Real Decreto-ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, así como medidas tendentes a promover la ejecución de inversiones por parte de las comunidades autónomas que han registrado superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a 2026.

Muchas gracias, presidente.

Subo a esta tribuna para defender la convalidación del Real Decreto Ley 23/2026, de 8 de septiembre, por el que se adoptan medidas fiscales y financieras urgentes que contribuyan a la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma, así como también medidas tendentes a promover la ejecución de inversiones por parte de distintas comunidades autónomas que han registrado superávits presupuestarios y excesos de financiación pendientes de aplicar de ejercicios anteriores al año 2026.

En primer lugar, permítanme que empiece hablando de las medidas para la isla de La Palma y luego hablaremos de las medidas sobre el superávit de las comunidades autónomas. Sobre las medidas para la isla de La Palma, las medidas que están en este real decreto ley, que hoy proponemos convalidar, son varias. La primera, forma parte de la denominada Agenda Canaria que, como saben, establece la reducción del 60 % del impuesto de la renta de las personas físicas residentes en la isla bonita para los residentes en la misma en los años 2022, 2023, 2024, 2025 y añade también el año 2026. Por tanto, lo que votamos hoy es esa deducción para el año en curso y, si esta Cámara así lo considera ―y a ello les animo―, esta medida será convalidada. Comportaría de manera inmediata que la reducción se refleje ya en las nóminas de este año de las palmeras y de los palmeros.

El artículo segundo habilita que cien millones de euros de los excesos de financiación o superávit del Gobierno de Canarias del año 2025 se puedan destinar para el sector primario. Con carácter preferente ―y así se establece en el real decreto ley― estos fondos se destina a los agricultores y ganaderos para compensar las mermas en la producción de los años 2024, 2025 y 2026, ya que en esos años se han dejado sentir las consecuencias de la erupción volcánica en sus terrenos. También se van a dirigir a la reconstrucción de infraestructuras agrarias diversas, que están expresadas en el real decreto ley como cuartos de aperos, cuadras, infraestructuras de agua, empaquetados de plátanos, almacenes agrícolas, obras hidráulicas; y también a la reconstrucción de las fincas agrarias.

Este real decreto ley dice que, superado ese importe de cien millones de euros, el resto de los gastos incurridos por este concepto se podrían aplicar, conforme a lo previsto en esta norma, imputándose sucesivamente a los superávits y, en su caso, a los excesos de financiación disponible. Esto es muy importante, porque amplía la cantidad de los cien millones de euros. También este real decreto ley establece que estos cien millones de euros, o la cantidad finalmente resultante, no tendrán consecuencias a efecto del cumplimiento de la regla de gasto.

Respondemos así a las demandas desde el Gobierno de España del sector primario palmero, un sector que sale beneficiado con dos artículos específicos. Por un lado, el artículo 4, en el que volvemos a aprobar una moratoria para los agricultores de los tres municipios afectados por el volcán ―El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte―, que habían solicitado préstamos. Agradezco aquí la sensibilidad del Ministerio de Economía, porque, aunque en los reales decretos anteriores ya señalábamos que esta medida no podía incluirse, aún quedan algunas personas que han solicitado estos préstamos y, por tanto, también les damos respuesta. Por otro lado, el artículo 5, referente a las prestaciones extraordinarias por cese de actividad de los autónomos, también se contempla en este real decreto ley.

Lo que hoy convalidaríamos, si así lo decide la Cámara, es que no se van a tener en cuenta las subvenciones del POSEI para determinar los rendimientos netos computables. Esta es una petición expresa, como la anterior, del sector primario, y así lo manifestaron en la reunión tenida aquí, en el Ministerio de Política Territorial, junto al Gobierno de Canarias, y a la que damos respuesta. También los autónomos materializarán sus actualizaciones con los ingresos del año 2020 en vez de del 2019, porque es también más favorable. Así ayudamos por las consecuencias que tuvo el sector primario por la erupción volcánica.

Con independencia de este real decreto ley, debemos añadir que ayer en el Consejo de Ministros se generó un crédito por más de 33 millones de euros para los convenios vigentes con el Cabildo de la isla de La Palma y con aquellos Ayuntamientos que, a día de ayer, ya habían trasladado la documentación requerida para la petición de modificación de sus obras. Por tanto, esta es otra medida más. Ya he trasladado al Gobierno de Canarias y a los municipios la posibilidad de una comisión mixta que celebraremos una vez que acordemos entre todos la agenda. (La señora vicepresidenta, Gil de Reboleño Lastortres, ocupa la Presidencia).

Por tanto, el Gobierno de España añade a la partida comprometida todos estos fondos. Nosotros hemos puesto ya el total de las cantidades para estos convenios, que obligan al Gobierno de España a poner el 50 %. Hemos puesto todas las cantidades, y ahora añadimos 33 millones de euros adicionales. Así pues, cumplimos con la Agenda Canaria, con el Gobierno autónomo, con el Cabildo, con los Ayuntamientos afectados y con todos los puntos del compromiso adquirido a través de esa agenda con el archipiélago canario.

Sobre otras medidas que están en este real decreto ley, las medidas fiscales y financieras, quiero añadir algunas notas de contexto. La primera es que debemos partir de una premisa que es incuestionable y también ineludible: los distintos Gobiernos progresistas a partir del año 2018 han sido los que han apoyado más que nunca la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, considerando, además, que entre las principales competencias están las que conforman el núcleo del Estado del bienestar: la sanidad pública, la educación pública, la vivienda o los servicios sociales. Por ejemplo, aquí tenemos algunos aspectos básicos: las comunidades autónomas recibieron 30 000 millones de euros de los fondos del COVID y no tuvieron que devolver esos fondos; el Gobierno de España mantuvo las entregas a cuenta del año 2020, como si el PIB no hubiese caído enteros a causa de la pandemia, y lo mantuvo el Gobierno de España; el Estado, además, asumió los 4000 millones de euros de liquidaciones negativas que tuvieron que afrontarse por parte de las comunidades autónomas. Desde el año 2019 al año 2025 se han transferido más de 40 000 millones de euros a las comunidades autónomas en conferencias sectoriales, que es el principal instrumento de relación entre el Estado y las comunidades autónomas, impulsando como nunca el Estado autonómico y el modelo de Estado autonómico que está en nuestra Constitución, que ha hecho que en estos años hayamos hecho más transferencias y traspasos que nunca a comunidades de distinto color político.

A través de esas conferencias sectoriales trasladamos el doble que en el periodo de tiempo anterior, en el que gobernaban otras fuerzas políticas en nuestro país. Quiero decir también que, para esa tramitación de ayuda a las comunidades autónomas, tenemos la quita de la deuda que el Gobierno de España propone de más de 83 000 millones de euros de la deuda de las comunidades autónomas, lo que permitiría afrontar el pago de 6000 millones de euros en intereses en los próximos años por parte de las comunidades autónomas. Creo que son medidas muy importantes y de ayuda clara, destinadas a garantizar aulas y no barracones en la educación pública, a apostar por la sanidad pública y no por la concertada o privada, y a consolidar los derechos sociales dignos que las comunidades autónomas deben desarrollar en el marco de sus competencias.

Por último, en el año 2027, las comunidades autónomas van a recibir 186 000 millones de euros del sistema de financiación; un 80 % más que en el año 2018, el último año del Gobierno presidido por el Partido Popular.

