Interpelación urgente al Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre las actuaciones que va a llevar a cabo su Ministerio para garantizar la independencia del Poder Judicial.

Muchas gracias, señora presidente. Señor ministro, esta interpelación urgente, que ha presentado el Grupo Parlamentario VOX y que se dirige al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, insta para saber qué actuaciones está haciendo para garantizar la independencia del Poder Judicial. Es lo que podríamos decir una redacción formal desde un punto de vista parlamentario, pero, si le parece, vamos a dejarnos de eufemismos y vamos a dirigirnos con el lenguaje que vamos a entender todos, especialmente los españoles de a pie, los que están en la calle, los que soportan día a día a su Gobierno. Nos dirigimos al ministro profanador de tumbas, al ministro profanador del Estado de derecho y de la división de poderes, al ministro conseguidor de favores a golpistas, a separatistas, a delincuentes. Nos dirigimos para denunciar desde esta tribuna las actuaciones que ustedes están haciendo para controlar el Poder Judicial. Nos dirigimos al ministro de un gobierno que ha levantado el hacha de guerra contra el Poder Judicial, el lawfare, y lo hace mediante el más descarado de los intentos que se han hecho desde que se aprobó la Constitución. Han hablado sin tapujos en sus acuerdos de que había que establecer comisiones de investigación en esta sede parlamentaria para controlar a esos jueces y magistrados desafectos con su régimen sanchista. Un ministro de un gobierno que ha levantado la bandera de la impunidad para los delincuentes enemigos de España mediante todos los instrumentos habidos y por haber: los indultos, la amnistía, las concesiones parlamentarias y presupuestarias o la descarada compra de votos. Un ministro y un gobierno que no han tenido reparos en señalar y en permitir que sus socios señalen desde esta tribuna a jueces y magistrados declarándoles indecentes, personas que habrían de sentarse en el banquillo, ser juzgadas y cesadas. Un ministro y un gobierno que han llevado a cabo la más despiadada ruptura de la igualdad de los españoles ante la ley, consagrada en el artículo 14 de nuestra Constitución. Un ministro y un gobierno con nombramientos teledirigidos, como por ejemplo el de su ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha tenido que salir al paso de la Sala tercera del Tribunal Supremo anulando el nombramiento por desviación de poder, cuando la propuesta tenía en contra al propio Consejo Fiscal para que no pudiera ser nombrada fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Un ministro de un gobierno cuyo fiscal general del Estado fue nombrado con informe contrario del propio Consejo General del Poder Judicial y de las asociaciones de jueces y fiscales. Un ministro de un gobierno cuyo Consejo Fiscal está siendo controlado. Valga como ejemplo que aquella asociación, Unión Progresista de Fiscales, que no representa ni al 10 % de los fiscales, ha pasado de tener cuatro a diecisiete miembros de los treinta y nueve del consejo, es decir, con un 10 % de representación tiene un 40 % de puestos en el Consejo Fiscal. Un ministro y un gobierno que se han creído que España es una colonia y, por tanto, se permiten hablar de mediadores internacionales en sus pactos entre el PSOE y los separatistas de ‘juntos por el golpe’, y pretenden que haya un mediador internacional para supervisar a la colonia España sobre sus pactos y sus acuerdos sobre la amnistía a los golpistas, a los prófugos y a los delincuentes, y que hablan de tú a tú, en igualdad de condiciones, con un prófugo delincuente como es Puigdemont. Un gobierno que de la manita del Partido Popular se va a Europa y le pide al comisario de Justicia que actúe de mediador para ver si resuelven ese conflicto que tienen entre ustedes, que es saber cómo se siguen repartiendo el Consejo General del Poder Judicial los próximos años. (Aplausos). Y allí van de la mano el señor Bolaños y el señor Pons y le dicen al comisario: ¿Nos puede usted ayudar, que se nos han mezclado las piezas y ya no sabemos a quién le toca jugar la partida? ¿Quién mueve peones, quién pone alfiles, quién tiene torres? Nosotros creíamos que la última colonia que quedaba en Europa era la colonia de Gran Bretaña en Gibraltar sobre territorio español, pero ustedes siguen creyendo que España es una colonia que tiene que pedir mediadores internacionales. El ministro de un gobierno que ha aplicado un descarado fraude legislativo. Le recuerdo, por ejemplo, la reforma que llevaron ustedes en el año 2021 sobre el artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para suspender la facultad que tenía el Consejo General del Poder Judicial de hacer nombramientos cuando estaba en funciones, y pocos meses después aprobaron la reforma de esa misma ley, en el artículo 570 bis, para permitir que sí pudiera haber nombramientos, pero precisamente de los magistrados del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno, porque necesitan imperiosamente tener controlado el Tribunal Constitucional para que les sea la coartada perfecta de todas las infamias que estamos viendo, sus leyes de amnistía y sus pactos inconstitucionales. (Aplausos).

