Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España.

Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, España ha sido un país precursor en la persecución por nuestros tribunales de grandes violaciones de los derechos humanos cometidas fuera de nuestras fronteras cuando estos delitos han quedado en impunidad por no ser perseguidos en los lugares donde se cometen. Desde 1996 la persecución de determinados crímenes internacionales que habían quedado impunes trajo un alto reconocimiento y admiración para nuestra justicia, en especial fuera de nuestras fronteras. Organizaciones, activistas defensores de los derechos humanos, la academia y juristas dedicados al trabajo en la lucha contra la impunidad en tribunales internacionales tuvieron a la justicia española como un modelo de valentía y rigurosidad, como ejemplo de respeto a los tratados internacionales y al derecho internacional, porque hacíamos un mundo que fuera más justo, más humano, más seguro.

El liderazgo de España en el uso de la jurisdicción universal para combatir la impunidad ha sido seguido por otros sistemas legales y judiciales en distintos países. Afortunadamente, algunos incluso nos han adelantado, pero la jurisdicción universal se introdujo en nuestra legislación, de larga data, desde la Ley Provisional sobre Organización del Poder Judicial, de 1870. En 1985 se aprobó la Ley del Poder Judicial de la democracia, que ya incluía el principio de jurisdicción universal para delitos de extraordinaria gravedad contra el derecho de gentes, genocidio, crímenes de guerra, lesa humanidad y también delitos sobre delincuencia organizada transnacional, como el terrorismo y el narcotráfico. Y esta proposición de ley que les traemos recuerda que las infracciones al derecho de gentes afectan no solamente a bienes jurídicos protegidos por el derecho interno nacional, sino también a un bien jurídico cuya protección ha sido universalizada por el derecho internacional acordado tras la derrota del nazifascismo en la Segunda Guerra Mundial, la integridad y la dignidad de la humanidad, en su conjunto; un bien jurídico a cuya protección y persecución en caso de vulneración están obligadas todas las naciones civilizadas, con independencia de la nacionalidad de las víctimas o de los victimarios o del lugar donde se haya cometido el crimen.

Pero siempre ha habido voces contra la jurisdicción universal. En un mundo globalizado de delitos transnacionales y contra la humanidad oponerse a la jurisdicción universal es facilitar la impunidad a los grandes violadores de los derechos humanos, a las organizaciones criminales transnacionales. Los defensores de la impunidad siempre recurren a una supuesta defensa de la soberanía nacional, pero ninguna soberanía nacional permite dejar en impunidad crímenes de lesa humanidad, torturas, genocidios o desapariciones forzosas. Cualquier Estado tiene la obligación de proteger a la población bajo su autoridad y la soberanía nacional nunca puede ser una excusa para que las víctimas queden sin los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. (Aplausos). Y esta es la razón de ser de la jurisdicción universal. Si las autoridades del país donde ocurrieron los hechos no pueden o no quieren proteger a los pueblos bajo su soberanía o bajo su control, si no son capaces de perseguir a los victimarios, será la comunidad internacional la que, aplicando las reglas del derecho internacional penal, de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, haga lo posible para evitar que los crímenes más graves queden en impunidad.

Mientras que los tribunales internacionales penales sigan teniendo su acceso, su mandato y sus medios limitados, mientras que la Corte Internacional de Justicia pueda emitir resoluciones pero no pueda hacer que se cumplan, es obligación de cualquier país civilizado, democrático y respetuoso con el derecho contribuir desde sus tribunales con el ejercicio de la jurisdicción universal a proteger a los seres humanos cuyos derechos más elementales están siendo vulnerados de forma grave, de forma impune. Para todos nosotros, legisladores y legisladoras, es un inmenso honor y privilegio, a la vez que una obligación, hacer efectivo este imperativo mandato humanitario de protección. No hay terror o violaciones de derechos humanos buenas o malas según quien las cometa. No hay principios políticos, ideológicos o nacionales superiores que justifiquen violar los derechos humanos fundamentales. Quien los viola se dejará arrastrar más fácilmente hacia un comportamiento criminal e inhumano si sabe que la impunidad va a protegerle. (Aplausos). Los detractores de la jurisdicción universal prefieren obviar que rechazarla es una forma de permisividad ante la impunidad. Alegan que los tribunales pueden usarla por motivos políticos o con fines vejatorios o que puede afectar negativamente al orden mundial, causando fricciones entre Estados o abusos de procedimientos legales. Son argumentos engañosos y es un riesgo que también enfrenta cualquier jurisdicción interna si se utiliza políticamente, como cuando hay resoluciones contenciosoadministrativas que prohíben legislar a este Parlamento o resoluciones de instrucción que pretenden dejar sin contenido leyes que aún se encuentran en tramitación legislativa. La imprescindible aplicación de la ley interna o internacional por la justicia nunca debe impedirse por posibles usos fraudulentos que hipotéticamente cualquier tribunal siempre podría hacer.

En el año 2009 se acometió en España la primera reforma de la jurisdicción universal y se introdujo un requisito que hasta entonces no existía, la acreditación de conexión nacional o vínculo de España con el hecho perseguido. Se dio así un paso hacia la transformación de este principio en el de personalidad pasiva, esto es, que únicamente puedan perseguirse crímenes internacionales impunes cometidos fuera de España cuando la víctima fuera española. No venimos aquí a debatir la idoneidad del principio de personalidad pasiva para perseguir la impunidad; simplemente, dejemos claro que es un foro de competencia distinto al ejercicio de la jurisdicción universal. La reforma de 2009 fue anunciada a este país seis meses antes de aprobarse por la entonces ministra de Exteriores de Israel, la señora Livni. Desde 2008 la Audiencia Nacional instruía una causa por crímenes internacionales contra autoridades del Estado de Israel por un ataque desproporcionado en la Franja de Gaza en el año 2002. Israel lanzó intencionadamente una bomba de una tonelada sobre un edificio residencial, que quedó destrozado. Murieron catorce civiles —‌la mayoría, niños y bebés—, y resultaron heridos más de ciento cincuenta. Tras aprobarse esta primera limitación de la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional tuvo que archivar esta investigación, y estos crímenes, que no eran perseguidos por Israel cuando la Audiencia comenzó su actuación, hoy continúan en la impunidad. Quizás si la Audiencia Nacional hubiera podido continuar su investigación, si otros países —‌como Bélgica— no hubieran restringido sus leyes de jurisdicción universal también en los mismos años, si la comunidad internacional hubiera dispuesto de más herramientas para impedir la impunidad de estos graves crímenes internacionales, quizás el genocidio del pueblo palestino, que hoy contemplan en directo todos los habitantes del planeta, no estaría cometiéndose. (Aplausos).

Después, fue el Gobierno del Partido Popular el que en el año 2014 siguió un procedimiento exprés de tramitación legislativa —‌esos procedimientos que censura cuando son utilizados por otras mayorías parlamentarias— e impuso su mayoría absoluta para reducir la jurisdicción universal a supuestos prácticamente imposibles, además eliminando la posibilidad de colaboración con la justicia a través de la acción popular. Esta restrictiva reforma puso fin a una ejemplar aplicación del derecho internacional que los tribunales españoles habían realizado, consiguiendo el mayor reconocimiento y admiración que hayan tenido nunca. Seguía así el PP la tendencia iniciada por el Tribunal Supremo cuando en el año 2012 sepultó toda posibilidad de investigación, sanción y reparación de los crímenes franquistas en una fosa más profunda que las que aún quedan por centenares en España llenas de víctimas ejecutadas en la última Dictadura. (Aplausos).

El PP o VOX nunca han apoyado el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos que permanecen en la impunidad dentro o fuera de nuestras fronteras. A la vista de la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que han sacado adelante con la ultraderecha de VOX, tengo nulas esperanzas de que voten a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley. Sí espero que el resto de grupos parlamentarios, aunque solo sea por la dignidad de esas víctimas que han quedado desprotegidas con la derogación de la ley de víctimas de Aragón, voten a favor. Para la derecha española siempre ha habido víctimas de primera y de segunda; por eso se niegan a reconocer derechos de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos si no simpatizan políticamente con ellas. Ahora, en claro incumplimiento del mandato de protección de las víctimas acordado por Naciones Unidas, con la derogación de la ley de víctimas de Aragón han forjado una alianza para privar a las provocadas en la última Dictadura de los limitados derechos que habíamos conseguido reconocerles.