Creo que son medidas claves a las que, además, añado que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera ha propuesto un nuevo sistema de financiación, que pronto llegará a esta Cámara y también al Senado. Hacía diecisiete años que no se aprobaba un nuevo modelo de financiación y el actual lleva caducado doce años. El Gobierno de España destina 21 000 millones de euros para las comunidades autónomas y reduce las diferencias entre unas y otras en financiación per cápita, y también, lógicamente, da a las comunidades autónomas más posibilidad porcentual de responsabilidad fiscal. Creo que son medidas oportunas para la defensa del Estado del bienestar. Y sumamos las que van en este real decreto ley.

¿Cuáles son? Mediante este real decreto ley vamos a habilitar a distintas comunidades autónomas para que utilicen el superávit del año 2025 y puedan realizar inversiones sostenibles en los años 2026 y 2027, por ejemplo, en políticas de vivienda, que es una de las principales reclamaciones de la ciudadanía de nuestro país. También permitimos que las comunidades autónomas, con una deuda sobre el producto interior bruto que esté por debajo del 12,4 % a cierre del año 2025, puedan destinar esos superávits presupuestarios de ejercicios anteriores no a lo que dice hoy la ley, que es reducir deuda, sino, de acuerdo con lo que está en este decreto ley, a inversiones que no computarán a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.

Esta es una reivindicación histórica de las comunidades autónomas en esas circunstancias. ¿Cuántas son las que se van a beneficiar? Ocho comunidades, que son las siguientes: Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia. Es decir, podrán movilizar más de 4000 millones de euros para inversión en sus territorios con absoluta autonomía, por parte de esos Gobiernos autonómicos. Es una muestra, por tanto, del compromiso de autogobierno, de financiación autonómica, de apoyar a las comunidades autónomas, por parte del Gobierno de España. Son medidas muy parecidas a las que también tuve el honor de defender aquí en el Congreso, que trasladamos para los Ayuntamientos, para las corporaciones locales, que aplaudieron, y así lo manifestaba la propia Federación Española de Municipios y Provincias, porque podían utilizar ese superávit para gastos relevantes en su día a día.

Por tanto, concluyo, hoy traemos un real decreto ley que es un compromiso con el Gobierno de Canarias y la isla de La Palma, justo cuando se cumplen cinco años de la erupción del volcán del Tajogaite, con los que hemos estado siempre: entonces, en todo este tiempo, ahora y seguiremos en el futuro. Es también un compromiso con los acuerdos de investidura y es un compromiso del Gobierno de España con la financiación autonómica, al margen del color político que en ellas presida o gobierne. Por eso, es un compromiso del Estado con el estado del bienestar y también con el Estado de las autonomías. Creo que así es como se construye una mejor España: con hechos y no solo con palabras.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Efectivamente, señor ministro, señorías, hoy celebramos un real decreto que da respuesta a una petición que durante mucho tiempo ustedes me han escuchado aquí: poder utilizar el superávit de una comunidad autónoma con el endeudamiento por debajo de la media y con unos grados de cumplimiento de regla de gasto intachables. Se me ha dicho muchas veces que eso no podía ser, que era la Unión Europea la que no lo permitía. Hoy vamos a aprobar que no solo Canarias, sino que las comunidades que han hecho una buena gestión y presentan superávit puedan utilizar ese dinero en sus servicios, en sus infraestructuras, en vivienda, en políticas energéticas, en definitiva, en muchos asuntos que hoy son absolutamente urgentes para la población.

Efectivamente, esta semana se cumplen cinco años ya de la erupción del volcán de La Palma. Y esos cien millones que vamos a poder invertir en su reconstrucción van a salir de los seiscientos millones de superávit del Gobierno canario. Que nadie se confunda y vaya a pensar que vamos a tener transferencias de capital extraordinarias; estamos hablando de que el Gobierno de Canarias va a poder utilizar su dinero, lo que tanto hemos pedido y en tantas ocasiones se nos ha negado. Por cierto, hablando de esos cien millones, estoy a la espera de una respuesta a una pregunta que he formulado, porque en el año 2023 se presupuestaron cien millones para la reconstrucción ―esto sí sería dinero que se transfirió del Estado―, y se han prorrogado; un presupuesto prorrogado en 2024, en 2025 y en 2026, sin que ese dinero haya llegado a La Palma. Estoy a la espera de saber para qué se ha utilizado, qué modificaciones presupuestarias se han hecho sobre ese dinero que no ha llegado a La Palma.

Celebramos también que hoy, por fin, los ciudadanos de La Palma vean cómo va a empezar a repercutir la bonificación del 60 % en sus nóminas. Este año, por primera vez, no tendrán que esperar al último día del año y la van a poder tener a partir del mes de octubre. Aunque, una vez más, tengo que recordar que no era el objetivo de la bonificación; el objetivo era que estuviera en vigor durante todo el año, desde el mes de enero, y que se repercutiera mes a mes en sus nóminas. Esto era lo realmente interesante, lo que generaba economía a las familias y gasto en la isla de La Palma mes a mes. Tres meses antes de algo servirá, pero esperamos que, tal y como firmamos en la agenda canaria, esa bonificación del 60 % hasta el año 2027, sea de aplicación desde enero de 2027, y no que el año que viene, en pleno momento electoral, nos veamos sin saber cuándo se va a aprobar la bonificación.

Nosotros esperamos que los compromisos pendientes se vean reflejados en los presupuestos generales del Estado, que ya nos han trasladado que van a venir a esta Cámara. Solo así podremos decir que los compromisos de la agenda canaria, los compromisos con el Gobierno de Canarias se cumplen. Hoy se salda una cuestión que es de justicia: que Canarias utilice su dinero; pero quedan muchos compromisos pendientes y esperamos ver ese documento que ustedes se han comprometido a traer a la Cámara.

Señor ministro, muchas gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Hay momentos en la vida que no se olvidan. Y yo creo que, aún a día de hoy, en la mente de todos los canarios está la erupción del volcán de La Palma, que tuvo lugar hace ya cinco años; porque cuando un volcán entra en erupción no solo se lleva por delante la casa, las carreteras o los cultivos, sino que se lleva mucho más: se lleva los recuerdos de toda una vida, se lleva los planes de futuro y se lleva todos aquellos esfuerzos que se habían puesto por construir un plan de vida junto a tu familia. Nosotros, señor ministro, vivimos esto muy de cerca, en primera línea, y al frente del Gobierno de Canarias: usted como presidente del Gobierno de Canarias y yo como consejera de Derechos Sociales. Y aún recuerdo a las familias que tuvieron que abandonar sus casas a toda prisa, sin saber si podrían volver o no; a todas las personas mayores que tuvimos que trasladar porque tenían movilidad reducida y había riesgo a la hora de desarrollar sus vidas. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). También recuerdo a aquellos agricultores que veían desaparecer bajo la lava toda una vida de trabajo. Y también recuerdo algo fundamental, y es que, cuando una persona lo ha perdido todo, la Administración no puede dejar que esta persona siga esperando sine die. La Administración tiene que responder de forma eficiente y rápida, y creo que desde nuestra consejería así lo hicimos. Entendimos que los servicios sociales municipales eran la primera línea de respuesta y por eso dotamos de recursos suficientes a los ayuntamientos que se vieron afectados por la erupción ―los llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte― para reforzar la atención en los servicios sociales y que pudieran atender a las familias, así como para poner en marcha ayudas a la adquisición de enseres y otras medidas de emergencia. También sabíamos que debíamos proteger especialmente a los más vulnerables en aquella situación: a las personas en situación de exclusión social, a quienes se reforzó la prestación canaria de inserción; a las mujeres víctimas de violencia de género, a las que dio una atención especial; y a los niños, niñas y a las personas dependientes. Nosotras vamos a votar a favor de este decreto ley, como no puede ser de otra manera. Son verdad algunas de las cosas que apuntaba la señora Valido, porque es cierto que se está permitiendo al Gobierno de Canarias destinar el superávit a esta labor.