Ustedes, una tras otra en sus intervenciones, le reprochan al Partido Popular que está en déficit constitucional porque no accede a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y puede ser que técnicamente tengan ustedes razón, pero, hombre, no lo oculten bajo cumplimientos o incumplimientos de la Constitución. Es que a ustedes les falta ese mecanismo de control, es lo último que les queda para tener absolutamente controlados todos los resortes del Estado, todos los contrapoderes. Necesitan tener también controlado el Consejo General del Poder Judicial para que no se les escape absolutamente nada. La pena es que algunos, como el Partido Popular, pasan de querer utilizar el Consejo a convertirse en tontos útiles de ustedes. En VOX hemos denunciado, hemos exigido y hemos impulsado lo que de verdad serían —‌y esto sí tiene que ver con el título de la interpelación— las actuaciones necesarias para la independencia de la justicia, para la independencia del Poder Judicial, acciones legislativas como la proposición que presentamos y que ampliamos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que la elección de esos doce vocales que han de ser de procedencia judicial lo sean como lo fueron hasta la Ley de 1980, por y entre jueces y magistrados de todas las categorías, sin cuotas, sin intermediaciones, sin control de partidos ni control de asociaciones. Por cierto, en aquella primera votación se abstuvo el Partido Popular. Hemos impulsado reformas del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que esto esté exclusivamente sometido al imperio de la ley, con imparcialidad, con objetividad, y no a las directrices del Gobierno de turno. Hemos impulsado medidas judiciales, como querellas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el Gobierno de Sánchez por usurpación de funciones del Poder Judicial. Y hemos llevado al Parlamento Europeo el debate sobre la falta de independencia judicial en España; lo hemos denunciado ante la Comisión de Venecia, que recientemente hizo una visita en esta sede parlamentaria, y lo hemos denunciado con informes, con pruebas.

Voy terminando, señor ministro. Ustedes son un auténtico eufemismo, una burla macabra de lo que puede representar el Estado de derecho, la división de poderes, la independencia judicial. Fíjese, ya en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que a algunos les gusta repetir en muchos de sus discursos, establecía en su artículo 16 que una sociedad en la que no esté perfectamente establecida la garantía de los derechos ni perfectamente determinada la separación de poderes de facto carece de Constitución. Yo le añadiría que sin esas garantías no hay Estado de derecho y, si no hay Estado de derecho, no hay democracia. Es de eso de lo que estamos hablando, no es un debate sobre quién controla o no el Consejo General del Poder Judicial, quién coloca a sus peones en el Tribunal Constitucional o quién hace los nombramientos de las altas magistraturas del Estado; lo que está realmente en juego es la democracia, el Estado de derecho y, por tanto, las libertades de todos los españoles, porque si no hay separación de poderes, no hay Estado de derecho y no hay democracia, lo que hay es un régimen autoritario haciendo votos de convertirse en un régimen fallido y, por tanto, un régimen totalitario. Nos tendrán enfrente, señor ministro. Nos tendrán enfrente, porque su actuación es abiertamente contraria al mínimo respeto a los órganos judiciales, al mínimo respeto al Estado de derecho y al mínimo respeto a los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Señora presidenta, señor Ortega Smith, señores y señoras diputados y diputadas, no puedo decir que me sorprenda esta interpelación ni las preguntas que me formulan porque suelen ser bastante reiterativas, pero también les digo que todas las veces que me pregunten en esta Cámara, en el Senado o fuera de estas paredes voy a responder lo mismo, y es lo que digo siempre en toda ocasión y ante cualquier público. Lo puedo decir más veces, todas las veces que ustedes quieran, pero lo cierto es que no lo puedo decir ni más alto ni más claro. El Gobierno respeta, con la más profunda convicción en la separación de poderes, la independencia de los jueces y magistrados de este país, y lo hace porque cree que es la única manera posible de defender la separación de poderes y el Estado de derecho en nuestro país.

