Proposición de Ley de modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que regula el curso de selección de los aspirantes a ingresar en la Carrera Judicial (Orgánica).

Gràcies, presidenta. Un mensaje desde aquí a los sindicatos de inquilinas y a toda la gente acampada que ha ido a apoyar las protestas por la vivienda: Las leyes cobardes con la vivienda echaron a Maricarmen de su casa y vosotras la habéis vuelto a meter en ella. Lo que estáis haciendo está despertando ilusión y esperanza. Gracias, gracias y gracias. Lo que el PSOE no ha querido hacer en ocho años se ha visto forzado a meterlo en una semana en estos dos decretos, que deberían haber sido uno y sin los beneficios para los caseros. (Rumores). Ahora mismo en los despachos de la derecha y en muchas redacciones están buscando la manera de reventar, de la forma que sea, toda esa ilusión que habéis despertado. No os lo van a poner fácil, son profesionales. Ya os han mandado matones disfrazados de periodistas: Lucía Etxebarria, grabando mientras decían que eran cuatro perroflautas; Ndongo, con una botella de gas pimienta; Vito Quiles, provocando y escoltado por la Policía Municipal de Madrid. También han empezado ya las campañas de desprestigio a los portavoces y las portavoces del Sindicato de Inquilinas: grandes exclusivas sobre que un chico es sobrino de una marquesa y sobre que otra ha estudiado en un colegio de élite o en una universidad privada, como si eso os quitara la razón. Pues, miren, si fuera cierto, prefiero mil veces que jóvenes de buena familia estén luchando por un techo digno para todas a que el pijales del hijo de Bárcenas tenga un micrófono para criticar que se hacen demasiadas películas sobre la guerra civil española. Ánimo, fuerza, y no os rindáis. La derecha está en esta campaña de acoso y difamación cuando tiene miedo, y tiene mucho miedo a que le ganemos la batalla a los especuladores. Moltes gràcies. (Rumores).

Señora presidenta, señorías, muy buenas tardes. Miren, señorías, estamos ante un Gobierno obsesionado por colonizar todas las instituciones y, por supuesto, también las judiciales. Es evidente que, en un país democrático, en un Estado de derecho, es inadmisible que se ataque la separación de poderes que consagra la propia Constitución española, incluso que se haga desde el propio Ministerio de Justicia, con el ministro a la cabeza. Pero es que, claro, evidentemente, el Partido Socialista y el Gobierno están rodeados de corrupción. Decenas y decenas de cargos, tanto del Gobierno como del Partido Socialista, están imputados. Un exministro y exsecretario de Organización del Partido Socialista, condenado, y el propio fiscal general del Estado, condenado. Y, para dinamitar todo este tipo de investigaciones judiciales que van contra las causas de la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno, el propio Partido Socialista ha financiado la persecución, la amenaza y la coacción de jueces, fiscales y Policía judicial. Incluso ha contactado con delincuentes para asustar a una jueza en Extremadura.

Por lo tanto, en esa línea, señorías, nosotros consideramos que el Poder Judicial tiene que ser también respetado y protegido. De ahí que nosotros votemos a favor de esta iniciativa. Porque es inadmisible que las cloacas se hayan convertido en unas mafias organizadas para delinquir, al más puro estilo de la Camorra. Y todo le ha servido al Partido Socialista para su relato. Incluso las propias declaraciones de la ministra portavoz del Gobierno diciendo cómo se tenían que dictar las sentencias en los casos de corrupción del Partido Socialista. No, señorías, así no. Así no se gobierna un país. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. A proposición de lei que trae hoxe o Partido Popular limítase a propor a modificación do artigo 307 da Lei Orgánica do Poder Xudicial para axilizar o curso de selección das persoas aspirantes a ingresar na carreira xudicial, permitindo reducir prazo de incorporación efectiva aos xulgados tras a oposición, mais sen xurisdición plena como xuíces adxuntos, con funcións de mero auxilio e colaboración. A necesidade de dar cobertura plena ás actuais prazas xudiciais é unha realidade innegábel, mais esta proposta omite os verdadeiros problemas da Administración de xustiza. Mesmo centrándonos unicamente no acceso á xudicatura, a mera axilización dos tempos de formación despois da superación da fase de oposición non servirá para algo que para nós é fundamental que é democratizar o acceso á xudicatura. É preciso, pois, revisar o actual sistema para asegurar que calquera persoa con capacidade e formación pode optar, con independencia do seu nivel económico ou dos seus contactos ou relacións familiares, porque é xustamente isto o que explica esa reprodución ideolóxica e mesmo biolóxica que se ven arrastrando xa desde os xuíces da ditadura franquista e é o que explica tamén as prácticas de lawfare que estamos vendo todos os días. Así mesmo, o sistema de acceso debe garantir que as e os maxistrados que exercen as súas funcións en territorios con lingua propia distinta do español teñan un dominio desa lingua que permita que o desenvolvemento do proceso poida realizarse na lingua de elección das partes e non necesariamente en español. Isto non fica resolto, evidentemente cun mero punto extra na baremación. Do mesmo modo, a formación en dereito civil propio, no noso caso en Dereito Civil galego, debe ser tamén un requisito previo de acceso. En definitiva —‌acabo— calquera modificación que pretenda mellorar o sistema de selección sen abordar a fenda de clase no acceso nin o respecto ao dereito lingüístico e nacional da Galiza será unha oportunidade perdida para avanzar nunha xustiza moderna, próxima e verdadeiramente democrática. E señoras e señores do Partido Socialista, que foi da súa proposición de Lei de acceso á xudicatura que tanta présa tiñan por aprobar no pasado mes de xullo e que polo visto quedou gardada nunha gabeta? En algún momento deberían recuperala. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. La proposición de ley que trae hoy el Partido Popular se limita a proponer la modificación del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para controlar la selección de los aspirantes a la entrada en la carrera judicial, permitiendo reducir el plazo desde la aprobación de la oposición, sin desarrollar el capítulo de jueces auxiliares en cuanto a ayuda y admisión. La carrera judicial necesita una reforma, eso es innegable, pero con la propuesta lo que se está haciendo es obviar los problemas reales de la Administración de Justicia. Aun si nos limitamos a la mera agilización de los plazos de formación tras la oposición, no servirá para algo que para nosotros es fundamental, que es democratizar el acceso a la judicatura. Por eso es necesario revisar el sistema actual para asegurar que cualquier persona con capacidad y formación pueda optar a la carrera judicial, con independencia de su nivel económico o de sus contactos o de sus relaciones familiares. Porque, justamente, eso es lo que explica esa reproducción ideológica, incluso biológica, que se viene arrastrando desde los jueces de la dictadura franquista. Y eso es lo que explica también las prácticas de lawfare que estamos viviendo todos los días.

Asimismo, el sistema de acceso debe garantizar que los magistrados y las magistradas que ejercen sus funciones en territorios con lengua propia distinta del español tengan un dominio de esa lengua que permita que el desarrollo del proceso pueda realizarse en la lengua de todas las partes y no necesariamente en español. Eso no queda resuelto, por supuesto, con un simple punto extra en la baremación. De igual modo, la formación en derecho civil propio —‌en nuestro caso, en derecho civil gallego— debe ser un requisito previo para el acceso.

En definitiva ―y con esto acabo―, cualquier modificación que pretenda mejorar el sistema de selección sin abordar la brecha de clases en el acceso y el respeto al derecho lingüístico nacional de Galicia será una oportunidad perdida para avanzar en una justicia moderna, próxima y realmente democrática.

