Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde, de novo…

Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes nuevamente… (Rumores).

Achamos que a aprobación definitiva desta lei é unha moi boa noticia. É porque a pesar das limitacións e de que nalgúns aspectos nos parece insuficiente, incorpora medidas que van na boa dirección e poden contribuír para mellorar a calidade de vida e o benestar da poboación, particularmente de sectores especialmente vulnerábeis.

A lei pasou por un proceso de tramitación que foi mellorando o texto inicial. Así, por exemplo, a pesar de que inicialmente o goberno vetou as emendas do BNG relativas ao incremento de fondos destinados ao financiamento da dependencia, no debate que se produciu e resultado dunha demanda moi maioritaria das distintas forzas políticas e tamén dos colectivos sociais foi incorporada a lei de forma expresa ao financiamento de 50 % do gasto total certificado, algo que levabamos moitos anos reclamando e que até o de agora nunca se fixera efectivo.

Do Senado volta con algunha emenda que precisa máis, como se debe producir ese financiamento en cada comunidade autónoma. E xa avanzo que en relación coas emendas incorporadas no Senado votaremos a favor de quince delas que nos parece que melloran o contido da lei, mentres que nos as queremos ou votaremos en contra do resto. De calquera maneira, sae unha lei que podendo ser máis ambiciosa, iso é innegábel e é verdade que amplía as prestacións, facilita a compatibilidade, mellora a asistencia persoal e marca como obxectivo garantir un proxecto de vida independente a atención non institucionalizada. En todo caso, a principal preocupación do BNG xa é asegurar que vai haber recursos necesarios para garantir prestacións dignas suficientes, atención integral e unha remuneración digna e con dereitos sociais de todas as persoas coidadoras, tanto no ámbito familiar como das que integran o Servizo de Axuda no Fogar. Porque non podemos esquecer ás persoas —f‌undamentalmente mulleres— que atenden ás tarefas de coidados.

Polo menos no caso da Galiza, o persoal do SAF, do Servizo de Axuda no Fogar, está a desenvolver a súa función de forma moi precaria, entre outras cousas, pola falta dun financiamento adecuado dos concellos, que son os que neste momento están a asumir este servizo, aínda que non debería ser así. Precisamente do punto de vista do BNG é necesario camiñar cara un modelo diferente que asegure mellores condicións para unha adecuada prestación dos coidados. Por iso defendemos un único servizo público galego de coidados ben financiado, que poida atender adecuadamente ás persoas que o precisan e contribuír para a mellora da calidade de vida e do benestar da nosa sociedade. Mais insisto, para iso é necesario un financiamento á altura das necesidades, porque se non a lei, pois será máis unha vez —‌e esperemos que non sexa así— papel mollado.

En todo caso, nós creo que contribuímos coas nosas achegas ás melloras que se produciron na lei. Polo tanto, declarámonos satisfeitos co resultado.

Moito obrigado.

Nos parece que la aprobación definitiva de esta ley es una muy buena noticia, y lo es porque, a pesar de las limitaciones y de que en algunos aspectos nos parece insuficiente, incorpora medidas que van en la buena dirección y que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población, particularmente de aquellos sectores especialmente vulnerables.

La ley pasó por un proceso de tramitación que fue mejorando el texto inicial. Así, por ejemplo, a pesar de que inicialmente el Gobierno vetó las enmiendas del BNG, relativas al incremento de fondos destinados a la financiación de dependencia, en el debate que se produjo y como resultado de la demanda, muy mayoritaria, de las distintas fuerzas políticas y también de los colectivos, se incorporó a la ley de manera expresa la financiación del 50 % del gasto total certificado, algo que llevábamos ya reclamando desde hacía varios años y que, hasta ahora, nunca se había hecho efectivo.

Del Senado regresa con alguna enmienda que precisa un poco más de cómo se debe producir esa financiación en cada comunidad autónoma. Y avanzo que, en relación con las enmiendas incorporadas en el Senado, votaremos a favor de quince de ellas, que nos parece que mejoran el contenido de la ley, mientras que nos abstendremos o votaremos en contra del resto. En cualquier caso, sale una ley que, aun pudiendo ser más ambiciosa, es cierto que amplía las prestaciones, facilita la compatibilidad, mejora la asistencia personal y marca como objetivos la garantía de un proyecto de vida independiente y de atención no institucionalizada.

En todo caso, la preocupación principal del BNG es asegurar que habrá recursos necesarios para garantizar prestaciones dignas, suficientes, atención integral y una remuneración digna y con derechos sociales de todas las personas cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como de las que integran el servicio de las ayudas al hogar, porque no podemos olvidar a las personas, fundamentalmente mujeres, que atienden las tareas de los cuidados. Por lo menos, en el caso de Galicia, el personal del Servicio de Ayuda al Hogar, el SAF, está desarrollando sus funciones de manera muy precaria, entre otras cosas, por la falta de financiación adecuada de los ayuntamientos, que son los que en este momento están asumiendo este servicio, aunque no debería ser así.

Precisamente, desde el punto de vista del BNG, es necesario caminar hacia un modelo diferente que asegure mejores condiciones para una adecuada prestación de los cuidados. Por eso, defendemos un único servicio público gallego de cuidados, bien financiado, que pueda atender adecuadamente a las personas que lo necesitan y contribuir a la mejora de la calidad de vida y del bienestar de nuestra sociedad. Pero, insisto, para ello es necesario tener una financiación a la altura de las necesidades, porque, si no, la ley será, una vez más ―y esperemos que no sea así― papel mojado.

En todo caso, nosotros, creo que hemos contribuido con nuestras aportaciones a las mejoras de la ley y, por lo tanto, nos declaramos satisfechos con el resultado.

Gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Hoy, quiero empezar mi intervención pensando en aquellas personas que necesitan ayuda para levantarse de la cama, para ducharse, para comer y para poder salir de casa. Y también quiero pensar en sus familias, en esa madre que cuida, en esa pareja, en ese hijo que lleva también años atendiendo a su ser querido. Una especial mención quiero dar a la Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales. Ellas saben lo que significa cuidar porque muchas veces han tenido que dejar sus trabajos, renunciar a su tiempo libre y poner su propia vida en un segundo lugar, porque las ayudas no llegan, porque nadie atiende sus necesidades. A esas personas les debemos mucho más que buenas palabras; les debemos derechos para que puedan cubrir esas necesidades. Esta ley contiene avances importantes, pero tenemos que ser claros. Un derecho no es real si la financiación no llega; un derecho no es real si no llega a tiempo, y un derecho no es real si depende de si vives en un lugar u otro de este país. Y, por eso, aquí queremos hacer mención a las enmiendas que vienen del Senado porque, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de cuidados, no podemos perder la vista lo esencial, y lo esencial es que cualquier modificación que incorpore esta ley debe servir para ampliar, para mejorar y para garantizar derechos a las personas dependientes con discapacidad, a sus familias y a sus cuidadores. Por eso, señorías, debemos tener en cuenta que detrás de cada expediente hay una persona; que detrás de cada lista de espera hay una familia, y que detrás de cada prestación hay alguien que necesita que sean cubiertas sus necesidades para poder vivir una vida digna. No podemos pedir a las familias que tengan más paciencia; no podemos pedir a las familias que sigan esperando, cuando llevan años sosteniendo situaciones que deberían estar ya solucionadas. Y no podemos hablar de inclusión si un niño, una niña o un adolescente con discapacidad no cuenta con los recursos que necesita para participar plenamente en su educación y en su comunidad. Desde Podemos, vamos a defender una red pública de cuidado, el reconocimiento a las personas que cuidan y unas prestaciones suficientes y compatibles con las necesidades de las personas. Porque cuidar no puede convertirse en una condena a la precariedad, y porque las familias no pueden seguir soportando el peso en solitario de lo que debiera ser una responsabilidad colectiva de toda la sociedad de nuestro país. Solo así, las personas tendrán autonomía, solo así podremos hablar de verdad de inclusión, y solo así podremos darles a estas personas y a sus familias una vida con dignidad. Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. Arratsalde on, jaun‑andreok. Buenas tardes, señorías. Este proyecto de ley vuelve hoy al Congreso después de su paso por el Senado y hoy nos corresponde fijar nuestra posición definitiva. Y la posición del Grupo Vasco ha sido clara desde un principio: compartimos la necesidad de adaptar nuestra legislación al nuevo artículo 49 de la Constitución y de seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad, respetando los ámbitos competenciales de cada Administración, como finalmente así ha sido gracias a las enmiendas incorporadas por nuestro grupo. Respetar las competencias no supone ir contra los derechos de las personas con discapacidad o en situación de dependencia, y quien quiera hacer esa interpretación se equivoca porque reconocer derechos no exige imponer una única forma de organizar los servicios. Una ley estatal debe reconocer derechos y establecer garantías, pero también debe respetar los sistemas que ya existen y que funcionan. En Euskadi, contamos con un sistema propio de servicios sociales, gestionado por las instituciones vascas y con una participación fundamental de las diputaciones forales. Y porque tenemos experiencia y conocemos la realidad, hemos presentado enmiendas durante la tramitación con la finalidad de mejorar la ley. Algunas fueron aceptadas o transaccionadas, otras fueron rechazadas mediante votación y otras han sido vetadas, por lo que ni siquiera van a poder someterse a votación hoy en este Pleno. Conviene distinguirlo: unas no consiguieron el apoyo suficiente de la Cámara, a las otras se les ha impedido llevar a votación. El Grupo Vasco seguirá defendiendo su contenido porque consideramos que continúan siendo necesarias para aportar seguridad jurídica, evitar interpretaciones diferentes y garantizar la participación de las comunidades autónomas en las decisiones que afectan a sus competencias.

