Proposición de Ley para la modificación de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.

Moltes gràcies, senyora presidenta. Hoy, compañeros y compañeras, tenemos una segunda oportunidad, aunque por el camino nos hemos dejado a mucha gente, a demasiada; demasiada gente que no ha tenido una segunda oportunidad cuando fondos buitre, cuando sociedades, cuando bancos les han echado sin ningún tipo de contemplación de sus casas. Hoy tenemos una segunda oportunidad para que nos podamos mirar al espejo y reconocer como una sociedad justa, empática y madura que protege a las familias de los fondos buitre, de las corporaciones, de las sociedades, de bancos y empresas que compran y compran para continuar acaparando. En el debate anterior se ha hablado muchísimo de seguridad nacional con discursos abiertamente racistas y de odio que demuestran que no solamente son injustos, sino que son claramente hipócritas, ya que no tienen la misma vara de medir con los millonarios y fondos extranjeros que disparan la vivienda en nuestro país. En Alacant, el año pasado, una de cada tres viviendas se compró por población no residente, es decir, por población que ni vive ni trabaja en Alacant. ¿Les parece esto aceptable a los patriotas de la Cámara? Señorías, otro ejemplo: en Valencia, los fondos buitre despellejan nuestros barrios comprando edificios enteros. Compran con avaricia, y es que donde antes había una casa donde vivía una familia, sacan tres miniapartamentos decorados por Ikea para alquilar a turistas. Solo Blackstone, un fondo con capital norteamericano, acapara ya más de 46 000 viviendas en nuestro país. ¿Les parece esto patriota, señorías? Ya les digo yo que no, que no se puede ser patriota ni promover la defensa nacional y votar en contra de una proposición de ley justa que lo que pide es que el capital extranjero no compre nuestro territorio, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra nación, nuestro Estado, nuestro barrio ― cada cual que lo llame como se sienta más cómodo―. Mientras, la gente, las familias normales, tienen que elegir entre pagar el alquiler o poder comprar los zapatos a sus hijos para empezar el curso. (Aplausos).

Señorías de VOX, me parecería bastante curioso que ustedes, que siguen la luz del trumpismo, algo que yo detesto, y que siempre hacen aquello que él les manda desde Estados Unidos, hoy, por primera vez, se rebelasen. Y es que el señor Trump ha pedido que se prohíba que las corporaciones puedan comprar viviendas. Espero que ustedes, hoy, entre Trump y la gente, puedan elegir. Y hoy, solo hoy, es lo mismo. Espero que los CEO de los fondos buitre y los bancos no les hayan comprado demasiado pronto.

Señorías del Grupo Popular, hoy ustedes tienen una oportunidad única para desmarcarse de la política caníbal de sus barones. Mientras aquí vienen a defender que están en contra de la intervención pública del mercado de la vivienda porque esto es no sé cuántas cosas y no ayuda, la realidad es que en Alacant la única construcción de vivienda protegida se la han repartido y choriceado entre sus concejales y amiguetes. (Aplausos). O la realidad es que, mientras la señora Ayuso dice estar en contra de invertir dinero público en la vivienda, porque para eso está el libre mercado, se compra un ático de 6,3 millones de euros. Mientras, mañana se va a intentar volver a desahuciar a Mari Carmen, que lleva 70 años viviendo en la misma casa. (Aplausos). Ustedes, que dicen ser católicos, tienen hoy la posibilidad de enmienda, de dejar atrás las políticas caníbales de los suyos en las comunidades autónomas competentes en la materia de vivienda y dar una oportunidad a la gente.

Senyories de Junts, no es defensa Catalunya defensant els fons voltor ni les multinacionals que compren barris sencers de ciutats i viles. Sé que tenim moltes diferències, segurament per a vostè, probablement, jo i que inclús li puc caure bé. Les meves polítiques li semblen el dimoni, però aquest projecte de llei és una proposta senzilla i clara que s’allunya dels fantasmes. I és que les xifres expliquen com els darrers anys la realitat ha canviat i el petit propietari, eixe comodí habitual en Junts, ja no representa ni quatre de cada deu lloguers a l’Estat espanyol. I just aquesta proposta va només destinada a aquelles societats, fons i bancs que compren i compren cases a tot arreu. Amb el seu vot no bloquejaran a Espanya ni bloquejaran la majoria progressista. El que faran és bloquejar la esperança de les famílies treballadores i les classes mitjanes del país i la incapacitat d’acordar no només en habitatge no farà altra cosa que omplir el fantasma, en el seu cas d’Aliança Catalana i en el nostre de VOX.

Señorías de Junts, no se defiende Cataluña defendiendo a aquellas multinacionales y fondos que compran barrios enteros de ciudades y villas. Sé que tenemos muchas diferencias, seguramente, para ustedes, señoras y señores de Junts, no yo mismo ― porque quizá les puedo incluso caer bien―, pero quizá mis políticas les parezcan el demonio. Pero este proyecto de ley es una propuesta sencilla y clara que se aleja de los fantasmas. Y es que las cifras explican cómo en los últimos años la realidad ha cambiado y el pequeño propietario, como se utiliza a menudo en Junts, ya no representa ni a cuatro de cada diez alquileres en el Estado español. Y justo esta propuesta va solo destinada a esas sociedades, fondos y bancos que compran y siguen comprando casas por doquier. Con su voto no van a bloquear España ni bloquearán la mayoría progresista; con su voto lo que harán es bloquear la esperanza de las familias trabajadoras y las clases medias del país. La incapacidad de este acuerdo solo hará inflar el fantasma como hace, en su caso, Aliança Catalana, y en nuestro caso, VOX.

Señorías del Grupo Vasco y del Grupo Socialista, la última vez se abstuvieron y no creí en aquel momento y tampoco lo creo ahora que sea porque las patronales inmobiliarias les tienen comprados. Sé que existe un debate en sus organizaciones, también en las nuestras. El debate de la vivienda no solo es una cuestión económica o no solamente es una cuestión de planificación urbanística; está atravesado por una cuestión aspiracional, cultural, social y profundamente sensible. Pero les pido que hagan un esfuerzo hoy para cambiar su voto de la abstención al sí, no solamente por una cuestión de vivienda, porque la ciudadanía ahí fuera necesita ver que somos capaces de ceder, de avanzar y ―por qué no― de acordar entre diferentes.

També vull agrair als grups d’esquerres que van donar suport a aquesta iniciativa, malgrat no ser una proposta radical i global al problema de l’habitatge. Però també aquesta proposta capgira la mentalitat del legislador. I és que per primera volta posa límits al dret absolutista a la propietat privada i entén que el dret a l’habitatge és parlar del dret a la salut, és parlar del dret a la intimitat, és parlar del dret a poder viure amb dignitat.

Hoy también quiero dar gracias a los grupos de izquierdas que dieron apoyo a esta iniciativa, a pesar de no ser una propuesta radical y global al problema de la vivienda. Pero también esta propuesta cambia la mentalidad del legislador y es que, por primera vez, pone límites al derecho absolutista a la propiedad privada y entiende que el derecho a la vivienda es hablar del derecho a la salud, del derecho a la intimidad, es también hablar del derecho a poder vivir con dignidad.

Hace casi un año votamos esta misma proposición de ley y, desgraciadamente, no fue posible. Pero les tengo que decir que la situación ha empeorado muchísimo. De hecho, lleva 49 trimestres empeorando. Señorías, nada hace sospechar que, si seguimos haciendo lo mismo, la cosa va a poder cambiar. Por eso hoy no solamente voy a apelar a los grupos parlamentarios de la Cámara, hoy les voy a apelar personalmente a cada uno de ustedes, a los 350 diputados y diputadas que se sientan hoy en este hemiciclo. Cuando aprieten el botón, no piensen en quién redactó esta iniciativa; cuando aprieten el botón, no piensen en si la legislatura va a durar mucho o poco; cuando aprieten el botón, piensen en aquella gente que tiene ansiedad cuando abre el correo electrónico porque un fondo buitre le ha expulsado de su casa; cuando aprieten el botón, piensen en aquella gente que es incapaz de poder dormir, ni siquiera con Lorazepam, porque tiene pánico al no saber si tiene que pagar el alquiler o el agua de su casa.

Señorías, quizá demasiadas veces nos olvidamos de que el salario más habitual en nuestro país es de 18 400 euros brutos al año. ¿Alguien de aquí puede explicarme cómo con 18 000 euros de ingresos se puede alquilar una casa de 1000, 1100, 1200, 1300 euros? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? ¡¿Qué le estamos diciendo a la gente?! Pues imagínense si esta gente encima nos escucha decir que la culpa es suya, que la culpa es suya porque no se han esforzado lo suficiente, que la culpa es suya porque tienen lujos como pagar 9 euros al mes para poder ver Netflix, que la culpa es suya porque el miércoles se atrevieron a gastarse 1,60 euros para tomar un café con una amiga que hacía tiempo que no veían. Imagínense cómo se siente esa gente. Esa gente no va a entender de cuestiones partidistas, esa gente no va a entender qué estamos haciendo aquí. Y luego nos va a sorprender que quieran impugnar el sistema, pero no para mejorarlo, no para hacerlo más justo, sino para que todo reviente y las cosas puedan volver a ser de otra forma.

Creo que muchas veces nos alejamos de la calle hablando de cosas que son difíciles de entender, y sé que hay diferencias ideológicas entre las diferentes fuerzas y lo entiendo, pero hoy no estamos haciendo otra cosa que decidir si prohibimos que los fondos buitre puedan comprar casas o no. Es sencillo, es una ley sencilla, o sí o no. Eso es lo que estamos votando hoy aquí. Señorías, cuando votamos esto, lo que estamos diciendo es si creemos que el derecho a la vivienda es un derecho o no; cuando estamos aquí, lo que votamos es si creemos en la soberanía, en la libertad, si creemos en la esperanza o no. Y miren, ¡ya está bien! Ya está bien de que crean que el derecho a la vivienda no lo tenemos que garantizar las Administraciones públicas. No le digan más a la gente que, si no pueden pagar el alquiler o si no pueden comprar una casa, es su culpa; no le digan a una madre que tiene dos trabajos para poder llegar a final de mes que, si no puede reunir 1200 euros, es su culpa; no le digan a un padre que ha trabajado desde los 15 años en la misma fábrica, que perdió el brazo y fue incapaz de denunciar a la empresa porque creía que esa empresa le daba de comer, que cuando las cosas van mal lo echan a la calle y, si no paga el alquiler, es culpa suya. Señorías, no le digan a la gente que para poder estudiar en una ciudad, en una habitación de un piso compartido, necesita que su hermana que se ha dejado los estudios le adelante el dinero porque las becas llegan tarde o su abuelo a escondidas le dé un billete de 10 euros para poder pagar el cercanías que, si no puede, es culpa suya.

Si la gente en este país ―con esto termino, presidenta― no puede pagar el alquiler, es culpa de las trescientas cincuenta personas que nos sentamos en esta Cámara, y en nuestras manos tenemos hoy la posibilidad de cambiar, de poder dar esperanza, de poder decirle a la gente que ante las multinacionales, ante los fondos buitre, ante la gran banca, existe la democracia, y la democracia es proteger a los de abajo y no lo que se ha hecho antes en este hemiciclo, que es confrontar a los que no tienen nada entre ellos para que no miremos hacia arriba, porque hacia arriba está Blackstone, está el Banco Santander, están las mismas empresas y las mismas familias de siempre. Probablemente algunos de ellos se sienten aquí, por eso duela, pero la verdad es que si en nuestro país no hay viviendas, no es porque falte suelo, no es porque la gente no se lo merezca, es porque unos pocos acaparan demasiado y el turismo ha decidido que las familias sobran en los barrios para poder hacer de nuestras ciudades parques temáticos.

