Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para el cambio del modelo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. En Unión del Pueblo Navarro siempre hemos defendido la independencia del Poder Judicial de los ataques del propio Gobierno y también de sus socios. Esos insultos y esas descalificaciones que se vienen realizando contra jueces y a fiscales nos parecen inaceptables e impropios del sistema de derecho y el Estado de derecho del que disfrutamos los españoles. Es llamativo también cómo en este país hasta el fiscal general del Estado es condenado o cómo el propio partido que está en el Gobierno, el Partido Socialista, monta tramas para ir en contra de procedimientos judiciales que lo único que persiguen es la corrupción del Partido Socialista y del Gobierno. Eso es algo muy muy grave. Por lo tanto, señorías, nosotros seguiremos defendiendo esa independencia del Poder Judicial. También es inadmisible que el Gobierno se dedique a colonizar las instituciones y quiera romper con la independencia que hoy tienen. Por eso, hay que acabar con esa imagen de politización de la justicia y de estar al servicio de los partidos políticos. Hay que acabar con esa imagen que rompe la independencia del Poder Judicial que viene consagrada en la Constitución. Por eso, señorías, Unión de Pueblo Navarro no apoyó la última renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Seguimos apostando por la que venía consagrada y recogida en la propia Constitución ―salió de la Constitución― y que fue modificada en el año 1985 con una frase célebre que se imputa al que entonces era vicepresidente del Gobierno, señor Alfonso Guerra, aunque él descarta esa autoría, que expresivamente evidenciaba lo que era romper con la independencia del Poder Judicial: aquello de que Montesquieu ha muerto. Pues bien, debe quedar claro que Unión de Pueblo Navarro, apoyando esa defensa a ultranza de la independencia del Poder Judicial, nosotros seguimos considerando que a Montesquieu hay que resucitarlo. Muchas gracias. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Hai lawfare, si, señora Gamarra, claro que hai cando hai xuíces que actúan con criterios políticos e coa intención evidente de intervir e de condicionar as decisións públicas. E isto non acontece nos últimos cinco anos co goberno de Pedro Sánchez, lamentabelmente isto leva acontecido desde hai cincuenta anos porque a transición non pasou pola xustiza ou si pasou, evidentemente, fíxoo como unha suave brisa. O que fixo foi cambiar os nomes de tribunal de orde público franquista, a Audiencia Nacional. Os xuíces continuaron sendo os mesmos, salvo os que pasaron ao Tribunal Supremo e a partir de aí houbo unha reprodución ideolóxica en chave non só conservadora, senón reaccionaria, moitas veces mesmo porque as normas de acceso o foron permitindo, unha reprodución case biolóxica, fillos e netos, fillas e netas de xuíces franquistas que actúan ao ditado daquelas forzas como a súa, como o Partido Popular ou como VOX lles mandan, e que controlan. Evidentemente, e agora pretenden —p‌ orque, claro, si teñen esta característica— o aparello xudicial ten outra que tamén, é indiscutíbel, que é o corporativismo e vostedes pretenden acentuar aínda máis ese corporativismo, facendo que os xuíces elixan os xuíces, din coa intención de despolitizar. Despolitizar a xustiza? Por Deus! Que pouca credibilidade teñen as súas palabras e as súas intencións, sobre todo cando vostedes mesmos declaran que controlan a xustiza, o Tribunal Supremo, pola porta de atrás. Pero miren, é que a xustiza debe ser independente, pero non por iso ten que estar á marxe do control político democrático. E ese control neste momento é mínimo, vostedes queren que ese mínimo control que exista coa dominación dos vocais xudiciais por parte das cámaras elixidas por voto popular desapareza. É dicir, queren unha xustiza aínda máis reaccionaria, unha xustiza máis controlada polos poderes fácticos e pola ultradereita, unha xustiza que se afaste aínda máis da cidadanía con sentenzas que despois resultan incomprensíbeis para a maioría. E con esa obsesión en vez de defender o dereito dos cidadáns e cidadás de coartalos permanentemente, especialmente o dereito á liberdade de expresión, para iso, desde logo, creo que sobra o que vostede propón aquí. Desde logo, non vai contar co apoio do Bloque Nacionalista Galego.

Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Hay lawfare, señora Gamarra, claro que sí. Lo hay cuando hay jueces que actúan con criterios políticos y con la intención evidente de intervenir y condicionar las decisiones públicas. Esto no ha pasado en los últimos cinco años con el Gobierno de Pedro Sánchez, esto lleva pasando desde hace cincuenta años. La transición no pasó por la justicia y, si pasó, lo hizo como una suave brisa. Cambió los nombres franquistas a la Audiencia Nacional, pero los jueces eran los mismos; lo mismo con el Tribunal Supremo. Después hubo una reproducción ideológica en clave conservadora e incluso muchas veces reaccionaria. Incluso las normas de acceso fueron permitiendo una reproducción casi biológica: nietos e hijos de franquistas, que siguen actuando al dictado de fuerzas como las suyas, como las del PP o las de VOX, que son quienes los mandan y los controlan. Ahora el Poder Judicial tiene otra característica judicial clara, que es el corporativismo. Eso hace que los jueces elijan a los jueces con la intención de despolitizar la justicia. Por Dios, qué poca credibilidad tienen sus palabras y sus intenciones, especialmente cuando ustedes mismos declaran que controlan la justicia, el Tribunal Supremo, por la puerta de atrás. La justicia debe ser independiente, pero no por eso tiene que estar al margen del control político democrático. Ese control en este momento es mínimo. Ustedes quieren que ese mínimo control que existe con la designación de los vocales judiciales por parte de las Cámaras, elegidas por voto popular, desaparezca, es decir, quieren una justicia más reaccionaria y todavía más controlada por los poderes fácticos y la ultraderecha; una justicia que se aleje de la ciudadanía con sentencias que después resultan incomprensibles para la mayoría y con esa obsesión de, en vez de defender los derechos de los ciudadanos, coartarlos permanentemente, especialmente el derecho a la libertad de expresión. Para eso, desde luego, sobra lo que usted propone aquí. Desde luego, no cuente con el apoyo del Bloque Nacionalista Galego.

Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores del Grupo Popular, ustedes nos traen esta reforma diciendo que quieren despolitizar la justicia, pero nada más lejos de la realidad. El objetivo que ustedes persiguen es que la cúpula judicial conservadora se perpetúe sin pasar por la soberanía popular. Ustedes no quieren jueces y juezas independientes, ustedes lo que quieren es jueces que elijan a otros jueces afines. Quieren convertir esa mayoría corporativa y conservadora en un poder casi hereditario, y ya sabemos qué ocurre cuando parte de la justicia abandona la imparcialidad y entra en la batalla política. Nosotras lo sabemos bien porque lo hemos sufrido en nuestras propias carnes. En Canarias tenemos un ejemplo bien significativo de todo esto: el juez Salvador Alba, un juez condenado por utilizar un procedimiento penal contra Victoria Rosell, la que fuera diputada de Podemos, y favorecer la querella presentada por el exministro del Partido Popular canario José Manuel Soria. Esto no es una sospecha, no es parte de una propaganda política de Podemos. El juez Alba fue condenado a, nada más y nada menos, que seis años de prisión y dieciocho años de inhabilitación por prevaricación, cohecho y falsedad documental. También hemos visto cómo Enrique López y Concepción Espejel tuvieron que ser apartados de las causas de la

Gürtel y de los papeles de Bárcenas porque fue probada, y más que probada, su falta de imparcialidad. Ahora el Grupo Popular pretende que, después de lo vivido y de los hechos constatados, una élite judicial sea quien decida quienes deben estar al frente. Sinceramente, señores y señoras del Grupo Popular, eso sí que es politizar la justicia. Es privatizar la justicia para una minoría conservadora, para una élite. Es proteger a quienes llevan años judicializando la política, persiguiendo adversarios políticos y convirtiendo procedimientos judiciales en condenas mediáticas, aunque afortunadamente después la mayoría de ellas quedaban archivadas.