Y, señoras y señores del Partido Socialista, ¿qué ha sido de su propuesta de ley de acceso a la judicatura, que tanta prisa tenían para aprobar el pasado mes de julio y que, por lo visto, ha quedado guardada en un cajón? En algún momento deberían recuperarla.

Gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, todo mi apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos y a todas las mujeres valientes que están hoy acampadas aquí al lado, en la Puerta del Sol, aguantando la presión y luchando por el derecho a la vivienda de todos y de todas. Yendo a la ley que nos proponen, señora Gamarra, sintiéndolo mucho, la verdad es que cualquier propuesta que traiga el Partido Popular con respecto a la justicia carece de legitimidad, carece de credibilidad, porque ustedes eran los que presumían de que controlaban la Sala segunda por la puerta de atrás. Por lo tanto, nos traen una reforma aparentemente técnica, pero que tiene una enorme importancia, sobre cómo formamos a quienes van a tener en sus manos decisiones que afectan directamente a los derechos y a la vida de las personas. Es una propuesta, y lo sé, que viene del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, desde Podemos no creemos que el debate sea entre quienes quieren modernizar la justicia y quienes quieren mantenerla anclada en el pasado, sino que el debate es cómo modernizamos la formación judicial sin convertir la urgencia por cubrir las plazas en una rebaja de las garantías de la formación. Y la propuesta plantea simultanear la formación teórica y las prácticas tuteladas, y eliminar también la actual fase de sustitución y de refuerzo. Y aquí tenemos algunas dudas. La primera: la simultaneidad no puede significar saturación. Formar a un juez no es meter más contenido en menos tiempo; es garantizar que tienen tiempo para estudiar, para asimilar los conocimientos, para aprender a resolver casos y para adquirir, por supuesto, criterios jurídicos. La segunda: ¿qué recursos se van a poner encima de la mesa? Porque eso tampoco lo traen. Porque, si los nuevos jueces en formación se incorporan a juzgados como jueces adjuntos, alguien tendrá que tutelarlos. Y ese alguien son los jueces que ya trabajan en órganos judiciales sometidos a una enorme carga de trabajo. Por lo tanto, no podemos solucionar la falta de medios de la justicia poniendo más tareas sobre quienes ya están sosteniendo el sistema. Y la tercera: nos preocupa también la eliminación de la fase de sustitución y de refuerzo, porque la justicia no puede reformarse a golpe de urgencia, sino que necesitamos una Escuela Judicial suficientemente dotada, jueces tutores con tiempo, con recursos, planificación estable y una formación que incorpore de manera real los derechos humanos, la igualdad, la violencia machista y los derechos también de la infancia. Porque quienes van a decidir sobre un desahucio, sobre la custodia de un menor, sobre la víctima de violencia machista o sobre la libertad de una persona necesitan muchísimo más que haber aprobado una oposición: necesitan formación, necesitan experiencia y necesitan garantías.

Por lo tanto, defendemos que cualquier reforma de la formación judicial tenga como prioridad la calidad de la justicia y no únicamente la velocidad de incorporación de nuevos jueces. La justicia no necesita atajos; necesita recursos, tiempo y garantías.

Muchas gracias. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on, jaun‑andreak. Señorías, brevemente quiero señalar que debatimos la toma en consideración de una iniciativa para la reforma de las fases formativas en la Escuela Judicial de los aspirantes a la carrera judicial; iniciativa, señorías, para la reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que trae causa de un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, adoptado por unanimidad de sus miembros el 12 de marzo pasado, y que fue remitido tanto al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes como a las Presidencias de esta Cámara y del Senado. Resumidamente, el Consejo General expone que la implantación de los tribunales de instancia, prevista en la Ley Orgánica 1/2025, que, a su juicio, constituye una reforma estructural de gran alcance para racionalizar la organización judicial y mejorar la eficiencia del servicio público de la justicia, depende de manera inmediata de una adecuada dotación de jueces de los tribunales de instancia que permita su funcionamiento pleno. Reclamación, por otra parte, atendida por el Ministerio de Justicia con una anunciada oferta extraordinaria de 375 plazas de jueces destinada específicamente a cubrir las necesidades derivadas de la puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia, y que el consejo general considera que responde a un diagnóstico compartido sobre el incremento de las cargas de trabajo y la necesidad de reformar la planta judicial para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En este contexto, señorías, es donde el consejo general propone la reforma del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para hacer efectiva la oferta extraordinaria de esas 375 plazas anunciadas por el ministerio a fin de garantizar ―sigue diciendo― una incorporación ágil y rápida de nuevos jueces y juezas a la carrera judicial y a su destino en los tribunales de instancia, sin menoscabo de la calidad formativa y de los principios constitucionales que rigen el acceso a la carrera judicial. Esta es la razón que justifica la reforma propuesta del artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que el Grupo Parlamentario Popular hace suya y que nuestro grupo, el Grupo Vasco, comparte y dará su apoyo. Compartimos también que, aunque la reforma nace como respuesta extraordinaria, como les decía, a una oferta de plazas en la carrera judicial para atender el incremento de las cargas de trabajo y reforzar la planta judicial de los nuevos tribunales de instancia, se plantea con carácter estructural a fin de optimizar el tiempo formativo en la escuela judicial sin merma de los estándares de calidad y eliminando fases, a nuestro juicio, impropias del curso de selección de los aspirantes a incorporarse a la carrera, como era hasta ahora la fase de sustitución y refuerzo. Y no por carecer de autonomía formativa real, como nos dice el consejo general, sino porque, a nuestro juicio, señorías, esta fase de sustitución y refuerzo supone dotar de plena capacidad jurisdiccional a personas que todavía no forman parte de la carrera judicial, además de no cumplir estos aspirantes a la carrera del requisito de independencia en esta función de sustitución y refuerzo al ser objeto de valoración para el acceso a la carrera, esta fase jurisdiccional del proceso selectivo. Como les decía, apoyaremos la iniciativa. Nada más y muchas gracias.