La verdad es que se podría hacer un esfuerzo mayor por parte del Gobierno del Estado y poner una inyección de inversión con fondos de recursos estatales, pero todo lo que sea para el bien de la población de La Palma y para la reconstrucción tras la erupción a nosotras nos parece positivo y vamos a apoyarlo. (Aplausos).

Gracias, presidente. Han pasado ya cinco años desde la erupción de Cumbre Vieja, pero el paso del tiempo no significa que hayan desaparecido sus consecuencias; todavía hay familias, agricultores, autónomos y actividades económicas que siguen necesitando una respuesta de las Administraciones públicas. Por eso valoramos que este decreto mantenga y refuerce medidas destinadas a quienes continúan sufriendo aquellas consecuencias. Queremos destacar especialmente la posibilidad de que Canarias destine cien millones de euros de sus superávits y excesos de financiación a ayudas para las personas y entidades afectadas. Hablamos de necesidades muy concretas. de compensaciones por kilogramo improductivo, de la reconstrucción de infraestructuras agrarias, de la reconstrucción de fincas agrícolas y de actuaciones relacionadas con el sistema de evacuación de CO2. Por tanto, no estamos hablando simplemente de una habilitación presupuestaria; estamos hablando de una cuantía importante que tiene que traducirse cuanto antes en ayudas efectivas para quienes todavía las necesitan. Y ahí queremos también poner especialmente el énfasis, en que los recursos no solo estén disponibles, sino en que lleguen y lleguen rápido a las personas y colectivos afectados. Valoramos también que se abra un nuevo plazo para que se pueda solicitar una nueva suspensión de seis meses de las obligaciones de pago de préstamos y créditos de los agricultores y que se introduzcan medidas relativas a la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos afectados, porque la reconstrucción de La Palma no termina simplemente con el paso de los años. Mientras sigan existiendo personas que padezcan las consecuencias económicas y sociales de aquella catástrofe, las Administraciones tienen que seguir dando respuesta. Además, este real decreto incorpora otra medida que nuestro grupo venía reclamando y que consideramos especialmente importante: la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan utilizar su superávit para invertir. Quiero recordar lo que dijimos en esta Cámara hace apenas unos meses, cuando en junio debatimos la flexibilización de estos superávits para ayuntamientos y diputaciones. Dijimos que nos parecía razonable facilitar que las entidades locales pudieran utilizar sus propios recursos, flexibilizar determinadas reglas y destinar ese superávit a inversiones financieramente sostenibles. Compartíamos que se facilitara la ejecución plurianual de inversión, especialmente en materia de vivienda. Pero entonces ya señalábamos una carencia importante, que las comunidades autónomas quedaban fuera de esa flexibilización, y defendimos que, al igual que se permitía esta flexibilización a ayuntamientos y diputaciones, también debería permitirse a las comunidades autónomas utilizar sus propios recursos para invertir en el ámbito de sus competencias. Lo dijimos en junio y hoy valoramos que este real decreto recoja precisamente esa posibilidad y dé respuesta a una cuestión que nuestro grupo ya había planteado. El decreto permite ―como digo― que las comunidades autónomas que obtuvieron superávit en 2025 puedan destinarlo durante 2026 y 2027 a financiar operaciones financieramente sostenibles y que, además, el gasto realizado en estas inversiones no se considerará como gasto computable a efectos de la regla de gasto. Queremos destacar también que se reconoce de manera expresa como inversión financieramente sostenible la destinada a vivienda social y asequible sometida a cualquier régimen de protección pública permanente. También lo dijimos entonces: si hay un reto que hoy exige una actuación decidida de todas las Administraciones públicas, ese es el acceso a la vivienda.

Las comunidades autónomas gestionan políticas públicas esenciales que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos, como la sanidad, educación y vivienda, por eso tiene sentido que una comunidad autónoma que ha generado superávit pueda utilizar esos recursos para realizar inversiones dentro de sus competencias.

Además, el decreto incorpora un segundo nivel de flexibilización para las comunidades autónomas con una situación financiera más saneada, y es que quedan eximidas de la obligación de que esas inversiones sean calificadas como financieramente sostenibles. Nos parece relevante porque introduce una idea que nosotros veníamos defendiendo y apuntando: que no todas las Administraciones se encuentran en la misma situación financiera y las reglas fiscales deben ser capaces de tener en cuenta esas diferencias.

Pero este avance vuelve a poner sobre la mesa el problema de fondo que sigue pendiente de resolver, que son precisamente las reglas fiscales. No podemos defender permanentemente excepciones para que una Administración saneada pueda utilizar los recursos que ella misma ha generado. Seguimos aplicando una Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria diseñada en plena crisis de deuda y en un contexto que nada tiene que ver con el actual. Precisamente esa rigidez nos obliga a recurrir, como se hace hoy, a soluciones parciales, excepcionales y temporales para resolver situaciones concretas. El propio decreto que hoy debatimos tiene que excepcionar expresamente la aplicación del artículo 32 de esa ley orgánica para permitir esos usos de los superávits. Por eso, creemos que este real decreto supone un avance, pero también vuelve a poner de manifiesto la necesidad de abordar una reforma estructural de nuestras reglas fiscales, como he dicho. Necesitamos unas reglas que garanticen, por supuesto, la sostenibilidad de las cuentas públicas, pero que sean capaces también de distinguir entre las distintas situaciones financieras de las Administraciones, que preserven la inversión pública y que no conviertan la gestión presupuestaria responsable y la generación de superávit en un obstáculo precisamente para atender las necesidades de sus ciudadanos y sus ciudadanas.

Gure aldeko botoak arrazoi argiak ditu: La Palmara bideratutako neurriak babesten ditugu, bost urte igaro ondoren, oraindik erantzuna behar duten pertsona eta sektoreak daudelako, eta baliabide horiek ahalik eta azkarren kaltetuentzako benetako laguntza bihurtzea nahi dugulako. Autonomia erkidegoek beren superabita inbertitzeko erabili ahal izatea babesten dugulako. Hau ekainean eskatu genuen, aukera hori udal, aldundi eta autonomia erkidegoentzat onartu zenean, eta autonomia erkidegoak kanpoan geratu zirenean.

Beraz, dekretu honek dakarren aurrerapausoa aitortzen dugu, baina, aldi berean, oraindik egiteko dagoen aldarrikapen bat berresten dugu: arau fiskalen erreforma bati ekitea, salbuespenak salbuespen, hauek atzean utzi ahal izateko eta gure administrazio publikoen aurrekontu erantzukizuna, finantza, autonomia eta inbertsio gaitasuna uztartuko dituen esparru egonkor bat izateko. Horregatik guztiagatik, gure taldeak aldeko botoa emango du.

Eskerrik asko.

Nuestro voto favorable responde, por tanto, a razones muy claras: apoyamos las medidas dirigidas a La Palma, pues cinco años después todavía existen personas y sectores que necesitan una respuesta, y porque queremos que esos recursos se conviertan cuanto antes en ayudas reales para los afectados. Y apoyamos que las comunidades autónomas puedan utilizar sus superávits para invertir, porque es algo que reclamamos expresamente en junio, cuando esa posibilidad se reconoció para ayuntamientos y diputaciones, y las comunidades autónomas quedaron fuera.