En Podemos vamos a defender una justicia independiente, transparente y democrática. Por tanto, no vamos a entrar en el juego, no vamos a ser como otros, no vamos a ser como el Partido Socialista, que pactó con ustedes el Consejo General del Poder Judicial, aunque supongo que estarán bien arrepentidos; no será porque muchas no se lo advertimos antes. Evidentemente, vamos a votar en contra de esta iniciativa. (Aplausos).

Eskerrik asko, presidenta. Como sus señorías conocen, el informe sobre el Estado de derecho en España publicado el julio pasado por la Comisión Europea en lo relativo al procedimiento de nombramiento de los vocales del Consejo General de Poder Judicial, recuerda que este Consejo General, tras su renovación en 2024, presentó en febrero de 2025 dos modelos alternativos: uno en el que los vocales de procedencia judicial serían elegidos directa y exclusivamente por los jueces y magistrados, y otro en el que las Cortes Generales elegirían a estos vocales de entre una preselección realizada por la carrera judicial. Como conocen sus señorías, la Comisión Europea, en ese informe que les citaba ―que ya ha sido recordado por otros portavoces―, hace suya la valoración que la Comisión de Venecia realiza sobre ambos modelos a petición del consejo general, destacando el riesgo de politización de ambos. Así, respecto al modelo de elección de los vocales del consejo general de procedencia judicial, solo por sus pares, por la capacidad de las asociaciones judiciales ―leo literalmente― para ejercer una influencia no desdeñable sobre los candidatos y las campañas, condicionando el proceso electoral. Por lo que se refiere al segundo modelo, este, el participado por la carrera judicial y las Cortes, observó que, a los riesgos de politización interna del primer modelo, se añadiría la posible vulnerabilidad política externa derivada de la participación del Parlamento. Señorías, ahora el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una iniciativa legislativa cercana al primero de los modelos que plantea el Consejo General del Poder Judicial, que, ciertamente, se alinea más genéricamente con las orientaciones de la Comisión Europea y de la Comisión de Venecia, sin perjuicio del señalado riesgo de politización interna a manos de las asociaciones judiciales, como ya conocemos. Sin embargo, señorías, no consideramos que el modelo que recoge la iniciativa del Grupo Popular sea el único posible para ajustarse a la Comisión Europea y a la Comisión de Venecia ―tal y como se nos dice en el último párrafo del apartado 1 de la exposición de motivos de la iniciativa debatida―, ya que si en el modelo en el que se da participación al Parlamento sobre una preselección realizada por la carrera judicial se limitara el amplio margen de discrecionalidad que se le concede a las Cámaras para la elección de los candidatos, que es la tacha que precisamente pone la Comisión Europea y la Comisión de Venecia en su informe de octubre de 2025, podríamos concluir que este segundo modelo de elección de los vocales del consejo también cumpliría los estándares de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea, si proporcionara motivación suficiente, posibilitara vías de recurso efectivas para impugnar los nombramientos y articulara mecanismos adecuados contra el bloqueo. En cualquier caso, señorías, no podemos olvidar que el sistema de elección de los vocales de procedencia judicial del consejo general, desde que se reformó en 1985 el modelo de la Ley Orgánica 1/1980 y en los distintos ajustes posteriores, ha sido un caballo de batalla que ha polarizado políticamente el debate sobre qué modelo sería el más conveniente y que ha tenido manifestación sistemática en los recurrentes bloqueos que tanto en este Congreso como en el Senado se han ido produciendo para su renovación y, tenemos que decirlo también, siempre a manos del Partido Popular cuando se encontraba en la oposición. Además, estos bloqueos también han tenido siempre el mismo trasfondo. A saber: el futuro ejercicio de los vocales en función de su supuesta adscripción ideológica a la hora de ejercitar sus competencias de nombramiento de los cargos gubernativos judiciales; es decir, de la cúpula judicial, a excepción de los decanatos. Como todas sus señorías conocen, esto ha generado una apariencia de politización que ha calado no solo en la opinión pública, sino que también subyace en la misma carrera judicial, que considera que estos cargos de la cúpula judicial no recaen en función del esfuerzo y del buen trabajo, sino por la afinidad política a los partidos políticos que han propiciado el nombramiento de los distintos vocales o por la afinidad a las asociaciones judiciales representadas en el consejo que, tengo que recordar, copan todas las vocalías de procedencia judicial entre sus afiliados. También tenemos que recordar que los no afiliados en la carrera suponen prácticamente el 50 %, entre jueces y magistrados. Por último, también señala la misma carrera que una de las maneras de acceder a estos puestos de la cúpula judicial son las relaciones de amistad con alguno de los vocales del consejo.

Por esto, señorías, quizá la superación de este debate del modelo de 1980 o de 1985 ―en términos esquemáticos señalado el modelo de 1980 o 1985, y del que no conseguimos salir desde hace cuarenta y cinco años― sería, tal y como propuso el anterior presidente del consejo, el señor Vicente Guilarte en junio de 2024, la ruptura del vínculo de los vocales del consejo con los nombramientos de los cargos gubernativos judiciales, dando ―sin mediación alguna, decía― protagonismo directo en estos nombramientos a la carrera judicial, siendo sus electores los jueces y magistrados del territorio respectivo sobre los que los tribunales, audiencias o sala tengan competencia gubernativa. Un modelo que, por cierto ―también nos recordaba―, rige con éxito en la elección de otros cargos gubernativos judiciales, como son los decanatos de los juzgados, y reserva, eso sí, en todo caso el consejo la organización de los procesos selectivos y sus garantías, diluyendo de este modo el percibido interés de captación de los vocales del consejo, tanto por los partidos políticos, singularmente los mayoritarios de esta Cámara o del Senado, como por las asociaciones judiciales. Así, se refuerza el Gobierno de los jueces, se acerca los electos a los electores y se rompe ese percibido vínculo de sectores ideológicos que representan tanto los partidos políticos como las asociaciones en los nombramientos, con un alto cargo de discrecionalidad para ocupar cargos gubernativos judiciales.

