del PNV per efectuar aquestes reformes de fons i, a més, assenyalar el camí de com fer-ho, i el camí no és l’avantprojecte que vostès van moure la legislatura passada. Aquella proposta seva ja els avancem que no tindrà el suport de Junts per Catalunya. Segurament, com sempre, vostès votaran a favor de l’admissió a tràmit d’aquesta proposta, però tindran el valor de tirar endavant aquesta reforma i altres reformes de calat? Mentrestant, per saber què ha passat al Reino de España, esperarem que algun país tercer desclassifiqui informació, com ha passat fins ara. El nostre vot serà que sí. Dit això, la millor reforma de fons que a Catalunya podem fer és aquella que defensem des de Junts per Catalunya: la independència del nostre país. Des d’aquí una forta abraçada al nostre secretari general, Jordi Turull, i visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Alguien tendría que explicarnos muy bien de qué sirve exactamente este bloque supuestamente progresista y de izquierdas, porque ustedes han estado gobernando los últimos cinco años y han sido incapaces de hacer ni una sola reforma de fondo. Quiero pensar que la gente que les ha votado espera de ustedes que se tomen decisiones de calado, y las hubieran podido tomar en esta última legislatura, porque ustedes estaban en el Gobierno y además tenían la fidelidad de sus socios, pero no las tomaron y sus socios tampoco les empujaron a tomar esas decisiones de calado. Y cuando hablamos de decisiones de calado hablamos de aquellas decisiones que no son cómodas. Por lo tanto, al contrario de esas decisiones que ustedes han ido tomando en su día a día, esas decisiones que cambian el rumbo de la historia, esas decisiones que cambian el futuro de muchas personas para mejor son aquellas decisiones que solo los valientes se atreven a tomar. Y cuando hablamos de reformas de fondo, me refiero, entre otras cosas, a leyes como la de hoy, la 9/1968, la Ley sobre Secretos Oficiales, una ley que hoy en día sigue apareciendo en el Boletín Oficial del Estado firmada por el dictador Francisco Franco. Esto es una realidad en 2024, en un Estado miembro de la Unión Europea. Que existen leyes vigentes firmadas por un dictador es la realidad. El franquismo sigue aquí impregnando muchas instituciones del Reino de España, pero todavía hay quienes se escandalizan y se indignan o incluso lo niegan cuando lo recordamos. Pues que eso deje de pasar depende de ustedes. Y otra reforma de fondo muy relacionada con esta que estamos comentando sería la de la ley del CNI, la reforma de la ley del control judicial previo. Para quien no lo sepa, son los jueces del Tribunal Supremo quienes autorizan que, por ejemplo, se puedan espiar teléfonos móviles. Y cuando hablamos de reformas de fondo, hablamos de la importancia de que los jueces encargados de autorizar que se espíen, por ejemplo, los teléfonos móviles, tengan una limitación de su mandato, por ejemplo de un año, y que no puedan volver a repetir. E igual de importante es que los jueces encargados de ello hagan, como hacemos todos los diputados y diputadas, senadores y senadoras, una declaración patrimonial y de intereses, y que esa declaración patrimonial y de intereses de los jueces quede colgada en la web del Consejo General del Poder Judicial. Hay jueces que llevan ocho años autorizando las intercepciones de los teléfonos móviles. Por lo tanto, podemos decir que hay jueces del Tribunal Supremo que ya forman parte de la plantilla del CNI, y que esto deje de ocurrir depende también de ustedes. Y cuando hablamos de una reforma de fondo, estamos hablando también de la eliminación de la Audiencia Nacional, un órgano que es una anomalía. Todos lo dicen, pero nadie osa hacerlo, y que esto ocurra también depende de ustedes. Y estamos hablando también de la reforma del Tribunal de Cuentas, un ente que no está adecuado a la normativa europea. Hablamos también de la reforma del Código Penal, de la reforma del Tribunal Constitucional y un largo etcétera. De todo cuanto hizo el PP cuando tenía mayoría absoluta; ustedes han sido incapaces de revertir nada significativo y solo depende de ustedes, que son quienes están en el Gobierno.

Sobre la Ley de Secretos Oficiales o de información reservada, poner en valor la insistencia del PNV en efectuar estas reformas de fondo, y además destacar o señalar el camino de cómo hacerlo. Y el camino no es el anteproyecto que ustedes movieron en la pasada legislatura, una propuesta que no contará con el respaldo de Junts per Catalunya. Como siempre, ustedes votarán a favor de la admisión a trámite de esta propuesta, pero ¿tendrán el valor luego de sacar adelante esta reforma y otras reformas de calado? Mientras tanto, para saber qué ha ocurrido en el Reino de España esperaremos a que algún país tercero desclasifique información, como ha ocurrido hasta ahora.