Así que les pido uno por uno, a todos ustedes, que, por favor, cuando voten este proyecto de ley piensen en la gente que tiene ansiedad, en la gente que perdió su vida suicidándose porque no podía pagar el alquiler, en la gente que es incapaz de poder garantizar que sus hijos tomen pescado porque tiene que pagar 1500 euros por un piso de 90 metros cuadrados. Si piensan en eso y no en otras cosas, no tengo dudas de que hoy lo aprobaremos con una inmensa mayoría.

Moltes gràcies. (Aplausos de las señoras diputadas y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Señor Ibáñez, sei que ás veces é fácil deixarse levar pola retórica bonita, pero sinto discrepar en que a responsabilidade do problema da vivenda estea aquí repartida a partes iguais entre trescentas cincuenta persoa. Vostede sabe e eu sei que hai unha responsabilidade no propio sistema, como está organizado. Hai unha responsabilidade en quen ve a vivenda como negocio, na especulación inmobiliaria, e hai unha responsabilidade evidentemente nas forzas políticas que se negan a poñer medidas prácticas para que a vivenda sexa un dereito e non precisamente un ben especulativo e creo que hai que dicilo con esa claridade. En todo caso, hai moitos debates sobre vivenda e eu dicía a semana pasada que a xente, a mocidade que ten dificultades para acceder a unha vivenda está un pouco farta de que sexa utilizada este asunto como arma arreboladiza entre distintas forzas políticas, que o que quere son solucións, mesmo se se enfadan polo feito de que se estea constantemente falando de vivenda, pero nunca se acheguen solucións prácticas. Eu, en todo caso, recoñezo que esta proposta vai nesa dirección. É verdade que xa foi aprobada unha lei de vivendas. SUMAR estaba no noso goberno. Nóssabiamos que era insuficiente, por iso non a apoiamos, porque criamos que tiña que ir moito máis alá. Pero tamén é certo que todas as cousas teñen o seu momento, estaría ben que este fose o momento en que se aproba unha medida que prohibe a compra especulativa de vivenda. Nós discrepamos dalgúns aspectos da súa proposta, particularmente na asociación. Non entendemos moito que fai a Igrexa Católica, mais en todo caso parécenos que sería positivo e cremos que hai que ir moito máis alá que hai que que este goberno ten que liderar dunha vez por todas mobilizar —c‌ omo dixo Pedro Sánchez— a vivenda da SAREB poñéndoas a disposición das administracións competentes para un parque de vivenda pública, que hai que establecer límites ao prezo dos alugueiros e tamén ás hipotecas. Límites á vivenda turística, como están facendo con valentía algúns concellos, no noso caso, o de Compostela ou da capital da Galiza, e que hai que impulsar decididamente unha política de vivenda pública, especialmente en réxime de aluguer e accesíbel. Claro, nada disto fai, por exemplo, o Partido Popular na Galiza, non fai vivenda pública porque está máis preocupado por amparar o negocio especulativo que por resolver o problema da vivenda. Iso si, cando hai recursos públicos, por exemplo, cando Santiago de Compostela e a Coruña declaran zonas tensionadas, e iso implica recursos do Estado, que fai a Xunta de Galiza? Que fai o Partido Popular? Pretende ficar con eses recursos en vez de trasladalos aos concellos que adoptaron a decisión de declarar zonas tensionadas, non precisamente porque a Xunta axudase senón contra o criterio da Xunta de Galiza. Por iso, o Partido Popular, o Partido Popular non quere soltar ese diñeiro, ao mesmo tempo que reclama, por exemplo, a derrogación da Lei de Vivenda, como fixo aquí aínda a semana pasada e por iso mesmo o Bloque Nacionalista Galego, que está reclamando que a Xunta do Partido Popular declare zonas tensionadas de oficio en todos os concellos galegos que teñan as condicións para poder facelo, que calculamos que serán arredor de cen concellos, o que ademais implicaría máis recursos, o que fai o PP é por sectarismo, perder e facer perder recursos a Galiza. Miren, Cataluña recibe 60 millóns, o País Vasco 15 millóns, a Galiza 5 millóns de euros, porque só hai dous concellos que tiveron a valentía de declarar zonas tensionadas. Polo tanto —‌acabo con isto— o Bloque Nacionalista Galego vai seguir traballando a favor de facer efectivo o dereito á vivenda e evidentemente reclamámoslle a todas as forzas políticas que se poñan a traballar nesa mesma dirección. Por iso creo que o que está esperando a xente —‌insisto— solucións e menos demagoxia.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes. Señor Ibáñez, sé que a veces es fácil dejarse llevar por la retórica bonita, pero lamento discrepar en que la responsabilidad del problema de la vivienda esté repartida aquí a partes iguales entre trescientas cincuenta personas. Sabe usted, y lo sé yo también, que hay una responsabilidad en el propio sistema, tal y como está organizado, hay una responsabilidad en quien considera la vivienda como un negocio, en la especulación inmobiliaria, y hay una responsabilidad, evidentemente, en las fuerzas políticas que se niegan a tomar medidas prácticas para que la vivienda sea un derecho y no precisamente un bien especulativo, y creo que hay que decirlo con esta claridad. En cualquier caso, hay muchos debates sobre vivienda. La semana pasada decía yo que la gente, la juventud, que tiene dificultades para acceder a una vivienda, está un poco harta de que se use este asunto como un arma arrojadiza entre distintas fuerzas políticas. Lo que quieren son soluciones, incluso se enfadan por el hecho de que se hable constantemente de vivienda, pero nunca se aporten soluciones prácticas. En cualquier caso, yo reconozco que esta propuesta va en esa dirección. Es cierto que ya se ha aprobado una ley de vivienda. SUMAR estaba en el Gobierno. Sabíamos que era insuficiente, por eso no la apoyamos, porque sabíamos que había que ir mucho más allá. También es cierto que cada cosa tiene su momento, y estaría bien que este fuera el momento en el que se aprobara una ley que prohibiera la compra especulativa de vivienda. Nosotros discrepamos de algunos aspectos de su propuesta, sobre todo en las excepciones. No entendemos muy bien por qué se incluye a la Iglesia católica, pero nos parece en cualquier caso que sería positivo y creemos que habría que ir mucho más allá, que este Gobierno tiene que liderar de una vez por todas movilizar, como dijo Pedro Sánchez, las viviendas de la Sareb poniéndolas a disposición de las Administraciones para que haya un parque de viviendas públicas, que hay que poner límites a los precios de los propietarios y de las agencias, poner límites, como han hecho algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Compostela, la capital de Galicia, y que hay que impulsar decididamente una política de vivienda pública, especialmente en régimen de alquiler y accesible. Nada de esto hace el Partido Popular en Galicia, claro que no, no construye vivienda pública, porque está más preocupado por amparar el negocio especulativo que por resolver el problema de la vivienda. Eso sí, cuando hay recursos públicos, por ejemplo cuando Santiago de Compostela y A Coruña se declaran zonas tensionadas y eso implica que haya recursos del Estado a disposición, ¿qué es lo que hace la Xunta de Galicia? ¿Qué hace el Partido Popular? Pues pretende quedarse con esos recursos en lugar de trasladarlos a los ayuntamientos que adoptaron la decisión de declarar zonas tensionadas, no precisamente porque les hubiera ayudado la Xunta, sino en contra del criterio de la Xunta de Galicia. Por eso el Partido Popular no quiere soltar ese dinero, al mismo tiempo que reclama, por ejemplo, la derogación de la ley de vivienda, como hizo aquí la semana pasada mismo.

Precisamente por eso el Bloque Nacionalista Galego lo que hace es reclamar que la Xunta del Partido Popular declare zonas tensionadas de oficio en todos los ayuntamientos gallegos que tienen las condiciones, que cumplen los requisitos para poder hacerlo, que calculamos que son en torno a cien ayuntamientos. Eso implicaría también que hubiera más recursos en estos municipios. Además, el Partido Popular, por sectarismo, hace que Galicia pierda recursos: Cataluña recibe 60 millones, el País Vasco 15 millones, Galicia 5 millones de euros, porque solo hay dos municipios que tuvieron la valentía de declararse como zonas tensionadas.

Por tanto ―y con esto acabo―, el Bloque Nacionalista Galego seguirá trabajando a favor de hacer efectivo el derecho a la vivienda y reclamamos obviamente a todas las fuerzas políticas que se pongan a trabajar en esta misma dirección, porque yo creo que eso es lo que espera la gente. Insisto, más soluciones y menos demagogia.

Gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. Lo cierto es que hay cosas que no se debieran permitir, como que en este país haya personas que tengan varias viviendas para hacer negocio mientras haya otras personas que ni tan siquiera tienen una para poder vivir, porque la vivienda no es un activo financiero ni una inversión, la vivienda es un derecho, y por ello nosotras vamos a apoyar cualquier iniciativa que ponga veto a la especulación y que devuelva la función social a la vivienda. Pero también lo vamos a decir alto y claro, y es que tenemos que ir más allá. Necesitamos una política de vivienda que sea mucho más ambiciosa de la que se aprobó en la pasada legislatura, en la que el Partido Socialista descafeinó la iniciativa de Podemos. Hay que legislar para hacer efectivo un derecho que es un derecho constitucional. En Canarias nosotros sabemos perfectamente lo que ocurre cuando la vivienda deja de estar al servicio de quienes vivimos allí. Canarias recibe millones de turistas al año, concretamente en el último año dieciocho millones de turistas, y cada vez son más las viviendas que se destinan al alquiler vacacional. ¿Y para qué carajo nos sirve a nosotros batir récords en llegada de turistas si nuestra gente cada vez vive peor, si nuestra gente no tiene un sitio donde vivir? No podemos hablar de éxito mientras los trabajadores de mi tierra no pueden acceder a los alquileres a los precios que están, las jóvenes de mi tierra no se pueden emancipar o las familias son expulsadas de nuestros barrios y ciudades. Cuando hablamos de vivienda estamos hablando de un derecho, y por eso también quiero mencionar a unas personas que han visto incumplidas todas las promesas que les ha hecho la Administración, y hablo de la Plataforma de Viviendas Sociales en Lucha de Canarias. Son más de diez mil afectadas las que en su momento firmaron un contrato para poder adquirir su vivienda social, que han ido pagando religiosamente durante más de treinta años y después se les ha tomado el pelo. Y quiero ser muy clara en esto, nuestro modelo de vivienda pública no es aquella que se vende, es construir vivienda pública y que esta siga siendo pública siempre, porque lo que no se puede hacer es engañar y tomar el pelo a la gente. Por eso, cuando nosotros estuvimos en el Gobierno de Canarias pusimos solución a esta situación a través del Decreto 1/2023. Por tanto, le pido a Coalición Canaria y al señor Fernando Clavijo, que en la campaña de 2019 decía que iba a solucionar esta situación y siete años después sigue igual, que dé soluciones a todas estas familias. Gracias. (Aplausos).