Por tanto, reconocemos el avance que supone este decreto, pero, al mismo tiempo, reiteramos una reivindicación que sigue pendiente: abordar una reforma de las reglas fiscales que nos permita dejar atrás esta sucesión de excepciones y contar con un marco estable que conjugue responsabilidad presupuestaria, autonomía financiera y capacidad de inversión de nuestras Administraciones públicas.

Por todo ello, nuestro grupo votará a favor. Muchas gracias.

Moltes gràcies. Molt bon dia a tothom. Junts no qüestionem cap de les ajudes destinades a la Palma, cap. Les persones que encara pateixen les conseqüències de l’erupció, mereixen tot el nostre suport i el tindran. Però aquest decret no parla només de la Palma. El Govern hi ha afegit altres coses que no tenen res a veure amb les conseqüències per als veïns, per a les empreses de Palma provocades per l’erupció. Dues noves possibilitats perquè algunes comunitats puguin gastar diners que fins ara no podien tocar bé. Però, per variar, Catalunya no se’n podrà beneficiar ni per una via ni per l’altra. Mirin, una cosa és ajudar a la Palma i que hi estem absolutament d’acord. I una altra és aprofitar la Palma per posar altres qüestions i obligar‑nos a votar tot en bloc. I una vegada més, el Govern espanyol ha tirat pel dret, registren un text tancat i després pretenen els set vots de Junts. Ja ho han fet altres vegades i no sabem la veritat perquè hi tornen, perquè ja saben què passa quan actuen així. De vegades sembla que es pensin que tenen majoria absoluta i els recordo que no la tenen. Ja estem acabant la legislatura i ja haurien d’haver‑se’n ha adonat. En tot cas, per tant, i que quedi clar si aquest reial decret llei no s’acabés invalidant, que no passarà, podríem presentar demà mateix a les ajudes de La Palma per separat i Junts per Catalunya donaríem el nostre vot absolutament favorable a la Palma si ajuda a la Palma. Sí, però aprofitar la Palma per tornar a perjudicar Catalunya, doncs no. Aquest decret pretén primer que les comunitats puguin utilitzar excedents i superàvits per invertir en lloc d’haver‑los de destinar a reduir deute. Bé, però, amb els condicionants que el Govern espanyol ha decidit posar i Catalunya queda fora. Han fixat el límit el 12,4 % del PIB. Podien haver escollit altres criteris. Si han escollit aquest, Catalunya fora. Segona, les comunitats que van tancar el 2025 en superàvit podran utilitzar aquests diners per fer inversions. Bé, Catalunya va tancar amb un dèficit de 1733 milions d’euros. Catalunya fora una altra vegada. I que no ens venguin, que això és simplement premiar qui ha fet els deures. Catalunya fa anys que pateix un dèficit fiscal indecent. Generem molts recursos, paguem una immensitat d’impostos, però una part massa gran d’aquests diners marxen i no tornen mai. També aquí el Govern espanyol podia haver buscat una altra fórmula. No ho ha fet. Dues vies noves per donar més marge financer a les comunitats. Bé, i Catalunya queda fora de totes dues. Fatal. I si volen els nostres vots per aprovar decrets com aquests, és evident que nosaltres mirarem què hi guanya Catalunya, perquè contraprestacions per a Catalunya en tenen per donar i per vendre. Comencin per les inversions. Cada any ens anuncien milions d’euros en carreteres, ferrocarrils amb obres diverses. Però després arriba l’hora de fer‑les i la realitat és un altre s’esfuma. L’any 2025, de tot el que l’Estat espanyol havia pressupostat per a Catalunya només va fer el 58 %. Però és que a Madrid el 266 %. I no és una excepció d’un any concret del 2025. Hem mirat la mitjana dels darrers cinc anys i a Catalunya és només el 48,8 % del que s’havia pressupostat a Madrid, el 201, 7,4 %. És a dir, que quan poden volen any rere any i rodalies ja és que és directament un desastre. Parlar d’incidències gairebé ha perdut el sentit. Sembla una broma. Una incidència hauria de ser una excepció. A Rodalies, amb la quantitat d’avaries, retards, problemes de cada dia, l’excepcional ja és que tot funcioni més o menys com tocaria. I després venen aquí amb un decret tancat i pretenen que els regalem els nostres vots. Doncs no. Opcions per compensar Catalunya en tenen tantes com vulguin executin totes les inversions que pressuposten, no només la meitat o donin la resta dels diners a la Generalitat perquè ho faci ella mateixa, resolguin el desastre de Rodalies, elimini l’impost de successions, com ja vam aconseguir aprovar aquí en aquest hemicicle, redueixin la pressió fiscal sobre les famílies, desgraven el lloguer o la hipoteca que paguen els joves i les famílies catalanes o facilitin la vida als autònoms o a les petites empreses. Perquè això ve de molt més lluny que fa 25 anys. El PIB per habitant de Catalunya estava en un 22 % per sobre de la mitjana espanyola. Avui l’han reduït al 15 %, del 22 %. Catalunya va perdent posició econòmica respecte a la resta de l’Estat per culpa del mateix Estat, i aquesta és la direcció en què ens estan portant els seus menyspreus a Catalunya. Dècades de dèficit fiscal i inversions que es pressuposten però mai s’executen i infraestructures obsoletes que han anat portant Catalunya a l’ofec. Governi qui governi, a Madrid això ja no va d’uns milions més o uns milions menys. Va de poder mantenir els serveis públics, les infraestructures, la capacitat econòmica del meu país. Catalunya ja és una qüestió de pura supervivència.

I davant de tot això, el president de la Generalitat continua sense fer sentir la veu de Catalunya. El president Salvador Illa no és només president de la Generalitat. És també el primer secretari del PSC i el PSC té 19 diputats al Congrés. De debò no té res a dir davant d’un decret que deixa Catalunya fora d’aquestes dues vies? Els seus diputats hi votaran a favor com si res, sense obrir la boca, perquè aleshores deixen ben clar fins on arriba la diferència entre el PSC i el PSOE quan s’ha de defensar els interessos de Catalunya. El president de la Generalitat hauria de defensar Catalunya davant de l’Estat, també quan a Madrid hi governen els seus. Nosaltres tenim molt clar què fem aquí. No som del bloc del PSOE, SUMAR. No som del bloc del PP, VOX. La Palma tindrà sempre el nostre suport, però els nostres vots no són per salvar cap govern de Madrid, són únicament per defensar Catalunya i els catalans.

Moltes gràcies.

