Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés.

Gracias, presidente.

Muy buenas tardes a todos y todas. Permítanme que consuma solo treinta segundos de mi discurso en algo que no tiene que ver con este real decreto ley, pero que es una victoria muy importante para muchas familias y, sobre todo, también para este Gobierno. Esta mañana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado que, por fin, Bruselas va a regular una mayoría de edad para los menores en las redes sociales. (Aplausos). Señorías, lo cuento aquí porque este Parlamento tiene una ley encima de la mesa que establece una mayoría de edad para proteger a nuestros niños y, sobre todo, a nuestras niñas, que han sido víctimas de todo tipo de abusos, acoso e incluso suicidio. Hay una verdadera pandemia de salud mental en todo el mundo desde de que las redes sociales nacieron, en el año 2007, y han vivido sin ninguna regulación hasta nuestros días. Este Gobierno lleva años, diría ―desde luego, meses―, trabajando en todos los foros nacionales e internacionales para que, por fin, las plataformas tengan que hacer un producto seguro para nuestros niños y niñas y para que haya una mayoría de edad digital. Por lo tanto, es una excelente noticia y espero que este Parlamento sepa aprovechar esa oportunidad y proteja a nuestros niños y niñas, como va a hacer la Unión Europea. Muchas gracias. (Aplausos). Sin embargo, el motivo de esta comparecencia es defender el Real Decreto Ley 21/2026, de 25 de agosto, de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Es indudable ―nadie lo puede poner en duda― que este texto mejora la calidad democrática de nuestro país porque aporta transparencia. Esa es la palabra clave: transparencia. Y normaliza la labor del sector de las relaciones institucionales. Hablamos de una reforma que garantiza y refuerza la integridad pública y también la confianza ciudadana. Señorías, esta ley la reclama la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales; el propio sector de las relaciones institucionales, que quiere profesionalizar su labor con transparencia para acabar también con mucha leyenda negra en torno a su opacidad. Y también nos la piden numerosos organismos internacionales con los que, por cierto, se ha elaborado y con los que también se ha pactado, como la Unión Europea, el Consejo de Europa y la OCDE. Además, es una de las medidas que prometió este Gobierno en el Plan de Acción por la Democracia. Señorías, con este real decreto ley, el Gobierno de España cumple con sus compromisos y se pone a la altura de países que ya tienen regulado este sector, países como Reino Unido, Finlandia, Austria, Irlanda o Alemania. En definitiva, estamos impulsando un mecanismo de control democrático y sería paradójico y difícil de explicar a los españoles que la oposición no quiere aprobar un proyecto por el cual el Gobierno eleva los controles sobre el Gobierno. Sería difícil de comprender. Por lo tanto, señorías, este real decreto ley viene legitimado por Bruselas, por el Plan de Acción por la Democracia que presentamos y por el V Plan de Gobierno Abierto. ¿Y en qué consiste lo que vamos a votar hoy? En primer lugar, en la definición de lo que es y lo que no es un grupo de interés, qué es una actividad de influencia y qué servidores públicos son susceptibles de recibirla. Se regula, obviamente, la relación entre el grupo de interés y dicho personal de la Administración General del Estado. Por cierto, ya me gustaría a mí que en algunas comunidades autónomas también hubiera este ejercicio de transparencia. Además, se deberá incorporar un informe de huella normativa en las memorias de impacto de las nuevas leyes. Y aquí me quiero detener un minuto para reiterar algo que ya dije en el debate que tuvimos aquí de la enmienda de totalidad: la ley de lobbies no afecta al diálogo social. Obviamente.

Lo dice, obviamente, cuando se define qué es la actividad de lobby. Es muy evidente que el diálogo social ―que, por cierto, tiene protección y encaje constitucional― no forma parte de lo que es un lobby o un grupo de interés. Es obvio, lo dije en esa tribuna y lo quiero reiterar hoy. Además, quiero informar también de que, en la normativa interna que hemos hecho circular entre el Gobierno ―porque este real decreto ley se está aplicando, obviamente, desde el día que se aprobó―, se aclara a todos los miembros del Gobierno que, obviamente, el diálogo social queda excluido de la regulación de lobbies.

Por tanto, es más que evidente. Es más, sería un poco ridículo reprocharle a este Gobierno que quiera ―digamos― impedir el diálogo social cuando lleva firmados, que yo sepa, veinticinco acuerdos con el diálogo social en este país. Por tanto, si algún Gobierno alguna vez en la historia ha potenciado el diálogo social ha sido este Gobierno de coalición progresista, que, como digo, lleva veinticinco acuerdos sociales en este país. Pero, a mayores y para mayor garantía de quien pueda tener ninguna duda, yo adquiero en esta tribuna el compromiso de que, si se aprueba hoy este real decreto ley, en el primer real decreto ley que podamos mandar y, desde luego, antes de que acabe octubre, mandaremos otra modificación aclaratoria, reforzando la idea de que, por supuesto, el diálogo social queda al margen de lo que es la regulación del lobby, para que quede claro.

Señorías, este real decreto ley habla de lo que habla, regula lo que regula y no regula lo que no regula. Insisto, como he dicho antes, en que no solamente está pactado con Bruselas. Por cierto, allí ha sido defendido por el Grupo Popular y no entiendo cómo puede defender en Bruselas lo que no quiere aplicar en España. No sé cómo podrían justificar que en Bruselas digan que son partidarios de la transparencia, pero no en Madrid. No me entra en la cabeza, por mucho que el Partido Popular esté en esa posición destructiva, porque luego hay que ir a Bruselas y explicar lo que se hace. Y, desde luego, sería incomprensible que el PP se opusiera a algo que ha defendido en Bruselas. Porque, en reuniones públicas y privadas, ha dicho al sector que está de acuerdo, que no tiene ninguna enmienda relevante, que no tiene ninguna diferencia. Y no solo eso: ha llegado a decir que no pasa nada porque, si hubiera un hipotético Gobierno del PP, harían la misma ley. Por favor, señorías, política para adultos, por favor. Que todos hablamos con el sector y sabemos lo que piensa, y todos sabemos lo que ustedes dicen en reuniones públicas y privadas. Un poquito de política para adultos, un poquito. Por lo tanto, señorías, por supuesto ―como he dicho―, ese diálogo social está blindado.

El tercer principio importante que tiene esta ley ―que, por cierto, se aplica en Bruselas y en algunas comunidades, ojalá fuera en todas― es la creación de un registro de lobbies. Es el paso previo a la transparencia, tener un censo. ¿Quiénes son los lobbies de este país? Un registro estatal de lobbies público, electrónico y obligatorio, que será gestionado por una autoridad independiente: el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y aquí también me quiero detener, porque esta ley lleva siendo debatida en este Parlamento ―si no recuerdo mal― dos años y ha sido objeto de muchas enmiendas. El Gobierno ha aceptado prácticamente el 90 % de ellas, de todos los grupos, incluido el Grupo Popular. Y una de las cosas que más demandaron todos los grupos de esta Cámara es que dependiera de este organismo. Es más, en el proyecto de ley original dependía de la Oficina de Conflicto de Intereses; sin embargo, lo hemos modificado y lo hemos enviado al Consejo de Transparencia, que ―si no me equivoco, estuvo compareciendo aquí la nueva presidenta ayer― ya está trabajando en ello. Esto se ha hecho en atención a lo que han planteado los grupos de esta Cámara: que es que ese registro dependa del Consejo de

Transparencia. Por lo tanto, se ha hecho escuchando, como digo, a los grupos de esta Cámara.

En cuarto lugar ―esto es fundamental, claro―, se establece un régimen sancionador porque, si no, como toda norma, si no tiene un régimen sancionador, no tiene mucha validez. Se aplicará tanto para el grupo de interés como para el personal público susceptible de influencia y va a tipificar, obviamente, infracciones leves, graves y muy graves.

Por lo tanto, señorías, no hay duda sobre el objeto de la ley. En todo caso, ningún problema en dar un paso más si hace falta. No hay duda de que esto es un avance en transparencia. No se puede cuestionar, con un mínimo de rigor intelectual, que está pactada con el sector, que está pactada con Bruselas ―y, al mismo tiempo, también con los grupos que defienden esto en Bruselas― y que está pactada con esta Cámara, porque han sido dos años de debate. No es un proyecto de ley que llegara ayer. Ha estado debatiéndose en esta Cámara mucho tiempo y se han pactado las enmiendas, insisto. Por lo tanto, es difícil explicar un rechazo a este real decreto ley, salvo que haya motivos oscuros, claro; salvo que alguien no quiera, evidentemente, que haya un registro, que haya una huella normativa, que haya una transparencia. Si ese es el caso, dígase, pero, desde luego, es difícil oponerse a esta ley.

Además, este registro va a ofrecer información fundamental sobre los lobbies: la actividad, la sede social, los representantes, la financiación. Como digo, el Gobierno mandó a las Cortes un proyecto de ley en febrero de 2025 y no hemos parado de negociar con todos los grupos desde entonces. Ahora es una realidad. Y a mí me gusta ser siempre transparente con esta Cámara. Es evidente que lo hemos tramitado como real decreto ley en agosto porque había un plazo con Bruselas, el 31 de agosto, y era uno de los compromisos con Bruselas. Y, ante la imposibilidad ―porque ha sido imposible, a pesar de estar pactada, como decía― de sacarla adelante en plazo, tiempo y forma normal en el Congreso ―que miren que ha habido tiempo―, se ha utilizado esta herramienta para cumplir con Bruselas. Sí, abiertamente lo digo, y es verdad ―esto también lo digo para que lo tengan en mente cuando vayan a votar― que esta ley se está aplicando. Hoy en día se está aplicando y, en solo dos semanas, el registro de lobbies tiene ya más de trescientas solicitudes de inscripción y más de tres mil consultas. Esto está pasando en estos momentos. Lo digo para que se piensen bien lo que van a votar.

Señorías, sería muy llamativo que la oposición votara en contra de pedirle más transparencia al Gobierno. Sería muy llamativo. Y, desde luego, yo preguntaría, si alguien se va a oponer, qué alternativa propone ―porque sé que no proponen ninguna, sé lo que le han dicho al sector―, qué problema tendrían con igualar a España a los estándares europeos o cómo lo van a justificar en Bruselas, insisto.

Como he dicho antes, el Gobierno ha escuchado las propuestas de esta Cámara durante más de un año, casi dos. Las ha escuchado y ha incorporado más del 90 % ―más del 90 %― de las 114 enmiendas presentadas al proyecto de ley. Y yo les pido, por favor, que seamos adultos y responsables. Alguna vez, en alguna ley que es de interés general y que, como en esta ocasión, es demandada por la opinión pública, ¿cuántas tribunas, cuántos tertulianos, cuántos opinadores han demandado en los últimos años mayor transparencia, un registro de lobbies, una huella normativa para saber quién influye en cada procedimiento? ¿Cuántos de sus partidos han presumido en Bruselas de que existe una regulación sobre los lobbies? Un mínimo de coherencia. Como digo, seamos responsables y les pido su voto a favor de la integridad, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas. Precisamente ahora, en tiempos de desapego político, podemos dar un ejemplo aprobando una ley que nos exige ser más ejemplares. Y yo les pido que, por favor, no perdamos esta oportunidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Ministre, celebro que arribi al ple. Per fi avui la llei de lobbys, encara que arriba tard pel que sembla i no amb el suport suficient per a ser aprovada pel que siga regular, qui es reuneix, amb qui i en quines condicions i amb transparència és necessari, vist com se les gasten alguns i algunes. Però no perdem de vista que el Pla és el Pla estatal de lluita contra la corrupció segueix encara a mig fer. Així que, ministre senyories, el govern socialista, on està la llei per endurir les sancions? A qui corrompudes i se’ns dona igual que siguen empreses o particulars, però volem ja eixa llei. Perquè una cosa és fer un lobby i una altra molt distinta és comprar voluntats. I sabem que entre alguns, alguns dels que estan ací els agrada més la segona que la primera. Saben qui no necessita la llei de lobbys? La família de Rita Barberá, ni el seu cunyat ni les seues tres nebodes van necessitar cap registre de grups d’interès per a fer negocis amb el poder. Ells mateixos es van buscar la forma d’enriquir‑se amb comissions il·legals i suborns des dels anys noranta fins a l’any 2013. El segon, el cas Assut. L’empresari Jaime Febrer i altres constructors aconseguien adjudicacions públiques milionàries i favors urbanístics a canvi de repartir mossegades, regals de luxe i contraprestacions econòmiques, i a canvi pagaven a l’exvicealcalde i mà dreta de Rita Barberá, Alfonso Grau. Però també el PP i el PSPV, per a finançar il·legalment els pagaven despeses electorals. Què fàcil ha sigut per a alguns i per a alguns és guanyar eleccions al País Valencià. A uns els pagaven els favors i a d’altres es pagaven per mirar cap a un altre costat. I ara sabem, a més a més, que Rita Barberá estava al corrent de les reunions entre corruptors i corromputs. I és que clar, quan parlem de corrupció necessàriament parlem sempre de la cultura política del Partit Popular. I és que són uns artistes professionals en la matèria. Ser corrupte en el Partit Popular dona punts. I Feijóo ara no sap a qui posar de candidat per a ser president de la Generalitat Valenciana. Es veu que des de València li ha arribat informació per a que vagi amb compte amb Pérez Llorca, que pot tindre negocis tèrbols si no és Pérez Llorca. Aleshores, qui és? Anem a repassar les seues opcions. Primer, el que es presenta directament contra Pérez Llorca és Francisco Camps. Potser el recorden per eixos grans assoliments com la Fòrmula 1, la visita del Papa o la Gürtel. Cada gran esdeveniment tenia la seua gran trama de corrupció. Farà el mateix Ayuso. Una altra opció és mantindre la corrupció en el TOP amb María José Catalá. L’alcaldessa de València, que està investigada per presumpta prevaricació i tràfic d’influències. I no està sola perquè en el Partit Popular, quan fan casos de corrupció o casos sospitosos de ser‑ho, sempre queda millor quan ho fan en equip i per tant, també estan investigats cinc regidors i regidores del seu govern. Així que ja entenc que Feijóo tinga dificultats per a decidir. No és fàcil trobar un candidat o candidata quan el problema no és la falta de nom, sinó l’excés d’antecedents. Qualsevol pot estar a l’altura dels seus antecessors. Recordem Mazón amb 332 morts per la dana, ja vam repartir diners de la Dana entre les empreses del cas Gürtel o Zaplana, condemnat a deu anys de presó per corrupció. O Olivas, condemnat a un any i mig? Qui serà l’afortunat o l’afortunada del Partit Popular que perdrà les eleccions valencianes del 2027? Ho sabrem en breu. Gràcies.

