Proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común.

Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes.

Intervengo para defender el Proyecto de ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común y también para dar respuesta a las enmiendas de totalidad presentadas por dos grupos parlamentarios.

Antes de exponer el contenido de este proyecto de ley, permítanme recordar cuál es la situación financiera de partida de nuestras comunidades autónomas. Las dos comunidades autónomas con más deuda son la Comunidad Valenciana y Murcia, pero veamos el panorama global con datos del Banco de España del primer trimestre de 2026. La deuda sobre el PIB del conjunto de comunidades autónomas es del 20,3 %, con una disparidad muy grande entre distintos territorios. Por ejemplo, la que menos tiene sobre PIB sería Canarias, con un 10,5, y la que más tiene, como les decía, sería la Comunidad Valenciana, con un 40,4 %. Hay casi 30 puntos de diferencia entre la comunidad autónoma más endeudada y la menos endeudada. Pero creo que es importante no solo analizar la foto fija del primer trimestre de este año que nos da el Banco de España, sino la evolución. Y me centraré, si me permiten, en las dos comunidades autónomas con mayor nivel de endeudamiento, analizando la evolución de los datos en dieciocho años, desde el año 2008 hasta el primer trimestre de 2026. La Comunidad Valenciana tenía en 2008 un 12,7 % de endeudamiento sobre PIB. En 2026, tenía un 40,4 %. El salto grande de endeudamiento se produce del año 2008 al año 2015, con una subida de 28,8 puntos, gobernando durante esos años el Partido Popular. (Rumores). En la Comunidad Autónoma de Murcia, en 2008 era el 2,6 % del PIB y en 2026, el 31,1 %. Son 28,5 puntos. Dieciocho años de Gobierno ininterrumpido del Partido Popular. Las dos comunidades autónomas con mayor deuda son aquellas en las que más tiempo ha estado gobernando el Partido Popular. Si, como dicen algunos, hay un problema de gestión para ese gran endeudamiento, pues habrá que ver a quién están señalando en realidad. En todo caso, por tener un debate serio, es verdad que el sobreendeudamiento de determinados territorios en nuestro país responde a una casuística elevada. Hay una parte, desde luego, de gestión; hay una parte que tiene que ver con el modelo de financiación autonómica; hay una parte muy importante consecuencia de la crisis del COVID, y también hay una parte muy importante relacionada con la crisis financiera. Estos son los datos, esta es la situación, y las consecuencias son obvias para todas las comunidades, especialmente para las más endeudadas: una incapacidad de acudir al mercado; una dependencia absoluta de mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómico; la pérdida de autonomía financiera, que se traduce, por desgracia, en una pérdida de autonomía política, y el riesgo de sostenimiento financiero de las competencias que tienen otorgadas del Estado del bienestar.

Una vez analizados los datos y constatada la magnitud del problema, la gran pregunta que debemos hacernos como responsables políticos es muy sencilla: ¿queremos solucionar este problema o queremos seguir mirando hacia otro lado con los brazos cruzados y sin hacer nada? Porque hoy nadie puede negar la realidad: tenemos comunidades autónomas que arrastran niveles de endeudamiento extraordinariamente elevados y que ven limitada su capacidad para prestar servicios públicos, invertir y desarrollar políticas en beneficio de sus ciudadanos. Ante esta realidad, podemos actuar o no hacer nada. El Gobierno ha decidido actuar, y eso lo expondré a continuación, pero hay una pregunta dentro de todo este debate muy importante: ¿se cree o no se cree en el Estado de las autonomías? Si la respuesta es que no, no tiene sentido continuar ni escuchar lo que vamos a debatir esta tarde en la Cámara. Si creemos en el Estado de las autonomías, eso significa que todas las comunidades autónomas deben disponer de los recursos necesarios para ejercer adecuadamente las competencias que la Constitución y las leyes les atribuyen; significa entender que la sanidad, la educación, los servicios sociales o la dependencia se prestan desde los territorios y que los ciudadanos tienen derecho a recibir unos servicios públicos de calidad con independencia de dónde residan. Y significa también asumir que cuando existen problemas estructurales que afectan al funcionamiento del sistema, el Estado, el Gobierno central, tiene la obligación de abordarlos y corregirlos como hace con este proyecto de ley, absorbiendo una parte de la deuda de las comunidades autónomas. Por eso, este debate trasciende las cifras y balances contables. Lo que hoy estamos discutiendo es si queremos fortalecer nuestro modelo territorial o debilitarlo, si queremos asumir nuestra responsabilidad o refugiarnos en la comodidad de la crítica. (Rumores).

Señorías, resulta imprescindible dar una respuesta a los distintos shocks económicos que han azotado la Unión Europea y nuestro país en los últimos años. En primer lugar, la crisis financiera de 2008, que se transformó en una crisis de deuda soberana y dio lugar a un incremento sin precedentes del volumen de deuda del conjunto de las Administraciones públicas. Se pasó del 53,1 % del PIB en 2009 al 100 % del PIB a finales de 2013. Más concretamente, en el ámbito de las comunidades autónomas este impacto fue aún más agresivo, ya que su deuda creció en más de un 125 %, pasando del 8,7 % al 20,6 % del PIB en el periodo que indicaba. Y, en segundo lugar, el impacto de la pandemia y el repunte inflacionario agravado por la inestabilidad geopolítica y los conflictos bélicos.

Señorías, el objetivo del proyecto de ley no es ni más ni menos que corregir ese sobreendeudamiento de las comunidades autónomas durante la crisis financiera y la exclusión del mercado que esto ha supuesto para ellas. El proyecto que debatimos se encuentra en línea con lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 26 de febrero de 2025. Se prevé que el Estado asuma 83 252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, una notable reducción del pasivo de las comunidades autónomas, que además tiene unas consecuencias positivas: tendrán mayor facilidad para salir a los mercados, podrán mejorar las condiciones en las que salen y un ahorro previsto en intereses que puede oscilar entre los 6000 y 7000 millones de euros, además de ayudarles a cumplir los objetivos de estabilidad. El procedimiento de aplicación de la norma tiene en cuenta las características propias de cada una de las comunidades. Hay algunas que tienen saldos vivos suficientes con el Fondo de Liquidez Autonómico y otras que no los tienen y será necesaria la subrogación del Estado en las operaciones de endeudamiento adquiridas en el mercado. Para las primeras, para las que tienen préstamos vigentes con un volumen suficiente en el Fondo de Liquidez Autonómico, el procedimiento resultará directo. Para las segundas, aquellas que no tienen deuda significativa con el FLA, se prevé un mecanismo específico que garantice el acceso a la medida en condiciones de igualdad.

Asimismo, señorías, la metodología para establecer el importe de la asunción de deuda por parte del Estado responde a criterios técnicos, objetivos y transparentes. En primer lugar, la denominada fase I toma como referencia el crecimiento de la deuda autonómica durante dos periodos excepcionales para la economía española: la crisis financiera y la pandemia, junto con la invasión rusa de Ucrania. En segundo lugar, la fase II incorpora un mecanismo corrector destinado a reforzar la equidad territorial. Su finalidad es garantizar que ninguna comunidad autónoma quede por debajo de esa reducción media del 19 % de su deuda. Y en la fase III se introducen dos ajustes complementarios para situaciones específicas. El primero tiene en cuenta la financiación recibida por cada territorio entre 2010 y 2022. Se parte de la comunidad autónoma que tras las fases anteriores alcanza un mayor volumen por habitante ajustado y, a continuación, se eleva la condonación de aquellas comunidades que durante este periodo estuvieron por debajo de la media de financiación homogénea por habitante ajustado. El segundo ajuste reconoce el esfuerzo fiscal realizado por determinadas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias normativas en IRPF. Se trata de un criterio que pretende valorar el esfuerzo realizado para reforzar los ingresos públicos y contribuir al saneamiento de las cuentas autonómicas.

Señorías, los criterios pueden parecerles mejor o peor, criticarlos de una forma u otra, pero son transparentes y objetivos. De hecho, 7 de cada 10 euros benefician a comunidades autónomas gobernadas por el principal partido de la oposición, siendo Andalucía la que recibirá el mayor volumen total, con 18 791 millones de euros; la Comunidad Valenciana será la que perciba más reducción por habitante ajustado, con 2284 euros, y Canarias la verá reducida en mayor proporción, en un 50 %. Por último, la norma, como no puede ser de otra forma, se concibe como una medida compatible y complementaria con la futura reforma de la financiación autonómica. Hablamos del kilómetro cero de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Señorías, paso ahora a comentar las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario VOX. En primer lugar, el Grupo Parlamentario VOX no solo se opone a la medida, sino que en realidad nunca haría nada para abordar el problema de endeudamiento de las comunidades autónomas. Es más, tengo la impresión, una vez leída la enmienda, de que si dependiera de ellos, si dependiera de las señorías de VOX, aprovecharían cualquier excusa para avanzar en un proceso de recentralización de competencias y debilitamiento del Estado autonómico, sencillamente porque no creen en él. Es más, hay una frase literal en el texto que expone que el Estado autonómico ha provocado un verdadero caos en nuestro país. Han defendido abiertamente la superación del Estado autonómico, la devolución de competencias y la limitación de la capacidad legislativa. Y han dicho que el Estado de las autonomías supone el fin de la igualdad entre españoles y españolas. Por tanto, cuando hablan de deuda autonómica, no lo hacen con la voluntad de mejorar el modelo, sino de sustituirlo. La igualdad no consiste en uniformizar nuestro país, la igualdad consiste en garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a unos servicios públicos de calidad y dispongan de los recursos necesarios para financiarlos. (Aplausos).

La realidad es que detrás de su oposición a esta medida hay una concepción territorial de España que mira al pasado y no mira al futuro, una visión centralista que no se corresponde con la Constitución de 1978 ni con los Estatutos de Autonomía, ni con la pluralidad política, social y territorial de la España de hoy. Más que un problema técnico, lo que el Grupo Parlamentario VOX tiene es una discrepancia en cuanto al modelo político de país.

