¿Piensa usted seguir condicionando la política migratoria de España a los intereses particulares de sus socios?

Señora presidenta. Señora ministra, al mismo tiempo que la Unión Europea aprobaba un acuerdo sobre inmigración para dar respuesta conjunta de la Unión al flujo migratorio, el Gobierno de España desistía de la construcción de un centro de acogida de inmigrantes en Lérida, que había licitado solo tres meses antes, con visita incluida del ministro de Migraciones. ¿Qué relación tiene esta decisión de su ministerio con las presiones de sus socios para que el Estado no intervenga en materia migratoria en Cataluña? (Aplausos).

Gracias, presidenta.

Buenos días, señoría. Voy a ser muy clara. La política migratoria del Gobierno de España se enmarca en la Constitución española, en las normas que la desarrollan, en los acuerdos internacionales, con los derechos humanos en el centro.

Muchas gracias, señoría. (Aplausos).

No me ha contestado a por qué motivo se licita en septiembre y se renuncia en diciembre, justo en el momento en que sus socios les están diciendo que quieren ser ellos quienes decidan la política migratoria en Cataluña.

El ministerio renuncia a la construcción de un centro para doscientos inmigrantes en Tárrega, provincia de Lérida, por la presión de sus socios y mantiene el de Euskadi, con trescientas cincuenta plazas en Vitoria. O igual podemos decir que construyen uno de trescientos cincuenta inmigrantes en Vitoria para no hacer el de doscientos en Tárrega, Cataluña. A Cataluña no puede ir todo el mundo, como decía el señor Illa, pero a Euskadi sí; para el PSOE, a Cataluña no; pero al resto de España, sí. Europa pacta una política migratoria común, pero el Gobierno del PSOE pacta con sus socios que en España sea desigual. Que el Estado no intervenga en la política migratoria de Cataluña conduce a que el Estado intervenga el doble en otros lugares de España. Nunca como hasta ahora había tenido tanto sentido precisamente la previsión de la Constitución —‌a la que ustedes hacen tan poco caso— del artículo 149, pero, como en tantas cosas, su política de Estado se somete al interés particular del Partido Socialista.

En el Partido Popular, creemos que hay que ser solidarios con el agua en relación con Cataluña, pero creemos también que Cataluña tiene que ser solidaria con el resto de España en materia de inmigración. Señores del PSOE, ustedes aquí están llevando adelante el programa electoral de Junts y de sus otros socios. Eso conduce al desequilibrio, a la arbitrariedad y a la injusticia, que en un tiempo parecía que era una seña de identidad de Pedro Sánchez, pero que ya empieza a parecer una seña de identidad de todo el Partido Socialista.

Gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!—Aplausos).

Señor De Andrés, llevamos toda la mañana viendo que ni el Partido Popular entiende España ni la mayoría de los españoles entienden a los dirigentes del Partido Popular. Y se lo digo porque no aceptan la pluralidad social —‌y también política— que la democracia ha dado a esta Cámara. No asumen que también hay una diversidad territorial, y lo peor es que ustedes no entienden la Constitución ni los estatutos de autonomía. El proceso de transferencia y asunción de competencias que tienen las comunidades autónomas parte de un modelo de Estado que fue diseñado de manera abierta por las Cortes Constituyentes. ¿Le tengo que recordar, señoría, todas las menciones a la diversidad y a la pluralidad que hay a lo largo de toda nuestra Constitución? ¿Se lo tengo que recordar?

Mire, el acuerdo entre partidos alcanzado con Junts supone una delegación de competencias, tal y como establecen los artículos 154 de la Constitución española y 154.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es una delegación que hay que tramitar con una ley orgánica en esta Cámara, y todos los grupos tendrán ocasión de debatir para, en su caso, acordar y que alcance la mayoría absoluta necesaria. Por tanto, máxima transparencia, señorías. Y a ver si les queda claro: el Gobierno no pierde la titularidad de ninguna competencia en materia migratoria. No vamos a ninguna vía unilateral, sino a una mayor coordinación en las políticas de migración. Estamos siendo coherentes con el Título VIII de nuestra Constitución y con el Estado autonómico, compartiendo competencias sobre políticas que afectan a todos y a todas, como la migratoria. Y en relación con Cataluña, lo que perseguimos es hacer viable un entendimiento y no una imposición; o ilegalizar partidos, como ustedes proponen, partidos que les estorban a sus intereses. Eso, como dice el presidente, sí que va en contra de los intereses de España. Les digo más: ustedes, por el momento, gobiernan en algunas regiones. (Rumores). Señorías, díganles a los gallegos y a las gallegas y a los españoles si también se van a oponer a lo que la Comunidad Autónoma de Galicia ha pedido, que es la transferencia del ingreso mínimo vital. ¿También es un chantaje y una cesión?

Señorías, si hay un partido arrodillado, chantajeado y que no rinde cuentas ante la ciudadanía es el Partido Popular (risas); y ahí están sus pactos con VOX, un partido que promueve día a día una política migratoria xenófoba. (El señor González Pons: ¿Y Bildu? Dónde va a parar. Eso sí es progresismo, pactar con Bildu).

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

— DEL DIPUTADO DON OSKAR MATUTE GARCÍA DE JALÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO EUSKAL HERRIA BILDU, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES: ¿CUÁNDO VA A DESARROLLAR EL GOBIERNO EL REGLAMENTO REGULADOR DEL FONDO DE COMPENSACIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO? (Número de expediente 180/000043).