Gracias, presidente. Ministro, celebro que llegue al Pleno, por fin, la ley de lobbies, aunque llega tarde, por lo que parece, y no con medidas suficientes para ser aprobada. Por lo que sea, regular quién se reúne con quién y en qué condiciones y con la transparencia necesaria, visto cómo se los gastan algunos y algunas. Pero no perdamos de vista que el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción sigue aún a medio hacer. Así que, ministro, señorías del Gobierno, socialistas, ¿dónde está la ley para mejorar las sanciones a quien corrompe? Ya sean empresas o particulares, queremos ya esa ley, porque una cosa es hacer un lobby y otra, muy distinta es comprar voluntades. Y sabemos que, entre algunos de los que están hoy aquí, les gusta más la segunda que la primera.

¿Saben quién no necesita la ley de lobbies? Pues la familia de Rita Barberá. Ni su cuñado ni sus tres sobrinas necesitaron ningún registro de grupos de interés para hacer negocios con el poder. Ellos mismos se buscaron su forma de enriquecerse con comisiones ilegales y sobornos desde los noventa hasta el 2013. Les suena al caso Azud, ¿verdad? Pues el empresario Jaime Febrer y otros constructores conseguían adjudicaciones públicas millonarias a cambio de repartir mordidas, regalos de lujo y contraprestaciones económicas, y pagaban al exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau. Pero también el PP y el PSPV, por financiarse ilegalmente, se pagaban gastos electorales. ¡Qué fácil ha sido para algunos y para algunas ganar elecciones en el país valenciano! A algunos se pagaban los favores y a otros les pagaban por mirar hacia otro lado. Y ahora sabemos, además, que Rita Barberá estaba al corriente de esas reuniones entre corruptores y corruptos. Porque, cuando hablamos de corrupción, necesariamente hablamos también de la cultura política del Partido Popular, y es que son unos artistas profesionales en la materia. Ser corrupto en el Partido Popular da puntos, y Feijóo ahora no sabe a quién poner de candidato para ser presidente de la Generalitat Valenciana. Se ve que desde Valencia le ha llegado información para que vaya con cuidado con Pérez‑Llorca, que puede tener negocios grises. Y si no es Pérez‑Llorca, entonces, ¿quién es? Vamos a repasar sus opciones.

Primero, el que se presenta directamente contra él es Francisco Camps. Quizás lo recuerdan por esos grandes antecedentes, como la Fórmula 1, la visita del papa o la Gürtel. Cada evento tenía su gran trama de corrupción. ¿Hará lo mismo Ayuso?

Otra opción es mantener la corrupción en el top con María José Catalá, la alcaldesa de Valencia, que está investigada por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Y no está sola, porque, claro, en el Partido Popular, cuando son casos de corrupción, o son casos sospechosos de serlo, siempre queda mejor cuando lo hacen en equipo, y por eso también están investigados cinco regidores y regidoras de su Gobierno. Por eso ya entiendo que Feijóo tenga dificultades para decidir. No es fácil encontrar un candidato o candidata cuando el problema no es la falta de nombres, sino el exceso de antecedentes. Cualquiera puede estar a la altura de esos antecesores. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Recordemos a Mazón, con 332 muertos por la dana y habiendo repartido dinero de la misma entre las empresas del caso Gürtel; o a Zaplana, condenado a diez años de cárcel por corrupción, o a Olivas, condenado a un año y medio. ¿Quién será el afortunado o la afortunada del Partido Popular que perderá las elecciones valencianas en 2027? Lo sabremos en breve.

Gracias.

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Señor ministro, a proposta que hoxe chega aquí de transparencia e integridade dos grupos de interese non o fai da mellor da mellor maneira posíbel. Cando se estaba a tramitar como proxecto de lei, de repente, o Consello de Ministros aproba o Real Decreto lei, alega a necesidade de cumprir co prazo establecido pola Comisión Europea para, en troca, liberar fondos do Plan de recuperación, mais o certo é que o goberno xa coñecía esa data e tivo, por tanto, a posibilidade de axilizar a tramitación da lei e realizala no Congreso con todas as garantías. Pero, en todo caso, non será iso o que determine o voto do BNG. É coñecida porque xa foi debatida aquí na pasada lexislatura unha reforma do Regulamento do Congreso co mesmo propósito a posición do BNG crítica co que no fondo é unha legalización do lobbismo, mais a grande discrepancia do Bloque Nacionalista Galego con este tipo de propostas ten a ver co que o goberno e o PSOE, como reflectido neste Real Decreto lei, consideran grupos de interese, quere dicir lobbies. É evidente que a capacidade das grandes empresas, especialmente en sectores estratéxicos como o enerxético ou financeiro de presionar ao goberno e ás administracións públicas é inmenso. Tamén é verdade que non vai ser corrixido con esta lei que, entre outras cousas, pois non regula as portas xiratorias. É tan grande que hai leis e normas que máis parecen feitas por estas empresas e para o seu exclusivo beneficio que en vez de en función do interese público e, por tanto, temos claro que é necesario poñer couto a esta capacidade de presión. Dubidamos —‌insisto— que sexa con esta norma.

Coñecemos tamén a capacidade dos lobbistas profesionais. Algúns son moi coñecidos, algúns pasaron por esta tribuna, foron ministros, lobbistas profesionais que non por acaso se nutren de exministros e ex cargos públicos de diversos partidos, maioritariamente do Partido Popular e do Partido Socialista, con mellor garantía de acceso á Administración pública, con independencia de quen goberne. Tamén é claro que hai que pór couto a isto. O problema está cando se dá o mesmo tratamento a sindicatos, ONG, entidades sociais, plataformas de diverso tipo, que mesmo poden ser conxunturais e sen personalidade xurídica, e ás empresas máis grandes do IBEX 35 ou aos lobbistas profesionais. Non é nin xusto nin democrático e, para alén do máis, ataca directamente porque dificulta de maneira evidente o dereito da cidadanía a responder fronte a medidas que considera inxustas, organizándose, mobilizándose e dialogando cos responsables políticos.

Sorprende mesmo que nas exclusións do concepto de grupo de interese do artigo do Real Decreto non fosen incluídos os sindicatos. Sinceramente, dar a consideración legal de lobbies ás organizacións sindicais é un despropósito maiúsculo que deturpa a función que mesmo constitucionalmente teñen de defensa dos intereses dos traballadores e traballadoras. Señor ministro, defender os intereses da clase traballadora non é lobbismo, é un dereito que debe poder ser exercido sen as constantes limitacións, como as que hoxe vostedes se inclúen aquí.

Di vostede que isto se vai resolver cunha modificación que vai excluír o diálogo social. Permítame que diga que o diálogo social, segundo vostedes, é unha reunión informal porque non ten amparo legal. De dous sindicatos, dous dos catro que teñen, cinco que teñen a condición de máis representativos, dúas organizacións patronais e o goberno. Pero eu pregunto que acontece se un sindicato se reuniuse, por exemplo, coa ministra de Traballo para trasladarlle as súas propostas. Iso sería o abismo porque non é no marco do diálogo social.

E permítame acabar, igual de despropósito é que, por caso, un grupo de veciños afectados pola supresión dunha parada de tren non poidan reunirse co delegado do Goberno sen pasar pola burocracia dunha inscrición para a que se esixe, por exemplo, domicilio social que non terán ou especificar o orzamento empregado para exercer o labor de influencia que tampouco terán. Vostedes saben que é profundamente inxusto tratar por igual grandes e pequenos, fortes e débiles, grandes empresarios e persoas traballadoras ou xubiladas.

O BNG non se oporá a que se poda avanzar sempre e cando haxa disposición á tramitación como proxecto de lei e a incorporar as mudanzas necesarias na dirección que veño de indicar.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor ministro, la propuesta que hoy llega aquí sobre transparencia e integridad de los grupos de interés no lo hace de la mejor manera posible. Cuando se está tramitando el proyecto de ley, de repente el Consejo de Ministros aprueba el real decreto y añade la necesidad de cumplir con el plazo establecido por la Comisión Europea para liberar fondos del plan de recuperación. Pero lo cierto es que el Gobierno ya conocía esta fecha y, por lo tanto, tuvo la posibilidad de agilizar la tramitación de la ley y realizarla en el Congreso con todas las garantías. Y, en todo caso, no será eso lo que determine el voto del BNG. Ya se sabe, porque fue debatida en la pasada legislatura una reforma en el Congreso con el mismo propósito. La proposición del BNG critica lo que en el fondo es la legalización del lobismo, pero la gran discrepancia del Bloque Nacionalista Galego en este tipo de propuestas es lo que el Gobierno y el PSOE persiguen, como han reflejado durante este Gobierno los grupos de interés y los lobbies.

Es evidente que la capacidad de las grandes empresas en los sectores estratégicos, como el energético y el financiero, de presionar a los Gobiernos y Administraciones públicas es inmenso, y también es cierto que no se corregirá con esta ley, que, entre otras cosas, nos regula las puertas giratorias. Es tan grande que hay leyes y normas que parecen más bien hechas por estas empresas y para su exclusivo beneficio, en vez de en función del interés público, y, por lo tanto, tenemos claro que es necesario actuar sobre esta capacidad de presión, pero —‌insisto— dudamos que sea con esta norma.

También conocemos la capacidad de los lobistas profesionales —‌algunos son muy conocidos, algunos han pasado por esta tribuna, han sido ministros—, lobistas profesionales que no por ello dejan de nutrirse de ministros y cargos públicos de diversos partidos, mayoritariamente del Partido Popular y del Partido Socialista, con mayor garantía de acceso a la Administración pública, independientemente de quien gobierne, y también está claro que hay que poner un coto a esto. El problema aparece cuando se une el tratamiento de sindicatos, ONG, entidades sociales, plataformas de diversos tipos ―que incluso pueden ser coyunturales y sin personalidad jurídica― y las empresas, incluso las grandes del IBEX 35 o lobistas profesionales. No es ni justo ni democrático y además ataca directamente, porque dificulta de manera evidente el derecho de la ciudadanía a responder ante medidas que considere injustas movilizándose y dialogando con responsables políticos.

Incluso, sorprende que en las discusiones sobre el concepto de grupo de interés respecto al artículo 2 del real decreto no se hubiesen incluido los sindicatos. Sinceramente, dar consideración legal de lobbies a las organizaciones sindicales es un despropósito mayúsculo, que desfigura la función que incluso constitucionalmente tienen en defensa de las entidades de los trabajadores y trabajadoras. Señor ministro, defender los intereses de la clase trabajadora no es lobismo, es un derecho que ha de poder ser ejercido sin limitaciones constantes, como las que hoy incluyen ustedes aquí.

Usted dice que esto se resolverá con la modificación que excluirá el diálogo social. Permítanme cuestionar qué es el diálogo social. Según ustedes, es una reunión informal —‌porque no tiene amparo legal— de dos sindicatos ―de dos de los cinco que tienen condición de más representativos―, dos organizaciones patronales y el Gobierno. Pero yo pregunto qué sucede si, por ejemplo, un sindicato quiere reunirse con la ministra de Trabajo para trasladarle sus propuestas. Eso sería lobismo, porque no está en el marco del diálogo social.