Además de esta declaración pública que tantas veces he repetido en las últimas semanas, quiero darle algunas cifras y algunos datos para demostrar que no estamos hablando solo de palabras. En primer lugar, según los datos de la red europea de los consejos de la magistratura —‌para entendernos, la red que engloba a todos los consejos generales del Poder Judicial de los distintos países europeos—, los magistrados españoles evalúan su propia independencia con un nueve sobre diez; es decir, estamos al mismo nivel que Alemania, Francia, Italia o Portugal. Esta es una encuesta que hacen y responden los propios jueces y magistrados de este país. En segundo lugar, le doy otra cifra que a usted le alegrará, como hombre español de los pies a la cabeza, porque es una muy buena noticia para España. La semana pasada se publicó en el diario The Economist un índice de cuáles son las mejores democracias del mundo, y le tengo que informar —‌usted seguro que ya lo conoce— de que España es una de las veinticuatro democracias plenas del mundo. De los 167 países que son analizados, España es una de ellas. En los últimos años, con este Gobierno siempre ha sido así. Únicamente hubo un año que bajamos en el ranking de las democracias plenas y fue por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial y, como usted bien ha reconocido en esta tribuna, estamos trabajando en este momento precisamente para que también esa anomalía se resuelva cuanto antes a través del acuerdo que precisamos. Estos dos únicos datos ya servirían para desmontar por completo todo el discurso que usted ha pronunciado en esta tribuna. Lamento darle esta mala noticia, que, sin embargo, es buena para España, porque, como suele ocurrir, lo que es malo para ustedes suele ser muy bueno para España y para los españoles y las españolas.

No solo le voy a hablar de datos, también le voy a decir qué estamos haciendo en el Gobierno en relación con la justicia y cómo estamos reforzando cada día más la independencia de los jueces y magistrados de este país. La única manera posible de hacerlo es reforzar con más medios y con más personal a la judicatura. En primer lugar, aprobamos en esta Cámara un real decreto ley, el 6/2023, que fue absolutamente esencial, un paso de gigante en la digitalización y en la agilidad del Servicio Público de Justicia. Es un real decreto ley que, por cierto, se está tramitando como proyecto de ley y para el que estaremos encantados de recibir cualquier mejora, cualquier aportación o cualquier enmienda de su grupo parlamentario y de otros grupos de esta Cámara. Se impulsa la digitalización, se da preferencia a las vías de comunicación telemática y se habla de la carpeta justicia para que los ciudadanos y los profesionales tengan la capacidad de ver en un solo clic los procedimientos judiciales en los que son parte o en los que están defendiendo a distintas personas físicas o jurídicas. Es decir, un paso en la digitalización y en la modernización del Servicio Público de Justicia que es indudable. Y también se apuesta por mecanismos de arbitraje y de mediación para la solución de conflictos que puedan evitar el colapso que existe en algunos juzgados por el alto número de litigios en nuestro país.

En segundo lugar, vamos a seguir incrementando el número de unidades judiciales y de fiscales. Sin contar 2018 —l‌legamos al Gobierno en junio de 2018—, hemos puesto en marcha 308 unidades judiciales en los últimos cinco años —s‌ etenta en el último año, en 2023— y se han ofertado ya 727 plazas de jueces y 513 de fiscales. Por tanto, en esto que en otros gobiernos anteriores no muy lejanos de partidos no muy distintos al suyo no se hacía, nosotros estamos reforzando también los medios humanos y los medios materiales en la Administración de Justicia.

Por último, quiero hacer referencia a una política que ha puesto en marcha este Gobierno, que además tuve el honor de aprobar yo, siendo ya ministro de Justicia, en enero de este año: la creación de oficinas para las víctimas de delitos en el territorio del Ministerio de Justicia para prestar asistencia en la justicia no solo desde el punto de vista, por supuesto, procedimental y judicial, sino también con asistencia psicológica y social y asesoramiento para las personas que han sufrido algún delito para que puedan tener una reparación completa de su sufrimiento. Por cierto, ¿sabe usted quiénes son los que más acuden a estas oficinas de atención a víctimas? Las víctimas de violencia de género, esas a las que ustedes cuestionan continuamente. (Aplausos).

Y como le decía —‌y es el cuarto punto que quiero tratar—, estamos trabajando con el Partido Popular para buscar un acuerdo y renovar el Consejo General del Poder Judicial, imprescindible para recuperar la normalidad institucional en el órgano de gobierno de los jueces.