Quiero detenerme especialmente en la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, el CUME. Esta ha sido una de las cuestiones en las que más ha insistido el Grupo Vasco durante toda la tramitación de esta ley. Nos hemos reunido con las familias y conocemos los problemas a los que se enfrentan: diferencias de criterio entre las mutuas, exigencias documentales desproporcionadas, retrasos y revisiones que terminan siempre en tribunales. Señorías, estas familias ya tienen suficiente, no deberían verse obligadas a demostrar una y otra vez una situación que la Administración ya conoce. Tampoco deberían depender del criterio de la mutua que gestiona su expediente o del lugar en el que residan.

El Grupo Vasco presentó propuestas muy concretas: la creación de una unidad técnica en el Instituto Nacional de la Seguridad Social para tramitar y resolver con rapidez los expedientes del CUME; el establecimiento de criterios interpretativos comunes públicos y vinculantes para todas las entidades gestoras y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, y una prórroga excepcional del derecho a la prestación más allá de los 26 años. No pedimos ningún privilegio, pedimos algo tan elemental como que una misma ley se aplique de la misma manera y que todas las familias sepan a qué atenerse.

Estas propuestas se negociaron con otros grupos, hubo cesiones por todas las partes y se alcanzaron textos transaccionales que fueron firmados también por nuestro grupo. Y después de negociar y firmar ha llegado el veto. Queremos expresar nuestro rechazo más rotundo a esta forma de proceder, porque impide que se celebre una votación, y eso es mucho más grave. ¿Qué sentido tiene pedir a los grupos que negociemos si después se veta el resultado de esa negociación? ¿Qué valor tiene alcanzar y firmar una transacción si se puede bloquear antes de que los representantes de la ciudadanía tengan la oportunidad de pronunciarse? Esto no es respetar el trabajo parlamentario, es vaciarlo de contenido. El veto se ha utilizado como un muro para impedir el debate sobre soluciones concretas a problemas que todo el mundo conoce y que las familias llevan años denunciando. Se puede vetar una propuesta, pero no se puede hacer desaparecer el problema que esa propuesta pretendía solucionar, y no se puede pedir voluntad de acuerdo a los grupos para después impedir que los acuerdos alcanzados lleguen siquiera a votarse. Nos parece incoherente, injustificable y una falta de respeto al trabajo parlamentario y, sobre todo y lo que es peor, una falta de respeto a las familias afectadas.

El Grupo Vasco no va a dar este asunto por cerrado. Seguiremos exigiendo justicia para las familias porque la enfermedad y la dependencia no se acaban porque se cumplan 26 años, ni tampoco se acaba la necesidad de cuidar. También mantenemos nuestra reserva sobre aquellas partes de la ley que entran en un nivel de detalle excesivo y puedan condicionar la capacidad de las comunidades autónomas para organizar sus servicios, y votaremos en coherencia.

Por tanto, nuestra posición seguirá siendo constructiva, pero también exigente. Hemos negociado y contribuido a mejorar el proyecto, pero ser constructivos no significa guardar silencio cuando se ignora lo acordado, cuando se impide votar propuestas útiles o se invade el ámbito competencial de otras instituciones.

Jendeak arreta egokia jasotzen badu, nola bizi nahi duten libreki erabaki badezakete eta zaintzaileek erantzun azkarra eta oztopo gutxiago aurkitzen badituzte, hori izan beharko litzateke denon helburua.

Si la gente recibe una buena atención, si pueden decidir cómo vivir libremente y si las y los cuidadores encuentran menos obstáculos, este sería nuestro objetivo.

Al final, esta ley será verdaderamente útil si las personas reciben una atención adecuada, si pueden decidir con mayor libertad cómo quieren vivir y si quienes las cuidan encuentran respuestas rápidas y menos obstáculos.

Mila esker.

Mahaiburu eta jaun‑andreak. Hoy llegamos a la votación final de una ley que afecta directamente a la vida de miles de personas y de miles de familias. Creo que conviene empezar precisamente por ahí porque, efectivamente, detrás de cada expediente hay siempre una persona, la mayoría de las veces una familia y normalmente una mujer: una persona que necesita apoyo para vivir, una familia que a menudo lleva años en una situación límite, y demasiadas veces una mujer que ha tenido que renunciar a su empleo, a sus proyectos, a una parte de su propia vida para poder cuidar. Cuando hablamos de dependencia, cuando hablamos de cuidados, no estamos hablando únicamente de prestaciones, de procedimientos administrativos o de catálogos de servicios, estamos hablando, sobre todo, de cómo queremos vivir, de cómo queremos ser cuidados y de cómo queremos cuidar.

Gaur bozkatuko dugun legeak horretaz guztiaz hitz egiten du eta posible izan da, neurri batean, laburki gogorarazi nahiko nukeen aldez aurreko urrats bati esker. Konstituzioaren 49. artikuluaren erreforma. Hizkuntza eguneratu, eskubideak aitortu eta autonomian, bizitza independentean eta berdintasunean oinarritutako politika publikoei ateak ireki zizkien erreforma hark. Gaur eztabaidatzen ari garen lege honek esparru berri hori garatzen du, eta printzipio horiek berme zehatz bihurtzen saiatzen da. Eta hori garrantzitsua da. Izan ere, egungo sisteman, zerbitzu publikoak nahikoak ez direnean, mendekotasuna duen pertsonak izateak zigorra dakar berarekin. Milaka eta milaka familia zigortzen ditu sozialki eta ekonomikoki.

Zaintza beharrak, era batera edo bestera, gure bizitzetan daude. Pertsona guztiok behar izan dugu, behar dugu edo behar izango dugu zaintza. Denok egongo gara noizbait aldi baterako edo betiko mendekotasun egoeran. Eta hala ere, oso urrun gaude behar horiei behar bezala erantzungo dien sistema publiko bat edukitzetik.

La ley que votamos hoy trata de todo esto y ha sido posible, en parte, gracias a un paso previo que me gustaría recordar brevemente, la reforma del artículo 49 de la Constitución. Una reforma que actualizó el lenguaje, reconoció derechos y abrió la puerta a políticas públicas basadas en la autonomía, una vida independiente e igualdad. Esta ley que hoy debatimos desarrolla este nuevo marco y trata de convertir estos principios en garantías concretas. Eso es muy relevante porque, en el sistema actual, cuando los servicios públicos son insuficientes, el hecho de ser una persona dependiente trae un castigo consigo: castiga social y económicamente a miles y miles de familias.

La necesidad de cuidado, de una manera u otra, está en nuestra vida. Todas las personas hemos necesitado, necesitamos o necesitaremos cuidados; todos y todas estaremos en algún momento en situación de dependencia, de manera temporal o permanente. Sin embargo, nos encontramos muy lejos de responder mediante un sistema público que se adecue a estas necesidades.

El proyecto que debatimos intenta mejorar algunas de todas estas cuestiones ―a nuestro juicio, claramente, le falta valentía―, pero reconocemos que incorpora avances que van a mejorar la vida cotidiana de miles de familias en el complicado contexto social y político actual. En Euskal Herria Bildu hemos trabajado para que esos avances sean mayores y para que el texto responda mejor a las necesidades reales de las personas afectadas. La verdad es que hemos conseguido incorporar cuestiones importantes, de las que me gustaría recordar unas pocas. Hemos acortado el procedimiento de valoración de la dependencia fijando un plazo máximo de tres meses, que cuando se habla en un despacho puede parecer poco tiempo, pero cuando una familia está esperando una valoración para poder acceder a los recursos que necesita, cada semana, cada día, se hacen eternos. Reducir esas esperas es una cuestión de justicia y, sobre todo, es una cuestión de dignidad. Hemos conseguido el reconocimiento de la figura del asistente personal como derecho, y hemos querido reforzar ese derecho incorporando un marco formativo para el acceso al empleo y para el desempeño profesional de quienes prestan esa asistencia.

También hemos avanzado en transparencia, introduciendo entre los datos esenciales del catálogo de servicios la titularidad de las plazas, diferenciando claramente entre plazas públicas y privadas. Esta no es una cuestión menor, porque una plaza privada pagada con dinero público y gestionada con ánimo de lucro no puede presentarse como si fuera equivalente a una plaza pública. No puede diluirse la oferta pública en unas cifras que no reflejan su verdadero peso. También hemos subrayado el carácter temporal de la prestación económica, dejando expresamente recogido que se garantizará esta prestación mientras no exista una plaza pública disponible, porque las personas afectadas no pueden esperar indefinidamente a que el sistema público tenga una respuesta.

Esta ley también incorpora una cuestión que para nosotras es fundamental, la perspectiva de género. Durante décadas, el peso de los cuidados ha recaído fundamentalmente sobre las mujeres y no por casualidad, sino por una discriminación histórica que ha tenido como consecuencia la limitación de sus oportunidades laborales, económicas y vitales. Por eso, transformar el sistema de cuidados significa también transformar las relaciones de género, y significa reconocer a las personas cuidadoras, protegerlas y cuidar a quienes cuidan. Junto a ello, incorpora también algo que durante demasiado tiempo se ha ignorado, el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia, porque hablar de derechos significa hablar de todos los derechos: de autonomía, de dignidad, de libertad, de vivienda, de cuidados y también de poder desarrollar una vida afectiva y sexual plena.

