Moción consecuencia de interpelación urgente relativa a las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar las subidas desorbitadas de los precios de los productos energéticos y su impacto directo sobre el coste de la vida de las familias.

Gracias, presidente. Señorías, 56 000 millones de euros, 56 000 millones de euros son los beneficios que han acaparado las cuatro grandes empresas energéticas en este país desde 2022: Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol. ¿Saben, señorías, todo lo que podríamos hacer con 56 000 millones de euros? Les voy a poner solo dos ejemplos: duplicar el número de profesoras y profesores en la pública en los próximos dos años o comprar —e‌ so que no le gusta al señor Puente— la mayor parte de las viviendas que los fondos de inversión, la banca y los grandes propietarios tienen en este país para ponerlas en alquiler social. (Rumores). Estas cuatro empresas ―Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol― han acumulado más de 9000 millones de euros de beneficio…

Gracias. Decía que Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol han acumulado más de 9000 millones de euros de beneficio solo en lo que va de 2026 y planean terminar este año con un nuevo récord de beneficios, como han hecho en 2022, 2023, 2024 y 2025. Señorías, esto no puede seguir así. Lo hemos escuchado claro en la acampada de Sol, con los cientos de miles de personas que han salido a la calle este fin de semana para exigir una vivienda digna y una educación pública de calidad. Este sistema no funciona, y no funciona porque es profundamente injusto, porque el dinero solo sube hacia arriba, señorías, y nunca vuelve a bajar. El dinero sube de los bolsillos de la gente trabajadora, de quien está pagando cien euros por llenar un tanque de gasolina o de diésel ―más de dos euros por litro― y sube de quien está pagando diez veces más caro el megavatio que hace seis meses hacia los jefazos de Repsol y Naturgy. Es profundamente injusto, señorías, y ese dinero tiene que bajar y se tiene que redistribuir la riqueza. Tenemos que mirar hacia arriba, porque ya sabemos que la derecha y la ultraderecha nos van a hacer mirar hacia el lado, hacia nuestra vecina, hacia nuestro vecino migrante; van a decir que es ahí donde está el problema. Pero no, el problema está arriba, señorías, en quien está acumulando beneficios espurios gracias a la mayor crisis energética que ha vivido este país en décadas. ¿Y cómo podemos redistribuir esa riqueza? Muy sencillo, con las medidas que Podemos trae hoy aquí y que traen a mal andar al ministro Puente, que no sabe si se pueden expropiar viviendas o no, si se puede nacionalizar Repsol o no. Estas medidas son perfectamente posibles si no dedicas el dinero a hacer el mayor rearme de la historia de este país y si exiges a la banca que devuelva el rescate bancario que todavía no ha devuelto. (Aplausos).

Que devuelvan hasta el último euro, señorías, de los beneficios espurios que llevan haciendo desde que comenzó la guerra de Ucrania, que no ha servido más que para aumentar nuestra dependencia de los Estados Unidos. Por eso nadie habla de esto, porque el Partido Popular y VOX son lacayos de Estados Unidos y están encantados con nuestra dependencia energética de los Estados Unidos, y el Partido Socialista no se atreve, no se atreve contra el oligopolio energético de este país, y así sigue y sigue, dejando desprotegida a la gente en el peor momento posible.

Y, además de recuperar esos beneficios absolutamente espurios que han acumulado las grandes energéticas en estos años, la gente tiene que recuperar el control público de la economía, el control público de los sectores estratégicos. Es una cuestión de justicia, señorías, pero también una cuestión de pura soberanía, de recuperar el control sobre nuestro país. Fíjense, este debate sobre la creación de una empresa pública de energía que trae hoy Podemos de nuevo a esta Cámara lo propusimos en febrero del año 2022 y Pedro Sánchez nos dijo que no, y lo propusimos también en mayo del año pasado, cuando el Partido Socialista unió sus votos al Partido Popular y VOX contra esta propuesta.

Esta iniciativa, que les parece tan bolchevique, es exactamente lo que ha hecho la Francia de Macron. Hay muchos países de la Unión Europea que ya tienen una empresa energética pública, y la tienen para recuperar el control público de la energía. Y eso, en plena crisis energética, cuando Trump y Netanyahu están sembrando de guerras el mundo, es el primer mecanismo de seguridad que tiene que construir un país. No podemos permitir que las grandes empresas energéticas se vayan a embolsar 20 000 millones de euros este año, señorías, mientras que la gente no puede pagar la electricidad, mientras que la gente se va a dormir en invierno antes de la hora y poniendo doble pijama a sus hijos para no usar la calefacción. Es absolutamente intolerable. Y eso se frena con una empresa pública energética y se frena también topando los precios. Eso es, señorías, lo que hay que hacer.