Bona tarda, senyora presidenta, senyories. El Partit Popular ens proposa una reforma molt concreta sobre el curs de selecció dels aspirants a ingressar a la carrera judicial. És la mateixa proposta que el Consell General del Poder Judicial va aprovar per unanimitat el març passat i hem de dir d’entrada que hi estem d’acord. Ens sembla bona idea agilitzar i compactar el curs de selecció, reforçar les pràctiques, canviar les fases successives per una avaluació contínua. I també, evidentment, ens sembla bona idea suprimir la fase de substitució i reforç que s’ha constatat que no funciona perquè no sembla bona idea destinar jutges en pràctiques a un jutjat on ningú vol anar, que és el que sol passar en aquesta fase, i menys que aquests jutges dictin sentències sense haver ingressat formalment a la carrera judicial. De fet, el PSOE també ha proposat reformar l’article 307. Ho ha fet en el seu projecte de llei d’accés a les carreres judicials, judicial i fiscal. I encara hi ha volgut fer una volta més presentant una esmena al seu propi projecte de llei on proposa reforçar el curs de selecció per als jutges que provenen del quart torn. Hem de dir que estem a favor del quart torn. Estem a favor d’aportar l’experiència jurídica a la magistratura, però no veiem clar això de deixar en mans del senyor Bolaños una via d’accés a la carrera judicial on la discrecionalitat pugui tenir tant o més paper que el mèrit i la capacitat, com s’ha confirmat en el discurs de la senyora Gamarra, que ha presentat la proposició de llei, sigui parlant del Consell General del Poder Judicial, sigui parlant de la formació dels jutges, sempre anem a parar a una lluita eterna, a una guerra civil en miniatura entre el bàndol dels interessos ideològics, però sobretot econòmics i corporatius del Partit Popular i de la dreta judicial, i al corresponent bàndol del PSOE i de la progressia judicial i fiscal. Perquè hem de dir una cosa i ningú se n’ha d’estranyar: a nosaltres, els independentistes catalans, tant ens ha perseguit els uns com els altres. Per a nosaltres, tan tòxics i antidemocràtics han estat els uns com els altres. I per això, quan parlem del poder judicial, l’únic que volem és sortir d’aquesta batalla, no anar a buscar la protecció dels uns i dels altres. Sortir d’aquesta batalla i anar allà on realment hi ha justícia, que és Europa. Cap dels dos partits que s’autoanomenen d’Estat defensa una justícia realment independent, imparcial, despolititzada, professionalitzada, eficaç i connectada amb la realitat, i encara menys amb la realitat nacional i lingüística del conjunt de l’Estat i en concret, de Catalunya. Cap dels dos defensa una justícia europea. No la defensa el PSOE amb les seves lleis Bolaños, que sota l’aparença de mesures modernitzadores, en lloc de plantejar solucions estructurals, es limita a promoure mesures partidistes per defensar‑se en la batalla amb la dreta judicial. Però tampoc, evidentment, no la defensa el Partit Popular, que encara que plantegi mesures raonables com la que avui ens proposa, al cap i a la fi, l’únic que li preocupa és apuntalar aquest artefacte polititzat i corcat i corcat pel corporativisme que és el poder judicial espanyol. I si es tracta de parlar de l’accés a la carrera judicial, parlem‑ne. Però estaria bé elevar la perspectiva i fugir dels tòpics d’un bàndol i de l’altre. Uns, la dreta política i judicial obsessionats en conservar les essències pàtries identificades pel que fa a l’accés a la carrera judicial amb l’arquitectura tradicional d’accés, memorització, oposició, centralització, preparadors amics del tribunal d’oposició. Un sistema que apel·la als principis de mèrit i capacitat, però que perpetua una casta judicial que ens ha portat al desastre actual. I uns altres a la progressia judicial i fiscal que vol colar per la finestra del quart torn els seus no per canviar res, únicament per fer fora els que ja hi són per fer fora els altres. Nosaltres creiem que debats com el d’avui són estèrils si no es va a l’arrel del problema i per això res millor que anar a Europa. No només perquè Europa ens ha donat la raó i ens la dona constantment, sinó perquè hi trobem models de justícia connectats amb els principis democràtics i socials del segle XXI que contrasten amb el tribalisme de la justícia espanyola, per exemple. I no és la primera vegada que hi faig referència. A nosaltres ens agrada el model alemany d’accés a la judicatura. Un itinerari formatiu extens, pràctiques remunerades, avaluació contínua, experiència en jutjats, en fiscalies, en despatxos professionals abans d’accedir a la carrera. Un model que, per cert, deixa en mal lloc els que s’omplen tant la boca amb el tòpic de que Espanya és el país més descentralitzat d’Europa. Perquè nosaltres pensem que un dels mals, potser el pitjor, és el centralisme extrem en totes les capes de la justícia espanyola. Doncs bé, Alemanya són els länder els que tutelen la formació dels jutges i els que s’encarreguen de la prova final per accedir a la judicatura. Per això, mentre no siguem un Estat independent, Catalunya ha de tenir una Administració de justícia pròpia en la qual el coneixement del dret propi de la realitat institucional i de la llengua catalana no siguin una anècdota. Siguin un requisit, siguin una obligació. Això, encara que sembli estrany, és perfectament possible. Hi ha les bases jurídiques per fer‑ho. El que no hi ha és la voluntat política.

Els posaré tres exemples. En primer lloc, crear el Consell de Justícia de Catalunya. Això ja està previst a l’Estatut. Nosaltres, Junts per Catalunya tenim presentada una proposta legislativa en aquest sentit per recuperar via llei orgànica estatal les atribucions que li va treure el Tribunal Constitucional en la sentència de l’Estatut, inclosos la formació i els nomenaments. En segon lloc, desenvolupar la justícia de pau i de proximitat de Catalunya. Els jutges de pau formen part del poder judicial. Són jutges i, a més a més, és una competència de la Generalitat. Per cert, i no ens cansarem de dir‑ho: cal que el Govern espanyol esmeni l’error monumental d’haver oblidat la competència dels jutges de pau per fer casaments. És una vergonya. Ho torno a dir, ho vaig dir fa dues setmanes. Ho torno a dir ara acabar la legislatura sense resoldre aquest problema. És molt senzill: aprovin un Reial decret llei, com ja n’han aprovat d’altres. De fet, han aprovat desenes. Si no ho fan, si no ho han fet fins ara és perquè senzillament no els interessa.

En tercer lloc, el català a la justícia viu una situació de menyspreu intolerable. Passa cada dia i també ho vam veure fa unes setmanes en el judici en el qual Roger Español, en aquest judici on ha aconseguit portar davant de la justícia els policies que l’1 d’octubre li van disparar a la cara una bala de goma. Doncs bé, aquest judici tots vam poder veure com els advocats de l’acusació es van veure obligats a traduir‑se a ells mateixos al castellà perquè els que se n’havien d’encarregar no tenien la competència necessària per fer‑ho. Ho tornem a dir: davant la vulneració dels drets lingüístics, la qüestió no passa per gastar més en traduccions, no passa per més contractes, no passa per més diners per empreses amigues que ofereixen serveis de contractació. Passa perquè mentre no tinguem una justícia independent en una Catalunya independent, l’Estat compleixi amb els tractats internacionals que ell mateix ha signat, compleixi amb la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, que fa 20 anys que incompleix frontalment. Passa perquè aquest Parlament modifiqui la Llei Orgànica del Poder Judicial i cap jutge fiscal o funcionari no pugui exercir a Catalunya si no entén, si no sap, si no comprèn el català.

Moltes gràcies.

Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, el Grupo Popular nos propone una reforma muy concreta sobre el curso de selección de los aspirantes a ingresar en la carrera judicial. Es la misma propuesta que el Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad el marzo pasado. Y tenemos que decir de entrada que estamos de acuerdo. Nos parece una buena idea agilizar y compactar el curso de selección, reforzar las prácticas y cambiar las fases sucesivas por una evaluación continua y, evidentemente, también nos parece buena idea suprimir la fase de sustitución y refuerzo, que se ha constatado que no funciona, porque no parece buena idea destinar a jueces en prácticas a un juzgado al que nadie quiere ir, que es lo que suele pasar en esta fase, y menos que estos jueces dicten sentencias sin haber ingresado formalmente en la carrera judicial. De hecho, el PSOE también ha propuesto reformar el artículo 307, y lo ha hecho en su proyecto de ley de acceso a las carreras judicial y fiscal y aún ha querido darle una vuelta más presentando una autoenmienda a su propio proyecto de ley, donde propone reforzar el curso de selección para los jueces procedentes del cuarto turno. Tenemos que decir que estamos a favor del cuarto turno. Estamos a favor de llevar la experiencia jurídica a la magistratura, pero no vemos claro eso de dejar en manos del señor Bolaños una vía de acceso a la carrera judicial donde la discrecionalidad pueda tener tanto o más papel que el mérito y la capacidad. Como se ha confirmado en el discurso de la señora Gamarra, que ha presentado la proposición de ley, cuando se habla del Consejo General del Poder Judicial o de la formación de los jueces, y siempre vamos a parar a una lucha eterna, a una guerra civil en miniatura entre el bando de los intereses ideológicos, pero, sobre todo, económicos y corporativos del Partido Popular y de la derecha judicial y el correspondiente bando del PSOE y de la progresía judicial y fiscal. Porque tenemos que decir una cosa y nadie tiene que extrañarse: a nosotros, los independentistas catalanes, tanto nos han perseguido los unos como los otros; para nosotros, tan tóxicos y antidemocráticos han sido los unos como los otros. Por eso, cuando hablamos del Poder Judicial, lo único que queremos es salir de esta batalla, no ir a buscar la protección de los unos o de los otros, sino salir de esta batalla e ir ahí donde realmente hay justicia, que es a Europa. Ninguno de los dos partidos que se autollaman de Estado defiende una justicia realmente independiente, imparcial, despolitizada, profesionalizada, eficaz y conectada con la realidad y, aún menos, con la realidad nacional y lingüística del conjunto del Estado y, en concreto, de Cataluña. Ninguno de los dos defiende una justicia europea: no la defiende el PSOE con sus leyes Bolaños, que, bajo la apariencia de medidas modernizadoras, en lugar de plantear soluciones estructurales, se limita a promover medidas partidistas para defenderse en la batalla con la derecha judicial; pero evidentemente tampoco la defiende el Partido Popular, que, aunque plantea medidas razonables como la que hoy nos propone, al fin y al cabo, lo único que le preocupa es justamente consolidar este artefacto que está ya dañado por el corporativismo, que es el Poder Judicial español.