Finalizo, presidenta. Señorías, por lo señalado, no daremos apoyo a la iniciativa. Como señaló el señor Guilarte, discurre sobre el dilema de confrontar dos modelos de elección de los vocales del consejo que difícilmente confluirán, salvo en el infinito, por lo que se hace necesario ―ya lo señalé en otra ocasión en esta tribuna― pensar la cuestión desde ―como se dice― fuera de la caja, buscando soluciones a ciertos problemas que no han encontrado si no se afrontan desde un punto de vista distinto.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

Bona tarda, senyora presidenta, senyories. Sota l’aparença de proposta de consens avalada per Europa, el que tenim en realitat és, una vegada més, molt postureig i molt poques ganes d’entrar al fons del problema de la justícia a l’Estat espanyol, perquè el model de justícia mereix ser tractat amb seriositat. Nosaltres voldríem entrar en aquest debat perquè ens hi van els nostres drets i llibertats, però al final, quan parlem de justícia, sempre anem a parar allà mateix, a una confrontació estèril i retòrica entre els dos bàndols, el dels interessos ideològics, però sobretot econòmics i corporatius, de la dreta judicial i del Partit Popular, i el dels interessos ideològics, però sobretot econòmics i corporatius, de la progressia judicial i del PSOE. Cap dels dos partits que s’autoanomenen d’Estat defensen una justícia independent i imparcial, despolititzada, professionalitzada, eficaç i connectada amb la realitat. Cap dels dos defensa una justícia europea. No la defensa el PSOE amb les seves lleis. Bolaños, on en lloc de plantejar solucions estructurals, sota l’aparença de mesures modernitzadores, promou mesures partidistes que, per defensar‑se en la batalla amb la dreta judicial tampoc. Naturalment, el PP defensa una justícia independent, imparcial i europea. Sí que fa servir aquesta retòrica, però ho fa amb la mateixa finalitat que el senyor Bolaños i companyia per defensar mesures favorables al seu interès parcial. Això és exactament el que passa amb la proposició de llei del Partit Popular que ens ocupa, que a més a més, és un exemple perfecte de com fer‑se trampes al solitari perquè s’empara en una concatenació d’arguments fal·laç per arribar a la conclusió que li interessa. Primer comencen amb un autoengany amb la Llei Orgànica 3/2024, una tapadora que ningú es va creure i que només servia per disfressar de consens institucional un dels espectacles més repugnants que ha viscut el bipartidisme espanyol. Ni més ni menys que el repartiment de llocs al Consell General que van pactar Bolaños i González Pons en un quarto fosc de Brussel·les per posar fi a un bloqueig de més de cinc anys. El famós acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial y el Estatuto Fiscal de juny de 25 de juny de 2024. Un acord on el tema no era cap reforma del poder judicial. El tema, com tothom sap, era molt més prosaic. El tema era el repartiment de càrrecs en el Consell General del Poder Judicial, que figurava a l’annex 2 de l’acord 10 pels uns i 10 pels altres. Perquè, naturalment, per molt que ho digués la Llei 3/2024, no hi ha hagut cap proposta de consens del Consell General del Poder Judicial per reformar el Poder Judicial. El que hi ha hagut, lògicament, són dues propostes, una per cada bàndol obedientment signades pels membres de cada quota partidista. Per tant, la pretensió del PP de treure les conseqüències que li interessen dels informes del Consell General de la Comissió Europea, del Greco i de la Comissió de Venècia no té cap justificació. Si hi ha un òrgan polititzat, per definició, aquest òrgan és precisament el Consell General del Poder Judicial, un òrgan format per quotes partidistes la principal funció del qual és designar jutges d’acord amb quotes partidistes. Un òrgan on el que preval és la fidelitat política. Un òrgan que funciona a base de consignes i qui no les segueix per la cadira és un òrgan disfuncional fins a la medul·la que, en lloc de fer de govern del poder judicial, que és el que hauria de fer, fa de controlador polític del poder judicial. I la proposta del PP no pretén canviar. Això pretén només perpetuar el seu predomini i el dels seus acòlits en aquest òrgan, amb el tòpic fals i suat de que siguin els jutges els que elegeixin els jutges.

Per això, des d’una perspectiva catalana independentista, no ens posem al costat ni dels uns ni dels altres. Abominen de l’acord del 2024 entre els uns i els altres, perquè sota la disfressa d’un pacte d’Estat i d’un consens institucional, el que van fer va ser resetejar durant uns anys més de marge a un règim, a un repartiment de quotes que fa olor de corporativisme podrit. Mirin, si volen una reforma de veritat del Consell General, nosaltres els proposem ara mateix que els seus membres perdin el càrrec i que deixin de cobrar quan acaba el mandat. Això també ho ha dit algun magistrat del Tribunal Suprem i que els nomenaments no es facin per afiliació política i mercadeig de favors i que es regeixin per criteris objectius i transparents. A l’Estat espanyol la imparcialitat i la independència judicial són pura ficció. I els partits del bipartidisme, el PSOE i el PP, el PP i el PSOE són els que mantenen aquesta afició. Aquesta ficció, els encarregats de mantenir aquesta ficció també davant de les autoritats europees i fins i tot a vegades aconsegueixen enganyar‑los i tot. I sabem de què parlem, perquè el disseny de la justícia espanyola, inclòs el del seu òrgan de govern, ha permès criminalitzar l’independentisme a través de criminalitzar l’exercici dels drets polítics més bàsics, com votar, manifestar‑se, exercir el dret de representació que donen les urnes. La justícia espanyola no garanteix els drets fonamentals de les minories polítiques. Ben al contrari, els persegueix i per això hem hagut d’anar a Europa i els tribunals internacionals a buscar la justícia que l’Estat espanyol ens ha negat, que l’Estat espanyol es nega a donar‑nos. I per cert, hem anat a Europa, hem anat als tribunals internacionals amb bastant èxit, com podem veure, per exemple, en les sentències del Tribunal de Justícia de juliol passat que amb la mà plana retornen a la justícia espanyola.

Avala que no hi va haver delicte en l’1 d’octubre i estableix que l’1 d’octubre va ser un referèndum d’independència sense qualificar‑ho, d’il·legal o il·legítim.

Acabo. Demà és la Diada Nacional de Catalunya. Els carrers s’ompliran d’estelades i d’esperança per un futur lliure i digne per al nostre país. I els aviso. No hi haurà mai ni policia espanyola, no hi haurà mai ni justícia espanyola que pugui acabar amb l’anhel de llibertat del nostre poble. Visca Catalunya lliure!

Moltes gràcies.