Señor Ortega Smith, creo que la independencia de la justicia no solo se ve en las declaraciones del ministro del ramo del Gobierno, sino también en las políticas que llevamos a cabo y, sobre todo —‌reconózcame esto cuando suba a esta tribuna—, en la valoración internacional que se hace de España como una democracia plena y en el reconocimiento de los propios jueces y magistrados, que autoevalúan su independencia al mismo nivel que Alemania, Francia, Italia, Portugal y los grandes países de nuestro entorno de la Unión Europea. Por tanto, su discurso en el que cuestiona el Estado de derecho en España es como tantos otros discursos de la ultraderecha, absolutamente hiperbólicos y que en nada se parecen a la realidad que vive nuestro país.

No parece que si ustedes estuvieran en el Gobierno, si el señor Feijóo fuera presidente del Gobierno —‌no lo fue porque no quiso— y usted fuera ministro, por ejemplo, de Justicia, o el señor Hermann Tertsch, o si el señor Abascal fuera vicepresidente, las cosas le fueran a ir mejor al Servicio Público de Justicia, por declaraciones suyas —‌no voy a intentar hacer un discurso que vaya más allá de lo que ustedes mismos dicen—, porque ustedes han coaccionado públicamente a jueces y magistrados si aplican la ley de amnistía. Lo han dicho públicamente. El otro día, en la sesión de control, mostré la noticia donde su secretario general, esa persona que le ha sustituido a usted en el cargo —‌entiendo que voluntariamente—, fue quien coaccionó a jueces y magistrados si se les ocurría aplicar una ley en el caso de que se aprobara y de que, por tanto, el Poder Legislativo así lo decidiera. Por tanto, cuando a ustedes se les llena la boca con la independencia de la justicia y con el Estado de derecho, también me gustaría que en esta tribuna me respondiera usted a la pregunta de si mantienen ustedes eso que han dicho en reiteradas ocasiones de que somos el peor Gobierno de los últimos ochenta años. Es decir, que ustedes preferían gobiernos de la Dictadura. Es decir, que a usted le gusta más el Tribunal de Orden Público que el Tribunal Constitucional. Me gustaría que nos lo aclarara para saber qué estaríamos sufriendo en este momento si ustedes, la ultraderecha, fueran parte del Gobierno. Y también es algo preocupante que su modelo de independencia judicial sea Hungría. En fin, usted también desde esta tribuna nos podrá explicar exactamente qué elementos del modelo húngaro les parecen a ustedes que son estupendos y que, por tanto, se pueden trasladar al modelo español.

Por tanto —‌perdóneme que le diga—, el Estado de derecho en España está más fuerte que nunca. Lo reconocen internacionalmente y lo reconocen los jueces y magistrados en las encuestas que responden. Por eso, no creo que ustedes, la ultraderecha, puedan aquí aportar demasiado. ¿Sabe lo que garantiza, en definitiva, la independencia de jueces y magistrados? Mantener a la ultraderecha alejada del Gobierno. El Partido Socialista lo va a hacer siempre, la pregunta es si lo haría el Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

Señor ministro, hace usted una declaración solemne desde esta tribuna y dice que va a repetir una y mil veces lo que según usted no haría falta, porque somos muy insistentes en esta cuestión de la falta de independencia judicial, y es que el Gobierno respeta la independencia judicial. Para probar esa afirmación solemne dice: fíjese lo que han opinado los magistrados, en una comparación internacional con otros países. A quienes he escuchado —‌no me tengo que ir a otros países— es a los jueces y magistrados de España, lo que hemos escuchado los españoles es a todas y cada una de las asociaciones de jueces y fiscales como no había ocurrido nunca con gobiernos de todos los colores, alarmados ante el ataque a la independencia judicial, a la igualdad de los españoles ante la ley (aplausos) y ante el desprecio más absoluto a las sentencias de los tribunales con su pretendida ley de amnistía. Eso es lo que hemos escuchado. Yo no sé si usted se va a Bahamas, a Illinois o a Sudáfrica, pero le digo lo que están diciendo los jueces y magistrados en España, que unánimemente están alarmados y preocupados de que este Gobierno esté pisoteando, junto con sus socios separatistas, los más elementales cimientos del Estado de derecho, de la democracia y de la justicia. (Aplausos). Pero es que se lo hemos escuchado también al grupo GRECO y se lo hemos escuchado y se lo vamos a escuchar —‌prepárese— a la Comisión de Venecia. Entonces, no sé de qué me está hablando. Hable de la realidad de la justicia en España.