Y si se trata de hablar del acceso a la carrera judicial, hablemos, pero estaría bien verlo también desde otra perspectiva y huir de los tópicos de un bando y de otro. Unos, la derecha política y judicial, obsesionados en conservar las esencias patrias identificadas, en lo que se refiere al acceso a la carrera judicial, con la arquitectura tradicional de acceso: memorización, oposición, centralización, preparadores amigos del tribunal de oposición. Un sistema que apela a los principios de mérito y capacidad, pero que perpetúa una casta judicial que nos ha traído al desastre actual. Y los otros, la progresía judicial y fiscal, que quiere colar por la ventana del cuarto turno a los suyos no para cambiar nada, sino únicamente para expulsar a los que ya están, para expulsar a los demás.

Nosotros creemos que los debates como los de hoy son estériles si no se va a la raíz del problema. Por eso, nada mejor que ir a Europa. No solo porque Europa nos ha dado la razón y nos la da constantemente, sino porque encontramos modelos de justicia conectados con los principios democráticos y sociales del siglo XXI, que contrastan con el tribalismo de la justicia española. Por ejemplo ―y no es la primera vez que lo digo―, a nosotros nos gusta el modelo alemán de acceso a la judicatura: un itinerario formativo extenso, prácticas remuneradas, evaluación continua y experiencia en juzgados, en fiscalías y en despachos profesionales antes de acceder a la carrera. Un modelo que, por cierto, deja en mal sitio a los que se llenan la boca con el tópico de que España es el país más descentralizado de Europa, porque nosotros creemos que uno de los males ―quizás el peor― es el centralismo extremo en todas las capas de la justicia española. Pues bien, en Alemania son los länder los que tutelan la formación de los jueces y los que se encargan de la prueba final para acceder a la judicatura. Por eso, mientras no seamos un Estado independiente, Cataluña tiene que tener una Administración de Justicia propia en la que el conocimiento del derecho propio, de la realidad institucional y de la lengua catalana no sean una anécdota, sean un requisito, sean una obligación. Esto, aunque parezca extraño, es perfectamente posible, están las bases jurídicas para hacerlo, lo que no hay es voluntad política.

Les voy a poner tres ejemplos. Primero, crear el consejo de justicia de Cataluña. Esto ya está previsto en el estatut. Nosotros, Junts per Catalunya, tenemos presentada una propuesta legislativa en este sentido para recuperar, vía ley orgánica estatal, las atribuciones que le quitó el Tribunal Constitucional en la sentencia del estatut, incluidos la formación y los nombramientos. En segundo lugar, desarrollar la justicia de paz y proximidad de Cataluña. Los jueces de paz forman parte del Poder Judicial, son jueces. Además, es una competencia de la Generalitat. Por cierto ―y no nos cansaremos de decirlo―, es importante que el Gobierno español enmiende el error monumental de haberle quitado la competencia de hacer bodas a los jueces de paz. Ya lo dije hace dos semanas. Es una locura acabar la legislatura sin resolver este problema y es muy sencillo:

aprueben un real decreto ley como ya han aprobado otros. De hecho, han aprobado decenas, y si no lo han hecho hasta ahora es porque, sencillamente, no les interesa.

En tercer lugar, el catalán en la justicia vive una situación de menosprecio intolerable; pasa cada día. También lo vimos hace unas semanas en el juicio de Roger Español, ese juicio en el que ha conseguido llevar ante la justicia a los policías que el 1 de octubre le dispararon a la cara una bala de goma. En este juicio se pudo ver cómo los abogados de la acusación se vieron obligados a traducirse a sí mismos al castellano porque los que se tenían que encargar no tenían la competencia necesaria para hacerlo. Lo volvemos a decir: ante la vulneración de los derechos lingüísticos, la cuestión no pasa por gastar más en traducciones, no pasa por más contratos, no pasa por más dinero para empresas amigas que ofrecen servicios de contratación; pasa por que, mientras no tengamos una justicia independiente con una Cataluña independiente, el Estado cumpla con los tratados internacionales que ha firmado, cumpla con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, que hace veinte años que incumple frontalmente, y pasa por que este Parlamento modifique la Ley Orgánica del Poder Judicial y que ningún juez fiscal o funcionario pueda ejercer en Cataluña si no entiende o no sabe el catalán.

Muchas gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies. Bona tarda, presidenta. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. La proposició que ens porta avui aquí té bastant a veure amb coses que s’han introduït ja en la proposta que havíem fet. Em sembla que era un projecte de llei, una proposició de llei sobre l’accés a les carreres judicial i fiscal. En aquell moment nosaltres ens mostrem disposats a negociar aquesta llei i per tant, seria també una incongruència per part nostra que ara els votem en contra una proposició tan senzilla com aquesta, que, per cert, em sorprèn que portin una proposició amb tan poc contingut, perquè podrien haver afegit diverses coses més. I a part, per acabar d’aprovar‑ho i, per tant, no els hi votarem en contra. Ens abstindrem perquè considerem que falten moltes coses, però el que plantegen no és cap barbaritat. El que plantegen no és cap cosa estranya, ni és cap cosa gaire diferent de la que ja venia proposant‑se. Però, és clar, és irrisòria amb respecte al problema que tenim a l’Administració de Justícia. Al final ens hem acabat posant tots d’acord i gràcies a negociacions bastant forçades, hem tingut més jutges que han anat a parar a Catalunya. Ha sigut un dels elements d’acord per aprovar algunes disposicions, però és que en realitat jo crec que estem perdent de vista que si ens creiem això de que el poder judicial és la tercera pota de la separació de poders, la tercera pota o el tercer poder o la tercera pota d’un Estat democràtic de veritat, de benestar de veritat amb imperi de la llei, de veritat, és obvi que la inversió que es fa tant en mitjans materials com en mitjans humans, com en jutges, com en fiscals, és insuficient. I és insuficient perquè al final és el que garanteix si la ciutadania, quan té un problema o una controvèrsia o un conflicte, pot anar a resoldre‑la dintre d’una racionalitat esperable de sentència o no. I aquí vaig al que és la meva obsessió, jo diria que gairebé personal. El Consell General del Poder Judicial, que té les atribucions de sanció, té a la Llei Orgànica del Poder Judicial quins són els elements de règim intern pels quals es poden sancionar jutges. I és obvi que l’error no s’inclou entre aquestes. Entre aquests motius de sanció, és obvi també que l’error pot generar una responsabilitat patrimonial de l’Administració. I és obvi també que es treu de l’ordenament a través de successius recursos. Fins aquí és l’estructura que tenim ara, però el que és cert és que això no s’està complint. El que és cert és que la importància que té l’activitat jurisdiccional i l’impacte que té a la vida de la ciutadania, per bé que tots el tenim molt clar, de vegades sembla que els propis jutjats no en siguin conscients. És a dir, quan t’arriba un desnonament on tens la certesa de que hi ha un anunci de suïcidi, si es produeix aquest desnonament amb una persona vulnerable, el jutge o la jutgessa no pot obviar‑ho. I si el suïcidi s’acaba produint, com va passar ara fa una setmana i mitja o dues a l’Hospitalet, perdoneu, però alguna responsabilitat hi ha d’haver. Alguna responsabilitat hi ha d’haver. El que no pot ser és que, malgrat que tinguem un espai per l’error, no siguin mai responsables dels efectes a la vida que tenen les seves sentències.