Muchas gracias. Muy buenos días a todos. En Junts, no cuestionamos ninguna de las ayudas destinadas a La Palma, ninguna. Las personas que todavía sufren las consecuencias de la erupción merecen todo nuestro apoyo, y lo tendrán. Pero este decreto no habla solo de La Palma, el Gobierno ha añadido otras cosas que no tienen nada que ver con las consecuencias para los vecinos y para las empresas de La Palma provocadas por la erupción, dos nuevas posibilidades para que algunas comunidades puedan gastar dinero que hasta ahora no podían tocar. Bien, pero, para variar, Cataluña no podrá verse beneficiada ni por una vía ni por la otra. Una cosa es ayudar a La Palma, con lo que estamos absolutamente de acuerdo, y otra cosa es aprovechar La Palma para plantear otras cuestiones y obligarnos a votar todo en bloque. Una vez más, el Gobierno español ha tirado por lo derecho: registran un texto y después pretenden los siete votos de Junts. Ya lo han hecho otras veces, y no sabemos, la verdad, por qué vuelven a hacer esto. Ya sabemos lo que pasa; a veces se piensan que tienen mayoría absoluta, parece, pero les recuerdo que no la tienen. Estamos acabando la legislatura y ya deberían haberse dado cuenta. Por tanto, y para que quede claro, si este real decreto ley no se acabara convalidando ―que no pasará―, podrían presentar mañana mismo las ayudas de La Palma por separado y, Junts per Catalunya, nosotros daríamos nuestro voto absolutamente favorable. La Palma, sí; ayudar a La Palma, sí, pero aprovechar La Palma para volver a perjudicar a Cataluña, pues no. Este decreto pretende, primero, que las comunidades puedan utilizar sus excedentes y superávits para invertir en lugar de utilizarlos para reducir deuda. Bien, pero, con los condicionantes que el Gobierno español pone, Cataluña queda afuera, puesto que han fijado en el 12,4 % del PIB el límite. Podían haber escogido otros criterios, sí, pero han elegido este. Cataluña, fuera. Segundo, las comunidades que cerraron 2025 con superávit podrán utilizar este dinero para hacer inversiones. Bien, Cataluña cerró con un déficit de 1733 millones de euros. Cataluña fuera otra vez. Que no nos vendan que esto es simplemente premiar a quien ha hecho los deberes. Cataluña hace años que sufre un déficit fiscal indecente. Generamos muchos recursos, pagamos una inmensidad de impuestos, pero una parte demasiado grande de ese dinero se va y no vuelve nunca. También, el Gobierno español aquí podía haber buscado otra fórmula, pero no lo ha hecho. Dos vías nuevas para dar más margen financiero a las comunidades, bien, pero Cataluña queda fuera de las dos; fatal.

Si quieren nuestros votos para aprobar decretos como este, es evidente que veremos qué gana Cataluña, porque en prestaciones para Cataluña tienen para dar y tomar. Empiecen con las inversiones. Cada año nos anuncian carreteras, ferrocarriles y obras diversas, millones de euros, pero, cuando llega la hora de hacerlas, la realidad es otra: se esfuma. El año 2025, de todo lo que el Estado español presupuestó para Cataluña, solo se hizo el 58 % y en Madrid el 266 %. No es una excepción de un año concreto, el 2025; hemos visto la media de los últimos cinco años y es el 48,8 % para Cataluña de lo presupuestado y en Madrid el 207,4 %. Es decir, que, cuando quieren, pueden, año tras año. Y cercanías, rodalies, directamente es un desastre. Hablar de incidencias casi ha perdido el sentido, parece una broma. Una incidencia debería ser una excepción, pero en cercanías, con la cantidad de averías, retrasos, problemas de cada día, lo excepcional es ya que todo funcione más o menos como debería.

Después, vienen aquí con un decreto cerrado y pretenden que les regalemos nuestros votos. Pues no. Opciones para compensar a Cataluña tienen tantas como quieran: ejecuten todas las inversiones que presupuestan, no solo la mitad, o den el resto del dinero a la Generalitat para que lo haga ella misma; resuelvan el desastre de rodalies; eliminen el impuesto de sucesiones, como ya conseguimos aprobar aquí, en este hemiciclo; reduzcan la presión fiscal para las familias; desgraven el alquiler o la hipoteca que pagan los jóvenes y las familias catalanas o faciliten la vida a los autónomos y a las pequeñas empresas, porque esto viene de más largo. Hace 25 años el PIB por habitante de Cataluña estaba en un 22 % por encima de la media española, hoy lo han reducido al 15 %.; del 22 % al 15 %. Cataluña ha perdido posición económica con respecto al resto del Estado por culpa del propio Estado. Y esta es la dirección a la que nos llevan los menosprecios a Cataluña por parte de ustedes: décadas de déficit fiscal; inversiones que se presupuestan pero nunca se ejecutan o infraestructuras obsoletas van a llevar a la asfixia a Cataluña, gobierne quien gobierne en Madrid. Eso no va de unos millones arriba o abajo, sino de mantener los servicios públicos, las infraestructuras y la capacidad económica de mi país, Cataluña. Ya es una cuestión de pura supervivencia.

Y, ante todo eso, el presidente de la Generalitat sigue sin hacer que se oiga la voz de Cataluña. El presidente Salvador Illa no es solo presidente de la Generalitat, también es el primer secretario del PSC, y el PSC tiene 19 diputados aquí en el Congreso. ¿No tiene nada que decir ante un decreto que deja a Cataluña fuera de estas dos vías? ¿Sus diputados votarán a favor, como si no pasara nada, sin abrir la boca? Porque entonces dejan muy claro hasta dónde llega la diferencia entre el PSC y el PSOE, cuando hay que defender los intereses de Cataluña. El presidente de la Generalitat debería defender a Cataluña ante el Estado, también cuando gobiernan los suyos en Madrid. Nosotros tenemos muy claro qué hacemos aquí. No somos del bloque de PSOE y SUMAR ni del bloque PP‑VOX. La Palma siempre tendrá nuestro apoyo, pero nuestros votos no son para salvar a ningún Gobierno de Madrid, son únicamente para defender a Cataluña y a los catalanes.

Muchas gracias. (Aplausos).

Este real decreto ley tiene dos objetivos muy claros: seguir acompañando a La Palma en su recuperación y permitir que las comunidades autónomas puedan impulsar nuevas inversiones con recursos que ya tienen. Son dos objetivos distintos que responden a una misma idea. Cuando existen necesidades sociales, económicas o territoriales, las instituciones debemos estar a la altura, como lo están hoy mis compañeros acompañando en el desahucio a Maricarmen. (Aplausos).

En primer lugar, hablaremos de La Palma. Ya han pasado cinco años desde la erupción del Tajogaite —‌cinco años— y, sin embargo, basta leer el real decreto o visitar la zona para comprender que la reconstrucción no ha terminado. Todavía hay personas agricultoras que necesitan una nueva moratoria para hacer frente a sus préstamos. Todavía hay personas trabajadoras autónomas que requieren medidas extraordinarias para mantener su actividad y todavía hay explotaciones que siguen recuperándose de los daños causados por la erupción o que son construidas sobre una nueva colada. Por eso, apoyamos que se mantenga durante 2026 la deducción en el IRPF para las personas residentes en la isla y que se movilicen nuevos recursos para compensar pérdidas de producción, reconstruir infraestructuras agrarias y recuperar explotaciones afectadas.

Pero estamos hablando de la agricultura, que es una de las columnas vertebrales en La Palma; es empleo, es cohesión territorial, es identidad y es arraigo. La principal cooperativa agraria de la isla, Cupalma, agrupa más de 2450 personas agricultoras, genera 300 empleos directos y supera los 60 millones de euros al año de facturación. Cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos únicamente de carreteras, fincas o infraestructuras; hablamos de familias, de proyectos de vida, de mujeres rurales y agricultoras que sostienen buena parte de la actividad económica, y de los cuidados, que defiende la juventud que decide quedarse en la isla y defiende nuestros territorios.

La erupción duró ochenta y cinco días. La reconstrucción económica, social y emocional de una isla necesita mucho más tiempo y con este real decreto ley se lo queremos ofrecer, porque necesita que las instituciones sigamos acompañando a quienes todavía están reconstruyendo sus vidas.