Y me van a permitir que utilice los últimos segundos de mi tiempo para pedirles una cosa. Yo creo que el Gobierno tiene que escuchar, tiene que escuchar a la gente, tiene que escuchar a la acampada de Sol, tiene que escuchar a los cientos de miles de personas que están clamando en las calles para que termine de una vez por todas el negocio de la vivienda. Y ustedes no están escuchando, están intentando lavarse la cara. Por eso voy a utilizar estos segundos para el silencio, para ver si así escuchan. (La señora Belarra Urteaga permanece en silencio en la tribuna de oradores).

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señora Belarra, una de las primeras cosas que ha dicho es que cuántas cosas podrían hacerse con 56 000 millones de euros. Es lo que ha dicho usted, ¿verdad? (La señora Belarra Urteaga hace gestos afirmativos). Bien, creo que uno de los puntos de partida referente a los bolcheviques —‌usted se acaba de autodenominar así— es que para poder hacer algo con esos millones primero hay que generarlos, señora Belarra. Y este es el problema, que ustedes destruyen cualquier tipo de capacidad productiva y de generación de riqueza. Ustedes nunca podrían manejar 56 000 millones de euros porque nunca los habrían creado. (Aplausos). En cuanto a las medidas que proponen —‌un impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas y petroleras en el apartado 1, mecanismos de intervención y limitación de los precios de carburantes y de la electricidad en el apartado 2 y constituir una empresa pública de generación de energía—, tendrían el efecto contrario del deseado, es decir, en vez de reducir el coste energético, se dispararía. Esto es exactamente lo que han conseguido con leyes como la de vivienda que ustedes han promovido. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda por las medidas que ustedes han tomado.

En primer lugar, son totalmente incoherentes las dos primeras medidas. Si crean un nuevo impuesto y limitan los precios, evidentemente los márgenes de esa actividad se estrecharán tanto que será imposible prestar ese servicio, y, por tanto, cerrarán esas empresas o venderán a pérdidas. Es algo absolutamente inviable e insostenible. Es una incoherencia de primero de economía, señora Belarra. (Aplausos).

En cuanto al apartado 3, creación de una empresa pública, seguramente que solo serviría para colocar a los dirigentes del Gobierno y sus socios y generar ineficiencias que terminaríamos pagando todos a través de nuestros impuestos, y, por supuesto, sin contribuir a la bajada de la luz. Y, si tiene alguna duda, respóndase analizando qué ha pasado con la empresa pública encargada de la operación del sistema eléctrico, ya que, si no lo ha olvidado todavía, hace poco hemos sufrido un cero energético en España precisamente por eso, porque está colonizada por ustedes, los políticos.

VOX ha presentado una enmienda con medidas que permitirían abaratar el precio de los combustibles de manera eficaz e inmediata. En primer lugar, se deben adoptar todas las medidas necesarias dirigidas a eliminar la doble imposición fiscal en el precio final de los hidrocarburos, porque les recuerdo, señorías, que, por cada euro de combustible, unos sesenta céntimos son impuestos. Por tanto, el Gobierno es el principal responsable del precio de los combustibles en este país. (Aplausos). Desde VOX exigimos, si no se elimina esa doble imposición, la reducción de cada uno de esos dos impuestos.

También incorpora nuestra enmienda acciones para combatir medidas del fanatismo climático que comparten el Partido Popular y el PSOE y han pactado en Bruselas y que también son las responsables del encarecimiento de la energía, como la demonización de la energía nuclear y una utópica e ingenuamente pueril descarbonización, que ha lastrado la competitividad de nuestra industria y ha disparado el precio de la factura eléctrica de todos los hogares españoles. (Aplausos).

En resumen, señorías, en su populismo bolivariano barato, creen o quieren hacer creer a los españoles que el BOE es capaz de cambiar la ley de la gravedad o las leyes económicas más elementales, como las interacciones entre la oferta y la demanda. Es mentira, y ustedes lo saben. Pero no les importa, porque mientras que consigan seguir engañando a cada vez más españoles, especialmente a los más vulnerables y dependientes —‌que se han esforzado en multiplicar con sus leyes socialcomunistas—, conseguirán perpetuarse en el poder y alcanzar el totalitarismo bolivariano, en donde todos son pobres, engañados por una clase dirigente mafiosa, corrupta y despiadada.

Desde VOX seguiremos combatiéndoles hasta echarlos y ponerlos a disposición judicial para que paguen por todos sus crímenes.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Señora Belarra, diría que partimos de preocupaciones similares: estamos en una nueva crisis energética, el precio de la energía se está disparando y está generando un descalabro social, un descalabro industrial y un drama para millones de personas, y es verdad que la guerra provoca la crisis energética. Pero la decisión sobre qué medidas se toman y quién carga con las consecuencias es una cuestión política. En 2022 se desplegó un escudo eficaz, y, efectivamente, se intervino el mercado y se limitaron precios y se exigió contribuir a quienes se estaban beneficiando extraordinariamente. Hoy en su primer punto piden mecanismos de intervención y limitación de precios, y, aunque no los explicitan, estamos de acuerdo, porque las medidas activas no son suficientes si no contienen bien los precios, y hay que ir más allá. Además, hay que hablar de quién sufraga esas intervenciones y cómo, porque el diferencial entre los precios de mercado y los precios intervenidos hay que abordarlo. De hecho, hay intervenciones activas: hoy se ha topado el butano, se ha topado la tarifa regulada del gas, los combustibles tienen subvención y, aunque caro, no se paga a precio de mercado. Pero, en comparación con 2022, hay una medida de intervención de mercado que no se está poniendo en marcha y es urgente, el tope al gas, que fue la medida que, con diferencia, más alivio produjo en la factura eléctrica.