O también es un despropósito que, por ejemplo, un grupo de vecinos afectados por la supresión de una parada de tren no pueda reunirse con el delegado del Gobierno sin pasar por la burocracia de una inscripción en la que, por ejemplo, se exige el domicilio social ―que no tendrán― o especificar el presupuesto empleado para ejercer la labor de influencia ―que tampoco tendrán―. Ustedes saben que es profundamente injusto tratar por igual a grandes y pequeños, a fuertes y débiles, a grandes empresarios y personas trabajadoras o jubilados.

El BNG no se opondrá a que se pueda avanzar siempre y cuando haya disposición a la tramitación del proyecto de ley e incorporar los cambios necesarios que acabo de indicar.

Muchas gracias.

Eskerrik asko, presidenta. Arratsalde on, jaun andreok. Señorías, Jan Morris, en tal vez —‌según Gerald Brenan— el mejor libro de viajes escrito sobre España, retrató su recorrido por un país que encontró idílico, estimulante y en ocasiones extravagante, y así, entre las notas de su carácter, retrató al español como alguien al que le gusta que las cosas sean definitivas y categóricas, alguien al que le gusta la certeza y lo definitivo, alguien para el que todo tiene que estar claro y previsto, alguien que prefiere todo o nada. Y hago esta introducción, señorías, porque el decreto ley que debatimos creo que es buen reflejo de este carácter, de aquel respecto del que las cosas son definitivas, categóricas, del todo o nada, pero este, que en otro escenario pudiera considerarse su fortaleza, consideramos que ahora es precisamente su debilidad, porque, señorías, el cuestionable procedimiento y grave precedente institucional que se crea ―lo requerido o no para dar cumplimiento en plazo al hito 432 y la búsqueda de una mayoría que no se lograba en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley― creemos que aconsejaban que el contenido de este decreto ley no fuera tan definitivo, tan categórico, tan de objetivos y contenidos de máximos, y, en vez de optar por una regulación que se incorporara a los estándares medios regulatorios de aquellos países de la Unión que cuentan con esta normativa de transparencia, que lo es también en la lucha contra la corrupción, creemos que en el decreto ley se opta por la regulación más completa y avanzada en relación con los grupos de interés. Se opta por un casi non plus ultra regulatorio, lo que, unido a otras circunstancias concurrentes en el decreto ley, junto a la propina ―que también hemos de señalar― de la final tercera, nos dificulta el voto favorable a su convalidación, porque, señorías, no podemos minimizar la trascendencia institucional y el precedente que se crea con que el Gobierno interrumpa la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que no lograba la mayoría suficiente para mutarla en un decreto ley, y además con contenido ampliado sobre el proyecto bloqueado. Y, por otro lado y sin querer profundizar, aunque también con dudas respecto a la extraordinaria y urgente necesidad en cumplimiento del hito 432 es de las requeridas por el artículo 86 de la Constitución, creemos que el hito 432 de Bruselas tampoco reclamaba un contenido como el que conocemos. Porque, señorías, una cosa es lo exigido, como les decía, por la Comisión en el hito 432 ―que era algo esquemático: un registro público de las organizaciones que busquen influir, un organismo supervisor independiente con capacidad y medios, y un régimen sancionador en caso de infracción—, y otra cosa es la densidad regulatoria del decreto ley. Además de mutar, como decía, la tramitación parlamentaria, que no lograba mayoría, en un decreto ley que lo reproduce y amplía y que se hace, según se dice, para cumplir con Europa, pero a nuestro juicio va mucho más allá de lo exigido por esta y, además, con la regulación más completa y avanzada de nuestro entorno. Todo ello a través de un procedimiento constitucional para situaciones de extrema y urgente necesidad, aprovechando ―ya lo he apuntado― el decreto ley para introducir, en su disposición final tercera, una materia sin conexión alguna con el cumplimiento del hito 432 ni con la justificación de los requerimientos exigidos por el 86 de la Constitución.

Señorías, ministro, vicepresidente, creo que todos los presentes compartimos la necesidad de que, en el marco de la lucha contra la corrupción, nos dotemos de una norma sobre lobbies o grupos de interés. Es una exigencia que, año a año, nos hace el informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en España, el Consejo de Europa —‌a través del Grupo de Estados contra la Corrupción—, la OCDE, la academia, y un notable grupo de lobismo por cuenta ajena. Nadie duda de que la participación de los grupos de interés contribuye a la mejor gobernanza del sector público, que exige una interrelación continua con la sociedad y que esta interrelación debe ser transparente, con publicidad, porque la información es el pilar fundamental que permite a los ciudadanos participar conscientemente, fiscalizar y tomar decisiones libres en una sociedad democrática. Y que esta interconexión debe también contar con trazabilidad, con una autoridad independiente de supervisión y con medios, algo totalmente distinto al tipificado penalmente ―tengo que recordarlo― tráfico de influencias, que se articula en la opacidad, en el acceso privilegiado y en el prevalimiento para presionar, tratando de obtener un beneficio particular.

Sin embargo, señorías ―y voy finalizando, presidenta―, lo que ahora principalmente cuestionamos de este decreto ley debatido, además de por la concurrencia de otras razones expuestas, es su misma densidad respecto al trazo y publicidad que debe tener la acción de influencia, respecto a quiénes la pueden ejercer, en qué condiciones y qué consecuencias tienen por sus incumplimientos. Por ello, sugerimos al Gobierno, con toda humildad, la presentación de un nuevo decreto ley que, dando cumplimiento material al hito 432 y a lo que se exige desde múltiples organizaciones internacionales, posibilite a

España incorporarse al mainstream regulatorio de los países de la Unión, no tratando de ponerse a su cabeza regulatoria, que es precisamente lo que dificultaba el logro de una mayoría suficiente en la ley y, finalmente, en este decreto ley.

Presenten un nuevo decreto ley con menos densidad normativa, con menos ambición y más realismo en atención a la búsqueda del logro de la mayoría requerida, que, por cierto, será más fácil de alcanzar si se negocia previamente con los grupos de esta Cámara. Un nuevo decreto ley sobre el que, en su caso y posteriormente, sea posible seguir construyendo en el aún vivo cauce de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre la misma materia.

Nada más y muchas gracias.

Presidenta andrea, diputatuak. Debatimos hoy aquí lo que bien podría ser el vástago de un proyecto de ley nonato. Realmente, este real decreto recoge casi en su totalidad lo que fue el debate de más de año y medio que sostuvimos los grupos parlamentarios aportando enmiendas y siendo conscientes tanto de la necesidad de homologarnos con los estándares europeos en lo que tiene que ver con el control de los grupos de presión y la transparencia de los grupos de presión y los lobbies, como de la pluralidad existente en esta Cámara. Y digo que es el vástago de ese proyecto de ley porque recoge los seis pilares en los que se sustentaba el proyecto de ley: el que tiene que ver con el registro estatal obligatorio y público; el que tiene que ver con la imposición de identificación de los grupos y/o sus representantes; el que exige información sobre sus actividades y financiación; el que obliga a dar publicidad a reuniones, contactos y documentación; el que incorpora un informe de huella normativa, y el que establece un régimen sancionador específico. Es, en definitiva, arrojar luz sobre eso que en muchas ocasiones desde esta tribuna hemos señalado como un poder en la sombra: aquellos que no se presentan a las elecciones pero que gobiernan porque son capaces de doblar la voluntad de determinados grupos políticos o de imponer sus exigencias de privilegio respecto al conjunto de la población. Por eso creemos que este real decreto ley constituye un avance respecto de un modelo de transparencia meramente formal ―como parece que algunos desean para poder así vincularse al mismo― y contiene instrumentos especialmente relevantes como la huella normativa, la publicidad de las relaciones de influencia, el régimen sancionador y las medidas destinadas a prevenir algo que a muchos de los partidos presentes en esta Cámara les sonará bastante, que son las puertas giratorias. Sin embargo, no reproduce íntegramente el estándar de control, trazabilidad y responsabilidad ni alcanza el nivel de garantía y exigencia que desde Euskal Herria Bildu hemos defendido, tanto en nuestras enmiendas como en nuestras intervenciones. Defendíamos entonces en esas interlocuciones expresamente que también los responsables públicos y el personal con capacidad de influencia respondieran por mantener contactos con grupos no inscritos, por ocultar o no publicar reuniones o por promover este tipo de contactos. Y eso ―también hay que señalarlo― no está. El real decreto ley introduce un sistema de transparencia sobre los grupos de interés, es cierto, pero en Euskal Herria Bildu defendemos algo mucho más ambicioso o exigente, si se quiere: un sistema de trazabilidad y rendición de cuentas de toda la relación de influencia. ¿Quién influye? ¿A quién? ¿En nombre de quién? ¿Con qué recursos? ¿Sobre qué decisión? ¿Y con qué consecuencias? Es algo tan sencillo como poner en el primer plano de la acción política aquello que hemos oído mil veces decir en las calles y en nuestras familias: quien nada oculta, nada teme. Quizás eso explica también la airada reacción del presidente de la CEOE, el señor Garamendi, diciendo que va a romper relaciones con el Gobierno porque se añada transparencia a sus relaciones con determinadas formaciones políticas. Quizás, si esto ya hubiera existido, no hubiéramos asistido —y‌ que conste que nosotros y nosotras, las gentes de Euskal Herria Bildu, lo hicimos como espectadores porque nadie se planteó siquiera tocar a nuestra puerta— a esos pasillos eternos que se hizo algún CEO de alguna gran empresa energética durante aquellos días en los que se tenía que debatir el impuesto a las energéticas.

Pero este debate tampoco es nuevo, ni lo son ya las posiciones, tampoco la nuestra. Hoy vamos a volver a ver a las derechas, sean de la nación que sean, exponer aquí un catálogo de excusas, pretextos, vaguedades e indefiniciones, y yo les pediría lo mismo que ofrezco, no más: sinceridad. Yo vengo aquí a defender una posición de clase, de la clase trabajadora. Por qué ellos no son sinceros y dicen que ellos también están aquí para defender una posición de clase: la de la clase dominante, la de la que establece que el privilegio se hereda y no se cede, la que determina que una sociedad no puede ser igual porque algunos no están dispuestos a perder su posición de dominio para con el conjunto y conseguir así un escenario de igualdad efectiva y real.

Pero, de la misma manera que señalo esto, también digo que nosotros en la tramitación ―si finalmente pasamos este trámite, que parece difícil— pelearemos por que se incluyan algunas cuestiones: la que tiene que ver con la responsabilidad de los cargos y empleados públicos que he señalado antes; la que tiene que ver también con la eliminación de las excepciones a la inscripción previa; la transparencia económica y la trazabilidad de la financiación; la identificación de intermediarios y beneficiarios finales de la actividad de influencia —‌porque hay gente que gana mucha pasta con esto—; exigiremos también un control ciudadano y los mecanismos de denuncia; la extensión de las obligaciones al ámbito parlamentario y el refuerzo de la trazabilidad no solo en las relaciones de influencia o no solo en la elaboración normativa de la misma.

Voy terminando. Uno de los elementos que probablemente ha sido más polémico en los últimos días con respecto a este real decreto es el que tiene que ver con la posición en la que quedan los sindicatos y la CEOE. Sinceramente lo digo, no creo, como no lo fue antaño, que «el café para todos» resuelva realidades diferentes. No creo que los sindicatos, sean cuales sean estos —l‌os de clase—, sean iguales que la CEOE. No creo que Repsol sea igual que el movimiento de pensionistas. No creo que Iberdrola sea igual que la plataforma de afectados por las hipotecas. Y no creo que dificultar la acción de colectivos sociales que buscan la defensa de derechos ―no el mantenimiento de privilegios, como sí hacen estas otras grandes empresas que he citado― sea la mejor manera de resolver el problema.

Por eso, también ahí pelearemos, si existe esa posibilidad de tramitación, para que se resuelva esa incongruencia, desde nuestro punto de vista, que es la de tratar de forma igual a quienes en absoluto son iguales ni cuentan con los mismos recursos para defender distintas posiciones, que, como digo, en un caso son las de defensa de derechos y dignidades colectivas, y en otro caso son las de defensa de privilegios y posiciones de beneficio particular. Pero, en cualquier caso, en este tema, como en todos y en política, a la gente hay que decirle la verdad, aunque duela, y probablemente la mejor manera de decirles la verdad, cuando en estos tiempos de confusión no sean capaces de discernir lo que es cierto de lo que es falso, sea arrojar transparencia, poner luz en los palcos y en los cenáculos donde algunos deciden cómo tenemos que vivir y cuánto tienen que ganar, aunque sea a costa del sufrimiento de cada vez más gente.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Senyora presidenta, senyories. Per molta pressió que ens posin el seu govern, senyor López no tindrà els nostres vots. Els vots de Junts per Catalunya per convalidar el Reial Decret Llei de Lobbys. I això per moltes raons, però sobretot per una que per a nosaltres és definitiva. I és que aquesta llei, senyor ministre, és la llei que volen els grans lobbys i les grans empreses de l’Ibex 35. I és la llei que no volen les petites i mitjanes empreses, les cooperatives, les entitats i les associacions sense ànim de lucre de Catalunya. És a dir, és la llei que no volen els que fan que la societat catalana sigui una societat econòmicament, culturalment sociològicament diferent de l’espanyola. Aquesta llei de lobbys és una llei feta a mida dels que es dediquen a l’activitat professional d’influència. Les grans consultores Acento, Pedersen, Kreab, Cuenca, creat i a mida també dels departaments de Relacions Institucionals, Institucionals i Public Affairs, de les grans empreses Banc de Sabadell, La Caixa, BBVA, Ferrovial, Sacyr, Repsol, etcètera.