Arratsalde on, jaun‑andreok. SUMAR plantea insistentemente ―lo hizo ya en la tramitación de la ley de vivienda y por segunda vez en menos de un año― una medida que tiene como objeto, según la exposición de motivos de la proposición de ley, impedir la compra de inmuebles destinados a vivienda a las personas jurídicas, por entender que en el mandato constitucional al hablar de uso y disfrute de la vivienda se predica en relación a las personas físicas y no en relación a las jurídicas, que entienden la vivienda como bien de inversión para obtener beneficios económicos. Para ello se propone añadir tres nuevos apartados al artículo 10 de la ley de vivienda en los que, por un lado, se limita la transmisión de la propiedad de la vivienda a las personas físicas, es decir, se prohíbe la compra a las personas jurídicas, aunque se exceptúan determinadas entidades; eso sí, siempre y cuando su destino o finalidad sea social, que está estipulado en el cambio que propone. Se plantea como una medida para evitar la especulación en el ámbito inmobiliario y como garantía del disfrute del derecho a la vivienda a las personas físicas, evitando la especulación que se produce en las sucesivas transmisiones de los inmuebles residenciales por parte de estas personas jurídicas, sin tener en cuenta que la especulación también se produce en las compraventas entre personas físicas. ¿O es que de un propietario a otro lo que prima es la función de la vivienda en lugar de hacer una buena venta? Quiero decir con esto que, además de las empresas que atienden a sus cuentas de resultados y beneficios, cada uno de nosotros y de nosotras y los intermediarios e intermediarias que nos ayudan a la venta somos agentes inflacionistas que contribuimos al aumento del precio de la vivienda, pero no se hace ningún planteamiento en ningún sitio en este sentido. Por otro lado, la medida que se plantea no es temporal ni acotada en el tiempo, lo cual, como he dicho antes, requiere de un debate sosegado.

En nuestro grupo llevamos tiempo señalando la necesidad de hacer una lectura integral del gran reto del acceso a una vivienda digna y asequible, realizando una valoración objetiva, no de parte, de las consecuencias de la ley de vivienda, de sus lagunas, que todos ya hemos visto, y del alcance de sus medidas. No nos parece lo más acertado plantear medidas cuyos objetivos, aunque sean políticamente loables y deseables, no tengan en cuenta las consecuencias que van a generar, muchas veces contrarias al objeto que se dice perseguir, es decir, al acceso a una vivienda digna y asequible, bien en propiedad, bien en alquiler.

Es cierto que en diferentes países se ha prohibido temporalmente la compra o se ha limitado, tal y como recordamos en el debate de noviembre. En Suiza o Dinamarca existen ya restricciones para la compra de vivienda por parte de extranjeros, tanto de las personas físicas como de las jurídicas, y también en Canadá. Sin embargo, no conocemos que haya países que prohíban totalmente la compra de viviendas por personas jurídicas del Estado.

Debemos tener en cuenta, además, que la propuesta que se plantea no supone una limitación excepcional, limitada en el tiempo y a un ámbito territorial con el objetivo de lograr el fin social que pretende, sino que es una medida ilimitada, lo que dificulta a nuestro entender su encaje en el ordenamiento jurídico actual. Tampoco parece que tenga encaje en aquello que la Comisión Europea nos propone en la Ley de Vivienda Asequible, donde se nos avanza que las medidas que se adopten en las zonas de estrés habitacional ―que así las denomina, y no las hace extensibles al resto de zonas― deberán ser específicas, necesarias y proporcionadas. Entendemos, por tanto, que esta limitación, que es en sí una restricción al derecho a la propiedad y a la libertad de empresa, debe analizarse desde la perspectiva de su proporcionalidad, y requiere, además, un debate político y social sobre el derecho a la propiedad y la disponibilidad de un bien; un debate, entendemos, sereno.

Además, la propuesta plantea excepciones en las que se permitiría la adquisición y transmisión por personas jurídicas, lo que suscita inseguridad jurídica, ya que algunos sectores pueden considerar que estas son insuficientes o discriminatorias de otras formas de organización empresarial, como es el caso de las cooperativas que, ya lo siento, no han modificado tampoco en esta proposición de ley y no son incluidas en la propuesta, punto que ya, como le dijimos, alegamos en noviembre.

Tampoco se ha realizado una salvaguarda a las Administraciones públicas y a las empresas públicas de estas. Se tendría que valorar, igualmente, que limitar la compra de viviendas por personas jurídicas puede resultar una intervención excesiva que, además, pudiera reducir la inversión y la oferta de vivienda. Esta medida podría reducir la inversión en el sector inmobiliario, afectando a la construcción de nuevas viviendas y a la dinamización del mercado, y podría reducirse la oferta de alquiler gestionada por empresas, dificultando aún más el acceso a la vivienda en zonas tensionadas, porque no todos son fondos buitres.

Para nuestro grupo, las medidas contra la especulación o penalizar la compra masiva por parte de fondos extranjeros son adecuadas, así como medidas quirúrgicas y excepcionales acotadas en el tiempo y en un ámbito territorial determinado. Sin embargo, una restricción total a las personas jurídicas estatales presenta aristas tanto desde la perspectiva de la constitucionalidad como de la proporcionalidad, en cuanto a que pudiera tener efectos colaterales imprevistos y contrarios al objeto de la iniciativa; ya lo dijimos también en noviembre.

No dudamos de la buena intención de quien presenta por segunda vez la iniciativa, pero a no ser que haya cambiado la posición ideológica de algunos de los que les apoyaron, obedece más a su postura ideológica en este final de legislatura, intentando crear distancia con la otra parte del Gobierno o con otros grupos políticos en la búsqueda de soluciones. Estas pueden ser, como he dicho antes, medidas loables por lo que persiguen, pero pueden tener más contradicciones que beneficios.

Eusko Alderdi Jeltzaletik ez dugu uko egiten etxebizitzaren merkatuan esku hartzeko neurriak hartzeari eta aztertzeari, noski. Izan ere, Euskadin dagoeneko ari gara ildo horretan, neurriak aztertzen eta aplikatzen, baina uste dugu neurri horiek salbuespenezkoak, proportzionatuak eta denboran eta espazioan mugatuak izan behar dutela eta, betiere, horretarako eskumena duen gobernuak eta parlamentuak hartu behar dituztela. Eta, batez ere, lurralde bakoitzaren errealitate zehatza ezagututa, eta horri egokituta hartu behar direla etxebizitzaren erronkak denoi eragiten digulako. Horregatik, Eusko Alderdi Jeltzaletik akordioa bilatzearen alde egiten dugu, eta arazo horri ikuspegi integral batetik heldu behar zaiola defendatzen dugu, eskura ditugun tresnak uztartuz: etxebizitza publikoa, alokairua, lurzorua, birgaitzea, fiskalitatea eta, beharrezkoa denean, merkatuan esku hartzeko neurriekin ere.

Ez da neurriak arazo ideologikotik hartzea. Kontua da hartzen ditugun erabakiak benetan eraginkorrak izatea eta aurrean dugun errealitateari erantzutea. Etxebizitzaren arloan erantzun serioak, ebaluagarriak eta lurralde bakoitzera egokituak behar ditugu. Horretarako, konfrontazioaren ordez eta bozeramaileak esan duen bezala: gu ere akordioa, erantzukizuna eta eskura ditugun tresna guztiak erabiltzeko gaitasuna behar dugula diogu.

Milesker!

En EAJ‑PNV no renunciamos a estudiar medidas de intervención en el mercado de la vivienda. De hecho, en Euskadi ya estamos estudiando y aplicando medidas en este sentido, pero creemos que estas medidas deben ser excepcionales, proporcionadas y limitadas en el tiempo y en el espacio, y que deben ser adoptadas siempre por el Gobierno y el Parlamento competentes para ello. Y, sobre todo, hay que tomarlas conociendo la realidad concreta de cada territorio, porque el reto de la vivienda nos afecta a todos y a todas. Por eso, en EAJ‑PNV abogamos por buscar el acuerdo y defendemos que debemos abordar este problema desde una perspectiva integral, y para eso tenemos que conjugar las herramientas de las que disponemos: la vivienda pública, el alquiler, el suelo, la rehabilitación, la fiscalidad y, cuando sea necesario, las medidas de intervención en el mercado.

No se trata de tomar medidas por razones ideológicas, se trata de que las decisiones que tomemos sean realmente efectivas y respondan a la realidad que tenemos todos nosotros y nosotras por delante. En materia de vivienda necesitamos respuestas serias, evaluables y adaptadas a cada territorio, y para ello necesitamos, en lugar de confrontación, acuerdo, y tal y como ha dicho la portavoz: acuerdo, responsabilidad y capacidad de utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance.

Muchas gracias.

Presidente andrea, diputatuak, arratsalde on. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que hoy se presenta por una lógica de coherencia, por una lógica de continuidad y de coherencia. En Euskal Herria Bildu hemos dicho en más de una ocasión, y lo repetimos, que hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Desde esta tribuna, a lo largo de esta legislatura y de la anterior, hemos dicho que ante la realidad dramática que viven cientos de miles si no millones de personas en el Estado español, muchas decenas de miles de ellas en Euskal Herria, plantear debates de todo o nada no nos llevaba a ningún lado, que anteponíamos nuestra voluntad de alcanzar acuerdos, incluso entre diferentes, por encima de la imposición de nuestra verdad, de nuestra posición política. Porque nosotros no renunciamos a nuestra ideología, pero no estamos votando esta iniciativa por una adherencia ideológica con ella. Lo estamos haciendo por puro sentido común y por la voluntad de mano tendida para arreglar un problema que entendemos que nos sobrepasa ―y con creces― a las fuerzas parlamentarias que aquí estamos. Porque es un problema de época, porque es un problema que está marcando realmente la lucha de clases en esta sociedad, la de entre el que puede tener una vivienda y el que se pasará toda la vida siendo esclavo de sus deseos y de sus sueños por tener una vivienda y no la alcanzará nunca. Y ahí no hay una lógica ideológica, hay una lógica de respuesta, de utilidad desde la política hacia los problemas que tiene la gente. Como decía, creemos que esta iniciativa acierta en algunas cuestiones, aunque pueda quedarse muy corta con respecto a lo que cada uno de nosotros y nosotras pretendiera o deseara que se hiciese. Pero creemos que es bueno que se recuerde el carácter del artículo 47 de la Constitución española, la semana pasada lo hacíamos aquí también, porque todo el mundo habla ―porque es difícil no hacerlo― del derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, pero nadie quiere hablar del papel que el Estado tiene como su garante a través de su intervención, aunque es cierto que desde las derechas a veces se defiende la intervención, sobre todo cuando es para deducir fiscalmente, para bajar las tasas de fiscalidad y recaudación a aquellos que no necesitan que se las bajen porque van sobrados de pasta. También en este artículo, cuando dice aquello de que los beneficios tienen que revertir en la comunidad, pero, claro, ahí la cuestión se complica más, porque ese 47 punto tres parece hasta soviético ahora mismo para alguna gente que se plantea que qué es eso de que los beneficios que uno puede sacar se tengan que revertir en el conjunto, que eso al final va a acabar por igualarnos a todos y a todas y por acabar haciendo que eso de las diferencias de origen no se mantenga como privilegios por siempre. Pero, como digo, nos parece bien que se hable de la Carta Social Europea, del Observatorio DESCA y que se haga una mención y se ponga en valor la ley de vivienda. Yo me alegro porque la persistencia ha dado frutos, porque cada vez más la gente que ponía en cuestión lo que la ley de vivienda señalaba —‌que en definitiva tenía que ver con los arrendamientos urbanos y con los alquileres, lo que tenía que ver con la delimitación de zonas tensionadas y, por tanto, los topes de los precios de alquiler—, esa gente escéptica con esa ley entonces hoy reconoce la validez de esas medidas y reconoce la utilidad de esas medidas. Lo saben en Nafarroa, lo saben en la Comunidad Autónoma vasca y lo saben en Cataluña, que ―oh casualidad― son las únicas comunidades ―y alguna de ellas con tibieza― que se han atrevido a aplicar la ley de vivienda. Porque, en definitiva, este es un debate sobre voluntad y sobre herramientas. Uno puede tener toda la voluntad del mundo para afrontar un problema, pero si no tiene las herramientas para hacerle frente, se quedará en el voluntarismo, en el buenismo y no hará nada, y eso es lo que le pasa muchas veces al Gobierno. Pero también puede pasar lo contrario, que alguien tenga todas las herramientas o tenga todas las capacidades para poder arreglar un problema y decida no hacerlo. Es lo que están haciendo muchas comunidades autónomas, por ejemplo, la comunidad en la que reside esta misma Cámara. Y yo, sinceramente, creo que a las comunidades autónomas que, teniendo competencias, deciden no hacer lo que pueden hacer, solo cabe definirlas como gobiernos de comunidades autónomas que deciden abonar y transitar el camino de la desidia, de la negligencia, de la dejación de funciones, cuando no de la prevaricación por omisión o de la omisión del deber. Y eso es una absoluta irresponsabilidad, pero, por desgracia, se está dando. (El señor vicepresidente, Rodríguez Gómez de Celis, ocupa la Presidencia).