El segundo gran elemento de este decreto tiene que ver con la inversión pública. La norma permite que determinadas comunidades autónomas puedan utilizar parte del superávit, es decir, recursos que ya tenían. Y aquí conviene hacer una reflexión política de fondo. Que necesitemos una autorización específica para invertir en vivienda pública, en transición ecológica o en resiliencia climática significa que seguimos, en buena medida, bajo la arquitectura económica de la austeridad. Es una arquitectura que durante demasiado tiempo ha limitado la capacidad de las Administraciones para responder a las necesidades de la ciudadanía. Y creo que ha llegado el momento de liberarnos definitivamente de esa lógica. Porque la pregunta no es si podemos invertir, la pregunta es si podemos permitirnos no hacerlo, y no hacerlo para mejorar la vida de la gente. ¿Podemos permitirnos no ampliar el parque público de vivienda cuando miles de jóvenes no tienen acceso a una vivienda digna? ¿Podemos permitirnos no invertir en adaptación al cambio climático cuando sus efectos ya forman parte de nuestro día a día? ¿Podemos permitirnos no invertir en eficiencia energética cuando sabemos que reduce costes para familias, Administraciones y empresas? No podemos.

Por eso nosotras creemos en un proyecto de país y de futuro que invierta en vivienda social y que esté protegida permanentemente, que forme parte del parque público; es decir, inversiones financieramente sostenibles para garantizar el derecho a la vivienda y también para fortalecer nuestra economía, nuestra cohesión social y nuestro futuro colectivo. También en adaptación y mitigación al cambio climático, en eficiencia energética, para que podamos levantar la vista y ver una tierra en la que haya libertad, paz y autonomía energética.

Por eso vamos a apoyar este real decreto ley, porque La Palma necesita nuestro apoyo y porque las familias agricultoras, las cooperativas y las personas trabajadoras autónomas merecen que las instituciones las acompañemos hasta culminar la reconstrucción y porque creemos que una política fiscal responsable no consiste únicamente en reducir deuda, sino también en invertir en garantizar derechos, fortalecer la cohesión territorial y mejorar la vida de la gente. Porque, al final, la política consiste precisamente en poner los recursos públicos al servicio de las personas y no dejar a nadie ni a ningún territorio atrás.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, señor Torres, creo que ha salido aquí la palabra Agenda Canaria como el marco que encuadra gran parte del contenido de este real decreto ley, y también así lo ha reproducido la señora Valido, diputada de Coalición Canaria. Yo creo que esto de la Agenda Canaria va a acabar denominándose popularmente como la estafa a Canarias, la estafa a los canarios. (Aplausos). Y va a estar protagonizada tanto por el Gobierno central como por el Gobierno autonómico, Coalición Canaria y Partido Popular, que aparentan que hacen algo a favor de los canarios, especialmente los que más lo necesitan, como son los damnificados de la erupción del Tajogaite, pero nada más lejos de la realidad. El dato más significativo es que han pasado cinco años desde la erupción, señor Torres, y sigue siendo necesario prácticamente el mismo sistema de ayudas que establecieron desde el principio. A lo mejor deberían darle una vuelta a que eso que han establecido no es adecuado, no es suficiente y, por lo tanto, deberían cambiar de criterio.

Y así se lo hicimos saber. Ya en diciembre de 2025 le aclaré que esta extensión, esta extrapolación de la bonificación del 60 % del régimen para los residentes de Ceuta y Melilla no es en absoluto adecuada para las ayudas que necesitan quienes han sido afectados por una erupción volcánica. Es una catástrofe natural. No tiene nada tiene que ver, entre otras cosas, señor ministro, porque uno de los requisitos son los tres años de residencia y el que acababa de comprar una casa en los municipios afectados acaba de empezar a residir ahí y no va a cumplir ese requisito. Por lo tanto, se pone de manifiesto que es un sistema absolutamente ineficaz, señor ministro.

Por otro lado, sí que sorprende lo rápido que actúan, señor ministro, para dar techo, cama, alimento y, por supuesto ―lo más importante―, carga y datos móviles a quienes, a las órdenes del rey de Marruecos, violentaron la frontera de Ceuta. (Aplausos). Para esos que han violentado la frontera, para los que están robando, violando —n‌ o sé si ha visto los datos: la media va ya por tres agresiones sexuales diarias en Ceuta, señor ministro—, para ellos todos son facilidades, parabienes y, sobre la marcha, les tramitamos los papeles, lo que haga falta, ¿verdad? Hacemos dispositivos especiales, todo lo que sea necesario. Y, sin embargo, para los damnificados de La Palma, que los tiene usted tan cerca en Canarias, ya que tan canario se siente, parece que no hay ese despliegue de medios. Esto, señor ministro, creo que se lo tienen que hacer mirar.

Además, tienen que entender que el dinero es un recurso escaso: lo que se destina para unas cosas no está disponible para otras. Y los datos que ha dado el mismo Gobierno de Canarias es que para la inmigración ilegal, el año pasado se hablaba de 155 millones. Y el viceconsejero de Presidencia de Coalición Canaria, Alfonso Cabello, decía que, por supuesto, eso era insuficiente, que no llegaba, que había que conseguir mucho más dinero del Estado: 155 millones. ¿Y usted recuerda lo que han traído o habilitado para que el Gobierno de Canarias pueda dedicar a los damnificados con el superávit? Cien millones; cien millones. Entonces, miren la desproporción.

Otro dato: ya ha reconocido el propio Gobierno de Canarias más de 20 000 euros al año por cada menor extranjero no acompañado. Señor Torres, no sé si se ha puesto alguna vez en la mente de esas familias canarias —‌y conocerá los datos, porque usted ha sido presidente del Gobierno de Canarias y acaba de anunciar que quiere volver a presentarse como candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias—: prácticamente la mitad de los jóvenes y de los niños de Canarias están en riesgo de pobreza, un 48 %. Esto es terrible. Y, sin embargo, no hay un despliegue, no hay un sistema de ayudas como sí lo tienen ustedes para los menores extranjeros no acompañados. Y, por cierto, habría que ver ―como estamos haciendo nosotros en los Gobiernos de los que formamos parte, como por ejemplo en Aragón—cuáles son menores y cuáles no. (Aplausos). Este es el primer dato, ya que están dedicando todo un sistema de ayudas y prestaciones para aquellos que ni siquiera son menores, que estafan al sistema de ayudas. Y, ya digo, es especialmente sangrante en una comunidad como Canarias, donde el 50 % de los niños está en riesgo de pobreza. Veinte mil euros por cada niño. Señor Torres, de verdad, no sé si se lo ha planteado o se lo puede decir a la cara a las familias, a los padres y madres de familia en Canarias.

Después, artículos 4 y 5 del real decreto ley sobre la prórroga de las moratorias de préstamos y créditos conseguidos en octubre de 2021. Bien, la prórroga sigue siendo necesaria hoy en día por dos razones: o porque no ha llegado ese préstamo o porque ha sido insuficiente. No hay otra razón. Insisto, tienen que plantearse este sistema de ayudas que, cinco años después, no sirve para nada.

