Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y de complemento de insularidad en Illes Balears.

Muy buenos días, señorías.

Permítanme que yo también agradezca las palabras de otros grupos y me sume al recuerdo de David Lucas. Creo que mucha gente no es consciente de la importancia que tienen para la política personas como David: personas que siempre actuaron con rigor, con conocimiento, buscando soluciones y acuerdos. Estoy convencido de que todas las personas que han tenido la oportunidad, en esta Cámara, de trabajar con David y de buscar soluciones y acuerdos saben lo necesario que es contar en la política con personas como él. Ayer vimos, en esa masiva capilla ardiente, el cariño que había sembrado durante tanto tiempo. Desde luego, quiero expresar mi agradecimiento y sumarme al recuerdo de un excelente político y de una mejor persona. Gracias a todos. (Aplausos).

Señorías, es un honor subir a esta tribuna para defender el Real Decreto Ley 19/2026. Se trata de una medida que aporta soluciones reales y concretas a miles de personas. Son soluciones que afectan a su vida cotidiana y que, créanme, representan el tipo de medidas que mejoran la vida de mucha gente y no empeoran la de nadie. Por eso voy a pedir, por encima de colores políticos, por encima de diferencias, su apoyo a esta medida, tan demandada, tan acordada, tan positiva para tanta gente.

Este real decreto persigue, básicamente, dos cosas. La primera es permitir la jubilación parcial del personal laboral de todas las Administraciones públicas. La segunda la conocen muy bien todos los diputados de Baleares presentes en esta Cámara, empezando por su presidenta. Llevan muchos años reivindicando algo que es justo, que ha costado mucho y que, por fin, podemos conseguir con este real decreto: mejorar las condiciones laborales de las y los empleados de la Administración General del Estado en Baleares, donde, señorías, tenemos un problema ―lo tenemos por las condiciones― que hoy estamos en condiciones de poder resolver.

Miles de trabajadores públicos esperan que hoy demos un balón de oxígeno a la Administración, permitiendo la jubilación parcial mediante relevistas y mejorando las condiciones laborales de las y los trabajadores, como digo, del sector público estatal en las Islas Baleares. Porque esto va, en última instancia, de garantizar servicios públicos de calidad. Va de combinar la flexibilidad que exige el contexto con el cumplimiento de los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad que rigen el acceso y la promoción en el empleo público. Si un trabajador del sector privado puede acogerse a la jubilación parcial anticipada, ¿por qué no iba a hacerlo un trabajador de la Administración pública? Si las mejores firmas buscan atraer talento a sus sedes, ¿cómo no vamos a ofrecer condiciones dignas que eviten vacantes públicas en Baleares?

Señorías, este real decreto es una medida reivindicada por los sindicatos e indispensable para la ciudadanía. Es una medida reivindicada y acordada con las principales centrales sindicales porque garantiza un proceso ordenado, gradual y flexible de contratación; porque exige que las Administraciones nos pongamos las pilas con instrumentos de planificación, como las ofertas de empleo público ―véase el caso estatal: la Administración General del Estado ha incorporado ya 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo en la oferta del año 2026―; y porque una Administración del siglo XXI debe ser sólida, ágil, flexible y útil y, por supuesto, estar centrada en las personas, tanto en quienes reciben los servicios públicos como en quienes los hacen posibles.

Debemos proponer soluciones prácticas mientras seguimos transformando la Administración pública de abajo arriba. Por eso este real decreto establece numerosos criterios legales claros, viables y ―subrayo― acordados con las principales organizaciones sindicales. Para acceder a esta modalidad de jubilación parcial se deberá concertar simultáneamente un contrato de relevo. Ese contrato deberá mantenerse vigente desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta, como máximo, los dos años posteriores a la extinción de dicha situación. Además, el trabajador que solicite la jubilación parcial anticipada deberá hacerlo tres años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, acreditar treinta y tres años de cotización y una antigüedad de seis años. La reducción de la jornada será de entre un 25 y un 75 %.

El Gobierno de España es consciente de que hace falta tiempo para adaptarse a los nuevos criterios. Por eso se establece un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027, que permitirá vincular la jubilación parcial a contratos fijos firmados a partir del 1 de abril de 2024 y derivados de las ofertas de empleo público ordinarias. El resultado será que el personal laboral podrá reducir su jornada, percibiendo un salario proporcional al tiempo de trabajo que continúe desempeñando y, por el resto de la jornada, la parte correspondiente de la pensión.

La otra gran pata de este real decreto ley es la revisión, como decía, de las indemnizaciones por residencia del personal del sector público estatal en Baleares. El Gobierno de España cumple así con otro de los objetivos recogidos en el acuerdo marco que firmamos en enero con los sindicatos: aumentar las indemnizaciones por residencia un 100 % en la isla de Mallorca y más de un 300 % en el resto de las Islas Baleares, con carácter retroactivo desde el 1 de julio. De este modo, más de 11 000 empleadas y empleados públicos residentes en Baleares verán equiparadas sus compensaciones por insularidad a las que ya perciben, por ejemplo, quienes prestan servicio en las islas Canarias. La propuesta del Gobierno de España está a la altura del desafío: retener el talento en el empleo público en las Baleares, en un territorio donde cada día resulta más difícil hacer la compra o alquilar un piso. Permítanme ilustrarlo con dos ejemplos. Una inspectora de Trabajo de rango A1 destinada en Mallorca ha pasado de percibir 115 euros de indemnización a más de 214. Del mismo modo, un administrador C1 del SEPE destinado en Menorca pasará de percibir 101 euros de indemnización a más de 405. Hoy pido a los grupos parlamentarios ―insisto, por encima de los colores políticos― que voten a favor de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de más de mil trabajadores laborales de la Administración estatal y de más de 11 000 empleados públicos residentes en Baleares.

Acabo. Señorías, España arrastraba desde el año 2012 una deuda dolorosa con los empleados públicos, una deuda que se tradujo en pérdida de poder adquisitivo y de calidad de vida laboral. Después de unos años de recortes, llevamos ocho años reparando esa deuda material. Desde el año 2018 hemos subido el sueldo a los funcionarios, a los empleados públicos, un 11,4 % entre 2025 y 2028; hemos reducido la jornada laboral a treinta y cinco horas semanales; hemos estabilizado más de 440 000 plazas en la función pública; hemos modernizando el día a día de los servicios públicos mediante tecnologías como la inteligencia artificial; hemos rediseñado los procesos de selección pública para hacerlos más eficaces e inclusivos, en términos de género, de diversidad territorial y de personas con discapacidad; y hemos rejuvenecido la plantilla con una racha histórica de ofertas de empleo. El Gobierno ha ofertado más de 297 000 plazas en estos años

―297 000― frente a las 64 000 del anterior Gobierno: casi cinco veces más. Las cifras y los hitos están ahí, pero el Gobierno está encantado de compartir logros y ampliar consensos. El Gobierno de España lo tiene claro: queremos seguir construyendo una Administración del siglo XXI que dé a la gente servicios públicos de calidad y que esté a la altura.