Y, además, ya sabemos que no hay trabas legales ―que antes se nos decían que existían― para poder aplicar la ley de vivienda. El Tribunal Constitucional, que no es, desde luego, un tribunal de parte o de parte roja, para que se me entienda, ya ha señalado que el derecho a la propiedad privada tiene sentido en el marco de la función social y que es constitucional. Y la función social es la que le toca hacer al Gobierno. Pero hay más. La semana pasada desestimó un recurso de uno de los socios de un Gobierno autonómico que decía que había invasión competencial y parece que tampoco la había. Yo creo que lo que hace falta es ver qué podemos hacer y no tanto qué elementos podemos encontrar para no tener que hacer. Porque nos parece importante que se cambie la jerarquía de valor o la jerarquía de poder, la jerarquía de privilegio que hace que el valor de inversión, que el valor de especulación esté por encima del valor de uso, de la capacidad de disponer de ese bien para darle el uso que realmente tiene, que es el de vivir. Porque si no, pasaremos de un país de propietarios a un país de arrendatarios o a un país para rentistas, donde la mayoría de la gente tendrá que pedir permiso para poder vivir o tendrá que mendigar para poder encontrar un techo. Y es que en estos debates se demuestra la falacia de otros que se imponen en la agenda mediática. Porque aquí encontramos que el dinero, aunque sea proveniente de fondos extranjeros, es el mayor disolvente de las banderas que envuelven los patriotismos de mucha gente. Y nos encontramos también que las prioridades nacionales que se invocan a pecho partido solo existen para señalar disidencias que les molestan o para apuntalar las debilidades de las personas más frágiles de nuestra sociedad.

Finalizo con dos cuestiones. Una es en alusión a las tres modificaciones que plantea al artículo de la ley de vivienda. Nosotros la vamos a apoyar, pero tenemos alguna duda con respecto al trato de favor que se le da a la Iglesia católica. Lo digo abiertamente, porque ahora se la menciona expresamente y luego se dice «y demás creencias religiosas». Yo no sé si tenemos que seguir dándoles el mismo trato de favor cuando seguimos sin saber nada de los bienes inmatriculados que no devuelven o seguimos sin saber nada del impuesto a los bienes inmuebles que no piensan pagar y que no van a pagar; eso en un Estado aconfesional como este. Por lo tanto, será que por aquello de la coherencia que decía antes y de la mano tendida, buscando los puntos de encuentro y no las máximas de cada uno, decidimos apoyar esta iniciativa mostrando esta discrepancia con la misma. Pero, como decía el proponente ―y en eso coincidimos―, se trata de hacer más, de hacer mucho y de hacerlo en poco tiempo. Y plantear ahora que el debate es que si la temporalidad o no existe y es una traba cuando sabemos que esto hay que tenerlo aplicado durante mucho tiempo, nos parece una estrategia diletante. En cualquier caso, creemos que también aquí habrá que ser radical. Sinceramente, pensamos que ser verdaderamente radical es hacer la esperanza posible, no la desesperación convincente, como decía Raymond Williams.

Besterik ez. Mila esker. (Aplausos).

Moltes gràcies. Molt bona tarda, senyories. Senyor Ibáñez, ha estat parlant molt dels fons voltors i que aquesta iniciativa va dirigida a impedir que els fons voltors puguin comprar. I no és cert, i jo ara des d’aquí mateix, li dic que si vostè demà presenta una iniciativa legislativa que diu que es prohibeix els fons voltor comprar habitatge, Junts, li votarem a favor. Sí, demà. El que em sap greu és dir‑li que els joves i les famílies treballadores només farien que sortir‑hi perdent si s’anessin aprovant propostes com aquesta. En general, les seves propostes a sobre aquesta. I ja ens tenen acostumats. L’han redactat de tal manera que, a més perjudiquen les cooperatives, ajuntaments, Generalitat, empreses públiques que precisament són les que treballen per facilitar l’habitatge.

Vaig al gra. La setmana passada alguns de vostès ens deien des del faristol que la Llei d’Habitatge funcionava tan perfectament bé. Molt bé. Avui SUMAR presenten una proposició que reconeix que l’accés a l’habitatge segueix sent un problema gravíssim i que els preus continuen pujant pel fet que el que estem dient nosaltres. Però seria bo aclarir, si no perquè quan els convé, resulta que sí que funciona. I quan necessiten justificar una nova ocurrència resulta que no. Cas pràctic: un jove avui a una família vol comprar un pis de 250 000 euros. Necessita 50 000 euros d’entrada més 25 000 euros d’IVA, 75 000 euros. Què fa aquesta proposició per ajudar‑lo? Res, ni li redueix l’IVA, ni li facilita l’entrada, ni li desgrava l’estalvi, ni l’hipoteca, ni fa baixar el preu del pis. Res. Comprar‑lo continuarà sent igual de difícil com ahir. Ara si ve el senyor Florentino Pérez, persona física, per posar un exemple, amb aquesta proposta podrà comprar 100 habitatges, perquè la resposta és sí. En la seva proposició de 350 paraules de part dispositiva no estableixen cap límit a la renda del comprador ni del patrimoni o el nombre d›habitatges previs, ni exigeixen tan sols que es destini a habitatge habitual. Per tant, si Florentino Pérez vol comprar 100 pisos a Barcelona, doncs cap problema. Però el jove, amb vint mil euros estalviats, continuarà sense poder comprar el pis. Magnífica política per a la classe mitjana i treballadora.

Mentrestant, Junts hem fet propostes concretes: IVA superreduït als joves i a les famílies treballadores en la compra de l’habitatge habitual, recuperar la deducció per compra hipoteca, recuperar el compte habitatge perquè els catalans desgraven mentre estalvien, recuperar la deducció del lloguer, facilitar avals per l’entrada, reduir la fiscalitat de la primera compra i facilitar que els pares puguin ajudar els seus fills a comprar el primer habitatge sense tornar a passar per la caixa d’Hisenda. Si avui pagues hipoteca, que avui paguis menys i avui pagues lloguer, que avui paguis menys i avui estalvies per comprar, que avui desgrava el que estalvies. Mirin, quan vulguin aprovar les propostes de Junts, que realment retinguin els diners a la butxaca de les famílies en parlem. Mentrestant, prou d’ocurrències, perquè aquesta modificació, a més, és un desastre de tècnica legislativa. Em sap greu. Ja li vam dir i ara és gairebé calcada. Vostès diuen que fan política d’habitatge d’esquerres. Doncs una cooperativa d’habitatge és una persona jurídica i les cooperatives no apareixen entre les excepcions. Vint famílies s’ajunten en una cooperativa per comprar un habitatge. Doncs no podran. no ho han previst com a excepció. Un multimilionari compra 10 000 pisos com a persona física. Endavant! Aquesta és la seva política d’esquerres i també s’han oblidat de les administracions públiques i això és gravíssim.

Ahir el company Cervera ens explicava que l’Ajuntament de Port de la Selva, quan era alcalde, va comprar 20 habitatges que avui ja estan llogats a lloguer assequible per a 20 famílies i joves del seu poble. A partir d’ara ja no podran comprar. Ja no ho podran fer més. No apareix entre les excepcions i una empresa municipal d’habitatge tampoc. I si la Generalitat vol adquirir habitatges per fer habitatge públic, doncs tampoc presenten una llei per facilitar l’accés a l’habitatge. I s’obliden precisament dels que tenen l’obligació d’ampliar el parc públic. Cooperatives, ajuntaments, Generalitat, empreses públiques. Ni Casa47. No sé si els socialistes votaran això, no ho han previst.

També és cert que si el govern del PSOE hi dona suport, haurà d’explicar molt bé per què permet que Florentino Pérez compri tants pisos com li doni la gana. Però l›Ajuntament de Port de la Selva ja no pugui fer més. Per cert, sembla que només afectaria viviendas en estado de uso. Em poden dir jurídicament què significa això exactament? Perquè les interpretacions són infinites. I això ho presenta un grup que, de fet, formen part del Govern d’Espanya. És a dir, que no són un estudiant de dret, que arriben tard a entregar un treball. És una proposició de llei a Catalunya. A més, tenim competències, legislació i instruments propis d’habitatge. Tenim, per exemple, el nostre propi diferent dret de tanteig i retracte per incorporar determinats habitatges a polítiques públiques, també a través de municipis i entitats públiques, etcètera. No encaixa amb el seu text. No han fet l’encaix? No ho han previst amb la cèdula d’habitabilitat? Igual legislen com si existís i funcionés arreu. I no és així, i ja ho deuen saber. I què passa amb una dació en pagament o una adjudicació hipotecària? Tampoc ho resolen. Vinga! Inseguretat jurídica a manta, vegades a tutti pleni. Això és tècnica legislativa, no és improvisació, és un desastre.

De fet, aquesta cambra ja els va rebutjar majoritàriament, la mateixa proposta. L’han tornat a presentar i ara, fins i tot, citen malament la sentència del Constitucional. És igual. No m’entretindré perquè el problema és més profund. Cada vegada que una ocurrència no funciona, en presenten una altra. En aquest hemicicle hem vist passar baixar tots els lloguers un 40 %. Si un 40 % per llei era igual, si els lloguers fossin antics i pagaven 20 euros, prohibir comprar habitatges si no és per viure‑hi el mateix comprador. Molt bé. Eliminem el lloguer. De facto han volgut considerar una habitació com si fos un habitatge. Han arribat a plantejar expropiacions depenent de qui era el propietari i després van descobrir una altra modernitat, la que ja feia Franco dels contractes indefinits. Topalls, prohibicions, més impostos, més intervenció. I ara aquesta també, amb previsibles conseqüències negatives en la rehabilitació que ja no cola. La gent ja els ha vist el llautó, perquè després de totes aquestes ocurrències, el problema continua empitjorant. Falta més habitatge. L’habitatge és cada dia més escàs i si és escàs, és car. Deixin d›inventar‑se com repartir l›escassetat cada 6 mesos i mirin de solucionar‑la.