El Gobierno se empeña en repetir la mezquindad que ha cometido con varios reales decretos leyes, mezclando cosas absolutamente necesarias —a‌ las que nadie se opondría— con otras a las que, por supuesto, cualquier persona con sentido común se opondría y que solo están hechas para garantizar la permanencia de P. S. —e‌ l jefe de la banda del Peugeot— en el Gobierno. (Aplausos). Por cierto, la portavoz de SUMAR no ha dicho nada, tampoco lo ha dicho la diputada de Coalición Canaria, ni usted mismo ha dado muchas explicaciones respecto de esos 17 millones de euros para el Concierto Económico vasco, ese cupo que nadie sabe cómo se calcula. Señor Torres, ¿de verdad tenía que ponerlo en el real decreto de las ayudas a La Palma? Yo creo que esto es otra vergüenza que no tiene ninguna explicación.

Como le digo, aspiramos a que un Gobierno socialcomunista al menos ayude a los españoles como lo está haciendo con los que invaden nuestra frontera. Usted, precisamente, es el que está en el mando único y, si no quiere ayudar a los españoles, lo que tiene que hacer es dimitir e irse. Y si no —‌y miro ahora a sus señorías del Partido Popular—, activar el artículo 102 por traición, que es lo que han hecho: traicionar a los españoles en el caso de Ceuta y hacer dejación en tantos otros temas como las ayudas a La Palma.

Nada más, muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Antes de comenzar con lo que verdaderamente importa, yo me tengo que dirigir, después de lo que ha ocurrido hoy, a las señorías del Grupo Popular. Esta doctrina Sémper que ustedes utilizan de «no van a dejar los insultos hasta que Feijóo sea presidente», «no van a evitar los desahucios hasta que Feijóo sea presidente», ¿también se extiende a que no van a dejar de portar armas al hemiciclo hasta que Feijóo sea presidente? (Aplausos). Han dado muchísima vergüenza hoy. Han dado muchísima vergüenza. Y les voy a decir dos cosas: una, que Feijóo no va a ser presidente —‌les hago spoiler—; no podemos dejar que gente como ustedes gobierne en este país, y lo vamos a conseguir. Y otra, felicitar a la presidenta (aplausos), que ha sido tajante. Hay líneas que no se pueden rebasar, hay líneas que son muy rojas y ustedes se han pasado mucho de frenada. (Aplausos.―El señor De Olano Vela pronuncia palabras que no se perciben). Podrá insultarme desde ahí.

Yo aquí solo les recordaré lo que son ustedes. (Aplausos).

Y me centro, porque lo merece… (El señor De Olano Vela pronuncia palabras que no se perciben).

Gracias, presidente. Me centro en lo que verdaderamente importa o lo que hoy me da el orgullo de estar aquí: poder hablar y defender otra vez a La Palma, defender a mi tierra, que es la razón por la que yo estoy en este hemiciclo. Tengo que recordar que el sábado pasado, 19 de septiembre, se cumplían cinco años de la erupción, de cuando comenzaba la erupción en la isla de La Palma. Y es inevitable emocionarse porque fue algo horrible. Nos enfrentamos a algo nuevo. Sabíamos que era un monstruo de lava que se llevaba todo por delante y sabíamos la dificultad de recuperarnos de aquello. Sabíamos lo difícil que iba a ser, pero sabíamos que íbamos a estar allí para ayudar a los palmeros y a las palmeras a recuperar su vida. Hemos estado allí. Y estuvo —‌y lo recuerdo desde el minuto uno— el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Aplausos). Estuvo el presidente de Canarias en aquel momento, Ángel Víctor Torres. Y estuvieron no solo para hacerse una fotografía, compañeros; estuvieron para decirle a los palmeros y a las palmeras a la cara que estaban ahí, que iban a hacer todo lo posible y que toda la ayuda que fuera necesaria iba a llegar en ese momento, ahora y siempre. Y aquí seguimos: cumplimos la palabra dada.

Lejos de titulares vacíos de quienes quisieron aprovechar y aprovecharon con fines partidistas y electoralistas aquella tragedia, la reconstrucción hoy en día es un hecho. Pero sabemos, además, que fue posible porque había una conjunción perfecta: en el Estado y en Canarias gobernaba el Partido Socialista, y hay que decirlo porque eso es así. Y hoy seguimos gobernando en el Estado, y a Canarias y a La Palma no les falta la ayuda. Y también porque estabas tú, Ángel ―y me voy a dirigir a ti, porque nos ha tocado pasar en esta legislatura muchísimas cosas―; a ti te ha tocado vivir muchísimas tragedias y, una tras otra, has estado ahí, con aplomo, con honestidad. (Aplausos). No has huido, no te has escondido, con tu responsabilidad y tu alma. Y por eso hoy eres el mando único en Ceuta y por eso Ceuta será un problema que resolvamos. (Aplausos).

Señorías, aún queda trabajo. Tenemos que convalidar este real decreto hoy porque queda trabajo. Se ha hecho mucho por La Palma, pero hay que seguir haciendo, hay que seguir ayudando. Y una cosa clave y fundamental para los palmeros y para las palmeras es ese 60 % del IRPF, esa bonificación, porque necesitan que sus nóminas tengan un poco más de margen para hacer frente a una vida que quedó destrozada. Ese 60 % significa que el Estado deja de recaudar 100 millones de euros, pero 100 millones de euros que se quedan en La Palma, en los bolsillos de quienes aún lo necesitan para recuperar la normalidad. Además ―y lo explicaba el ministro―, son otras medidas las que complementan este paquete: la renovación de la prestación por desempleo para los autónomos afectados por la erupción, pero también, y es muy importante, la suspensión de los créditos para aquellas personas que perdieron su forma de ganarse la vida y aun así tenían que seguir haciendo frente a hipotecas y a créditos que tenían contraídos. Pero es que, además, se ha habilitado una partida específica para La Palma, para que el Gobierno de Canarias pueda destinar 100 millones de euros adicionales a recuperar las infraestructuras de La Palma, sobre todo de nuestro sector agrario que tanto lo necesita para volver a ser ese paraíso del plátano que era. Estas son medidas muy importantes para mi tierra, y me dirijo a la señoría de Coalición Canaria, a la señora Valido, porque quiero recordarle que no somos nosotros quienes gobernamos ahora en Canarias, pero hemos seguido cumpliendo con La Palma y con nuestro acuerdo de investidura con ustedes, y que siempre, gobierne quien gobierne en nuestra tierra, vamos a cumplir con Canarias. (Aplausos). Solo les pido, señora Valido, que los palmeros lo noten, que se hagan bien las cosas, que se ejecuten bien las partidas. Espero que sea así.

Y ahora me dirijo nuevamente a las señorías del Grupo Popular. Les pido que voten a favor de la convalidación de este real decreto ley. Ojo, ustedes gobiernan en Canarias junto a Coalición Canaria y parecería una obviedad tener que pedirles el voto, ya que esto significa más recursos para su Gobierno, para su gestión, pero sabemos, porque la experiencia así lo avala, que no sería la primera vez que una estrategia, la estrategia del señor Feijóo, se impone a los intereses de Canarias. Sería, por desgracia, que una vez más los diputados del Grupo Popular aquí, en Madrid, votan en contra de los canarios y de las canarias. Confío en que hoy impere el sentido común y que al menos los diputados canarios del Grupo Popular puedan votar a favor de esta convalidación.

Además, hay muchas más razones para votar a favor. Resulta que este real decreto no solo mira a Canarias, sino que permite a todas las comunidades autónomas que tuvieron superávit en 2025 que puedan destinar estas cantidades a inversiones financieramente sostenibles y no solo a pagar la deuda. Es más, aquellas ocho comunidades que lo han hecho muy bien, es decir, que han rebajado su deuda un 12 % del PIB regional, pueden dedicar sus inversiones más ampliamente y, además, durante más plazo, hasta 2028. El transporte, la sanidad, la vivienda que tanto nos preocupa, esas cantidades deben ir destinadas a eso.