Nuestro voto será que sí. Dicho esto, la mejor reforma de fondo que podemos hacer en Cataluña es la que defendemos desde Junts per Cataluny: la independencia de nuestro país. Y desde aquí un fuerte abrazo a nuestro secretario general, Jordi Turull. Viva Cataluña libre.

Muchas gracias. (Aplausos).

Bona tarda, senyora presidenta, senyories. Estem parlant estrictament d’un residu tòxic del franquisme. Ho repetiré: la Llei de secrets oficials és un residu tòxic del franquisme. Per tant, ja anunciem ara des d’aquí que és adequat, és imprescindible i és urgent canviar això i, per tant, votarem a favor de la proposta del grup parlamentari basc. La Llei de secrets oficials del 1968, retocada lleument el 1978, és una anacronisme. Però, el terme anacronisme es queda curt, sincerament. I no sé si a vostès els preocupa o no viure en el passat. A mi personalment em preocupa viure en el passat, i aquesta llei ens obliga a viure en el passat. Però no en el passat que descriu la bonica sèrie de televisió Cuéntame, sinó en el passat més sinistre i més horrible. Per cert, moltes de les senyories aquí presents no havien nascut l’any 1968. Per tant, hem heretat un residu i l’estem gestionant.

Pot ser la democràcia aliena al canvi? Per què costa tant en la democràcia espanyola canviar les coses? Per què, fatalment, en aquest racó d’Europa les coses costen tant de moure? És que potser som víctimes d’una maledicció? Senyories, amb eines del passat no avançarem cap al futur. A més a més, hi ha dos qüestions ben evidents, la Llei de secrets oficials del 1968 topa frontalment amb la Llei de transparència i accés a la informació i bon govern que es va aprovar l’any 2014, i també topa amb la Llei de memòria democràtica. Per tant, hem de decidir si volem viure en el món de la Llei de secrets oficials del 1968, on a Espanya manava un militar, o volem viure en el present, on tenim una llei de transparència i una llei de memòria. Hem de triar, com a Matrix: pastilla vermella o pastilla blava? Hem de triar d’una vegada i això interpel·la, com s’ha dit, efectivament, les senyories del PSOE, que sempre ens donen la raó, però finalment no activen el botó. Per cert, i amb tot l’afecte diré: i a la senyories de SUMAR, que, sigui dit de passada, també formen part del Govern espanyol.

Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, estamos hablando estrictamente de un residuo tóxico del franquismo. Lo repetiré, la Ley sobre Secretos Oficiales es un residuo tóxico del franquismo. Por lo tanto, ya anunciamos aquí y ahora que es adecuado, imprescindible y urgente cambiar esto. Por lo tanto, votaremos a favor de la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco. La Ley sobre Secretos Oficiales de 1968, retocada ligeramente en 1978, es un anacronismo; el término anacronismo se queda corto, sinceramente, y no sé si a ustedes les preocupa o no vivir en el pasado. A mí personalmente me preocupa vivir en el pasado y esta ley nos obliga a vivir en el pasado. Pero no en el pasado que describe la bonita serie Cuéntame, sino en el pasado más siniestro y horrible. Por cierto, muchas de las señorías aquí presentes no habían nacido en el año 1968. Por lo tanto, hemos heredado un residuo y lo estamos gestionando. ¿Puede la democracia ser ausente al cambio, no tener cambios? ¿Por qué en este rincón de Europa cuesta tanto mover las cosas? ¿Quizás somos víctimas de una maldición? Señorías, con herramientas del pasado no avanzaremos hacia el futuro. Además, hay dos cuestiones muy evidentes. La Ley de Secretos Oficiales de 1968 se topa frontalmente con la ley de transparencia y acceso a la información que se aprobó el año 2014 y también se topa con la Ley de Memoria Democrática. Por lo tanto, tenemos que decidir si queremos vivir en el mundo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, en la que en España mandaba un militar, o queremos vivir en el presente, donde tenemos unas leyes de transparencia y de memoria. Tenemos que elegir, como en Matrix: pastilla roja o pastilla azul. Tenemos que elegir de una vez, y esto interpela, efectivamente, a las señorías del PSOE, que siempre nos dan la razón, pero finalmente no activan el botón. Por cierto, y con todo el cariño, diré a las señorías de SUMAR, que de paso también forman parte del Gobierno español.