Els pisos no apareixen ni es tornen més barats perquè vostès publiquin una altra prohibició al BOE. Això, aquesta proposta, no abaixar els preus, no augmenta l’oferta, no ajuda a pagar l’entrada, no crea ni un sol habitatge i, a sobre, està plena de forats jurídics.

I acabo ara mateix, senyor president. No sé qui més votarà en contra. Ni idea. I francament, és que ens és igual. Amb qui coincidim en el vot? Nosaltres votem el contingut i quan una proposta és dolenta, és dolenta. I aquesta ho és i molt.

Deixin les ocurrències, comencin d’una vegada a ajudar els joves i les famílies treballadores que el temps s’acaba i el més calent és a l’aigüera.

Muchas gracias. Muy buenas tardes, señorías. El señor Ibáñez ha estado hablando mucho sobre los fondos buitre y que esta iniciativa va dirigida a impedir que los fondos buitre puedan comprar y no es cierto. Y ahora desde aquí mismo le digo que si usted mañana presenta una iniciativa legislativa que dice que se prohíbe a los fondos buitre comprar vivienda, Junts votará a favor. (El señor Ibáñez Mezquita hace un gesto simulando una firma). Sí, mañana. Lo que lamento decirle es que los jóvenes y las familias trabajadores solo saldrían perdiendo si se aprobaran propuestas como esta o en general sus propuestas. Y, además, esta propuesta ―estamos acostumbrados eh― está redactada de tal manera que, además, perjudica a las cooperativas, ayuntamientos, Generalitat y empresas públicas que precisamente trabajan para facilitar la vivienda. Vamos al grano. La semana pasada algunos de ustedes nos decían desde el atril que la ley de vivienda funcionaba perfectamente bien. Vale, de acuerdo. Y hoy SUMAR presenta una proposición que reconoce que el acceso a la vivienda sigue siendo un problema gravísimo y que los precios siguen subiendo. Perfecto, de acuerdo. Es lo mismo que decimos nosotros, pero hay que dejar las cosas claras. Cuando les conviene, funciona; pero cuando necesitan justificar una nueva ocurrencia, resulta que no. Un caso práctico. Un joven hoy en día o una familia quiere comprar un piso de 250 000 euros, necesitan 50 000 euros de entrada más 25 000 euros de IVA, 75 000 euros. ¿Qué hace esta proposición para ayudar a esas personas? Nada. Ni les reduce el IVA, ni les facilita la entrada, ni desgrava el ahorro, ni la hipoteca, ni hace que baje el precio del piso. Nada. Comprarlo seguirá siendo igual de difícil, igual que ayer. Pero, si viene el señor Florentino Pérez, una persona física, por poner un ejemplo, ¿con esta propuesta podrá comprar cien viviendas? Porque la respuesta es que sí. Su proposición, de trescientas cincuenta palabras de parte expositiva, no establece ningún límite a la renta del comprador, ni del patrimonio, el número de viviendas previas, ni exige tan siquiera que se destine a vivienda habitual. Por lo tanto, si Florentino Pérez quiere comprar cien pisos en Barcelona, pues ningún problema. Pero el joven con 20 000 euros ahorrados seguirá sin poder comprarse un piso. Magnífica política para la clase media y trabajadora. Mientras, Junts ha presentado propuestas concretas: IVA superreducido para los jóvenes y las familias trabajadoras en la compra de vivienda habitual; recuperar la deducción por compra e hipoteca; recuperar la cuenta vivienda para que los catalanes desgraven mientras ahorran; recuperar la deducción del alquiler, facilitar avales para la entrada; reducir la fiscalidad de la primera compra, facilitar que los padres ayuden a sus hijos a comprar su primera vivienda sin volver a tener que pasar por la caja de Hacienda; que si hoy pagas hipoteca, pagues menos y, si hoy pagas alquiler, pagues menos, o que si hoy ahorras para comprar, hoy puedas desgravar lo que has ahorrado. Miren, cuando quieran aprobar las propuestas de Junts que realmente mantengan el dinero en el bolsillo de las familias, hablaremos. Mientras tanto, basta de ocurrencias, porque esta modificación además es un desastre de técnica legislativa y, lo siento mucho, ya se lo dijimos, pero es que hoy vuelve a ser calcada prácticamente. Ustedes dicen que hacen política de vivienda de izquierdas. Pues una cooperativa de viviendas es una persona jurídica y las cooperativas no aparecen entre las excepciones. ¿Veinte familias se agrupan en una cooperativa para comprar una vivienda? Pues no van a poder; no lo han previsto como excepción. ¿Un multimillonario compra diez mil pisos como persona física? Pues adelante. ¿Es esta su política de izquierdas? Y también han olvidado a las Administraciones públicas, y eso es gravísimo.

Ayer el compañero Cervera nos contaba que el ayuntamiento del Port de la Selva, cuando él era alcalde, compró veinte viviendas que hoy están alquiladas en alquiler asequible para veinte familias y jóvenes de su pueblo. ¿A partir de ahora ya no podrán hacerlo? ¿No podrán comprarlas? ¿No podrán hacer más esto? Eso no aparece tampoco en las excepciones. Y una empresa municipal de vivienda tampoco. ¿Y si la Generalitat quiere adquirir viviendas para ampliar el parque público? Tampoco. Presentan una ley para facilitar el acceso a la vivienda y se olvidan precisamente de aquellos que tienen la obligación de ampliar el parque público: cooperativas, ayuntamientos, Generalitat, empresas públicas… Ni Casa47. No sé si los socialistas van a votar a favor de esto. No lo han previsto.

También es cierto que, si el Gobierno del PSOE da apoyo a esto, tendrá que explicar muy bien por qué permite que Florentino Pérez compre tantos pisos como quiere, pero el ayuntamiento del Port de la Selva ya no pueda hacerlo. Por cierto, parece que solo afectaría a viviendas en estado de uso. ¿Me pueden decir jurídicamente qué significa esto exactamente? Porque las interpretaciones son infinitas. Y eso lo presenta un grupo que, de hecho, forma parte del Gobierno de España. Es decir, no son ustedes un estudiante de Derecho que llega tarde a entregar un trabajo; es una proposición de ley. En Cataluña, además, tenemos competencias, legislación e instrumentos propios de vivienda. Tenemos, por ejemplo, nuestro propio y diferente derecho de tanteo y retracto para incorporar determinadas viviendas a políticas públicas; también a través de municipios, entidades públicas, etcétera. Eso no encaja con su texto. No han hecho este encaje de bolillos; no lo han previsto. Con la cédula de habitabilidad, igual; legislan como si existiera y funcionara por todos lados del mismo modo, y no es así, ya lo saben. ¿Y qué pasa con la dación en pago o una adjudicación hipotecaria? Tampoco lo resuelven. Y venga inseguridad jurídica a tutiplén. ¿Es eso técnica legislativa? No, es improvisación, es un desastre.

De hecho, esta Cámara ya les rechazó de manera mayoritaria prácticamente la misma propuesta que han vuelto a presentar. Y ahora incluso citan mal la sentencia del Constitucional, pero no voy a entretenerme en eso, porque el problema es más profundo. Cada vez que una ocurrencia no les funciona, presentan otra. En este hemiciclo hemos visto propuestas como bajar el alquiler un 40 % por ley, da igual si eran alquileres antiguos que pagaban 20 euros. Presentaron una propuesta de prohibir comprar viviendas si no eran para vivir el comprador y, entonces, eliminaban el alquiler de facto. Querían considerar una habitación como si fuera una vivienda. Han llegado a plantear expropiaciones de viviendas según el propietario. Y después descubrieron una modernidad, aquello que hacía Franco de contratos de alquiler indefinidos. Topes, prohibiciones, más impuestos, más intervención, y ahora esta. Ya no cuela. La gente ya les ha calado, porque, después de todas estas ocurrencias, el problema sigue empeorando: falta más vivienda; la vivienda es cada día más escasa y, si es escasa, es cara. Dejen de inventarse cómo repartir la escasez cada seis meses y empiecen a solucionarla. Los pisos ni aparecen ni se abaratan porque ustedes publiquen otra prohibición en el BOE.

Esta propuesta no baja los precios, no aumenta la oferta, no ayuda a pagar la entrada, no crea ni una sola vivienda, y además está llena de agujeros jurídicos ―y ya termino, señor presidente―. No sé quién más va a votar en contra y, francamente, es que nos da igual con quién coincidamos en este voto. Nosotros votamos el contenido y, cuando una propuesta es mala, es mala. Y esta es muy mala.

Dejen las ocurrencias y empiecen de una vez a ayudar a los jóvenes y a las familias trabajadoras, que el tiempo se acaba y ya es hora de arremangarse.

Muchas gracias.