Y respecto a la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Popular, la realidad es que escuchamos muchas críticas, pero seguimos sin conocer su alternativa. Se puede discrepar de la solución que propone hoy el Gobierno de España. Es legítimo. Lo que me temo que no vamos a escuchar es cuál es la alternativa. Porque si realmente consideraran que existe una solución mejor, habrían presentado una enmienda de totalidad con texto alternativo y no lo han hecho. De nuevo, asistimos a un debate en el que algunos intentan convertir una medida de alivio financiero para las comunidades autónomas en un agravio, en una injusticia o en una amenaza para nuestro modelo constitucional. Pero cuando analizamos los argumentos con rigor, no resisten el contraste de los hechos y los datos. En primer lugar, la enmienda de totalidad afirma que los criterios de reparto son arbitrarios. Nada más lejos de la realidad. La mayor parte de la deuda asumida, más del 70 % del total, se distribuye atendiendo a la población ajustada, que es el indicador utilizado en el propio modelo de financiación como el que se aproxima a las necesidades de gasto de los distintos territorios. Se critica también que una parte de la distribución tenga en cuenta el nivel de endeudamiento previo. Yo no sé si las señorías del Grupo Parlamentario Popular han hablado con sus compañeros de la Comunidad Valenciana o de la Región de Murcia. Hablen con ellos, hablen con la Comunidad Valenciana, que tiene una ratio de deuda del 40,4 %. Hablen con los diputados y representantes de la Región de Murcia, la segunda más endeudada, con una ratio de endeudamiento del 31,1 % del PIB. Hablen con ellos y explíquenles por qué, por razones estrictamente partidistas, ustedes prefieren que sigan soportando esa carga financiera. Y después explíquenles por qué algunos miembros de su partido se refirieron a una futura condonación como de justicia. Me da la sensación de que el texto de la enmienda de totalidad se ha elaborado en la Puerta del Sol y solo con la visión de una comunidad autónoma. También cuestionan que se considere el esfuerzo fiscal realizado en el IRPF, pero reconocer el esfuerzo fiscal no supone castigar a nadie, supone valorar la corresponsabilidad fiscal de aquellas comunidades autónomas que han utilizado las herramientas tributarias de las que disponen para sostener sus servicios públicos.

En segundo lugar, la enmienda a la totalidad del Grupo Popular nos advierte de un supuesto riesgo moral. Permítanme que les diga que me sorprende escuchar ese argumento precisamente de aquellos que impulsaron la amnistía fiscal. Y conviene recordarlo, muchas de las comunidades autónomas que se benefician de esta medida están gobernadas por el Partido Popular. Por tanto, cuando se habla de riesgo moral parece que están cuestionando la responsabilidad fiscal de los Gobiernos de su propio partido. Parece que están diciendo que si se adopta esta medida, los Ejecutivos autonómicos del Partido Popular no serán capaces de actuar con prudencia fiscal y responsabilidad presupuestaria. Y otro de los argumentos ―y cito literalmente― es que no se exige a las comunidades autónomas ningún compromiso de disciplina, plan de ajuste o contrapartida. ¿Esto significa que la propuesta es volver a la receta de siempre? ¿Que las comunidades sobreendeudadas, como el caso de la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, tienen que estar condenadas a más ajustes, más recortes y más condicionantes para sus ciudadanos y ciudadanas? Este proyecto de ley no mira al pasado, que podríamos; mira al futuro. No pretende reabrir debates ni buscar culpables, que podríamos; pretende ofrecer una solución a un problema real que afecta a numerosas comunidades autónomas y que condiciona su capacidad de actuación. Conviene recordar que esta ley no elimina ninguna obligación de disciplina fiscal; las reglas presupuestarias siguen vigentes, los mecanismos de supervisión siguen vigentes y las obligaciones derivadas de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria siguen vigentes. La medida reduce la deuda acumulada, pero no libera a ninguna comunidad autónoma de sus responsabilidades presentes y futuras.

En tercer lugar, sostienen que la norma carece de consenso. La realidad es que el proyecto ha sido debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha pasado por los trámites de consulta pública. De hecho, conviene recordar lo que pasó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 26 de febrero: cuando se planteaba esta medida en un foro multilateral, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular optaron por levantarse de la mesa y abandonar la reunión; lo que, si me permiten, podríamos denominar gamberrismo institucional. Naturalmente, no todas las comunidades autónomas comparten la misma posición política que el Gobierno, esto es perfectamente legítimo, pero no puede confundirse la falta de unanimidad con la ausencia de diálogo.

En cuarto lugar, el Partido Popular afirma que la medida vulnera los principios constitucionales de igualdad, solidaridad o autonomía financiera. Pues bien, como ha dicho en numerosas ocasiones el Tribunal Constitucional, el principio de igualdad no exige un tratamiento idéntico para realidades diferentes, lo que prohíbe son las diferencias arbitrarias o carentes de justificación objetiva. Y no todas las comunidades autónomas presentan el mismo nivel de deuda, no todas han soportado las mismas situaciones de infrafinanciación y no todas afrontan los mismos desafíos de sostenibilidad financiera. Atender a estas diferencias no vulnera la igualdad, es precisamente actuar con justicia. Tampoco se vulnera la solidaridad interterritorial, al contrario, consiste en evitar que determinados desequilibrios acumulados comprometan la estabilidad del conjunto del Estado autonómico y la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales. Esta ley no altera competencias, no modifica el reparto competencial y no impone ninguna decisión a las comunidades autónomas. Señorías, nadie ha defendido que una quita de deuda resuelva por sí todos los problemas financieros de nuestro Estado autonómico. Por eso, la reforma sigue siendo necesaria y la plantearemos a esta Cámara. Pero es indiscutible que una reducción sustancial de la deuda mejora los indicadores de solvencia, reduce la carga financiera y fortalece la posición de las comunidades autónomas ante los mercados.

Voy terminando. Permítanme comentar la crítica más sorprendente que hace el Partido Popular sobre la voluntariedad de la medida. No les parece bien que la medida sea voluntaria para las comunidades autónomas y yo creo que, al contrario, es una fortaleza, un reconocimiento y un respeto institucional al conjunto de los territorios. Imaginemos una familia con una hipoteca de 250 000 euros. Un día su banco le comunica que va a asumir parte de esa deuda, que le va a condonar 100 000 euros. Es decir, donde debía 250 000 euros, pasará a deber solo 150 000. ¿Alguien cree que esa familia abandonaría la oficina del banco sin decir nada y diciendo que no quiere que le reduzcan la hipoteca que tiene? Nadie lo entendería. (Aplausos). Lo mismo ocurre cuando el Estado asume una parte de la deuda de una comunidad autónoma. (Rumores). Podemos debatir los criterios técnicos y las cantidades, pero resulta difícil de explicar que alguien se oponga a que disminuya su pasivo, es decir, que disminuya la deuda que tiene su institución con los ciudadanos y los conciudadanos de su territorio. Es verdad, la deuda no desaparece, la deuda la asume el Estado y libera a las comunidades autónomas ese margen de una forma excepcional y extraordinaria. Eso se llama solidaridad, responsabilidad y creer en el Estado autonómico.

Por eso, hoy no estamos pidiendo a nadie que renuncie a sus posiciones políticas, ni que comparta necesariamente todos y cada uno de los elementos de esta reforma. Lo que pedimos algo más sencillo, que no se impida que otras comunidades autónomas puedan beneficiarse de esta medida y que no se bloquee su tramitación como proyecto de ley en esta Cámara. Quienes consideren que esta medida no es adecuada para su territorio, estarán en su derecho de no adherirse, pero no bloqueen que otras comunidades que quieran se puedan adherir. Permitan la tramitación del proyecto, dejen que cada comunidad decida libremente y no cierren la puerta a aquellas que sí que quieren ver reducido su pasivo. Corresponde ahora a las Cortes Generales examinar este proyecto de ley con rigor, con transparencia y con pleno respeto a los principios de igualdad, solidaridad y seguridad jurídica que inspiran nuestro ordenamiento constitucional. Y corresponde también hacerlo con una actitud constructiva, porque precisamente en eso consiste el trámite parlamentario, en debatir, en escuchar, en incorporar las aportaciones de los grupos y en mejorar el texto a través de las enmiendas que se consideren oportunas.

Señorías, permitan el debate, permitan el trabajo parlamentario, permitan que esta Cámara ejerza su función legislativa y, sobre todo, permitan que las comunidades autónomas y sus ciudadanos y ciudadanas que consideren que esta reforma es beneficiosa se la puedan aplicar.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, presidente. (Rumores). Señor ministro, para empezar, antes de entrar en materia, se ve que le han colado ―o no se ha leído― la exposición de motivos porque en la misma… (rumores).

Le decía que, posiblemente, no se haya leído la exposición de motivos, porque en la misma, aunque usted haya criticado mucho al Partido Popular, reconocen los enormes esfuerzos que se hicieron en el Gobierno del Partido Popular creando un fondo de liquidez y recursos extraordinarios de liquidez para las facturas que estaban en los cajones; y todo eso ante las dificultades de las comunidades autónomas. A lo mejor, usted no lo ha leído, pero eso lo pone.

Le tengo que reconocer una cosa: a usted le ha tocado defender esto porque no le ha quedado otra opción, ya que usted ha llegado hace poco y se ha encontrado con esta ley; una ley que se escribió en noviembre de 2023, en una habitación donde usted no estaba y para resolver un problema que, en ese momento, no era el suyo. El problema era la investidura del que no viene, del señor Sánchez. (Rumores). El precio: 15 000 millones de euros que exigía Esquerra Republicana de Catalunya. Mire, yo le hago una pregunta. Aquí tiene mi renta, que me salió a pagar. (Muestra un documento). Si yo voy con la renta a la Agencia Tributaria y le digo a la Agencia Tributaria que yo voto a Sánchez, ¿me la van a condonar? No, ¿verdad? (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Bien!).