Esos son algunos de los avances conseguidos, pero, señorías, esta ley deja también cuestiones pendientes y, evidentemente, debemos señalarlas. Quedan pendientes deudas históricas con colectivos como las personas afectadas por la polio o quienes sufrieron esterilizaciones forzadas. Queda pendiente abordar la retroactividad de las prestaciones económicas desde la fecha de solicitud. Queda pendiente entender la dependencia también como una situación vital que puede ser temporal. Queda pendiente avanzar hacia la exención completa del copago, avanzar en los cuidados residenciales y domiciliarios. También queremos recordar que algunas medidas que consideramos muy importantes han sido vetadas y esperamos que se tramiten a la mayor brevedad utilizando los cauces más adecuados para ello. Todas estas son cuestiones que no podemos olvidar, porque aprobar esta ley no puede significar cerrar el debate; al contrario, tiene que significar abrir una nueva etapa. Por nuestra parte lo tenemos claro: los cuidados tienen que ocupar un lugar central en el futuro de nuestras sociedades.

Hezkuntza, osasuna edo pentsioak gure ongizate sistemen funtsezko zutabe bihurtu diren bezala, iraupen luzeko zaintzek ere pareko lekua izan behar dute gure eskubide, zerbitzu eta politika publikoen arkitekturan. Zaintza ezin delako izan familien barruan ebazten den erantzukizuna. Eta are gutxiago, batez ere emakumeoi dagokigun erantzukizuna. Zaintzea erantzukizun soziala da, eta zaintza bermatzea erakunde publikoen ardura.

Así como la educación, la sanidad o las pensiones se han convertido en pilares fundamentales de nuestros sistemas de bienestar, los cuidados de larga duración también deben ocupar un lugar equivalente en la arquitectura de nuestros derechos, servicios y políticas públicas, porque el cuidado no puede ser una responsabilidad que se resuelva en el seno de las familias y menos aún una responsabilidad que recaiga especialmente sobre las mujeres. Cuidar es una responsabilidad social y garantizar los cuidados es responsabilidad de las instituciones públicas.

Y, para ir terminando, queremos dar las gracias a todas las asociaciones, colectivos y personas que han participado en este proceso. Gracias por vuestras aportaciones, gracias por vuestro trabajo, gracias por vuestra claridad y, sobre todo, gracias por vuestro compromiso.

Señorías, obviamente esta ley no es perfecta, pero es un paso adelante. Un paso que puede mejorar la vida de miles de personas y que abre la puerta a seguir construyendo un sistema de cuidados público, justo y basado en derechos. En Euskal Herria Bildu vamos a seguir trabajando en esa dirección, porque nuestra responsabilidad es construir desde ya una sociedad en la que nadie tenga que elegir entre cuidar y vivir, entre ser cuidado y conservar su autonomía o entre tener derechos y poder ejercerlos. Una sociedad que cuide a quien necesita cuidados y que cuide a quien cuida.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies, president. Donem la benvinguda a les associacions que són aquí, a l’hemicicle i en altres sales. I bé, i comencem la nostra intervenció recordant el que ens van dir ahir oportunistes. Això és el que ens va dir la part socialista del Govern espanyol. Els grups que hem presentat esmenes al Senat per flexibilitzar la prestació CUME. Nosaltres no hem fet res més que acompanyar i donar resposta als CUME i per suposat, a la plataforma de famílies catalanes afectades ASFACUME i aquesta plataforma de famílies catalanes s’han manifestat avui i hem estat al seu costat, com també altres companys d’aquest hemicicle. La CUME és una prestació perquè els pares i les mares amb fills amb càncer o amb una malaltia molt greu puguin demanar una reducció de la jornada laboral per cuidar‑los, per estar amb ells, per compartir moments que poden ser molt durs, de dolor, d›angoixa, d›hores d›hospital o per ser amb ells a casa, perquè ningú millor que el pare o la mare per tenir cura dels seus fills. La CUME els compensa la pèrdua d’ingressos que comporta aquesta reducció. Però la prestació actual és gairebé inflexible i no té en compte que per equitat i per justícia hauria d’estar a l’abast dels dos progenitors. El PSOE ens ha vetat les esmenes que havíem aprovat al Senat i ara ens diuen oportunistes per fer la feina que haurien d’haver fet vostès per resoldre una situació que està estancada des de fa dos anys en un Reial decret llei que enlloc d’ampliar drets, els retalla o els posa data de caducitat. No entenen que quan un fill amb una discapacitat molt greu compleix els 26 anys, el problema no desapareix. No entenen que la necessitat de cuidar‑los segueix intentar corregir aquesta barbaritat és ser oportunista, no ésser oportú. Que no és el mateix, és ara. Ara que s’ha de resoldre el problema, però vostès també ens han vetat eliminar el límit d’edat. I no és l’únic dret que han fet caure. També han fet caure l’esmena per acabar amb el copagament de les persones en situació de dependència extrema. A mi m’agradaria que el Govern expliqui per què persones que s’han passat tota la vida cotitzant han de posar diners per poder tenir cuidadors que els poden salvar la vida. Què pensarien si algú els digués li financem la quimioteràpia, però en funció de la seva renda haurà de pagar una part. Oi que pensarien que això és una vergonya? Que això és inadmissible? Doncs també ho és que el Govern obligui a pagar l’atenció sanitària 24 hores quan estem parlant de persones en risc de mort evitable. Avui ens torna a acompanyar el Pepe Jiménez, a qui saludo des d’aquí. Li dono les gràcies. Veig que aixeca el braç. President de conELA. Amb ell hem treballat i amb altres amics i companys i ja part de la família, la llei ELA. I amb ell hem treballat també aquestes esmenes. A ell i a totes les persones amb l o amb altres malalties que esteu en situació de dependència extrema. Dir‑vos que lamentem la falta de sensibilitat del Govern espanyol. Aquest Govern que també ens ha vetat de nou la reducció de l’IVA de la majoria de productes de suport de les persones amb discapacitat. Estem parlant d’eines que permeten a una persona viure, comunicar, ser o ser autònoma. Alguns exemples perquè es facin una idea, un software que ajuda a comunicar. Ser una persona amb paràlisi cerebral. Una tablet que permet a un malalt d’ELA escriure amb seguiment ocular una grua per poder aixecar del llit un malalt. Alarmes visuals o vibratòries per a persones sordes. A tot això li claven el 21 % d’IVA perquè sembla que l’oportunitat d’omplir les arques d’Hisenda està per sobre de la justícia social. Qui és a qui l’oportunista?

La feina parlamentària per canviar positivament la vida de les persones no és oportunisme, és oportuna i meravellosa quan s’aconsegueixen fites importants i a Junts mantenint la posició. Us recordem, hem aconseguit. Hem fet possible que després de 20 anys carregant sobre les esquenes de les comunitats autònomes fins al 80 % del cost de la dependència, ara l’Estat estigui obligat a pagar el 50 % d’aquestes prestacions. Això ens permetrà tenir més recursos per a Catalunya i menys persones a les llistes d’espera. 83 000 catalanes i catalans esperen rebre una prestació a hores d’ara, una prestació que necessiten per viure dignament. 10 000 moren cada any atrapats en aquesta llista d’espera de desesperança.

També hem introduït un reforç per garantir el control sobre l’organització i gestió dels serveis socials perquè les competències de Catalunya ja ho saben. Per això no es toca. Hem ampliat de manera molt important la protecció de les persones amb dependència extrema. Com sempre, els diem pagar una prestació amb la mà dreta i restar una altra amb la mà esquerra és deixar fora de la llei la de l’atenció especialitzada 24 hores, la tercera part de la dependència extrema o arruïnar aquestes famílies encara més gràcies a l’esmena. Javi Gámez, que en uns pocs dies Javi la veuràs publicada al Butlletí Oficial de l’Estat, ja no se’ls deduirà el complement de gran invalidesa o l’assignació per fill a càrrec major de 18 anys amb discapacitat greu o la pensió d’invalidesa no contributiva o el subsidi d’ajuda a tercera persona.

També hem aconseguit, com sempre, treballant colze a colze amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, la bonificació del 90 % de les quotes de la Seguretat Social dels entrenadors d’equips d’esport adaptat i inclusiu per facilitar la pràctica esportiva a les persones en aquesta situació. Per acabar, vull tenir unes paraules de record i d’agraïment pel Siscu Morell, de Cambrils, que ens va deixar fa uns dies. Els amics del swing. Ella i tots nosaltres els recordarem sempre. Són notícies difícils, especialment per a altres malalts d’ELA, com ara la Hilde o el Jordi Sabater.

I acabo parlant d’ells dos perquè són exemple, no com ara jo, de com posar alegria i llum a la foscor de Recordar‑nos cada dia que avui és el millor dia. I el Jordi dient‑nos des dels seus vídeos irreverents i divertits. L’humor no nega l’horror, però el fa habitable.