Señorías, con el voto de hoy todos seremos responsables de mejorar la vida, como he señalado, de 11 000 servidores públicos en Baleares y de otros miles en toda España con la prejubilación parcial. Será un mérito de todos; y, de no salir adelante, será culpa de quien lo impida.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenos días de nuevo, señorías. Señor ministro, efectivamente, nosotros también pensamos que es importante sacar adelante este decreto por dos motivos fundamentales. El primero es que esa jubilación parcial en el sector público es una necesidad y, además, es de justicia que sus trabajadores tengan las mismas condiciones que los de la empresa privada. El segundo ―también lo ha señalado usted― es que permite planificar mejor las plantillas, las salidas, las incorporaciones y el relevo intergeneracional y, además, facilita una transmisión de conocimientos que redunda directamente en la mejora de los servicios que se prestan. Quienes hemos gestionado en el sector público y en centros de trabajo sabemos que la convivencia entre el trabajador próximo a jubilarse y quien se incorpora es fundamental para profundizar en la experiencia y en las buenas prácticas que no podemos permitirnos perder. Todos hemos temblado alguna vez cuando veíamos que se nos iba lo que llamábamos un pata negra sin sustitución y nos llegaba una persona sin ninguna experiencia. No poder compatibilizar gradualmente estas dos situaciones supone un problema importante. Por tanto, en eso vamos a estar de acuerdo. También vamos a estar de acuerdo ―porque Coalición Canaria no va a bloquear nunca una decisión que nos parece justa― con la medida para mejorar el complemento de residencia en Baleares. Lo que nos preguntamos es por qué no ha aprovechado usted para revisar también el canario, porque las diferencias se basan fundamentalmente en que Canarias es ultraperiférica ―está a 2000 kilómetros― y tiene dificultades añadidas. Compartimos muchas: somos archipiélagos, somos territorios insulares y tenemos un turismo que alimenta a muchas de nuestras familias, pero que impacta en la vivienda y dificulta que cualquier persona que quiera aceptar una plaza que se le ofrece en Canarias pueda hacerlo. Insisto: desde 2007 no se revisan esos complementos. A usted le habrán llegado, como a mí, las quejas de multitud de sindicatos de funcionarios públicos canarios, poniéndole las cifras encima de la mesa. Nosotros queremos esa revisión más pronto que tarde y seremos portavoces de las reivindicaciones de todos los sindicatos de empleados públicos en Canarias, que viven con la injusticia de que ya no pueden alquilar una vivienda. Usted ha dicho, refiriéndose a Baleares, que no se pueden trasladar personas, funcionarios absolutamente necesarios, y que no se pueden cubrir las vacantes. Eso pasa en Canarias, señor ministro, y le puedo traer casos muy variados de cada isla. Nos pasa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nos pasa con las plazas de sanidad exterior y nos pasa en muchos sitios. ¡No compensa! ¡No compensa! Hay funcionarios que pierden dinero de su sueldo por ir a trabajar a Canarias. Por eso necesitamos esta revisión urgente y así se la pido, haciéndole saber que, igualmente, votaremos a favor.

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. ¿Qué tienen en común Juan Roig ―el dueño de Mercadona―, Ana Patricia Botín ―actualmente al frente del Banco Santander― y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno? (Rumores). Algunos podrían pensar que ir al Mundial a hacerse un buen lavadito de cara, pero no; lo que más tienen en común estas tres personas es que las tres son líderes en vulneración de derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras. (Aplausos). La Administración pública, la que tendría que ser la principal garante de los derechos laborales de las personas, se ha convertido en nuestro país en el peor empresario usurero. Los cálculos más conservadores hablan de ochocientas mil personas, trabajadores y trabajadoras, en abuso de temporalidad. Personas, señorías, no plazas ni cifras, muchas de las cuales llevan décadas dejándose la piel, dejándose toda su vida laboral para sostener los servicios públicos ―los servicios que nos garantizan derechos a todos y a todas― y que de un día para otro, en este momento, se están viendo en la calle sin indemnización. ¡Qué vergüenza, señorías! Y más vergüenza aún es que este Gobierno, ministro, se esté intentando quitar el muerto de encima y pasarle la pelota al siguiente, al que venga después, pidiéndole una prórroga a Europa hasta marzo de 2027. Se lo digo claro, ministro, que usted está aquí en nombre del Gobierno: cumplan con Europa. Cumplan de una vez, es muy sencillo: fijeza ya. (Aplausos). No sé si Europa les va a tener que mandar al final una paloma mensajera, porque Europa ya no sabe cómo decirles que ni las estabilizaciones ni las indemnizaciones tasadas sirven para reparar el terrible daño sufrido por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en fraude de ley. La semana pasada ustedes criticaban a la derecha porque ponía dudas y trabas a las resoluciones del TJUE. Muy bien, nosotras estamos al cien por cien de acuerdo con esa posición, ministro, pero aplíquense el cuento, porque ustedes están haciendo exactamente lo mismo, nada más y nada menos, que con una materia tan sensible como los derechos de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras públicos. Se lo dijimos hace mucho tiempo, antes de que aprobaran este real decreto ley, antes de que lo trajeran a esta Cámara sin negociar. Podemos solo va a participar en una reforma del empleo público si se resuelve el que es el principal problema del empleo público en este país en este momento: la temporalidad, que es la situación de cientos de miles de interinos e interinas. Nosotras estamos deseando votar a favor, ministro; deseando votar a favor de esa reforma de fijeza ya, deseando votar a favor de la ley de función pública y deseando votar a favor del complemento de insularidad. Pero, señorías, tienen que hacer ustedes su trabajo. Resuelvan este problema. Fijeza ya. Muchas gracias.