Per tant, això sí que penso que és una cosa fonamental en què ens hauríem de posar d’acord i digna. de ser una modificació de la Llei Orgànica del Poder Judicial. I qui diu això diu sentències que sembla que siguin tan innòcues com una sentència de consumidors amb hipoteques on una audiència va i condemna en costes al demandant, a l’usuari. A veure, senyors, que fins i tot els estudiants de la facultat saben que a la Unió Europea, quan és un plet per consumidors, no hi ha condemna en costes perquè és dissuasiu de l’exercici dels consumidors. Escolti’m, això ha passat ara fa dos mesos i no amb una persona raríssima, no, no, amb mi. A mi m’han condemnat en costes per dret dels consumidors. Clar, dius home, doncs no sé jo si el que hem de discutir són les setmanetes que han d’estar fent substitucions o hem de discutir que el sistema judicial no pot estar sistemàticament en rebel·lia contra determinada legislació, perquè no els sembla bé o perquè no compleix determinats interessos que jo no sé i, per tant, no puc dir des d’aquí. Però és que hi ha moltes sentències idèntiques i sempre és en el mateix sentit. I sempre a favor dels bancs, és clar. A mi digui’m, desconfiada, però començo a dubtar que l’element impartició de justícia no sigui repartiment d’interessos. I em preocupa. Em preocupa perquè més enllà de que vull un Estat independent, més enllà de que farem una justícia en aquest estat independent i del Consell de Justícia de Catalunya, que sí que ho farem, més enllà de tot això, mentrestant, em jutgen els jutges espanyols i, per tant, em preocupa estar subjecte a una judicatura que no es guia pels principis d’imparcialitat i sobretot per la legislació que de vegades fan governs progressistes o que es diuen progressistes i de vegades governs de dretes o molt de dretes.

Però la llei és la que és. La llei és la que és i la seva interpretació sempre cau a favor dels mateixos. I d’això la gent n’és molt conscient. Això qui ho atempera a vegades: el quart torn és cert. A vegades l’atempera, però aleshores potser és que la tria de jutges i jutgesses no l’estem fent correctament. Potser que els principis només de mèrit, capacitat i pagament en el teu preparador particular, que per cert és un jutge de no sé on i que cobra en negre, no és el sistema. Potser és que les beques que es proposaven són l’element imprescindible perquè gent que no prové d’aquestes famílies puguin accedir a l’exercici de la jurisdicció. I jo el que els dic és que si realment aquest Estat vol seguir passant, per mi, ja els dic que incompleix algun dels paràmetres fonamentals, però vol passar per un Estat democràtic i de dret i subjecta a la llei, repensin la justícia. Perquè la justícia ara mateix actua com un element ideològic. I parlo de la sensació de la gent que a vegades és molt més important que la realitat com un element carpetovetònic, decimonònic d’aplicació d’una normativa que, d’alguna manera a la vida i la tria de la gent a través del poder legislatiu, modifica però, que no arriba mai a les sales de justícia. Per mi el gran exemple d’això va ser la interpretació que s’ha donat tant a les sentències dels interins, que volia fer un comentari sobre jutges i jutgesses substituts però no tindré temps, com amb el tema de les hipoteques.

El Suprem ha actuat sempre a favor de la interpretació més restrictiva de drets que pogués haver‑hi. I això traspua a la societat. Traspua i, a més a més, és que controla les seves sales. Vull dir que alguna cosa hi deu haver de veritat.

Moltes gràcies.

Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, diputados y buenas tardes, diputadas. La proposición que nos traen hoy aquí tiene bastante que ver con cosas que ya se habían introducido en la propuesta que habíamos hecho ―creo que era un proyecto de ley o una proposición de ley― sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal. En aquel momento nosotros estábamos dispuestos a negociar esta ley y, por tanto, sería una incongruencia por nuestra parte que ahora votemos en contra de una proposición tan sencilla como esta. Por cierto, me sorprende que traigan una proposición con tan poco contenido porque podrían haber añadido varias cosas más para acabar de aprobarla. Y no vamos a votar en contra, nos vamos a abstener porque consideramos que faltan muchas cosas, pero lo que plantean no es ninguna barbaridad. Lo que plantean no es nada extraño ni diferente de lo que ya se había propuesto, pero es irrisorio con respecto al problema que tenemos en la Administración de Justicia.

Al final nos hemos puesto todos de acuerdo gracias a negociaciones bastante forzadas, y hemos tenido a más jueces que han ido a parar a Cataluña; ha sido uno de los elementos de acuerdo para aprobar algunas disposiciones. Pero es que, en realidad, creo que estamos perdiendo de vista que, si nos creemos esto de que el Poder Judicial es la tercera pata de la separación de poderes, el tercer poder o la tercera pata de un Estado democrático de verdad, de bienestar de verdad y con el imperio de la ley de verdad, es obvio que la inversión que se hace, tanto en medios materiales como en medios humanos ―como jueces y fiscales― es insuficiente. Y es insuficiente porque al final es lo que garantiza si la ciudadanía cuando tiene un problema, una controversia o un conflicto puede ir a resolverlo dentro de una racionalidad esperable de sentencia o no.

Y aquí voy a lo que es mi obsesión, diría que casi personal. El Consejo General del Poder Judicial, que tiene las atribuciones de sanción, en la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene los elementos de régimen interno por los que se puede sancionar a los jueces. Es obvio que entre estos motivos no se introduce este error, y el error puede generar una responsabilidad patrimonial de la Administración; y es obvio, también, que se saca del ordenamiento a través de sucesivos recursos. Vale, hasta aquí la estructura que tenemos, pero lo cierto es que esto no se está cumpliendo. Es cierta la importancia que tiene la actividad jurisdiccional y el impacto que tiene en la vida de la ciudadanía, aunque todos lo tengamos muy claro parece que los propios juzgados no sean conscientes de ello. Es decir, cuando te llega un desahucio donde tienes la certeza de que hay un anuncio de suicidio si se produce este desahucio con una persona vulnerable, el juez o la jueza no puede obviarlo. Y si el suicidio se acaba produciendo, como pasó hace ahora una semana y media o dos en Hospitalet, perdonad, alguna responsabilidad tiene que haber; repito, alguna responsabilidad tiene que haber. Lo que no puede ser es que, a pesar de que tengamos un espacio para el error, nunca sean responsables de los efectos en la vida que tienen sus sentencias.