Señorías del PSOE y del PP, la raya entre los regímenes autoritarios con respecto a los sistemas de libertades debe ser clara y firme, mucho más cuando se trata de materias sensibles que afectan a derechos fundamentales. No estamos hablando de cualquier cosa. ¿Quieren la prueba? La prueba la tienen en el pintoresco discurso de la ultraderecha que se ha pronunciado esta tarde. Por cierto, no se puede negar que los ultras son coherentes. Los ultras defienden la legislación franquista. ¡Bravo, qué gran noticia!

En la dictadura el secrets oficials eren una part més de la terrible opacitat d’un règim tirànic, la mecànica intrínseca de la destrucció de la població. Vull recordar que sota el franquisme no hi havia ciutadans, hi havia súbdits. Per tant, la llei del 1968 de secrets oficials ens continua tractant com a súbdits, és a dir, com a menors d’edat, sempre sota sospita, perquè així tractava el franquisme als súbdits. En democràcia, senyories, el Leviatan ha de ser domesticat i controlat. Altrament, aquest Leviatan se’ns menja, i ho sabem perfectament. Per exemple, en el cas Pegasus i altres episodis que no podrien servir per acreditar, com es diu amb la boca ben ampla, que Espanya és una democràcia plena. Doncs, gràcies a la llei del 1968 és menys plena, senyories.

És inacceptable en termes de qualitat democràtica mantenir això. Torno a apel·lar a les senyories del PSOE: si us plau, aquesta vegada activin el botó. No fem el parabien; no fem el bienqueda, si us plau. Per cert, vull recordar que, en el context de l’Europa on l’Estat espanyol viu i conviu, també som una anomalia en aquest sentit, perquè altres ordenaments jurídics, com el de França, Itàlia, Alemanya, el Regne Unit, sí que tenen terminis límit en les seves respectives lleis de secrets oficials. Siguem, si més no, tan estranys com els francesos, els alemanys o els britànics.

I jo em demano aquesta tarda aquí, quan hi ha molta gent que potser dorm o no m’escolta o no s’ha posat el traductor, perquè, ves a saber, de cop i volta ha aparegut el do de llengües en aquesta cambra. Jo em pregunto, jo em demano: a qui es tracta de protegir? Aquesta llei del 1968, que, repeteixo, és una podridura estricta del franquisme, a qui vol protegir? A quina mena de mòmies es tracta de protegir? O mòmies o mòmies ressuscitades, perquè, és clar, n’hi ha algunes que tampoc havien nascut el 1968. Quins fets es tracta de mantenir en el silenci? De quines comèdies se’ns vol amagar? Perquè, és clar, una llei de secrets oficials dictada per la dictadura protegeix com ho fan les dictadures, és evident.

Per cert, aprofito per recordar, si no ho saben, que hi ha una gran legislació, un gran paquet de legislació vigent, que encara ve del franquisme. Pràcticament podríem dir que hi ha més de 250 normes preconstitucionals; és a dir, que a la que et descuides sota la pedra apareix una llei firmada per Franco. Quina il·lusió! Mai a la vida la moda vintage havia estat tan divertida, senyories. Coincideix aquest debat amb el 43 aniversari de l’intent de cop d’estat del 23F. I, per tant, és pertinent també interrogar-se sobre què podríem descobrir si la Llei de secrets oficials finalment fos nova. Què sabríem que no podem saber?

En la dictadura, los secretos oficiales eran una parte más de la terrible opacidad de un régimen tiránico y la mecánica intrínseca de destrucción de la población. Quiero recordar que bajo el franquismo no había ciudadanos, había súbditos. Por lo tanto, la Ley de 1968, de Secretos Oficiales, nos continúa tratando como súbditos, es decir, como menores de edad siempre bajo sospecha, porque así trataba el franquismo a los súbditos. En democracia, señorías, el leviatán tiene que ser domesticado y controlado o, si no, este leviatán se nos come, y lo sabemos perfectamente. Por ejemplo, el caso Pegasus y otros episodios nos podrían servir para acreditar cómo se dice con la boca bien abierta que España es una democracia; pues gracias a la Ley de 1968 es menos plena esta democracia, señorías. Es inaceptable en términos de seguridad democrática mantener esto. Vuelvo a apelar a las señorías del PSOE, por favor, esta vez activen el botón y no hagamos un parabién; no hagamos el bienqueda, por favor.

Por cierto, quiero recordar que, en el contexto de Europa, donde el Estado español vive y convive, también somos una anomalía en este sentido, porque otros ordenamientos jurídicos, como los de Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, sí tienen límites en sus respectivas leyes de secretos oficiales. Seamos tan extraños como los franceses, los alemanes o los británicos.