Eskerrik asko, presidente. Egun on, jaun‑andreok. Señorías, ministro, tomo la palabra muy brevemente para manifestar nuestro voto favorable a la convalidación del Real Decreto Ley 19/2026. En él se ofrece, ya se ha dicho, flexibilidad en la regla de simultaneidad de relaciones entre el jubilado parcial anticipado y el relevista en el ámbito de los empleados públicos en régimen laboral, dado que de los términos establecidos en el pasado Real Decreto Ley 11/2024 se derivaba la imposibilidad material de poder acudir a la figura en las Administraciones públicas por cómo se articulan sus procesos de selección de personal laboral y los principios constitucionales que han de cumplir. De hecho, desde la aplicación del Real Decreto Ley 11/2024 solo habían podido realizarse, según la memoria del real decreto ley, 1300 contrataciones de personal relevista laboral en la Administración General del Estado y tan solo 239 en el resto de las Administraciones públicas del Estado. Y ello, tengo que recordarlo, a pesar de sendas resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública y de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, que pretendían facilitar la implantación del contrato relevo para posibilitar la jubilación parcial anticipada de empleados públicos laborales cuando su convenio colectivo lo permitiera.

Por otra parte, señorías, el real decreto ley sobre el que debatimos también habilita ―ya se ha dicho― un proceso de revisión de las cuantías de la indemnización por residencia en las Illes Baleares a través de la negociación colectiva que permite hacer frente, por un lado, al coste efectivo de la residencia en las Illes Balears por parte de los empleados públicos y, asimismo, al tiempo, garantizar la prestación con calidad y continuidad de los servicios públicos, que hoy en día se encuentran con dificultades para proveerse de personal dada la carestía del coste efectivo de la residencia en esas islas, medida que también consideramos oportuna y necesaria.

En atención a lo dicho, votaremos favorablemente la convalidación del real decreto ley. Nada más y muchas gracias.

Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Voy a intentar ceñirme a los contenidos específicos del real decreto ley, aunque sin menoscabo de que pueda también lanzar alguna reflexión de corte general. En lo que tiene que ver con el real decreto, yo creo que son dos, como ya se ha señalado, los elementos a tener en cuenta. Uno es qué capacidad tienen las Administraciones públicas, en su conjunto, en su pluralidad y en el ejercicio de su propio autogobierno, para fomentar el contrato de relevo como una posibilidad certera y válida para las jubilaciones anticipadas parciales. Nos parece, realmente, que esa dimensión es interesante porque creemos que la Administración pública, o el Gobierno en tanto que empleador en la Administración pública, puede abrir una senda, puede abrir un camino, en un contexto ―por lo menos en Euskadi así está pasando― en el que los contratos de relevo cada vez se prodigan menos y en el que las dificultades para acceder a ellos son cada vez mayores. Pues bien, si, como ocurrió con las treinta y cinco horas en la Administración pública vasca, la actuación de una institución sirve para impulsar una reflexión general que permita también en otros sectores reducir la jornada laboral, creo que, en este caso, estaría justificado el apoyo a esta iniciativa por el mero hecho de lo que puede significar poner en valor o potenciar el contrato de relevo como una forma de dignificar los últimos años de vida laboral de los y las trabajadoras, pero también de facilitar la incorporación de trabajadores y trabajadoras al mercado laboral en condiciones dignas. Creo que, entre los elementos que se plantean, también es importante señalar que estamos hablando de contratos a tiempo completo y de una duración que se extiende más allá de la propia extinción de la jubilación parcial anticipada, que tienen una durabilidad mayor. Eso no obsta para que no podamos poner encima de la mesa la mala praxis que diferentes Administraciones han venido poniendo en práctica durante décadas en el Estado español, y que tiene que ver con el debate que un interviniente anterior ha puesto sobre la mesa, relativo a la fijeza, al fraude de ley y a las contrataciones de decenas, si no cientos, de miles de personas en el conjunto de las Administraciones que existen en el Estado español. Pero no creemos que penalizar a quienes puedan acogerse a la jubilación parcial anticipada ayude siquiera un poco a que esa situación que tiene que resolverse ―y nuestro grupo está claramente alineado con la fijeza ya― vaya a servir para que hoy tiremos este real decreto. No contemplo que aquellos que se puedan beneficiar de la jubilación parcial anticipada sean los causantes o el problema de aquellos que no tienen un puesto de trabajo fijo y digno como tenían que haber tenido, de la misma manera que considero que no son antagónicos unos trabajadores con otros y no creo que confrontarles sea la mejor opción. Seguramente, todos y todas tendríamos motivos más que suficientes para no apoyar determinadas iniciativas como esta en función de realidades que conocemos muy bien.

Y voy al segundo punto del real decreto. Ningún problema, para que quede claro, con el complemento de insularidad. Ningún problema. Es más, creemos que ese complemento de insularidad está mucho más justificado que otros complementos que se han venido cobrando por trabajadores públicos en diferentes momentos y que todavía se siguen cobrando por circunstancias que ya no existen. Aquí, evidentemente, atendiendo a lo que se dice, es cierto que las circunstancias concurrentes existen, que existe la carestía de la vida, que existen condiciones estructurales de dificultad en el acceso a la vivienda o a los bienes y servicios de la gente que se tiene que trasladar a Illes Baleares para desarrollar su trabajo. Por tanto, lo apoyaremos. Pero, como decía, si uno mirara este debate desde la particularidad no resuelta o no satisfecha que pueda darse, nosotros tendríamos que votar también en contra de esta iniciativa, no por nada en contra de los trabajadores y trabajadoras de Illes Balears, sino porque, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma vasca todos los sindicatos ―y digo todos los sindicatos, a excepción de uno―, nacionalistas y no nacionalistas ―para que se me entienda todavía mejor―, llevan años exigiendo que no se les limite la capacidad de incremento de sus salarios en las diferentes Administraciones públicas por el techo que se pone aquí con carácter general. Nosotros seguimos defendiendo esa causa y lo hacemos con los sindicatos; defendemos que en la Comunidad Autónoma vasca y en la Comunidad Foral de Navarra los trabajadores y trabajadoras vascas puedan tener salarios más altos que los que marca el IPC, porque la depreciación de sus condiciones de vida ha sido mucha durante muchos años. Sin embargo, no vamos a permitir que esa posición clara a favor de las demandas de los sindicatos en Euskal Herria nos mueva a impedir que este decreto salga adelante solo porque no contemple esto que estoy refiriendo. Seguiremos peleándolo y, de la misma manera que lo haremos con la fiscalidad, lo haremos con esta reivindicación, pero también poniendo en valor el carácter positivo que tienen las dos medidas fundamentales, las dos patas fundamentales que se sustancian en este real decreto: por un lado, la jubilación parcial a través del contrato relevo y, por otro lado, el complemento de insularidad para aquellas personas que tienen que desplazarse a un territorio donde vivir no es precisamente barato.

Eskerrik asko, mila esker. (Aplausos).