Sigamos. Usted, cuatro meses después, llega aquí para tener que defender eso ¿no? Vamos a analizarlo. El sistema de financiación… ¡Es que esto no es complementario! ¡Es que el sistema de financiación es previo! Mire, usted ha sido consejero, como yo, usted en Valencia y yo en Andalucía, y sé que cuando uno es consejero de Hacienda en una comunidad infrafinanciada, hay solo una cosa que nos quita el sueño, ¿verdad, ministro? Y no es la deuda; es el dinero que no llega, que llega tarde, que llega mal o que llega menos. Mire, si usted me tuviese que hacer a mí un préstamo de un millón de euros y a Cristiano Ronaldo un millón de euros, la deuda sería igual, pero tendría menos problemas en prestárselos a Cristiano Ronaldo porque tiene más ingresos. Eso es el sistema de financiación. Además, lo dijo usted hace cuatro años, (muestra otro documento): La reforma del sistema de financiación es urgente y necesaria para poner fin a la discriminación que sufren las autonomías peor financiadas. ¡Si tenía usted toda la razón! ¿Por qué no lo hace? (Aplausos).

Sigamos. Los problemas de su sistema de financiación, ministro, son dos. En primer lugar, es que, el ministerio que ahora usted dirige tampoco ha planteado una reforma del sistema basada en criterios técnicos o en las necesidades de los españoles, sino en las necesidades de Sánchez. En segundo lugar, es una reforma que usted ha presentado que solo hay una comunidad autónoma que se la compra: Cataluña. Tiene en contra hasta sus comunidades autónomas: Asturias y Castilla‑La Mancha. Y hoy nos trae otra ley; una ley que no es una política de sostenibilidad financiera; es un pago; un pago para salvar a Sánchez.

Vayamos al tercer punto. Dice: Se perdona. No, no se perdona nada. Y no lo digo yo. (Muestra otro documento). Lo dice usted, su ministerio, en la página 13 de la presentación del proyecto de su propio ministerio, donde se reconoce que la deuda global del Reino de España seguirá siendo la misma. ¡Igual! Ah, lo dicen ustedes. Pero no solamente ustedes, también el Banco de España. Y el Banco de España certifica que la deuda de los españoles es de 1,74 billones de euros. Si aprueban esta ley, la deuda de los españoles será de 1,74 billones de euros, ni un euro menos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el titular del recibo. Ha pasado de que lo paguemos como valencianos, como andaluces, como madrileños, como catalanes, a que lo paguemos como españoles. Pero es exactamente lo mismo. ¡Exactamente! (Aplausos). El problema es que no condona nada y perjudica al cumplidor.

Pero, ustedes han puesto un ejemplo ―que usted ha repetido aquí― perverso. Ha dicho: oiga, renuncian a que se le condone la hipoteca. Si a cualquiera de ustedes que pagan 1000 euros de hipoteca, el banco les llama y les dice: te condono el 50 %, significa que, en vez de pagar 1000 euros, pagará 500. Pero esto no pasa con esta norma. Le voy a poner otro ejemplo, a ver si le sirve. Imagínese que es mi caso, con mi mujer, y tenemos una deuda que pagamos 1000 euros de hipoteca: 50 % ella y 50 % yo. Y usted dice: Juan, lo voy a arreglar; le quito a tu mujer el 50 % y te paso a ti el 100 %. Y yo digo: ¡pues si la familia pagábamos 1000, seguimos pagando 1000! ¿Dónde está la diferencia, ministro? ¿Dónde está la diferencia? (Aplausos).

Fíjese, señor ministro, no es que lo digamos nosotros; es que lo dicen ustedes. Les pediría a sus señorías que cojan la ley y busquen cuántas veces aparece la palabra condonación. ¿Sabe cuántas veces aparece? Cero. Porque los técnicos saben que no es una condonación y no se atreverían a escribirlo. ¿Sabe cómo lo llaman? Absorción o asunción. Pero eso no es condonar. Es muy diferente, ministro. (Aplausos).

Otro argumento, decía: Esto no va a permitir ni un gasto social más ni en sanidad ni en educación ni en políticas sociales. Ustedes han recorrido España diciendo: El PP renuncia a gastar más en sanidad, educación y servicios sociales. ¿Usted se atreve a decir eso, ministro? ¿De verdad? Usted no lo dice, ¿verdad? Mire, la AIReF (muestra otro documento) ―la AIReF, no nosotros― dice que no genera un mayor gasto en otras políticas públicas; la AIREF. Y usted me dirá: ya, pero es que yo a la AIReF ya no la creo, porque no me parece… Bueno, vale, usted, a la AIReF, no, a su ministerio. En la página 7 de su informe (muestra otro documento) dice que no se puede incrementar el gasto por la ley de estabilidad. Lo dice usted. No hay un debate entre el Gobierno y la oposición. Hay un debate entre la verdad y su mentira. Y eso es en lo que estamos. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo!).

En quinto lugar, ministro. Usted ha dicho ¿qué es eso de que es moralmente negativo? ¡Que no es que lo diga el Partido Popular otra vez! ¡Que se lo ha dicho la AIReF! (Muestra otro documento). Ha dicho que esto debería llevar aparejada una condicionalidad fiscal, y lo justificó por problemas de riesgo moral que rodean este tipo de medidas. Lo ha dicho la AIReF; y advirtió que no tiene sentido condonar deuda si no se garantiza que no se seguirá acumulando por encima de lo que permiten las reglas fiscales. Pero también lo dijo el gobernador del Banco de España aquí ¿eh? (Muestra otro documento). Dijo en sede parlamentaria que es un incentivo perverso para la disciplina fiscal. Dos organismos independientes, la misma advertencia, y a ustedes les importa bien poco.

Y decía: ¿cómo es que habéis hecho una enmienda de devolución y no un texto alternativo? ¡Ministro, que no creemos en la condonación! (Aplausos). Que creemos en lo que los expertos aprobaron ―míreme, señor ministro―, el comité de expertos del año 2017. (Muestra otro documento). Aquí, casi todas las comunidades autónomas dijeron no a la condonación, sí a la reestructuración de deuda, ministro. ¿Por qué no se acoge a un documento con el que estaban todos de acuerdo? Estaban sus comunidades autónomas ¿eh?

Pero, es que, además, no es que no se condone nada. No se permiten más recursos que impliquen riesgo moral. No, no solamente eso. Es que el diseño es desastroso. ¿Cuáles son los criterios técnicos, si son arbitrarios? El artículo 6 dice: en el tramo 2 garantiza más quita a quien más se endeudó. Sin más análisis de si es mala gestión, si están infrafinanciados… Da igual, usted, al peor, más. No me parece lo más adecuado, ¿no? Pero, es más, en el tramo 3 premia a las comunidades que subieron el IRPF. Cuando quiere sí que impone, ¿no? O sea, si suben los impuestos a los españoles, sí. Quien castiga más a los españoles, más premio. Y a quien ayuda a los españoles en la inflación, usted los castiga.

Pero, vayamos al resultado de esta norma, si les parece. ¿Qué dice Fedea? (Muestra otro documento). Oiga, pues Fedea le dice, a eso que usted ve tan bueno, que la diferencia entre la que más y la que menos ―2285 euros por habitante ajustado y 1368 euros― es de casi 1000 euros, un 67 %. ¿Esto es justo, ministro? ¿Le parece bien? ¿Le parece bien no haber incluido en ese diseño a Ceuta o a Melilla? ¿Eso es hacer algo justo para todos?

Me ha hablado de voluntariedad, ministro. Y ustedes dicen que es una propuesta de condonación voluntaria. ¿Cómo que voluntaria? ¿Pero no dice que esto es tan bueno para todos, para la sostenibilidad de las comunidades autónomas? ¡Oiga, hágala obligatoria! Si es tan bueno para todos, ¿por qué no lo hace? ¿O es que va buscando otra cosa? ¿O es que busca a ver si alguien se enfada? (Aplausos). Eso está feo, ministro. Eso está feo.

Pero, mire, le voy a dar otro argumento, a ver si lo conoce. ¿Sabe quién es Diego Martínez López? Trabajó con usted ¿verdad?, siempre con Gobiernos socialistas; una persona con conocimientos técnicos. ¿Sabe lo que ha dicho de esto, de su condonación? Es de los suyos ¿eh? Ha dicho: Los motivos de esta norma son débiles e incoherentes. Es un parche de indudable motivación política. Su gente. No lo dice solamente el Partido Popular.

Sigamos. ¿Cuáles son los motivos reales para esta condonación, lo que usted llama condonación? Oiga, ¿usted se ha leído su programa electoral de julio de 2023, el del

Partido Socialista? (Muestra otro documento). Búsqueme aquí la palabra condonación. Lo que sí veo es que dice que, en el plazo máximo de un año, un nuevo sistema de financiación. No hay sistema de financiación, pero sí condonación; sospechoso. En noviembre ya era imprescindible. Ministro, en cuatro meses no hubo un gran cambio en la economía española, no bajó la inflación considerablemente, no subió la recaudación de una manera exagerada, el PIB apenas se había recuperado… ¡Aaah!, lo único que ocurrió fue una investidura y, después de esta investidura, el señor Junqueras ―aquí está (muestra un documento)― les exigió esa condonación. Por eso ustedes hacen la condonación, no porque estén comprometidos. (Aplausos).