Bé, bona tarda. Teníem curiositat per veure la traducció del «més calent és a l’aigüera». Bé, la situació que ens trobem avui amb l’habitatge és el resultat que massa anys hem permès que es tracti com un actiu financer més que s’acumuli i que s’especuli i, sobretot, que competeixin per la mateixa casa. Una família que necessita un lloc on viure i una empresa que només vol fer negoci. La base de la proposta de llei que planteja prohibir la compra d’habitatges per part de persones jurídiques. Saben perfectament que la compartim perquè ho hem dit aquí com unes 500 vegades. Igual que saben que segurament aquesta proposició no passarà ni tan sols la presa en consideració, perquè ja sabem quina serà la posició de les dretes de la cambra, però almenys avui ens permet parlar d’un debat que crec que tenim poc, que és la possibilitat de la compra d’un habitatge. Parlem molt de lloguer i hem de continuar fent perquè la situació, evidentment, és insostenible. De fet, a aquestes alçades gairebé ens sabem de memòria què pensen els uns i els altres sobre el lloguer. Però hi ha moltíssima gent que no vol passar tota la vida de lloguer. I això també és perfectament legítim. És normal voler comprar una casa. És normal voler tenir un lloc que sigui teu, on formar una família, si vols, on fer un projecte de vida i sobretot on poder estar tranquil. I no només és normal, sinó que és totalment comprensible quan veu que viure de lloguer és profundament inestable, pendent de quan s’acaba el contracte, de si te’l renovaran. De quan et pujaran el preu o de quina pròrroga extraordinària aprovarà el govern de torn. I no voler tenir un pis en propietat no és ser un especulador. És clar que no ho és. De fet, ens hauríem de fer una pregunta molt senzilla: avui una persona que treballa i cobra un sou normal es pot comprar una casa? L’Institut Nacional d’Estadística diu que el 2024 el salari més freqüent, no el mitjà, el més freqüent a tot l’Estat va ser d’uns 1400 euros bruts al mes en 12 pagues. Però com dic, no parlo del sou mitjà, parlo de sou que cobra més gent a Catalunya. Un habitatge venut aquell mateix any se situava de mitjana als voltants de 230 000 euros. Això vol dir que amb el sou més comú necessites 14 anys sencers de sou, 14 anys sencers de sou, no estalviant 14 anys dedicant tot el sou, tota la nòmina sense pagar, menjar, sense pagar llum, sense pagar transport i, evidentment, sense pagar lloguer per comprar un habitatge. Faig servir les dades del 2024 perquè és l’últim any que ens permet creuar de manera homogènia dades, però no ens enganyem, des d’aleshores el 2025 i el 2026 la situació encara ha empitjorat més. Però el primer problema ni tan sols és pagar el pis, és aconseguir una hipoteca. Els bancs, sabem perfectament que financen el 80 % del preu i permetin‑me que ho baixi a casa, per entendre’ns. En un exemple, amb números reals a l’escala, el preu mitjà d’un habitatge usat venut al 2024 era de 219 000 euros. Per tant, per comprar un pis abans n’havies d’estalviar a la vora de 44 000. I aquí encara hi has d’afegir impostos i despeses. Com estalvia 44 000 euros a algú que cobra al voltant de 1400 euros? Si seguint a l’escala, el lloguer mitjà està al voltant d’uns 700 euros al mes, imaginin que amb aquesta nòmina, després de pagar el pis, viure menjar aconsegueix fer un esforç enorme d’estalviar 300 euros. Necessitaria més de 12 anys només per reunir els diners de l’entrada i al final d’aquests 12 anys no tindria la casa, només tindria l’entrada. Però el drama s’hi suma que durant aquests 12 anys la casa ha canviat de valor entre el 2020 i el 2024. Un habitatge a l’escala havia pujat 32 000 euros. Pràcticament com l’entrada. Per tant, és una cursa impossible. Tu corres, però el valor de l’habitatge corre molt més de pressa que tu. I el drama no s’acaba aquí. Mentre tu intentes atrapar el preu, no competeixes només amb altres famílies que també necessiten una casa. Competeixes en societats amb inversors i en determinats territoris sabem molt bé també amb capital de fora de l’Estat, amb una capacitat adquisitiva molt superior. No parlo de persones estrangeres que viuen aquí. Parlo de capital estranger que compra aquí, que són coses diferents. Les dades del notaris són molt reveladores. El 2025 els compradors estrangers van adquirir més de 22 000 habitatges a Catalunya i van pagar una mitjana del preu metre quadrat, un 21 % superior al conjunt de les compravendes. I això sobretot en municipis costaners i turístics i a les illes. Per què? Quan en un mateix mercat competeix el salari d’una persona que viu al territori amb rendes procedents de països amb capacitat adquisitiva molt superiors, és evident que la pressió encara augmenta més. I potser també ens hem d’atrevir a obrir aquest debat. Potser en aquells territoris on l’accés a l’habitatge està especialment tensionat, hauríem d’estudiar mecanismes temporals que prioritzin la compra destinada a la residència habitual. Hem de preguntar‑nos si durant un període determinat cinc anys, posem per cas, té sentit que donem prioritat a qui compra una casa per viure‑hi, davant de qui la compra sense intenció de viure‑hi. I amb això no dic que no tingui condicionants jurídics, també aquesta proposta, igual que la té la seva. Dic que tenim un problema prou greu com perquè deixem de tenir por de plantejar‑nos coses que fins ara ens semblaven impensables o que igual poden semblar revolucionàries. Perquè el resultat del model actual ja el coneixem.

Una altra dada: l’edat dels compradors d’habitatges a Catalunya ja supera els 45 anys. 45 anys per comprar el primer habitatge. L’any 2007 això se situava al voltant dels 35 i les dades disponibles ens indiquen que, a més a més, aproximadament la meitat d’aquests compradors compren en parella perquè sol és impossible, ni amb 45. No és que els joves no vulguin comprar. És que estan eternament exposats a la cursa impossible que abans comentava. Hem arribat a un punt que tenir dos salaris, tenir uns pares que et puguin ajudar o haver heretat un patrimoni pot marcar la diferència entre tenir o no tenir un futur. Així de senzill. Tenir o no tenir un futur. De fet, a Catalunya les donacions d’habitatges de pares a fills pràcticament s’han duplicat des del 2019. Per tant, ja no parlem només d’una desigualtat salarial. Parlem d’una desigualtat d’origen, de si has nascut en una família que pot ajudar‑te en l’entrada o en una família que no pot. I davant d’això, la política ha de prendre partit. Nosaltres hem proposat coses en aquest sentit de fiscalitat.

Hem proposat reduir l’IVA a la primera compra d’habitatge fins al 4 % per facilitar l’accés de qui compra una casa per viure‑hi i al mateix temps hem proposat crear un nou impost per gravar l’especulació, l’acumulació d’habitatges de forma progressiva. Quants més acumules, més pagues. I crec que hem d’anar més enllà i hem de començar a parlar seriosament de com el Govern regula l’ús especulatiu. No és el mateix comprar una casa per viure i que comprar un edifici per vendre’l al cap de dos mesos i fer coliving per facilitar la primera compra. Penalitzar l’especulació i gravar l’operació especulativa. Aquesta hauria de ser la lògica. Però compartim el debat.

Buenas tardes. Tenemos curiosidad por ver cuál es la traducción del proverbio que han dicho. (Mirando las pantallas en las que aparece el texto en castellano de las intervenciones). Bueno, la situación que nos encontramos hoy con la vivienda es el resultado de que demasiados años hemos permitido que se tratara como un activo financiero más: que se acumule, que se especule y además que compitan por la misma casa una familia que necesita un lugar donde vivir y una empresa que solo quiere hacer negocio con ella. La base de la propuesta que pretende prohibir la compra de la vivienda por parte de personas jurídicas saben que la compartimos, seiscientas veces lo hemos hecho ya. Igual que saben que seguramente esta proposición no pasará ni de la toma en consideración, porque ya sabemos las posturas de la Cámara, pero nos permite hoy hablar de un debate que tratamos poco, a saber, la posibilidad de la compra de una vivienda. Hablamos mucho de alquiler y tenemos que seguir haciéndolo, porque la situación evidentemente es insostenible. De hecho, a estas alturas sabemos casi de memoria lo que piensan unos y otros sobre el alquiler, pero hay muchísima gente que no quiere pasarse toda la vida en alquiler, y eso también es perfectamente legítimo. Es normal querer comprarse una casa, es normal querer tener un lugar que sea tuyo o formar una familia en él, un proyecto de familia, de vida y, sobre todo, poder estar tranquilos. Y no solo es normal, sino que también es totalmente comprensible cuando se ve que vivir de alquiler es profundamente inestable: si se acaba el contrato, si va a subir el precio o que hará el Gobierno de turno. Y no, tener un piso en propiedad no es ser un especulador, claro que no. De hecho, nos tendríamos que hacer una pregunta muy sencilla: hoy, ¿una persona que trabaja y cobra un sueldo normal se puede comprar una casa?

El Instituto Nacional de Estadística dice que en 2024 el salario más frecuente ―no el medio, sino el más frecuente― era de 1400 euros brutos al mes en doce pagas. No hablo del sueldo medio, sino del más frecuente. En Cataluña, una vivienda media en ese año costaba en torno a 230 000 euros. Es decir, que con el sueldo más común hacen falta catorce años enteros de sueldo, no ahorrando; catorce años dedicando todo el sueldo, toda la nómina ―sin pagar comida, sin pagar luz, sin pagar transporte y, por supuesto, sin pagar alquiler― para comprar una vivienda. Son datos de 2024. Los uso porque es el último año que nos permite comparar datos de manera homogénea, pero no nos engañamos, desde 2025 y en 2026 la situación todavía ha empeorado más.

Pero el primer problema no es ya pagar el piso, sino conseguir una hipoteca. Los bancos ―lo sabemos perfectamente― financian el 80 % del precio. Para entendernos, un ejemplo. En La Escala el precio medio de una vivienda usada en 2024 era de 290 000 euros. Por tanto, para ese piso había que ahorrar 40 000 euros antes, y a eso había que añadirle impuestos y gastos. ¿Cómo ahorra 40 000 euros quien cobra en torno a los miles de euros… que hemos dicho si tenemos esas cifras? Imaginen, con esta nómina, después de pagar el piso, vivir, la alimentación…, harían falta más de doce años para reunir la entrada solamente; y al final de esos doce años solo tendría la entrada, no la casa. Pero a eso hay que añadir más. Durante doce años la casa ha cambiado de valor. Entre 2020 y 2024 una vivienda en La Escala había subido 32 000 euros, prácticamente la entrada. Por tanto, es una carrera imposible: tú corres, pero el valor de la vivienda corre mucho más rápido que tú. Y el drama no se acaba aquí: mientras tú intentas atrapar el precio, no compites solo con otras familias que también necesitan una casa; compites con sociedades, con inversores, y en determinados territorios ―lo sabemos muy bien― también con capital de fuera del Estado, con una capacidad adquisitiva muy superior. No hablo de personas extranjeras que viven aquí, sino de capital extranjero que compra aquí. Son cosas diferentes. Los datos de los notarios son muy reveladores: en 2025 los extranjeros alquilaron más de 22 000 viviendas en Cataluña y pagaron de media por metro cuadrado un precio un 21 % superior al de las compraventas. Y eso solo en municipios costeros y en las islas, porque cuando en un mismo mercado compite el salario de una persona que vive en el territorio con rentas de países con capacidades adquisitivas muy superiores, es evidente que la presión aumenta todavía más. Quizás tendríamos que abrirnos a este debate. En aquellos territorios en los que el acceso a la vivienda está especialmente tensionado, deberíamos estudiar mecanismos que prioricen la compra de vivienda habitual. Tenemos que plantearnos si durante un periodo determinado ―cinco años, por ejemplo― tiene sentido que demos prioridad a quien compra una casa para vivir, frente a quien no. Y con eso no quiero decir que no haya condicionantes jurídicos también en esta propuesta, igual que los tiene la suya; digo que tenemos un problema lo bastante grave como para que dejemos de tener miedo de plantearnos cosas que hasta ahora nos parecían impensables o que pueden parecer revolucionarias, porque el resultado del modelo actual ya lo conocemos.

Otro dato: los compradores de vivienda en Cataluña ya superan los 45 años de edad. Para comprar la primera vivienda en 2007, la media era de 35 años de edad. Y los datos disponibles nos indican que además aproximadamente la mitad de estos compradores compran en pareja, porque comprar uno solo es imposible, ni con 45 años. No es que no quieran comprar, es que están eternamente expuestos a esa carrera imposible que antes comentaba. Hemos llegado a un punto en el que tener dos salarios, tener unos padres que pueden ayudar o haber heredado un patrimonio pueden marcar la diferencia entre tener y no tener un futuro. Así de sencillo, tener o no tener un futuro. De hecho, en Cataluña las donaciones de viviendas de padres a hijos prácticamente se han duplicado desde 2019. Por tanto, no hablamos ya de una desigualdad salarial, sino de una desigualdad de origen, de si has nacido en una familia que puede ayudarte con la entrada o en una familia que no. Y ante eso la política tiene que tomar parte.

En este sentido, nosotros hemos propuesto cosas de fiscalidad: reducir el IVA para la primera compra de vivienda al 4 % para facilitar el acceso a quien quiere comprar una casa para vivir. Y, a la vez, hemos propuesto crear un nuevo impuesto para gravar la especulación o la adquisición de viviendas, cuantas más compras, más pagas. Y creo que tenemos que ir más allá y empezar a hablar seriamente de cómo el Gobierno regula el uso especulativo. No es lo mismo comprar una casa para vivir que comprar un edificio para venderlo al cabo de dos meses y hacer coliving. Facilitar la primera compra y gravar la especulación y la operación especulativa; esta debería ser la lógica. Pero compartimos el debate.