Senyora presidenta, senyories. En sis mesos, en els sis primers mesos d’aquest 2026, el Govern ha aprovat 19 reials decrets llei, més de tres al mes. A aquest ritme, a finals d’any, n’hauran aprovat 40. És evident que el Govern està fent un ús pervers d›aquestes normes amb rang de llei, perquè els permeten esquivar, ni que sigui momentàniament, aquest Parlament, on no tenen majoria, com poden comprovar setmana rere setmana. La Constitució permet al Govern dictar normes amb rang de llei en forma de reial decret llei en cas d’extraordinària i urgent necessitat. Doncs bé, saben el que és un cas evident d’extraordinària i urgent necessitat? L’execució pressupostària a Catalunya. La setmana passada es van publicar les dades del 2025 i el que constaten aquestes dades és un maltractament històric, sistemàtic i perfectament planificat de l’Estat a Catalunya en matèria d’inversions. Catalunya només ha rebut el 8,6 %, menys de la meitat del que li correspondria segons el seu pes econòmic i demogràfic. Unes dades que són un escàndol majúscul. Com poden explicar que s’inverteixi 162 € l’any per català i que per cada madrileny se n’inverteixin 452? Com poden explicar que els catalans rebin 162 € l’any i, en canvi, un ciutadà de Cantàbria, un ciutadà de Castella i Lleó, un ciutadà de l’Aragó, de Galícia o de Múrcia, rebi, qualsevol d’ells, més del triple del que rep un ciutadà de Catalunya? Com es pot explicar això? Sembla que el que vostès busquen és l’asfíxia de Catalunya. Sembla que busquen per la via de la desinversió sistemàtica i de l’infrafinançament, apagar la vitalitat econòmica i social de Catalunya, aplanar‑la, portar‑la a la irrellevància. I davant d’aquest panorama, què estan fent els diputats del PSC? I, també, què estan fent els diputats escollits en circumscripcions catalanes que s’han passat la legislatura jugant a intentar ser fronts d’esquerres per salvar la pàtria espanyola? Doncs fan exactament el mateix. En lloc de defensar els interessos dels catalans, en lloc d’aixecar la veu davant l’evidència que som discriminats i tractats com a pàries, callen. O encara pitjor, fan de silenciador per rebaixar el volum de l’escàndol. I, ja que m’ho pregunten, què està fent el senyor Illa, el president de la Generalitat? Doncs mirin, he de reconèixer que, almenys, està fent alguna cosa. En primer lloc, ha reconegut que hi ha un problema amb les inversions de l’Estat a Catalunya i també ha reconegut la seva impotència per resoldre aquest problema. Ho ha reconegut demanant‑nos a nosaltres, demanant a Junts per Catalunya, que li fem la feina, la feina que no fa ell, i que utilitzem la nostra influència per revertir la desinversió al nostre país. Jo ho veig com un desistiment de funcions en tota regla. Catalunya no es mereix un president de la Generalitat que no assumeix les funcions que corresponen al seu càrrec.

Les dades de l’execució pressupostària les rebem un cop l’any, però el que és un escàndol diari, un cas evident d’extraordinària i urgent necessitat que pateixen cada dia centenars de milers de ciutadans de Catalunya, d’usuaris del transport públic a Catalunya, és el desastre de Rodalies. En el que portem d’any, les incidències en el servei ferroviari de Renfe han estat diàries. Gelida, robatoris de coure, fallida dels sistemes informàtics, serveis alternatius per carretera que s’eternitzen, cancel·lacions de milers de trens, afectació de milions d’usuaris, etcètera, etcètera, etcètera. Ahir mateix hi va haver un esfondrament a Montcada i Reixac que ha deixat tallades les línies R2 i R11, les que connecten Barcelona amb Mollet, amb Granollers, amb Sant Celoni, amb Girona, amb Figueres. Per cert, els trens que he agafat cada dia de la meva vida, encara que alguns tinguin el fetge de dir, des d’aquesta mateixa tribuna, que per als diputats de Junts, el transport públic és un animal mitològic. Serà mitològic, potser sí, però a mi em toca patir cada dia perquè visc a Catalunya, no com altres.

Un altre tema d’urgent i extraordinària necessitat: que els tribunals espanyols abaixin les armes i compleixin amb la seva obligació d’aplicar la llei d’amnistia. La setmana passada el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va ser contundent. En primer lloc, va dir que el que hi va haver l’octubre del 2017 va ser un referèndum d’independència. En segon lloc, aquest referèndum no va ser delicte. En tercer lloc, esborrar la repressió judicial desbocada que va seguir al referèndum és perfectament legal per Europa. El Tribunal de Justícia ha deixat perfectament clar que la llei d’amnistia, la llei que Junts va fer aprovar el juny del 2024, la llei que es fonamenta no en el relat inventat del reencuentro i la convivencia, sinó el reconeixement explícit d’un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Aquesta llei d’amnistia és, a més a més, de constitucional, plenament europea. I encara més, l’obligació dels tribunals espanyols és d’aplicar‑la immediatament. Per cert, davant els primers intents d’incompliment del Tribunal de Comptes, ahir, la Comissió Europea, a instàncies de la defensa del president Puigdemont, ja ho va deixar clar que els tribunals espanyols han d’aplicar l’amnistia i, en cas que no ho facin, el que tocarà és aplicar a Espanya un procediment d’infracció com els que s’han aplicat a altres països renuents amb l’aplicació del dret europeu, com Hongria i Polònia.

Acabo. Estem d’acord que cal resoldre la manca de previsió legal en les jubilacions parcials anticipades al personal laboral del sector públic. El que qüestionem és l’abús del reial decret llei i la instrumentalització vergonyosa d’aquesta Cambra que fa el Govern. Per què hi ha urgència i necessitat per flexibilitzar els treballadors rellevistes en el sector públic, però no n’hi ha per resoldre l’error garrafal del Govern quan va deixar els jutges de pau sense poder fer casaments? On hi ha la urgència d’un cas i no hi ha la urgència de l’altre? Saben el problema que això ha generat a centenars de municipis? Saben el problema que ha generat que centenars de municipis, milers de municipis, no puguin delegar els casaments als seus jutges de pau? O el tema dels interins, del que també se n’ha parlat, desenes de milers de treballadors públics, després d’haver estat abusats durant anys, han perdut o perdran el seu lloc de treball en els propers mesos per culpa d’uns processos d’estabilització que han facilitat moltes vegades l’entrada de persones de fora de l’administració en lloc d’estabilitzar els que ja eren a dins. Per aquests interins, no hi ha una extraordinària i urgent necessitat d’aprovar un reial decret llei? Perquè, de moment, no hem vist enlloc la voluntat política del Govern per complir amb les sentències europees i acabar amb un abús de la temporalitat estructural en el sector públic que, per cert, ja que estem parlant de sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, també a Europa, reclama tant la Comissió Europea com als tribunals europeus.