Señor ministro, le hago una propuesta: si con todos estos datos ―no del PP, no de gente rara ni sospechosa; algunos suyos― no le he conseguido convencer, le voy a decir que hagamos una cosa: retire la ley y trabajemos juntos. Le voy a dar tres argumentos en los que usted y yo estamos de acuerdo. Usted es de bajar impuestos, ¿verdad? ¿Sí o no? No me contesta. Vale. Real Decreto Ley 14/2022. (Muestra un documento). Usted siendo consejero deflactó la tarifa del IRPF. ¡Cuidado! Deflactó la tarifa. (Aplausos). Pero, ojo, ¿se acuerdan cuando nosotros la proponíamos para los que ganaban hasta 40 000 euros? ¡La deflactó hasta 60 000 euros, con los famosos ricos! En segundo lugar, ¿usted se acuerda de sus declaraciones en el Parlamento? Usted no es de gastar más, es de gastar mejor. (Muestra un documento). Estamos de acuerdo: aquí no hay que gastar más, hay que gastar mejor. Y luego, ministro, usted era de reformar el sistema de financiación, ¿correcto, no? Estamos de acuerdo. Tenemos tres cosas en común: bajar impuestos, controlar el gasto superfluo y un nuevo sistema de financiación. Y dice: No conocemos la propuesta del PP. Pues siento que no se lo haya comunicado María Jesús Montero; nosotros se la enviamos en septiembre del 2024. (Muestra un documento). Es cierto, ministro, que nadie nos contestó. Le voy a decir lo que contenía, a ver si a usted le parece que está bien o discrepa conmigo. Ministro, ¿le parece bien que el sistema de financiación se acuerde de manera multilateral, no bilateral? Sí, ¿verdad? ¿Le parece bien que se negocie en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Sí, ¿verdad? ¿Le parece que sea solidario el sistema? Sí. ¿Le parece que sean suficientes los recursos? Sí. ¿Le parece que haya más recursos para todos? Sí. ¿Con reestructuración de deuda ―olvídese de ellos―, reestructuración, porque a mí no me condonarán la renta cuando vaya? También, ¿verdad? Y con un fondo transitorio, y a lo mejor usted con el fondo transitorio duda hasta de que se apruebe el sistema, pero entonces yo me voy a una pregunta (muestra un documento) que usted contestó el 28 de junio del 2022 y usted aquí pedía un fondo transitorio. No estamos tan lejos, si quiere trabajar y si quiere acordar. Al final de todo esto, ministro: ni condonan ni ayudan ni reforman; compran voluntades para que el señor Sánchez siga siendo presidente, y lo peor es que lo hacen con el dinero de todos los españoles. Cuando se utiliza el dinero de los españoles para comprar el voto de Sánchez, mucha gente a eso le llama corrupción política.

Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Bravo! ¡Muy bien!―Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

Gràcies, president. Bé, des d’ací volia anunciar que Compromís anem a votar en contra d’estes esmenes de devolució d’esta llei, perquè necessitem poder debatre‑la, esmenar‑la i aprovar‑la. Perquè esta llei, i el senyor Bravo estarà d’acord amb mi, que és que els valencians i les valencianes, senyor Bravo, sí que volem una condonació, perquè és que resulta que tenim un deute il·legítim de més de 47 000 milions d’euros que no hem generat les valencianes i els valencians. I esta llei és una bona oportunitat perquè l’Estat i el govern central faça justícia amb nosaltres. I en això vosté i tot el Partit Popular hauria d’estar d’acord amb mi i amb les valencianes i els valencians. I si no aprofiten aquesta oportunitat en companyia nostra per a aprofitar aquesta llei i acabar amb ixe deute il·legítim per infrafinançament, estaran cometent un greu error i aniran en contra de tot el que sempre han dit i han fet en el País Valencià. I nosaltres, efectivament, sí que volem que s’aprove aquesta llei i volem esmenar‑la, perquè aquesta llei es pot millorar. La problemàtica del sistema de finançament és una problemàtica que necessitem que se solucione i el deute il·legítim i injust del poble valencià és una cosa que hem de tenir en compte. I per si no teníem prou, no només tenim una situació d’infrafinançament, sinó que, a més a més, els valencians i les valencianes hem patit la pitjor catàstrofe ambiental de tota Europa amb la DANA de València. I este fet encara agreuja, més encara, la nostra situació financera com a territori maltractat històricament.

Per això, ministre España, senyories del Partit Socialista, crec que és un acte de justícia per a les valencianes i valencians que aprofitem la tramitació d’aquesta llei per acabar amb eixe maltracte històric i sistèmic...

Gracias, presidente. Voy a anunciarles que Compromís va a votar en contra de estas enmiendas de devolución de esta ley, porque necesitamos poder debatirla, enmendarla y aprobarla; porque ―y el señor Bravo estará de acuerdo conmigo― es que los valencianos y las valencianas, señor Bravo, sí queremos una condonación, porque resulta que tenemos una deuda ilegítima de más de 47 000 millones de euros que no hemos generado las valencianas y los valencianos. Y esta ley es una buena oportunidad para que el Estado y el Gobierno central hagan justicia con nosotros. En eso usted y todo el Partido Popular deberían estar de acuerdo conmigo y con las valencianas y valencianos. Si no aprovechan esta oportunidad, junto a nosotros, para hacer uso de esta ley y acabar con esa deuda por infrafinanciación, estarán cometiendo un gran error y van a ir en contra de lo que siempre han dicho y han hecho en el país valenciano. Nosotros, efectivamente, sí que queremos que se apruebe esta ley y queremos enmendarla, porque esta ley se puede mejorar. La problemática del sistema de financiación es una problemática que necesitamos que se solucione y la deuda ilegítima e injusta del pueblo valenciano es algo que debemos tener en cuenta. Por si no teníamos bastante, no solo tenemos una situación de infrafinanciación, sino que es que además los valencianos y valencianas hemos sufrido la peor catástrofe ambiental de toda Europa con la dana de Valencia, y esto agrava aún más nuestra situación financiera como territorio maltratado históricamente. Por eso, ministro España, señorías del Grupo Socialista, creemos que es un acto de justicia para los valencianos y las valencianas que aprovechemos la tramitación de esta ley para acabar con ese maltrato histórico y sistémico…

Acabe ja, senyor president. ... cap al nostre poble i cap al poble valencià i espere, i estic convençuda, que podrem fer‑ho de la mà. Gràcies.

Acabo ya, señor presidente. … hacia nuestro pueblo, el pueblo valenciano, y espero y estoy convencida de que podremos hacerlo de la mano. Gracias.

Señor ministro, usted sabe lo que opina Coalición Canaria. Sabe que no está de acuerdo con este planteamiento, con esta ley que se pretende, y no está de acuerdo porque piense que sea malo ―todo lo contrario― aliviar la deuda a las comunidades autónomas; no está de acuerdo porque cree que la fórmula es injusta. No está de acuerdo porque, como usted ha dicho, Canarias es la menos endeudada

―le agradezco que haya citado aquí todos los datos de gestión de las comunidades autónomas― y porque creemos que cumplir las reglas no debe perjudicar la responsabilidad fiscal, no debe empeorar la situación de nadie. Para cumplir las reglas, Canarias ha sacrificado la mejora de servicios públicos; Canarias ha sacrificado más ayudas a la ciudadanía, porque había unas reglas que había que cumplir, ¿y ahora resulta que nos beneficiamos menos que quienes no las cumplen? Nosotros no estamos de acuerdo con la fórmula. Podemos hablar de aliviar la deuda, pero no de esta manera. Ningún territorio, señor ministro, puede verse perjudicado por cumplir y ser responsable. Le voy a enseñar el cuadro publicado con datos de la IGAE. (Muestra un gráfico). Canarias, en inversión por habitante ―en el último cuadrito de abajo; es muy chiquitito, ya lo sé, pero usted lo conoce, lo tiene que conocer―, es la que tiene menor inversión: 101 euros. Si esto no se corrige, si la inversión por habitante en Canarias no se corrige, si no separan el REF de nuestra financiación, si no se respeta nuestra singularidad, nosotros no apoyaremos esa ley. Pero hoy tampoco apoyaremos unas enmiendas que atacan el Estado autonómico, que atacan el autogobierno. No las apoyaremos porque no presentan ninguna alternativa y nosotros queremos encontrar una solución. Trabajaremos para eso en el trámite, pero ya le adelanto que, si lo que le he dicho no avanza, si no se acaba con esa discriminación de inversión por habitante, nosotros no apoyaremos esta propuesta.

Grazas, señor presidente. Boa tarde. Esta lei da popularmente quita da débeda tenta aliviar, non resolver, porque non o fará, aliviar un problema insostíbel de débeda xerado, é certo, en boa medida pola resposta á crise 2008, polas decisións que se foron adoptando, moitas desacertadas e moitas responsabilidades de goberno do Partido Popular, pero tamén, polo menos no caso de Galiza, dun resultado dun infrafinanciamento crónico, dun sistema de financiamento que é profundamente inxusto co noso país e aínda, —‌por que non dicilo?— da mala xestión do Partido Popular, do goberno do PP, e digo conscientemente do PP, porque non lle podemos chamar goberno da Galiza na medida en que non pensa nin responde aos intereses do noso país. Reparemos, o BNG negocia incluír no acordo de investidura a especificidade galega para a quita da débeda e é que non sexa só débeda coa FLA, tamén poida incorporarse con entidades privadas e o PP di que non lle interesa a pesar de que esa quita da débeda no caso de Galicia é exactamente 33 %, 4010 millóns de euros de 12 000 millóns e a pesar efectivamente de que a débeda no caso de Galiza é practicamente o 80 % con entidades privadas. Podemos ter un drama en tres actos. O PP xera unha débeda expectacular, faino coa banca privada, a pesar de ser máis gravosa, agora votan en contra desa quita da débeda ao noso país e aínda un cuarto acto que é que o presidente da Xunta, o señor Rueda, se nega a negociar bilateralmente co Estado un sistema de financiamento xusto para o noso país. E finalizo. Todo isto leva un comportamento deleznable do Partido Popular con Galiza. Vergoña debería darlle ao deputado do Partido Popular que hoxe por segunda vez van votar en contra dos intereses de Galiza na AP‑9 e na quita da débeda non teñen vergoña, actúan como verdadeiros sipaios, non sabemos se ás ordes de Génova 13 ou da Real Casa de Correos, en todo caso de Madrid.

Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Esta ley de la quita de deuda trata de aliviar ―no resolver, porque no lo resolverá― un problema insostenible de deuda generado ―es cierto― en buena medida por la respuesta a la crisis del 2008, por las decisiones que se adoptaron, muchas desacertadas, muchas por parte del PP. Pero en el caso de Galicia es resultado de una infrafinanciación crónica, de un sistema de financiación que es profundamente injusto con nuestro país y también, por qué no decirlo, por la mala gestión del PP. Digo del PP conscientemente, porque no le podemos llamar Gobierno de Galicia, en la medida en que no piensa ni responde a los intereses de nuestro país. El BNG negocia incluir en el acuerdo de investidura la especificidad gallega para la quita de deuda y que no sea solo deuda, sino que pueda incorporarse deuda privada, y el PP dice que no le interesa, aunque en el caso de Galicia es del 33 % ―4010 millones de euros, de 12 000 millones― y a pesar, efectivamente, de que la deuda en el caso de Galicia es de prácticamente el 80 % con entidades privadas. Podemos tener un drama en cuatro actos. El PP genera una deuda espectacular; lo hace con la banca privada, a pesar de ser más gravosa; ahora votan en contra de esa quita de deuda a nuestro país; y el presidente de la Xunta, el señor Rueda, se niega a negociar bilateralmente con el Estado un sistema de financiación justo para nuestro país.

Termino. Todo esto lleva a un comportamiento deleznable del PP con Galicia. Les debería dar vergüenza a los diputados del Grupo Popular, que hoy por segunda vez van a votar en contra de los intereses de Galicia: en la AP‑9 y en la quita de deuda. No tienen vergüenza, actúan como verdaderas sanguijuelas no sabemos si al servicio de Génova 13 o de la Real Casa de Correos…

... e claramente en contra da Galiza. … pero claramente en contra de Galicia.

Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, parece que hay quien nos quiere hacer creer que condonar parte de la deuda a las comunidades autónomas es una cuestión de generosidad, pero nada más lejos de la realidad. Yo creo que esto es una constatación de que las políticas austericidas que se pusieron en marcha en su momento han resultado absolutamente fracasadas cuando se priorizaba el rescate a la banca o el rescate a autopistas de peaje frente a garantizar los derechos de nuestra ciudadanía. Esta deuda no la generaron los servidores públicos: ni las enfermeras, ni las profesoras, ni las trabajadoras sociales. La deuda nació porque hubo Gobiernos que, como le decía, prefirieron dar dinero a los más poderosos de este país en lugar de blindar los derechos de nuestra gente. Así que esperamos que no se utilice esta ley para seguir el mismo modelo que se siguió en aquel momento; es decir, liberar estos recursos para regalar el dinero a través de políticas fiscales muy generosas con los millonarios en lugar de reforzar los servicios públicos y que no se siga deteriorando nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y nuestros servicios sociales. Ya sabemos qué va a hacer el Partido Popular: seguir enfrentando a las comunidades autónomas y ocultar cuál es su verdadero proyecto, que no es otro que el de la señora Ayuso: regalos fiscales para una minoría, negocio con los servicios públicos y ninguna explicación convincente todavía sobre el caso que afecta a su pareja mientras nos quieren dar lecciones al resto. Podemos vamos a seguir defendiendo que otra forma de hacer política es posible, que el dinero público debe servir para garantizar nuestra educación, nuestra sanidad, nuestras pensiones, unos salarios dignos y también hacer un nuevo modelo fiscal en este país que apueste por que paguen quienes más tienen; para que contribuyan, por ejemplo, las energéticas, los fondos de inversión y la banca como les debería corresponder.

La sostenibilidad financiera no solo se mide a través del déficit que tiene o no tiene un país o una comunidad autónoma, se mide en si un joven se puede emancipar en nuestro país, en si una familia se puede ir de vacaciones o en cómo se cuida a nuestros mayores o a nuestras dependientes.

Gracias. (Aplausos).

Moltes gràcies, president. Senyor ministre, estem davant d’una proposta de dues esmenes a la totalitat amb l’únic propòsit d’impulsar l’acció recentralitzadora de l’Estat, fruit sobretot de la visió anticatalana dels promotors d’aquestes dues esmenes. El FLA és un artefacte que, tal com va ser dissenyat, no hauria hagut d’existir mai. El FLA és un invent del Govern del Partit Popular del seu moment per sotmetre a la voluntat política de les comunitats autònomes i en especial la de la Generalitat de Catalunya. El FLA és una mostra més de com els governs espanyols, mani qui mani, sigui el color polític que el governi, aprofiten qualsevol ocasió per escanyar els catalans. En aquest cas per ofegar el Govern de la Generalitat amb una mà mentre l’obligaven amb l’altra a pidolar les ajudes dels recursos del FLA. I això és així perquè, a la pràctica, el FLA no corregia la manca estructural de recursos de les comunitats autònomes ni aportava transferències a fons Perdut. El FLA convertia les necessitats de diners en un moment de crisi econòmica i financera global, amb l’oportunitat d’imposar la tutela del Ministeri d’Hisenda. Més interessos i condicions fiscals extremes, plans d›ajust, controls addicionals, etcètera. Catalunya va ser qui més va haver d›acollir‑se a aquest mecanisme, necessitant més de 70 000 milions d›euros. I arribats aquí, la pregunta del milió és: per què va ser així? Com pot ser que a Catalunya, representant un 20 % del producte interior brut de l’Estat espanyol, fos la que més necessités la col·laboració del mecanisme del FLA? I, a la pregunta per què va ser així, la resposta és evident, perquè l’espoli fiscal continuat i la persecució constant dels pressupostos de l’Estat ens asfixia econòmicament, fins al punt de no tenir capacitat de resposta davant d’una crisi econòmica, d’haver de tenir tots els recursos compromesos per poder garantir la mínima qualitat dels serveis en el dia a dia. Perquè resulta que sent dels que més paguem en forma d’impostos a l’Estat espanyol, després som els que ens trobem a la cua a l’hora de rebre recursos i, en conseqüència, per tant, amb menys capacitat per atendre les necessitats dels nostres ciutadans en el dia a dia. I, òbviament, encara més en els moments d’emergència. I on és la perversió d’aquesta situació? On era la perversió del FLA? Doncs que l’Estat agafava els diners que pagàvem els catalans en forma d’impostos, ens els deixava de nou a nosaltres en forma de finançament excepcional i després ens els feia tornar amb interessos que també pagàvem els catalans. Milers de milions d’euros en forma d’interessos que vam haver de pagar pels nostres propis diners. Més pervers, impossible. Per tant, eliminar el Fons de Liquiditat Autonòmica és un pas necessari, i per això Junts per Catalunya facilitarem la tramitació d’aquest projecte de llei. Però atenció, en la tramitació caldrà posar solució a moltes de les mancances de la proposta actual. Per exemple, si el FLA ha estat una manera més d’escanyar i ofegar Catalunya, per què Esquerra Republicana de Catalunya i el PSC no proposen cancel·lar la totalitat del deute del FLA, tal com va aprovar el Parlament de Catalunya i proposem des de Junts per Catalunya? O, encara vaig més enllà, per què proposen que es rebaixi només un 19 % el deute de Catalunya i, en canvi, que es rebaixi un 50 % el deute d’Andalusia? Cal que siguin vostès, diputats catalans, diputats d’Esquerra i del PSC, qui impulsi un nou greuge contra Catalunya? Des de Junts pensem que aquest mecanisme s’ha de cancel·lar en la seva totalitat. No només una part com es proposa ara, no, s’ha de condemnar tot el deute. I òbviament, pensem que no es pot menystenir de nou els catalans i perjudicar‑los reduint el deute menys de la meitat que el que es reduirà Andalusia. I vostès, si no, si això es porta a terme així, ho hauran d’explicar. Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente. Estamos ante una propuesta de dos enmiendas a la totalidad con el único propósito de impulsar la acción recentralizadora del Estado fruto, sobre todo, de la visión anticatalana de los promotores de estas dos enmiendas. El FLA es un artefacto que, tal como fue diseñado, no hubiera tenido que existir nunca. El FLA es un invento del Gobierno del Partido Popular en su momento para someter la voluntad política de las comunidades autónomas y especialmente la de la Generalitat de Catalunya. El FLA es una muestra más de cómo los Gobiernos españoles ―mande quien mande, sea el color político que sea el que gobierne― aprovechan cualquier ocasión para ahogar a los catalanes. En este caso, para ahogar al Gobierno de la Generalitat con una mano, mientras que con la otra le obligaban a mendigar las ayudas de los recursos del FLA. Eso es así porque, en la práctica, el FLA no corregía la falta estructural de recursos de las comunidades autónomas ni aportaba transferencias a fondo perdido. El FLA convertía las necesidades de dinero en un momento de crisis económica y financiera global en la oportunidad de imponer la tutela del Ministerio de Hacienda: más intereses, condiciones fiscales extremas, planes de ajuste, controles adicionales, etcétera. Cataluña fue quien más tuvo que acogerse a este mecanismo, necesitando más de 70 000 millones de euros. Llegados aquí, la pregunta del millón es ¿por qué fue así? ¿Cómo puede ser que Cataluña, representando un 20 % del producto interior bruto del Estado español, fuera la que más necesitara la colaboración del mecanismo del FLA? A la pregunta de ¿por qué fue así? la respuesta es evidente: porque el expolio fiscal continuado y la infraejecución constante de los presupuestos del Estado nos asfixia económicamente hasta el punto de no tener capacidad de respuesta ante una crisis económica, de tener todos los recursos comprometidos para poder garantizar la mínima calidad de los servicios en el día a día. Resulta que, siendo de los que más pagan en forma de impuestos al Estado español, después somos los que nos encontramos en la cola a la hora de recibir recursos; por lo tanto, con menos capacidad para atender las necesidades de nuestros ciudadanos en el día a día; y, obviamente, aún más en los momentos de emergencia. ¿Dónde está la perversión de esta situación? ¿Dónde estaba la perversión del FLA? Bueno, en que el Estado cogía el dinero que pagábamos los catalanes en forma de impuestos, nos los dejaba de nuevo en forma de financiación excepcional y, después, nos los hacía devolver con intereses que también pagábamos los catalanes. Miles de millones de euros en forma de intereses que tuvimos que pagar por nuestro propio dinero. Más perverso, imposible.