Por tanto, creo que esto es algo fundamental en lo que deberíamos ponernos de acuerdo, y es digno de ser una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y quien dice esto, dice sentencias que parece que sean tan inocuas, como una sentencia de consumidores con hipotecas en las que una audiencia va y condena con costas al demandante, al usuario. A ver, señores, que incluso los estudiantes de la facultad saben que la Unión Europea, cuando hay un pleito de consumidores, no hay condena con costas porque es disuasorio del ejercicio de los consumidores. Esto ha pasado hace dos meses y no con una persona rarísima, no, conmigo; a mí me han condenado con costas. No sé si tenemos que discutir sobre las semanitas que tienen que hacer sustituciones o tenemos que discutir que el sistema judicial no puede estar sistemáticamente en rebeldía contra determinada legislación porque no les parece bien o porque no cumple con determinados intereses, Yo no sé y no puedo decirlo desde aquí, pero hay muchas sentencias idénticas y siempre van en el mismo sentido, siempre a favor de los bancos. Claro, a mí díganme desconfiada, pero empiezo a dudar que la impartición de justicia no sea más que el reparto de intereses, y me preocupa. Me preocupa porque más allá de un Estado independiente, más allá de que vamos a hacer una justicia de este Estado independiente, del consejo de justicia de Cataluña ―que sí, que lo vamos a hacer―, más allá de todo esto, mientras tanto, nos juzgan los jueces españoles, y me preocupa estar sujeta a una judicatura que no se guía por los principios de imparcialidad y, sobre todo, por la legislación que a veces hacen Gobiernos progresistas ―o que se llaman progresistas― y a veces Gobiernos de derechas o muy de derechas.

Pero la ley es la que es y su interpretación siempre cae a favor de los mismos, de eso la gente es muy consciente. ¿Y quién lo atempera a veces? Bueno, el cuarto turno, es cierto, que a veces lo atempera, pero, entonces, quizá es que la selección de jueces y juezas no la hacemos correctamente. Quizá los principios de mérito, capacidad y pago a tu preparador particular ―que cobra en negro, además― no es el sistema. Quizá es que las becas que se proponían son el elemento imprescindible para que la gente que no viene de estas familias pueda acceder al ejercicio de la jurisdicción. Y yo lo que les digo es que si realmente este Estado quiere seguir pasando ―que para mí, ya les digo, que incumple algunos de los parámetros fundamentales― por un Estado democrático y de derechos sujeto a la ley, repiensen la justicia, porque la justicia ahora mismo actúa como un elemento ideológico ―y hablo de la sensación de la gente, que a veces es mucho más importante que la realidad―, como un elemento carpetovetónico y decimonónico de aplicación de una normativa que de alguna forma en la vida y en la selección de la gente a través del poder legislativo modifica, pero que no llega nunca a las salas de justicia. Para mí, el gran ejemplo de esto fue la interpretación que se ha dado tanto a las sentencias de los interinos ―quería hacer un comentario sobre jueces, juezas y sustitutos, pero no voy a tener tiempo― como con el tema de las hipotecas.

El Supremo ha actuado siempre a favor de la interpretación más restrictiva de derechos que existiera, y esto pasa y llega a la sociedad. Y si lo escuchan en las salas, algo habrá de verdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidenta. Antes de empezar con el tema objeto del debate, hoy quería celebrar una victoria, quería celebrar la victoria de los cientos de personas que llevan meses organizándose y movilizándose para decirnos que la vivienda es un derecho y no un activo financiero. (Aplausos). A todas esas personas, muchas de ellas acampadas a 600 metros de aquí, otras tantas manifestándose en las plazas de nuestros pueblos, en nuestras ciudades, tenemos que darles las gracias por empujar para que la política esté a la altura. Esperemos, señorías, que este viernes la Cámara de representantes de la ciudadanía haga honor a su nombre y vote en consecuencia con lo que esa ciudadanía quiere. Señorías, el Grupo Popular trae hoy una proposición para modificar la formación en la escuela judicial. Lo que pasa es que, antes que discutir lo que ocurre en la escuela judicial, hay una pregunta un poquito más importante: ¿quién consigue llegar hasta ahí? Hoy una persona termina Derecho y, si quiere ser jueza, tiene por delante de media cuatro o cinco años estudiando una oposición. Ahí la igualdad formal empieza a chocar con la realidad porque para dedicar cuatro o cinco años a estudiar una oposición, hay que poder vivir dedicándole cuatro o cinco años. Hay que poder comer, hay que poder pagar el alquiler, hay que poder pagar a quien te prepara. Y difícilmente se puede trabajar porque prepararse una oposición ya es una jornada completa. Nosotras queremos que la judicatura se parezca más a la sociedad a la que sirve, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas de familias humildes y trabajadoras, que puedan llegar a ser jueces y juezas personas que son las primeras en su casa y en su familia que estudian Derecho. Esto no cuestiona el enorme mérito que tienen todas aquellas que aprueban una oposición durísima, pero sí señala el problema, que son todas aquellas personas con mucho mérito y mucha capacidad y que ni siquiera van a poder intentarlo. Señorías, la Constitución habla de igualdad, mérito y capacidad, y nosotras queremos tomarnos en serio las tres cosas. No creemos que la capacidad para ejercer de juez o jueza pueda medirse exclusivamente por la capacidad para memorizar y cantar cientos de temas. Un juez no trabaja recitando una ley de memoria; tiene que interpretar, argumentar, valorar hechos y pruebas contradictorias, escuchar y decidir. Todo eso exige efectivamente muchísimo conocimiento jurídico, pero también exige capacidad de análisis, razonamiento, criterio, comprensión de la realidad social y capacidad para relacionarse con todas las personas que entran por el juzgado. La memoria es una capacidad, señorías, pero no es, ni mucho menos, la medida del resto de capacidades. Por eso nuestra propuesta sobre la escuela judicial parte de idea completamente diferente. No creemos que la formación pública deba empezar cuando ya hemos hecho toda la selección. Hoy en día, durante años, el Estado prácticamente desaparece de la preparación de quienes quieren ser jueces. Todo esto queda, en buena medida, en manos privadas. Solo cuando una persona ya accede a la oposición, aparece el Estado y comienza la formación pública. Nosotras queremos revertir esa lógica, que la formación pública forme parte del propio proceso de acceso: una formación teórica y práctica, evaluación continuada y, después, un proceso selectivo exigente que permita valorar conocimientos y capacidad.

Señorías, todo esto del acceso a la carrera judicial importa por algunas cosas más. La democracia española transformó profundamente muchas de las instituciones del Estado, pero el Poder Judicial lo transformó un poquito menos. Llevamos décadas con un sistema de acceso extraordinariamente cerrado, basado en años de preparación individual ―en buena medida privada, como ya he dicho― y en el que quienes ya forman parte de la carrera judicial preparan a quienes aspiran a entrar en ella. Eso no es inocuo. Las instituciones también construyen culturas, las transmiten, las reproducen, y cuanto más cerrado es el mecanismo de entrada, más difícil es cambiar esa cultura. Señorías, esto no es una discusión abstracta. La semana pasada una comisión judicial ejecutó el desahucio de Maricarmen, y, ante una situación como esta, tenemos que preguntarnos también cómo administra justicia nuestra justicia. Claro que jueces y juezas aplican la ley, pero aplicar el derecho no es apretar un botón. Hay interpretación, hay ponderación y decisiones procesales, hay posibilidades de suspensión y aplazamiento previstas por nuestro ordenamiento. De hecho, el propio procedimiento de Maricarmen tuvo lanzamientos anteriores que fueron aplazados judicialmente. (Aplausos). Nadie nadie nadie interpreta la realidad desde el vacío, por eso, cuando hablamos de uno de los poderes del Estado, importa qué experiencias vitales, qué realidades sociales y qué formas de ver el mundo están presentes. Queremos una judicatura que conozca también esas vidas, porque el derecho se aplica sobre la vida de la gente, sobre quien pierde un empleo, sobre quien no puede pagar el alquiler y sobre una mujer de 87 años que acaba saliendo en camilla de un piso en el que ha vivido setenta años por un desahucio.