Moltes gràcies.

Señora presidenta, señorías, en los seis primeros meses de este 2026, en seis meses, el Gobierno ha aprobado diecinueve reales decretos leyes, más de tres al mes. A este ritmo, a final de año, habrá aprobado cuarenta. Es evidente que el Gobierno está haciendo un uso perverso de estas normas porque le permiten esquivar, aunque sea momentáneamente, este Parlamento en el que no tienen mayoría, como pueden comprobar semana tras semana.

La Constitución permite al Gobierno dictar normas con rango de ley en forma de real decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Pues bien, ¿saben lo que es un caso evidente de extraordinaria y urgente necesidad? La ejecución presupuestaria en Cataluña. La semana pasada se publicaron los datos de 2025, y lo que constatan estos datos es un sistemático y planificado expolio de Cataluña de dimensiones enormes: Cataluña ha recibido solo el 8,6 %, menos de lo que le correspondería según su peso económico y demográfico. Unos datos que son un escándalo mayúsculo. ¿Cómo pueden explicar que se inviertan 162 euros al año por catalán y que por cada madrileño se inviertan 452? ¿Cómo pueden explicar que los catalanes reciban equis euros al año y que un ciudadano de Cantabria, de Aragón, de Galicia o de Murcia reciba ―cualquiera de ellos― más del triple de lo que recibe uno en Cataluña? ¿Cómo puede explicarse eso? Parece que lo que ustedes buscan es la asfixia de Cataluña; parece que buscan por la vía de la desinversión sistemática y de la infrafinanciación apagar la viabilidad económica y social de Cataluña, aplanarla, llevarla a la irrelevancia.

Ante este panorama, ¿qué están haciendo los diputados del PSC? ¿Qué están haciendo los diputados electos en circunscripciones catalanas, que se han pasado la legislatura jugando a inventarse frentes de izquierdas para salvar a la patria española? Pues hacen lo mismo: en lugar de defender los intereses catalanes, en lugar de alzar la voz ante la evidencia de que somos discriminados y tratados como parias, callan, lo que es peor; hacen de silenciador para rebajar el volumen del escándalo. Y, ya que me lo preguntan, ¿qué está haciendo el señor Illa, el presidente de la Generalitat? Debo reconocer que, al menos, está haciendo algo. En primer lugar, ha reconocido que hay un problema con las inversiones del Estado en Cataluña, y también ha reconocido su impotencia para resolver dicho problema. Lo ha reconocido ante muchos de nosotros pidiéndonos a Junts per Catalunya que le hagamos el trabajo ―el que él no hace― y que utilicemos nuestra influencia para revertir la desinversión en nuestro país. Yo lo veo como un desistimiento de funciones en toda regla. Cataluña no se merece un presidente de la Generalitat que no asume las funciones que corresponden a su cargo.

Los datos de la ejecución presupuestaria los recibimos una vez al año, pero lo que es un escándalo diario, un caso evidente de extraordinaria y urgente necesidad que sufren cada día centenares y miles de ciudadanos de Cataluña, de usuarios del transporte público en Cataluña, es el desastre de cercanías, de rodalies. Llevamos años con incidencias que han sido diarias en el servicio de Renfe: robos de cobre en Gelida, fallo de los sistemas informáticos, servicios alternativos por carretera que se eternizan, cancelaciones de miles de trenes, afectación de millones de usuarios, etcétera. Ayer mismo hubo un hundimiento en Montcada i Reixac, cerrando las líneas de R2 y R11, las que conectan Barcelona con Mollet, con Granollers, con Sant Celoni, con Girona, con Figueres. Por cierto, los trenes que he cogido cada día de mi vida, aunque algunos tengan el estómago de decir desde esta tribuna que para nosotros, los diputados de Junts, el transporte público es un animal mitológico. Quizás sea un animal mitológico, a lo mejor sí, pero a mí me toca sufrirlo cada día, porque vivo en Cataluña, no como otros.

Otra cuestión de necesidad urgente, extrema, es que bajen las armas y que cumplan con la obligación de aplicar la amnistía. La semana pasada el Tribunal de Justicia de la

Unión Europea fue contundente. En primer lugar, dijo que lo que pasó en octubre de 2017 fue un referéndum de independencia. En segundo lugar, que ese referéndum no fue delito. En tercer lugar, borrar la represión judicial desbocada es perfectamente legal para Europa. El Tribunal de Justicia ha dejado perfectamente claro que la ley de amnistía que hizo aprobar Junts en 2024, la ley que se fundamenta no en el relato inventado del reencuentro y la convivencia, sino en el reconocimiento explícito de un conflicto político entre Cataluña y España, además de constitucional es plenamente europea, y la obligación de los tribunales españoles es la de aplicarla inmediatamente. Por cierto, ante los primeros intentos de incumplimiento del Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea ayer, a instancias de la defensa del presidente Puigdemont, ha dicho que tenemos que aplicar la amnistía en el Estado español y que, si no, habrá que aplicar a España un procedimiento de infracción como el que se ha aplicado a otros países reticentes con la aplicación del derecho europeo, como Hungría y Polonia.

Y acabo. Estamos de acuerdo en que tenemos una falta de previsión legal en las jubilaciones anticipadas del personal laboral del sector público y hay que preverlo y hay que arreglarlo, pero en lo que no estamos de acuerdo es con la instrumentalización vergonzosa que hace de esta Cámara el Gobierno, porque, ¿hay urgencia y necesidad para flexibilizar a los trabajadores relevistas en el sector público, pero no la hay para resolver el error garrafal del Gobierno cuando dejó a los jueces de paz sin poder casar? ¿Dónde está la urgencia de un caso y no la del otro? ¿Saben el problema que ha generado eso en centenares de municipios? Pues que centenares de municipios, miles de municipios, no pueden delegar los matrimonios a sus jueces de paz. O el tema de los interinos, del que también se ha hablado. Decenas de miles de trabajadores públicos, después de haberse visto abusados durante años, perderán su puesto de trabajo en los próximos meses por los problemas de estabilización, que ha facilitado muchas veces la entrada a personas de fuera de la Administración en lugar de estabilizar a los que ya estaban dentro. ¿Para estos interinos no hay una extraordinaria y urgente necesidad de aprobar un real decreto ley? De momento no han visto ninguna voluntad por parte del Gobierno en cumplir con las sentencias europeas y acabar con el abuso de la temporalidad estructural en el sector público, que, por cierto ―ya que estamos hablando de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea―, también nos reclama Europa, tanto la Comisión Europea como los tribunales europeos.

Muchas gracias.