Lo acordado por la mayoría absoluta del Partido Popular en el año 2014 supuso la completa eliminación de la jurisdicción universal en nuestras leyes, y la verdad es que entonces con esta reforma ya invadieron competencias exclusivas de los jueces, esas competencias que tanto defienden cuando les interesan. Ordenaron a los jueces cerrar todas las causas penales extraterritoriales que estaban abiertas en ese momento en la Audiencia Nacional. Se dejó en total desamparo a las víctimas de esas gravísimas violaciones de los derechos humanos, también a víctimas españolas. Aunque el Tribunal Supremo declaró que la reforma del Partido Popular era más que defectuosa técnicamente, el efecto mayoritario fue archivar la práctica totalidad de esos casos, entre ellos el asesinato del diplomático español Carmelo Soria por la Dictadura de Pinochet, el crimen de guerra que supuso el asesinato de José Couso en Irak o el impune exterminio de más de cuatro mil españoles en campos de exterminio nazis. Esta amputación de la jurisdicción universal por el PP significó un antes y un después en nuestra tradición jurídica y les pido que corrijamos este imperdonable error histórico y que devolvamos a la justicia española las herramientas necesarias para perseguir la impunidad de graves crímenes contra la humanidad, y ojalá que así nuestra justicia recupere un prestigio del que está muy necesitada.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Con la venia, señora presidenta. Señorías, yo me pregunto, después de haber oído la intervención del portavoz del grupo proponente, el Grupo SUMAR, y después de haber escuchado muchas otras cosas que se han dicho en el anterior punto del orden del día, cómo ustedes, y, en particular usted, señor Santiago, se atreven a proponer este texto. Yo esto solamente lo puedo calificar de una forma, que es de desvergüenza. En primer lugar, ustedes —‌usted, en particular, que es, salvo error por mi parte, líder del Partido Comunista de España en esa pintoresca coalición que constituyen y que atiende por el nombre de SUMAR, antes Podemos— representan una ideología que, como ya he dicho alguna vez desde esta tribuna, es la más mortífera de la historia, que tiene a sus espaldas decenas de millones de muertos, asesinados vilmente (aplausos), y decenas de miles de muertos, asesinados vilmente, en España en tiempos pretéritos que ustedes insisten en traer hoy a la conciencia de los españoles (rumores), cuando creo que todos deseábamos —‌o, al menos, he vivido en esta inocencia durante muchos años— olvidar; olvidar y perdonar, pero usted ni olvida ni perdona, y, como dice un proverbio italiano, quien ofende no perdona, es decir, quien mata no perdona a sus víctimas. (Aplausos). Este es el mensaje que constituye la síntesis de su intervención, de la que usted y su grupo deberían abochornarse. A usted le recomiendo —‌podría indicarle muchas lecturas, pero le voy a recomendar una de entre las miles que podría sugerirle; miles, menos que las víctimas de su ideología, sin duda, pero miles— la lectura de un ensayo de un excomunista francés académico, Alain Besançon, que lleva por título La desgracia del siglo. Besançon explica, como excomunista que es —‌porque aún vive—, que la desgracia del siglo XX es la ideología marxista-leninista y su aplicación en la Unión Soviética, en las democracias llamadas populares en Europa y en otros regímenes semejantes en el resto del mundo, y, además, lo compara con esa ideología que usted ha mencionado, que es la ideología nazi. Pero dice Besançon, antiguo comunista, que no son comparables, que el comunismo tiene la perversidad propia del mal y que su único propósito, basado en el odio, cuando llega al poder es hacer el mar. El nazismo era una ideología odiosa, pero una ideología que creía en aquello que postulaba, aunque de una forma totalmente inadmisible. (Rumores). Pero la ideología comunista pretende perseverar esa aplicación del mal hasta sus últimas consecuencias, lo que lleva consigo dar muerte a sus semejantes, en particular, a los inocentes (aplausos), siempre y cuando los juzgue contrarios a sus ideologías, a sus ideas perversas o, simplemente, los considere inútiles o molestos. Así pues, con estos antecedentes, verdaderamente me produce un cierto escalofrío que ustedes vengan hoy con estos cuentos chinos. Por otra parte, desde el punto de vista de la más elemental coherencia política —y‌ esto vale también para otros partidos que están representados aquí y que gobiernan con ustedes; por lo demás, para desgracia de España—, esta propuesta pretende extender la jurisdicción universal al ámbito español, es decir, ampliar la soberanía de España. Pero, vamos a ver, ustedes en otras cuestiones son enemigos acérrimos, duros, inflexibles y rígidos, como caracteriza a ese pensamiento suyo, de la soberanía española. Entonces, ustedes proponen extender la jurisdicción universal más allá de lo que ya está extendida de una forma muy amplia en el artículo 23.4 la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que pretenden ir despojando progresivamente de soberanía a España, siquiera sea —y esto no es obra suya, pero ustedes acríticamente se adhieren a esta idea— mediante un proceso federalizante en el que España está integrado en razón de su pertenencia a la Unión Europea, por no hablar de la destrucción de la soberanía mediante eso que algunos llaman un Estado plurinacional, porque, si el Estado es plurinacional, es evidente que la soberanía nacional, es decir, de España, se quiebra y se divide en soberanías inferiores, idea a la que ustedes están apuntados de una forma entusiasta, enloquecida y, desde luego, propia de lo que ha sido su característico internacionalismo. Todo esto es una contradicción. Como digo, la jurisdicción española en materia de delitos contra el derecho de gentes ya está regulada suficientemente en el vigente precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a nuestro entender, en términos precisos y aún demasiado amplios, introducidos por muchas reformas: las últimas de 2014 y de 2015, cuando gobernaba el señor Rajoy, del Partido Popular; la de 2014 con acierto, toda vez que trataba de ampliar la jurisdicción española en materia de delitos de terrorismo, y de la de 2015 es de la que resulta el texto en vigor. Nosotros consideramos que todo esto, toda esa amplitud de la jurisdicción universal de los tribunales españoles en materia de delitos contra el derecho de gentes debería atenerse, debería contraerse a lo resultante de los tratados internacionales de los que es parte España, nada más, con arreglo al artículo 96.1 vigente de la Constitución y la vigente Ley de Tratados y otros Acuerdos Internacionales, de 27 de noviembre de 2014, sin necesidad siquiera de que haya un precepto como el artículo 23.4 de la ley orgánica. Sin embargo, ustedes deciden replicar internamente aquello que resulta de una fuente internacional que se ha integrado en virtud de un sistema monista en el ordenamiento interno, y todo eso lo hacen no sé muy bien para qué en el orden puramente legal; sí sé por qué lo hacen en otro orden de cosas, porque, verdaderamente, es de broma de mal gusto —y nunca mejor dicho— que ustedes en la exposición de motivos digan que esta ampliación de la jurisdicción universal va a servir para perseguir los crímenes cometidos no en Europa, no en España, sino allá lejos, allende el océano, en América, y citan ustedes tres naciones: Argentina, Chile y Guatemala. ¿Y a ustedes no se les ha ocurrido, por decencia, por decoro intelectual, citar en la exposición de motivos los crímenes en la Cuba popular desde 1959? Estamos hablando de sesenta y cinco años de régimen criminal. (Aplausos). Esto no. Cuba no existe. El señor Castro, a finales de 1959, tan pronto llegó al poder ya sometió a un juicio carente de todas las garantías posibles a quien le había acompañado en el descenso de Sierra Maestra hasta la Habana, Huber Matos. Lo explica en un libro suyo de memorias. Está en todos los libros de derecho que usted o no ha leído o no quiere leer porque entrarían en contradicción con lo que usted desea, con esa perversidad que caracteriza a su ideología.

¿Y qué me dice usted de Nicaragua, en las dos fases del sangriento dictador Ortega? Tampoco, esto tampoco les preocupa a ustedes. Claro, porque como es comunista, cuando los comunistas matan a inocentes no deben ser perseguidos los responsables de esos crímenes, según parece desprenderse de este texto verdaderamente repugnante que hoy somete usted a la consideración de esta Cámara. (Aplausos). Por no hablar de Bolivia. ¿Quiere usted que sigamos? Pues también hay algún capítulo oscuro en el caso de Ecuador, y otras tantas cosas que cabría decir en el orden político de esta iniciativa que nosotros no podemos sino despreciar.

Bien, no hay razones legales. Ustedes pretenden, además, en esta sinrazón jurídica volver a introducir la acusación popular en los procedimientos de los que conecta con esa jurisdicción universal el Poder Judicial español, no hay razones legales. Y, en relación con esto último, sí hay razones políticas, pero políticas que provocan la náusea de quien lee esto. Porque, claro, ustedes lo que quieren es el activismo político a través de los tribunales; es decir, hacer un lawfare, ese que dicen ustedes que persiguen en unión del Partido Socialista y de Junts. A ver si hay un juez español que se deja. (Rumores). Se me ocurre un nombre, el del juez Garzón, condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial, después del caso aberrante, Pinochet, 1996-2000, que no supo resolver, por cierto. (Rumores). Escuchen ustedes un poco, los del Partido Popular, que esto va dirigido a ustedes. Señor Tellado, ¿me escucha usted, por favor, un momento? ¿No le importa? Esto no lo resolvió el Partido Popular presidido por Aznar; era ministro, a la sazón, el señor Matutes. Sí, sí, esto no le interesa a usted; claro, usted ya está en otra onda, en la onda esta de buscar acuerdos con el Partido Socialista, supongo. (El señor Tellado Filgueira pronuncia palabras que no se perciben). Bueno, pues escuche usted con atención y no sea maleducado y no me replique cuando estoy hablando yo. (Aplausos).

Decía que el Gobierno del Partido Popular no supo resolver el caso y, al final, lo tuvo que resolver el Gobierno laborista del señor Blair. Bueno, pues el señor Garzón, que quedó, como se dice popularmente, como Cagancho en Almagro, después de dos iniciativas, como digo, perdió la carrera en razón de una condena por prevaricación del Tribunal Supremo. ¡Pero, ahora, se dedica al activismo político-judicial!

Entonces, probablemente aquí hay un interés comercial, en que usted, a lo mejor, también es parte interesada, porque usted también tiene antecedentes; no voy a decir penales, porque no ha sido usted juzgado, que yo sepa, pero, en fin, antecedentes tiene. O sea, que estamos buscando aquí trabajo para Garzón y su mariachi y acaso para usted mismo. ¿Qué es esto, una proposición de ley cual agente comercial del marxismo para extender su acción por toda Hispanoamérica? ¿Pero cómo puede usted tomarnos el pelo de esta manera? Esto no se lo cree nadie. Esta es una iniciativa desdichada, impresentable; y nada más puedo decir, salvo que puedo también recordarles lo que dijo otro comunista que luego recapacitó, Albert Camus, que escribió: El hombre que no logra conciliar la justicia y la libertad fracasa en todo. Pues, ustedes, que no quieren ni la justicia ni la libertad, ya comprende que han comenzado su propia existencia en el fracaso.

Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Sánchez García. La verdad es que me provoca usted bastante ternura cuando le oigo. Después de este profundo análisis jurídico al que hemos asistido, en primer lugar ―y no me voy a extender tanto como usted―, solo unas breves palabras para proclamar mi orgullo de ser militante del Partido Comunista de España, el partido que sin duda ha hecho más por la democracia y contra la dictadura franquista en este país. (Aplausos). Pero, bueno, dicho esto y ante la profundidad de sus argumentos, yo lo primero que le diría es que lo que es justo o no es justo se debate en las aulas de filosofía. Aquí venimos a hablar de leyes, venimos a hacer leyes. Repita conmigo, señor Sánchez García: Las víctimas no tienen ideología. Repita conmigo: Todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Repita conmigo: Hay que perseguir todos los delitos internacionales en impunidad, también los del franquismo, se hayan cometido donde se hayan cometido. Le animo a perseguir todas las victimizaciones que usted ha mencionado de la izquierda; a todas las víctimas que usted ha dicho de mi ideología; a todas las víctimas desprotegidas que han padecido esos delitos que están en impunidad donde usted quiera, en América Latina, en Europa o en Asia. Y para eso, le traigo la herramienta que usted necesita para perseguir hasta la saciedad todas las maldades de esa ideología que usted ha denunciado; la herramienta que usted necesitaba y de la que le privó el Partido Popular: esta proposición de ley de jurisdicción universal. Vote a favor, utilícela y persiga todos esos crímenes que han quedado en la impunidad. (Aplausos). Le voy a mencionar un cuadro que hay en este Congreso, en la sala Constitucional, que está en una pared según se entra a la derecha. Le llaman el abrazo. Realmente, el autor que lo pintó, el señor Juan Genovés, militante del Partido Comunista de España, lo tituló La amnistía. Fíjese usted. Y en ese cuadro, como todo el mundo ve, es todo un llamamiento a la reconciliación, no precisamente a la crispación y violencia que usted y sus queridos compañeros de bancada estimulan cada vez que suben a esta tribuna. Y que digan esto después de haber derogado la ley de víctimas de la Comunidad de Aragón; y que digan esto el día que nos proponen, como decía antes un interviniente del Partido Socialista, por tercera vez, ilegalizar partidos… No, no, yo llevo la cuenta, es la cuarta; en la anterior legislatura lo propusieron tres veces, una fue una PNL en una comisión. Pero, bueno, aquí no hemos venido a hablar de lo que es justo o no. Para eso ya le he dicho que están las aulas de filosofía. Venimos a hablar de esta ley que restaura la jurisdicción universal para perseguir los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Se exige un tipo de conexión con nuestro país, pero con independencia del lugar donde se haya cometido y la nacionalidad del autor o de la víctima. Esta exigencia no será necesaria cuando se trate de crimen de genocidio. Se modifica el artículo 23, para, en primer lugar, incorporar otra vez la acción popular; y, sobre todo, para algo que usted decía, para que se puedan perseguir todos los delitos que, según los tratados y convenios internacionales firmados por España, tengamos la obligación de perseguir y no hay otras normas expresas en nuestra legislación que lo faculten. Hay algo muy importante en esta PL y es que también hemos ampliado ese campo de persecución a delitos como los de apartheid o esclavitud. En todo caso, este Congreso tiene una nueva oportunidad para abordar esta reforma de la jurisdicción universal, para recuperar la potencialidad de esa legislación, para combatir la impunidad de cualquier crimen cometido por cualquier ideología, que haga que la comunidad internacional se sienta orgullosa del trabajo de la justicia española. Que no solo se oiga hablar, por favor, de nuestra justicia por el secuestro desde hace ya cinco años del Consejo General del Poder Judicial por el Partido Popular. Que las políticas en materia de derechos humanos no queden simplemente en anuncios, no queden simplemente en discursos desde la tribuna porque no se puede defender los derechos humanos en unos lugares sí y en otros no. No se pueden defender los derechos humanos de unas personas por tener una ideología y olvidarse de otros cuando tienen otra ideología. Sinceramente, les animo a todos —también a usted, señor Sánchez García— a que voten esta proposición de ley y hagan suya esta herramienta y no dejen ninguno de esos graves crímenes en la impunidad. ¡Ánimo! (Aplausos).

Con la venia. Quien no sabe nada de leyes es usted, por eso se dedica a lo que se dedica. (Risas.—Aplausos). La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2022 ha excluido la jurisdicción universal en el caso de un procedimiento criminal iniciado por querella en el que los responsables, las víctimas, eran colombianos y no había ninguna razón para pensar que estuvieran en España, y, por lo tanto, excluyó que España fuera competente. Esto después de vacilaciones jurisprudenciales del Tribunal Supremo, desafortunadas, que se inician torpemente en el asunto Pinochet. Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 140/2018 de 20 de diciembre, le recuerdo a usted que ha declarado plenamente conforme con la Constitución el actual artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo demás, sigue usted sin entender lo que es la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Como quiera que nuestro sistema es monista, las normas de los tratados internacionales de los que es parte España se integran automáticamente sin necesidad de un acto de recepción en el ordenamiento interno y, por lo tanto, se aplican sin necesidad de ninguna norma interna española. Como digo, sobra el artículo 23.4 y sobra lo que usted pretende más allá del artículo 23.4. Esto me sugiere que usted vuelva a repasar un viejo manual de derecho internacional público adaptado a la Constitución de 1978. Por lo demás, ustedes dicen cosas sorprendentes. Le voy a recordar a usted cómo acabó el caso Pinochet. En el caso Pinochet se pronunciaron tres veces lores legistas, el comité de lores de la ley de la Cámara de los Lores que entonces ejercía como Tribunal Supremo del Reino Unido, ahora ya no. Hubo tres sentencias porque la primera —3-2 de una sala de cinco lores legistas— fue declarada nula por una segunda sentencia, porque uno de ellos fue recusado por sentencia y se declaró nula la primera. La tercera sentencia, en una sala integrada por siete lores legistas, lo que dijo del caso Pinochet fue lo siguiente: Primero, no podía ser juzgado por la justicia española por ninguno de los centenares de cargos que le imputaba este señor que se llama Garzón, el juez prevaricador, salvo uno, un cargo de tortura, razón por la cual la sentencia decidió que debía ser concedida la extradición a España y, por lo demás, la sentencia decía que probablemente hubiera prescrito. Esa fue la resultancia en derecho de ese caso Pinochet, de abuso de un juez prevaricador español que volvió loco al ministro Matutes. El señor Tellado se ha ido, no sé si es que no le agrada el nombre de Matutes, él sabrá. (Aplausos). Claro, con estas bases tan endebles, tan febles, que ustedes vengan hoy con estas monsergas y ahora nos cuente que usted pretende la persecución de todos los crímenes de toda la humanidad en todos los tiempos, etcétera, también en la estratosfera, no nos convence. Su texto dice lo que dice y usted en el texto en la exposición de motivos habla de Argentina, Guatemala y Chile. No lo digo yo, lo ha escrito usted, yo lo he leído simplemente. A usted se le han olvidado bastantes miles o decenas de miles de crímenes de otros regímenes que ya he evocado en mi intervención anterior. Por lo demás, el texto en vigor del artículo 23.4 es el resultado, como he dicho, de varias reformas de ese precepto, algunas de ellas de gobiernos del Partido Socialista. Por ejemplo, en 2005, para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina, con la introducción de la letra g). En 2007, para la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, con la introducción de una letra g) y reordenación de las siguientes h) e i). Esta les gusta a ustedes muy poco, porque es evidente que ustedes no quieren perseguir el tráfico ilegal de personas en España; luego, no sé por qué tendrían ustedes aquí como una filia por lo extranjero y dedicarse a perseguirlo fuera de España. Verdaderamente ustedes incurren en una contradicción cuando pretenden que el ordenamiento español acoja esta norma. Voy a concluir, porque ha llegado el tiempo y no quiero abusar más de la paciencia de la señora presidenta, que siempre me trata con benevolencia. (Risas). Vamos a ver, ustedes no se preocupen tanto de los crímenes que hayan podido tener lugar en el Tíbet o en Oceanía. Ocúpense ustedes del crimen acontecido en España en 2017 y hagan todo lo posible para que Puigdemont sea juzgado por la jurisdicción española después de haberse sustraído a la acción de esta. Pueden ustedes impulsarlo, pueden ustedes acudir a la captura, toda vez que se reúnen con él y, por lo tanto, conocen su paradero, principio male captus, bene detentus, o pueden ustedes, con arreglo a la jurisprudencia europea y, en particular, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea…

… en una cuestión prejudicial, serían ustedes verdaderamente unos litigantes con un pronóstico de éxito si el Gobierno español, el Estado español, el Reino de España demandase a Bélgica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por su jurisprudencia, que está impidiendo la ejecución de las euroórdenes emitidas contra Puigdemont y otros responsables de aquellos delitos. Por lo tanto, no se vaya tan lejos, no se deje llevar por su internacionalismo trasnochado y ocúpense de que se cumpla el derecho y se haga justicia en España.