Buenas tardes, señora presidenta. Señorías, bajo la apariencia de una propuesta de consenso avalada por Europa, lo que tenemos en realidad es, de nuevo, mucho postureo y muy pocas ganas de entrar en el fondo del problema de la justicia en el Estado español, porque el modelo de justicia merece ser tratado con seriedad. Nosotros quisiéramos entrar en este debate, porque en ello nos van los derechos y las libertades, pero, al final, cuando hablamos de justicia siempre terminamos en el mismo lado, en una confrontación estéril y retórica entre los dos bandos: el de los intereses ideológicos, pero sobre todo económicos y corporativos de la derecha judicial y del Partido Popular, y el de los intereses ideológicos, pero, sobre todo, económicos y corporativos de la progresía judicial y del PSOE. Ninguno de los dos partidos que se autodenominan de Estado defienden una justicia independiente e imparcial, despolitizada, profesionalizada, eficaz y conectada con la realidad. Ninguno de los dos defiende una justicia europea. No la defiende el PSOE con sus leyes Bolaños. En vez de plantear soluciones estructurales, bajo la apariencia de medidas modernizadoras, promueve medidas partidistas para defenderse en la batalla con la derecha judicial. Naturalmente, tampoco lo hace el PP, que dice defender una justicia independiente, imparcial y europea. Dice seguir esta retórica, pero lo hace con la misma finalidad que el señor Bolaños y compañía: defender medidas por su interés parcial. Es exactamente lo que ocurre con la proposición de ley del Grupo Popular que nos ocupa y que, además, es un perfecto ejemplo de cómo hacerse trampas al solitario, porque se ampara en una concatenación falaz de argumentos para llegar a la conclusión de que no interesa. Primero, empiezan con un autoengaño. La Ley Orgánica 3/2024, una tapadera que nadie se creyó y que no servía para nada más que para disfrazar de consenso institucional uno de los espectáculos más repugnantes que ha vivido el bipartidismo español, ni más ni menos que el reparto de puestos en el consejo general que pactaron Bolaños y González Pons en una habitación oscura de Bruselas para poner fin así a un bloqueo de más de cinco años. Es el famoso acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el estatuto fiscal del 25 de junio de 2024. En ese acuerdo el tema no era la reforma del Poder Judicial, el tema era, como sabemos todos, mucho más prosaico, no era otro que el reparto de cargos en el Consejo General del Poder Judicial que figuraba en el anexo segundo del acuerdo, diez para unos y diez para los otros, porque, naturalmente, por mucho que lo dijera la Ley 3/2024, no ha habido propuesta alguna del Consejo General del Poder Judicial para reformar el Poder Judicial. Lo que ha habido, como es lógico, son dos propuestas, una por bando, firmadas, evidentemente, por los miembros de cada cuota partidista. Por tanto, la pretensión del PP de sacar las consecuencias que le interesan de los informes del consejo general, de la Comisión Europea, del GRECO y de la Comisión de Venecia no tiene justificación alguna. Si existe un órgano politizado por definición, no es otro que el Consejo General del Poder Judicial, un órgano formado por jueces partidistas, cuya principal función es designar jueces de acuerdo con cuotas partidistas. Lo que prevalece es la fidelidad política, funciona a base de consignas, y quien no las sigue, pierde la silla, un órgano disfuncional hasta la médula, que, en lugar de hacer de gobierno del Poder Judicial, que es lo que debería hacer, hace de controlador político del Poder Judicial. Y la propuesta del Grupo Popular no pretende cambiarlo, únicamente pretende perpetuar su predominio y el de sus acólitos de este órgano con un tópico falso y sobado, que es que deben ser los jueces quienes eligen a los jueces. Por ello, desde una perspectiva catalana e independentista, no nos ponemos al lado ni de unos ni de los otros. Abominamos del acuerdo de 2024 entre unos y otros, porque bajo el disfraz de un pacto de Estado y un consenso institucional, lo que hicieron fue resetear, es decir, dar unos años más de margen a un régimen, a un reparto de cuotas que huele a corporativismo podrido. Si desean una auténtica reforma del Consejo General del Poder Judicial, se la proponemos ahora mismo: que los miembros pierdan el cargo y dejen de cobrar cuando terminan mandato ―esto también lo ha dicho algún magistrado del Tribunal Supremo― y que los nombramientos no se hagan por filiación política y mercadería de favores, sino que se rijan por criterios objetivos y transparentes. En el Estado español, la imparcialidad y la independencia judicial son pura ficción y los partidos del bipartidismo, PSOE y PP, PP y PSOE, son quienes mantienen esta ficción, son los encargados de mantener esta ficción, también ante las autoridades europeas, e incluso a veces consiguen engañarlas. Y sabemos de qué hablamos, ¿eh?, porque el diseño de la justicia española, también el de su órgano de gobierno, ha permitido criminalizar al independentismo a través de la criminalización del ejercicio de los derechos políticos más básicos, como votar, manifestarse o ejercer el derecho de representación que otorgan las urnas. La justicia española no garantiza los derechos fundamentales de las minorías políticas, todo lo contrario, los persigue. Por ello, hemos tenido que recurrir a Europa y a los tribunales internacionales para buscar la justicia que el Estado español nos ha negado y que nos niega. Por cierto, hemos ido a Europa, hemos ido a los tribunales internacionales con bastante éxito, como podemos ver, por ejemplo, en las sentencias del Tribunal de Justicia de julio pasado, que con toda contundencia riñe a la justicia española, dice que no hubo delito el 1 de octubre y dice que fue un referéndum de independencia el del 1 de octubre, sin calificarlo de ilegal ni de ilegítimo.

Termino. Mañana es la Diada Nacional de Cataluña. Las calles se van a llenar de esteladas y de esperanza por un futuro libre y digno para nuestro país. Y se lo aviso, no habrá policía española ni justicia española que puedan terminar con el anhelo de libertad de nuestro pueblo. ¡Visca Catalunya lliure!

Muchas gracias.

Gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats. Bona tarda, diputades. La veritat és que tinc la diputada, la senyoria Cuca Gamarra com a diputada intel·ligent i una diputada molt, molt, molt contundent i molt sòlida. Vam coincidir a Sanitat durant la pandèmia i això sempre deixa una mica de petjada, però avui la càrrega de cinisme que ha fet aquí explicant‑nos la seva proposta, a mi em sembla fins i tot excessiva i sorprenent després de set anys de ser diputada d’aquesta cambra. És a dir, que algú del PP pugui pujar aquí i omplir‑se la boca d’independència, de no politització de la justícia i parlar dels jutges i dels magistrats i dels fiscals com si fossin éssers de llum. Que los malvados políticos manipulen. Em sembla que insulta bastant la nostra intel·ligència. Per tant, no entraré en el model i no entraré en el model per tres motius. El primer motiu és perquè voldria recordar en aquesta cambra que quan es va fer l’Estatut d’Autonomia, abans de ser passat pel ribot del infumable senyor Guerra, s’hi recordaran. Contenia uns apartats de justícia, un consell general propi i una administració de justícia pròpia. Aquell és el meu model. Per tant, parlant del model que ha de ser el Consell General del Poder Judicial espanyol. La veritat és que crec que com a independentista no em pertoca. Vostès ja saben com està la seva justícia i, francament, no és la que jo voldria tenir a casa meva, però són vostès els que els hi estan fent, el que estan fent, deia la senyora Gamarra el Gobierno ataca la justicia, señora Gamarra. Per l’amor de Déu que tots sabem llegir. I la justícia no s’està precisament quieta respecte al Gobierno. L’exemple que ha posat de la dona i del germà. Jo ni entro ni surto, perquè a mi m’és igual tot això, però la veritat és que a veure que és un il·lícit administratiu com el del germà i el de la senyora esposa. Home, és que ens fan sortir els colors a tots els que hem estudiat dret. Llavors, a partir d’aquí, que facin el que vulguin amb el seu estat, l’estan destrossant vostès mateixos. Escolti, miri, com a molt els aplaudirem perquè era part del meu objectiu al venir aquí.

Dit això, per tant, no entraré en si han de ser els uns i els altres perquè vostès estan confonent partidisme amb politització. Estem veient cada dia del món com una jutgessa que resulta que havia sigut regidora de no sé quin poble, que per cert, era del PP, va encomanar un informe que va dir que no podia passar als superiors d’Interior i que no es podia fer públic. Hombre, por favor. En castellà diríem que nos salen los colores. Cada vegada que agafem un diari, el jutge Peinado, jo des d’aquesta tribuna és igual si li dic prevaricador o no dic prevaricador. Quart torn es jubila. Cap responsabilitat, cap responsabilitat. I ara ve el partit, el senador del qual, el senyor Cosidó, va dir que controlarien la sala Segona a dir‑nos que hem de buscar un sistema perquè tot sigui imparcial. Home, és que sincerament, acaben una mica amb la paciència de tots els que els puguin escoltar.