Hoy el coste de las medidas recae íntegro en las arcas públicas, y el coste de no tomar las medidas como el tope al gas recae directamente sobre los consumidores, así que aquí aparecen varios debates. ¿Hay que tomar medidas de intervención adicionales? Nuestra respuesta es que sí. Habrá más, pero la principal y más efectiva es volver a activar el tope del gas; una medida concreta, efectiva, sencilla y con eficacia aprobada. Y la segunda pregunta es si el coste de las medidas lo tienen que pagar los sectores que se están beneficiando de manera extraordinaria, y nuestra respuesta es sí, por supuesto que sí. ¿Cuál es? El energético; pero no solo, también el financiero. Creo que, en general, podemos estar de acuerdo en esto.

Respecto a su segunda petición, la constitución de una empresa pública de energía, nuestra respuesta es que sí, pero definiendo un poco mejor sus objetivos, sobre todo para no pedir a una empresa pública de energía lo que no puede dar hoy en día, y me explico. La semana pasada, en la interpelación, el señor Sánchez Serna explicó con claridad que Podemos lleva años reclamando la existencia de una energética pública que podría ir quedándose, entre otros, con activos hidráulicos cuyas concesiones fueran caducando, etcétera. Si hablamos de eso, perfecto. Pero en la petición de hoy se va a una empresa pública de generación de energía que garantice el control público sobre el sector energético en la integridad del proceso, desde la generación hasta la energía que llega a los consumidores, y creemos que esto pide algún matiz, porque ese es un universo que hay que desgranar, aunque sea en un mínimo, o incluso aunque pasáramos por alto nuestro marco europeo.

La empresa pública que han propuesto hasta ahora, con los activos de generación hidráulica rescatados, es una idea buenísima, pero, teniendo en cuenta los volúmenes que se manejan, hacerse con cuotas significativas sería de largo alcance, a no ser que se propongan nacionalizaciones, que es otro debate. Comercializarla públicamente puede tener interés, y nosotros lo defendemos, sobre todo para atender a los vulnerables, pero también es una acción de mirada larga. Por eso, esta medida, como propuesta de largo alcance es buena, pero yo no la esgrimiría como ariete para aliviar este momento preciso, porque afirmar eso supone algo de salto en el vacío. Pero, incluso, aunque se tuviera un músculo público energético importante, y no el desierto que dejó aquí la ola de privatizaciones de los años noventa, de cara al precio final tampoco es una panacea. Y, si no, basta con mirar a Francia, que tiene una presencia abrumadoramente pública desde la generación hasta la comercialización, y hoy el megavatio/hora en la península ibérica está a 130 euros y en Francia a 167 euros, o sea, que no hay una solución mágica.

Y también hay otra cosa a tener en cuenta, que es la mirada centralista. Ojo con esto, porque ¿cómo se compagina una empresa pública que controle íntegramente todo el sector con lo público ya existente? Nosotros, por ejemplo, tenemos el Ente Vasco de la Energía, en Navarra está creándose una agencia, hay redes de distribución locales públicas, y en Cataluña está L’ Energètica, creada por impulso de Esquerra, que, por cierto, a nuestro entender, hoy por hoy es el mejor modelo a seguir respecto a la energía pública que tenemos.

Por eso, les decimos que sí a la empresa pública, sin duda, pero afinando un poco más su contenido y su propósito, explicando cómo cohabita con los demás, y, sobre todo, sin atribuirla unos objetivos que no pueda cumplir en el corto y el medio plazo para no generar frustración.

Y cierro, porque ha habido dos puntos seguidos. En resumen, las facturas eléctricas de septiembre van a dejar claro que ningún hogar se escapa ya de la crisis energética. Es una consecuencia directa más de una guerra ilegal que ha estrangulado los flujos energéticos. Hay que seguir señalando a los que apoyan o justifican estas escaladas bélicas que están perjudicando a todos. Hay que proteger aún más a las personas y a los sectores vulnerables. Hay margen de actuación para intervenir el mercado, como el tope al gas: funcionó y hay que recuperarlo. La crisis está empobreciendo a muchos y está engordando a un puñado de empresas, y esos beneficios extraordinarios hay que minimizarlos y capturarlos para mejorar el escudo.

Termino diciendo que para Euskal Herria Bildu nuestra principal labor política en estos momentos es lograr que las consecuencias de la crisis energética no recaigan en los de siempre.