Nada más. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias. Señorías, este grupo no desprecia ni despreciará nunca una iniciativa, ni tampoco despreciará a ningún diputado o diputada; no nos parece la forma de trabajar en convivencia y en democracia. Dicho esto, también quiero felicitar al Partido Popular por sus resultados y también al Bloque Nacionalista Galego por sus magníficos resultados en las elecciones del pasado domingo. Señor Enrique Santiago, estamos totalmente de acuerdo. Queremos un mundo más justo y más humano, pero no queremos un mundo en el que haya derechos humanos de primera y de segunda. Le he entendido a usted que eso tampoco puede permitirse. Hoy, cuando venimos aquí a escuchar la petición de esta modificación de ley, yo no puedo hacer otra cosa que volver a recordar que nosotros estamos esperando una modificación de ley porque los derechos humanos de los menores migrantes están en juego. A nosotros se nos dice que esto es harto difícil. Ministros y ministras nos han dicho que esto es complicado. Y nos lo dice una Cámara que ha gestionado en seis meses una ley de amnistía y que hoy nos presenta una ley sobre derechos humanos para pedir su reforma. Nosotros queremos un Estado que vele por los derechos humanos, por eso vamos a apoyar esta propuesta y esta modificación de ley que se nos presenta. Claro que lo vamos a hacer, pero tenemos que poner de manifiesto el doble rasero con el que se están valorando los derechos humanos en este Gobierno y en esta Cámara. Hoy estarán muchos satisfechos de hacer justicia, de ser solidarios y de preocuparnos. Pero miren, no en Gaza, no en Ucrania, no en Palestina, sino en Canarias tenemos un problema muy serio con los derechos humanos, y yo le pido a SUMAR que, si lidera estas posiciones, también traiga la modificación de la ley para que la responsabilidad sobre casi seis mil menores que no salen de Canarias sea de todos y de todas, del Gobierno y de las comunidades autónomas. Hace poco hemos sabido que hay menores que incluso pasan meses en prisión porque no se les hace la prueba de determinación ósea, de determinación de edad, y esto es de una gravedad inaudita, menores en la cárcel esperando una prueba de edad. Yo les voy a aburrir, lo dije y lo digo, no me voy a cansar de repetirlo, porque es tan grave lo que está ocurriendo que, si hablamos de derechos humanos, yo no puedo subirme aquí y no hablar de la hipocresía que supone que nos estemos preocupando por tantísima gente ―yo la primera―, y que pasen los meses y no se busque una solución para los niños que están cruzando el océano. Le recuerdo, además, al Gobierno que esto es parte de nuestro acuerdo de investidura y es parte importante, no menos que lo demás, y pasa el tiempo y puede que tengamos sorpresas si no se tiene en cuenta a Canarias y sus problemas, si no se resuelve la atención a los menores. Estados Unidos tiene trescientos millones de habitantes.

¿Sabe cuántos menores migrantes no acompañados tienen? Doce mil. Canarias, con dos millones, tiene en este momento centros sobreocupados y seis mil, y ustedes, señorías, siguen mirando para otro lado.

Muchas gracias.

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. O BNG votará a favor desta proposición de lei porque concordamos co grupo propoñente na necesidade de avanzarmos na restauración da xurisdición universal, especialmente para a persecución de crimes que, ao amparo do Dereito internacional, non prescriben nin deben prescribir, particularmente aqueles que atentan contra a dignidade e os dereitos humanos, e aínda contra os dereitos colectivos dos pobos. Falamos de crime de lesa humanidade, xenocidio, tortura, trata de seres humanos, escravitude, o apartheid e tamén limpeza étnica. Cando citamos esta listaxe da infamia, nun día coma hoxe, non podemos tirar das nosas mentes o sufrimento do pobo palestino pola brutal e infame agresión sionista. Sabemos que neste mesmo momento o sionismo está cometendo crimes de guerra e de lesa humanidade, xenocidio, tortura e un intento indisimulado de limpeza étnica en Gaza e Cisxordania, após décadas de ocupación, colonización e apartheid. É importante, por tanto, ter as ferramentas adecuadas para poder actuar. As políticas existen, aínda que, infelizmente, quer a Unión Europea quer o Estado español, o Goberno español, non están actuando como deberían facendo uso delas. Tamén se precisan as xurídicas. Mais aquí quero sinalar dúas incongruencias evidentes do grupo propoñente: A primeira, sorprendentemente os crimes deste tipo cometido durante o franquismo fican máis unha vez á marxe. Xa na aprobación da Lei de memoria democrática, cando reclamabamos a derrogación dos apartados e) f) do artigo 2 da Lei de amnistía, Sumar —d‌ aquela Unidas Podemos— nos quixo convencer de que non era preciso porque chegaba con que na exposición de motivos se dixese que a lei debía ser lida ao amparo do dereito internacional para causar efecto. Sabíamos que non era así. Hoxe está constatado. A primeira querela após a aprobación da lei produciuse na Galiza contra as persoas responsábeis polo asasinato do noso camarada Moncho Reboiras a mans da policía española franquista en 1975. Unha xuíza de Ferrol arquivou rapidamente o caso amparándose na Lei de amnistía. Con esta proposta dáse o paradoxo de que se poderán perseguir delitos cometidos fóra do Estado español, mais non dentro. E segunda, a Convención sobre imprescritibilidade dos crimes de guerra e de lesa humanidade foi aprobada en 1968. Entrou en vigor en 1970. Máis de 50 anos despois, o Estado español aínda non a asinou. Isto, señoras e señores do Goberno, é vergoñento. Vostedes, señor portavoz de Sumar, señor Santiago, vostedes son o Goberno, a que esperan para facelo. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. El BNG votará a favor de esta proposición de ley porque estamos de acuerdo con el grupo proponente en la necesidad de avanzar en la restauración de la jurisdicción universal, de la justicia universal sobre todo para la persecución de crímenes que, al amparo del derecho internacional, no prescriben ni deben prescribir, particularmente aquellos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos e incluso contra los derechos colectivos de los pueblos. Hablamos de crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, trata de seres humanos, esclavitud, el apartheid, y también limpieza étnica. Cuando citamos esta lista de la infamia en un día como hoy, no podemos sacarnos de la mente el sufrimiento del pueblo palestino por la brutal e infame agresión sionista. Sabemos que en este mismo momento el sionismo está cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad, genocidio, tortura y un intento indisimulado de limpieza étnica en Gaza y Cisjordania tras décadas de ocupación, colonización y apartheid. Por tanto, es importante tener herramientas adecuadas para poder actuar. Las políticas existen, aunque desgraciadamente, sea la Unión Europea, sea el Estado español, el Gobierno español, no estén actuando como deberían haciendo uso de ellas, y también se necesitan las jurídicas. Pero quiero aquí señalar dos incongruencias evidentes del grupo proponente. La primera, sorprendentemente los crímenes de este tipo cometidos durante el franquismo quedan una vez más al margen. Ya en la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, cuando reclamábamos la derogación de los apartados e) y f) del artículo 2 de la Ley de Amnistía, SUMAR, en aquel entonces Unidas Podemos, nos quiso convencer de que no era necesario porque llegaba con que en la exposición de motivos se dijese que la ley se debía leer al amparo del derecho internacional para surtir efecto. Sabíamos que no era así, hoy está constatado. La primera querella después de la aprobación de la ley se produjo en Galicia contra las personas responsables del asesinato de nuestro camarada, Moncho Reboiras, a manos de la Policía española en la época franquista. Una jueza de Ferrol archivó rápidamente el caso amparándose en la Ley de Amnistía. Y con esta propuesta se da la paradoja de que se podrán perseguir delitos cometidos fuera del Estado español, pero no dentro.

La segunda, la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad fue aprobada en 1968 y entró en vigor en 1970. Más de cincuenta años después, el Estado español aún no la ha firmado. Esto, señoras y señores del Gobierno, es vergonzoso. Ustedes, señoras y señores, señor diputado de SUMAR, son eso, el Gobierno. ¿A qué esperan para hacerlo?

Muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, voy a discrepar en una cosa con el señor Santiago, y es que a mí la intervención de hoy del señor Sánchez no me ha producido ternura, sino que me ha parecido absolutamente impresentable su intervención, señor Sánchez. Ha arremetido contra una formación política, contra un partido democrático que además luchó por la libertad y por la democracia de nuestro país y en contra de la dictadura, y ha tenido el arrojo de subir aquí a la tribuna a defender directamente el nazismo a cara descubierta. Por lo tanto, señor Sánchez, me da vergüenza, deje usted de mandarnos al resto de señorías a leer libros y lea usted más hasta que entienda lo que es la democracia y lo que es el respeto a esta Cámara. Quiero decir que este proyecto de ley viene de largo. En la última legislatura Unidas Podemos presentó el 11 de mayo de 2021 una PNL en la Comisión de Justicia que fue aprobada además en dicha Comisión; luego, presentamos una proposición de ley, y hoy estamos aquí de nuevo porque tenemos que recordar que el Partido Socialista no tuvo a bien cumplir con ese acuerdo de Gobierno en la anterior legislatura. Por eso tengo que pedir también disculpas por la tardanza, por la demora a toda la gente que lo estaba esperando. Es evidente que hoy todos y todas tenemos en la cabeza cuando hablamos de esta proposición de ley el genocidio en Palestina, pero también me quiero acordar de Pablo González, que va a cumplir ya dos años desde su encarcelamiento en Polonia solamente por hacer su trabajo. Y quiero decir que fue el Partido Popular el que provocó una reforma por la vía de urgencia con la que evitaba todos los informes obligatorios del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige para reformar aspectos que afecten a derechos fundamentales, y así ninguneó al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo de Estado y, en última instancia, ha ninguneado durante todos estos años a las víctimas. En menos de dos meses el sistema de jurisdicción universal había sido derogado para evitar incómodos conflictos económicos y diplomáticos, señorías del Partido Popular. Hasta entonces, tengo que recordar que la legislación había permitido la persecución y el enjuiciamiento por parte de los tribunales españoles de los más graves delitos y violaciones de derechos humanos, como los perpetrados en Chile, en Argentina y en Guatemala, y había colocado a España como un referente en la persecución de los crímenes internacionales y la defensa de los derechos humanos. Queremos garantizar ―y por eso estamos aquí― la protección de las víctimas y su derecho a la persecución y enjuiciamiento de los responsables de los delitos más graves contra la humanidad. También tendremos que estar obligados a que nuestros compromisos internacionales estén absolutamente en vigor; lo tiene que hacer este Gobierno, como también lo piden Amnistía Internacional y el Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, que impone a todo el Estado la persecución y enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves; o el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que recuerda que es deber de todo Estado ejercer la jurisdicción penal contra los responsables de dichos crímenes, o la Convención contra la Tortura. Por eso este Gobierno debe comprometerse, tanto política como económicamente, a cooperar en todo lo que pueda ahora mismo, pero sobre todo a través de esta ley, para frenar el genocidio en Palestina. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on, jaun-andreok. Debatimos la toma en consideración de una iniciativa del Grupo Parlamentario SUMAR sobre la reforma de la actual regulación de la llamada jurisdicción universal de los tribunales penales españoles para enjuiciar delitos que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto, tales como —y‌ a se ha dicho— crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, crímenes de tortura o desapariciones forzadas, entre otros, y que son, en definitiva, los previstos y los contemplados en los tratados internacionales suscritos por España. La iniciativa del Grupo Parlamentario SUMAR propone la recuperación de la naturaleza genuina de la llamada jurisdicción universal, que lo es desvinculada de los intereses nacionales, ya que el bien jurídico protegido es un interés internacional que se basa en las características de unos delitos sobre cuya persecución y enjuiciamiento tienen interés el conjunto de todos los Estados por su gravedad y proyección internacional. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). Es decir, como señala el Tribunal Constitucional en su sentencia 237, del año 2005, la persecución internacional y transfronteriza que impone el principio de justicia universal se basa exclusivamente en las particulares características de los delitos sometidos a ella, cuya lesividad trasciende a las de las particulares víctimas y alcanza a la comunidad internacional en su conjunto. Consecuentemente —‌sigue diciendo el tribunal—, su persecución y sanción constituyen no solo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados, cuya legitimidad no depende de los ulteriores intereses particulares de cada Estado, ni del lugar de comisión del delito, ni de la nacionalidad del autor o de la víctima, ni de la presencia del inculpado en el país, ni de vínculo alguno con el país que la ejerza, sin perjuicio, claro está, del necesario establecimiento de reglas de concurrencia de jurisdicciones nacionales en aras a evitar duplicidades de procesos y la vulneración del principio de non bis in idem. Pues bien, señorías, esta concepción de la jurisdicción universal es la que se plasmó en la primera redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en 1985, al establecerse las reglas de atribución competencial de la jurisdicción penal española en su artículo 23, cuya plenitud, como ya se ha dicho, fue desvirtuándose a través de sucesivas reformas, la primera con la Ley Orgánica 1/2009, que recogía las limitaciones que quisieron imponer la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo al artículo 23 de la ley orgánica y que fueron declaradas nulas por el Tribunal Constitucional en la sentencia que les refería, y singularmente el principio de subsidiariedad y puntos de conexión en relación con el interés del Estado en la causa, so pretexto de evitar problemas de relaciones con otros países. Y la segunda —‌también se ha dicho— y la última, la operada en los años 2014 y 2015, que ha significado un gravísimo retroceso en la protección de las víctimas de los más graves ataques a sus derechos humanos que dispensaban los tribunales españoles, echando por la borda los logros obtenidos y su reconocimiento internacional y dejando sin protección a los españoles sobre los crímenes más atroces de que puedan ser objeto cuando se encuentren en el extranjero —‌piénsese en cooperantes españoles—, partiendo de que la justicia únicamente actúe cuando el posible responsable de los hechos sea de nacionalidad española o residente habitual en España o, en caso de que eventualmente se encuentre en España, se haya rechazado su extradición, y suprimiéndose también la acusación popular, solo manteniéndose la acusación inicial de la víctima o de la Fiscalía, aun a sabiendas de que muchas víctimas ya no están para denunciar y que muchos crímenes solo son conocidos previa denuncia. En estas dos reformas —q‌ ue se hicieron, también tengo que recordarlo, de tapadillo, ya que la primera, la de 2009, se realizó a través de una enmienda a un proyecto de ley sobre la nueva Oficina Judicial del Gobierno al que daban apoyo, el Partido Socialista, y la segunda, la de los años 2014 y 2015, tuvo su origen en unas proposiciones de ley del Gobierno del Partido Popular que sostenía con mayoría absoluta al Gobierno del Estado—, en ambas reformas, digo, se eludieron los informes preceptivos, a pesar del debate que produjeron por la percepción de que se estaba desvirtuando el principio de jurisdicción universal, convirtiéndolo finalmente en papel mojado, lo que motivó un amplio rechazo social de las profesiones jurídicas y también de las organizaciones relacionadas con los derechos humanos, y que ahora —‌tengo que añadir— tendremos ocasión y oportunidad de corregir si tomamos en consideración la iniciativa debatida a fin de reflexionar sobre el significado y función de la jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad, y quizá no tanto, como reflexiona el magistrado José Ricardo de Prada, para un ejercicio como el que había hasta ahora, es decir, desde las posibilidades de la jurisdicción de un país en relación con lo acaecido dentro del territorio de otro, lo que, excepto en contadas ocasiones, además de suscitar recelos internacionales, no suele resultar eficaz. Y propone como alternativa o como complementario a este modelo tradicional de justicia universal activarla con vistas a la cooperación internacional para el funcionamiento de la justicia penal internacional, incluida la Corte Penal Internacional, creando órganos especializados y con capacidades operativas policiales, de Fiscalía o jurisdiccionales para afrontar esta clase de delitos, a fin de evitar la impunidad de los crímenes internacionales, llevando a cabo la investigación y persecución de estos de forma coordinada y concertada de cooperación internacional.

Finalizo, presidente, añadiendo que daremos nuestro apoyo a la toma en consideración de esta iniciativa a fin de propiciar un debate constructivo en el seno de la Ponencia y de la Comisión sobre la llamada jurisdicción universal de la justicia penal española y, sobre todo, respecto a un nuevo modelo.

Muchas gracias.

Arratsalde on. Buenas tardes, presidente, señorías. Debatimos hoy un asunto que no es nuevo en esta Cámara, que ha sido repetitivo en las últimas décadas. Ahora bien, creemos que es un paso en positivo todo aquello que vaya por la vía del establecimiento y fortalecimiento de un sistema de justicia internacional que evite la impunidad de aquellos responsables de los crímenes más graves ―se han mencionado―: crímenes contra la humanidad, genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Teniendo en cuenta que ya hace diez años, en 2014, en esta misma Cámara, el Partido Popular saboteó la ya restringida jurisdicción internacional poniendo una serie de obstáculos para que no se pudieran juzgar una serie de delitos internacionales en el Estado, creemos que hoy tenemos una oportunidad ¿Qué ocurre? ¿Cuál es nuestro temor? Creemos que es bien posible que hoy salga votada favorablemente esta proposición de ley, pero, como ya ha ocurrido en el pasado, que quede en un armario y no se le dé continuidad. Ese es el peligro que vemos por las diferentes dudas que suscita en algunos ministerios. En segundo lugar, antes había un portavoz de la extrema derecha que intentaba jugar con esto de la soberanía ad intra y ad extra, cuando lo que vemos es que hay un interés supranacional, común a todos los Estados y a todos los pueblos, que intenta proteger un bien jurídico universal que afecta al orden internacional, y esa debe ser la búsqueda de la justicia universal; una justicia que posibilite, en este caso a los tribunales estatales, ejercer la jurisdicción penal, en representación de la comunidad internacional y en colaboración con ella, para investigar y enjuiciar los crímenes internacionales de primer grado ―repito, de primer grado― cometidos fuera del territorio nacional por personas físicas o jurídicas. Creo que es importante también que hayan incluido el elemento de las personas jurídicas, ya que suscitó un debate en la Comisión creada al efecto en 2018 por el Ministerio de Justicia; creemos que también es importante que se recoja. Y, como decía otro portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, también creemos que es importante dirigirlo a todo lo que tiene que ver con la justicia internacional cooperativa, es decir, que los Estados colaboren y se ayuden en las investigaciones de estos juicios y, luego, juzgue el que mejores condiciones tenga; por ejemplo, de alguna manera ya lo están haciendo con las investigaciones sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania. Y no es únicamente que cada Estado vaya por su vía, vemos que en el marco europeo también sería posible hacer una reflexión sobre lo que debe ser la jurisdicción internacional. En tercer lugar, había un portavoz que decía que España, como es parte de los tratados internacionales, no hace falta que modifique la legislación interior, cuando en el mismo Estatuto de Roma se habla de que, para evitar la impunidad, se tomen las medidas internas que eviten los obstáculos. Yo creo que hoy se está yendo por esa vía, se está yendo por la vía de eliminar los obstáculos que precisamente el Partido Popular instaló en la legislación en 2014. En definitiva, y para ir acabando, somos conscientes, como decía, de que es bastante posible que hoy se admita a trámite esta iniciativa, algo de lo que nos alegramos, pero también vemos que hay un riesgo serio, porque ya lo hemos vivido, de que esta iniciativa quede aparcada, como ya ha ocurrido con otras, y en el olvido. Hay un artículo del periodista y escritor John Carlin, que salió publicado hace dos años a colación de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que se titulaba El genocidio no es cualquier cosa, y hablaba de la trivialización de este hecho por acusar a cualquier crimen de guerra o a cualquier hecho de ser un genocidio. Nosotros creemos que no solamente el delito de genocidio, también los crímenes de guerra y de lesa humanidad deben poder ser perseguidos con las mismas condiciones, en este caso, por los tribunales españoles. Creemos que hay elementos positivos, también hay algunos en su iniciativa que nos suscitan dudas, pero, como decía en el inicio, es bueno, es positivo que esta iniciativa salga hoy aprobada y que podamos tener un debate en las comisiones correspondientes y, posteriormente, en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies. Bona tarda, senyories. Tractem la presa en consideració de la proposició de llei presentada per Sumar per la protecció dels drets humans i la jurisdicció universal a Espanya a partir de la reforma de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial. Ho deia fa un moment el diputat que m’ha precedit, aquesta no és una iniciativa nova ni exclusiva del seu grup, altres vegades s’ha tractat a les Corts Generals. Amb ella pretenen revertir, com s’explica a la part expositiva, les modificacions que en el seu moment van limitar la lluita contra la impunitat dels crims de dret internacional. En l’anterior legislatura, els nostres diputats, en moltes de les seves intervencions, van fer evident la prevalença del dret internacional sobre el dret intern i de la mateixa Constitució espanyola. Val a dir que gairebé sempre amb una sordesa considerable d’aquesta cambra. Des de Junts per Catalunya, ho saben, som molt crítics amb la justícia espanyola, amb aquesta manera d’exercir de les cúpules judicials impregnades sovint d’irracionalitat i amb aires de colonialisme ranci. Som testimonis directes d’una persecució indecent, d’una generació de trames delictives en les quals participen des de les clavegueres de l’Estat a les més altes instàncies polítiques judicials d’aquest mateix. Som un grup objectivament identificable i estem en un espai que coneixem bé i que reclamem des de fa temps que s’investigui, s’hi actuï i s’arribi fins al final. Avui vostès volen recuperar aquell Estat que durant alguns anys fou considerat un actiu en la lluita contra la impunitat de les violacions dels drets humans comesos arreu del món, un fet que molts els poden arribar a reconèixer, però que com sempre a l’Estat espanyol tenen un però. I així, però, val la pena recordar que als anys noranta, mentre algun d’aquests jutges... per cert, elevats a màrtirs de la democràcia i els drets humans pel progressisme espanyol, mentre algun d’aquests jutges entomava causes contra la vulneració de drets humans a l’altra banda de l’Atlàntic, aquí ell mateix els vulnerava. La Catalunya del 1992 va ser un exemple de vulneració de drets humans, amb detencions indiscriminades de ciutadans independentistes i també de tortures que el Regne d’Espanya es va negar a investigar i per les quals anys després fou condemnat pel Tribunal de Drets Humans d’Estrasburg. És aquesta la doble vara de mesurar espanyola, la que tan bé coneixem els independentistes i que tan evident ha fet el Procés els últims anys. La llibertat d’expressió, el dret a un judici just i a un tribunal independent i imparcial o el respecte a la vida familiar i privada, per exemple, queden fulminades, com ho queden també molts dels principis fonamentals que haurien de construir tota societat democràtica. Quan recentment vam patir la cruesa d’aquest Estat, alguns de vostès es van tapar ulls i orelles i van mirar cap a una altra banda. I ara, senyories, s’adonen que anaven errats, que la repressió no era exclusiva de l’independentisme, la persecució no tan sols era contra el nostre poble i aquells representants que legalment havíem escollit, sinó que ho és contra la diferència, contra la dissidència política, contra el principi bàsic de la llibertat individual i col·lectiva. A Junts per Catalunya ens trobaran sempre al costat dels drets humans. A Junts per Catalunya hem buscat i busquem l’empara del dret internacional per donar resposta als nostres anhels de llibertat. Per això mateix, avui hem escoltat atentament la defensa que han fet de la presa en consideració de la seva proposició. L’analitzarem. No hi entrarem a fons i, en cas de prosperar, l’estudiarem amb detall per, durant la tramitació, si fos el cas i s’escau, presentar-hi aquelles esmenes que consideréssim que la poden ajustar i fer millor. Mirin, Catalunya és una nació democràtica i pacífica i la nostra base existencial rau en el respecte als drets humans arreu, però també aquí. Ho deia el president Puigdemont a la carta que tots vostès coneixen: «Hi ha qui té por i calla. N’hi ha que no ho hem fet ni ho farem, per més problemes que ens busquin.» Així que, pel dret a ser i a pensar en llibertat, visca Catalunya lliure! Moltes gràcies.