Llavors, dit això, a mi el que em sembla més important de tot plegat és el desastre reputacional que està tenint la justícia a través de la manipulació que els uns i els altres, però en una mesura més petita fan dels seus lacais amb toga. I els hi dic perquè una de les funcions essencials del Consell General del Poder Judicial, a part de ser l’òrgan de Govern, és el tema sancionador. Miri, fa molta vergonya quan llegeixes que el 91 % de les denúncies contra jutges han estat arxivades, que si es jutja i se impune en la teva feina és gairebé equivalent. Perquè això el que fa és que ningú cregui que cap actuació contra la justícia pugui tenir un bon recorregut. Que un jutge condemna algú en condemna? Algú no disposa presó provisional per a algú durant dos anys? I després la absolen? Aquí no ha pasado nada. Se li posa una querella, però el Consejo General del Poder Judicial considera, en aquest cas va ser el Tribunal Suprem president del qual és també president del Consell General del Poder Judicial. Bé, considera que no hi va haver mala fe. És que es va equivocar de veritat. Vostès creuen que això es pot aguantar en un estat que es diu democràtic i de dret, que no hi hagi cap conseqüència per decisions en l’exercici de la funció jurisdiccional que trenquen absolutament vides? Vostès realment creuen que això dona alguna mesura d’una justícia no independent? No. Perquè s’obliden de la paraula essencial, imparcial, que no prejutja en funció de la identitat dels intervinents. Quin serà el resultat? I sap què passa? Que ho deien abans, però provenint com provenim d’una aplicació absolutament total del dret penal de l’enemic. Els independentistes, doncs home, la imparcialitat ni hi és ni se l’espera. Per tant, no ens faci entrar a parlar d’aquests temes.

Segueixo una mica amb lo del Consell General del Poder Judicial i la seva funció sancionadora. Mirin, arriben de l’ordre d’unes 18 000 queixes, entre 18 000 i 20 000 queixes. El Consell General del Poder Judicial, moltes d’elles tenen queixes de la ciutadania i, per tant, van per la banda més administrativa. Arriben aproximadament pel que jo he estat veient de les pròpies memòries del Consell General del Poder Judicial. Arriben a això unes 20, més o menys. Es tramiten i finalment 4 poden acabar en sanció. Home, entre el total de jutges que hi ha o són molt perfectes o no cometre cap error amb conseqüències de la seva pròpia funció jurisdiccional. A mi em sembla que no s’aguanta per enlloc. Per tant, dit això, ara mateix els meus ulls i els ulls del meu partit, el Consell General, no és que no tingui prestigi, és que no té cap credibilitat. El Consell General és simplement una peça més del joc polític que vostès han decidit tirar endavant per acabar amb la mínima credibilitat democràtica que tenia aquest estat. I sap què passa? Que de credibilitat en tenia molt poca. I en tenia molt poca, perquè la transició en realitat va ser una farsa. I per això un dels poders que no va democratitzar va ser, a part del militar, que potser ho va fer fins i tot més a part de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, va ser precisament al judicial i a l’àmbit judicial. Vostès estan jugant la partida del poder? I en l’àmbit del poder judicial igual la guanyaran. Però darrere de guanyar la deixaran el seu estat sense cap. En castellà dirien vista de credibilitat democràtica. És el joc que vostès fan. Nosaltres ho portem denunciant des de fa molts anys i creiem que amb les seves actuacions s’estan donant la raó.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, diputados, diputadas. Lo cierto es que tengo a la señoría Cuca Gamarra por una diputada inteligente, por una diputada muy contundente y muy sólida. Coincidimos en la Comisión de Sanidad durante la pandemia y eso siempre deja un poco de huella, pero hoy la carga de cinismo de la que ha hecho gala explicándonos su propuesta en esta tribuna me parece excesiva, especialmente después de siete años de ser diputada de esta Cámara. Es decir, que alguien del Grupo Popular pueda subir aquí y llenarse la boca de independencia, de no politización de la justicia y de hablar de los jueces, magistrados y fiscales como si fueran seres luminosos que manipulan los malvados políticos, me parece que viene a insultar un poco nuestra inteligencia. Por tanto, no voy a entrar en el modelo, y lo haré por tres motivos. Quisiera recordar en esta Cámara que, cuando se elaboró el estatuto de autonomía, antes de pasarlo por el cepillo del infumable señor Guerra, si lo recuerdan, contenía una serie de apartados relativos a la justicia, un consejo general propio y una Administración de Justicia propia. Ese es mi modelo. Por tanto, hablar en el vacío del modelo que debe tener el Consejo General del Poder Judicial español me parece que como independentista no me corresponde. Ustedes ya saben cómo está su justicia y, francamente, no es la que yo quisiera en mi casa, pero son ustedes quienes le hacen lo que le hacen. Decía la señora Gamarra que el Gobierno ataca a la justicia. Señora Gamarra, por favor, que sabemos leer todos, ¿eh? La justicia no está precisamente quieta con respecto al Gobierno. En el ejemplo que ha puesto de la mujer y el hermano, en fin, yo ni entro ni salgo, porque todo esto me da igual, pero lo cierto es que es una cuestión administrativa lo del hermano como mucho, y lo de la señora esposa es que nos hace sonrojar a todos los que hemos estudiado Derecho. Así pues, a partir de aquí, que hagan lo que quieran con su Estado. Lo están diciendo ustedes mismos, pero escuche, como mucho les voy a aplaudir, porque formaba parte de mi objetivo al venir aquí. Dicho esto, no voy a entrar en si tienen que ser los unos o los otros, porque ustedes confunden partidismo con politización. Estamos viendo todos los días, sin excepción, cómo una jueza que resulta que fue concejala de no sé qué pueblo, en el que, por cierto, estaba el PP, encargó un informe que dijo que no podía pasar a los superiores de Interior y que no se podía hacer público. Hombre, por favor, en castellano se diría que nos salen los colores cada vez que cogemos un periódico. Da igual si al juez Peinado desde esta tribuna se le llamó prevaricador o no. En fin, se jubila, ninguna responsabilidad. Y ahora viene el partido cuyo senador Cosidó vino a decirnos que hay que buscar un sistema para que todo sea imparcial. A ver, es que, sinceramente, terminan un poco con la paciencia de todos los que les pueden estar escuchando. Dicho esto, a mí lo que me parece más importante de todo es el desastre reputacional al que se somete a la justicia por la manipulación que unos y otros, aunque los otros en una medida menor, hacen de sus lacayos con toga, por así decirlo. Y se lo digo porque una de las funciones esenciales del Consejo General del Poder Judicial, aparte de ser el órgano de gobierno, es la de sanción, es el órgano sancionador. Da muchísima vergüenza leer que el 91 % de las denuncias contra jueces se han archivado, que ser juez y ser impune en tu trabajo es prácticamente equivalente, porque eso lo que hace es que nadie crea que las actuaciones contra la justicia puedan tener un buen recorrido. ¿Que una jueza dispone cárcel provisional para alguien durante dos años y luego le absuelven? Pues aquí no ha pasado nada. Se le pone una querella, pero el Consejo General del Poder Judicial considera, aunque en este caso fue el Tribunal Supremo, cuyo presidente también es presidente del Consejo General del Poder Judicial, que no hubo mala fe, que se equivocó, sin más. ¿De verdad? ¿Ustedes creen que se puede aguantar esto en un Estado que se llama democrático y de derecho? ¿Que no haya ninguna consecuencia por decisiones en el ejercicio de la función jurisdiccional que rompen completamente vidas? ¿Ustedes realmente creen que esto da en medida alguna algo de justicia ―no independiente, porque se olvida de la palabra esencial, imparcial―, que no prejuzgue en función de la identidad de los intervinientes cuál va a ser el resultado? ¿Y sabe qué pasa? Se lo han dicho antes. Viniendo como venimos de una, digamos, aplicación absolutamente total del derecho penal del enemigo contra los independentistas, pues bien, la imparcialidad ni está ni se la espera. Por lo tanto, en fin, no nos haga entrar a hablar de estos temas.