Vaig acabant. Voler comprar una casa per viure‑hi, hi insisteixo, no és ser un especulador, és voler tenir un lloc propi on construir una vida. I la nostra feina aquí no és passar‑nos les tardes explicant per què aquest somni és impossible. És intentar fer que aquest somni sigui possible. I mentre el Govern no aconsegueixi que demà qui vulgui comprar el primer habitatge pugui anar a una agència i no li sembli una cosa de ciència‑ficció accedir a aquest habitatge, el que estarem fent és seguir posant la catifa vermella a aquesta gent. Moltes gràcies.

Sí, voy terminando. Querer comprar una casa para vivir en ella no es ser un especulador, sino querer tener un lugar propio donde construir una vida. Y nuestro trabajo aquí no es pasarnos la tarde explicando por qué este sueño es imposible, sino intentar hacer que ese sueño sea posible. Mientras el Gobierno no consiga que mañana quien quiera comprarse la primera vivienda pueda ir a una agencia y no le parezca una cosa de ciencia ficción acceder a esa vivienda, lo que estaremos haciendo es seguir poniendo la alfombra roja a esta gente. (Señalando los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso). Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. Vaya papelón el de SUMAR con la vivienda. Ocho años de Gobierno ―ahora ustedes, antes sus primos hermanos de Podemos―; ocho años con la tabarra de que la vivienda sería el quinto pilar del estado de bienestar, y ocho años sentando cátedra, dando lecciones y levantando el dedito como hoy para esto, para montar Casa47, enchufar a unos cuantos amigotes y, ahora que se agota la legislatura, anunciar la friolera de ochocientas viviendas. Claro que sí. (Aplausos). Ochocientas viviendas y montan una turné por todos los medios y llevan a la ministra y al presidente del Gobierno. Se dan todos golpes en el pecho y están muy orgullosos de ochocientas viviendas. Ochocientas viviendas son las que hacía en una mala tarde la Administración pública cualquier año en los años sesenta o en los ochenta. Ochocientas viviendas en el país que tiene a millones de jóvenes con las alas cortadas porque no se pueden emancipar, y si lo hacen, están condenados a compartir vitrocerámica, sofá y retrete con desconocidos. (Aplausos). Ochocientas viviendas que ni siquiera son nuevas, que ya formaban parte de un parque existente, el parque descascarillado de la Sareb. Y ochocientas viviendas que no están donde hacen falta, sino donde no hay servicios, no hay empleo, no hay oportunidades, no hay comunicaciones y no hay demanda; están en ‘villarriba de monteabajo’. Y ni una puñetera palabra de ningún grupo de los que ha estado aquí sobre el fraude y la inanidad de Casa47. (Aplausos). El fraude y la inanidad de Casa47, a la que tal vez deberíamos llamar ‘anécdota47’. Ocho años de Gobierno y lo único que tenemos son tres powerpoints de colorines y una página web chusca con una oferta pírrica y grotesca.

Casa47 simboliza como nada la impotencia y la esterilidad de una izquierda que es incapaz de ofrecer realidades materiales dignas a la gente. (Aplausos). Decían que venían a transformar la vida cotidiana de la gente, ¿se acuerdan? Y vaya si lo han hecho, han transformado España en una gran cola, en una cola interminable. Una cola terrible para encontrar vivienda y empezar una vida. Una cola descomunal para el transporte público, sea el metro, el cercanías, el autobús o lo que ustedes quieran. Una cola inimaginable para un empleo de calidad bien remunerado. Una cola para ser atendido, para ser diagnosticado, para ser operado, para ser educado, para recibir una ayuda o una prestación, o para tener una beca de guardería. Una cola para todo, una cola para absolutamente todo. Este es el legado de SUMAR: la España de las colas. (Aplausos). Y al final de la cola, en el último lugar de la cola, el español. El español empobrecido, el español desclasado, el español del montón, que tiene el bolsillo tiritando y que encima tiene que comprobar ahora mismo que ustedes son incapaces incluso de respetar lo más sagrado, y es que en un contexto de recursos limitados y bienes finitos ―y ochocientas viviendas son bienes muy finitos― ni siquiera se utiliza la prioridad nacional, ni siquiera se pone delante a los de casa (aplausos), a aquellos que pertenecen a la comunidad, a aquellos que han contribuido. Detrás de todo este bochorno hay españoles de carne y hueso que han sido abandonados, relegados y desplazados. Primos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios y de juegos. Generaciones enteras estafadas, que encima tienen que ver ahora cómo las primeras adjudicaciones pírricas de Casa47 no son para los nuestros, para los que las han pagado, para los que llevan años aguardándolas y para los que las merecen, sino que son para los de fuera. Para eso querían Casa47, para eso se dan tantos golpes en el pecho y para eso nos han hecho escuchar tantas veces tanta superioridad moral, para ochocientas casas que ni siquiera son para los nuestros. ¡Enhorabuena, señorías! (Aplausos).

El año pasado, 3 200 000 personas buscaron casa en España. Según el INE, 3 200 000. ¿Se imaginan las consecuencias que eso tiene en las vidas de la gente y cómo están paralizadas? No son los marginados ni los que partían con peores cartas, sino los españoles del montón, los jóvenes medios. Hablamos de trabajadores formados, competentes y esforzados, que cobran un sueldo estándar y que están descubriendo ahora que con ese sueldo normal no les da para poder llevar una vida normal, y no les sirve porque ustedes se han cargado el acceso a la vivienda. Desde luego, se lo han cargado con sus tesis decrecentistas, negándose a construir en un país en el que ya andamos con un déficit superior a las 750 000 viviendas, según el Banco de España. Se lo han cargado con sus controles de precios y sus regulaciones arrendaticias absolutamente ineficaces, que han hecho desaparecer en seis años la mitad de la oferta de larga duración. Son ustedes unos magos; no son políticos, son magos, han dado un chasquido de dedos y ha desaparecido la oferta. Y finalmente se la han cargado con su política de fronteras abiertas, porque el increíble y espeluznante crecimiento demográfico que ha sufrido España en los últimos años es el principal factor explicativo de la crisis de acceso a la vivienda que sufrimos. En ocho años, en los mismos ocho años que ustedes llevan gobernando y en los mismos ocho años que solamente han podido cargar ochocientas viviendas en el mercado, han entrado siete millones de personas. Para ellos, ochocientas viviendas, ¡claro que sí! ¡Por supuesto que sí! Creo que no hace falta sacarse un doctorado en Economía ni ser el más empollón en clase de Matemáticas para darse cuenta de que las cosas no salen y de que, si desaparece la oferta y vamos añadiendo, añadiendo y añadiendo gente a la cola, pasan cosas ―cosas chulis, tal vez dirían en SUMAR― como el subarriendo, el realquilado o el chabolismo vertical. O cosas como lo que hemos visto esta semana en Barcelona cuando, tras anunciar un piso, en solo una hora hubo dos mil contactos. ¿Creen ustedes que esto es una señal de un mercado inmobiliario saludable?

(Aplausos). Por tanto, la pregunta es: ¿cuándo van a parar?, ¿cuando España se convierta en un gran piso patera?, ¿cuando todos nuestros jóvenes tengan que compartir baldosa?, ¿cuando alquilar una habitación sea un lujo? ¿Cuándo van a parar? ¿Cuándo van a tener la gallardía y la dignidad de reconocer que lo que están haciendo no funciona? Está claro que hoy no, que hoy no es el día porque hoy ―ya se ha dicho― lo que nos traen aquí es una chapuza legislativa.

En primer lugar, porque la ley de vivienda, cuyos resultados ya se han comprobado, no ha de ser reformada ni modificada, ha de ser derogada como toda legislación antisocial y antipopular que atenta contra el bien común (aplausos), ha de ser derogada porque la ley de vivienda ha derogado el futuro de cientos de miles de españoles. En segundo lugar, esta proposición de ley no da respuesta a ninguna de esas 3 200 000 personas que el año pasado buscaban casa y no la encontraron, porque ni construye casas ni pone casas en el mercado. Recuerden, 3 200 000 personas. En tercer lugar, porque la modificación que proponen, en los términos en los que se propone ―tan torticeros, tan gruesos―, atenta contra la posibilidad de que en España haya un gran plan de rehabilitación, que es una necesidad urgente en nuestro país, porque tenemos un parque inmobiliario absolutamente anticuado, necesitado y ayuno de reformas estructurales que requieren inversión, ya que no la hacen sus Administraciones. ¿Quién va a hacer esas reformas si ustedes prohíben que haya una empresa metiendo dinero para que haya viviendas en el mercado? Absolutamente nadie. Y, cuarto ―y con esto termino―, porque impedir a una empresa que pueda comprar no permite mágica y automáticamente que pueda comprar una familia. Lo que esa familia necesita es que ustedes renuncien a su parte del botín, que bajen los impuestos a la compra de la primera vivienda, la que es para vivir, que los bajen, que permitan además su pago diferido en el tiempo y sin intereses y que ―sí, entonces sí― le pongan unos impuestos altísimos y disuasorios, ostensiblemente disuasorios, a los compradores extranjeros y a las fortunas extranjeras. Pero eso ―ya lo sabemos, porque lo hemos traído aquí en infinidad de ocasiones― ustedes no lo quieren y votan siempre no. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Buenas tardes, presidente. Señorías, la vivienda vuelve a ser objeto de debate una semana más en esta Cámara. En este caso, mediante una proposición de ley que persigue frenar la especulación inmobiliaria para regular así los precios del alquiler y de la compraventa. He de decir que, por supuesto, en el Grupo Parlamentario Socialista vamos a continuar trabajando para acabar con la especulación y vamos a seguir defendiendo el derecho a una vivienda digna para todos y todas las ciudadanas de este país (aplausos). Eso sí, acorde a la ley y al ordenamiento jurídico existente. Como todos ustedes saben, en el año 2023 este Gobierno progresista aprobó la ley de vivienda, una ley que tiene como base la declaración de zonas tensionadas, lo que conlleva la limitación de los precios del alquiler y, por tanto, la protección de los inquilinos. ¿Qué ha pasado tres años después, señorías del Partido Popular? Que se les llena la boca criticando al Gobierno de España y a su presidente, cuando ustedes en las comunidades autónomas en las que gobiernan están incumpliendo sistemáticamente esta ley (aplausos); no la aplican, hacen dejación de funciones y abandonan a su suerte a miles y miles de jóvenes y familias, privándolos de la oportunidad de construir su futuro. Es más, ayer nos encontramos con esta noticia (muestra un recorte de prensa), esta declaración de su jefe, el señor Feijóo, que dice que el PP promete liberar un millón de viviendas en el primer consejo de Gobierno, si llega al Gobierno. ¿De verdad están ustedes reconociendo que tienen un millón de viviendas secuestradas en las comunidades autónomas donde gobiernan sin ponerlas a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas?, ¿de verdad? (Aplausos). Señorías del Partido Popular, esta es su brillante gestión en materia de viviendas. Llevan más de tres años poniendo las mismas excusas:

que si Pedro Sánchez castiga a las comunidades autónomas; que si Pedro Sánchez nos maltrata, nos excluye, nos discrimina. Este es el mantra que repiten día a día, ¿les suena?