Por lo tanto, eliminar el Fondo de Liquidez Autonómico es un paso necesario. Por eso, Junts per Catalunya facilitaremos la tramitación de este proyecto de ley, pero ¡atención!: en la tramitación habrá que poner solución a muchos de los déficits de la propuesta actual. Por ejemplo, si el FLA ha sido una manera más de ahogar a Cataluña, ¿por qué Esquerra Republicana de Catalunya y el PSC no proponen cancelar la totalidad de la deuda del FLA tal como se aprobó en el Parlamento de Cataluña y proponemos Junts per Catalunya? Voy más allá aún ¿Por qué proponen que se rebaje solo un 19 % la deuda de Cataluña y, en cambio, que se rebaje un 50 % la deuda de Andalucía? ¿Tienen que ser ustedes, diputados catalanes de Esquerra y del PSC, los que impulsen un nuevo agravio contra Cataluña? Junts pensamos que este mecanismo tiene que cancelarse en su totalidad. No solo una parte como se propone ahora, no. Se tiene que condonar toda la deuda. Obviamente, pensamos que no se puede menospreciar de nuevo a los catalanes y perjudicarles reduciendo la deuda menos de la mitad de lo que se va a reducir a Andalucía. Si eso se lleva a cabo, ustedes tendrán que explicarlo.

Muchas gracias.

Molt bona tarda. Gràcies, president. Ministres, deixi’m que comenci, d’una manera molt clara, avui no discutim, no som aquí per discutir només de deute. De fet, avui discutim quin model de país, en realitat defensem. Perquè, atenció, darrere de cada milió d’euros destinat a pagar interessos del FLA —‌no ens equivoquem—, hi ha un milió d’euros que no arriba a la sanitat, hi ha un milió d’euros que no arriba a l’educació, que no arriba a la dependència, a l’habitatge o al transport públic. I aquesta és realment la qüestió. I avui el Partit Popular i VOX ens demanen una cosa molt senzilla «parado todo el mundo»: immobilisme. Que tot continuï igual que les comunitats autònomes, que els territoris continuïn endeutats, que continuïn pagant interessos, que continuïn sent atenció també més dependents de l’Estat. I això, senyories, té un nom, se’n diu bloqueig.

Però, de fet, encara és pitjor, perquè el Partit Popular no només defensa el bloqueig, sinó que defensa el problema que ell mateix va crear. Ja té nassos la cosa. El Fons de Liquiditat Autonòmica no va néixer perquè les comunitats autonòmiques fossin unes irresponsables. Va néixer perquè l’Estat les infrafinançava i ho feia de manera sistemàtica. Per això va nàixer el FLA. I quan el Partit Popular va arribar al Govern, en lloc d’arreglar un sistema que, sí, és injust, va decidir convertir el FLA en una eina de control polític, va fer del deute una corretja curta per estacar‑nos curt i fort. Van convertir la necessitat financera que hi era en dependència política. I ara que es planteja reparar una part d’aquell prejudici, va i fan una esmena a la totalitat. És com si els responsables d’encendre un foc, els responsables de provocar un incendi, avui votessin en contra dels bombers perquè apagar‑lo, doncs, realment els espatlla el discurs. Vaja, que és perquè et petin absolutament totes les neurones que et poden quedar en aquesta Cambra a l’hora que avui és, després de 9 hores de ple. Aquesta és la realitat.

Però, atenció, perquè després arriben els de VOX. I miri, almenys aquí no hi ha engany, perquè aquests de VOX no volen un millor finançament. De fet, no volen que els territoris estiguin musculats, no volen territoris forts. El que volen és eliminar les comunitats autonòmiques. El que volen és escanyar‑les, aniquilar‑les, fer‑les desaparèixer, desintegrar‑les. Per tant, és perfectament coherent —d‌ eixi‑m’ho dir així— que votin contra qualsevol mesura que reforci les institucions que vostès, en definitiva, volen fer desaparèixer. El que costa més d’entendre, però, és que el Partit Popular acabi votant exactament el mateix que aquells que volen liquidar l’estat autonòmic que ells diuen defensar tant. En fi, complicat tot plegat.

Però avui deixi’m que, amb el temps que em queda, també defensi una altra gran mentida, de moltes de les que he escoltat avui aquí, moltes —‌obviaré les del senyor Cruset—, la de qui diu que aquesta condonació és un privilegi per als catalans i catalanes. Això és fals, això és rotundament fals. De fet, sí, és veritat, Catalunya hi guanya, només faltaria. Nosaltres treballem per als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, perquè a Catalunya, els catalans i catalanes tinguin totes les eines. De fet, fixin‑se si treballem que el que volem és alliberar‑la. Això és el que volem. Sí, és veritat. I és normal que hi guanyi Catalunya, perquè justament Catalunya és un dels territoris més castigats per aquest infrafinançament provocat per l’Estat. Però aquesta condonació també beneficia al País Valencià, aquesta condonació beneficia Múrcia, beneficia Andalusia, Castella‑la Manxa, Extremadura... De fet, beneficia tots els territoris que s’han hagut d’endeutar per poder pagar metges per poder pagar mestres per poder pagar serveis socials o dependència. Bàsicament perquè l’Estat no les finançava com calia. I això, senyories, no és un privilegi, és una reparació d’una injustícia que afecta milions de ciutadans d’arreu de l’Estat. Per això la pregunta és molt senzilla: què coi estan votant vostès avui aquí? Perquè avui no voten contra Esquerra Republicana, eh? No s’equivoquin. Avui voten contra els interessos de milions de ciutadans d’arreu de l’Estat. Avui voten en contra que moltes comunitats, que molts territoris, alguns, la majoria de fet, governats pel Partit Popular i per VOX, disposin de menys recursos per reforçar la sanitat, per reforçar l’educació i els serveis públics. I això costa d’explicar. Bé, o potser sí que s’explica quan han de triar entre defensar els ciutadans —‌ho deia el ministre— o atacar qualsevol acord que no hagin protagonitzat. Vostès, doncs massa sovint, escullen el partit abans que el seu país. És que això és tan ridícul com aquell que compra un número de loteria... Imaginin si un de vostès compra un número de loteria, i resulta que el seu veí del balcó del costat, que és un indepe d’aquells que penja tot el dia l’estelada, que és súper del Barça, no va gaire a missa i a sobre és pro seleccions catalanes, compra el mateix número, va i toca. I vostès agafen el número i el llencen. Però que ens hem xalat? Però que ens hem xalat? Miri, no. Nosaltres no, des d’Esquerra Republicana no renunciarem a cap objectiu nacional. No ho farem. Continuarem denunciant el dèficit fiscal que pateix aquest país, el nostre. Continuarem exigint un nou sistema de finançament. De fet, continuarem defensant que l’única garantia plena dels recursos dels catalans és disposar, com deia abans, de totes, absolutament de totes, les eines d’un estat independent. Però també tenim molt clara una cosa. Ser independentista, senyories, no és esperar assegut que arribi el dia perfecte, és aprofitar cada oportunitat per fer Catalunya més forta. Per això aquesta condonació és important. No és cap regal, no és cap privilegi, no és cap favor quan et retorna una part d’allò que no hauries hagut de pagar mai. Això té un altre nom, diguem‑ne reparació. Aquesta reparació no ha caigut del cel. És una conquesta política d’Esquerra Republicana de Catalunya. Més de 17 000 milions d’euros menys de deute per a Catalunya. I això vol dir menys interessos. Això vol dir més marge pressupostari, més capacitat per invertir en hospitals, escoles, habitatge, pagesia, indústria, transport públic. Això és política útil, no la política del soroll. No la política del bloqueig. No la política de com pitjor millor. És la política que millora la vida de la gent. Per això votarem en contra aquestes esmenes perquè no solucionen absolutament res. Només ofereixen senyories, confrontació, bloqueig i més dependència. Nosaltres escollim un altre camí, una Catalunya menys endeutada, una Catalunya menys dependent, una Catalunya més forta.

En definitiva, i acabo president, avui fem un pas endavant per a una Catalunya més musculada i amb més capacitat de decisió. Mentre vostès el que voldrien és avui una Catalunya més resignada, més endeutada i més dependent. Doncs, saben què?