Y yo me pregunto esta tarde aquí, cuando hay mucha gente que quizá duerme o no se ha puesto el traductor, porque de repente tienen el don de lenguas en esta Cámara (aplausos), ¿a quién trata de proteger esta Ley de 1968, que ―repito― es una podredura estricta del franquismo? ¿A quién quiere proteger? ¿A qué clase de momia se trata de proteger? O momias resucitadas, porque, claro, hay algunas que tampoco habían nacido en 1968. ¿Por qué hay que mantener el silencio? ¿De qué comedia se nos quiere esconder? Porque, claro, una Ley de Secretos Oficiales dictada por la dictadura protege como lo hacen las dictaduras, es evidente.

Por cierto, aprovecho para recordar, si no lo saben, que hay un gran paquete de legislación vigente que todavía viene del franquismo. Prácticamente, podríamos decir que hay más de doscientas cincuenta normas preconstitucionales; es decir, a la que te descuidas, bajo las piedras aparece una ley firmada por Franco. ¡Oh, qué ilusión! Nunca en la vida la moda vintage había sido tan divertida, señorías.

Coincide este debate con el 43.º aniversario del intento de golpe de Estado del 23F y, por lo tanto, es pertinente también interrogar qué podríamos descubrir si la Ley de Secretos Oficiales finalmente fuese nueva. ¿Qué sabríamos que no podemos saber?

Por cierto, aprovecho para recomendar el libro del periodista que se ha citado, Carlos Fonseca, sobre la intentona golpista; una buena obra que nos acerca a lo que no podemos ver.

La llei vigent de secrets d’estat impedeix, entre altres coses, que abordem el problema de les violacions de drets humans, que també, diguem, interpel·la el cas d’Espanya, i els crims comesos durant la Guerra Civil i el franquisme. Amnistia Internacional ho ha denunciat i nosaltres ho repetim. Acabo, presidenta. Donarem suport a la proposició del Partit Nacionalista Basc perquè és racional, de justícia i de consciència democràtica, i perquè és el que toca si no volem viure en el passat i ser més aviat zombis abans que ciutadans. Ens volem assemblar a les millors democràcies o ens volem assemblar al món tenebrós del qual vam sortir fa més de 40 anys? Gràcies, bona tarda.

La ley vigente de secretos de Estado impide, entre otras cosas, que abordemos el problema de las violaciones de derechos humanos, que también interpelan al caso de España, y los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Amnistía Internacional lo ha denunciado y nosotros lo repetimos.

Acabo, presidenta. Apoyaremos la proposición del Partido Nacionalista Vasco, porque es racional, de justicia y de conciencia democrática, y porque es lo que toca si no queremos vivir en el pasado y ser más bien zombis antes que ciudadanos. ¿Nos queremos parecer a las mejores democracias o queremos parecernos al mundo tenebroso del que salimos hace más de cuarenta años?

Gracias. Buenas tardes. (Aplausos).

Presidenta, señorías, es la tercera vez, efectivamente, que desde el año 2009 se presenta en esta Cámara una proposición de ley para modificar la Ley de Secretos Oficiales aprobada durante el franquismo, una ley que vergonzosamente está aún en vigor con apenas unas modificaciones en el año 1978.

Violencia política —‌decía el señor Sánchez García— es que en la exposición de motivos de esta ley en vigor todavía se menciona el control político del Consejo Nacional del Movimiento, por no hablar de la firma del dictador, que consta todavía al pie de la ley. Me imagino que es lo que más le gusta a VOX de la ley actual.

La clasificación de información por parte de los Estados implica una restricción del acceso a la información, que, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es parte del derecho humano a la libertad de expresión. El derecho a recibir información es imprescindible para la formación de opinión y para la participación en la toma de decisiones. Y la protección de la seguridad del Estado en una democracia no es posible si no se garantiza el acceso al derecho a la verdad, la protección de los derechos humanos y la reparación de las violaciones de las infracciones de los derechos humanos. La desclasificación de documentos nunca puede amparar la impunidad de delitos, y España necesita un sistema de transparencia que garantice el debido proceso tanto para clasificar como para desclasificar documentos, incluyendo una desclasificación automática por mandato legal tan pronto ―ojalá― entre en vigor esta reforma de los documentos que ya están clasificados si hubiera transcurrido, desde el momento de la clasificación, los plazos que ahora se van a establecer en la ley. Pero la exposición de motivos de una ley democrática no puede mencionar a instituciones franquistas. La clasificación de documentos debe proteger ese acceso al derecho a la verdad y, sobre todo, debe prohibirse cualquier interferencia en investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos mediante la prohibición del acceso a documentos clasificándolos como reservados.