Miren, siento recordarles que el Gobierno de España del Partido Socialista ha puesto en marcha el Plan Estatal de Vivienda, dotado con más de 700 millones de euros a repartir entre sus comunidades autónomas y entre las nuestras para construir vivienda pública, rehabilitar la existente, ayudar a quien más lo necesita y, por supuesto, asegurar que el suelo y la vivienda pública sean siempre públicos. Señorías del Grupo Popular, ahora yo les pregunto, ¿dónde está aquí esa discriminación, ese maltrato y ese castigo del que tanto hablan? Por si no lo sabían, les informo de que ya se ha ejecutado esa primera transferencia, esa primera entrega a cuenta, ese primer ingreso de este plan estatal a las comunidades autónomas. ¿Qué van a hacer ahora?, ¿van a rechazar ese dinero porque viene del Gobierno de España, del malo de Pedro Sánchez?, ¿o van a dejar de quejarse y van a ponerse a trabajar ya de una vez? (Aplausos). Es verdad que hay que reconocerles que eso de trabajar lo llevan regular nada más, les cuesta.

No me lo estoy inventando, les voy a poner un ejemplo muy claro, una realidad que conozco bien y que afecta a la gente de mi generación. Su compañero, el señor López Miras, lleva más de ocho años gobernando en mi tierra, en la Región de Murcia. En este tiempo, en ocho años ha construido exactamente cero viviendas públicas ―repito, cero―. (Aplausos.―Rumores.―La señora Guardiola Salmerón pronuncia palabras que no se perciben). En la Región de Murcia somos la vergüenza nacional. ¡Qué vergüenza, señorías del PP, qué vergüenza! Ostentamos el bochornoso título de ser la única comunidad autónoma de España que no ha construido nada en los últimos años. Y no será porque no tiene financiación, porque la semana pasada, como les he dicho antes, la Región de Murcia recibió 35,2 millones de euros por esta primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda. ¿Qué va a hacer ahora el señor López Miras?

Las cifras no mienten. Según el Instituto Nacional de Estadística, el precio de la vivienda en la Región de Murcia se disparó un 14,4 % el segundo trimestre de este año 2026. Además, los expertos en economía de la Región de Murcia aseguran que la falta de acción para aumentar el parque inmobiliario público, ocasionada por la nefasta gestión del Partido Popular, ha provocado esta subida de precios, por lo que el problema de la vivienda y de su falta de asequibilidad para los jóvenes es hoy más grave que hace un año. Señorías del PP, por desgracia no vemos un futuro muy prometedor allá donde gobierna el Partido Popular.

Todo esto contrasta con el trabajo que se viene realizando en el Gobierno de España por parte del Ministerio de Vivienda. Por ejemplo, esta semana, como todos ustedes saben, el presidente del Gobierno presentó el portal digital Casa47, una apuesta sin precedentes por la accesibilidad de la vivienda pública para que las promociones inmobiliarias públicas que se están construyendo hoy estén protegidas siempre y que nunca sean una oportunidad de negocio para algunos pocos ni que tampoco puedan salir del parque público, aunque haya un cambio económico o político.

Les voy a dar otro dato. Señorías, la semana pasada la Comisión Europea aprobó una propuesta de reglamento basada en declarar zonas residenciales tensionadas e intervenir el mercado de la vivienda, una propuesta que también incluye limitar los alquileres turísticos y priorizar el uso de la vivienda residencial, frenando así la especulación. Como ven, estas medidas están totalmente alineadas con las políticas en materia de vivienda ejecutadas hasta ahora por el Gobierno de España. Así que, algo bien se estará haciendo aquí cuando la Comisión Europea copia nuestras ideas. (Aplausos).

Concluyo. Señorías, no podemos permitirnos como país dar ni un paso atrás. Tenemos que blindar la vivienda como un derecho fundamental, protegiendo y legislando para quienes más lo necesitan, para nuestros jóvenes y para nuestras familias. Por eso, ante la inacción del Partido Popular, medidas y leyes del Partido Socialista; ante su negacionismo, más oportunidades, más avances sociales y más igualdad; ante su incompetencia, más trabajo, más progreso y más dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias. Buenas tardes, señorías. ¿De dónde venimos?, ¿dónde nos están llevando? y ¿cuál es el camino que deberíamos haber elegido? Tres preguntas para el texto de hoy, pero también para que no nos confundamos, porque escuchándolos en su realidad paralela ― sobre todo la del Grupo Socialista― en plena agonía de este Gobierno, da la sensación de que quieren que los españoles piensen que sus políticas de vivienda no es que no hayan fracasado, sino que no se han aplicado lo suficiente. Decía el señor Ibáñez que, si seguimos haciendo lo mismo, nada cambiará. ¡Hombre, pues claro! Es que, si siguen haciendo lo mismo, no se van a dar cuenta de que el problema no es la dosis, sino que el problema es la receta que ustedes siguen. El problema son sus recetas y el problema son ustedes. (Aplausos.―Una señora diputada: ¡Muy bien!). Y lo que traen hoy forma parte de esas recetas fallidas. De ahí la primera pregunta, ¿de dónde venimos? Porque el origen de todo es no aceptar que faltan viviendas, aunque ahora lo quieran decir con la boca pequeña. Faltan viviendas de toda tipología y especialmente en ciertos lugares; por eso el precio sube sin descanso y los números, a diferencia de sus relatos, no engañan. El déficit cada año sube en 150 000. El papeleo excesivo, la eficacia de las leyes, la subida de precios de los materiales, la financiación, la falta de energía eléctrica o de mano de obra son retos que había que haber encarado hace años. Por eso, originariamente teníamos dos opciones: buscar soluciones o empeorarlo todo. Señorías, ¿saben lo que ha hecho ese Gobierno? Evidentemente, como era de esperar, empeorarlo todo. Había que reformar, sí, pero su ideología equivocada no reforma, destruye. La prueba de su fracaso es clara: en 2018 la vivienda era el problema número dieciséis de los españoles; hoy día es el primero. Esto tiene un doble mérito porque este Gobierno de coalición ha conseguido este vergonzoso logro mientras crea otros muchos problemas: en las infraestructuras, donde seguimos sin saber qué pasó en Adamuz; en forma de apagón; con su corrupción, o con la situación de Ceuta. Y es que, aunque la vivienda es prioritaria ―como ha vuelto a demostrar esta mañana el presidente Feijóo―, nuestro grupo parlamentario no olvida todo eso, ni la agonía que viven los caballas, hermanos directos de la provincia de Cádiz y españoles a los que no podemos abandonar. (Aplausos). Esta tragedia de la vivienda se puede resumir ―recordando a Chueca Goitia― como ‘breve historia del intervencionismo’, con una víctima muy clara, una víctima inicial: el pequeño propietario. En 2020, con la pandemia, se aprobaron medidas de excepción que ahora ustedes han convertido en costumbre para ir contra la propiedad privada. Poco más tarde, Podemos ganó el debate sobre el control de precios del alquiler al ministro Ábalos, que se oponía acertadamente a esa opción. Y en 2023 llegó el capítulo estrella, la ley de vivienda, que empeoró aún más todo. Su coartada desde entonces ―lo ha dicho antes el Grupo Socialista― es que la culpa es del PP porque no aplica la ley. Eso es una falacia y le explico por qué. Porque, efectivamente, las comunidades autónomas pueden no declarar zonas tensionadas y menos mal, sin embargo, no pueden evitar el impacto nefasto de leyes estatales que han empeorado reformando otras como la Ley de Enjuiciamiento Civil o la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, ustedes han destrozado el mercado con esa ley estatal. La culpa no es de las comunidades autónomas del PP ―como nos dijeron en una reunión―, con su ley, el daño ya está hecho. (Aplausos). Y ¿dónde nos llevan? Pues lo lógico, viendo los resultados, sería rectificar. Si hablamos de Cataluña ―la tierra prometida de sus políticas―, los datos están ahí: la oferta se ha desplomado y en Barcelona un anuncio del alquiler llega a tener a más de cuatrocientas personas interesadas detrás. Una jungla en la que pierden siempre los más débiles. Pero no, ustedes no rectifican. Hoy nos traen una versión remasterizada de esta ley estrella que la Cámara en la que estamos, por cierto, ha pedido derogar. Una versión terrorífica para limitar la compra a personas jurídicas que ya fracasó. Es decir, una doble chapuza. Y los datos les vuelven a estropear el relato, porque casi nueve de cada diez viviendas las compran las personas físicas. Por tanto, suponiendo que sus medidas fuesen acertadas, que no lo son, reconocen en esta proposición que, después de años de zancadillas inútiles a la mayoría de los propietarios, pretenden solucionar ahora el problema atacando solo al 10 %. ¡Vaya genialidad! (Aplausos). Y la propuesta, además de flaquear jurídicamente, viene cargada de surrealismo. Dos ejemplos. Sorprende que quieran potenciar la colaboración público‑privada mientras fastidian a las empresas, que, según esto, no podrían ni siquiera comprar vivienda para alojar a sus propios trabajadores. ¡Maravilloso! Olvidan también que el Gobierno actúa como una persona jurídica acaparadora, como han dicho antes, con Sareb o Casa47, concentrando decenas de miles de viviendas, muchas de ellas infrautilizadas. Es decir, ustedes plantean hoy la ley del embudo. Por tanto, su política se resume en un hecho que es absurdo: tratar con más dosis los efectos secundarios de su propia medicina ya fallida. Y corremos el riesgo de que esta receta se exporte a Europa, porque hace unos meses el Parlamento Europeo concluyó lo mismo que defiende mi grupo, que falta oferta y sobran obstáculos. ¿Y qué hace la comisaria Teresa Ribera? Pues lo contrario. El señor Sánchez la premió por su incompetencia durante la dana y ahora le devuelve el favor político como caballo de Troya de sus políticas en Bruselas. (Aplausos). La pregunta es quién encabeza este caos de medidas: SUMAR, con estas propuestas, mientras pide a la vez la dimisión de la ministra; la parte de los socios que no está de acuerdo con este recorrido, y hoy se lo han vuelto a decir, o el Ministerio con sus ocurrencias, la última, la más reciente, una web caótica que, además, va a contribuir a que el mercado siga empeorando. La vivienda es, por tanto, señorías, el reflejo perfecto de la descomposición de este Gobierno.

Por último, ¿hacia dónde deberíamos ir? Pues en sentido opuesto. Primero, construyendo más y rehabilitando más. Necesitamos suelo y actuar también sobre lo existente; generar un urbanismo con densidades adecuadas y un transporte eficaz, no los trenes del ministro Puente. En paralelo destruyendo el muro de la vivienda, vamos a alejar el sectarismo de esta política. Y para eso ―como hemos propuesto en nuestras leyes aprobadas en el Senado y dormidas en esta Cámara― acabemos con el papeleo excesivo y tengamos leyes claras; protejamos al propietario frente a quien no quiere pagarle; bajemos los impuestos estratégicamente; fomentemos los oficios en el sector de la construcción, y corrijamos los problemas de suministro eléctrico.

Y finalizo con esto. España no necesita más dosis de sus recetas. España lo que necesita es una reconstrucción nacional, también en la vivienda, con más oportunidades para elegir dónde vivir y para poder dibujar un futuro ilusionante a las generaciones más jóvenes. ¿Saben en qué se resume todo esto? En un cambio de Gobierno y una nueva forma de hacer política que este grupo traerá. No perdamos la esperanza porque queda un poco menos.

Muchas gracias. (Aplausos).