Sigo un poco con lo del Consejo General del Poder Judicial y su función sancionadora. Llegan unas 18 000 quejas ―entre 18 000 y 20 000― al Consejo General del Poder Judicial y muchas de ellas son de la ciudadanía, por lo tanto, van por la vía más administrativa. Luego llegan ―por lo que he visto de las propias memorias del Consejo General del Poder Judicial― del orden de veinte que se tramitan y, por último, cuatro pueden terminar en sanción. Es decir, en el total de jueces que hay, que sean muy perfectos o que no cometan ningún error con consecuencias para su propia función jurisdiccional no se aguanta por ningún lado, no se sostiene. Dicho esto, a mis ojos y a los de mi partido, en estos momentos, el consejo general no es que no tenga prestigio, es que no tiene credibilidad alguna. Es sencillamente una pieza más del juego político que ustedes han decidido sacar adelante para terminar con la mínima credibilidad democrática que tenía este Estado. ¿Y sabe que ocurre? Que ya tenía poca credibilidad. Y tenía poca porque la Transición en realidad fue una farsa y, por eso, uno de los poderes que no se democratizó, aparte del militar ―que quizás incluso lo hizo más― y aparte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fue precisamente el judicial. Y en el ámbito judicial, están jugando ustedes la partida del poder. Y en el ámbito del Poder Judicial, tal vez la ganen, pero tras ganarla, van a dejar a su Estado sin ningún viso de credibilidad democrática. Es el juego de ustedes. Llevamos muchos años denunciándolo y creemos que con sus actuaciones van por ese camino.

Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, presidenta. Durante cuarenta años y diferentes Gobiernos, los vocales del Consejo General del Poder Judicial se han elegido con intervención de las Cortes Generales, pero el PP se empeña en su mantra antidemocrático de que los jueces elijan a los jueces. Tan antidemocrático como proponer que los diputados elijan al siguiente Congreso o que los ministros y ministras elijan el siguiente Consejo de Ministros. Los poderes del Estado en democracia se eligen con intervención del soberano, del pueblo, mediante el voto de todos los españoles y españolas, no solo de aquellos a los que el Tribunal Supremo les permite votar. El Grupo Popular ha bloqueado la renovación del consejo durante once años, cada vez que no podía controlarlo. La reforma de la elección de los vocales del consejo, aprobada por la Ley Orgánica 3/2024, conforme al acuerdo que ustedes impusieron al Grupo Socialista para acabar con su secuestro del consejo, obligó a pagar un rescate excesivamente alto: una sucesión de nombramientos de jueces por el consejo del que el 70 % ha recaído sobre jueces y juezas avalados o vinculados a las organizaciones judiciales conservadoras. Pero un 70 % para el Partido Popular no es suficiente y tienen el descaro de presentar una proposición de ley para que también los vocales jueces del consejo se elijan casi exclusivamente entre jueces conservadores. El Partido Popular dice que el Poder Judicial está politizado, pero no lo dice por el gran número de nombramientos de jueces conservadores que hace el consejo, sino porque los vocales del consejo se eligen por las Cortes, por la soberanía popular. Con la excusa de la politización, proponen acabar con la intervención democrática en la elección de un órgano constitucional. Eso que ustedes llaman politización es la pluralidad de la democracia. Es una conquista de las fuerzas políticas y sociales democráticas que ha costado mucho sufrimiento conseguir, porque los partidos del búnker franquista, como Alianza Popular, intentaron que no hubiera pluralidad ni politización democrática. «Usted haga como yo, no se meta en política», decía el dictador. Para el Grupo Popular no es suficiente controlar más del 70 % de los nombramientos de jueces en audiencias provinciales, en tribunales superiores de justicia, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, quieren controlar el 100 % de los nombramientos para poner a la justicia aún más a su servicio.

Con la actual ley, la independencia en el ejercicio de la jurisdicción está garantizada. Tiene independencia, evidentemente, el juez Peinado para perseguir a Begoña Gómez. Tuvo independencia el juez Escalonilla para abrir doce piezas separadas, doce, para investigar la supuesta financiación irregular de Unidas Podemos, que nunca llegó a juicio, aunque el instructor sí llegó a la Audiencia Provincial, donde continúa ejerciendo su independencia. Tiene independencia la Audiencia Provincial de Valencia cada vez que reabre la causa contra Mónica Oltra, porque algo tendrá que haber. Y tiene independencia judicial la Sala segunda del Supremo cuando se niega a aplicar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento y validada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal de Justicia Europeo. La independencia del Supremo llega al extremo de privar de derechos electorales a miles de españoles que ahora son españoles de segunda clase. Así, el Tribunal Supremo se ha sumado a una campaña de mentiras de VOX y del Partido Popular que asegura que los procesos electorales son fraudulentos, salvo que ganen ustedes, por supuesto. No es de extrañar que el 65 % de los españoles opine que existe lawfare. Animo al Grupo Popular a que señale un solo caso, uno, en el que, a consecuencia del actual sistema de elección de vocales del consejo, se haya impedido la independencia judicial.

Esta reforma que nos traen tiene como única finalidad que las derechas controlen el 100 % de los nombramientos de jueces que realiza el consejo. El Tribunal Constitucional ha avalado el sistema actual de participación de la soberanía popular en la elección de vocales. La Sentencia 108 del año 1986 declara que existe un mandato constitucional para que el modo de elección de los vocales judiciales represente el pluralismo de la sociedad española. Afirma el Tribunal Constitucional que nuestro actual sistema es perfectamente homologable a los distintos modelos que hay en Europa, que son varios: un modelo atribuye al Ministerio de Justicia la competencia exclusiva para elegir el órgano de dirección del Poder Judicial, en otro modelo esas funciones se otorgan al propio Poder Judicial y otro modelo atribuye la competencia a un órgano constitucional como este. Afirma nuestro Tribunal Constitucional que cualquiera de los tres sistemas es susceptible de politizar la elección. Regalar la elección de los vocales a los jueces es una distorsión democrática. Crea un sistema de elección censitaria ―un órgano constitucional elegido por el 0,001 % de la población―, politiza al máximo la carrera judicial, al convertir el consejo en un órgano de representación profesional, y crea un sistema de confrontación entre asociaciones de jueces, todas ideologizadas. Las asociaciones de jueces pueden además ser financiadas por el sector privado. Es una temeridad que un poder del Estado, el Poder Judicial, pueda ser elegido con intervención del sector privado, empresas o fondos de inversiones nacionales y extranjeros. El Grupo Popular fundamenta su propuesta en las opiniones de la Comisión de Venecia, un grupo de expertos que realizan informes a petición del Consejo de Europa con opiniones que solo representan a quienes componen esa comisión. No es un órgano del Consejo de Europa, ni de la Unión Europea, ni se elige con participación democrática. El Grupo Popular convierte en criterio indiscutible el informe emitido por esa comisión. En el texto presentado no dudan en manipular la opinión de la Comisión de Venecia. Incluyen literalmente el punto 67 del informe, que se pronuncia contra la intervención de la soberanía popular en la elección de los vocales del consejo, pero solo incluyen parcialmente el punto 66, de forma que el informe parezca avalar su propuesta de que los jueces elijan a los jueces. Por lo que sea, se les ha caído un párrafo. Aquel que dice que el mecanismo propuesto por el Partido Popular tiene un alto riesgo de ―literal― politización interna del consejo.