Usted afirma, en otra de sus declaraciones solemnes, que lo que es malo para VOX es bueno para España. Pues yo le voy a contestar. Mire, si el hecho —y‌ es malo para VOX— de que tengamos que estar sufriendo desde que nació este partido político todo tipo de amenazas, de agresiones, de insultos, de manipulaciones, de tergiversaciones y de desprecios —‌que es malo para VOX— es bueno para España, lo aceptamos, nos sacrificamos y lo asumimos por el bien de España y de los españoles. (Aplausos). Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Señor ministro, el verdadero problema es que lo que es malo para España es bueno para el Partido Socialista y para sus socios. ¿Se da usted cuenta? Todo lo que los enemigos de España, los que abiertamente desprecian la Constitución, los que quieren vernos enfrentados, los que quieren romper nuestra unidad, nuestro ordenamiento constitucional, nuestra caja única de la Seguridad Social, todos aquellos que desprecian las instituciones —‌desde la monarquía, pasando por la Constitución y pasando por los tribunales—, todos aquellos que por activa y por pasiva vienen atacando durante décadas los principios más elementales de lo que significa España, su historia y su cultura son los que van de la mano con el Partido Socialista. Luego sí podemos afirmar que lo que es malo para España está siendo bueno para el Partido Socialista y para sus socios. (Aplausos).

Señor ministro, intenta vendernos que ustedes han hecho mucho por la justicia. No tiene nada que ver con la independencia, porque usted puede tener un Estado con los mejores tribunales, con los mejores edificios, con el mayor número de jueces, todo perfecto, puede invertir si quiere usted el 10 % del producto interior bruto y que no haya independencia judicial porque esté controlada por el Gobierno. No tiene nada que ver. No confunda churras con merinas. Pero es que encima tampoco mienta, porque si algo se ha demostrado en las últimas décadas, y especialmente desde que está su Gobierno, es que en la ratio del número de jueces por habitantes, España está a la cola de los países europeos; en cuanto a la lentitud y resolución judiciales, estamos a la cola; y en cuanto al número de órganos judiciales por número de habitantes, estamos a la cola. ¿Sabe en lo único en lo que no estamos a la cola, y se lo he recordado en alguna Comisión? En el presupuesto. Gastamos más, pero gastamos peor, porque los resultados son peores, porque se va probablemente en burocracia política.

Voy terminando, señora presidenta. Lo que no le voy a aceptar desde esta tribuna de ninguna manera es que diga que algún miembro de nuestro partido —‌y lo ha dicho dos veces— ha cometido el delito de coacciones contra jueces y magistrados. Usted debería saber, porque algo debió quedarle de su paso por la Facultad de Derecho, que eso es imputar un delito de violencia para que una persona haga aquello que está prohibido o aquello que es contrario a su voluntad. No le acepto que diga usted que nosotros hemos coaccionado. Lo que hemos dicho alto y claro es que ponerse al servicio de un Gobierno como el suyo tiene que tener responsabilidades penales, claro que sí (aplausos), porque la amnistía no es constitucional, porque comprar votos a los separatistas no es legal, aparte de una infamia.

Acabo. Me preguntaba usted qué modelo de justicia. Pues lo dice nuestra proposición, aquel donde los vocales del Consejo General del Poder Judicial no sean elegidos ni repartidos por partidos ni por asociaciones y donde, además —‌si usted ha leído o ha escuchado algo de nosotros—, preferimos que no haya un Tribunal Constitucional político y nos gustaría que hubiera una sala sexta de lo constitucional en el Tribunal Supremo, cuyos miembros fueran de carrera y no elegidos a dedo, como su ex ministro de Justicia o su ex fiscal general del Estado, puestos para escribirles a ustedes las sentencias al dictado.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta.

Señor Ortega Smith, ha dicho usted algunas cosas en esta tribuna que me gustaría tener tiempo suficiente para responderlas todas largamente. El límite de minutos que tenemos me lo impedirá, pero sí le haré alguna reflexión y le daré alguna respuesta. Se atreve a hablar en nombre de los jueces y magistrados de este país y decir lo que piensan unánimemente. ¡Cuánto le gusta la unanimidad y la uniformidad a la ultraderecha en este país! Convendría que usted se leyera alguno de los documentos a los que hace tanta referencia, porque piensa que repitiendo continuamente algo que no se corresponde con la realidad puede calar —e‌ igual puede haber cierta parte de la población a la que le pueda calar—, pero, por favor, léase usted, por ejemplo, las comisiones de investigación que se han aprobado en esta Cámara y dígame en qué punto se dice algo que no se puede de ninguna manera pactar ni establecer. Porque de lo que hablan la Constitución, el Reglamento de esta Cámara y la Ley Orgánica del Poder Judicial es de que, evidentemente, las comisiones de investigación en este Parlamento, que tienen reconocimiento constitucional, no pueden revisar sentencias judiciales. Esto es una evidencia si leemos la ley, la Constitución y el Reglamento de esta Cámara. Por tanto, que se empeñe usted en decir algo que no se corresponde con la realidad, pues no sé, me imagino que habrá quien le crea, pero lo cierto es que no es así, no es así.