Besterik ez. Eskerrik asko.

Bona tarda. Gràcies, president. Quan parlem del preu de l’energia, sovint parlem de mercats, de costos, de preus, de majoristes, de beneficis empresarials, però crec que hem de començar parlant de les famílies i de la gent que hauríem d’estar representant perquè darrere de cada pujada de la llum, del gas i dels carburants hi ha una família que ha de fer números per arribar a final de mes. Una família que paga la hipoteca o el lloguer, que ha de fer la compra, que té fills, que ha de pagar el transport per anar a treballar i que quan arriben factures més altes no té gaire marge per poder retallar. I això és el que crec que hem de posar al centre d’aquest debat, perquè l’energia no és cap luxe, sinó que és un bé essencial, és encendre la calefacció a l’hivern, és poder cuinar, és tenir la nevera en funcionament, és poder anar a treballar, és poder mantenir una llar amb unes condicions dignes. Segons les últimes estimacions, la inflació ha superat el 4 % per primer cop des de l’abril del 2023. L’augment es deu principalment al preu dels combustibles, però també al gas i l’electricitat. La moció ho recull. Quan l’energia puja no només puja la factura de la llum, puja també el cost del transport, el cost de produir, el de distribuir aliments i, en definitiva, el que fa és pujar el cost de la vida: és un exemple clar d’efecte de segona ronda d’inflació. Per tant, aquesta és una qüestió que afecta tota la societat, però que no l’afecta de la mateixa manera. Una família amb pocs ingressos no pot absorbir una pujada de 50 o de 100 euros al mes, de la mateixa manera que una família amb una renda elevada. I aquí és on hem de posar aquesta mirada d’esquerres, perquè quan un bé essencial es converteix en una despesa que moltes famílies no poden assumir, no podem limitar‑nos a dir que han d’estalviar més o que han de mirar allà on gasten o no. Hem de preguntar‑nos com funciona el sistema i qui està assumint el cost d’aquesta situació. I és aquí on aquesta iniciativa posa sobre la taula un debat que considerem que és molt important. Mentre les famílies han hagut de contenir despeses, les grans empreses energètiques han obtingut beneficis extraordinaris. I això nosaltres hi hem d’estar totalment en contra. I s’ha dit moltes vegades. Aquesta tarda ja es va presentar un Reial decret perquè aquestes empreses tinguessin els impostos que es mereixen. I repetim que Junts, PP i VOX ho van votar en contra mentre les famílies tenen seriosos problemes per pagar la llum. Per tant, l’Observatori de Marges Empresarials identifica aquests marges amplíssims del subministrament de l’electricitat del gas com a combustible i refinament de petroli. Aquests marges cada vegada s’estan ampliant i, per tant, cada vegada són més grans els beneficis d’aquestes energètiques i no és raonable que una família hagi de renunciar a coses bàsiques mentre una empresa obté beneficis extraordinaris en un moment de crisi energètica. Per tant, creiem que aquesta situació no és normal. La setmana passada, a la compareixença del ministre Cuerpo, ja li vam dir: ha d’acabar amb aquests beneficis a les grans energètiques i revertir aquest impost a les famílies.

Per tant, la primera: un impost permanent sobre els beneficis extraordinaris que proposa la seva moció, ens sembla bé. La segona, poder intervenir i limitar el preu quan es produeixen escalades que fan impossible assumir‑los per moltes famílies ja creiem que és del tot imprescindible. I la tercera, que és obrir un debat sobre el control públic de l’energia amb la creació d’una empresa pública estatal de generació d’energia ens sembla molt bé. De fet, el Govern republicà d’Esquerra Republicana ja ho va impulsar això. Però ens cal una mica més de rigor en el moment que estem i aquí hem de ser clars. La solució per abordar la pujada d’energia que ens ve ara mateix no es resoldrà només decidint qui produeix l’electricitat. Es tracta de decidir quin model energètic volem. I des d’Esquerra és evident que volem un model energètic descentralitzat, públic i descarbonitzat. Però això exigim al Govern espanyol que en matèria d’energies renovables que poden ajudar a abaixar els preus i nosaltres, per exemple, Esquerra Republicana, quan i quan impulsa des de la Generalitat l’energètica, el que fem és que una empresa pública ajudi a assolir els objectius de neutralitat climàtica que ara mateix són els més urgents.

Si l’energia és un servei essencial, l’interès general no pot quedar sempre en segon pla davant de la lògica del benefici. Perquè nosaltres defensem una economia que genera riquesa, però també defensem que aquesta riquesa serveixi per garantir una vida digna. Que es promoguin salaris alts, adaptats a la realitat del cost de la vida de cada territori i que es prioritzin les indústries d’alt valor afegit per sobre del monocultiu turístic. Això ha d’ajudar a que una família no hagi de triar entre pagar la factura de la llum i omplir la nevera.