Gracias. Buenas tardes, señorías. Debatimos la toma en consideración de la proposición de ley presentada por SUMAR para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España a partir de la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. Lo decía hace un momento el diputado que me ha precedido, esta no es una iniciativa nueva ni exclusiva de su grupo, otras veces se ha tratado en las Cortes Generales. Pretenden revertir, como se explica en la parte expositiva, las modificaciones que en su momento limitaron la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional. En la anterior legislatura nuestros diputados en muchas de sus intervenciones evidenciaron la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno y de la misma Constitución española; hay que decir que casi siempre con una sordera considerable en esta Cámara. Desde Junts per Catalunya lo sabemos. Somos muy críticos con la justicia española, con esta forma de ejercer de las cúpulas judiciales, muchas veces irracionales y con aires de colonialismo rancio. Somos testigos directos de una persecución indecente, de una generación de tramas delictivas en las cuales participan desde las cloacas del Estado hasta las más altas instancias políticas y judiciales de este mismo Estado. Son un grupo objetivamente identificable y estamos en un espacio que conocemos bien y reclamamos desde hace tiempo que se investigue, se actúe y se llegue hasta el final.

Hoy ustedes quieren recuperar ese Estado que durante algunos años fue considerado un activo en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidos en todo el mundo, un hecho que muchos pueden llegar a reconocer, aunque, como siempre, el Estado español tiene un pero. Así, hay que recordar cómo en los años noventa, mientras alguno de estos jueces —p‌ or cierto, elevados a mártires de la democracia y de los derechos humanos por el progresismo español— acogía causas contra la vulneración de derechos humanos al otro lado del Atlántico, aquí él mismo los vulneraba. La Cataluña de 1992 fue un ejemplo de vulneración de derechos humanos, con detenciones indiscriminadas de ciudadanos independentistas, también de torturas, que el Reino de España se negaba a investigar y por el que años después fue condenado por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esta es la doble vara de medir española que tan bien conocemos los independentistas y que tan evidente ha hecho el proceso en los últimos años. La libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y a un tribunal independiente e imparcial o el respeto a la vida familiar y privada, por ejemplo, quedan fulminados, como quedan también muchos de los principios fundamentales que deberían de construir toda sociedad democrática. Cuando recientemente sufrimos la crudeza de este Estado, algunos de ustedes se taparon los ojos y las orejas y miraron hacia otro lado, y ahora se dan cuenta, señorías, de que la represión no era exclusiva del independentismo, de que la persecución no solo era contra nuestro pueblo y esos representantes legalmente escogidos, sino que lo es contra la diferencia, contra la disidencia política, contra el principio básico de la libertad individual y colectiva.

En Junts per Catalunya siempre nos van a encontrar al lado de los derechos humanos. En Junts per Catalunya hemos buscado y buscamos el amparo del derecho internacional para dar respuesta a nuestros anhelos de libertad. Por eso hoy hemos escuchado atentamente la defensa que han hecho de la toma en consideración de su proposición. La analizaremos, no entraremos a fondo y, en caso de prosperar, la estudiaremos detalladamente porque, si fuera el caso, durante la tramitación, presentaríamos las enmiendas que consideráramos que pueden ajustarla y mejorarla.

Miren, Cataluña es una nación democrática y pacífica y nuestra base existencial radica en el respeto a los derechos humanos en todas partes, pero también aquí. Lo decía el presidente Puigdemont en la carta que todos ustedes conocen. Hay quien tiene miedo y calla. Hay otros que no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer, por más problemas que nos busquen. Así que, por el derecho a ser y a pensar en libertad, ¡viva Cataluña libre!

Muchas gracias.

Bona tarda, diputades; bona tarda, diputats. Abans de començar amb l’exposició sobre aquesta proposició de llei orgànica, que avanço que votarem positivament, crec que ha passat una mica desapercebut, però tots els que estan aquí asseguts són conscients que un diputat d’aquesta cambra ha defensat el nazisme dient que «creían que hacían bien contra el mal implícito en el comunismo»? Algú se n’ha adonat, d’això? Ho dic perquè és «aviso para navegantes».

Buenas tardes, diputadas y diputados. Antes de empezar con la exposición sobre esta proposición de ley orgánica, que avanzo que vamos a votar positivamente, creo que ha pasado un poco desapercibido, ¿pero todos los que están aquí sentados son conscientes de que un diputado de esta Cámara ha defendido el nazismo diciendo que creía que hacían bien contra el mal implícito en el comunismo? ¿Alguien se ha dado cuenta de esto? Lo digo porque es aviso para navegantes.

Porque los nazis tienen disculpa porque lo hacían bien y ellos están convencidos de que lo hacen bien. Es decir, agárrense a sus escaños, porque nos están avisando de lo que va a venir, y aquí nadie dice nada.

Però bé, els catalans això ja sabem de què va. Però tingueu clar que un diputat d’aquesta cambra ha justificat el nazisme, l’any 2024. Després d’això, no sé si podré dir gaires coses sobre justícia internacional i sobre jurisdicció internacional. Segueixo veient que la cambra està callada, és greu, eh? Amb una mica de bona sort a mi ja no m’agafarà, però als que vinguin darrere, ho tenen molt —‌molt— complicat.

Tres elements. Primer, nosaltres aquesta proposició ja la vam plantejar el 2017. Segon, és obvi que hi votarem a favor. Tercer, també és obvi que les societats decents, democràtiques, fonamentades en el respecte als drets humans, haurien de tenir en el seu sí legal, en el seu cos legal, aquest principi de jurisdicció universal.

Més enllà que es pugui garantir que els crims de dret internacional puguin ser perseguits des de qualsevol racó del planeta; més enllà que el Pacte de Drets Civils i Polítics dels setanta, que va firmar l’Estat espanyol el 1977; més enllà de l’article 6 de la Convenció de l’ONU; més enllà del Conveni de la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals; més enllà d’això, el que és rellevant és que aquest Estat la tenia. I el que és rellevant és que el PP successivament la va anar retallant fins que fos inexistent en el seu cos legal. Per tant, no és el mateix accedir a un dret democràtic basat en el principi del respecte dels drets humans i en el rebuig a qualsevol tipus de crim, de lesa humanitat, o de genocidi, o de tortures, que haver-lo tingut i perdre’l, perquè el que explica és fins a quin punt hi ha hagut una regressió democràtica en els principis d’aquest Estat.