Habla usted de que su grupo es muy agredido desde que nació; creo que ha utilizado usted esta palabra: agresiones, que ha recibido muchas agresiones, entiendo que verbales. (El señor Ortega SmithMolina: No, físicas). Pero mire, usted en persona estuvo jaleando a manifestantes violentos que estaban enfrente de nuestra sede, de la sede del Partido Socialista Obrero Español (aplausos) y enfrentándose con la Policía Nacional, que estaba defendiendo, por supuesto, el orden público y la ley. Usted en persona. Por tanto, mire, igual no es el mejor representante de su partido para decir estas cosas. Y, luego, usted utiliza una terminología que recuerda a lo que recuerda, que es la terminología de los enemigos de España. Habla usted de enemigos de España, que, en fin, quien ha leído historia o quien vivió aquel periodo, tiene un aroma que ya sabe usted cuál es.

Tendrá usted que reconocer alguna cosa a este Gobierno. Nosotros llegamos en el año 2018 al Gobierno y nos encontramos una situación muy compleja, con un conflicto abierto en canal en Cataluña. Tanto era así que era la principal preocupación de los españoles según las encuestas de aquel momento, en el año 2018; la principal preocupación. Bueno, pues, hoy, gracias al Gobierno, a la valentía y a las políticas del Partido Socialista, esa preocupación en España no existe, y tenemos un país más cohesionado en lo social y en lo territorial, sin duda, que en los años 2017 y 2018. Hemos conseguido también que en Cataluña hoy sean menos del 10 % de la población los que quieren una salida unilateral. Y lo hemos hecho con unas políticas que, claro, a usted le parecerán rarísimas, pero que son diálogo, trabajo, esfuerzo, conciliación, negociación, mirar a la cara al que piensa distinto para intentar llegar a acuerdos, puentes de entendimiento, concordia, convivencia, democracia, todo eso es lo que hemos hecho desde el Gobierno y lo que vamos a seguir haciendo con valentía, claro que sí, con valentía. Y esa será una gran noticia para nuestro país, que estoy seguro de que a usted le alegrará. No ahora, sino dentro de muchos años, como hacen ustedes siempre, reconocerán el trabajo que estamos haciendo.

En último lugar, me habla usted de su modelo de justicia. Pues, sin ningún ánimo de polemizar, ¿por qué no hablamos de su programa electoral? ¿Le parece un documento apropiado para saber cuál es su modelo de justicia? Pues su modelo de justicia, si es el que defiende en su programa electoral, es: quieren ustedes suprimir el Tribunal Constitucional, quieren ustedes suprimir los juzgados de violencia de género, quieren ustedes incumplir de manera flagrante la Constitución y la ley por no renovar el Consejo General del Poder Judicial, y quieren ustedes ilegalizar partidos políticos que no piensen como ustedes. Su programa electoral. (Varios señores diputados: Mentira. Todo mentira). Ya, ya, lo entiendo, sí, pero está por escrito en su programa electoral. (Aplausos). Yo lamento mucho recordarles lo que ustedes dicen en su programa electoral. Es normal avergonzarse de lo que ustedes escriben en los programas electorales. (Protestas.―El señor Figaredo Álvarez-Sala: Es mentira). Con lo cual, les pido que cuando redacten su próximo programa electoral piensen un poco qué poner, porque, si no, alguien puede subir a esta tribuna, decirles lo que establece su programa electoral y ponerles la cara colorada, como ha sido el caso. (Una señora diputada: ¡Muy bien!).

Termino como empecé, como ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes voy a defender siempre la independencia judicial de todas las injerencias que sufra, vengan de donde vengan, también de la ultraderecha. (El señor Figaredo Álvarez-Sala: Que los jueces elijan a los jueces).

Gracias. (Aplausos).