Acabo president. I, en definitiva, quan parlem d’energia, en aquest cas estem parlant de drets. I crec que aquesta és la qüestió que hauríem de tenir sempre present. L’energia és una necessitat, oi que sí? El que hem de fer, doncs, és que sigui urgent i aplicable. Però les famílies no han de poder triar entre si poden enxufar una nevera si poden posar la calefacció o si han d’omplir la nevera.

Gràcies.

Gracias, presidente. Buenas tardes. Cuando hablamos del precio de la energía, a menudo hablamos de mercados, costes, precios mayoristas o beneficios empresariales, pero creo que tenemos que empezar hablando de las familias y de la gente que deberíamos estar representando, porque detrás de cada subida de la luz, del gas, de los carburantes, hay una familia que tiene que hacer números para llegar a final de mes; una familia que paga la hipoteca o el alquiler, que tiene que hacer la compra, que tiene hijos, que tiene que pagar el transporte para ir a trabajar y que, cuando llegan facturas más altas, no tiene mucho margen para recortar. Y eso es lo que creo que debemos poner en el centro de este debate, porque la energía no es un lujo, sino un bien esencial. Es encender la calefacción en invierno, es poder cocinar, es tener la nevera en funcionamiento, es poder ir a trabajar y poder mantener un hogar en condiciones dignas. Según las últimas estimaciones, la inflación ha superado el 4 % por primera vez desde abril de 2023. El aumento se debe principalmente al precio de los combustibles, pero también al gas y a la electricidad. La moción lo recoge: cuando la energía sube, no solo sube la factura de la luz; también sube el coste del transporte, el coste de producir y el de distribuir alimentos y, en definitiva, sube el coste de la vida. Es un ejemplo claro de efecto de segunda ronda de inflación. Por lo tanto, esta es una cuestión que afecta a toda la sociedad, pero no la afecta de la misma manera. Una familia con pocos ingresos no puede absorber una subida de 50 o 100 euros al mes de la misma forma que una familia con una renta elevada. Y aquí es donde tenemos que poner esta mirada de izquierdas, porque cuando un bien esencial se convierte en un gasto que muchas familias no pueden asumir, no podemos limitarnos a decir que tienen que ahorrar más o que tienen que ver dónde gastan y dónde no. Tenemos que preguntarnos cómo funciona el sistema y quién está asumiendo el coste de esta situación. Y aquí es donde esta iniciativa pone sobre la mesa un debate que consideramos que es muy importante. Mientras las familias han tenido que reducir gastos, las grandes empresas energéticas han obtenido beneficios extraordinarios, y ante eso nosotros tenemos que estar totalmente en contra. Y se ha dicho muchas veces aquí esta tarde: ya se presentó un real decreto para que estas empresas tuvieran los impuestos que se merecen, y repetimos que Junts, PP y VOX votaron en contra, mientras que las familias tienen serios problemas para pagar la luz.

El Observatorio de Márgenes Empresariales identifica estos márgenes amplísimos en el suministro de electricidad y de gas, en el comercio de combustible y en el refinamiento de petróleo. Estos márgenes cada vez se están ampliando más y, por lo tanto, cada vez son más grandes los beneficios de estas energéticas. No es razonable que una familia tenga que renunciar a cosas básicas mientras que una empresa obtiene beneficios extraordinarios en un momento de crisis energética. Por lo tanto, creemos que esta situación no es normal. La semana pasada, en la comparecencia del ministro Cuerpo, ya se lo dijimos: tiene que terminar con estos beneficios a las grandes energéticas y revertir este impuesto a las familias.

Por lo tanto, primero, el impuesto permanente sobre los beneficios extraordinarios que propone su moción nos parece bien. Segundo, creemos que es imprescindible intervenir y limitar el precio cuando se producen escaladas que hacen que para muchas familias sea imposible asumirlo. Y tercero, nos parece muy bien abrir un debate sobre el control público de la energía con la creación de una empresa pública estatal de generación de energía. De hecho, el Gobierno republicano de Esquerra Republicana ya lo impulsó, pero necesitamos un poco más de rigor en el momento en el que estamos. Y aquí tenemos que ser claros: la subida de energía que nos viene ahora mismo no se va a resolver únicamente decidiendo quién produce la electricidad; se trata de decidir qué modelo energético queremos. Y en Esquerra tenemos claro que queremos un modelo descentralizado, público y descarbonizado. Por eso exigimos al Gobierno español que actúe en materia de energías renovables, que pueden ayudar a reducir los precios. Y, por ejemplo, cuando Esquerra Republicana impulsa desde la Generalitat L’Energètica, lo que hacemos es que una empresa pública ayude a conseguir los objetivos de neutralidad climática, que son de los más urgentes.

Si la energía es un servicio esencial, el interés general no puede quedar siempre en segundo plano ante la lógica del beneficio, porque nosotros defendemos una economía que genere riqueza, sí, pero también defendemos que esta riqueza sirva para garantizar una vida digna, que se promuevan salarios altos adaptados a la realidad del coste de la vida de cada territorio y que se prioricen las industrias del valor añadido por encima del monocultivo turístico. Esto tiene que ayudar a que una familia no tenga que escoger entre pagar la factura de la luz o llenar la nevera.