Muchas gracias, presidente. Damos la bienvenida a las asociaciones que están hoy aquí en el hemiciclo y en otras salas. Y empezamos nuestra intervención recordando lo que nos dijeron ayer: oportunistas. Esto es lo que nos dijo la parte socialista del Gobierno español a los grupos que hemos presentado enmiendas en el Senado para flexibilizar la prestación CUME. Nosotros no hemos hecho nada más que acompañar y dar respuestas a la CUME y, por supuesto, a la plataforma de familias catalanas afectadas. ASFACUME y esta plataforma de familias catalanas se han manifestado hoy y hemos estado a su lado, como también otros compañeros de este hemiciclo. La CUME es una prestación para que los padres y madres de hijos con cáncer o con una enfermedad muy grave puedan pedir una reducción de jornada laboral para cuidarlos, para estar con ellos, para compartir momentos que pueden ser muy duros, de dolor, de angustia, de horas de hospital, o para estar con ellos en casa, porque no hay nadie mejor que una madre o un padre para cuidar a sus hijos. La CUME les compensa la pérdida de ingresos que supone esta reducción. Pero la prestación actual es casi inflexible y no tiene en cuenta que, por equidad y por justicia, tendría que estar en manos de ambos progenitores. El PSOE nos ha vetado las enmiendas que habíamos aprobado en el

Senado y ahora nos llaman oportunistas. ¿Por hacer el trabajo que tendrían que haber hecho ustedes? ¿Por resolver una situación que está estancada desde hace dos años en un real decreto ley que, en vez de ampliar derechos los recorta o les pone fecha de caducidad? ¿No entienden que cuando un hijo con una discapacidad muy grave cumple los 26 años, el problema no desaparece? ¿No entienden que la necesidad de cuidarlos sigue? ¿Intentar corregir esta barbaridad es ser oportunista? No. Es ser oportuno, que no es lo mismo. Es ahora, ahora, cuando se tiene que resolver el problema. Pero ustedes también nos han vetado eliminar el límite de edad y no es el único derecho que han hecho caer. También han hecho caer la enmienda para terminar con el copago de las personas en situación de dependencia extrema. A mí me gustaría que el Gobierno explicara por qué personas que se han pasado toda la vida cotizando tienen que poner dinero para poder tener cuidadores que les pueden salvar la vida. ¿Qué pensarían si alguien les dijera: Le financiamos la quimioterapia, pero en función de su renta tendrá que pagar una parte? Seguro que pensarían que es una vergüenza, que es inadmisible. Pues también lo es que el Gobierno obligue a copagar la atención sanitaria veinticuatro horas cuando estamos hablando de personas en riesgo de muerte evitable.

Hoy nos vuelve a acompañar Pepe Jiménez, a quien saludo desde aquí. Le doy las gracias ―veo que levanta el brazo―, presidente de ConELA. Con él hemos trabajado y también con otros amigos y compañeros ―ya parte de la familia― la ley ELA y con él hemos trabajado también estas enmiendas. A él y a todas las personas con ELA o con otras enfermedades, que estáis en situación de dependencia extrema, queremos deciros que lamentamos la falta de sensibilidad del Gobierno español. Este Gobierno que también nos ha vetado de nuevo la reducción del IVA de la mayoría de los productos de apoyo de las personas con discapacidad. Estamos hablando de herramientas que permiten a una persona vivir, comunicarse o ser autónoma. Algunos ejemplos para que se hagan una idea: un software que ayuda a comunicarse a una persona con parálisis cerebral; una tablet que permite a un enfermo de ELA escribir con seguimiento ocular; una grúa para poder levantar de la cama a un enfermo; alarmas visuales o vibratorias para personas sordas; a todo esto le clavan el 21 % de IVA, porque parece que la oportunidad de llenar las arcas de Hacienda está por encima de la justicia social. ¿Quién es aquí el oportunista? El trabajo parlamentario para cambiar positivamente la vida de las personas no es oportunismo, es oportuno, y maravilloso cuando se consiguen hitos importantes.

En Junts mantenemos la posición y recordamos que hemos hecho posible que, después de veinte años cargando sobre las espaldas de las comunidades autónomas hasta el 80 % del coste de la dependencia, ahora el Estado esté obligado a pagar el 50 % de estas prestaciones. Esto nos permitirá tener más recursos para Cataluña y menos personas en las listas de espera. 83 000 catalanes y catalanas esperan recibir una prestación ahora mismo; una prestación que necesitan para vivir dignamente. 10 000 mueren cada año atrapados en esta lista no de espera, de desesperanza.

También hemos introducido un refuerzo para garantizar el control sobre la organización de los servicios sociales, porque las competencias de Cataluña ―ya lo saben― para Junts no se tocan. Hemos ampliado de manera importante la protección de las personas con dependencia extrema. Como siempre les decimos, pagar una prestación con la mano derecha y restar otra con la mano izquierda es dejar fuera de la ley ELA la atención especializada veinticuatro horas, la tercera parte de la atención o arruinar a estas personas aún más.

Gracias a la enmienda, Javi Gámez ―en unos días, Javi, la vas a ver publicada en el BOE―, ya no se reducirá el cargo para niños menores de 18 años, la validez contributiva (…) o el subsidio de ayuda a tercera persona. También hemos conseguido ―como siempre trabajando mano a mano con las federaciones deportivas de Cataluña― la bonificación del 90 % de las cuotas de la Seguridad Social de los entrenadores de equipos de deporte adaptado e inclusivo para facilitar la práctica deportiva a las personas en esta situación.

Para terminar, quiero dedicar unas palabras de recuerdo y de agradecimiento a Siscu Morell, de Cambrils, que nos dejó hace unos días. Los amigos de Swim For ELA y nosotros le recordaremos siempre. Son noticias difíciles, especialmente para otros enfermos de ELA, como Ilde o Jordi Sabaté. Termino hablando de ellos dos porque son un ejemplo ―no como yo― de cómo poner alegría y luz en la oscuridad: Ilde recordándonos cada día que hoy es el mejor día, y Jordi diciéndonos, desde sus vídeos irreverentes y divertidos, que el humor no niega el horror, pero lo hace evitable.

Gracias.

Gràcies, president. Fa dos mesos des d’aquesta tribuna, vaig dir que guanyava en una batalla, però el combat continuava. Malauradament continua. I ha continuat, com deia abans, 50 esmenes. Moltes de nosaltres la llei ha tornat, ha tornat viva amb els diners del BOE. El 50 % escrit que ja estava escrit abans, no ha sigut una cosa nova que no es compleix, però no ha tornat amb tres coses més. El que al Senat hi ha afegit el que el govern n’ha tret i una promesa que avui li demano que posi data. Li demano que posi data, que és una gran error. És un gran error i donarà ales a tota aquesta gent d’aquí. Però bé, per uns milions que es podien haver posat, per això els avanço. El vot d’Esquerra Republicana votarà perquè aquesta llei quedi aprovada avui. Definitivament aprovarà un sí que no. És un aplaudiment del tot sorprenent. Una part, però amb recança és un sí. Memòria amb condicions i amb vigilància. I avui la vigilància té quatre lletres que només té quatre lletres. Convé primer el que suma. Ho diem amb humilitat. Una esmena bona és que la signi i la votarem a favor. És un sí memòria, com deia abans. Reconeixem la sort de ceguesa com a discapacitat pròpia. Es reconeix també els banys adaptats a persones amb autonomia a les estacions. Un facilitador processal perquè ningú es quedi sense justícia per no entendre‑la. Segon, el que resta com sempre, el Partit Popular ha fet servir la majoria absoluta del Senat per tocar la Llei d’Educació i treure‑li la preferència a l’escola inclusiva. Això no és una esmena a la llei de dependència. És un debat de dècades colat per la porta del darrere. I aquesta no la votarem. Al Senat ens vam abstenir en la votació final perquè el text sortia amb coses que no podia avalar. Avui votem esmenes per esmenes i direm sí o no a les que ens semblin bé. I tercer, i més important, el que falta la coma. Deixi’m que ho expliqui la CUME és això. Tens fills amb un càncer o amb una malaltia greu? Redueixes la jornada a la meitat o més per cuidar‑lo i la Seguretat Social et paga la part del sou que deixes de cobrar. Ni més ni menys. No és una ajuda, no és una ajuda. Senyor ministre, la Seguretat Social és salari diferit. Es paga amb cotitzacions en cotitzacions i només cotitza aquell que és treballador. I les cotitzacions són perquè quan una part de la classe treballadora li va malament o quan arriba al final de la seua època laboral, se li retorna. Llavors, el que demana la gent de la CUME no és cap ajuda, és que els diners que van a la caixa de la Seguretat Social, que no són de cap govern, sinó que són de la classe treballadora, vagin per ells. Això és la columna. Salari diferit. No oblidi aquesta paraula. No és un impost, no és una ajuda. Hi ha dues coses hi han 365 milions de l’any. Aquest Govern ha fet programes militars per valor de 94 000 milions d’euros. Entri vostè a la web del ministre de Defensa. 94 000 milions d’euros. Quan fa falta els diners surten aquí. Parlem d’una quantitat que podia haver sortit i apart, que era nostra perquè era de cotitzacions. Hi ha dues coses que clamen al cel La primera, l’edat. La prestació s’acaba als 23 anys, als 26 si el fill acredita un 65 % de discapacitat. Senyories, una paràlisi cerebral no llegeix el DNI. Una malaltia genètica no es cura el dia de l’aniversari. Creiem que és una indecència que això no s’hagi tret. Les famílies de ASFACUME han fet el compte quan la prestació s’acaba. La mare té de mitjana 59 anys. Qui contracta una dona de 59 anys? I això no ha pogut solucionar el gobierno más progressista del mundo mundial. Avui és d’aquells dies que perdonin, però no estic feliç perquè donem moltes bales a aquesta gent. Moltes bales. Perquè si l’esquerra no fa això, qui ho farà? Qui ho farà? Quanta gent! Quant temps s’han d’esperar? Jo recordo que això de la CUME ja és un clàssic, com el de la pòlio i uns quants que portem aquí cada any. O el de l’amiant. Jo vaig entrar al 2016 i estàvem parlant de la CUME. És que estem al 2026 i portem vuit anys amb un govern progressista. Aquí no hi estem d’acord. Aquí no hi estem d’acord.