Encara que la seva llei de lobbys tingui el suport entusiasta de SUMAR i de les altres esquerres espanyoles, senyor Matute, les grans empreses i consultores no tenen cap problema amb la seva llei. Per què? Doncs perquè tenen els recursos econòmics i de personal per poder assumir les càrregues burocràtiques que la llei demana i les deixa en una situació de privilegi en la relació amb l’administració i el sector públic. En canvi, aquestes mateixes càrregues burocràtiques, que per cert, són moltes més que les que demana Europa, no s’han d’exigir a una empresa de serralleria, no s’han d’exigir. A la Cooperativa Agrícola de Batea, no s’han d’exigir a la Unió de Botiguers de Sant Celoni. No s’han d’exigir a les associacions de terrissaires de la Bisbal o de Torners de la Vall del Ges, ni tampoc s’han d’exigir a un club esportiu que es dediqui a l’esport adaptat, ni tampoc ni tampoc s’han d’exigir a un professional especialitzat especialitzat en un tema o a qualsevol ciutadà que es posi en contacte amb l’administració. No se’ls han d’exigir aquestes càrregues. No són càrregues exigibles a ningú que ocasionalment i de forma no remunerada, s’hagi de relacionar amb l’administració per la raó que sigui. Per tant, per a tots aquests. Aquesta mateixa llei suposa una barrera burocràtica desproporcionada que desincentiva la seva relació amb l’administració. I això és un perjudici tant per a l’administració i el sector públic com per a la societat civil, perquè té un efecte dissuasori. I qui hi surt guanyant? Doncs és evident. Les grans empreses, les grans empreses que dediquen milions d’euros a influir en els seus departaments, les grans empreses que dediquen milions d’euros a influir, volia dir també els seus departaments de relacions institucionals. I també hi surten guanyant els professionals de la representació d’interessos que cobren d’aquestes grans empreses precisament.

No dic amb això. No estic dient, senyor ministre, que no sigui una activitat legítima i que no s’hagi de regular la influència. El que dic és que aquesta regulació només els afavoreix a ells. Nosaltres, senyor ministre, estem totalment d’acord en que les grans empreses i els professionals del lobby passin pel tubo. I tant! Ara el que no acceptarem és que les petites empreses, les entitats i associacions del nostre teixit social, hagin de passar pel mateix tubo. És ben senzill. La presidenta d’una associació de veïns i el senyor Pepe Blanco no són el mateix i, per tant, quan es relacionen amb l’Administració no se’ls pot exigir el mateix.

Mirin, ahir el senyor Patxi López, que veig que no hi és, va dir que havia negociat amb nosaltres. Fals. Ningú ha negociat res amb nosaltres. Si realment vostès haguessin volgut aprovar la llei de lobbys, haurien hagut d’assumir les nostres esmenes. Les esmenes publicades al Butlletí de les Corts Generals de 22 de setembre de 2025, de la 43 en endavant. Tothom les pot conèixer. Les nostres esmenes i que diferencien clarament l’activitat d’influència professional de la que no ho és i que, en coherència, preveuen que els que no són lobbistes professionals s’estalviïn les càrregues de registre, de documentació, de comunicació, de dades, d’informació financera, de règim sancionador, etcètera. Unes càrregues que poden ser exigibles als lobbistes professionals i a les grans empreses, però que van molt més enllà de les càrregues que exigeix la Unió Europea i que són desproporcionades per als no professionals.

El senyor Patxi López, no present, també es preguntava a quins interessos responen als que tenen dubtes amb aquesta llei. I el que em pregunto és: a quins interessos responen vostès que han perdut? Quants milions d’euros, 1500 de fons europeus. Això és el que jo em pregunto i em pregunto, per què han preferit no incorporar les nostres esmenes a incorporar‑les i aprovar la llei? Doncs deixi’m ser malpensat. Potser és que els seus interessos estan més al costat de les grans empreses, de les portes giratòries i dels lobbistes professionals com el senyor Pepiño Blanco i el senyor Antonio Hernando de Sento com el senyor Eduardo Madina, Eduardo Madina de crear com el senyor Pepe Bono, lobbista de construcció de constructores que va facturar 675 000 euros l’any passat, com la senyora Elena Valenciano. Com la senyora Trinidad Jiménez, directora general d’Afers Públics de Telefónica. La llista és inacabable. Potser és que vostès estan més a favor d’aquests. Per cert, senyor senyor ministre, en aquesta llista de directors que ara li feia de Public Affairs, de sèniors, Advisors, etcètera. Jo crec que té prou mèrits per ser un senyor que potser li sona, o potser li sona el partit socialista que es diu José Luis Rodríguez Zapatero i també hauria de ser i la seva consultoria, anàlisis relevante, tot un referent en matèria de transparència i integritat pública. Per tant, el senyor Patxi López. El que li hauria de preocupar no és que nosaltres tinguem dubtes amb la seva llei, sinó quins interessos han portat al seu govern a bloquejar durant un any i mig la seva tramitació aquí al Congrés i a boicotejar ara la seva aprovació pretenent que la votem, que votem aquest Reial decret llei sense que incorpori cap de les nostres esmenes. Cap senyor ministre no deu ni un 5 %. Cap.

Acabo. On és l’extraordinària i urgent necessitat per aprovar el Reial decret llei sobre lobbys en ple mes d’agost? No acceptem el xantatge dels fons europeus. El Govern espanyol. Vostè coneix de fa anys les fites del pla de recuperació que cal complir per obtenir els fons europeus. I en tot aquest temps el Govern espanyol ha bloquejat el tràmit parlamentari de la llei que el govern espanyol i els grups que li donen suport no tinguin majoria en aquesta cambra per aprovar el seu model de llei de lobbys. No justifica per si mateix la urgent i extraordinària necessitat del Reial Decret Llei. El contrari seria acceptar que la falta de majoria avala saltar‑se el procediment legislatiu. Però encara més, vostès s’han pensat que fent‑ho així que fent‑ho per la via del Reial Decret Llei aconseguirien aprovar per la cara la seva llei de lobbys. És de primer de parlamentarisme que si no tens majoria per imposar el teu model en bloc, no pots esperar que els altres renunciïn a les seves esmenes. A cambio de nada. Almenys que no esperin de nosaltres, no ho esperin de Junts per Catalunya. El seu Reial Decret Llei apel·la als principis de transparència, d’integritat i de bon govern, però per a nosaltres significa exactament el contrari opacitat, menyspreu per al tràmit parlamentari, menyspreu per a aquesta institució parlamentària i desgovern. Si aquest és el seu pla de regeneració democràtica, no compti amb nosaltres.

Gracias, señora presidenta. Por mucha presión que nos ponga su Gobierno, señor López, no va a tener nuestros votos, los votos de Junts per Catalunya para convalidar el real decreto ley de lobbies, y eso es por muchas razones, pero, sobre todo, por una que para nosotros es definitiva, y es que esta ley, señor ministro, es la que quieren los grandes lobbies y las grandes empresas del IBEX 35 y es la ley que no quieren las pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, las entidades y las asociaciones sin ánimo de lucro de Cataluña, es decir, es la ley que no quieren los que hacen que la sociedad catalana sea una sociedad económica, cultural y sociológicamente distinta de la española. Esta ley de lobbies es una ley hecha a medida de quienes se dedican a la actividad profesional de influencia, de las grandes consultoras ―Acento, Pedersen, Kreab, Cuenca―, y a medida también de las empresas de relaciones institucionales o de las divisiones de relaciones institucionales de las grandes empresas, como Sabadell, Sacyr, Ferrovial, etcétera. Aunque su ley de lobbies tenga el apoyo entusiasta de SUMAR y de las otras izquierdas españolas, las grandes empresas y consultoras no tienen ningún problema con su ley. ¿Por qué? Porque tienen los recursos económicos y de personal para poder asumir las cargas burocráticas que la ley exige y las deja en una situación de privilegio en la relación con la Administración y el sector público. En cambio, esas mismas cargas burocráticas —q‌ ue, por cierto, son muchas más que las que pide Europa— no deben exigirse a una empresa de cerrajería, a la cooperativa agrícola de Batea o a la Unión de Tenderos de San Celoni o de cualquier otro pueblo de Cataluña, como tampoco deben exigirse a un profesional especializado en determinada materia o a cualquier ciudadano que se ponga en contacto con la Administración. No se les deben exigir estas cargas. No son cargas exigibles a alguien que ocasionalmente y de forma no remunerada tenga que relacionarse con la Administración por el motivo que sea. Y, por tanto, para todos ellos esta ley supone una barrera burocrática desproporcionada, que desincentiva su relación con la

Administración. Y ese es un perjuicio tanto para la Administración y el sector público como para la sociedad civil, porque, evidentemente, tiene un efecto disuasorio. ¿Y quién sale ganando aquí? Por supuesto, las grandes empresas y sus departamentos de relaciones institucionales, así como los profesionales de la representación de intereses, que precisamente cobran de estas grandes empresas.

No digo con ello, señor ministro, que no sea una actividad legítima y que no deba regularse esta influencia. Lo que digo es que esta regulación solo les favorece a ellos. Nosotros, señor ministro, estamos totalmente de acuerdo en que las grandes empresas y los profesionales del lobby pasen por el tubo, ¡y tanto!, pero lo que no vamos a aceptar es que las pequeñas empresas, las entidades y asociaciones de nuestro tejido social tengan que pasar por el mismo tubo. Y es muy sencillo: la presidenta de una asociación de vecinos y el señor Pepe Blanco no son lo mismo, y, por tanto, cuando se relacionan con la Administración no se les puede exigir lo mismo.

Ayer, el señor Patxi López —v‌ eo que no está— dijo que había negociado con nosotros. Falso, nadie ha negociado nada con nosotros. Si realmente ustedes hubieran querido aprobar la ley de lobbies, habrían tenido que asumir nuestras enmiendas, las enmiendas publicadas en el Boletín de las Cortes Generales de 22 de septiembre de 2025; de la 43 en adelante. Todo el mundo puede conocer nuestras enmiendas, que diferencian claramente la actividad de influencia profesional de la que no lo es y, en coherencia, prevén que quienes no son lobistas profesionales se ahorren las cargas de registro, documentación, comunicación de datos, información financiera, régimen sancionador, etcétera; unas cargas que pueden ser exigibles a los lobistas profesionales en las grandes empresas pero que van mucho más allá de las cargas que exige la Unión Europea y que son desproporcionadas para los no profesionales.

El señor Patxi López —‌no presente— se preguntaba también a qué intereses responden quienes tienen dudas con esta ley, y lo que me pregunto yo es a qué intereses responden ustedes, que han perdido… ¿Cuántos millones de euros? ¿1500 de fondos europeos? Eso es lo que yo me pregunto. Y me pregunto por qué han preferido no incorporar nuestras enmiendas a incorporarlas y aprobar la ley. Permítanme ser mal pensado, pero quizás es que sus intereses estén más del lado de las grandes empresas, de las puertas giratorias y de los lobistas profesionales, como el señor Pepiño Blanco y el señor Antonio Hernando, de Acento; o el señor Eduardo Madina, de Kreab; o el señor Pepe Bono, lobista de constructoras que facturó 670 000 euros el año pasado; o la señora Elena Valenciano, o la señora Trinidad Jiménez, directora general de Asuntos Públicos de Telefónica. La lista es interminable, y quizás ustedes estén más a favor de estos. Y, por cierto, señor ministro, en esta lista de directores que ahora comentaba de public affairs, seniors advisors, etcétera, creo que tiene bastantes méritos para estar un señor que quizás también le suene al Partido Socialista; se llama José Luis Rodríguez Zapatero y también debería estar su consultoría, Análisis Relevante, en todo lo referente a materia de transparencia e integridad pública. Por tanto, al señor Patxi López lo que debería preocuparle no es que nosotros tengamos dudas respecto a su ley, sino qué intereses han llevado a su Gobierno a bloquear durante un año y medio su tramitación en el Congreso y a boicotear ahora su aprobación pretendiendo que votemos este real decreto ley sin que incorpore ninguna de nuestras enmiendas, ni una; no un 10 ni un 5 %, sino ninguna.