Se nos ocurren propuestas de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial mucho más democráticas; por ejemplo, que sean elegidos directamente por toda la ciudadanía en voto directo y secreto. Animamos al Partido Popular a apoyarlo. Mientras tanto, nosotros votaremos que no a su propuesta.

Gracias. (Aplausos).

Con la venia. No debería estar permitido subir a esta tribuna para no decir nunca la verdad o para decir siempre mentiras, que es lo que han hecho todos los portavoces que me han precedido. (Rumores). Pero ya sabemos que el gobernante que se siente llamado a reprimir la mentira acaba como el presidente del Gobierno; es decir, queriendo censurar también la verdad. Y, por lo tanto, aquí hay que buscar un cierto equilibrio y, como siempre, va a ser VOX quien ponga un punto de sensatez (risas) en este conjunto de disparates que acabamos de oír. (Aplausos). Doña Cuca, oradora en nombre del Grupo Proponente, tampoco le puedo a usted eximir de las muchas culpas de su partido en esta degeneración espantosa ―como la televisión, en palabras de doña Rosa María Mateo― del Poder Judicial en España. No, no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo por muchos motivos. Principalmente, por uno —‌aunque luego voy a mencionar otros—, principalmente, porque esta proposición de ley que ustedes presentan y que se debate hoy, al menos al efecto de su toma en consideración, omite lo principal; omite lo principal. Lo he dicho ya varias veces, pero, claro, ya comprenderán que, como todos ustedes mienten, no me van a hacer caso, porque como subo a esta tribuna a decir la verdad y ustedes mienten, la verdad les repugna, a todos; y cuando digo a todos digo a todos, sin excepción. (Aplausos). Vamos a ver, el problema de la independencia del Poder Judicial no radica principalmente en el modo de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre otras cosas porque los vocales de dicho Consejo no ejercen la función jurisdiccional. Luego aquí ya hay una limitación severa, conceptual, insalvable. El problema se cifra en la afectada independencia que puedan tener los jueces y magistrados que ejercen la función jurisdiccional, principalmente los de los órganos más altos de la magistratura. Y ese defecto de independencia que puedan sufrir puede depender del modo de su elección. Y el modo de su elección hoy en día sigue siendo discrecional por parte del Consejo General del Poder Judicial. Y el Consejo General del Poder Judicial lo constituyen veinte vocales designados por los partidos políticos. Aquí hay un problema de transitividad en la dependencia política. Entonces, si ustedes no abordan este problema ―el señor Legarda me mira con cara de asombro; es, de todos los que han hablado, el único que sabe de qué estoy hablando y, además, está completamente de acuerdo, pero no lo dirá (risas)― pues no resolveremos nada o muy poco. Lo que urge es reformar las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial que regulan los nombramientos de los magistrados de las salas del Tribunal Supremo, los nombramientos de los presidentes de las salas de audiencias provinciales, de Tribunales Superiores de Justicia, etcétera, y que esos nombramientos no se hagan con arreglo a criterios discrecionales que aplique el consejo. Tienen que ser criterios reglados. Uno de ellos puede ser, a modo de tratamiento de choque, el de la antigüedad. No digo que tenga que ser el único, sino que puede ser. Pero ustedes de esto no quieren oír ni hablar. El señor De Rosa, que está ahí también, magistrado de carrera, en este momento en servicios especiales, que ha sido vicepresidente de ese consejo y que ha sido no sé cuántas cosas en el ámbito de la Justicia, en alguna ocasión me ha dicho que no, que esto no es posible, que lo de la antigüedad no. Lo que no me ha dicho es por qué no es posible. Pues yo les digo por qué no es posible: ¡porque todos ustedes quieren seguir controlando los nombramientos! (Aplausos). ¡Todos! También usted, señor Legarda, del partido nacionalista, porque, si no, no se entiende su intervención de hoy. Y aquí nos encontramos ante discursos incendiarios de un comunismo irredento del señor Santiago, que dice que los jueces y magistrados tienen que ser elegidos por el pueblo en las urnas ―¡ah, qué descubrimiento ha hecho usted, qué descubrimiento tan extraordinario!― en orden a la garantía de la independencia del Poder Judicial. ¡Ya, ya, ya! ¿Y usted, que ha estudiado Derecho ―interpreto, aunque no lo parece―, no ha observado que existe en las democracias parlamentarias una confusión entre poder ejecutivo y poder legislativo? (Aplausos). ¿Y eso no sabe usted a qué se debe? Se debe a la partitocracia. O sea, que usted, para terminar de cerrar el círculo de la partitocracia y, por lo tanto, de la limitación de la libertad y de la negación de la democracia, también la parlamentaria, quiere meter en ese círculo también al Poder Judicial. ¡Qué listo es usted! ¡Qué listo es usted! (Aplausos). Deseablemente, claro, para que los ciudadanos elijan a partidos como el suyo, que participa en este extraño experimento que vivimos a principios del siglo XXI, por obra y gracia del Partido Socialista, de que en dicho siglo y en su primer cuarto gobierne ―en una democracia occidental europea o de la Europa occidental, porque si hubiera sido en Bulgaria nos hubiera llamado menos la atención en España― un partido comunista como el suyo.

Ya está bien de experimentos. Ya parece que llega a su fin; parece que llega a su fin. Lo esperamos. Pero ya está bien de experimentos, entre otras cosas porque ustedes lo que han demostrado, aparte de que son comunistas irredentos, es que son de una ineptitud y de una inutilidad en el ejercicio del Gobierno que ha dejado temblando a los españoles. Y así están ustedes en las encuestas, porque todos ustedes del PSOE, con ese señor que tienen al frente, son los que han permitido este experimento letal. Bueno, letal no porque no habremos muerto, pero, en fin, casi, casi. (Aplausos).

Y algún error más ―y concluyo, señora presidenta―, porque, doña Cuca, vamos a ver, ¿si esta ley en vigor es tan mala y llevamos debatiendo sobre esto cuarenta y un años ―cuarenta y un años dan para mucho, y ni una originalidad de pensamiento; ¡cuarenta y un años hablando de lo mismo! ¿Usted se da cuenta? Desde 1965―, ¿por qué no se les ocurrió a ustedes cuando gobernaron con mayoría absoluta, dos veces, con Aznar y Rajoy, reformar la ley? (Aplausos). Le rogaría a usted que cuando vuelva a subir a esta tribuna ―no sé si tiene oportunidad de hacerlo― nos lo explique. Porque a lo que se limitaron fue a firmar un absurdo Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia de diez paginitas el 28 de mayo de 2001. Ahí se hicieron una foto el señor López Aguilar y el señor Michavila, que luego, por cierto, se sucedieron en la Cartera de Justicia, como à tour de rôle, uno detrás de otro. ¡Y aquello lo firmaron como si fuera la Cumbre de Yalta! Vamos, ¡la Cumbre de Yalta era aquello! (Risas).

¿Y eso para qué sirvió a la independencia del Poder Judicial? Pues para nada porque no disponía nada. Sí, una reforma en el procedimiento por el cual las Cortes elegían, con arreglo a la ley de 1985 ―que a ustedes les repugna― los doce vocales de extracción judicial; un procedimiento a través de ―¡ah, sorpresa!― las asociaciones judiciales, que, como se ha dicho aquí ―una de las pocas cosas que se han dicho―, están todas ideologizadas y son correa de transmisión de los partidos políticos, más o menos.