La segona, les mútues. Les mútues són els metges dels empresaris. No són els metges d’aquestes famílies. Les mútues no són els amics d’aquestes famílies. I vostè ho sap perquè en aquesta prestació la majoria de treballadors, per què no la gestiona l’INSS, que és com hauria de ser? Per què ha de gestionar això? Les mútues privades que sí són col·laboradors de l’Institut Nacional de Seguretat Social però tenen un règim privat? Això no està bé. Això no està bé. Perquè aquí juguem molt. Aquestes famílies es juguen molt. I què fan? I ho diuen les famílies? Ho diuen les sentències. Exigeix un ingrés hospitalari de llarga durada que la llei no exigeix. El Suprem ho ha hagut de corregir 3 vegades al Suprem el desembre del 2024, el febrer del 2026 i a l’abril del 2026. I això no s’ha solucionat. Demanem demanen papers perquè el decret no preveu en una família una mútua. Li va reclamar informes d’especialistes de dos fills amb 19 anys de malaltia. Més de 180 ingressos hospitalaris, 19 malalties, 180 ingressos. I l’informe del pediatre a la sanitat pública no els valia. Això són dades reals que ens han explicat tota la gent que està aquí dalt i els que estaven al carrer. I ara el veto. Cal explicar què ha passat sense trampes, perquè això és un furt. Un furt a la representació directa del poble es un furt a la repressió. Perquè no estem parlant d’uns diners ni estem parlant d’una cosa que es podia haver evitat perfectament. No ho entenem tampoc.

Aquest veto d’avui i torna a ser lleig, torna a ser lleig. No es pot portar a la representació del poble un debat aquí. El Senat va aprovar la CUME que es mantingués més enllà dels 26 anys quan hi ha gran dependència. El Govern ha dit que no dues vegades aquesta setmana al Congrés amb l’article 134 punt 6 de la Constitució. Això apuja la despesa i no hi ha prou pressupost quan calen els diners. I parlava de molts diners de rearmament militar. No van passar per aquest Congrés. Aquests 79 programes de 94 000 milions d’euros no han passat per aquest Congrés. No fotem, home, no fotem! Bé, veig que se m’acaba el temps, però vull dir una cosa abans que s’acabi.

I per alguns partits la CUME ja no és de cap partit. La CUME ja no és de cap partit ni cal utilitzar la CUME per fer oposició, ni cal utilitzar la CUME per fer una bandera, ni és una molèstia per tapar sota l’alfombra és una realitat. La CUME, amb límit lligat a la necessitat de cures i no al calendari registrada abans d’un any. Això li demanem al ministre que registri que es solucioni això perquè ho pot fer ho.

I aquí cal canviar la llei. No val un reglament perquè si està en una llei el tema dels 26 anys. Doncs això només es pot canviar amb una altra llei, doncs el reglament nou, sense retallades encobertes. Tres. Les mútues són de control. Les mútues és un anacronisme que ve del franquisme i això cal regular. I també algun dia s’hauria de parlar de les mútues.

Gracias, presidente. Hace dos meses, desde esta tribuna, dije que ganábamos una batalla pero que el combate continuaba; lamentablemente, continúa. Como decíamos, hay cincuenta enmiendas, muchas nuestras. La ley ha vuelto del BOE con el 50 % escrito, que ya no estaba escrito, pero lo que pasa es que no se cumple y ha vuelto con tres cosas más: la que ha añadido el Senado, la que ha quitado el Gobierno y una promesa a la hoy le pido que ponga fecha. Es un gran error, y dará alas a toda esta gente de aquí (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), pero bueno, por unos millones que se podían haber puesto. (La señora vicepresidenta, Gil de Reboleño Lastortres, ocupa la Presidencia). Por eso les avanzo el voto afirmativo del Grupo Republicano, que votará para que esta ley quede aprobada hoy definitivamente. Votará sí, un sí que no es un aplauso del todo. Es un aplauso en parte, un aplauso a medias. Un sí con memoria, condiciones y vigilancia. Y hoy la vigilancia tiene cuatro letras: CUME. Cuatro letras: CUME. Primero, lo que suma. Lo decimos con humildad. Una enmienda buena es buena, la firme quien la firme, y votaremos a favor. Tiene en cuenta la memoria, como decíamos antes. Reconocemos la sordoceguera como una discapacidad propia, también los baños adaptados para personas con ostomía en las estaciones, así como un cambio procesal para que nadie se quede sin justicia por no entenderla.

Segundo. Claro está, el Partido Popular ha utilizado la mayoría en el Senado para quitar la ley de educación y la parte inclusiva ―esto no es una enmienda, sino un debate de décadas― por la puerta de atrás, por lo que no vamos a votar a favor de esa enmienda. En el Senado nos abstuvimos en la votación final, porque el texto salía con cosas que no podíamos avalar. Hoy votaremos enmienda por enmienda, y vamos a decir sí o no según nos parezcan bien o no.

Y, tercero, y más importante, lo que falta: la CUME. Permítanme que lo explique. La CUME es esto: tienes hijos con cáncer o con una enfermedad grave, reduces la jornada a la mitad o más para cuidarlos, y la Seguridad Social te paga la parte del sueldo que dejas de cobrar, ni más ni menos. No es una ayuda. No es una ayuda, señor ministro. La Seguridad Social es un salario diferido. Se pagan cotizaciones, y solo cotiza quien es trabajador. Y las cotizaciones son para que cuando a una parte de la clase trabajadora le va mal, o cuando llega el final de su etapa laboral, se le devuelva. Entonces, lo que pide la gente de la CUME no es ninguna ayuda, sino que el dinero que va a la caja de la Seguridad Social, que no es de ningún Gobierno, sino de la clase trabajadora, sea para ellos. Sea para ellos. (Aplausos). Eso es la CUME, un salario diferido. No olvide esa palabra. No es un impuesto, no es una ayuda. Hay 19 000 familias afectadas y se destinan 355 millones al año para este tema, pero este Gobierno ha hecho programas militares por valor de 94 000 millones de euros. Entre usted en la web del Ministerio de Defensa: 94 000 millones de euros. Cuando se necesita el dinero, sale. Y aquí hablamos de una cantidad que podía haber salido y que además era nuestra, porque, como digo, viene de cotizaciones.

Y hay dos cosas que claman al cielo. La primera, la edad, porque la prestación se acaba a los 23 años, o a los 26 si el hijo acredita un 65 % de discapacidad. Señorías, una parálisis cerebral no se lee en el DNI. Una enfermedad genética no se cura el día del cumpleaños. Creemos que es una indecencia que esto no se haya quitado. Las familias de ASFACUME han hecho las cuentas: cuando la prestación se acaba, la madre tiene de media 59 años. Repito, 59 años. ¿Quién contrata a una mujer de 59 años? ¿Eso no lo ha podido solucionar el Gobierno más progresista del mundo mundial? Perdonen, pero hoy es de aquellos días en que no estoy contento, porque damos muchas balas a esta gente (señala los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), muchas balas. Si la izquierda no hace esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Yo recuerdo que esto de la CUME es un clásico, como lo de la polio y otros, o lo del amianto, que llevan años aquí. Yo entré en 2016 y ya estábamos hablando de la CUME. Estamos en 2026 y llevamos ocho años con un Gobierno progresista. En este punto no estamos de acuerdo.

Y, la segunda, las mutuas. Las mutuas son los médicos de los empresarios, no son los médicos de estas familias. Las mutuas no son los amigos de estas familias, y usted lo sabe. ¿Esta prestación, para la mayoría de los trabajadores, por qué no la gestiona el INSS, que es como debería ser? ¿Por qué deben gestionar esto las mutuas privadas? Sí, son colaboradoras del Instituto Nacional de Seguridad Social, pero tienen un régimen privado, y eso no está bien. No está bien, porque aquí nos jugamos mucho. Estas familias se juegan mucho. ¿Y qué hacen? Lo dicen las familias y lo dicen las sentencias también: exigen un ingreso hospitalario de larga duración, que la ley no exige. El Supremo ha tenido que corregirlo tres veces, en 2024 y en febrero y abril de 2026, pero esto no se ha solucionado. Piden papeles que el decreto no prevé. Una mutua pidió a una familia informes de especialistas sobre las diecinueve enfermedades que padecen sus hijos, tras haber sumado alrededor de 180. Diecinueve enfermedades y 180 ingresos. El informe del pediatra de la sanidad pública no le valía a la mutua. Esos son datos reales que nos han contado la gente que está aquí arriba (señala la tribuna de invitados) y quienes están en la calle.

Y ahora, también, el veto. Hay que explicar lo que ha pasado, sin trampas, porque esto es un hurto a la representación directa del pueblo. Es un hurto a la representación directa del pueblo. Ya no hablamos de dinero; hablamos de algo que se podía haber evitado perfectamente. No lo entendemos, porque este veto de hoy no lo entendemos y vuelve a ser feo. No se puede hurtar a la representación del pueblo este debate aquí. El Senado aprobó que la CUME se mantuviese más allá de los 26 años cuando hay gran dependencia; el Gobierno ha dicho que no dos veces, una en el Congreso y otra con un artículo de la Constitución, diciendo que esto sube el gasto y que no hay dinero para ello. Cuando hace falta dinero para rearme militar, eso no pasa por este Congreso. Esos 79 programas de 94 000 millones de euros no pasaron por este Congreso. No fastidiemos.