Els portaveus que m’han que m’han precedit han fet tot el corpus jurídic que jo podria explicar-los. A mi el que m’interessava posar en relleu és que això va ser detectat ja per Esquerra Republicana l’any 2017, que en Joan Tardà ho va explicar perfectament i que havent-hi, com se suposa que hi ha, un govern progressista, està bé que ho recuperem. Però senyors de Sumar, vostès són del Govern. Recuperem la jurisdicció i la justícia internacional, sí; però la faran conviure amb una llei mordassa que no han sigut capaços de derogar en quatre anys? La faran conviure amb una llei d’estrangeria que atempta contra els drets fonamentals? La faran conviure amb els CIE oberts i amb el drama de la immigració que ha explicat la nostra companya canària? El progressisme es demostra en tota la legislació que fem, no només en aquella que es dedica als drets humans. I segueixo dient, i com garantiran l’accés a la justícia dels que ara són súbdits —p‌ erquè això recordo a tothom que és un regne—, que són súbdits del Regne d’Espanya? Com garantiran l’aplicació d’una jurisdicció universal amb uns jutges que no diferencien terrorisme de manifestació? Amb uns jutges que no diferencien l’aplicació de la llei mordassa de l’aplicació de crims de lesa humanitat? Com ho faran? Vostès ja saben que nosaltres no tenim cap esperança en l’Estat espanyol. Els acompanyarem solidàriament perquè es democratitzi, efectivament, els acompanyarem en tot el que sigui per netejar el seu Estat profund, perquè també ens afecta a nosaltres, però no és un projecte compartit. El que pregunto és quines mesures posarem per garantir que la justícia, ja no universal, aquí, a la cantonada, a Catalunya, realment serà justícia? Moltes gràcies.

Pero, bueno, los catalanes ya sabemos de qué va. Pero tengan claro que un diputado de esta Cámara ha justificado el nazismo, en el año 2024. Después de esto, no sé si voy a poder decir demasiado sobre justicia y jurisdicción internacional. Sigo viendo que la Cámara está callada. Es grave. Con un poco de buena suerte a mí ya no me va a coger, pero los que vengan detrás lo tienen muy muy complicado.

Tres elementos. Primero, nosotros ya planteamos esta proposición en 2017. Segundo, es obvio que vamos a votar a favor. Tercero, también es obvio que las sociedades decentes, democráticas y fundamentadas en el respeto a los derechos humanos tendrían que tener en su cuerpo legal este principio de jurisdicción universal. Más allá de que se pueda garantizar que los crímenes de derecho internacional se pueden perseguir desde cualquier parte del planeta; más allá del pacto de derechos civiles y políticos del 77, firmado por el Estado español; más allá del artículo 6 de la Convención de la ONU; más allá del Convenio de Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, más allá de todo esto, lo que es relevante es que este Estado la tenía, y lo que es relevante es que el PP sucesivamente la fue recortando hasta que fuera inexistente en su cuerpo legal. Por lo tanto, no es lo mismo acceder a un derecho democrático basado en el principio del respeto de los derechos humanos y en el rechazo a cualquier tipo de crimen de lesa humanidad o de genocidio o de torturas, que haberlo tenido y perderlo, porque lo que explica es hasta qué punto ha habido una regresión democrática en los principios de este Estado.

Los portavoces que me han precedido han hecho todo el corpus jurídico que yo podría hacer. A mí lo que me interesa poner en relieve es que esto ya se detectó en el año 2017, que Joan Tardà lo explicó perfectamente y, habiendo como hay un Gobierno progresista, está bien que lo recuperemos. Pero, señores de SUMAR, ustedes son del Gobierno. Recuperemos la jurisdicción y la justicia internacional, sí; pero ¿la harán convivir con una ley mordaza que no han derogado en cuatro años? ¿Lo harán convivir con una ley de extranjería que atenta contra los derechos fundamentales? ¿Lo harán convivir con los CIE abiertos y el drama de la inmigración, que ha explicado nuestra compañera de Canarias?

El progresismo se demuestra en toda la legislación que hacemos, no solo con aquella que se dedica a los derechos humanos. Y sigo diciendo: ¿cómo van a garantizar el acceso a la justicia de los que ahora son súbditos —‌porque esto es un reino— del Reino de España. ¿Cómo van a garantizar la aplicación de una jurisdicción universal con unos jueces que no diferencian terrorismo de manifestación, con unos jueces que no diferencian la aplicación de la ley mordaza de la aplicación de crímenes de lesa humanidad? ¿Cómo lo van a hacer?

Ustedes ya saben que nosotros no tenemos ninguna esperanza en el Estado español. Los acompañaremos solidariamente para que se democraticen. Efectivamente, les vamos a acompañar en todo lo que sea limpiar su Estado profundo porque también nos afecta a nosotros, pero no es un proyecto compartido. Lo que pregunto es: ¿qué medidas vamos a poner para garantizar no ya que la justicia universal, sino la de aquí, a la vuelta de la esquina, en Cataluña, realmente sea justicia?

Muchas gracias. (Aplausos).

Presidente, señores y señoras diputadas, el Pleno de esta Cámara somete a consideración, tal y como sucediera en el pasado, la reforma de la Ley Orgánica 6/85, del 1 de julio, del Poder Judicial, para la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal en España. La doctrina entiende el principio de jurisdicción universal como un principio de solidaridad universal en materia de enjuiciamiento criminal. El principio de justicia universal se define como un principio derivado del derecho internacional que, basado en un interés supranacional, posibilita a los tribunales internos ejercer la jurisdicción penal en representación de la comunidad internacional para enjuiciar determinados crímenes internacionales, con independencia de la nacionalidad de las víctimas y victimarios y del lugar en el que se hayan cometido. Esto se traduce en la persecución de delitos de crímenes de especial gravedad sin tomar en consideración ni el lugar donde fueron cometidos ni la nacionalidad de los autores. En resumen, la persecución de delitos que trascienden la frontera física y que no pueden ni deben quedar impunes, aplicando los tribunales a tal efecto al derecho penal interno el derecho internacional, y aquí hablamos, como ya se ha comentado, de delitos de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra.

Haciendo memoria, con la aplicación de la reforma de la justicia universal, tal y como se recogió ya en la Ley Orgánica del 2009, España estaba a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Esta fue una reforma que consiguió un amplio consenso parlamentario. Una vez más, éramos referentes en la defensa de derechos humanos para otros países y, de hecho, como también se ha comentado aquí, muchos países modificaron su legislación para que se pareciera a la nuestra. Estábamos a la cabeza de la defensa de los derechos humanos contra crímenes deleznables. Este puesto lo perdimos tras la reforma del Partido Popular de 2014. Esta reforma supuso restringir la posibilidad del ejercicio del principio de jurisdicción universal, especialmente en los delitos y violaciones más graves de los derechos humanos. Estamos hablando de genocidio, torturas, delitos de terrorismo, delitos que, como la realidad nos muestra, trascienden las fronteras físicas y que en demasiadas ocasiones el poder de un Estado es insuficiente para su persecución, lo que facilita que muchos de estos crímenes queden impunes.

La reforma supuso eliminar la jurisdicción universal en la defensa de los derechos humanos, a lo que se añadió el daño reputacional que tuvo España, pero a ustedes esto pareció importarles poco. Esta es la cruda realidad. En una ocasión más, la derecha nos reafirma en la idea de que cuando ustedes gobiernan esto se traduce en recortar derechos y libertades para los ciudadanos y las ciudadanas de este país. Además, quiero comentar cómo se aprobó esta reforma. En esta reforma de 2014, hicieron lo posible de algo que era casi imposible: en una proposición de ley orgánica, que el contenido de la reforma pudiera encajarse en la posibilidad de un procedimiento legislativo de lectura única y urgente, ya que ni la entidad de la propuesta ni la naturaleza del proyecto fue la adecuada. Era una ley orgánica que afectaba a los derechos fundamentales y a la jurisdicción de los tribunales. Además, ni la simplicidad ni la trascendencia, que eran criterios necesarios para lectura única, se aplicaron a esta propuesta. Es decir, se hurtó la posibilidad del debate a fondo sobre este tema. Ese día no fue la primera vez que una proposición de ley se aprobaba por lectura única, claro que no, se ha hecho, se hace y se hará. Pero fue la primera vez que se hizo para la aprobación de una proposición que solo contó con el apoyo de un grupo parlamentario y sin el consenso de ningún grupo del resto de la Cámara. En febrero de 2014, la toma en consideración se aprobó únicamente con los votos del Partido Popular y lo mismo sucedió el 20 de febrero con la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley. Ese día, no solo se enterró la justicia universal, sino que, tal y como se escuchó a lo largo del debate en ese punto, enterraron la democracia en este Parlamento. La reforma de la justicia universal aprobada por la ley orgánica supuso una restricción sustancial y extrema de los derechos de los españoles víctimas de genocidio en el extranjero, según señaló la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en su auto 3240/2016. El Alto Tribunal destacó que la nueva regulación del principio de justicia universal con respecto a los delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra, ha procedido a una restricción tan sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero, que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción para defender sus derechos dentro del territorio español, dada la escasísima posibilidad de que uno de los presuntos autores resida habitualmente en España. Señorías, la verdad es que las víctimas de estos delitos de nacionalidad española quedan sin ningún tipo de protección cuando no se reúnen los requisitos de perseguibilidad que exige la Ley del 2014. Y quiero recordar aquí que la Ley del 2009 fue beneficiosa, fue una reforma justa, necesaria y que aunó el consenso de la Cámara, y que se debió a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo fue la que mandató con sus sentencias al Gobierno y al Parlamento a redactar una reforma en materia de justicia universal que estableciese un elemento de conexión, y eso fue lo que hizo la reforma del 2009. Hasta la fecha, la jurisdicción universal se ha modificado en seis ocasiones con alcance desigual, pero siempre hemos propuesto que se debatieran estos temas en la Cámara y hemos apoyado iniciativas como la PNL en la Comisión de Justicia del 2021, la PNL en la Comisión de Justicia en el Congreso de diciembre de 2016 o la moción en el Senado en octubre del 2021.