Muy buenas tardes. Gracias, presidente. Ministros, permítanme que empiece de una manera muy clara: hoy no estamos aquí para discutir solo de deuda. De hecho, hoy estamos discutiendo qué modelo de país en realidad estamos defendiendo, porque ―atención― detrás de cada millón de euros destinados a pagar intereses del FLA ―no nos equivoquemos― hay un millón de euros que no llega a la sanidad, que no llega a la educación, que no llega a la dependencia, a la vivienda o al transporte público. Esta es realmente la cuestión. Hoy el Grupo Popular y VOX nos piden algo muy sencillo: parado todo el mundo, inmovilismo, que todo siga igual, que las comunidades autónomas y los territorios sigan endeudados, que sigan pagando intereses, que sigan siendo ―atención también― más dependientes del Estado. Señorías, esto tiene un nombre: bloqueo. De hecho, es aún peor, porque el Grupo Popular no solo defiende el bloqueo, sino que defiende el problema que él mismo creó; ¡tiene narices la cosa! El Fondo de Liquidez Autonómico no nació porque las comunidades autónomas fueran unas irresponsables. Nació porque el Estado las infrafinanciaba y lo hacía de forma sistemática. Por eso, nació el FLA. Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno, en lugar de arreglar un sistema que sí es injusto, decidió convertir el FLA en una herramienta de control político. Hizo de la deuda una correa corta para atarnos, corta y fuerte. Convirtieron la necesidad financiera que existía en una dependencia política y ahora, que se plantea reparar una parte de ese perjuicio, hacen una enmienda a la totalidad. Es como ser el responsable de encender un fuego, de provocar un incendio y hoy votar en contra de los bomberos porque apagarlo, realmente, les estropea su discurso. Vaya, es para que realmente exploten todas las neuronas que puedan quedar en esta Cámara a esta hora, después de nueve horas de Pleno. Esa es la realidad. Pero ―atención― después llegan los de VOX. Miren, al menos aquí no hay engaño, porque los de VOX no quieren una mejor financiación. De hecho, no quieren que los territorios estén musculados, no quieren territorios fuertes. Lo que quieren es eliminar las comunidades autónomas. Lo que quieren es ahogarlas, aniquilarlas, hacerlas desaparecer, desintegrarlas. Por lo tanto, es perfectamente coherente ―permítanmelo decir así― que voten en contra de cualquier medida que refuerce las instituciones que ustedes, en definitiva, quieren hacer desaparecer. Lo que más cuesta entender, sin embargo, es que el Grupo Popular acabe votando exactamente lo mismo que aquellos que quieren liquidar el Estado autonómico que ellos dicen defender tanto. En fin, es complicado todo esto.

En el tiempo que me queda, quiero desmontar una gran mentira de las muchas que he escuchado hoy aquí; obviaré las del señor Cruset. Decir que la condonación es un privilegio para los catalanes es falso. Es rotundamente falso. De hecho, sí, es verdad, Cataluña sale ganando, solo faltaría. Nosotros trabajamos para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, para Cataluña, para que tenga todas las herramientas, y fíjense si trabajamos que queremos liberarla. Eso es lo que queremos, es verdad. Es normal que salga ganando Cataluña, porque precisamente Cataluña es uno de los territorios más castigados por esa infrafinanciación provocada por el Estado. Pero esta condonación también beneficia al país valenciano, a Murcia, a Andalucía, a CastillaLa Mancha y a Extremadura. De hecho, beneficia a todos los territorios que se tuvieron que endeudar para poder pagar médicos, maestros, servicios sociales o dependencia, básicamente, porque el Estado no las financiaba. Señorías, esto no es un privilegio, es la reparación de una injusticia que afecta a millones de ciudadanos de todo el Estado. Por eso la pregunta es muy sencilla: ¿qué carajo están votando ustedes hoy aquí? Hoy no votan contra Esquerra Republicana, no se equivoquen. Hoy votan contra los intereses de millones de ciudadanos de todo el Estado. Hoy votan en contra de que muchas comunidades y muchos territorios ―de hecho, la mayoría gobernados por el Partido Popular y VOX― dispongan de más recursos para reforzar la sanidad, la educación y los servicios públicos. Eso cuesta explicarlo. Quizás sí que se explica: cuando tienen que escoger entre defender a los ciudadanos ―lo decía el ministro― o atacar cualquier acuerdo que no hayan protagonizado ustedes, demasiado a menudo escogen el partido antes que a su país. Eso es tan ridículo como el caso del que compra un número de lotería. Imagínense: se compra un número de lotería y resulta que el vecino del balcón de al lado, que es un ‘indepe’ de los que tiene todo el día la estelada afuera colgada, que es súper del Barça, que no va a misa y que es proselecciones catalanas, compra el mismo número de lotería y toca y ustedes cogen el número y lo tiran. Pero ¿están locos? Pero ¿estamos todos locos? No, nosotros no. En Esquerra Republicana no vamos a renunciar a ningún objetivo. No lo haremos. Seguiremos denunciando el déficit fiscal que padece nuestro país y exigiremos un nuevo modelo de financiación. De hecho, seguiremos defendiendo que la única garantía de recursos plena para los catalanes es, como decíamos antes, disponer de todas las herramientas de un Estado independiente. Pero también tenemos muy clara una cosa: señorías, ser independentista no es esperar sentado a que llegue el día perfecto, es aprovechar cada oportunidad para hacer Cataluña más fuerte. Por eso, esta condonación es importante. No es un regalo, no es un privilegio, no es ningún favor. Cuando te devuelven una parte de aquello que no hubieras tenido que pagar nunca, tiene otro nombre, llamémosle reparación. Esa reparación no ha caído del cielo, es una conquista política de Esquerra Republicana de Catalunya. Más de 17000 millones de euros significa menos deuda para Cataluña, significa menos intereses y significa más margen presupuestario, más capacidad para invertir en hospitales, escuelas, vivienda, industria, agricultura y transporte público. Eso es política útil y no la política de ustedes o del bloqueo, no la política de, cuanto peor, mejor. Es la política que mejora la vida de la gente. Por eso, vamos a votar en contra de estas enmiendas, porque no solucionan absolutamente nada, solo ofrecen confrontación, bloqueo y más dependencia. Nosotros escogemos otra vía: una Cataluña menos endeudada, una Cataluña menos dependiente, una Cataluña más fuerte, en definitiva. Termino, presidente. Hoy damos un paso hacia adelante para una Cataluña más musculada y con más capacidad de decisión, mientras que ustedes querrían una Cataluña más resignada, más endeudada y más dependiente. Pues ¿saben qué?

Avui, la condonació del FLA avança decididament. Res més. Gràcies.

Hoy la condonación del FLA avanza decididamente. Nada más. Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. La condonación de deuda, la absorción de deuda autonómica por el Estado es el inicio del fin de una situación de excepcionalidad que se originó con la crisis de deuda en el año 2012. Entonces el conjunto del sector público y las comunidades autónomas sufrieron una caída muy significativa de sus ingresos y a las comunidades autónomas se les cerraron los mercados de endeudamiento. El Estado intervino para evitar los grandes recortes que hubo de servicios públicos muy significativos que prestan las comunidades autónomas, como la sanidad, la educación o los servicios sociales, y creó el FLA, la facilidad financiera y los mecanismos de pagos a proveedores. Transcurridos más de diez años desde entonces, hoy empezamos a terminar con esa situación de excepcionalidad. No hay riesgo moral en esta operación, señor Bravo. No hay riesgo de que la condonación incentive a las comunidades autónomas a endeudarse más porque esperan que en el futuro el Estado les rescate. Esto es por dos motivos, señor Bravo: en primer lugar, porque fue una situación absolutamente excepcional que obligó a las comunidades autónomas y al Estado a sobreendeudarse en ese momento y, en segundo lugar, porque la crisis no la generaron las comunidades autónomas, la generó el Estado. (El señor Bravo Baena señala hacia los escaños del Grupo Parlamentario Socialista). Acuérdese, señor Bravo, el Banco de España en ese momento ―también cuando gobernaban ustedes con el señor Caruana― infló la burbuja inmobiliaria; luego, el Banco de España olvidó cómo se gestionaba una crisis de solvencia, y luego llegaron ustedes y abrazaron un eslogan contrario a los intereses de nuestro país, que era que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades, olvidándose de los bancos centroeuropeos que se forraron con nuestra burbuja y que luego no asumieron ningún crédito impagado; solo se forraron con la burbuja, pero no asumieron ninguno de los créditos impagados que luego tuvo que asumir el conjunto de los españoles. Por tanto, no son las comunidades autónomas las que han generado este sobreendeudamiento. La condonación es beneficiosa por cuatro cosas. En primer lugar, porque beneficia a todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas van a poder recortar al menos en 4 puntos de su PIB su endeudamiento. En segundo lugar, porque mejora la sostenibilidad de la deuda. Esto también lo ha dicho la AIReF, señor Bravo. Ha dicho que, gracias a la condonación de la deuda, las comunidades autónomas van a alcanzar en doce años el umbral ideal de endeudamiento según el marco europeo, que es el 13 % del PIB. En tercer lugar, las comunidades autónomas, gracias a la condonación, van a poder rebajarse la carga fiscal en 2532 millones el primer año y en 15 000 millones en el acumulado hasta el año 2030, lo que va a facilitar sus procesos de consolidación fiscal. En cuarto lugar, y más importante, esta condonación es buena ―y este es el objetivo fundamental― porque esto va a permitir la vuelta gradual de las comunidades autónomas a la disciplina de los mercados. Este es el mejor termómetro para medir la salud de las cuentas públicas de las comunidades autónomas. No hay sesgo partidista en esta condonación. Las comunidades más beneficiadas son necesariamente las más endeudadas, y estas son Andalucía, Castilla‑La Mancha, Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Como usted puede ver, señor Bravo, la mayoría son comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. No hay un sesgo partidista en la condonación. (Aplausos). Se condona el 24 % de la deuda, 83 252 millones, pero nosotros planteamos ir incluso mucho más allá en algunas comunidades autónomas, algunas gobernadas por ustedes, precisamente porque todas las comunidades autónomas van a conseguir rebajar su deuda por debajo de ese ideal, de ese 13 %, excepto cuatro comunidades autónomas: la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, Cataluña y Castilla‑La Mancha, donde la deuda va a seguir todavía por encima del 20 %. Es decir, por el momento, no vamos a conseguir acabar con esa situación de excepcionalidad. De esas cuatro comunidades autónomas, tres, la valenciana, la murciana y la de Castilla‑La Mancha, tienen un sobreendeudamiento superior no porque lo hayan hecho peor que el resto, es porque están infrafinanciadas en el sistema de régimen general, por lo tanto, es normal que acumulen más deuda. En el caso de Cataluña ―efectivamente, se suele plantear esto como un privilegio―, usted lo ha dicho, es una de las más beneficiadas, pero la deuda pasa, como ha dicho usted muy bien, de las comunidades autónomas a la Hacienda estatal, siendo los ciudadanos catalanes los que más aportan a esa Hacienda estatal. Es decir, los catalanes van a sostener gran parte de esos 83 252 millones. No solo eso, sabemos también que la comunidad autónoma catalana está claramente infrafinanciada, no en el sistema de régimen general, pero sí en la inversión pública estatal, y esto, obviamente, ha incidido en un mayor endeudamiento.