Se me acaba el tiempo y quiero decir algo algunos partidos: La CUME no es de ningún partido. No es de ningún partido ni hay que utilizar la CUME para hacer oposición; no hay que utilizar la CUME como bandera ni es una molestia que haya que tapar bajo la alfombra. Es una realidad. La ley CUME, con límite ligado a la necesidad de cura, y siendo registrado el calendario antes de un año. Eso es lo que le pedimos, ministro, que solucione esto, porque puede hacerlo.

Y aquí hay que cambiar la ley, no vale con un reglamento, porque si está en una ley el tema de los 26 años, eso solo se puede cambiar con otra ley. El reglamento nuevo sin recortes encubiertos. Las mutuas bajo control. Las mutuas son un anacronismo que viene del franquismo. Eso hay que regularlo. También, algún día tendremos que hablar mucho de las mutuas.

I vaig acabant ja, si us plau. I acabo. I és que el tema és molt important i hi ha gent que pateix molt per aquest tema.

En fi. Votem sí, i seguim, però el tema de la dependència aquest quart pilar no està solucionat. Li explicaré una anècdota personal. Aquí fa falta més diners i competències. La meva mare, que està patint molt. No pot ser que a partir d’un diagnòstic, un diagnòstic d’un neuròleg tingui d’esperar entre 10 mesos i un any. No pot ser. És el quart pilar de l’estat del benestar. I sí, repeteixo, si això no es soluciona un govern d’esquerres, doncs ja em dirà que ho farà.

Moltes gràcies.

Voy acabando ya. Por favor, este es un tema muy importante y hay gente que padece mucho por este tema.

Votaremos sí y seguiremos, pero el tema de la dependencia ―este cuarto pilar― no está solucionado. Le contaré una anécdota personal. Aquí hace falta más dinero y más competencias. No puede ser que mi madre, que está sufriendo mucho, a partir del diagnóstico de un neurólogo, tenga que esperar entre diez meses y un año. No puede ser. Es el cuarto pilar del estado del bienestar. Repito, si esto no se soluciona por parte de un Gobierno de izquierdas, ya me dirá quién lo va a hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, la verdad es que es un verdadero honor subir hoy a esta tribuna en el último trámite de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, uno de los hitos más importantes en esta legislatura en materia social. Un avance que no solo mejora ―como resultaría tentador pensar― la vida de millones de personas con discapacidad o en situación de dependencia en todo el Estado, o de sus familias, sino que, en realidad, es una transformación que nos toca a todos y a todas. Piensen en lo que han hecho el día de hoy. Puede que alguien les trajera en coche, puede que vinieran en transporte público ―¿han saludado a quien conducía el autobús?―, quizás alguien les dejó paso en el metro. Seguro que más de uno de ustedes ha desayunado hoy en la cafetería, les han servido un café, han recogido también su mesa, han llegado a su despacho y en el escritorio tenían una pila de papeles ―más o menos interesante, más o menos laboriosa― que alguien habría preparado cuidadosamente para ustedes. Toda la fantasía neoliberal sostenida sobre individuos autosuficientes e independientes se esfuma con un chasquido de los dedos simplemente pensando cuántas veces en un solo día necesitamos a los demás. Pero para ver esto, para entender lo que significa el cuidado y la interdependencia hoy, hay que querer mirarlo.

La práctica totalidad de la teoría política ―y así lo desarrollaba la estudiosa Eva Kittay― parte de un sujeto adulto, sano y autónomo. La construcción de este perfil como única subjetividad política ―o, al menos, como la subjetividad política de partida― no es, por supuesto, neutral, sino que excluye de forma sistemática a dos grupos a la vez: a quienes quieren y requieren ser cuidados, pero también a quienes cuidan. Así sucede que uno se muda a un bloque de viviendas y no repara en que una persona en silla de ruedas nunca podría entrar en él. Uno se viste, se arregla, hace la comida, y jamás piensa que quizás un día no va a poder hacerlo solo. Uno no entiende por qué esa compañera de trabajo tiene que salir antes, por qué esa amiga siempre se va pronto de las cenas o por qué esa vieja conocida nunca se puede ir de vacaciones en verano. Por eso, insisto, para poder ver esta realidad hay que querer verla, querer mirar a las personas con discapacidad y situación de dependencia, querer mirar a sus familias y a sus personas cercanas, querer mirar a su alrededor para ver así las injusticias estructurales que atraviesan sus vidas y, por supuesto, actuar en consecuencia.

La reforma de las leyes de discapacidad y dependencia es probablemente el ejercicio más audaz de esto que estoy contando hasta la fecha. Supone una transformación del sistema de cuidados recuperando esos dos elementos que, como decía, hemos perdido entre tanta teoría individualista porque recupera, por una parte, los derechos de las personas cuidadas. Venimos de un modelo de cuidados asistencialista e institucionalizado, al que le importaban más los balances de cuentas que las personas que viven en él. Los cambios que ahora se introducen van en una dirección radicalmente contraria: recupera la autonomía de la persona y su capacidad para elegir cómo quiere vivir su vida, en su hogar, en su comunidad y cerca de lo que le es conocido y querido. Por eso, la reforma obliga a las comunidades de vecinos a solicitar ayudas públicas de accesibilidad siempre que un residente lo requiera, para garantizar que las personas con discapacidad y en situación de dependencia puedan seguir viviendo en sus casas y las infraestructuras estén adaptadas a sus necesidades, con apoyo público y con apoyo comunitario.

Pero, como decía, esta expulsión de los cuidados no solo redunda en quienes lo necesitan, sino también en quienes lo proveen. Por eso, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia incide, en igual modo, en las formas en las que cuidamos y, sobre todo, en cómo están cambiando estas formas. Yo creo que no descubro ninguna novedad cuando digo que las estructuras sociales están cambiando. Es evidente que las familias se rigen por dinámicas diferentes, que las amistades se han vuelto mucho más importantes que nunca y que los afectos ya no se circunscriben ―o, al menos, no lo hacen de forma tan rígida― a las conductas aprendidas y tradicionales, y eso también hace que cuidemos de forma diferente.

La reforma de las leyes tiene en cuenta esta realidad para ampliar la figura de atención más allá de la familia directa, permitiendo que personas de confianza y convivencia estable, como vecinos o amigos, sean reconocidas oficialmente para prestar y recibir apoyo y accedan, por tanto, a las consiguientes prestaciones. Estas medidas, que ya se han debatido en esta Cámara, nos hacen avanzar como país y nos sitúan a la vanguardia internacional de la construcción de un modelo de cuidados cercano, comunitario y personalizado. Para unos en esta Cámara, que se dicen muy patriotas ―aquellos que le cambiarían el país entero a cualquier magnate con tal de ganarse el favor de los poderosos―, esto no debe ser motivo de orgullo. Tampoco debe serlo que las labores de cuidados que tradicionalmente han ejercido las mujeres sean debidamente valoradas y reconocidas, no vaya a ser que tengan que empezar a hacerlas ellos también. Por no hablar de formas de cuidado que no sean su único modelo de familia tradicional de padre, madre e hijos.

Por suerte, este país es mejor que ellos ―lo hemos demostrado muchísimas veces― y hoy es un día para coger esta norma y todos sus contenidos y hacer de ella una norma del país. Es la hora de mirar a las personas con discapacidad y en situación de dependencia que están en esta Cámara, mirar a sus familias, mirar a sus personas cercanas, mirar a la sociedad entera y ver lo que nunca vimos: aquellos edificios con escalones, las letras demasiado pequeñas de unas instrucciones, un lenguaje demasiado complejo en un procedimiento judicial, personas despojadas de sus hogares o mujeres con vidas truncadas por dedicarse en cuerpo y alma a los cuidados. Hoy miramos, hoy vemos y hoy vamos a seguir avanzando.