Muchas gracias, presidenta. Buenos días, diputados, diputadas. Es doloroso para mí también empezar recordando a David Lucas. Quiero hacerlo no solo en nombre de mi grupo, sino personalmente porque, durante la negociación de la ley de vivienda que todos ustedes saben que hicimos la pasada legislatura, lo conocí y era una fuerza de la naturaleza, era durísimo. Fue una negociación más que tensa ―hasta, en algunos puntos, desagradable―, pero conseguimos pactar, algo que parecía imposible al inicio, y conseguimos los objetivos de que hubiera zonas tensionadas y de que hubiera un índice de precios al alquiler, no suficientes, pero sí necesarios y previos a lo que podría ser suficiente. Por tanto, quiero enviar mi tristeza personal y mi profundo pesar al Grupo Socialista, a su familia y a todos los que lo conocieron, que espero que lo apreciaran. Aprendí de él, pero sobre todo porque me ha hecho reflexionar en lo corta que es la vida, y si las elecciones que hacemos cada día son para el colectivo o son solo personales. Creo que él era un gran ejemplo de trabajo para el colectivo y de trabajo honesto. La verdad es que quedé muy triste. Quiero que lo sepan, diputados, y que los acompañamos completamente en el sentimiento. (Aplausos). Després d’això intentaré apujar una mica el to i vaig al tema. I encara que sembli mentida, parlaré del tema. I el tema és bàsicament que es recupera un dret que jo voldria recordar a la cambra que ja existia. És a dir, els laborals ja tenien una jubilació parcial anticipada i amb una modificació legislativa, a vegades aquest congrés fa les coses que fa, i amb la mà dreta arregla una cosa i amb l’esquerra en desfà 18. I en aquest cas vam deixar tot aquest personal sense un dret laboral que ja tenia. Per tant, el que avui fem és la correcció d’un error. I, per tant, que en aquesta tessitura tinguem una mirada que enfronta treballadors amb treballadors i que votem que no al retorn d’un dret que ja existia, que era la jubilació parcial anticipada del personal laboral, que s’ha quedat sense poder‑la fer durant dos anys, perquè hi ha una gent que tenen tots els drets, que tenen tota la raó i que estan en una situació complicadíssima. És absurd. Des de l’esquerra mai enfrontarem treballadors amb treballadors. Des de l’esquerra mai enfrontarem drets amb drets perquè és exactament el que vol la dreta. I estem parlant de treballadors de l’administració pública.

Amb la qual cosa, d’aquí a un moment parlaré d’interins, però deixi’m abans dir‑li al ministre que, corria l’any al mes de desembre de l’any 2025, i des d’aquesta tribuna li vaig demanar un reial decret que tornés a incorporar entre els drets dels treballadors laborals la jubilació parcial. I em va dir que sí, que així que sabés que hi havia la majoria suficient ho faria, i —¡oh, milagro!— ha complert. Ho ha fet. Ha portat un reial decret i un reial decret que només parla de funció pública. No és un òmnibus, no és res estrany que tingui 40 matèries. Per tant, mirin per una vegada a la vida i, sin que sirva de precedente, felicitats. Gracias, han cumplido. Está bien. Llavors és obvi que el nostre posicionament serà positiu. És obvi que ho hem discutit també amb la directora general, amb la secretària d’Estat i amb els diputats que pertoquen. I és obvi que calia fer aquesta rectificació, i per tant això ho deixo aquí, votarem a favor i endavant.

Respecte als complements d’insularitat o de les Illes Balears, ja fa molt de temps que nosaltres partim de tres criteris bàsics. U, que l’article 149.1.18 els doni la gestió de les bases de l’administració pública... No vol dir que les administracions de, en aquest cas comunitats autònomes, per mi països, no hagin de tenir l’absoluta capacitat de regular les seves administracions públiques, perquè això és consubstancial als governs, no el principi d’autodeterminació, però sí d’autogestió de l’administració pública. Per tant, nosaltres, de fet, el voldríem desfer. I voldríem que cadascuna de les administracions tinguessin el seu propi marc normatiu aprovat pel seu Parlament. De la mateixa manera que fa anys que estem dient que les adequacions de l’IPC han de ser territorialitzades per a tots els treballadors, però també per als de la funció pública, perquè aquí hi ha un petit element, aquest complement serà per a la gent del sector públic estatal. Què passa? Que els d’allà no tenen les mateixes despeses? Que és que els fan un altre preu en els habitatges? Que és que els fan un altre preu en el menjar?

Per tant, la retribució dels de la funció pública ha de ser decidida pel Parlament de cadascun dels països que tenen administració pròpia. Des d’aquesta perspectiva, no ens oposarem a una millora de condicions dels treballadors del sector públic estatal a les Illes Balears. És clar que no ho farem. D’entrada, no ho fem amb cap dels grups de treballadors que podem afavorir, però sí que crec que l’Estat ha de plantejar‑se la seva manera de relacionar‑se amb la resta d’administracions d’una manera diferent. No és el mateix Catalunya que el País Basc que Galícia que la resta de l’Estat que Canàries i Andalusia. I com que no és el mateix, és qui mana en aquests territoris qui ha de decidir i legislar sobre retribucions, carreres professionals, requisits d’accés i com s’organitza la seva pròpia funció pública.

Dit això, i per entrar al fons del que alguna plataforma m’ha demanat que votéssim en contra perquè no resolia el tema dels interins. El tema dels interins és un tema més que complex. La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea no ens ha col·locat on volíem. Ens ha col·locat en un lloc una mica pitjor. Cal dir que els processos d’estabilització als diferents territoris van funcionar com van funcionar i a les administracions locals també. Però els dos pitjors llocs han estat ministeris, el Ministeri d’Educació i, sobretot, el Ministeri de Justícia, que té traspassades en determinats territoris les competències de pagament de personal i de material, però, en canvi, no pot decidir sobre les ofertes, cosa que ja els dic ara, no té cap sentit. I a més, el personal del Ministeri de Justícia dels tribunals estan sota la Llei Orgànica del Poder Judicial.

Per tant, Ministeri de Funció Pública i Ministeri de Justícia parlin entre vostès perquè això és un desastre. Parles amb els de justícia, et diuen «Ui, función pública», parles amb els de funció pública, et diuen «ui, justicia». I porto tres anys intentant resoldre o posar pistes a damunt de la taula de com podem resoldre aquest desastre. I no ens en sortim. I els processos d’estabilització s’han utilitzat com a concursos de trasllat o com a concursos de promoció interna, perquè no hi va haver manera que fossin restringits.

