Carina Mejías Sánchez
Muchas gracias, señor presidente. Permítanme que les diga que es para mí un orgullo subirme hoy a esta tribuna a defender los intereses de nuestros agricultores y de nuestros transportistas, que estos días pasan por situaciones muy difíciles. En las últimas semanas han sido constantes las manifestaciones en toda Europa de agricultores, de trabajadores del campo, en lucha contra las élites globalistas que desde Bruselas imponen leyes dañinas contra un sector que les es ajeno y sobre el que VOX lleva advirtiendo durante años. Son exigencias ecologistas que imponen condiciones inasumibles para aquellos que dependen de la tierra para vivir. El eurodiputado Hermann Tertsch los define de una forma muy divertida. Dice: Son una tropa de diputados urbanos que se dedican a imponer reglas al campo, cambiar reglamentos y dar consejos a unos agricultores que nunca han visto, a una agricultura que desconocen y a unos productos que solo compran en el centro comercial. (Aplausos).
La Agenda 2030 y el Pacto Verde se imponen de una forma irresponsable y desconsiderada con las realidades y las capacidades de nuestros agricultores. Son unas políticas que, como digo, VOX lleva años denunciando en solitario, denuncias que hoy se ven más respaldadas que nunca por las grandes manifestaciones del sector agrícola que hemos vivido estos días, no solo en España, sino en toda Europa. Y las causas no son otras que una permisiva competencia desleal que arruina al sector, que inunda nuestros mercados de productos sin control, rompiendo el principio de preferencia comunitaria y que, además, provoca alertas sanitarias. Estos días oíamos a un agricultor indignado decir que por qué había que importar productos que somos capaces de producir en España, como, por ejemplo —me hizo mucha gracia—, las ciruelas de Camboya, que habían provocado una alerta sanitaria; más de mil alertas sanitarias por productos extranjeros durante el año pasado. Además, se quejan de una burocracia inasumible para las gentes del campo. Les imponen agendas digitales con un interés claro en controlar sus explotaciones a distancia. Derrumban los precios, arruinando las explotaciones agrícolas y, además, les imponen una fiscalidad verde que les resulta asfixiante. Contra todo eso protestan y a todo eso se ha opuesto una y mil veces VOX. Las movilizaciones de los agricultores en Francia han provocado graves afectaciones al transporte español por las reiteradas agresiones a nuestros transportistas, destruyendo cargamentos y provocando graves perjuicios económicos. En Nimes, solo en un día quince cargamentos de verduras fueron dispersados en la vía pública, y en Montpellier, representantes del sector agrícola francés destruyeron en plena vía una cisterna de vino español. Las protestas y los ataques contra los transportistas españoles son el ejemplo de la gravísima situación a la que se enfrenta nuestro sector primario y todo el comercio transfronterizo. Esos lamentables incidentes son una violación de los derechos de los transportistas, de su seguridad y tienen consecuencias devastadoras, tanto a nivel económico como a nivel social. En primer lugar, porque tienen un enorme impacto económico, un impacto directo de esos ataques. Representan una pérdida significativa para los agricultores, para los transportistas y afectan a toda la cadena de suministro y comercialización. Estos actos de vandalismo y de sabotaje, que no son nuevos, generan pérdidas económicas que repercuten en la estabilidad financiera de nuestras empresas agrícolas y de transporte, y acaban arruinando nuestros negocios. Los ataques exigen una respuesta efectiva y firme por parte del Gobierno y de las autoridades, tanto españolas como francesas. (Aplausos). Es necesario que se tomen medidas concretas para garantizar la seguridad y el tránsito normal de nuestros transportistas en territorio francés, que se lleve a cabo una investigación para saber quiénes son los responsables de estos actos violentos y que se establezcan mecanismos de protección para que esto no vuelva a ocurrir.
Ante estas actitudes violentas, los transportistas anunciaron paros. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Anunciaron, legítimamente, la reivindicación de sus derechos y describieron razones muy similares a la de los agricultores: competencia desleal de empresas de transporte extranjeras, principalmente de Marruecos, que no están sujetos a las mismas exigencias y restricciones que se imponen a nuestros transportistas, lo que les obliga a trabajar a pérdidas; políticas medioambientales que los criminalizan por el uso de los motores diésel, y la asfixia de impuestos abusivos. Son exactamente las mismas causas que reflejaban los agricultores. ¿Y cuál fue la respuesta del Gobierno? ¿Cuál fue la respuesta del Gobierno en estos días cuando los transportistas pierden sus cargas, los agricultores claman por sus negocios y los trenes arden? Pues el ministro Óscar Puente ha opinado de casi todo, menos de esto. Ha dicho que hay que aprobar una ley de amnistía para ahorrar trabajo a la justicia y evitar las consecuencias de lo sucedido en Cataluña (hace el signo de comillas con los dedos); es decir, impunidad a cambio de siete votos. Intimidó a los transportistas que anunciaron paros, como consecuencia de las agresiones sufridas, diciéndoles que el ministerio estaría muy atento a quién convocaba el paro, así como amenaza velada. Dijo que nos tenemos que ir acostumbrando a que las incidencias ocurran en los trenes, por ejemplo, que se quemen como el de Extremadura, ¿no? Y para acabar el cúmulo de despropósitos dijo que Castilla y León es un geriátrico a cielo abierto. Toda una lista de despropósitos que, además, no dejan de ser un insulto a la inteligencia. (Aplausos). Y después de todo esto, se debió ir a jugar al golf al selecto club de Puerta de Hierro. En VOX le decimos que lo que debería hacer, probablemente, es irse a su casa y no volver. Ante unos transportistas que han perdido sus cargas, con las consecuencias que eso tiene, el ministro ha optado por intimidarles y deslegitimar las convocatorias de paro del sector a sus demandas, lo cual es profundamente incompatible con los principios democráticos y el respeto a la libertad de expresión y de asociación. Amenazar a los trabajadores que ejercen ese derecho socava la legitimidad de nuestro sistema democrático y, en lugar de buscar soluciones eficaces que aborden las preocupaciones de los transportistas y promuevan condiciones laborales justas, el ministro, después de afirmar con contundencia que estaba trabajando intensamente, se limitó a irse a Bruselas a pedir más sensibilidad a la comisaria de Transportes y afirmando que, tal y como están las cosas en Francia, estos boicots van a ser difíciles de evitar.
Pues bien, en VOX queremos decir que basta, que hay que exigir al Gobierno francés y a los burócratas de Bruselas que asuman su responsabilidad y garanticen la seguridad y el tránsito normal de nuestros transportistas, que deben exigir contundencia y que se ponga fin a estos ataques, que respeten nuestros derechos como nación soberana y los derechos de nuestros transportistas y de nuestros agricultores. Es inaceptable que los agricultores españoles y los transportistas sean víctimas de agresiones y boicots, como resultado de disputas que trascienden nuestras fronteras. Es inaceptable que la exministra francesa Ségolène Royal siga atacando la calidad de nuestros productos agrícolas y acusándonos de competencia desleal, abonando un juego de poder donde los perdedores son siempre los mismos: nuestros transportistas, nuestros agricultores y nuestra gente. Ni podemos ni debemos permanecer indiferentes ante los ataques que están sufriendo nuestros compatriotas del sector primario a manos de intereses que olvidan el valor de la cooperación y el respeto entre naciones. Es hora de alzar la voz y exigir que se respeten nuestros derechos, nuestra soberanía alimentaria y nuestra dignidad como españoles.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, la mayoría de ellos puestos en pie).