Y acabo, señor presidente. En definitiva, cuando hablamos de energía, en este caso estamos hablando de derechos, y creo que esta es la cuestión que deberíamos tener siempre presente. La energía es una necesidad, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer, entonces, es que sea urgente y aplicable. Pero las familias no deben tener que escoger entre poner la calefacción o llenar la nevera.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Esta mañana nos hemos despertado con esperanza al constatar que la lucha de Maricarmen, la de los centenares de personas que acampan en la Puerta del Sol y la de los miles de personas que llevan años manifestándose por el derecho a una vivienda digna y asequible, se materializaba en dos reales decretos que nos acercan un poco más a la consecución de este derecho constitucional. Unas normas que desarrollan una serie de medidas que abordan algunas de las prácticas que han derivado en una crisis de la vivienda que se percibe como el principal problema de la ciudadanía de este país. Por lo tanto, sí, la política sirve, si bien es cierto que necesita de la movilización social, de conquistar calles y plazas, para que esta reaccione con la contundencia necesaria para frenar fondos buitre y especuladores como Urbagestión, que mercadean con un derecho fundamental. (Aplausos).

Y hoy, también hoy, nos hemos levantado con la información de que la inflación sube hasta casi el 5 % debido al aumento del precio de los carburantes. O, dicho de otra manera, debido a la guerra ilegal de Trump y Netanyahu en Irán y a las empresas del oligopolio energético, que aprovechan para especular con el precio del barril y se forran a costa de la gente. Y estas empresas tienen nombre: Repsol y Moeve, multinacionales españolas que han multiplicado sus beneficios por cuatro respecto al año anterior. En los seis primeros meses de 2025 ganaron 285 millones de euros. Ahora, en 2026, con la guerra, han ganado 2847 millones durante el mismo periodo: 2000 millones más gracias a la guerra. ¿Y quién los paga? La gente, la ciudadanía. El aumento del precio del barril repercute en los costes de producción de las empresas, lo que produce una subida general de los precios, especialmente en los alimentos, que son un bien básico en todos los hogares y que tienen mucho más peso en las familias con menos ingresos. También repercute en el precio de la gasolina, en el transporte, en cómo nos movemos.

Ante esta situación, en SUMAR lo tenemos clarísimo. Primero ―ya lo dijo mi compañero Manuel Lago en esta tribuna hace quince días―, el Gobierno tiene que intervenir el mercado estableciendo un precio máximo de la gasolina y del gasóleo, como ya hacemos con el precio de la bombona de butano. La avaricia de la industria petrolera se combate con ambición política. Hay que establecer un precio máximo, regulado por el Gobierno, para evitar el empobrecimiento de la sociedad española; hay que topar los precios, como ya han hecho otros Estados y como, de hecho, también ha explicado mi compañero Carlos Martín.

Segundo, tenemos que ponernos las pilas para conseguir la neutralidad climática y dejar de depender de los combustibles fósiles que contaminan nuestras vidas, y de los matones como Trump, que ignoran la legalidad internacional de la que nos hemos dotado como Estados. Y esto, señorías, de hecho, es una cuestión de justicia social y justicia climática. Es hora de tasar los beneficios caídos del cielo de estas multinacionales. Toca recuperar aquel impuesto de 2023 y de 2024 que impulsó el Gobierno de coalición para gravar de forma extraordinaria los ingresos de las grandes compañías del sector energético. Se recaudaron más de 2000 millones de euros anuales para financiar medidas anticrisis para las familias.

Y no, señorías del Grupo Socialista, la solución no es ir a Europa a pedir este mismo impuesto, pero a escala europea; la solución es hacerlo aquí, como hicimos hace un par de años. (Aplausos). Es así. Igual que hay que nombrar el fondo buitre de Maricarmen, Urbagestión. Igual que hay que nombrar las energéticas que cuadriplican beneficios, como Repsol o Moeve, también hay que nombrar a quiénes tumbaron el impuesto de las energéticas: PP, Vox, PNV y Junts. Hay que nombrarlos.

Por lo tanto, sí, estamos a favor de esta moción de Podemos; de gravar los beneficios extraordinarios de las multinacionales energéticas; de limitar los precios de los carburantes y de una empresa de energía pública, aunque el problema no es tanto la generación de energía, sino hacer pública la distribución, que las redes sean de titularidad pública; crear una tarifa eléctrica con mínimo energético vital, con una garantía de acceso universal y progresiva en el consumo y, por lo tanto, articular una política fiscal adecuada en la electricidad y diferencial en los combustibles. Todo esto es posible. Lo es con voluntad política; lo es cuando la calle aprieta; lo es cuando hay que dar respuesta a la gente trabajadora, que no quiere dejarse la totalidad de su salario en vivienda, comida y transporte, en el mejor de los casos, mientras otros se lucran especulando con la situación en Oriente Medio.