Señorías, incluso hay algo más: la justicia tiene un poder enorme y, precisamente por eso, sus límites también importan. Cuando desde los tribunales se pretende intervenir en la disputa política, condicionar decisiones democráticas o perseguir lo que no corresponde perseguir judicialmente, tenemos un problema que va mucho más allá de una sola sentencia, y en esas estamos desde hace tiempo.

Por todo esto, no podemos reducir el acceso a la carrera judicial a una discusión sobre tipos de exámenes o pruebas; es una discusión sobre democratización de uno de los poderes del Estado. Quizá por eso ustedes, señorías del Grupo Popular, nunca quieren llegar hasta el fondo de ese debate, porque si hablamos de democratizar la justicia, tenemos que hablar también de su relación con las instituciones. Señorías del Grupo Popular, mantuvieron bloqueada durante casi seis años la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ahora están haciendo exactamente lo mismo con el Tribunal Constitucional desde el Senado. Esto empieza a ser una costumbre bastante peligrosa, señorías. Si a sus señorías del Grupo Popular la mayoría que hay les gusta, el órgano se queda como está, no hay renovación que el mandato se quede ahí, todo lo caducado que esté. Ustedes tienen un problema con una regla bastante elemental de la democracia, que las mayorías cambian, y a veces, señorías del Grupo Popular, ustedes pierden, pero no lo aceptan. Las señorías del Grupo Popular no aceptan que la democracia tiene cambios y estos tienen consecuencias. Por eso bloquean, por eso estiran mandatos caducados, porque han llegado a considerar que determinados espacios del Estado son suyos, como si las instituciones tuvieran propietario. Y no, señorías, el Estado no es del Partido Popular y el Poder Judicial tampoco.

El problema, señorías, no es que el sistema no funcione; el problema es que funciona exactamente como a ustedes les conviene, y ya va siendo hora de que funcione para todas las demás.

Muchas gracias. (Aplausos).

Con la venia, señora presidenta. El artículo 307 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite que un juez en prácticas sustituya a un titular y ejerza la jurisdicción con la misma amplitud que él. Puede dictar sentencias cuando aún no ha terminado el curso de selección ni ha ingresado formalmente en la carrera judicial. Cuesta explicar que pueda juzgar por su cuenta mientras sigue superando el curso que le habilitará formalmente para hacerlo. Juzgar, obviamente, exige conocer el derecho y respetar las garantías del procedimiento; exige estudiar el caso concreto hasta estar en condiciones de decidir conforme a derecho. La resolución lleva la firma del juez, que asume también una responsabilidad de conciencia. Puede contar con ayuda en el tribunal, pero el juicio sobre el asunto le corresponde a él. Por eso importa tanto su buena preparación como juez antes de ejercer la jurisdicción por su cuenta. En 2012 el Gobierno del Partido Popular, que al menos tenía presupuestos aprobados, impuso cuatro meses de sustituciones por razones de austeridad y formación. Ahora el propio Grupo Popular propone suprimir esta fase siguiendo la propuesta unánime del Consejo General del Poder Judicial, que considera que no aporta una formación más relevante y retrasa la incorporación plena a la carrera judicial. El Consejo propone que la formación en la escuela judicial, una vez superada la oposición, coincida con las prácticas tuteladas. El aspirante seguirá aprendiendo junto a un juez titular y tendrá que superar una evaluación continua. Sostiene que así se acorta el curso, sin perjudicar la preparación, y eso lo compartimos. Necesitamos que los nuevos jueces lleguen, que lleguen bien y que lleguen pronto. Su selección debe seguir fundada en la independencia, la igualdad, el mérito y la capacidad, y acortar la formación no puede rebajar, bajo ningún concepto, la preparación con la que comiencen a juzgar. La falta de jueces pesa aún más con la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas de materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. El señor Bolaños afirmó en esta Cámara, con gran pompa y circunstancia, que había hecho la mayor reforma de estructura judicial española en dos siglos. En julio llegó a proclamar el triunfo del reformismo sobre el inmovilismo. El ministro tiene una opinión excelente de su ley y aún mejor de sí mismo: yerra, sin duda, en ambas cuestiones. (Aplausos). Bastante peor es la opinión que trasladan quienes tienen que trabajar con ella. Las asociaciones judiciales y los profesionales han advertido de los problemas en la puesta en marcha de los tribunales de instancia. Desde el inicio las profesiones jurídicas trasladaron al ministerio las dificultades para comunicarse con los órganos judiciales y sus innumerables quejas de cómo estaba funcionando la reforma, los plazos de implantación los fijó el Gobierno, las advertencias se hicieron previamente y por todos, Bolaños estaba avisado y siguió adelante: pues tenemos el caos servido. También fue advertido de la falta de jueces. Las asociaciones judiciales y fiscales se lo dijeron al ministerio cuando comenzaba la aplicación de la Ley Orgánica 1/2025. En julio el Gobierno aprobó quinientas plazas judiciales; según han señalado las asociaciones de jueces, la mayoría no entrará en funcionamiento hasta el 2027. El 12 de marzo el Consejo aprobó por unanimidad esta propuesta y acordó enviársela al Ministerio de Justicia: ni caso. En junio tuvo que recordársela: ni caso. Es más, el Gobierno tiene un proyecto de reforma de la carrera judicial en tramitación cuyo texto sigue manteniendo los cuatro meses de sustitución con capacidad jurisdiccional antes de ser nombrados los jueces que el Consejo propone suprimir, pero al señor ministro le trae al pairo. Volvamos a la proposición del Grupo Popular. La exposición de motivos está bien elaborada. Precisamente por eso sorprende que el articulado deje intactos dos preceptos a los que afecta esta reforma: el artículo 210.1.c) permite llamar a los futuros jueces en prácticas para sustituciones y el artículo 216 bis 3 permite adscribirlos como jueces de apoyo, y ambos remiten al artículo 307.2, que ustedes proponen modificar. Esta revisión debería haberse hecho en esta misma proposición: ignoramos por qué. Si se toma en consideración la proposición, habrá que tenerlo en cuenta, y examinaremos también la enumeración de materias que conserva el artículo 307.3. A nuestro juicio, responde a una selección ideológica impropia de la formación judicial. Un juez debe conocer todo el derecho que está obligado a aplicar. El Consejo General del Poder Judicial —i‌nsisto, por unanimidad— ha propuesto una forma de acortar la incorporación de nuevos jueces, manteniendo las prácticas tuteladas, sin rebajar el rigor y la preparación. Trabajaremos sobre ella, y complementemos y completemos las modificaciones legislativas que el PP ha dejado sin resolver, porque, como escribió Machado en Proverbios y cantares, «despacito y buena letra, el hacer las cosas bien importa más que hacerlas», aunque entiendo que, con la grave situación actual de España, despacito es complicado.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. ¿No tendré paisanos, señora Gamarra? Bien, tengo que coincidir con usted, señora Vallugera, porque, efectivamente, cuando Maricarmen fue expulsada en ambulancia de su casa, interpeló a todo un país, pero primero a nosotros, 350. Habló de la tarea pendiente de la justicia, y esta es una proposición de ley orgánica sobre justicia. Nos pide el Grupo Popular a través de ella que los jueces lleguen antes a los tribunales de instancia, pero ¿de qué sirve, si luego la justicia llega tarde a quien debe servirse de ella? (Aplausos). ¿De qué sirve, si después llegamos tarde a dar respuesta a una mujer de 87 años y a todas y cada una de las personas, que, como ella, son a quienes nos debemos? En su caso concreto, parece ser una solución extrajudicial la que no solo ha llegado tarde, sino que además no ha llegado a la puerta de su casa, sino a la puerta de un hospital. Y estas cosas pasan cuando en esta casa, nuestra casa, la casa común de todos los españoles se vota por quitar protección, se vota por castigar y no cuidar. Y eso es justo lo que hicieron ustedes con su voto, señorías del Grupo Popular: castigar y no cuidar, votando en contra del decreto antidesahucios, votando en contra de la actualización de las pensiones o de la rebaja de veinte céntimos al gasoil. (Aplausos). Señorías del Grupo Popular, dejen de sentirse dueños y empiecen a sentir como pueblo, que nos irá mejor a todos como sociedad. Y, señor Aizcorbe, agradezco que usted se ajuste al texto de la proposición, pero tampoco podemos pasar por alto lo que ocurrió en el pasado Pleno, cuando una señoría de su grupo deseó el suicidio de un compañero del Grupo Parlamentario Socialista al haber salido del armario. (Aplausos). Hoy tampoco se han referido ustedes al caso de Maricarmen, y es que, al final, ustedes, señorías de VOX, son mucho de hablar de España, de defender España ―España suya o de nadie―, pero, a la hora de la verdad, a la hora de ponernos serios y tener que votar para proteger a los españoles de a pie, ustedes siempre han votado en contra de cuidar a los compatriotas. Ustedes votan sistemáticamente en contra de todas y cada una de las personas que les sobran en este país, sin darse cuenta de que quienes sobran no son ni tan siquiera ustedes: solamente sobra el odio que sale de sus bocas, señorías de ultraderecha. (Aplausos). Y, sobre el fondo de la iniciativa, poco que aportar. Señora Gamarra, está copiada de la propuesta unánimemente aceptada por el Consejo General del Poder Judicial, y es algo que ya se contempla en el proyecto de ley de fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal que tiene registrada el Gobierno antes que ustedes. Estamos de acuerdo en eliminar en la Escuela Judicial la fase de sustitución y refuerzo y que la formación teórico‑práctica sea simultánea a la de prácticas tuteladas, y todo con un objetivo: cubrir cuanto antes los puestos y las vacantes en los tribunales de instancia. Por tanto, novedad poca, aunque más interesante que el petitum de esta proposición creo que es la exposición de motivos, donde ustedes dibujan el iter legislativo que ha seguido nuestra Escuela Judicial, y es que esta es una oportunidad perfecta, señorías del Grupo Popular, para retratar lo que es una constante en el PP, ese partido que empezó sin tutelas ni tutías, que después empezó a hacer su viaje hacia el centro, pero que, como a Odiseo, parece que se les complicó, y ahora están ustedes a la deriva, hacia ninguna parte, con Abascal como único GPS; bueno, ni GPS, como astrolabio, tan antiguo como las cosas que dice. (Aplausos).