Acabo ja, presidenta. Si ho haguessin estat, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hauria resolt diferent. Perquè ha resolt el que ha resolt perquè no eren restringits. Per tant, tenim molta gent pendent del que fem. Jo sí que aposto per un reial decret que resolgui el tema d’interins i que el puguem portar aquí juntament amb la Llei de Funció Pública. Posem‑nos les piles i, abans de desembre, això ha d’estar resolt.

Moltes gràcies.

Después de esto, voy a intentar cambiar el tono un poco y voy al tema. Aunque parezca mentira voy a hablar del tema. El tema es básicamente que se recupera un derecho que querría recordar a la Cámara que ya existía. Es decir, el personal laboral ya tenía una jubilación parcial anticipada hasta que una modificación legislativa se la quitó. A veces este Congreso hace las cosas que hace: con la mano derecha arregla una cosa y con la izquierda deshace dieciocho. En este caso, dejamos a todo este personal sin un derecho laboral que ya tenían, y lo que hacemos hoy, por lo tanto, es corregir un error. Por ello, que en esta tesitura tengamos una mirada que enfrenta a trabajadores con trabajadores, y que votemos «no» al reconocimiento de un derecho que ya existía para el personal laboral ―un personal que se ha quedado sin poder disfrutarlo, que tiene todos los derechos, toda la razón y que están en una situación complicadísima― es absurdo. En Esquerra nunca enfrentaremos a trabajadores contra trabajadores; en la izquierda nunca enfrentaremos derechos contra derechos, porque eso es exactamente lo que quiere la derecha, y estamos hablando de trabajadores de la Administración pública.

Dentro de un momento voy a hablar de interinos, pero permítanme antes decirle al ministro que corría el mes de diciembre del año 2025 y desde esta misma tribuna le pedí un real decreto que volviera a incorporar, entre los derechos a los trabajadores laborales, la jubilación parcial. Me dijo que sí, que cuando hubiera una mayoría suficiente, lo haría. Y, ¡oh, milagro!, lo ha cumplido, lo ha hecho: ha traído un real decreto que solo habla de la función pública! No es un ómnibus, no es nada extraño que tenga cuarenta materias. Así que, por una vez en la vida y sin que sirva de precedente, felicidades, gracias, han cumplido, está bien. Es obvio que nuestro posicionamiento va a ser positivo, lo hemos hablado también con la directora general, con la secretaria de Estado y los diputados que corresponden. Es obvio que teníamos que hacer esta rectificación. Por lo tanto, aquí lo dejo: votaremos a favor, ya está.

Con respecto a los complementos de insularidad o de las Islas Baleares, ya hace mucho tiempo que nosotros partimos de tres criterios básicos. En primer lugar, entendemos que el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, relativo a las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, no puede impedir que las comunidades autónomas ―en este caso para mi país― tengan la plena capacidad de regular sus propias Administraciones públicas. Esto es consustancial no ya al principio de autodeterminación, sino a la propia autonomía. Por lo tanto, querríamos superar este marco y que cada Administración tenga su propio marco normativo aprobado por su Parlamento. De la misma manera, llevamos años pidiendo que las actualizaciones del IPC se territorialicen para todos los trabajadores, incluidos los de la función pública. Y aquí hay un detalle clave: este complemento se plantea solo para el sector público estatal. ¿Qué pasa, que los de las Administraciones autonómicas o locales no tienen los mismos gastos? ¿Es que les hacen precio distinto en la vivienda o en la comida?

La retribución de la función pública tiene que ser decidida por el Parlamento de cada uno de los países que tienen Administración propia. En esta perspectiva no nos vamos a oponer a una mejora de las condiciones de los trabajadores del sector público estatal en las Islas Baleares, claro que no lo vamos a hacer. De hecho, no lo hacemos con ninguno de los grupos de trabajadores a los que podemos favorecer, pero es cierto que el Estado tiene que buscar la manera de relacionarse con las demás Administraciones de una forma distinta, porque no es lo mismo Cataluña que el País Vasco, que Galicia, que Canarias, que Andalucía o que el resto del Estado. Como no es lo mismo, quienes mandan en esos territorios son quienes deben decidir y legislar sobre retribuciones, carreras profesionales, requisitos de acceso y cómo se organiza su propia función pública.

Dicho esto, voy a entrar en el fondo de lo que me ha pedido alguna plataforma que nos pedía que votáramos en contra porque no se tenía en cuenta el tema de los interinos. El tema de los interinos es un asunto más que complejo. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no nos coloca donde queríamos, nos ha colocado en un lugar un poco peor. Hay que decir que los procesos de estabilización en los diferentes territorios funcionaron como funcionaron y las Administraciones locales también, pero los dos peores lugares han sido los ministerios: el de Educación y, sobre todo, el Ministerio de Justicia que tiene traspasadas en determinados territorios las competencias de pago de personal y de material, pero en cambio no puede decidir sobre las ofertas, cosa que le digo ahora que no tiene ningún sentido. Además, el personal del ministerio de Justicia que está en los tribunales está regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por lo tanto, Ministerio de Función Pública y Ministerio de Justicia, hablen entre ustedes, porque esto es un desastre. Unos te dicen: Función Pública. Hablas con los de Función Pública y te dicen: No, Justicia. Llevo tres años para poner pistas sobre la mesa para ver cómo podemos resolver este desastre. No hay manera de resolverlo, y los procesos de estabilización se tienen que utilizar como concursos de traslado o de promoción interna, porque no hubo manera de que fueran restringidos.

Ya acabo, presidenta. Si hubiera sido así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea habría resuelto de otra manera. ¿Por qué ha resuelto lo que ha resuelto? Porque no estaban restringidos. Por lo tanto, tenemos a mucha gente pendiente de lo que hacemos. Apuesto por un real decreto ley que resuelva el problema de los interinos y que podamos traerlo aquí junto a la ley de función pública. Pongámonos las pilas. Esto antes de diciembre tiene que estar resuelto. (Aplausos).