Muchas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, un saludo a todos los miembros de asociaciones y afectados que nos acompañan. Si bien afectados posiblemente somos todos, toda la sociedad española, porque todos de cerca, unos más y otros menos, tenemos relación y nos afecta esta ley. El filósofo británico Roger Scruton publicó en 2010 Los usos del pesimismo, una crítica de la falsa esperanza y del optimismo utópico cuando la voluntad política prescinde de las condiciones necesarias para convertir sus propósitos en realidad. Algo así ha dicho el señor Salvador de otra forma, con otras palabras, cuando esas condiciones necesarias se convierten en un optimismo utópico. Y mucho de eso hay en este proyecto tan sensible que, repito, nos afecta a todos nosotros, a todas las familias y a algunas de forma muy especial. En este tipo de proyectos se habla permanente y continuamente del consenso, como si ponernos todos de acuerdo garantizara el acierto. También se puede caminar por consenso hacia el precipicio, esto es evidente, como el consenso del PSOE y SUMAR al vetar el Gobierno enmiendas del CUME y otras importantes en este precepto, y por eso, a veces, el disenso es mucho más útil. Una ley como esta necesita escuchar a quienes saben y, sobre todo, que aquello que se apruebe pueda hacerse. Recordemos que votamos las enmiendas del Senado, porque la ley se debatió en el anterior Pleno. El proyecto volvió del Senado con modificaciones que mejoraban el texto que salió de esta Cámara. Nosotros apoyamos muchas de ellas, pero algunas ya no podremos votarlas porque el Gobierno las ha vetado, entre ellas, una afecta que al CUME pretende evitar que las familias con hijos con una discapacidad igual o superior al 65 % o gran dependencia pierdan la prestación al cumplir estos 26 años, cuando las necesidades y los cuidados continúan y siguen siendo necesarios. (Aplausos). El Senado lo aprobó y nosotros lo apoyamos, pero el Gobierno ha decidido vetarlo por razones presupuestarias. Según sus propios cálculos, serían 134 prestaciones y 2,36 millones de euros en 2027. Quédense con esa cifra, señorías. Al mismo tiempo prepara, dice, una reforma del CUME que sigue manteniendo el límite de los 26 años y anuncia para más adelante, a saber cuándo, otra modificación legislativa. Resulta difícil explicar a estas familias por qué tienen que esperar cuando la solución ya estaba incorporada en esta ley con las enmiendas del Senado. Y no es el único veto, no. El Gobierno ha vetado también modificaciones sobre ELA, grandes dependientes y financiación estatal de nivel mínimo de protección. Todas ellas las habíamos apoyado. Todo esto sucede al final de una tramitación en la que el Gobierno y los grupos que lo sostienen no han dejado de proclamar nuevos derechos. Permítanme una anécdota. En el debate del Senado estaba presente el padre de un joven de 23 años con una discapacidad muy grave. Se puso en contacto con nuestro senador, Javier Alonso, para felicitarle por la intervención y explicarle que su hijo necesita oxígeno. Este verano, al desplazarse por varias comunidades autónomas, ha tenido que repetir trámites, cambiar suministradores y viajar con distintos depósitos porque los equipos no eran compatibles. Reinos de taifas administrativos del fallido Estado de las autonomías para algo tan elemental como poder respirar, lo cual afecta también, por supuesto, a esta ley. (Aplausos). Lo ha dicho la señora de Podemos, el fallido Estado de las autonomías, porque afecta a todos de forma diferente en un sitio o en otro. Bienvenidos. (Aplausos). Aquí volvemos a Scruton. Reconocer un derecho en el BOE es relativamente sencillo, y prometerlo más; pero hacerlo efectivo es distinto. Un derecho permanentemente aplazado acaba siendo una burla para quien lo necesita. El Gobierno ha encontrado, eso sí, espacio suficiente para introducir el habitual glosario ideológico: perspectiva de género, identidad sexual y discriminación múltiple e interseccional. Hasta hemos legislado sobre cómo debe entenderse la palabra cuidadores. Sí, cuidadores. Dudo mucho que sea esto lo que quite el sueño a una familia que necesita ayuda.

Hay otra modificación especialmente importante: la enmienda 33, la única de las presentadas por VOX que fue aprobada en el Senado. Dice algo bastante sencillo: en el acceso a nuestro sistema de dependencia debe existir una prioridad para los españoles. Cuando decimos prioridad nacional hablamos de todos los españoles, vivan donde vivan, también de aquellos a quienes Junts y el PNV pretenden representar a título de exclusiva. Ellos también son españoles y también son nuestra prioridad. (Aplausos). Ya que me dirijo al PNV, les digo que apoyaremos su enmienda 64. Una indemnización judicial por daños personales tiene naturaleza reparadora y no parece razonable tratarla como una renta ordinaria para impedir el acceso a una prestación no contributiva.

Nuestra enmienda 33 responde, además, a una cuestión que aparece de forma recurrente en esta Cámara cuando los recursos públicos son limitados. ¿Tienen España y sus instituciones alguna obligación preferente hacia los españoles? Para nosotros la respuesta es evidente. Este Gobierno, que ni siquiera elabora los presupuestos, veta por razones presupuestarias una modificación del CUME porque cuesta 2,36 millones de euros en 2027. Repito: 2,36 millones de euros. Sin embargo, después, en relación con las entradas masivas en Ceuta, moviliza 118 millones para acogida y atención a inmigrantes e incluso más de 63 millones para menas extranjeros no acompañados. Cincuenta veces más. (Aplausos). Utilizan a los menas extranjeros como arma arrojadiza. Una familia española pide que no le retiren a su hijo gravemente discapacitado una prestación porque ha cumplido 26 años: veto del Gobierno y 2,36 millones. Miles de personas quebrantan nuestra frontera: 118 millones del Gobierno para ellos.

Cada uno establece sus prioridades. Ustedes, el Gobierno, la izquierda, el progresismo en general, han dejado bastante claras las suyas. También nosotros tenemos clara la nuestra. Nuestra prioridad son los españoles: los niños españoles y las familias españolas, por supuesto; y en este tema todavía más: primero los de casa.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Señorías, hoy llegamos al final de una tramitación que ha supuesto muchos meses de trabajo, muchos meses de negociación, de reuniones y, sobre todo, de escucha. Por eso, quiero darles las gracias a todas las organizaciones que están presentes, tanto en la tribuna como en la sala, porque sin ustedes no hubiera sido posible esta ley. (Aplausos). Quiero también agradecer a todos los ponentes, tanto del Congreso como del Senado, que han tenido voluntad de diálogo y, cómo no, a nuestra asesora, Raquel Sanchidrián, por todo el trabajo que ha realizado con nosotros. Hace dos años, todos los partidos de esta Cámara, excepto la ultraderecha de VOX, avanzamos en un acuerdo importantísimo, que era la reforma del artículo 49 de nuestra Constitución. Con esta reforma no solamente cambiábamos la forma como se hablaba de las personas con discapacidad, sino que también asumimos un mandato muy claro, y era que las personas con discapacidad pudieran tener más autonomía e inclusión, sobre todo las mujeres y las niñas. La Ley de Dependencia fue puesta en marcha por un Gobierno socialista y es una de las mejores leyes de la democracia, porque vino a dar dignidad a las personas con dependencia y a sus familias.

Cuando hablamos de dependencia, durante mucho tiempo hemos estado hablando de qué servicios o de qué prestación queríamos dar a las personas con discapacidad, y esta reforma pone el foco en la persona y se pregunta qué vida quiere llevar. Le pregunta dónde quiere vivir, cómo quiere vivir y, sobre todo, qué recursos y qué apoyos necesita. Por eso hablamos de autonomía personal y de vida independiente. Damos también un paso importante para el Grupo Socialista, y es que se reconoce la figura de la persona cuidadora principal. Durante mucho tiempo y en muchas ocasiones son las madres, las hermanas y las hijas las que cuidan a las personas en situación de dependencia y esta ley viene a reconocerlas, a darles derechos y a hacerlas visibles. Por eso también nos sentimos orgullosos. (Aplausos). Después de muchos meses de diálogo y de negociación en los que todos los grupos, excepto la ultraderecha VOX y el Grupo Popular, hemos llegado a acuerdos y a entendimientos, porque pensábamos que una ley como esta tenía que salir con el mayor consenso posible, nos encontramos con que el Grupo Popular se negó a negociar. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia). El Grupo Popular, durante toda la tramitación de la ley en el Congreso, no estuvo absolutamente en nada. En las ponencias intentaban retrasarla o intentaban que no hubiera ponencia. En la comisión retiraron sus enmiendas y aquí, en el Pleno, se abstuvieron. Se abstuvieron y no estuvieron absolutamente en nada. Pero llega la ley al Senado y, qué casualidad, allí sí están. Como tienen mayoría absoluta, introducen enmiendas para darle la vuelta a la ley como un calcetín. Dicen que no participan en la tramitación de la ley. aquí en el Congreso, porque no había presupuesto.

El Gobierno ha aprobado un real decreto en el que aumenta el presupuestos en 6200 millones de euros más para los dos próximos años y al Grupo Popular no le parece suficiente; pero cuando llega al Senado, resulta que ahí le da igual si hay presupuesto o no, porque sí le vale. ¿Me pueden decir por qué, señorías del Grupo Popular, o se lo digo yo? Porque ustedes utilizan el Senado como si fuera su cortijo. (Aplausos). Ustedes le faltan el respeto al Congreso y al Senado, pero sobre todo les faltan el respeto a las personas, a los cuidadores y a las organizaciones que trabajan con las personas con discapacidad. Es una falta de respeto al trabajo que hemos realizado durante todos los meses en que hemos estado negociando.

Quiero poner un ejemplo de cuál es su aportación a las enmiendas que han introducido en el Senado. Ustedes quieren cargarse la educación inclusiva. Han introducido una modificación para segregar a los alumnos, a los niños y a las niñas con discapacidad. ¿De verdad quieren que retrocedamos cuarenta años? Sus propuestas confrontan completamente con el modelo de educación inclusiva y con el modelo de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto no lo decimos nosotros, lo están diciendo los colectivos de discapacidad. (Aplausos).

Pero lo que nos parece más grave todavía es que de manera oportunista introduzcan unas enmiendas para la CUME, sin tener en cuenta que la ministra de Inclusión está negociando con las familias. Eso lo saben ustedes, pero de manera torticera, por la puerta de atrás, introducen las modificaciones, cuando saben que la CUME nació en 2011 con un Gobierno socialista, (aplausos) que la CUME se ha implantado y se ha impulsado con Gobiernos socialistas; que se amplió hasta los veintitrés años con Gobierno socialista, una edad que el Gobierno de Pedro Sánchez, este Gobierno progresista ha ampliado hasta los veintiséis años para determinados supuestos, y que actualmente este Gobierno —‌la ministra de Inclusión lo ha dicho esta misma mañana— está trabajando con las familias para elaborar un reglamento y que lo de los veintiséis años se haga por real decreto ley, porque es de la única forma en que se puede hacer con seguridad jurídica, ampliando derechos y con garantías, y eso ustedes lo saben.