Díganme, señores del Grupo Popular, ¿no eran ustedes los que se oponían tantísimo a los jueces adjuntos? Es una figura que se introdujo en el año 1994. ¿Y qué decían ustedes? Diario de Sesiones de aquella época: «Nos parece totalmente fuera de lugar esa idea de juez adjunto, una macabra incorporación de terminologías que lo que hacen es traicionar al propio concepto». ¿Y qué han hecho ustedes en su proposición de hoy? ¿Qué han hecho ustedes treinta y dos años después? En su ley de hoy, del año 2026, dicen: «Fue una transformación importante». Señora Gamarra, tan importante debió ser esa transformación que no solo no modifican lo que criticaban, sino que lo asumen como propio en su proposición. Ya lo ven, hay cosas que no cambian: nos llamaban traidores hace treinta y dos años y hoy. Eso no cambia, pero, al menos, tres décadas después ustedes nos dan la razón: al ritmo al que ustedes van, señorías, en otros treinta y dos años, allá por el año 2058, reivindicarán como propia la ley de eficiencia, la ley del divorcio o, por ejemplo, también la ley de amnistía. Y comprobarán ustedes que lo llegaremos a ver.

Pero —‌atención, redoble de tambores— ustedes también han criticado siempre la figura de los jueces sustitutos, tampoco les gustan. ¡Pero, bueno! Algo que nació como excepción en 1994 ustedes, señores del PP, en 2012 lo incorporaron como obligación en la fase de preparación en la Escuela Judicial. Además, expresamente atribuían la misma jurisdicción, con idéntica amplitud, a los titulares de los órganos judiciales, y ahora vienen con esta ley y lo modifican. ¡Increíble! Gol en Las Gaunas, ya que somos de Logroño, señora Gamarra. Es decir, en el proyecto de ley del Gobierno, del señor Bolaños, de fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, se propone esto mismo; ustedes lo enmiendan para hacerlo desaparecer, y nos vienen hoy y copian el mismo texto. Señorías, es que esto es el PP contra el PP. Parece ser que su inconsistencia no solo se fuga de un espray pimienta: parece que también llega a su hilo discursivo. (Aplausos).

Y, si no, se lo podemos preguntar a la señora Álvarez de Toledo, que, cuando el señor Bolaños vino a presentar este proyecto de ley, dijo: «Este es un paso decisivo para mutar a España de democracia plena a democracia fallida». ¡Y ustedes ahora traen lo mismo que trajo el Gobierno! Yo no sé si es un lío entre ustedes, señores del Partido Popular, pero está claro que aquí solo falla su propia coherencia. Por tanto, tras este tatachín, al final lo único que podemos sacar en claro es lo siguiente: que en esta autoenmienda a la totalidad que se hace el Partido Popular a sí mismo hay que destacar que ustedes están en lo de siempre, en exportar y dar intranquilidad y desasosiego a los opositores, mientras que los socialistas democratizamos su acceso a la carrera judicial y fiscal a través de becas y, además, multiplicamos por cinco la última convocatoria de jueces que ustedes dejaron cuando presidían este país. (Aplausos).

Y acabo, señora presidenta. Ya que andan ustedes, señorías del Grupo Popular, estrenando ánimo constructivo por primera vez a estas alturas de la legislatura con esta proposición de ley y como en mi pueblo se suele decir que hay que regar cuando baje agua, queremos aprovechar esta vía colaboracionista del Partido Popular para pedirles dos cosas más. La primera, que contagien a sus compañeros del Senado, que llevan bloqueando la renovación del Tribunal Constitucional desde hace ya un año. (Aplausos). Y la segunda cuestión que les pedimos: ya que presentan hoy ustedes aquí una ley para agilizar y que se cumpla una ley del peligroso Gobierno sanchista con los tribunales de instancia como protagonistas, no se queden ustedes solo en el ámbito de la justicia, señorías del Grupo Popular: muévanse, háganlo también en materia de vivienda y saquen del cajón de las doce comunidades autónomas donde gobiernan precisamente la ley que puede ayudar a otorgar una solución habitacional a nuestros miles de ciudadanos y de ciudadanas, que son a quienes nos debemos.

Muchas gracias. (Aplausos).