La cuestión clave, sin duda alguna, es el tiempo que debe transcurrir para que un documento reservado o secreto vea la luz pública. La ley actual indica que la clasificación de documentos se mantendrá sin límite temporal hasta su cancelación uno a uno. Ahora mismo, nadie sabe en España cuántos documentos han sido declarados secretos; no existe un listado. La Ley de 1968, hasta su modificación en el año 1978, permitía que los documentos fueran clasificados por el Consejo de Ministros y por centenares de funcionarios de la Dictadura, que durante años han declarado secreto todo lo que han querido sin más criterio que el de un funcionario de un régimen dictatorial, y me refiero a todos los jefes de Estado Mayor, a todos los gobernadores civiles o a cualquier funcionario que tuviera que ver con las capitanías; cualquier jefe de una capitanía militar, por ejemplo. La inmensa mayoría de esos millares de documentos siguen bajo secreto; no hay una norma que permita su desclasificación si no es uno a uno, como ya digo. Y, en la práctica, esta desclasificación se ha convertido en una tarea imposible de hacer si no se aprueba una norma que contenga un mandato legal que obligue a la desclasificación. Es imposible desclasificar uno a uno. Y la arbitrariedad y el secretismo que se ha arrastrado en todos estos años afectan no solo a la investigación histórica, sino también a la investigación periodística o, simplemente, al derecho de información de cualquier ciudadano o ciudadana.

Miren, documentos que hoy permanecen clasificados son, por ejemplo, todos los que tienen que ver con el apoyo del franquismo al nazismo; los que tienen que ver, por ejemplo, con las emisiones clandestinas de Radio España Independiente, La Pirenaica, que por cierto, pueden ir cualquiera de ustedes a consultar sin restricciones en el archivo histórico del Partido Comunista de España; o el archivo titulado Palomas mensajeras 19121925, que tras más de cien años sigue siendo secreto; o sobre la guerra de Marruecos y el uso de armas químicas; o, efectivamente, sobre los últimos años del franquismo y la Transición, sobre el golpe de Estado del 23 de febrero; o sobre el terrorismo del Batallón Vasco Español y del GAL. Y mantenemos clasificados como documentos secretos otros que ya terceros países han desclasificado, países adonde los historiadores o periodistas tienen que ir para conocer su contenido. Incluso, utilizamos la Ley de Secretos Oficiales para no publicar datos del comercio de armas que se efectúa desde España, lo que, según Amnistía Internacional o Greenpeace, oculta la venta a países que no respetan los derechos humanos. Y, francamente, que los gastos de Corinna Larsen sean secreto de Estado nos pone a nivel de una república bananera.

Que solo el Consejo de Ministros tenga que ser la autoridad civil democrática que pueda proceder a la clasificación es algo que figura en la propuesta que hoy discutimos, con lo que necesariamente tenemos que estar de acuerdo; solamente podrán declararse documentos secretos o reservados por una autoridad civil y democrática. También estamos de acuerdo con que el plazo de clasificación sea de un máximo de veinticinco años en el caso de documentos secretos o, en el caso de reserva, un máximo de diez años, con una prórroga que entendemos razonable que pueda contemplarse en algunos casos, que no debería ser de más de diez años, que es conforme con lo que ocurre en la legislación de países de nuestro entorno como Portugal, Reino Unido o Italia, con límites máximos de clasificación, países que incluyen prórrogas de hasta treinta años.

Por supuesto, defendemos la obligación legal de desclasificar cualquier documento, cuando sea necesario, para perseguir violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, en Alemania se excluye la posibilidad de clasificación de actos que violen el orden democrático o los acuerdos de control de armamento; en Portugal se puede desclasificar cualquier documento si se trata de materias que violan delitos del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Acabo. Votaremos favorablemente esta toma en consideración porque es una obligación democrática hacerlo. Nuestro ordenamiento no puede seguir regulando cuestiones de seguridad con legislación franquista, y pedimos a todos los grupos parlamentarios democráticos que aprobemos esta proposición de ley definitivamente en esta legislatura.

Muchas gracias. (Aplausos).

Presidenta. Señorías. Señor Legarda. El Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de esta toma en consideración de la reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales, como hemos hecho en otras ocasiones, sin perjuicio de que intentaremos mejorarla en su tramitación. El Grupo Socialista votará a favor, y tenemos curiosidad, señorías del Partido Popular, por saber qué votarán ustedes.

El Partido Socialista tiene profundas convicciones éticas (risas) y queremos llegar hasta el final en cualquier cuestión que deba esclarecerse o transparentarse. En esa línea, hoy mismo hemos presentado en el Registro del Congreso una petición para la creación de una comisión de investigación sobre la compra de material sanitario por parte de las administraciones públicas. (Rumores). La primera reacción del Partido Popular ante este anuncio ha sido oponerse; igual que se han negado, señorías del Partido Popular, a la creación de comisiones de investigación similares en Andalucía, Castilla y León, Galicia o la propia Comunidad de Madrid. ¿No será por temor a que se investigue la compra de mascarillas en la Comunidad de Madrid o, como hemos sabido hoy por un titular de prensa, en la Comunidad de Galicia cuando el señor Feijóo era su presidente? (Rumores).