Finalmente, ¿dónde está la extraordinaria y urgente necesidad para aprobar el real decreto ley sobre lobbies en el mes de agosto? No aceptamos lo del chantaje de los fondos europeos. Usted conoce desde hace años los hitos del plan de recuperación que hay que tener para obtener los fondos europeos, y durante todo este tiempo el Gobierno español ha bloqueado el trámite parlamentario de la ley. Que el Gobierno español y los grupos que le apoyan no tengan mayoría en esta Cámara para aprobar su modelo de ley de lobbies no justifica en sí mismo la urgente y extraordinaria necesidad del real decreto ley; al contrario, sería aceptar que la falta de mayoría avala saltarse el procedimiento legislativo. Pero, más aún, ¿ustedes se han creído que haciéndolo así, por la vía del real decreto‑ley, conseguirían aprobar por la cara su ley de lobbies? Es de primero de parlamentarismo que, si no tienes mayoría para imponer tu modelo en bloque, no puedes esperar que los demás renuncien a sus enmiendas a cambio de nada. O, al menos, que no lo esperen de nosotros, que no lo esperen de Junts per Cataluña. Su real decreto ley apela a los principios de transparencia, integridad y buen gobierno, pero para nosotros significa exactamente lo contrario: opacidad, menosprecio por el trámite parlamentario y por esta institución parlamentaria y desgobierno. Si ese es su plan de regeneración democrática, no cuente con nosotros.

Presidenta, senyories, ministre. Tots sabem que les democràcies avançades organitzen el diàleg entre institucions i societat civil per millorar i fer més eficients les polítiques públiques. La interlocució entre el món públic i privat és imprescindible. Però a més a més, sabem que ha de tenir traçabilitat, ha de tenir claredat, ha de tenir un marc adequat, sobretot per fer eficient que es recullin les diferents sensibilitats de la societat quan elaborem qualsevol política o instrument governamental. Vostè ha parlat de qualitat democràtica? És veritat que els grans partits a la cambra sempre esmenten la qualitat democràtica, moltes vegades posada en entredit. I és evident que una norma d’aquesta magnitud va en aquesta línia. Qualitat per als ciutadans, per als funcionaris i també per als polítics i operadors diversos de l’administració. No vull fer acudits fàcils, senyories. Però clar, això arriba tard. En un estat com l’Estat espanyol, que és l’Estat on el rei emèrit era el gran lobbista, era el gran lobbista. El rei emèrit, el Borbó, es dedicava al lobby sense cap regulació, com s’ha acreditat i s’ha explicat. La nostra tradició ibèrica hispànica és la de la picaresca, la del Boston. I arribem a regular tot això. Una mica tard hem d’admetre‑ho. Vostè ja sap que l’agost de l’any 2024 l’OCDE va avisar l’Estat espanyol que estàvem en un marc absolutament descontrolat. Això explica per què vostès ara han posat el turbo, però com li diré, no ens agrada la manera, per bé que donarem suport a la mesura. No ens ha agradat la manera com això s’ha fet. El buit normatiu a Espanya és greu i es podien inspirar en aquest cas vostès, però també les senyories del PP, en el que s’havia fet a Catalunya i a algunes comunitats autònomes, senyories que sí que tenen regulat aquest àmbit de la relació entre l’administració i els grups d’interès. El cas de Catalunya hi ha una llei, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern que vostè va conèixer, ministre que fa molts anys que opera. Per tant, si Catalunya i altres comunitats ho han fet, no deixa de ser curiós que a nivell de l’administració general no s’hagi fet. Per cert, aprofito ara que parlo d’autonomies per dir que en el cas que això s’acabi aplicant d’alguna manera, encara que avui no surti de la cambra, Caldrà vigilar molt els límits i els processos entre la normativa que pugui sortir d’aquí i la de les autonomies per evitar més confusió justament entre empreses, entitats, organismes i firmes professionals. No voldríem que un excés de normativa acabés fent una cosa contrària a la que es busca, que és complicar la vida dels agents socials. La norma és necessària, però com ha dit el senyor Matute i altres diputats, és incompleta. Cal dir‑ho: és incompleta i el fet de que vinguem d’una anomalia com la no existència d’una llei d’aquest tipus no ens ha de fer dir que és perfecte. El grup d’Esquerra valora que s’han acceptat diverses esmenes del nostre grup. Ho valorem, però també és cert que en el pas del projecte de llei al reial decret han passat coses que no ens agraden. No ens agrada en si el mètode del Reial Decret, per bé que vostès els justifiquen pels fons europeus, però sobretot no ens agrada. Alguns diputats que m’han precedit ho han dit. La qüestió que els sindicats que quedin incorporats i vostè ho ha salvat. Ministre, parlant del diàleg social, m’ha d’admetre que com a mínim és ambigu. Li deia el senyor Rego. I tenia raó. Una cosa és el diàleg social en un sentit abstracte i genèric, i una altra és la relació d’influència directa que pot tenir un operador social amb un sindicat sobre una decisió governamental legislativa. No ens agrada aquesta ambigüitat. Per posar un exemple molt clar, resulta bastant paradoxal. Ministre, que els col·legis professionals siguin una excepció i no ho siguin els sindicats. No s’entén. No s’entén això. Si tingués un recorregut posterior d’una altra manera. Nosaltres, com a grup republicà, també lluitarem per corregir‑ho perquè és un contrasentit i vostès ho saben, que és un conte sentit. I a més a més, li afegeixo una cosa incorporaria un greuge i una inseguretat jurídica, perquè per bé que vostè parla del diàleg social, és evident que el paper dels sindicats és molt específic i vull recordar que està constitucionalment reconegut d’una manera clara i blindada, i això és important.

Permetin‑me que faci una reflexió final que té a veure amb aquesta voluntat que tenen vostès en el govern socialista i de coalició perquè els companys de SUMAR finalment també participen d’això de tirar pel dret amb el Reial Decret. No ens agrada el mètode del Reial Decret, per molt bé que estigui justificat en ares als fons europeus. Votarem que sí, però ho farem amb poca alegria i ens adherim a aquella dita espanyola que diu: «Lo mejor es enemigo de lo Bueno», sí, però també han d’entendre que si veig que riu però sap que és així, però han d’entendre que no poden anar sempre amb aquesta carraca, perquè al final també la bona gent republicana ens cansarem. I fixi’s que el context ens convida a votar que sí, però tampoc abusi del context. El context és un moment en el que el descrèdit de la política és enorme. Que vostès, com a partit socialista, tenen uns casos que no són exactament exemplars que les senyories del PP tenen un historial de casos que tampoc són exemplars i que, en general, la democràcia espanyola està greument ferida de credibilitat, cosa que obre un forat molt gran perquè VOX i altres partits d’ultradreta entrin amb força fent un discurs clarament antipolític. Aquest context també fa que nosaltres votem que sí, però algun dia, ministre, hauran d’entendre que les coses valen també fora del context i que és també una responsabilitat del Govern que això no hagi sortit de la cambra amb més impuls. També hi ha una responsabilitat, especialment del grup socialista, de no haver tret com a projecte de llei.

Moltes gràcies.

Presidenta, señorías, ministro, todos sabemos que las democracias avanzadas organizan el diálogo entre instituciones y sociedad civil para mejorar y hacer más eficientes las políticas públicas. La interlocución entre el mundo público y privado es imprescindible, pero además sabemos que ha de tener trazabilidad, claridad, un marco adecuado, sobre todo para hacer eficiente que se recojan las distintas sensibilidades de la sociedad cuando elaboramos cualquier política o instrumento gubernamental. Usted ha hablado de calidad democrática. Es verdad que los grandes partidos de la Cámara siempre mencionan la calidad democrática, muchas veces puesta en entredicho, y es evidente que una norma de esta magnitud va en esta línea, calidad para los ciudadanos, para los funcionarios y también para los políticos y operadores diversos de la Administración.

No quiero hacer ningún chiste fácil, señorías, pero claro, esto llega tarde, en un Estado como el Estado español, que es el Estado donde el rey emérito, el Borbón, era el gran lobista. Se dedicaba al lobby sin ninguna regulación, como bien se ha acreditado y explicado. Nuestra tradición ibérica, hispánica, es la de la picaresca, la de El Buscón. Llegamos a regular todo esto un poco tarde, tenemos que admitirlo. Usted ya sabe que, en agosto de 2024, la OCDE avisó al Estado español de que estábamos en un marco absolutamente descontrolado. Esto explica por qué ustedes ahora han acusado al Borbón, pero no nos gusta la manera, a pesar de que daremos apoyo a ella. No nos ha gustado cómo se ha hecho. El vacío normativo en España es grave y se podían inspirar, en este caso ustedes, pero también las señorías del Grupo Popular, en lo que se hizo en Cataluña. Hay algunas comunidades autónomas, señorías, que sí que tienen regulado este ámbito de la relación entre la Administración y los grupos de interés. En el caso de Cataluña, hay una ley, la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que usted ya debe conocer, ministro, que hace mucho tiempo que opera. Por ende, si Cataluña y otras comunidades lo han hecho, no deja de ser curioso que a nivel de la Administración general no se haya hecho. Por cierto, aprovecho ahora que hablo de autonomías, para decir que en el caso de que esto se termine aplicando de alguna forma, aunque esto no salga hoy de la Cámara, tendremos que vigilar mucho los límites y los procesos entre la normativa que pueda surgir de aquí y la de las autonomías, para evitar más confusión justamente entre empresas, entidades y organismos, firmas profesionales... No quisiéramos que un exceso de normativa termine haciendo algo contrario a lo que se busca, que es complicar la vida de los agentes sociales.

La norma es necesaria, pero como ha dicho el señor Matute y otros diputados, es incompleta, hay que decirlo. El hecho de que vengamos de una anomalía como la no existencia de una ley de este tipo no nos tiene que hacer decir que es perfecta. El grupo de Esquerra valora que se hayan aceptado distintas enmiendas de nuestro grupo, pero también es cierto que en el paso del proyecto de ley a real decreto han pasado cosas que no nos gustan. A pesar de que ustedes lo justifican por los fondos europeos, a mí y a algunos diputados que me han precedido, que ya lo han dicho, no nos gusta el método del real decreto. No nos gusta la cuestión de que los sindicatos queden incorporados. Y usted lo ha salvado, ministro, hablando del diálogo social. Me tiene que admitir que, como mínimo, es ambiguo. Se lo decía el señor Rego y tiene razón. Una cosa es el diálogo social en un sentido abstracto y genérico y otra es la relación de influencia directa que puede tener un operador social, entre ellos un sindicato, sobre una decisión gubernamental o legislativa. No nos gusta esta ambigüedad. Para poner un ejemplo muy claro, parece bastante paradoxal, ministro, que los colegios profesionales sean una excepción y no lo sean los sindicatos, no se entiende. Si esto tuviera un recorrido posterior de otra forma, nosotros como Grupo Republicano también vamos a luchar para corregirlo, porque es un contrasentido y ustedes lo saben. Y además le añado una cosa, incorporaría una inseguridad jurídica, porque a pesar de que usted hable del diálogo social, es evidente que el papel de los sindicatos es muy específico y quiero recordar que está constitucionalmente reconocido de manera clara y blindada, y esto es importante.

Permítanme que haga una reflexión final que tiene que ver con esta voluntad que tienen ustedes en el Gobierno socialista y de coalición, porque los compañeros de SUMAR finalmente también participan de esto, de tirar hacia delante con el real decreto. No nos gusta el método del real decreto por bien que esté justificado en aras de los fondos europeos. Votaremos que sí, pero lo haremos con poca alegría. Y nos adheriremos a esa dicha española que dice «lo mejor es enemigo de lo bueno». Pero también tienen que entender ―bueno, veo que se ríe, pero es que sabe que es así― que no podemos ir siempre con esta carraca, porque al final también la buena gente republicana nos vamos a cansar. Y fíjese que el contexto nos invita a votar que sí, pero tampoco abuse del contexto. El contexto es un momento en que el descrédito de la política es enorme; ustedes, como Partido Socialista, tienen unos casos que no son exactamente ejemplares; las señorías del Grupo Popular tienen un historial de casos que tampoco son ejemplares y, en general, la democracia española está gravemente herida de credibilidad, cosa que abre un gran agujero para que VOX y otros partidos de la ultraderecha entren con fuerza con un discurso claramente antipolítico. Este contexto también hace que nosotros votemos que sí. Pero algún día, ministro, entenderán que las cosas valen fuera del contexto. También es una responsabilidad del Gobierno que esto no haya salido de la Cámara con más impulso, también es una responsabilidad del Grupo Socialista no haberlo sacado como proyecto de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señor ministro, como usted sabe, la corrupción la pagan las familias trabajadoras, que sostienen con sus impuestos los servicios públicos, y las empresas que cumplen las reglas y pierden contratos, frente a quienes las compran. Amañar contratos, desviar subvenciones, recortar impuestos o diseñar una regulación a medida daña a los ciudadanos doblemente: primero por el dinero que desaparece y después por los servicios que se dejan de recibir. Además, la corrupción pública destruye la confianza en la democracia. Por eso es importante regular los grupos de interés, porque pone controles a las relaciones entre el poder económico y la Administración para dificultar que el interés general termine subordinado a los intereses de delincuentes. La necesidad de esta regulación se manifiesta en el Índice de Percepción de la Corrupción de España publicado por Transparencia Internacional, que nos sitúa lejos de sociedades como Alemania, Reino Unido o Francia. Pero no hace falta recurrir a percepciones. Hay, desgraciadamente, toda una retahíla de casos ya sentenciados que la acreditan: Gürtel, Palau, Caja B y reformas de la sede del Partido Popular, Nóos, caso Blasco, operación Erial, Púnica, caso Ábalos y Koldo y un largo etcétera. Estos casos enseñan que donde hay un cargo público que vende una decisión, hay también alguien dispuesto a comprarla. Combatir la corrupción exige actuar tanto sobre los corrompidos como sobre los corruptores. Con este fin, esta norma obliga a transparentar la influencia, quién la ejerce, para quién se está trabajando y sobre qué decisiones se logra influir. Esta norma avanza en el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, y la OCDE y ofrece herramientas para que la ciudadanía pueda fiscalizar al poder.