El Gobierno de España respalda de forma decidida al Tribunal Internacional de Justicia como a la Corte Penal Internacional y, en general, a los tribunales internacionales, acatando sus veredictos y decisiones, como no puede ser de otra manera, lo que no se contrapone a lo que discutimos hoy. El debate lo impulsamos para que nuestro país sea siempre referente en materia de justicia universal y tenemos que poder consensuar en materia de derechos humanos en temas tan importantes para todos y para todas. Nuestro país se ha revalidado en el puesto en el que el Democracy Index lo sitúa entre las 24 democracias más plenas del mundo, y lo estamos, a pesar de que seguimos esperando llegar a un acuerdo con el Partido Popular para desbloquear la negociación de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Somos referentes en materia de derechos humanos, somos referentes en materia de derechos de las mujeres, en derechos para el colectivo LGTBI, referentes en la lucha de las causas justas. Apoyamos a la población ucraniana del acoso de una guerra injusta e injustificada por parte de Putin. Hemos apoyado y hemos dado las nacionalidades a aquellos nicaragüenses despojados de su nacionalidad, por el injusto régimen de Ortega. Además, apoyamos que no haya más muertos en Gaza. Apoyamos un alto el fuego, apoyamos que entre la ayuda humanitaria y que se libere sin condiciones a los ciudadanos israelíes secuestrados por Hamás, porque la vida de una persona israelí vale igual que la de una palestina, porque la vida de un palestino vale igual que la de un israelí; porque hay que estar en el lado justo de la historia y los civiles no tienen la culpa. Y, a pesar de que ustedes se han sumado tarde, valoramos positivamente que hayan dicho lo que ya llevaba diciendo el presidente del Gobierno hace meses, la solución de los dos Estados entre Israel y Palestina, pero hubiera estado fenomenal verlos en la manifestación del sábado. Hay sitio para todos, pero no debe haberlo para el olvido. Por esto, nos sumamos al hecho de que los grupos de la Cámara deban debatir sobre estos temas tan fundamentales. El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa.

Sí quiero decir algo que, además, ha comentado el señor Santiago al diputado de VOX: los derechos humanos no tienen ideología, pero también quiero decir que las causas no se patrimonializan. Eduardo Galeano decía que la impunidad premia al delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. Piensen en algo que yo suelo decir muchas veces: ¿y si fueran nuestros hijos? ¿Y si fueran nuestros hermanos? ¿Y si fueran nuestros padres? ¿Verdad que todo cambiaría? De todas formas, no quiero dejar en el tintero también una cosa que ha dicho el diputado de VOX cuando hablaba del señor Blair. El señor Blair y el señor Aznar cometieron una de las injusticias más grandes que se han podido cometer con la guerra de Irak, que solo trajo desgracias, muertes, terrorismo e inseguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes. Gracias, presidente. Después de 2196 días de aquella totalidad sobre la iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña en materia de justicia universal y cinco años después de una sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de diciembre de 2018 declarando constitucional la reforma de 2014, que fue recurrida por el Partido Socialista, nos encontramos con una nueva iniciativa, en esta ocasión del grupo de Gobierno SUMAR y, como se acaba de decir, respaldada por el Gobierno. Parece que a todos los que clamaban con urgencia por una reforma de la justicia universal, Partido Socialista, Podemos, PNV y Esquerra, con iniciativa o sin ella, se les había parado el reloj durante la vigencia de los gobiernos de coalición llamados progresistas, pero hoy renace su hipocresía a través de una iniciativa, que no es ninguna de las anteriores y que la presenta un grupo de Gobierno. Y sus señorías podrían preguntarse: ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Quizá Hamás? (Una señora diputada: ¡Muy bien!). Escuchando a los autores y a otros grupos esta tarde, pero conociéndolos ya, no creo que podamos creer que las verdaderas razones son las expresadas por ninguno de ellos en sus intervenciones: la defensa de los derechos humanos, los compromisos internacionales, la defensa de derecho de acceso a la justicia, la persecución de crímenes execrables, la eliminación de una norma contraria a la Constitución… Porque sus afirmaciones, ni son ciertas, ni hay forma de explicar que sus prioridades quedaran congeladas en el tiempo, 2196 días, si los motivos fueran tan graves como esos. Si no fuera porque esto es algo muy serio —‌y mi grupo siempre se lo ha tomado en serio—, nos tendríamos que reír. Ustedes cargan contra los jueces y la justicia española. Llevan meses desprestigiándola. ¿Quieren ahora que se amplíe? Porque no desapareció por más que lo digan —‌hasta ustedes lo reconocen en la propia iniciativa— la justicia universal. ¿Quieren que se extienda al máximo la excepción de territorialidad en la persecución del delito para que nuestros jueces persigan, investiguen y condenen a cualquier delincuente que vaya por el mundo haciendo barbaridades? No hay correctos instrumentos legales, ni jueces suficientes para afrontar los cada vez más frecuentes y complejos sumarios del narcotráfico. No hay recursos para nuestros guardias civiles, que se dejan la vida por la seguridad de los españoles, pero quieren la más amplia extraterritorialidad para que intervengan nuestros tribunales. (Aplausos). Una plena justicia universal que rompa barreras para determinar si el juez predeterminado por la ley, por la excepcionalidad de una ilimitada justicia universal, es para todos. Pero ¿de verdad ustedes lo quieren para todos? ¿Están seguros? En el Grupo Popular estamos promoviendo una declaración institucional para que este Congreso exija una investigación independiente que permita esclarecer las causas en las que se ha producido la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni. Esperamos contar con el acuerdo de todos ustedes. (Aplausos.—Algunos señores diputados: ¡Muy bien!). ¿Qué crímenes de lesa humanidad quieren que persigamos? No todos, porque han votado en contra de que se esclarezcan los asesinatos no resueltos de las víctimas de ETA, en contra de lo reclamado por la resolución del Parlamento Europeo. Tampoco este entusiasmo contra la impunidad es lo que estamos viendo los españoles, y en esta Cámara especialmente, en la elaboración de la ley de amnistía. Quizá por ello tenga coherencia que Esquerra se haya olvidado hasta hoy de su lucha por la justicia universal en la legislación española, porque realmente la opinión que expresan sobre los jueces españoles es terrible. No creen en ellos, no les reconocen su autoridad. Por respeto a jueces y magistrados no reproduzco aquí sus valoraciones, que lamentablemente están en el Diario de Sesiones. Hoy ha insistido en ello especialmente el representante de Junts, y miembros del grupo de Gobierno, de uno y de otro, secundan estas acusaciones a los jueces. Simplemente me remito a las últimas intervenciones de Podemos y SUMAR en la Cámara. Eso sí, ¿ahora los jueces españoles son fiables para perseguir el delito que se ha cometido fuera del territorio español urbi et orbi? Señorías, la señora Vallugera ha dicho que somos súbditos y no es verdad. Somos ciudadanos; ciudadanos. (Aplausos). Usted se considerará lo que quiera. ¿A qué viene, señorías, incorporar la amnistía en esta modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial? ¿Será una cita más a unir a todas las incorrectas que utilizan sus tesis de reconocimiento de la amnistía en la legislación ordinaria española o una manera sibilina de intentar, una vez más, desautorizar la Ley de Amnistía de 1977? Creo, señor Santiago, que no escuchan las prioridades de la gente. No entienden a la gente, a esa gente por la que entraron en las Cortes Generales y respecto a la que formularon su promesa. Para muestra vale un botón, el del cero cero cosechado por ustedes y sus antecesores en Galicia, donde conocen muy bien a su líder. (Aplausos).

Por más que ustedes se empeñen en repetir argumentos pasados, previos al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la reforma de 2014, hoy la contundencia de sus argumentos jurídicos es evidente, y citaré alguno de los más significativos. La definición de la jurisdicción universal en el ordenamiento jurídico español no viene dada en la Constitución. Haciendo uso de la facultad conferida por la Constitución, el legislador ha modificado hasta en seis ocasiones, con alcance desigual, la jurisdicción universal. Para evitar la concurrencia de jurisdicciones y los conflictos entre Estados, los Estados pueden delimitar el alcance de la jurisdicción universal. La nueva redacción del artículo 23 no va en contra de los tratados, no va en contra de lo fallado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de lo defendido por la Corte Internacional o por la Asamblea de Naciones Unidas. Por lo tanto, no hay una obligación a que la justicia universal se configure de una manera concreta. La ley orgánica no es contraria al artículo 10 ni al artículo 24 de la Constitución. La opción asumida por el legislador resulta de todo punto razonable.

Para finalizar, ante los argumentos del Tribunal Constitucional, permítanme que utilice una autocita de intervención previa a la sentencia y que expreso hoy a modo de conclusión, porque tiene más vigencia que nunca para mantener la posición contraria de mi grupo parlamentario a una extensión ilimitada de la jurisdicción universal: No existe norma internacional que obligue a los Estados a incorporar el principio de justicia universal de cualquier forma. No es verdad que acoger el principio de una manera o de otra suponga violación del derecho internacional. No es verdad que con cierta forma de regular la jurisdicción universal en España acabemos con todos los males e imperfecciones de los sistemas judiciales. ¡Ojalá! Tampoco es verdad que, gracias a un principio ilimitado de jurisdicción universal, en España podamos acabar con todos los dictadores, genocidas y violadores de derechos humanos.

No es verdad que seamos la gran excepción en el tratamiento del principio de jurisdicción universal. La normativa actual en esta materia, como en otras, es perceptible, sí, pero ese no es el objeto de esta reforma…

… al contrario, parte, una vez más, de la consideración subjetiva sectaria y excluyente de que hay causas más dignas de defensa y deja de lado los intereses de España para imponer la perspectiva de unos pocos.

Muchas gracias. (Aplausos).