Idoia (GV (EAJ-PNV)) Sagastizabal Unzetabarrenetxea
Gracias, presidenta. Ministra, el colectivo de abogados y procuradores se ha venido manifestando por una jubilación digna; un colectivo que ha conocido recientemente que van a cobrar pensiones que en muchos casos no van a llegar a los 500 euros mensuales tras haber cotizado años en su mutualidad. Hasta 1995, estos profesionales no podían elegir el sistema público de jubilación, solo podían adherirse al sistema privado, es decir, darse de alta en la Mutualidad de la Abogacía; un sistema además obligatorio para quien pretendía ejercer esta profesión. A partir de 1995, es verdad, se dio la posibilidad de pasar al régimen de autónomos, pero, eso sí, perdiendo todo lo invertido previamente; no se permitió el rescate de las aportaciones realizadas ni tampoco se computaba el tiempo de cotización a efectos del devengo de la prestación de jubilación al sistema público. Además, hasta 2004 la Seguridad Social tampoco permitía simultanear ambos regímenes de previsión. Desde 2005, además, el sistema de la mutualidad dejó de funcionar como un fondo de provisión, una caja común, y pasó a funcionar como un fondo individual; fondos que, por cierto, no están garantizados y que en caso de rescate total tributan como un plan de pensiones, lo cual hace que estas aportaciones de facto no puedan ser recuperadas, aportaciones, digamos, un tanto cautivas. Además, en el caso de que una persona decida pasarse al RETA, dejando de aportar a la mutualidad, tiene que seguir pagando gastos de gestión y mantenimiento por tener allí depositado su dinero, con lo cual esta cantidad va mermando, y esto tiene un efecto también en las cuantías a percibir en la pensión esperada. Abandonar la mutualidad en favor del RETA implica comenzar desde cero en este régimen, sin tiempo en muchos casos para generar derecho a la prestación por jubilación en la edad ordinaria, lo que hace que se tenga que alargar la actividad profesional más allá del tiempo razonable. Un colectivo que ha confiado en las recomendaciones de la mutua, que ha pagado las cuotas establecidas, las sucesivas reformas, las informaciones imprecisas sobre las previsiones acerca de la cuantía a percibir de la pensión e incluso posibles deficiencias en la gestión, se encuentra hoy con pensiones inferiores a una pensión no contributiva. Por eso hoy, ante esta reivindicación, ¿tiene el Gobierno intención de habilitar una pasarela para que las cotizaciones a la mutualidad de los abogados y procuradores se puedan pasar al RETA?