Hasta ahora, hemos normalizado expulsar de su casa a ancianas vulnerables que pagan religiosamente su alquiler. Hemos normalizado que multinacionales cuadrupliquen sus beneficios. El mercado se ha apoderado del debate público normalizando acontecimientos que no lo son. Pero es hora de decir basta, y no existe mejor instrumento que la política para acabar con estas dinámicas abusivas de mercado y devolver el sentido común y el bien común al centro del debate público, al centro de la política.

Termino. La responsabilidad es nuestra, es del Gobierno, es hacer una política útil. Y hoy hacer política útil es que la crisis energética, la crisis de la vivienda, no la paguen los de siempre.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Estamos viviendo una sucesión de crisis energéticas que, aunque se originan a miles de kilómetros, terminan teniendo consecuencias muy concretas en nuestras vidas. La subida de los precios energéticos, provocada por las guerras de Irán y de Ucrania, afecta directamente a los hogares, encarece el transporte, la cesta de la compra y dificulta llegar a final de mes. Cuando suben los precios de la energía, quienes más sufren son las familias trabajadoras, los autónomos, la industria, el campo, la pesca y el transporte. Ante esta situación, el Gobierno de España está siempre a la altura, aprobando medidas para proteger a las familias, contener la inflación y reforzar la autonomía energética de nuestro país. (Aplausos). Hoy mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado los decretos de nuevas medidas para paliar la subida de precios, los de la vivienda y el de ayudas para afectados por la dana. Y, ante una crisis, hay dos maneras de hacer política: una, la de los que solo exigen y nunca tienen voluntad de acuerdo ―y ejemplos tenemos muchos en esta Cámara― y, otra, la de los que actúan dando soluciones rápidas y efectivas para los hogares y las empresas, como hace el Gobierno de España. (Aplausos). Ya son tres los decretos que han creado un escudo social de medidas económicas y sociales. La primera respuesta fue en tan solo veinte días, cuando se pusieron en marcha más de ochenta medidas que supusieron movilizar 5000 millones de euros que impactaron en veinte millones de hogares y tres millones de empresas. En el mes de julio se renovaron la mayoría de las medidas hasta llegar a los 10 000 millones de euros. Y hoy se han prorrogado las ayudas y se han aprobado nuevas iniciativas, como la limitación de la tarifa del gas, el precio del butano y el IVA de la electricidad, que supondrán otros 2000 millones de euros. (Aplausos). Por eso, con este Gobierno se protege a los sectores más afectados con la rebaja del impuesto a los hidrocarburos, con ayudas a la agricultura, a la pesca y al transporte, en compras de fertilizantes o bonificaciones en el combustible para los transportistas. Gracias a este Gobierno, se protege también a los hogares más vulnerables y a la industria, con descuentos extraordinarios como el bono social eléctrico, el incremento de las ayudas en el bono social térmico o la prohibición del corte de suministros básicos y del despido de los trabajadores en las empresas beneficiarias de ayudas. Pero también se transforma con iniciativas para avanzar hacia la soberanía energética mediante el impulso de energías renovables o el fomento del vehículo eléctrico. Siete meses después, podemos decir que las medidas están amortiguando buena parte del impacto inflacionario. El plan está funcionando y se están cumpliendo los objetivos: proteger y fortalecer nuestra economía en el presente para prepararnos para el futuro. (Aplausos). En esta misma sesión, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido el impuesto europeo, una iniciativa liderada por este Gobierno y compartida por otros Estados miembros. Señorías, estamos de acuerdo en que, cuando la sociedad soporta los costes de una crisis extraordinaria, quienes obtienen beneficios extraordinarios también deben contribuir de manera extraordinaria para aliviar la carga de la ciudadanía. Y en todo esto está trabajando el Gobierno de España. Tal como anunció desde el primer día el presidente del Gobierno, si la evolución del conflicto lo requiere, renovaremos el compromiso de este escudo social, que permitirá seguir protegiendo a las familias y a los sectores afectados. Tenemos la firme convicción de garantizar que nadie tenga que afrontar solo las consecuencias de una crisis que no ha provocado. De VOX no esperamos nada, pero ahora ya sabemos que tampoco podemos contar con el Partido Popular de Feijóo, que vota sistemáticamente en contra de todas las medidas que propone el Gobierno y que mejoran la vida de la ciudadanía. (Aplausos). Y aún van más allá donde gobiernan, porque en la Comunidad Valenciana, el consell del no candidato Pérez Llorca aprueba rebajas fiscales para las rentas altas: 500 millones de euros para los 26 000 valencianos más ricos y 62 millones a los grandes patrimonios mientras recorta en educación y en sanidad. Está en el ADN del Partido Socialista seguir protegiendo a la ciudadanía, y hemos demostrado que sabemos hacerlo.