Señorías del Partido Popular, ¿acaso temen que se conozca la verdad de su forma de hacer política, ya sea comprando mascarillas, sobres con dinero, aparatos del Estado al servicio del partido, ordenadores destruidos a martillazos o ancianos condenados en las residencias? (Aplausos.―Rumores). Ya sabemos cómo funciona la transparencia en ese partido. (Rumores.―Una señora diputada: Sí, sí). Y, si no, que le pregunten al señor Casado, que pasó a mejor vida después de decir en los medios literalmente ―y abro comillas―: «La cuestión es si es entendible cuando morían en España 700 personas al día, si se puede contratar con tu hermano y recibir 286 000 euros de beneficio por vender mascarillas» ―cierro comillas―. (Aplausos). Señorías, el Partido Socialista tiene claros sus pilares: transparencia, asunción de responsabilidades y colaboración máxima con la justicia. (Rumores). Pero el Partido Popular no cambia lo lidere Aznar, Rajoy o Núñez Feijóo. Por eso, señorías, no podemos aceptar lecciones del Partido Popular. (Rumores).

El derecho a la información y los principios de publicidad y transparencia son esenciales en un Estado social y democrático de derecho, señorías, como se ha venido diciendo aquí por diferentes portavoces. Forman parte del sistema de garantías de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución. Constituyen un elemento necesario para el control de la arbitrariedad de los poderes públicos. El principio de publicidad, eso sí, no tiene carácter absoluto. La Constitución, en su artículo 105.b), establece la posibilidad de extraer del conocimiento ciertas informaciones, pero solo cuando estas puedan perjudicar la seguridad y la defensa del Estado, que es diferente a utilizar las fuerzas y cuerpos de seguridad o los aparatos del Estado para ocultar pruebas de corrupción, tal y como desvelan las informaciones que conocemos del caso Kitchen.

Señorías, estaremos todos de acuerdo en que no es una cuestión sencilla encontrar el equilibrio entre la clasificación de la información por motivos de seguridad o de defensa del Estado y el derecho de la ciudadanía a la información, la transparencia y al rendimiento de cuentas de la Administración y de los poderes públicos; no es sencillo, y lo prueba este enésimo intento de tirar adelante con una propuesta de reforma de una ley que originariamente es de 1968, que solo ha sido modificada en octubre de 1978. La proposición de reforma de la Ley de Secretos Oficiales que presenta el Grupo Parlamentario Vasco nos recuerda esta asignatura pendiente en nuestro ordenamiento legal.

Y hablando de secretos, no es ningún secreto que, en la legislatura pasada, se avanzó considerablemente en los trabajos para la aprobación de una nueva ley que la sustituyera. Recordemos que el anteproyecto de ley de información clasificada fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de agosto de 2022; una nueva ley con el objetivo de adecuarse mejor al ordenamiento jurídico y ―como también se ha dicho aquí― para homologarse a los países de nuestro entorno. Tampoco es ningún secreto que la mayoría de los avances en el acceso de los grupos parlamentarios a materias clasificadas se ha hecho con gobiernos socialistas y con mayorías parlamentarias de progreso, con las resoluciones de Presidencia del Congreso en diciembre de 1986, en junio de 1992, en mayo de 2004, o la más reciente de abril de 2022, con la Presidencia de la señora Meritxell Batet, que rebajó el requisito de mayoría cualificada a mayoría absoluta, rompiendo así el bloqueo sistemático que sufría la Comisión de Secretos Oficiales y ampliando la pluralidad en el acceso a la información clasificada, y que, cómo no, tuvo el voto en contra de las derechas de la foto de Colón. Tampoco es un secreto que fue también con un Gobierno socialista que se creó la Comisión de Secretos Oficiales en 1995 mediante la ley que regulaba inicialmente el uso y control de los llamados fondos reservados y que más tarde incluyó también el control del CNI.

Señorías, España es una democracia plena y figura en lo más alto de los rankings que estudian los niveles de democracia, por eso mismo debemos profundizar y mejorar nuestros estándares democráticos. Este es nuestro compromiso. Tal como manifestó el presidente del Gobierno en esta misma tribuna la semana pasada, el Gobierno está comprometido con la reforma y profundización de los derechos. El derecho a la información y la transparencia de las administraciones son derechos en los que sin duda trabajará el Grupo Socialista para seguir avanzando.