El decreto, además, incorpora enmiendas de SUMAR que han mejorado sustancialmente el proyecto inicial. La primera es decisiva: el registro queda bajo la supervisión del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una autoridad independiente, en lugar del organismo designado en el texto inicialmente, que era la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Gobierno. Además, como propuso SUMAR, el registro deberá actualizarse cada quince días y no anualmente. Asimismo, deberán conocerse las fuentes de financiación de los lobbies, los recursos que destinan a influir y los ex altos cargos públicos que tienen en plantilla. También se amplía el contenido público de las reuniones de los lobistas con los servidores públicos y la huella normativa permitirá conocer cuál es el efecto de la influencia sobre las leyes. La ciudadanía podrá así examinar quién intervino en la elaboración de una norma y cuál fue el resultado. La influencia indirecta ―esta es una gran novedad― queda incluida en el texto. Así, un centro de estudios que tenga como finalidad influir en el debate público será también considerado un lobby, y para que la ocultación de la actividad de influencia tenga consecuencias, las sanciones se han endurecido sobre el texto inicial, como propuso SUMAR.

Sin embargo, señor ministro, y a pesar de todo lo bueno que he dicho de este real decreto, se ha cometido un gravísimo error al incluir a los agentes sociales entre los grupos de interés, a pesar de que estaban excluidos en el texto original que llegó a esta Cámara. Los agentes sociales, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, como usted ha dicho, no son grupos de interés, como tampoco lo son, según el texto del real decreto, los partidos políticos o los colegios profesionales. Como es sabido, la Constitución reconoce a los sindicatos y a las organizaciones empresariales, que ganan su representatividad democráticamente, que contribuyen a la defensa de los intereses colectivos y, por eso, la Constitución les garantiza el derecho a la negociación colectiva y reconoce la fuerza vinculante de los convenios que pactan. Por tanto, señor ministro, es un dislate no proteger su tarea constitucional porque son fundamento para que nuestro mercado de trabajo funcione bien.

Señor ministro, el real decreto está peor escrito en ese apartado, en el de los agentes sociales, que el proyecto inicial que recibió esta Cámara. Usted se ha comprometido aquí en tribuna a enmendarlo para clarificarlo y entiendo que para volver al texto original, que efectivamente era más claro y no discutible, y yo le pido que en la réplica se comprometa a una fecha concreta, que diga que antes del mes de octubre, si el real decreto es aprobado por esta Cámara, se compromete usted a enmendarlo y a traer la enmienda a esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta, con su venia. Señor ministro, usted en su intervención ha presumido de que el real decreto ley estaba pactado con Bruselas. Le hago una pregunta: ¿les informó de que se aprobó a espaldas de este Parlamento e incluso de que se han incumplido los requisitos que establece el artículo 86 de la Constitución para la aprobación de los reales decretos leyes? ¿Les informó de eso? Seguramente no. (Aplausos).

En la exposición de motivos del real decreto ley se dice literalmente lo siguiente: «La concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad viene motivada por el cumplimiento de los compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia expuestos anteriormente. Concretamente, la entrada en vigor de la regulación comprometida en el hito CID 432, correspondiente a la reforma C11.R1 del mencionado plan, está directamente vinculada al libramiento de los fondos correspondientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la tramitación parlamentaria ordinaria del proyecto de ley no permite asegurar su aprobación definitiva y entrada en vigor en el plazo necesario para garantizar el cumplimiento del citado compromiso». Hasta ahí el párrafo de la exposición de motivos donde justifican que cumple con los requisitos de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución. Como se puede apreciar, se vincula, como decía, la extraordinaria y urgente necesidad al hito CID 432 del plan de recuperación, un calendario de fondos europeos. Es decir, hay que cobrar y el Congreso no garantiza que se pueda cobrar a tiempo. Eso es lo que viene a decir la exposición de motivos. (Aplausos). No se debe a una circunstancia sobrevenida e imprevisible, que es lo que exige el artículo 86 de la Constitución, como usted, señor López, ha reconocido hoy en esta misma tribuna.

Señorías, lo cierto es que la tramitación parlamentaria del proyecto de ley fue paralizada porque el Gobierno no supo consensuar un texto definitivo y el proyecto quedó bloqueado al no contar con la mayoría suficiente para su aprobación. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros y remitido a estas Cortes el 28 de enero de 2025. La ponencia se reunió en noviembre de 2025 y desde entonces no ha vuelto a haber ninguna reunión más, ni de ponencia ni de comisión. El 30 de junio, es decir, siete meses después de la única reunión de ponencia, el Gobierno solicitó de la Presidencia del Congreso que se celebraran sesiones extraordinarias de los órganos parlamentarios necesarios para la tramitación y aprobación del proyecto de ley. Al constatar que seguían sin tener apoyos suficientes, el día 10 de julio el Gobierno solicitó a la Presidencia de esta Cámara la retirada del anterior escrito y fue cuando decidieron tramitar y aprobar un real decreto ley. Lo que están haciendo realmente es de vergüenza, es un atentado a la separación de poderes, es una falta del más mínimo respeto institucional a la labor legislativa que deben realizar las Cortes Generales y es una falta de respeto a los grupos parlamentarios, y ninguno de los grupos deberíamos seguir su juego y hacernos partícipes de este atropello. (Aplausos). Si un proyecto de ley puede esperar veinte meses en un cajón del Congreso, puede esperar también a que el Congreso lo debata y lo apruebe. Convalidar en estas condiciones sienta un precedente muy peligroso: normaliza el decreto ley como atajo frente a un Congreso que no da los votos y obliga a la Cámara Baja a ratificar en una sola votación, sin enmiendas, un texto que ella misma bloqueó durante más de año y medio. Es una forma ingeniosa de resolver la falta de consenso, sustituir el procedimiento en que se negocian las enmiendas por otro en que solo cabe decir sí o no. Si la carencia de mayoría constituye por sí misma el presupuesto habilitante, el decreto ley deja de ser excepcional y pasa a ser el procedimiento legislativo ordinario de los Gobiernos en minoría, lo que no cabe en la Constitución de 1978.

Señorías, no voy a entrar en el contenido del real decreto ley. La objeción es de forma y, como es sabido, en derecho público, la forma es el fondo cuando de lo que se trata es de calidad democrática. En una democracia, el Poder Legislativo es el que aprueba las leyes y ejerce la labor de control al Gobierno. Lo que su Gobierno pretende es gobernar por decreto y sin rendir cuentas al Parlamento. Quieren un Poder Legislativo que les dé la razón y que no les ponga ningún límite. Señorías, Sánchez se ha convertido en una amenaza para nuestra democracia. El Grupo Parlamentario VOX no va a apoyar esta iniciativa, que proviene de un Gobierno presidido, como todos saben, por un autócrata que quiere controlar todas las instituciones del Estado, que se ríe, como vemos, de la separación de poderes y que está terminando con la democracia y traicionando a España. (Aplausos). Lo expresado hace dos días por usted, señor López, sobre los magistrados del Tribunal Supremo; lo dicho por el ministro de Justicia, el señor Bolaños, sobre el Consejo General del Poder Judicial, y los exabruptos del ministro Puente dejan claro que no creen en la separación de poderes. No son demócratas, y cabría pensar que la democracia para ustedes no es más que un instrumento para conseguir implantar una república socialista totalitaria, como añoraba Largo Caballero. (Aplausos). El presidente Sánchez, con su hermano condenado; su mujer investigada; con uno de sus números dos en la cárcel y otro imputado; con la carga de la presunta financiación irregular de su partido; con su predecesor Zapatero pillado con joyas de altísimo valor y de dudosa procedencia; con desastres muy mal gestionados a sus espaldas, como la dana de Valencia y la invasión marroquí de Ceuta; sin capacidad para aprobar unos presupuestos en toda la legislatura al carecer de mayoría suficiente en el Congreso de los diputados, lo que le obliga, como hoy, a gobernar por decreto, si fuera un auténtico demócrata, repito, si Sánchez fuera un auténtico demócrata, si le importara algo España y los españoles, debería disolver las Cortes y convocar elecciones de forma inmediata.

Señorías del Grupo Popular, no se abstengan, sean valientes, voten con un no. Si se convalida, aunque se apruebe que se tramite como proyecto de ley, no lo van a hacer. Todos los derivados del resto de convalidaciones están en el congelador de la señora Armengol y, en cuanto termine la legislatura, decaerá el proyecto de ley y este texto se elevará a definitivo. Por tanto, sean valientes, no den más balones de oxígeno al Gobierno. Háganlo por España.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar a los representantes de APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, que están en tribuna, a los cuales les doy la bienvenida a este Pleno, así como también a todos los que siguen este debate de interés desde muchos lugares de forma telemática. Señorías, no estamos debatiendo solamente la convalidación de un real decreto ley, no. Estamos decidiendo qué tipo de democracia queremos, si queremos una democracia en la que las relaciones entre quienes defienden intereses legítimos y quienes toman decisiones públicas sean transparentes, trazables y conocidas por la ciudadanía o no. Realmente, algunos quizás prefieran que esas relaciones continúen produciéndose en la oscuridad ―algunos defienden la oscuridad ―, pero en el Grupo Parlamentario Socialista lo tenemos claro y desde aquí se lo transmito: más democracia, más transparencia, más integridad y más rendición de cuentas. (Aplausos). Claro que sí. El problema no es que existan grupos de interés, señorías. El problema es que no sepamos quiénes son, qué intereses representan, con quién se reúnen y qué influencia ejercen. Ese es el problema. Precisamente, este real decreto ley crea un registro estatal público y obligatorio, establece normas de conducta, transparenta reuniones y contactos y refuerza la huella normativa. Además, señorías ―ya se ha dicho en tribuna, pero lo pongo también en valor―, la gestión y supervisión del registro es a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, algo que ya es efectivo. Más de 250 inscripciones en poco más de una semana. Así que, señorías, esto no limita la democracia, esto mejora la democracia, y una democracia madura no tiene miedo a la transparencia, creo que la necesita. Quiero desmontar algunas afirmaciones que he escuchado. Este no es un proyecto de ley al uso que presenta el Gobierno, esto es una norma construida desde este Parlamento, señorías. ¿Por qué? Porque, de las enmiendas presentadas en la tramitación del proyecto de ley, el 80 % han sido aceptadas o transaccionadas en ponencia. Señorías ponentes que me han precedido en la palabra, jamás podré aceptar que se diga que no se ha dialogado. Le hemos dedicado horas ―y yo particularmente con todos ustedes―, horas y horas y horas para intentar llevarlo a cabo, pero algunos de ustedes no han querido. (Aplausos). De los veinte artículos, señorías, del real decreto ley, diecisiete contienen modificaciones materiales que ya tenían antecedentes en estas enmiendas a las que antes me refería, con aportaciones de todos los grupos parlamentarios. Bueno, menos de VOX, que una vez más demuestra que aquí solo ha venido a decir que no. Lo demás no le importa nada, absolutamente nada. Pero bien, el resultado es el trabajo de esta Cámara y lo pongo en valor, porque entre todos hemos construido un texto que creo que es muy importante y que pone a la vanguardia a nuestro país respecto de las legislaciones de otros lugares del mundo.