Bien, para concluir, para concluir... (Varias señoras y señores diputados: ¡Nooo!).

¿Son todos ustedes unos mentirosos? (Varias señoras y señores diputados: ¡Hala!). ¿No creen en la independencia del Poder Judicial? ¿Lo que desean es controlar a jueces y magistrados? Lo ha dicho claramente el señor Santiago, que no le gusta lo que hacen los jueces. Claro, cuando instruyen e investigan su financiación, no le gusta. ¿Y a quién le va a gustar? Pero eso no significa que el juez sea independiente, señor mío. ¡Pero qué cosas tiene usted! Dice unas cosas tremendas.

O sea, usted deja de pagar la renta de su casa, hay una demanda y dice: Claro, este juez no es independiente, está juzgando una demanda de desahucio... (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, señora presidenta. Esto no está pagado; salir después del señor Sánchez no está pagado. (Risas y aplausos). Señor Aizcorbe, esto es otro nivel, es otra cosa. Señora Gamarra, yo sí la llamaré por su apellido, como es costumbre en esta Cámara, para seguir lo que tiene que ser y no entrar en otras cosas. (Aplausos). Quiero criticarla de verdad, no desde la falta de respeto. Señora Gamarra, fuera caretas. Nos han traído un adelanto de su programa electoral y su programa de gobierno, y ya les digo que quedará en papel mojado. Este es el plan del PP en tres actos para la justicia si llegan al Gobierno de la mano de la ultraderecha: primero, puentear la Constitución; segundo, hurtar a las Cortes Generales el nombramiento de los vocales del consejo; y, tercero ―importante―, entregar la justicia a las asociaciones conservadoras. Y a eso le llaman defensa de la independencia judicial. Menudo cinismo. Por cierto, señora Gamarra, de su intervención me quedo con una leve Pausa.Cuando usted ha dicho: queremos una justicia aliada ―pausa― de la verdad. En esa pausa está todo su pensamiento. Ustedes quieren una justicia aliada del PP. Esa es la justicia que ustedes quieren. (Aplausos). Permítanme una pregunta sencilla: ¿dónde estaban ustedes y su independencia entre el año 2018 y el 2024? ¿Dónde estaban ustedes y su independencia mientras bloqueaban el consejo casi más de cinco años? Porque ustedes, entonces y ahora, están siempre en el uso partidista de la justicia, para intentar llegar por fuera adonde no pueden llegar por dentro. Déjenme decirlo claramente: señora Gamarra, esto no es un proyecto de ley, esto es un pago en especie. ¿Desde cuándo un partido de Estado, que además es necesario e imprescindible para renovar el consejo, desde cuándo ―repito― un partido como el suyo decide gratuita y altruistamente traspasar una competencia del Legislativo a las asociaciones judiciales? No se entiende desde ningún punto de vista, ni legal ni político ni constitucional. (Aplausos). No se entiende, a no ser que pensemos como ustedes, un partido ya anclado a VOX, con unas prisas destructivas para llegar al Gobierno, donde todo les vale, donde creen que España es su cortijo. No se entiende, a no ser que hagamos un repaso a su historia. Porque ustedes regalaron el suelo de la vivienda a fondos buitre; ustedes regalaron empresas públicas a sus amiguetes y compañeros de pupitre; ustedes regalaron amnistías fiscales a defraudadores; ustedes regalan la sanidad y la educación pública ―y, si no, que se lo digan a Madrid―; ustedes usaron el Ministerio del Interior para tapar sus corruptelas. Ustedes, que usan todo lo que está fuera de estas paredes para volver al poder, ¿cómo no van a entregar la justicia? ¿Cómo no? Ustedes, a España, señora Gamarra, no la defienden; ustedes a España la venden por fascículos. (Aplausos). ¿Y por qué hoy esta proposición? Bueno, yo imagino que ya han recibido la instrucción y ahora lo ponen negro sobre blanco para que nos hagamos una idea de qué pasará en este país el año que viene si los ciudadanos no lo impiden con su voto y llegan al Gobierno. Señorías del PP, ¿a quién se deben? ¿Para quién trabajan? ¿A quién le hacen los favores? Miren, señorías, cero lecciones de independencia judicial de aquellos que usan la justicia a su antojo; cero lecciones de cómo elegir al consejo de quienes lo bloquearon seis años. Pero vamos a hablar del fondo. La Constitución y el Tribunal Constitucional validan que estas Cortes Generales, sede de la soberanía nacional, tengan un papel determinante en la elección de los vocales del consejo. Les diré más, es que esta intervención de las Cortes en esta designación no es una injerencia política en el Poder Judicial, es el mecanismo que vincula al Poder Judicial con el Poder Constituyente. Es eso. Señorías, aunque a ustedes no les guste, todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, también el Poder Judicial. (Aplausos). Por cierto, hoy mismo ―y no lo digo yo―, un vocal del consejo y juez ha dicho lo siguiente: Algunos jueces están actuando como operadores políticos en determinadas situaciones. Imagino que no lo ha dicho por jueces con sesgo progresista. Señorías, ustedes nos hablan también en su proposición y en su intervención de la Comisión de Venecia y de cómo se elige en Europa a los miembros de los consejos de magistratura. Bueno, pues hablemos. Esta Comisión de Venecia nunca ha dicho ni ha emitido un veredicto a favor de la autoelección judicial. No es así, señorías. Incluso la

Comisión ha advertido ―eso sí que lo omiten― del riesgo de politización interna a través de las asociaciones judiciales. Y digo algo más, algo que ustedes también omiten: no existe un estándar único europeo para elegir a los miembros de los consejos de magistratura. No es verdad, no existe. Hagamos un repaso. Alemania: elección de los jueces de los tribunales superiores por una comisión de consejeros de Justicia de los Länder y miembros del Parlamento. Francia: elige dos miembros el presidente de la República; dos, el presidente de la Asamblea Nacional; dos, el presidente del Senado. Italia: el Parlamento italiano, en sesión conjunta de la Cámara, elige directamente a un tercio y el presidente de la República es miembro nato. Imaginemos que aquí el presidente del Gobierno también lo fuera. Señorías, yo imagino que nadie en esta Cámara puede sostener seriamente que en Alemania en Francia o en Italia no existe independencia judicial. (Aplausos).

Señora Gamarra, señorías del PP, voy acabando, pero esto creo que es lo más importante, porque también afecta al sistema que tenemos. Nuestro modelo actual no nació de un decreto de un Gobierno de turno, nació de un pacto de Estado suscrito por partidos que representaban a más del 90 % del electorado. Usted ahora habla, señora Gamarra, de modelo autoritario. ¡Pero si lo han pactado con ustedes! ¿Qué autoritarismo? ¡Pero si fue pactado hace cuatro días! Ahora, ustedes se desmarcan. Porque ese es el modelo que quieren romper en su deriva por romperlo todo, y no por convicción jurídica, como es obvio, sino por interés político.

Señorías, la conexión entre el gobierno del Poder Judicial y las Cortes, lejos de corromper, legitima y dignifica al Poder Judicial. Esta proposición no refuerza esta independencia, sino que la disfraza de autogobierno para entregarla a la lógica de las asociaciones judiciales. Y, frente a esto, mi grupo ―y así acabo, señora presidenta― defiende un modelo que vincula el Poder Judicial con la soberanía nacional, que exige mayorías cualificadas y que ha sido validado reiteradamente por el Tribunal Constitucional y por casi cuatro décadas de práctica democrática.

Muchas gracias. (Aplausos).