Señorías, acabo. Confiemos en que todos los grupos estemos a la altura, trabajemos para que la actualización de la normativa de información clasificada sea una realidad en esta legislatura, y confiemos en que no se obstaculice su reforma, como desgraciadamente pasa en otros ámbitos de la política nacional por nostalgia de otro régimen o simplemente por miedo al progreso democrático en nuestro país. Señorías, los y las socialistas trabajaremos para que esta reforma sea una realidad. Como he dicho al principio, votaremos a favor.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Con la venia, señora presidenta. Señorías, vaya papelón el del señor portavoz del Grupo Socialista. Señor Jerez, si el Grupo Popular aún no ha empezado a hablar, ¿cómo usted habla del Grupo Popular como si hubiéramos dicho no sé qué del Grupo Socialista? (Aplausos). Me surge una duda y seguramente no la voy a saber nunca, es si su papel, el que ha leído al principio, tiene el aroma de la inspiración del señor Ábalos o del señor Santos Cerdán. (Aplausos). Por cierto, ninguno de los dos está presente ahora en los escaños. Será que la tarde es espesa para el Grupo Socialista. Señorías, nos hallamos ante la propuesta de reforma de la Ley sobre Secretos Oficiales del año 1968, como bien se ha dicho, y con la que han convivido algunas normas regulatorias a posteriori en esta misma materia. Este es un tema que, efectivamente, merece un debate sosegado entre todas las fuerzas políticas. Si queremos cambiar la Ley sobre Secretos Oficiales, debe ser con el objetivo de mejorar nuestra seguridad ante cualquier ataque interno o externo a nuestra nación. Señor Legarda, si podemos hacer esta reforma añadiéndole más transparencia a la ley, habremos cosechado entonces el éxito que buscamos. Saludamos el debate y también la propuesta que nos presenta el PNV a través de mi amigo y respetado señor Legarda, aunque no la compartimos, como ya conocen muchas de sus señorías, porque ya ha venido a colación en numerosas ocasiones a la Cámara con el impulso del mismo grupo político. En aquellas ocasiones ya exponíamos nuestras razones, que repetiremos ahora, porque básicamente no han variado. De otro lado, aunque del mismo costado del asunto, recordarán, señorías, que el Gobierno planteó un anteproyecto para una nueva ley de secretos oficiales a mediados del año 2022, como aquí se ha recordado también, en mitad del escándalo Pegasus, que afectaba a miembros del Gobierno y a la seguridad nacional. Hoy, el PNV trae esta propuesta también en mitad de otro escándalo, señorías, el caso Koldo, que afecta nuclearmente al Gobierno y a varios ministerios e instituciones gobernadas por el socialismo, puesto que en definitiva no deja de ser otra cosa que el caso del PSOE y el caso del señor Sánchez. (Una señora diputada: ¡Muy bien!—Aplausos). Señorías, la ley en vigor reconoce las clasificaciones de secreta y confidencial. El avance del texto normativo sustitutivo que se proponía clasificaba las cuestiones de alto secreto, de daño extremadamente grave para el país; secreto, daño grave y confidencial; daño perjudicial y restringido, daño desfavorable. Aquel anteproyecto del año 2022 no generó norma alguna, como bien sabemos, aunque es cierto que organismos internacionales a los que pertenecemos, como puede ser la OTAN o la Unión Europea, vieron necesaria una reforma para actualizar la ley. Y estos cambios, señorías, han de generarse, como antes decía, con consenso y responsabilidad, cosas en que, si me permiten decirlo, este Gobierno ni está, ni se le espera. Ni consenso, ni responsabilidad. ¿Quién va a legislar sobre seguridad con un Gobierno de esta jaez, señorías? Porque el presidente del Ejecutivo está pactando una ley de amnistía con delincuentes que querían tumbar nuestra integridad territorial y nuestra libertad. Porque este Gobierno, señorías, está pactando con prófugos de la justicia que están investigados por terrorismo y por aliarse con Putin para socavar nuestro régimen constitucional. Es difícil llegar a algún acuerdo así con un Gobierno en materia de secretos oficiales. Convendrán conmigo en que más que difícil, es imposible. Me pregunto si el Gobierno le confiesa al PNV, su socio también en la investidura y a la vez proponente de esta iniciativa, algún secreto de sus pactos con Junts o con Bildu. Señorías del PNV, Junts acaba de decir aquí exactamente que el franquismo está en las instituciones, que es necesaria la eliminación de la Audiencia Nacional. No me lo invento, lo acaba de decir aquí la portavoz de Junts. Estos son los socios del Gobierno, este es el Gobierno que tenemos. Señorías del PNV, nos gustaría que la misma y justa transparencia que piden para esta ley, la desbordaran ustedes aquí para que todos los representantes de los españoles conociéramos los pactos secretos de este Gobierno, porque lo que estamos conociendo es inaudito y, en muchas ocasiones, rebasa totalmente la legalidad. Pero ¿qué hay de más, señorías?, ¿qué pactos ocultos de investidura tiene este Gobierno con sus socios? No sabemos si el señor Sánchez les contesta o si ustedes le preguntan al señor Sánchez sobre estos pactos, pero nos quedará siempre esa duda, señorías del PNV, de los secretos oficiales del Gobierno, que siguen sin resolverse. ¿Dónde están los 2 gigas de información sustraída del móvil del presidente del Gobierno?, ¿se están tomando decisiones desde el Gobierno debido a esa sustracción? ¿Dónde está el vértice del caso Koldo y del Ministerio de Fomento? ¿A cuántos ministerios más del Gobierno salpica? ¿Qué había, señorías, en las cuarenta maletas de Delcy, la vicepresidenta del Gobierno de Maduro? (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!). ¿Por qué esas maletas se sacaron del control de España y de la Unión Europea con la colaboración del Gobierno? ¿Alguien del Gobierno se lucró de ese acto, señorías? ¿Dónde está ese pacto por escrito con los prófugos de la justicia? ¿A qué nuevas ilegalidades se ha comprometido el Partido Socialista con tal de mantenerse en la Moncloa? ¿Cómo afecta esto a nuestra seguridad nacional?