También quería dirigirme especialmente al Grupo Popular. Miren, las aportaciones del Grupo Popular se reflejan en, al menos, diez artículos y una disposición adicional del texto; al menos. Y no hablamos de cuestiones menores, hablamos de responsabilidad, integridad, trazabilidad, igualdad de oportunidades, actas de las reuniones y otras muchas más. Entonces, yo les pregunto, señorías del Grupo Popular: ¿van a votar en contra de sus propias enmiendas? ¿Van a votar en contra de aquello a lo que se comprometieron para que se pudiera tramitar el proyecto ley porque era imprescindible que se reflejara? ¿Eso es lo que van a hacer hoy? Espero que luego nos lo expliquen.

Hay una cuestión de la que también quería hablar hoy aquí porque, la verdad, me ha llamado la atención. Lo digo con respeto, alto y claro: el diálogo social no está en riesgo. Nuestra Constitución, en su artículo 7, reconoce el papel de las organizaciones sindicales y empresariales en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios. Una ley ordinaria como esta jamás puede poner en entredicho un derecho constitucional. Y este real decreto ley no lo modifica, aunque se diga, no lo modifica, no convierte el diálogo social en lobby, señorías. No. Al contrario, señorías. Lo digo aquí porque el ministro lo acaba de decir también ―lo tenía pensado decir―. El artículo 4.2 lo dice, pero, además, el compromiso que ha asumido el ministro en tribuna es que, en las próximas semanas, si es necesario para que quede clara esta cuestión, se hará. Porque el objetivo de esta ley no es convertir el diálogo social en un lobby, es seguir manteniendo un derecho constitucional para que sigan ejerciendo, de hecho, una buena labor, como antes se ha explicitado. (Aplausos). Hay algo que me resulta extremadamente curioso ―señorías, permítanme―, por lo que a algunas de estas organizaciones que se han quejado les preguntaría: ¿por qué no inscribirse en el registro de la Administración General del Estado y por qué están en Europa, en Madrid o en Cataluña? ¿Qué diferencia existe? Si realmente están inscritos algunos de los que durante este día han utilizado mucho el teléfono para intentar desterrar la idea de convalidar este real decreto ley.

Termino con esto porque este no era el debate. La función constitucional de los agentes sociales está garantizada y esta norma no la cambia para nada, y, si es necesario, se mejorará su texto.

Señor Pagès, sabe que le aprecio en lo personal un montón y que en lo político le respeto, pero tengo que contestar a algunas cosas de su intervención. Utilizan conceptos que no son aplicables al contenido real de esta norma: el real decreto ley circunscribe su ámbito a la Administración General del Estado. Y yo le pregunto: ¿se ha leído la Ley 19/2014, aprobada por el Parlamento de Cataluña, que regula desde hace doce años el registro de grupos de interés? ¿No se ha dado cuenta con esa lectura ―por cierto, pactada en el Parlamento de Cataluña por casi todos los grupos― de que el tamaño o la facturación de una empresa no tiene que ver con la capacidad de influencia que puede tener con respecto a la modificación de una norma? Si es que solo con leer esa ley tiene la respuesta claramente. Por lo tanto, sé que los que a ustedes les influyen intentan cambiar el debate, pero el debate es que en nuestro país y en la legislación europea no hay lobbies de primera o de segunda; el que ejerce influencia, señorías, es exactamente igual independientemente del tamaño de su empresa o de su actividad.

Termino con un par de cuestiones que me parecen fundamentales. Estoy especialmente satisfecho con que el trabajo de esta Cámara se haya reflejado en el real decreto ley y con que, además, se haya mejorado en esa tramitación que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tenga toda la responsabilidad en hacerlo, pero le señalo una cuestión: creo que en nuestro país todos tenemos la responsabilidad ―y aquí apelo a ella― de que, habiendo fondos importantes para el futuro de nuestra ciudadanía, no pongamos en entredicho esos fondos.

Termino ya. Ahora sí que sí, presidenta. Señorías del Grupo Popular, iba a decir señor Feijóo, pero no está. (Rumores). Le he oído hablar en estas últimas semanas de democracia, y les pregunto: ¿les gusta la actividad que realizaba el señor Montoro como ministro y su empresa Equipo Económico? (Aplausos). ¿Les gusta que se niegue en el Parlamento, por ejemplo, de Madrid, la información del ático de la señora Ayuso? ¿Les gusta esto? En la votación que ustedes hagan después van a quedar retratados porque, si realmente apuestan de verdad por un Gobierno limpio y por transparencia, convalidarán este real decreto ley; pero, si por el contrario, juegan a otra cuestión, votarán en contra. ¿Es legítimo, señorías? Sí, lo respeto, por supuesto que es legítima su posición, pero permítanme una última reflexión: si alguien teme que sea público, quizá el problema no es de la transparencia; quizá esté en aquello que la transparencia permite ver. Y Feijóo, desde El Viso, seguramente ni está ni se le espera.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, ¿hay que regular la actividad de los grupos de interés? La respuesta es claramente sí, por una mejora de la calidad de la democracia, porque lo piden los ciudadanos, porque lo pide la Unión Europea y lo piden también los grupos de interés. Hasta aquí el Partido Popular está de acuerdo con el Gobierno, pero aquí llega el problema, y el problema llega en el cómo: en ese decreto ley que ustedes se han sacado repentinamente de la manga. Este es el problema, que nos indica los problemas que tienen ustedes con los mecanismos y valores democráticos.

En las ocho páginas de este real decreto, en las que justifican su necesidad, ustedes dedican muchas referencias a la calidad de la democracia y a la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y de desarrollar una cultura de transparencia y de rendición de cuentas, pero he aquí que el ministro que lidera este decreto ―es decir, el ministro López― acaba de llamar a los jueces hace pocos días lobos solitarios; es decir, terroristas. (Aplausos.― El señor ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, López Águeda: No.―El señor De Olano Vela: Sí, sí, sí). ¿Qué credibilidad puede tener para hablar de calidad democrática un ministro que llama terroristas a los jueces? ¿Qué credibilidad tiene un ministro que llama terroristas a los jueces para hablar de fortalecimiento del Estado de derecho? (Un señora diputada: ¡Por favor!).

Luego está su referente moral y político, señorías del PSOE: el señor Rodríguez Zapatero, que, según el periódico El Confidencial en una información del 31 de agosto, estuvo haciendo llamadas a diputados de esta Cámara para pedirles que voten a favor de este real decreto. Como bien saben, señorías, el señor Zapatero ―conocido más como el Collares (una señora diputada: ¡Madre mía!)―, está imputado por blanqueo de capitales, organización criminal y tráfico de influencias (aplausos.―Rumores), y ya está acreditado que cobró más de medio millón de euros con esas oscuras maniobras que realizó para el más oscuro todavía rescate de la empresa Plus Ultra.

Los grupos de interés han dejado claro que no es lo mismo ser lobista que comisionista; en efecto, pero, al parecer, el señor Zapatero piensa que lo suyo, sus líos judiciales van a poder mejorar si se aprueba este real decreto. Por cierto, señor Aceves, a ver si aplican eso que decía de más transparencia al caso Zapatero, porque en el caso Zapatero ustedes se niegan a la más mínima transparencia. (El señor Aceves Galindo: ¡Vótalo! ¡Vótalo!). Aquí está el otro grave problema de credibilidad del Gobierno, y es que este oscuro comisionista, el señor Zapatero, tiene todo el apoyo del Gobierno. Es más, el señor Sánchez ha dicho hace unos días que lo llevará a sus mítines, que sigue siendo su referencia moral y política. (Aplausos.―El señor De Olano Vela: ¡Qué vergüenza!).

Estas son las contradicciones éticas, señorías, pero luego está la gran contradicción política de este decreto, y es el cuestionamiento por parte del Ejecutivo, una vez más, de la labor de este Parlamento. ¿Por qué el Gobierno sustituye una ley que ya tiene enmiendas por un decreto cerrado que obliga a este Congreso a aceptar el decreto con todos sus contenidos, algunos muy problemáticos? (Aplausos). No es aceptable que ustedes aleguen necesidad de urgencia, señorías; no ha habido urgencia. Lo que ha habido es dejación, ineficacia e irresponsabilidad (el señor De Olano Vela: ¡Eso es!), porque el Gobierno presentó el proyecto de ley de lobbies el 30 de enero de 2025. Es decir, ustedes han tenido 572 días antes de este real decreto, ¿y después a nosotros nos dicen que hay urgencia tras 572 días de dejadez? (Rumores). Es más, la obligación por parte de la Unión Europea de regular los grupos de interés procede de 2021. En otras palabras: Pedro Sánchez ha tenido cinco años para desarrollar esta ley y, después de cinco años, ¿nos dice que es urgente?

Además, el decreto plantea varios problemas. Con el escaso tiempo que tengo, aludo brevemente a dos. Uno, el decreto elimina el papel constitucional de los sindicatos y de las organizaciones empresariales, de ahí que en esta ocasión coincidan en la oposición tanto UGT, Comisiones Obreras como la CEOE. La enmienda del Grupo Popular pedía que se excluyeran estas organizaciones cuando están en ejercicio de sus funciones constitucionales, pero ustedes no han hecho caso a esa enmienda.

Señor López, en el punto 2 del artículo 2 del decreto ustedes no excluyen a los sindicatos y a las organizaciones empresariales. Usted ha dicho que, obviamente, no. Obviamente, el decreto dice que no los excluyen. Aludo también a otro problema, a eso que llaman ustedes inscripción estatal. Vaya fobia que tienen a la palabra «nacional», cómo les cuesta pronunciarla. El problema es que ustedes, siguiendo las demandas nacionalistas, quieren que haya inscripción estatal (hace el signo de comillas con los dedos) y autonómica. Es decir, como siempre, se multiplica la burocracia y los papeleos para los grupos de interés. (Aplausos).

Dejo para el final la broma que incluye este decreto. Porque sí, señorías, esto también va con broma. Resulta que es un decreto que fundamenta su necesidad en la calidad democrática y en la transparencia, y tiene una enmienda intrusa sobre descarbonización. Es impresionante. ¿Qué tiene que ver la descarbonización con los lobbies? Nada. (Aplausos). Pero ustedes, que hablan de calidad democrática y de transparencia, van y meten al final una enmienda intrusa.

Concluyo. La alternativa al real decreto no es la no regulación. No traten de confundir, señor López. Señor Aceves, no traten de confundir. Porque existe un proyecto de ley presentado por el Gobierno que continúa formalmente en fase de informe y puede reactivarse y acelerarse. Por lo tanto, reactivemos ese proyecto de ley, corrijamos los problemas del real decreto y culminemos una ley que, en efecto, demanda toda democracia avanzada.

Gracias. (Aplausos).

Gracias.

Reitero algo importante que dije antes. La verdad es importante. Es evidente que se ha tramitado como real decreto ley porque había un plazo con los fondos europeos, lo he dicho y está en la exposición de motivos, como decía el portavoz de VOX. También he dicho que se lleva debatiendo meses en este Parlamento. Y sí, había un bloqueo aquí. Ustedes saben que hemos estado hablando con los grupos y no avanzaba porque también había un bloqueo extraño. En estos momentos de alejamiento de la política es importante que la gente comprenda las cosas. No ha habido una diferencia con ningún grupo sobre ningún asunto esencial. No es como en alguna otra ocasión en la que en una ley dices: no estoy de acuerdo con esto. No. Como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista y dije yo antes, se han incorporado prácticamente el 90 % de las enmiendas que han planteado los grupos. Lo digo e insisto en que la verdad importa, por mucho que se quiera retorcer. Esta ley estaba consensuada en la Cámara y, si algunos grupos no querían sacarla adelante, sería por otros motivos. Sería porque el Gobierno tuviera una derrota parlamentaria, no por el contenido de la ley. Desde luego, lo que no se entiende es la afirmación que hacía la portavoz del Grupo Popular, la de: ¿Hay que regular los lobbies? Sí. ¿Qué va a hacer el Grupo Popular? Votar en contra. (Aplausos). Ese es un ejercicio de coherencia. Yo me creí la política para adultos del señor Feijóo.

Ustedes no tienen ninguna enmienda sin atender ni ninguna justificación para ir en contra de este proyecto de ley. No sean hipócritas. (Rumores). En la vida es importante poder defender en público lo mismo que se defiende en privado. Por lo tanto, es muy difícil decirle a todo el sector que está de acuerdo con esta ley, que por supuesto estamos de acuerdo, pero que no queremos que el Gobierno saque una ley y ya la aprobaremos nosotros cuando gobernemos. Es muy incoherente. No pasa nada, todos nos conocemos. A calzón quitado.