Esto, señorías, no es su cortijo. Esto es serio, no pueden hacer cosas así. Ustedes meten una enmienda por la puerta de atrás, de forma chapucera e interesada, y todo el mundo tiene que saberlo. Y, de verdad, quiero lanzar un mensaje tranquilizador a las familias. El PSOE inició la CUME, la impulsó, la seguirá impulsando y siempre siempre que gobierne estará con las familias y estaremos con la CUME. (Aplausos). Y, señorías del Grupo Popular, todos los derechos sociales que se han conseguido en España, todos han sido con Gobiernos socialistas y Gobiernos progresistas; absolutamente todos, ustedes no han estado nunca. Y, cuando ustedes hablan de que quieren derogar el Gobierno, de que quieren derogar el sanchismo, ¿están diciendo que quieren derogar la ley de dependencia y que quieren derogar la CUME, esa que ahora de repente parece ser que ustedes defienden? Claro, yo he visto hoy salir al señor Feijóo a hablar con las familias de la CUME. ¿Les ha dicho el señor Feijóo que la CUME la implantó el Gobierno de Zapatero, que la impulsó el Gobierno de Pedro Sánchez y que el Gobierno de Rajoy y el de Aznar no hicieron absolutamente nada por ella? ¡Eso es una realidad! (Aplausos.—La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Además, por su historial los conocemos. Sabemos lo que ustedes hicieron en dependencia. Cuando ustedes gobernaban, lo único que hicieron con la dependencia fue retroceder y cambiar los grados y niveles, porque los mayores recortes se hicieron con ustedes cuando Moreno Bonilla era secretario de Estado de Servicios Sociales. (Protestas). Sé que les molesta, pero es que lo hizo. Y lo que les tendría que molestar es tener un compañero que retrocede en derechos sociales. Eso es lo que les tendría que molestar. (Aplausos).

Y quiero terminar como empecé, dando las gracias a las organizaciones que nos acompañan desde la tribuna y también a las que están en la sala, a las que antes hemos estado saludando. Quiero darles las gracias porque sin su trabajo nunca hubiera sido posible. Y no quiero olvidarme de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que están manifestándose porque tienen muchos derechos que no se ven cumplidos. Son parte del sistema, sostienen el sistema y las competencias están en las comunidades autónomas. En la mayoría de las comunidades autónomas gobiernan ustedes, en la mayoría de ellas: espero que ayuden, que escuchen y que solucionen los problemas de las trabajadoras de ayuda a domicilio.

Por último, después de tantos meses de trabajo y de tantos meses de negociación y dificultades, solo quiero terminar con estas palabras: Por leyes como esta, merece la pena estar en política.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Me van a permitir que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida y saludar a todos los representantes de las entidades sociales que nos acompañan, para darles las gracias en nombre del Grupo Parlamentario Popular por su trabajo y la labor que llevan a cabo por mejorar la vida de las personas con discapacidad y dependencia. (Aplausos). Señorías, hoy hablar de discapacidad, de dependencia, de cuidados no solo es hablar de la ley, de los presupuestos y los procedimientos administrativos. Sobre todo, es hablar de personas, de personas que necesitan apoyo para levantarse cada mañana, de familias que llevan años cuidando de su familiar ―su hijo, su padre, su madre, su hermano―, de personas con discapacidad que quieren estudiar, trabajar, formar un hogar, independizarse y decidir sobre su propia vida. Por eso, cuando hablamos de derechos sociales, debemos hacerlo desde una convicción muy sencilla, y es que un derecho no comienza cuando se publica en el Boletín Oficial del Estado, sino cuando llega a la vida de una persona y la dignifica. Desde el Grupo Popular queremos que esos derechos sean reales y también saber quién los va a financiar, quién los va a prestar y cuándo van a poder disfrutarlos las personas que hoy lo necesitan, porque reconocer un derecho y garantizarlo son dos cosas muy diferentes, y yo, como el resto de los españoles, me pregunto: ¿Cómo puede garantizar este Gobierno derechos adquiridos o los que representa esta ley si en esta legislatura no han aprobado ni una sola vez presupuestos? Un Gobierno que no aprueba presupuestos es un Gobierno que no gobierna, que no rinde cuentas y que oculta a los españoles en qué se gasta nuestro dinero. Gobernar mediante decretos y prórrogas no es gobernar, es sobrevivir. Y mientras que el Gobierno sobrevive, los españoles nos vamos hundiendo cada día un poquito más en esas arenas movedizas que alimenta el Gobierno con su desidia, su incompetencia y su indiferencia. (Aplausos).

Hoy debatimos si aceptamos las enmiendas que vienen del Senado. Las del Grupo Popular son cuarenta y cinco enmiendas, que se resumen en mejorar la vida de las personas, mayor libertad, mayor dignidad, menos barreras y menos impuestos. Defendemos el medio rural para que una persona con discapacidad o dependencia pueda seguir viviendo en su pueblo con servicios de proximidad, aseguramos la equiparación en términos tributarios de la discapacidad con la dependencia, reforzamos la libertad de elección para que cada persona decida cómo quiere vivir y qué prestaciones quiere recibir, fortalecemos la atención temprana con coordinación real entre Sanidad, Educación y Servicios Sociales, abrimos la puerta a valorar la experiencia acreditada de los asistentes personales porque a cuidar también se aprende cuidando, exigimos aseos adaptados para personas con ostomía en estaciones de tren, autobús, aeropuertos y puertos; modernizamos la Ley sobre Propiedad Horizontal y permitimos reuniones por videoconferencia y notificaciones por email para personas con discapacidad o movilidad reducida, regulamos adaptaciones para personas con dislexia, TDAH y otras dificultades de aprendizaje y para discapacidades que no llegan al 33 % en oposiciones libres, rebajamos el IVA al 4 % para obras de accesibilidad en la vivienda y en zonas comunes y para la reparación de sillas de ruedas y vehículos adaptados, mejoramos la figura de facilitador procesal y reconocemos la sordoceguera para dar una respuesta ajustada a sus necesidades.

Es un breve resumen de nuestras enmiendas, porque no dispongo de tiempo para desgranarlas todas, y me van a permitir que, al igual que hicieron los anteriores portavoces, dedique un tiempo especial a la CUME, respecto de las que nuestras enmiendas, lógicamente, han sido elaboradas con las familias que vienen percibiendo esta prestación, con las familias que tienen que cuidar de un hijo con una enfermedad grave o con una discapacidad grave. Decía la señora portavoz del Grupo Socialista que hemos hecho la enmienda por la puerta de atrás. No creo que haya sido por ninguna puerta de atrás. Además, son enmiendas que hemos transaccionado con otros grupos, porque lo que queríamos era que salieran adelante. Hemos escuchado las demandas y las peticiones de ayuda de las familias y hemos defendido mejoras en esta prestación, incluida la posibilidad de prorrogarla, como también se ha dicho antes, hasta los veintiséis años.

Pero ¿qué ha hecho el Gobierno? También lo han expuesto, pero yo voy a decirlo de otra forma. Ha utilizado a los miembros de la Mesa de los grupos Socialista y SUMAR para vetar varias de nuestras enmiendas, sabiendo que es inconstitucional y que ayer les avisaron nuestros representantes del Grupo Popular en la Mesa e, incluso, también el propio letrado. Pero les dio igual y votaron a favor de esos vetos, que es inconstitucional. Y yo digo: ¡Qué cobardía! ¡Qué cobardía impedir el debate sobre unas enmiendas en las que muchos grupos habíamos estado de acuerdo! (Aplausos). ¡Y qué falta de humanidad, señorías! ¡Qué falta de humanidad vetar estas enmiendas, que solo pretenden mejorar la vida de las personas más vulnerables! ¿Y cuál es el motivo que argumentan? Es evidente: que es mucho gasto. Pero, claro, no son mucho 44 millones que gasta el Gobierno en asesores para mantenerse en el poder, aunque ya sea un Gobierno zombi, ni son mucho gasto los 271 millones en publicidad para bombo y platillo del Gobierno, ni los 17 millones del CIS para unas encuestas que sabemos que son una estafa total, porque están al servicio de Sánchez. El Gobierno más despilfarrador de la historia de la democracia argumenta que ayudar a familias con hijos con cáncer o graves enfermedades es un gasto. ¿Y saben ustedes qué gasto supondría? También lo han dicho ya otros portavoces: 2 300 000 euros. ¡2 300 000 euros, señorías! ¡Eso es lo que vale el catering del Falcon que Pedro Sánchez utiliza para comer embutidos ibéricos y güisqui de alta gama! (Aplausos.― Protestas). ¿De verdad que no les da vergüenza? ¿De verdad que pueden mirar a los ojos a las familias? ¿De verdad que pueden dormir tranquilos después de expresar esta infamia? ¿Y ustedes son los que hablan de que su bandera es social? No, su bandera es la hipocresía social. Señorías, el Estado del bienestar no pertenece al Partido Socialista, como nos intentan convencer. El Estado del bienestar pertenece a todos los españoles porque es fruto del esfuerzo de muchas generaciones y debe ser protegido por todos. Y hoy tenemos la oportunidad de mirar más allá, porque estas enmiendas no son las enmiendas del Partido Popular, sino enmiendas que hemos transaccionado y que son de la sociedad civil, de las personas que peor lo están pasando.

Quiero terminar —‌agradeciéndole a la presidenta que me dejase más tiempo— diciendo que el compromiso del Partido Popular con las personas más vulnerables no es de hoy, es de siempre y es para siempre. (Risas.—Protestas). Es de siempre y es para siempre, porque para nosotros lo que de verdad importa es la vida, la dignidad y el futuro de las personas con discapacidad y dependencia.

Muchas gracias. (Aplausos).