¿Quién debe pagar las medidas de protección a la ciudadanía frente a la carestía de la vida?

Muchas gracias, presidenta. Señor ministro, ayer, junto a los dos decretos de vivienda que ya todo el mundo ha tenido la oportunidad de conocer o va a conocer, se aprobó otro decreto que también guarda importancia para la ciudadanía, aquel que tenía que ver con las medidas para hacer frente a la carestía de la vida. Una carestía de la vida que se traduce en una factura de la luz más cara, en un precio del gas más alto, en que hay que pagar más por los carburantes que uno necesita para repostar y en pagar más por los alimentos que uno necesita consumir para vivir. Todo sube menos los salarios de los trabajadores y las trabajadoras, y todo por las ambiciones de dos sátrapas en Estados Unidos y en Israel que han promovido una guerra ilegal, en este caso en Irán. Ante eso, nosotros nos planteamos una consideración y una reflexión: ¿son suficientes las medidas que se han planteado? A nuestro juicio, no. Y la consideración o la reflexión es: ¿solo lo público tiene que hacer frente a esta realidad extraordinaria? También creemos que no. ¿Por qué lo decimos? Porque nos fijamos en el shock energético del año 2022, una circunstancia análoga. En ese momento, el Estado tuvo que inyectar de dos maneras: una, a través del gravamen excepcional a energéticas y bancos, 5767 millones, el llamado escudo social; la otra, poniendo dinero del bolsillo de todos para que el ahorro en la factura de la luz pudiera quedarse en el bolsillo de los ciudadanos y las ciudadanas. Eso que tanto dice la derecha que le gusta, lo de que se quede el dinero en el bolsillo, aunque luego termina votando en contra. Ante esa realidad, le planteamos: ¿quién debe pagar las medidas de protección a la ciudadanía frente a la carestía de la vida?

Gràcies, presidenta. Gracias, señoría, por su pregunta. La respuesta es clara: la protección a los ciudadanos para hacer frente a las consecuencias de una guerra que, como usted bien dice, ha sido una guerra buscada por otros y un sinsentido, no puede recaer sobre quienes ya soportan la mayor dificultad por el aumento del coste de la vida. No deben pagarla, por lo tanto, las familias trabajadoras, los pensionistas, los autónomos ni las pequeñas empresas. Debe contribuir quien más capacidad económica tiene, como establece la Constitución, y deben realizar un esfuerzo especial aquellos sectores que, en contextos de crisis, obtienen unos beneficios extraordinarios. Este es el principio que guía la política fiscal del Gobierno: justicia, progresividad y responsabilidad. Quien más tiene, más debe contribuir, y en eso estoy seguro de que estamos de acuerdo. Por eso hemos creado nuevas figuras tributarias, por ejemplo, sobre determinados servicios digitales, la conocida como la tasa Google; sobre transacciones financieras, inspirada en la tasa Tobin; el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas; el gravamen temporal energético; el impuesto a la banca, o la subida del IRPF a las rentas altas superiores a 300 000 euros. Hemos creado nuevos impuestos sobre actividades que estaban insuficientemente gravadas; hemos exigido una contribución adicional a los bancos, multinacionales y grandes empresas que se lo podían permitir por el margen de beneficios que tenían; y hemos reforzado la tributación a grandes patrimonios. El contrato social, señoría, que defiende el Gobierno es que ninguna crisis vuelva a convertirse en una transferencia de rentas de la mayoría trabajadora hacia una minoría privilegiada. Gracias. (Aplausos).

Partamos de una constatación que creo que es incontestable: que la banca y las energéticas están obteniendo beneficios cada vez más elevados es algo que no debe someterse a un debate ideológico; es constatable. Que la clase trabajadora se empobrece y que pierde poder adquisitivo, por desgracia, también es constatable. Lo conoce todo el mundo. Ante esa realidad está bien lo que se señala sobre la progresividad, la justicia, incluso sobre impuestos o gravámenes temporales, aunque también hay que decir que alguno no es más que una buena declaración de intenciones porque ni siquiera está en vigor, como el de las energéticas.

En cualquier caso, para llevar propuestas concretas y señalar que lo que se está proponiendo puede no ser suficiente, lo que hay que hacer es recuperar el impuesto a las energéticas con un carácter potente. Hay que ampliar y subir el impuesto a la banca. Hay que fiscalizar también los márgenes de beneficio de las petroleras y ―¿por qué no?― los posibles fraudes de los que cada vez nos alerta más gente. También hay que poner en pie algo que se demostró eficaz, como la excepción ibérica. Anticípense y háganlo ya, porque lo temporal son las medidas que la derecha acepta para la paz social. La izquierda tiene que transformarlas y hacerlas permanentes y estructurales.

Gracias, señoría. Mire, fuimos de los primeros en aplicar un impuesto a la banca, en aplicar el impuesto digital, en aplicarlo a los beneficios de las energéticas y en establecer un tipo mínimo del impuesto de sociedades. Luego nos siguieron otros países en Europa. Esa es la política fiscal que tenemos que hacer: progresiva, ambiciosa, suficiente, que no interrumpa el tráfico económico y que permita, tanto a las empresas como a las familias, poder avanzar todos juntos. Como bien sabe, Alemania, Austria, Italia, Polonia y el Gobierno de España han instado a que la Comisión Europea busque fórmulas para que los beneficios extraordinarios caídos del cielo de las grandes energéticas contribuyan a pagar todo lo que es necesario para amortiguar el impacto de una guerra de otros países. No faltará voluntad del Gobierno. Seguiremos trabajando ―estoy seguro― en colaboración con su grupo parlamentario.

Gracias. (Aplausos).