¿No serán otros motivos? Imagínese usted que una persona es ministro de Hacienda entre los años 2000 y 2004. Por ejemplo, imaginemos que sale del Gobierno y monta un despacho que tiene su apellido y asociados. Imagínese que esa consultoría hace asesoramiento estratégico a empresas e instituciones nacionales e internacionales en materia fiscal ―era ministro de Hacienda―, económica y regulatoria. Imaginen que esa misma persona que ha montado ese despacho con esos clientes ―por cierto, con cargos que estaban con él en la Administración pública― luego vuelve al Gobierno. Imagínese que, cuando vuelve al Gobierno, se vuelve a llevar de ese despacho al Gobierno otra vez a los técnicos con los que estaba trabajando en el despacho. ¿Para quién? Para sus clientes. ¿Y qué hace cuando llega al Gobierno? Una amnistía fiscal para sus clientes. ¡Chapó! (Aplausos). ¿Para quién trabaja? ¿Para el interés general? No. ¿Para los ciudadanos en general? No. Para sus clientes, hasta el punto de confundir que, cuando se llega al Gobierno, se regula y se legisla para ellos.

Señorías, les vuelvo a pedir que seamos mayores de edad y que aprobemos una ley con la que todo el mundo está de acuerdo. Desde luego, no hay argumentos para dejar a España sin una regulación de lobbies. Es una ley que, básicamente, establece un registro, una transparencia y unas obligaciones con las que es muy difícil estar en contra y el PP supuestamente tampoco lo está.

Además, de forma muy breve me gustaría dar algunas explicaciones. No puedo dejar pasar una cosa que dijo el señor Rego, porque una cosa son los discursos y otra las realidades. Le invito al señor Rego a venir a hablar con cualquier cargo público de la Administración Pública y le explica que no se hace nada contra las puertas giratorias después de ver el régimen que lleva este real decreto ley. Y le cuenta usted cómo a muchos cargos ―no altos cargos, no piense en ministros― medios de la Administración se les está impidiendo estar dos años después en una empresa. Se lo cuenta usted, que no se hace nada contra las puertas giratorias, porque no es verdad. Son tópicos y estereotipos que se plantean, que se instalan, que están muy bien para ciertas tertulias, pero no se ajustan a la realidad.

Agradezco también las palabras de Esquerra y las de SUMAR. Me sumo a ellas y las reitero. Por supuesto que los partidos políticos y los sindicatos no son un lobby. Lo reitero. No será en el caso de VOX. Desde luego no lo son no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Constitución española. Y reitero, como he dicho antes, que, por supuesto, además de que hay una instrucción interna del Gobierno, además de que el texto delimita bien claro qué son los lobbies, además de que hicimos en su día una enmienda ―es verdad, no estaba recogida en el real decreto ley―, además de que hemos hecho veinticinco acuerdos con el diálogo social, además de todo eso, yo me comprometo ―y se me ha vuelto a exigir la fecha que ya di al principio― a que en octubre, si hoy sale adelante este real decreto ley, en el primer real decreto ley que venga a esta Cámara irá el texto que estaba pactado para dar todavía más seguridad a algo donde, créanme, no tenemos ninguna diferencia. Nadie está planteando que los partidos, los sindicatos y también la CEOE en cuanto a su representación constitucional tengan esa función.

Quiero dejar clara una cosa en relación con Junts, porque he dicho antes que creo que la verdad importa. Más allá de decirle que me ha parecido enternecedor un discurso de

Junts contra los lobbies y las grandes empresas ―es enternecedor, sí, y todos nos conocemos, ya llevamos muchos años por aquí― lo que no se puede decir es que no se ha pactado o consensuado esta ley. Con Junts se ha hablado muchas veces y se han incorporado sus enmiendas. Yo he ido a Barcelona a pactar con Junts esta ley, y, créanme, no ha habido ninguna enmienda que no fuera incorporada. Eso no se puede decir. Si alguna ley ha tenido un esfuerzo de negociación es esta. Por cierto, es bastante coherente con la legislación catalana, como decía el portavoz del Grupo Socialista.

Por lo tanto, allá ustedes y todos los que voten en contra, esto es muy sencillo. Pueden hacer el pino puente, pero, cuando en el futuro, los tertulianos, los opinadores, los que escriben, los que nos explican cómo reformar la democracia se pregunten o pregunten en tertulias o en tribunas por qué España no tiene una ley de lobbies nadie podrá decir: porque los políticos no quieren, sino porque la derecha y la ultraderecha lo impidieron en este Parlamento. (Aplausos). Esa es la verdad. Así de sencillo. Así de sencillo.

Es curioso porque he oído varias intervenciones de grupos ―algunos van a aprobar el real decreto ley― que vienen a decir: Habéis ido demasiado lejos. Esto es una cosa verdaderamente sorprendente. Mira que me gusta el Parlamento, cada día me gusta más. Llevo años de experiencia, pero lo que nunca había visto es a una oposición o a partidos que no gobiernan decir a un Gobierno: No vayas tan lejos, no te pongas tantas obligaciones, no seas tan transparente, hombre, rebaja un poco. (Risas.―La señora Moraleja Gómez: Esa es buena). Me parece sorprendente como argumento, es una cosa verdaderamente increíble; cosas veredes, amigo Sancho, ya que estamos citando a Cervantes esta mañana.

En fin, ustedes lo saben y, además, hablan con el sector como yo, que está aquí hoy. Por lo tanto, por mucho que luego se diga aquí, todos sabemos la verdad y créanme que esta ley es una ley pactada, es una ley sensata, es una ley que toca, es una ley con la que vamos tarde ya, que este país va tarde ya, que es muy demandada y que por supuesto es una mejora de la calidad democrática y un avance en transparencia. Es muy difícil oponerse a ella, a no ser que lo que se quiera tener, o que se tenga en la cabeza, es el modelo de negocio de Montoro Asociados.

Muchas gracias. (Aplausos.―La señora Uriarte Bengoechea pide la palabra).

Sí.

Señor López, no mienta usted. No mienta usted y no confunda a la gente, porque votar no al real decreto no es votar contra la regulación de los lobbies. Nosotros estamos en contra del real decreto, no de la regulación de los lobbies, y lo he dejado clarísimo en mi exposición. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!). Estamos a favor de trabajar en el proyecto de ley, a favor de la regulación de los lobbies, que quede claro, por muchas mentiras que usted suelte.

Señor López, a la pregunta de por qué España no tiene ley de lobbies que usted acaba de plantear y que dice que se estará haciendo en Europa, le voy a responder. ¿Por qué España no tiene ya una ley de lobbies? Por la dejación y la irresponsabilidad del Gobierno, del Partido Socialista y de SUMAR. (Aplausos). Ustedes han tenido cinco años desde que lo dijo la Unión Europea para desarrollar la ley de lobbies. Es más, han tenido más de 572 días desde enero de 2025, desde que ustedes presentaron el proyecto de ley para desarrollarlo, y no lo han hecho. Por eso, es importante que todos los ciudadanos españoles sepan por qué todavía España no tiene una ley de lobbies: porque tenemos un

Gobierno irresponsable que ha hecho dejación de sus responsabilidades durante cinco años completos. (Rumores).

Por último, señor López, ya que usted quiere hablar de casos llamativos, sorprendentes y oscuros, ¿por qué no nos cuenta los negocios oscuros del señor Rodríguez Zapatero? Usted dice: Es que la derecha no quiere que se sepan. No, no, aquí el problema es que la izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos). ¡Transparencia, señor López! Que nos cuente de una vez el Gobierno qué es lo que ha hecho el Gobierno con el oscuro comisionista llamado José Luis Rodríguez Zapatero, que, por cierto, al parecer, es el primer interesado en España en su real decreto y en su aprobación. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

Sí, senyor ministre. Senyor López, sincerament, vostè no s’ha informat bé o està dient una mentida.

Perquè miri, jo li explico les esmenes presentades per Junts per Catalunya són les que consten al diari el Butlletí Oficial de les Corts Generals de 22 de setembre de 2025 i li faré un petit llistat. Són de la 43 a la 52. Les primeres són les referides al contingut de la llei, perquè també proposaven esmenes relatives a altres qüestions relatives al contingut de la llei. Aquestes esmenes no s’han inclòs esmena 43 no inclosa, que diferenciava els lobbys professionals dels que dels que es posen, dels agents socials que es posen en contacte amb l’administració i que no són professionals. Esmena 44. No inclosa. Esmena 45. No inclosa. Esmena 46. No inclosa. Totes aquestes esmenes per nosaltres eren transcendentals perquè són les que permeten diferenciar un règim específic pels lobbys professionals i pels departaments de relacions públiques de les grans empreses d’un règim pels que no són professionals. Pels que no cobren de la relació pública.

En definitiva, senyor ministre, jo crec que vostè ha de ser conscient que si aquesta llei no s’aprova és perquè vostè no ha volgut. No perquè els diputats de Junts per Catalunya no vulguin, no perquè els diputats socialistes no hagin fet la seva feina. És perquè vostè, com a ministre del Govern espanyol, no ha volgut que s’aprovi aquesta llei. No ha volgut, no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya era imprescindible que s’incorporessin.

Moltes gràcies.

Señor ministro, señor López, sinceramente, o usted no se ha informado bien o está diciendo una mentira.

Se lo explico. Las enmiendas presentadas por Junts per Catalunya son las que constan en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de 22 de septiembre de 2025, y le haré un pequeño listado. Son de la 43 a la 52. Las primeras son las referidas al contenido de la ley ―porque también proponían enmiendas relativas a otras cuestiones―, pero relativas al contenido de la ley. Estas enmiendas no se han incluido. La enmienda 43, no incluida, diferenciaba a los lobbies profesionales de los agentes sociales que se ponen en contacto con la Administración y que no son profesionales. Enmienda 44, no incluida; enmienda 45, no incluida; enmienda 46, no incluida. Todas estas enmiendas, para nosotros, eran trascendentales, porque son las que permiten diferenciar un régimen específico para los lobbies profesionales y los departamentos de relaciones públicas de las grandes empresas de un régimen para quienes no son profesionales, para quienes no cobran de la relación pública.

En definitiva, señor ministro, creo que usted debe ser consciente de que, si esta ley no se aprueba, es porque usted no ha querido y no porque los diputados de Junts per Catalunya no quieran, no porque los diputados socialistas no hayan hecho su trabajo, sino porque usted, como ministro del Gobierno español, no ha querido que se apruebe esta ley, no ha querido incorporar las enmiendas que para Junts per Catalunya eran imprescindibles que se incorporasen.

Muchas gracias.

Muchas gracias.

En primer lugar, un aviso a la Cámara y también a la población en general que pueda ver este debate: estamos votando la ley de lobbies. (Varios señores diputados: ¡Nooo!― El señor De Olano Vela: Es que mientes en el título).

No estamos votando un palacete del PNV, que, por cierto, se lo quitaron los nazis. No, no, es la ley de lobbies. Lo digo porque la lógica de la política para adultos, esta del insulto y el grito, dice: Queremos que haya una ley de lobbies, pero vamos a votar en contra de la ley de lobbies, que es lo que hace la derecha. (Rumores.― El señor Ibáñez Hernando hace gestos negativos.―Aplausos). No pasa nada. Entiendo que es una posición muy incómoda: ¿cómo preservo el modelo de negocio de Montoro y asociados y, a la vez, quedo ante la opinión pública como que sí quiero regular y, a la vez, le digo al sector que sí, que estoy de acuerdo con la ley, pero que ya la aprobaré cuando llegue yo al Gobierno? No es posible, no se puede conjugar todo a la vez, es muy difícil. Yo lo entiendo. Por lo tanto, hay que hacer el pino puente para justificar lo que van a hacer hoy aquí, que es impedir que España tenga una regulación como tiene el resto de Europa, como tienen, por cierto, algunas comunidades autónomas y que no va a tener este país porque la derecha y la ultraderecha no quieren que se regulen los lobbies. Fin. (Aplausos).

En el caso de Junts, lo lamento, señoría, créame que lo lamento. Lo que no me puede negar es que ha habido un esfuerzo. Lo ha habido con su grupo, lo ha habido del portavoz y lo ha habido del ministro. Evidentemente, cuando se negocia ―usted ha estado también en negociaciones como yo― no se incorporan todas las enmiendas, hay una negociación. Estaba incorporado lo más importante. (El señor Cruset Domènech hace gestos negativos). Le digo más, que tenemos ya alguna experiencia todos en negociar: las negociaciones siempre llegan a un punto donde se llega a saber cuáles son los puntos esenciales para obtener el acuerdo. Yo no he tenido finalmente un retorno de Junts que diga: Oye, es este punto. Al menos, que tenga que ver con la ley. Fin.

No se ha querido, pues no se ha querido. No pasa nada. Eso sí, a cara lavada, cuando en este país, en el futuro ―insisto―, para todos los tertulianos expertos en democracia, en avanzar en democracia y en transparencia o los que se rasgan las vestiduras porque los políticos no toman medidas o porque no se alejan o quieren transparencia y se pregunten cómo es posible que en 2026, 2027, 2028 o 2029 España no tenga una ley de lobbies, la respuesta será muy sencilla: porque la derecha y la ultraderecha no quisieron. (La señora Montesinos de Miguel: Porque el Gobierno no quiso).

Muchas gracias. (Aplausos).