Señorías, unámonos ante el reto de garantizar el bienestar y el progreso de las personas. Solo de esta manera cobra sentido la política y la función de este Parlamento.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señora Belarra, muy efectista ese minuto de silencio al terminar la intervención. No está mal que guarden silencio de vez en cuando, porque la última vez que tuvieron voz en el Consejo de Ministros fue para aprobar una ley que rebajaba las penas a violadores y pederastas. (Aplausos.—Varios señores diputados: ¡Bravo!).

Ante tanto silencio argumental, voy a empezar con una pregunta. Un autónomo que llene el depósito de gasolina o una familia que pague su recibo de la luz, ¿cuánto se va a ahorrar con la propuesta que nos ha traído hoy aquí Podemos? No lo saben, ¿verdad? No lo saben porque ustedes describen un gran problema, un problema urgente en su exposición de motivos, pero la solución que describen no puede aportar soluciones directas e inmediatas porque ni siquiera son cuantificables. Ese es el problema de esta moción.

La situación de España no está ni para brindis al sol ni para más inventos. Voy a repasar unos datos. Datos de hoy: IPC 4,9 % interanual, impulsado especialmente por los precios de la energía y del carburante. Desde 2018, el precio de la energía en los hogares se ha incrementado un 30 %, la gasolina un 20 %, el gasoil un 25 % y el gas natural se ha incrementado alrededor del 35 %. Vuelve a tensionarse el precio de la energía y hoy llenar el depósito de gasolina cuesta en torno a 100 euros. Y atiendan a un dato más: hoy, el 16 % de los hogares españoles no puede permitirse mantener una vivienda a temperatura adecuada, cuando en 2017 era un 8 %; es decir, este Gobierno progresista ha duplicado la pobreza energética. (Aplausos). De esto señora Belarra, usted ha guardado también su minuto de silencio.

Ante esto, nos proponen un impuesto permanente a las energéticas, intervenir los precios de los carburantes y crear una nueva empresa pública de energía. De verdad, ¿ustedes creen que esta es la respuesta que merecen los españoles? Díganle a un transportista que va a llenar su depósito, a un agricultor que tiene que pagar el gasóleo o a una familia que tiene que pagar el recibo de la luz que esperen, que lo que los españoles necesitamos es una nueva empresa pública de energía, un nuevo impuesto o un Estado cada vez más intervencionista. Vaya, señora Belarra, por ejemplo, a Extremadura y cuéntele esto a los agricultores (aplausos) a la vez que les dice que quieren cerrar a Almaraz para abaratar el precio de la energía. ¡Pero qué despropósito! ¡Qué despropósito! ¿No han visto lo que están haciendo otros países de nuestro entorno europeo? Están prorrogando las reducciones del impuesto sobre combustibles y ayudas para los sectores más castigados en Francia, Alemania, Portugal, en nuestro entorno, para sectores especialmente expuestos. En definitiva, rebajar impuestos para que las familias puedan llegar a fin de mes, para que se pueda trabajar y producir cada día no más caro, sino más barato, digo yo, o para que el Estado deje ya de hacer caja con la subida de los precios.

Entiendan de una vez, por favor, que no se puede pedir más esfuerzo a los españoles. Entiendan que este Gobierno ha convertido la inflación en un instrumento de recaudación. Y de esto tampoco ha hablado la señora Belarra.

Nuestro grupo propone lo que están proponiendo otros países europeos. Hay que reducir el IVA a los carburantes, nuestra propuesta es del 21 % al 10 %; hay que aplicar esto al gas y a la electricidad; hay que revisar al alza las ayudas del gasóleo destinado a agricultores, ganaderos, pescadores y sectores vulnerables; hay que aliviar el IRPF de las familias españolas. Esto es lo urgente. Y lo urgente es, además, que acabe esta pesadilla de Gobierno. Eso es lo urgente: un Gobierno paralizado, consumido por una crisis ―o por todas las crisis que está provocando― y por los escándalos que le rodean.

¿Han hablado del escándalo de los carburantes? No, no han hablado, señora Belarra; minuto de silencio. La Audiencia Nacional investiga una trama de fraude del IVA en los carburantes de más de 180 millones de euros. Mientras los españoles cumplen y pagan sus impuestos, soportan cada día una subida de impuestos en los carburantes, en la electricidad, millones de euros son defraudados al Estado y se suceden los intentos de influir ilícitamente en la Administración en una de las múltiples tramas, una más. ¿Dónde están ustedes, señores socios del Gobierno, para decir que la corrupción también la pagan los españoles de sus bolsillos (aplausos) y que la inacción del Gobierno también se paga, que no aplicar medidas a tiempo también se paga? Solo aciertan cuando rectifican.

Mañana ―y termino―, una familia volverá a llenar su depósito, volverá a hacer la compra y volverá a pagar la luz. Y mientras sufrimos un Gobierno corrupto y paralizado, y tenemos a unos socios que están pidiendo más impuestos, más intervencionismo y más empresas públicas.

¡Qué despropósito de legislatura, señorías! (Aplausos).