Convendrán conmigo, señorías, en que son muchos los secretos del Gobierno, y cuando el secreto ya no lo es, es sencillamente porque el secreto se ha convertido en un auténtico escándalo, uno tras otro de este Gobierno. Lo que ya no es ningún secreto es que tenemos un Gobierno sin principios que rezuma corrupción desde el principio, desde su propio nacimiento, ¡porque la investidura y esos acuerdos fueron un acto de corrupción política, señorías! (Aplausos). Corrupción política.

Analicemos, señorías, entrando en materia, si este es un acto necesario, si es necesario que tengamos este debate. La respuesta es sí. Sin duda es necesario que tengamos el debate sobre la reforma de esta ley, unas políticas públicas con instrumentos para hacer frente a cualquier ataque. Como diría el filósofo inglés John Locke allá por 1690, los Gobiernos existen para proteger a los ciudadanos. Queremos un Gobierno que proteja nuestros derechos y no que nos despoje de ellos. Señorías, nadie desconoce que en las materias extremadamente sensibles objeto de esta ley entran en juego la seguridad nacional del Estado y la protección del Estado como garante, a su vez, de nuestra seguridad individual y de nuestra seguridad colectiva. Y más transparencia en secretos oficiales, por supuesto en la medida en que se pueda, sí. Pero hay que ver esta regulación también en otros países, lo que dicen los Altos Tribunales, nuestro Tribunal Supremo y, en concordancia, los tribunales supremos de otros países, de otras naciones. Como el de Estados Unidos, que dice que por encima de los intereses individuales más respetables, de los intereses colectivos más justificados, está el derecho superior de una sociedad y de una nación a asegurar su propia existencia, señorías. En términos de transparencia, la realidad legislativa de los últimos años ha hecho necesaria la reorganización, la reforma de este vetusto texto. Pero hay que traer también logros a colación que han sido muy importantes, como la ley de transparencia aprobada por un Gobierno del Partido Popular aquí en las Cortes en el año 2013. Esta ley de transparencia y buen gobierno sin duda ha cambiado las cosas para mejorar esa transparencia también en todos los vértices de esta materia.

Nada que objetar, señorías del PNV, a los cambios terminológicos que se proponen para actualizar una ley antigua, pero no podemos coincidir en lo que se propone de establecer límites temporales y que el mero transcurso del tiempo desclasifique materias especialmente protegidas, como, por ejemplo —‌y acabo ya, señora presidenta—, informes de inteligencia, ubicación de arsenales militares, estrategias de defensa nacional o depósitos de municiones. Convendrán conmigo en que el mero transcurso del tiempo no nos da para desclasificar esta información de inteligencia del Estado, señorías, y eso es muy razonable pensarlo. Por tanto, legislemos con sentido común. Comprenderán que estas infraestructuras estratégicas para la seguridad nacional no pueden ser desclasificadas; es algo que, además, se ha hecho en Francia y se hace en Reino Unido, Dinamarca o Italia.

Concluyo, señorías, diciendo que votaremos en contra de la propuesta del PNV y seguiremos invitando a una reforma con seriedad en la que exista el mayor consenso posible para la seguridad de nuestra nación, de nuestro Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).