Acabo. Se me ha ido el tiempo de las manos y quería decirles muchas cosas más que importan a nuestras comunidades autónomas y a Canarias, pero no quiero dejar de decir que todo el dinero que envía el Estado, todo el dinero de las entregas a cuenta estos siete años, con mayores cantidades, las medidas que estamos adoptando de la condonación de la deuda, el nuevo sistema de financiación más justo y mucho más generoso, todo esto tiene sentido si luego se ejecuta bien, si las Administraciones que tienen que ejecutar esos presupuestos, que tienen que hacer que los vecinos y las vecinas de su territorio lo noten y mejoren su vida, los ejecutan bien.

Finalizo, presidente. Quiero pedirles a todos el voto a favor. Les agradezco a todos los grupos la sensibilidad con mi tierra. Y les digo a las señorías del PP: no pongan más obstáculos a que La Palma recupere su normalidad. Si hoy ustedes no votan a favor, lo que están haciendo realmente es quitarle las ayudas a la isla de La Palma.

La gente está cansada.

Yo lo estoy; estoy cansada del no por el no y de la baja política. Por favor, recapaciten.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, escuchaba a la portavoz socialista empezar su intervención dándonos demasiados consejos. Yo no le voy a dar ningún consejo, simplemente le voy a decir una cosa: lo que les tendría que dar vergüenza es contactar con la mafia para intentar liquidar a una juez. Eso sí que les tendría que dar vergüenza. (Aplausos). Señor ministro, entenderá que yo no le haga una declaración de amor, no estoy aquí para eso. Cuando hablamos de dinero público y de reglas fiscales, hay tres preguntas muy sencillas: quién pone el dinero, quién puede utilizarlo y con qué criterio. La primera respuesta la encontramos en La Palma. Cinco años después, muchos son los problemas que persisten, muchos son los afectados que denuncian retrasos y mala gestión. Cinco años después, nos encontramos con que muchas familias siguen viviendo en contenedores habilitados. Es así. Y cinco años después se vuelven a aplazar, como se ha recordado aquí en unas cuantas ocasiones, seis meses determinados de préstamos agrarios. Bien, pero también se tienen que modificar otra vez las reglas para facilitar a los autónomos el acceso a la prestación extraordinaria por los ceses de actividad. Usted ha hablado, señor ministro, de 100 millones. Le diré que 100 millones estaban comprometidos para 2025 y no fueron transferidos. Y ahora lo que hace este real decreto es autorizar 100 millones de euros de los propios recursos de los canarios a esos efectos, y eso usted no lo ha dicho. Autoriza a Canarias a poner 10 millones, pero de sus propios recursos. Y con el impuesto de la renta ―que tampoco lo ha dicho― se vuelve a llegar tarde, porque se prorroga para 2026 la deducción del 60 %, con el ejercicio ya avanzado, por una gran falta de previsión. Señorías, señor ministro, la vida no admite prórrogas ni aplazamientos ni treguas mientras la Administración decide, mientras su Gobierno toma decisiones, porque las consecuencias son graves. El Gobierno ha tenido cinco años para responder con mayor eficacia y con mayor agilidad, y no lo ha hecho. La Palma necesitaba un plan serio, eficiente, concreto, más consensuado, y no es precisamente la eficacia ni la eficiencia lo que lo ha caracterizado. (Aplausos).

Señorías, aquí no solamente asumimos el debate sobre este real decreto en lo concreto a La Palma, estamos hablando de un paso más, de un paso mucho más amplio: cambiar las condiciones en las que determinadas comunidades autónomas pueden utilizar sus propios recursos. El decreto establece dos mecanismos ―aquí se ha hablado y quisiera ser claro al respecto―: el primero es utilizar en 2026, 2027 y 2028 los superávits y los excesos de financiación pendientes de compensar al cierre de 2025 para inversiones. El requisito de este primer espacio de protección está en que esas comunidades autónomas tengan una deuda inferior al 12,4 % de su PIB regional. El segundo permite utilizar el superávit de 2025 para los años 2026 y 2027 ―no para 2028― y para inversiones financieramente sostenibles ―no solamente para inversiones, sino para aquellas que cumplan el requisito del artículo 3: estabilidad presupuestaria, no incurrir en déficit en el ejercicio, pago a proveedores; sostenibilidad financiera―. No es lo mismo, porque después empiezan con los déficits y hay que aplicar los planes económico‑financieros, que, por cierto, no voy a entrar, pero dejan mucho que desear.

En el primer mecanismo están Navarra, Canarias, Asturias y País Vasco; en el segundo, Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia. Y aquí hay una cuestión fundamental: ¿por qué el 12,4? Asturias tiene el 12,3, una décima por debajo. Qué precisión. ¿Qué ocurre aquí? Pues que a Barbón le han hecho un traje financiero a medida, esperando que el precio sea que les apoye su modelo de financiación autonómica, está muy claro. (Aplausos). El decreto no identifica ninguna norma ni ninguna regla fiscal europea ni ningún criterio de Eurostat. La Ley de Estabilidad Presupuestaria marca el 13 % como límite y ustedes marcan el 12,4 %. Y la pregunta es: ¿qué informe técnico sustenta esto? ¿Y por qué no entran todas las comunidades con superávit? Porque son Gobiernos del Partido Popular, claro. Y si existe justificación técnica, presenten el informe, expliquen el cálculo, porque las reglas no deben determinar el resultado, es el resultado el que tiene que determinar precisamente la regla. (Aplausos). Señor ministro, primero eligen al beneficiado, después fabrican la regla y, en tercer lugar, dicen quién paga las consecuencias. No saben ni disimular, el descaro es absoluto. En lugar de medidas aisladas, le voy a proponer una cosa, ¿por qué no se aborda la financiación autonómica de una manera seria, con criterios objetivos, con sostenibilidad financiera, con igualdad de todos los españoles independientemente de su lugar de residencia y de forma multilateral, no de forma bilateral? Rechazamos la quita de la deuda, por supuesto, porque es un chantaje. Y no se puede reducir todo al Partido Popular, hay otras comunidades, como Castilla‑La Mancha o Asturias, que ya saben que están en contra. Y déjense de excusas, la financiación de todos, señor ministro, no puede estar depositada en un personaje como Junqueras, que así es como ha comenzado todo esto. (Aplausos). Además, el real decreto tiene una sorpresa en su disposición, son 50 millones de financiación complementaria para el sistema de dependencia. No cuestionamos el régimen foral, pero cómo se calculan, qué obligaciones se financian, qué variables se utilizan, cómo se regularizan, si existe o no la posibilidad de la doble financiación. Porque respetar la singularidad foral es sencillamente cumplir la ley. La singularidad no puede, precisamente, significar opacidad.

Señorías, esta forma de gobernar deja mucho que desear. Llevan demasiado tiempo actuando en un escenario de grave desgaste político e institucional, y un buen ejemplo lo encontramos en la invasión de Ceuta, que marca un nivel de debilidad política jamás imaginado en nuestra democracia reciente. Ceuta cuenta su historia por siglos y lo seguirá haciendo. A Sánchez le quedan meses. España no merece pagar el precio de la supervivencia de Sánchez. Ustedes, señores del Gobierno, sabrán si les merece la pena. A los chantajistas que hoy les apoyan, ya sabemos que sí. Les guste o no, nos vemos en las urnas.

Muchas gracias. (Aplausos).