En el otro extremo, se suele situar a la Comunidad de Madrid como ejemplo de buenas prácticas y de bajo endeudamiento. Pero aquí nuevamente se hace abstracción de dos cosas. En primer lugar, de las rentas de capitalidad. La Comunidad de Madrid y la capital cuentan con prácticamente toda la Administración del Estado y las sedes de las grandes empresas y multinacionales. Obviamente, esto amplía su base fiscal por encima del resto de comunidades autónomas e impide que en situaciones de crisis tenga que acudir tanto al endeudamiento como el resto. Además, la Comunidad de Madrid practica el dumping fiscal: atrae a gente con dinero de otras comunidades autónomas, vacía el resto del país ―de hecho, las dos Castillas―. Afortunadamente, el Gobierno de coalición le ha puesto ya límite a esto en el impuesto sobre el patrimonio estableciendo un impuesto suelo a las grandes fortunas, y mi partido ha presentado una proposición de ley para hacer lo mismo con las grandes herencias y donaciones.

Termino ya. Mi grupo va a votar en contra de sus enmiendas a la totalidad, pero sí queremos mejorar el proyecto que hoy se nos presenta, entre otras cosas, introduciendo elementos de corresponsabilidad. No sería de recibo ―los ciudadanos no lo entenderían― que estemos condonando deuda a las comunidades autónomas y que esas comunidades rebajen impuestos. Queremos establecer un límite en el tiempo para que las comunidades que voluntariamente se acojan a esta bicoca que plantea el Gobierno de coalición no puedan rebajar impuestos durante un tiempo. (Aplausos).

Señor presidente, señorías, me alegra participar en este debate porque nos permite entender perfectamente cómo está la situación política en España y el papel que están jugando el PP y VOX en este país.

En un momento extraordinariamente positivo para la economía, cuando crecemos tres veces por encima de la media de la Unión, cuando estamos en cifras récord de empleo, el Gobierno plantea ayudar todavía más a las comunidades autónomas. Ya ha ayudado a las comunidades dándoles durante esta etapa de gobierno 300 000 millones de euros más que el anterior Gobierno de Rajoy. Ya ha propuesto un sistema de reforma de financiación autonómica del que ustedes, por cierto, no quieren hablar, lo piden, pero no quieren negociarlo ni tampoco plantean ninguna alternativa. Y ahora se plantea ayudar a las comunidades autónomas quitándoles parte de su deuda, haciéndoles una quita, sí, una condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas. ¿Y ustedes dicen que no? ¿En serio? ¿El Gobierno plantea quitar 83 252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas que se van a ahorrar, más los 6000 o 7000 millones en intereses que decía el ministro, y ustedes dicen que no?

Señor Bravo, esto es una quita de la deuda. Usted ha querido marear porque lo absorbe el Gobierno de España. Para las comunidades autónomas es una quita de la deuda, una condonación. Van a disponer de más recursos para invertir en aquello que les compete porque esa deuda ya no la van a tener, diga usted lo que diga. (El señor Muñoz Abrines: No, señor).

Usted le decía al ministro: usted ha sido consejero de Hacienda y yo también. Mire, los consejeros de Hacienda hacen palmas de pensar que les quiten la deuda. Hacen palmas. Por cierto, hacía usted alguna referencia personal. Gerardo Camps, ¿le suena? Senador, ex secretario de Estado de la Seguridad Social, ex consejero de Hacienda, decía siendo consejero de Hacienda y después que sería absolutamente de justicia y necesario que se le hiciera una quita de la deuda a la Comunidad Valenciana. Eso es lo que decían los suyos, eso es lo que piensan de verdad. (Aplausos.―El señor Bravo Baena: Del sistema de financiación). Nadie va a entender que ustedes digan que no y busquen excusas peregrinas a que se les quiera quitar deuda a las comunidades, a que se quiera que paguen menos. Esto, de verdad, es muy difícil de explicar. Ustedes, evidentemente, no se preocupan de nada que tenga que ver con los intereses de los ciudadanos y sí de todo aquello que tenga que ver con boicotear cualquier iniciativa del Gobierno, aunque sea a costa de los intereses de los ciudadanos. (El señor Bravo Baena: ¡Sánchez, Sánchez!).

¿Y cuáles son las excusas que buscan? Excusas peregrinas. Dicen: no, es que esto es para beneficiar a los catalanes. ¿Cuáles son las más beneficiadas? La primera, Andalucía, señor Bravo, su comunidad, 18 791 millones de euros. La más beneficiada es la suya. (Aplausos). La segunda, la Comunidad Valenciana, la mía y la del ministro también ―y se lo merece―, 2284 euros por habitante. La segunda. Y la tercera es Canarias, que reduce su deuda al 50 %. Andalucía, la Comunidad Valenciana, Canarias, ¿en cuál gobierna el PSOE? En ninguna. En las tres gobierna el Partido Popular ―en alguna con otro partido político―. Esa es la realidad. Esa es la realidad. (El señor Bravo Baena: A Sánchez).

¿Qué dicen después ustedes? No, los criterios no me gustan, es que los criterios están mal. ¿Qué criterios no les pueden gustar? ¿La población, la infrafinanciación, que ninguna comunidad quede por debajo de la media, que se haya sido corresponsable fiscalmente, que no se dediquen ―como se dedican algunas comunidades― a quitarles impuestos a los ricos para pedirle más al Gobierno de España? Pueden ser opinables, pero parecen técnicos y absolutamente justos.

También dicen ―lo ha dicho Feijóo―: esto es una trampa, hay que adherirse. O sea, respetamos la autonomía financiera, dejamos que las autonomías se acojan a la medida si lo desean, y ustedes dicen que es una trampa. ¿No será que lo que quieren es poder criticarla, decir que está muy mal, pero, por favor, que se la impongamos, que es un regalo extraordinario para las comunidades, que les llegue, por favor, que se lo impongamos para beneficiarse? (Aplausos).

Miren, ¿cómo les van a explicar ustedes a sus comunidades que no van a hacer escuelas infantiles, colegios, institutos; que no van a acometer construcciones o reformas en centros de salud, en hospitales; que no van a incrementar las partidas de servicios sociales ―que no tienen recursos― cuando ustedes han renunciado a tener más recursos? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo lo pueden explicar? Esto no tiene explicación ninguna y ustedes lo saben perfectamente. Se trata únicamente de boicotear al Gobierno de España y decir que no a Pedro Sánchez. Me recuerda un vídeo muy ilustrativo; hay un vídeo en el que hay un líder ante una asamblea y dice: ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez por ustedes? Y todos: Nada, nada. Dice uno: Bueno, empleo, ha creado tres millones. Y contesta: Sí, pero, si quitamos el empleo, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por ustedes? Nada, nada. Y dice otro: Bueno, el SMI. Y contesta: Pero si quitamos el empleo y el SMI, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por vosotros? No, no, nada, nada, dicen. Ya, pero ―dice uno― ha incrementado las pensiones en 400 euros al mes. Y contesta: Ya, pero, si quitamos el empleo, el SMI y las pensiones, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros? Y el otro dice: Bueno, nada, nada. (Rumores). Dice uno: La dependencia, 7000 millones a la dependencia. Y contesta: Pero si quitamos el empleo, el SMI, las pensiones, la dependencia, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros? Dice uno: Bueno, también las becas, 1000 millones más; FP, 1000 millones más. Y contesta: Bueno, pero si quitamos las pensiones, la dependencia, el SMI, si quitamos las becas, si quitamos el empleo, si quitamos todo eso, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros? Dice otro: Bueno, las ayudas al transporte, el permiso de paternidad. Y contesta: Ya, pero si quitamos las pensiones, el SMI, el empleo, las becas, las ayudas al transporte, ¿qué ha hecho Pedro Sánchez por nosotros? (Aplausos.―Rumores). Ese líder, como pueden imaginar, podría ser perfectamente Feijóo, que acabaría diciendo: Pedro Sánchez ya ven que no ha hecho nada por nosotros. Eso es lo que piensan ustedes. Hagamos lo que hagamos, nunca está bien; propongamos lo que propongamos, siempre van a decir que no.

Señorías, ustedes están hiperventilando, nerviosos, porque creen que está ahí el Gobierno, que ya lo están tocando, y yo les diría que se lo tomen con tranquilidad. ¡Ojo! Miren lo que pasó en 2023, que se las prometían felices y pasó lo que pasó. Y en 2027 aquí no van a votar ni los tabloides digitales ni van a votar las empresas del IBEX ni Trump ni algunos tribunales. En 2027 van a votar los ciudadanos. (Aplausos). Y los ciudadanos saben cuál es la hoja de servicios del Gobierno de España, lo saben perfectamente: prosperidad y fomento de la convivencia. Ante esas dos cosas, prosperidad y fomento de la convivencia, son ustedes un auténtico peligro, y en 2027 los ciudadanos apostarán por más derechos, por más avance y por más Gobierno de progreso.

Gracias. (Aplausos.―Varias señoras y señores diputados; ¡Muy bien!).