Buenas tardes, presidenta, diputados. Hoy, este real decreto ley que venimos a convalidar supone la recuperación práctica y real de un derecho para miles y miles de empleadas y empleados públicos de este país. El Real Decreto Ley 11/2024 es cierto que mejoró aspectos de la jubilación parcial en el ámbito privado, pero generó un bloqueo para las empleadas laborales de las Administraciones públicas al exigir unos requisitos incompatibles con los establecidos para el acceso a la función pública. Esta reforma es fruto del acuerdo del Ministerio de Función Pública y Transformación Digital con las organizaciones sindicales, que llevan desde 2024 reivindicando una solución adaptada a la función pública; pero también responde a una demanda de las propias comunidades autónomas y de las entidades locales que necesitan herramientas adecuadas para gestionar sus plantillas y planificar las necesidades de los servicios públicos. Este decreto ley no configura una modalidad específica de jubilación parcial para el personal laboral de las Administraciones públicas, ni altera los elementos esenciales de esa institución, que es el contrato de relevo. Su aportación consiste en adaptar el cumplimiento de los requisitos del contrato de relevo a las singularidades que presenta el empleo público. La reforma parece alcanzar ese objetivo: sin desnaturalizar la jubilación parcial ni el contrato de relevo, introduce las adaptaciones imprescindibles para evitar que el contrato de relevo y la jubilación parcial queden privados de eficacia práctica en nuestras Administraciones públicas. Sin embargo, permanece abierta la cuestión de la jubilación parcial del personal funcionario. Conviene recordar que la jubilación parcial no es únicamente un derecho laboral ―que también―, es, por supuesto, una herramienta útil y necesaria para nuestras Administraciones públicas: permite planificar el relevo generacional, facilitar la transmisión del conocimiento acumulado durante décadas de servicio público y mejorar la organización de las plantillas. Apostar por ella es apostar por unos servicios públicos más fuertes, más eficientes y mejor preparados para afrontar los retos que vienen en las próximas décadas teniendo en cuenta el envejecimiento de las plantillas públicas en nuestro país.

El nefasto Gobierno del señor Rajoy derogó el artículo 67.1.d) del Estatuto Básico del Empleado Público, mediante un Real Decreto Ley, el 20/2012, y con ello le cerró el acceso a la jubilación parcial al personal funcionario. Aquella decisión supuso un retroceso incomprensible e inaceptable, solo entendible desde la óptica neoliberal que ha considerado siempre el empleo público como un gasto y no como una inversión imprescindible para garantizar derechos y servicios públicos de calidad. (Aplausos).

Hoy vamos a poner solución a dos deudas pendientes con las empleadas y empleados públicos: por un lado, la recuperación efectiva de la jubilación parcial para el personal laboral, y, por otro, la revisión de los complementos de insularidad de las Illes Balears. Pero todavía tenemos importantes desafíos por delante. Regular y atajar el abuso en la temporalidad en el conjunto de las Administraciones públicas sigue siendo una tarea ineludible para esta Cámara; que exista una búsqueda real de consenso entre el ministerio y las comunidades autónomas para nosotras es un paso en el camino correcto para reparar la situación en la que se encuentran tantos y tantas empleadas públicas que continúan, hoy en día, padeciendo ese abuso, pero también configurar unas Administraciones públicas con unas tasas de temporalidad situadas en mínimos es imprescindible para el correcto funcionamiento de los servicios públicos.

La ley de función pública, actualmente en tramitación, tiene que incluir una solución al abuso de temporalidad, pero también debe abordar la recuperación del derecho a la jubilación parcial del personal funcionario, eliminado en el año 2012. No podemos ignorar que su efectiva implantación exigirá resolver cuestiones de mucha complejidad, como la articulación del régimen adecuado para el personal que está en clases pasivas. Cuando estos desafíos encuentren esa respuesta normativa necesaria, podremos afirmar que la jubilación parcial dispone de un régimen plenamente coherente para el conjunto del empleo público sin discriminaciones. Dignificar el empleo público es también dignificar los servicios públicos. Recuperar derechos para quienes los sostienen cada día es la mejor manera de fortalecer el estado social y democrático que nuestra ciudadanía merece.

Hoy damos un paso importante, pero no debe ser el último. Seguiremos trabajando para acabar con el abuso de la temporalidad, para recuperar plenamente los derechos de jubilación de todos los empleados públicos, y para garantizar que ningún empleado o empleada pública vea limitados sus derechos por el mero hecho de prestar servicios a la ciudadanía.

Por todo ello, nuestro voto hoy será favorable a la convalidación de este real decreto ley. (Aplausos).

Gràcies, presidenta. Enhorabona, senyor ministre. Avui ha parlat d’una realitat que patim els ciutadans de les Illes Balears cada dia. L’elevat cost de vida, el principal problema que hem d’afrontar el cost d’accés a l’habitatge, el cost de la compra per omplir la gelera cada dia, del cost dels serveis públics. I avui fem una passa positiva, 11 000 persones veuran com el complement d’insularitat puja, veuran com els serveis públics podran millorar perquè tindran més funcionaris. Això és positiu. I ho fem de forma immediata i amb consens i negociació sindical. Perfecte, beníssim. I ara volem més. Perquè la insularitat no és sols un principi de la Constitució. El reconeixement de la insularitat es tradueix en mesures com aquestes. I volem que mesures com aquestes beneficiïn a l’ample de tota la societat de les Illes Balears, a tots els residents que estan dient SOS Residents de les Illes Balears. Perquè tenim un model econòmic depredador. Un model econòmic depredador, social i ambientalment. Un model econòmic basat en la saturació turística que ha fet que la nostra ciutadania digui prou.

I davant d’aquests fets i la criminalització dels moviments socials que els han denunciat, totes les autoritats, els activistes que varen ser detingudes a Santa Maria, ens manifestarem aquest proper diumenge a les 19 hores, a la plaça d›Espanya, dient que Mallorca està al límit, que sense límits no hi ha futur i que menys turisme serà més vida.

Moltes gràcies.

Gracias, presidenta. Enhorabuena, señor ministro, hoy ha hablado de una realidad que sufrimos los ciudadanos de las Islas Baleares cada día: el elevado coste de vida. Uno de los principales problemas que tenemos que afrontar es el acceso a la vivienda, así como el coste de la compra para llenar la nevera cada día y también el coste de los servicios públicos. Hoy damos un paso positivo para muchísimas personas que verán cómo el complemento de insularidad sube, cómo los servicios públicos podrán mejorar porque tendremos más funcionarios. Eso es positivo. Lo hacemos de forma inmediata y en consenso con la organización sindical. Es perfecto, está fenomenal. Pero ahora queremos más, porque la insularidad no solo es un principio de la Constitución, sino que se traduce en medidas como estas, y queremos que medidas como estas beneficien a toda la sociedad de las Islas Baleares, a todos los residentes que están solos, residiendo en las Islas Baleares. Porque tenemos un modelo económico depredador, social y ambientalmente, un modelo económico que se basa en el turismo, que hace que nuestra ciudadanía diga: Hasta aquí; basta. Ante estos hechos, los movimientos sociales que los han denunciado y los activistas, que han sido detenidos en Santa María, nos vamos a manifestar el próximo domingo a las 7 de la tarde en la Plaza de España diciendo que Mallorca está al límite, que sin límites no hay futuro, y que menos turismo será más vida. Muchas gracias. (Aplausos).

Gracias, señora presidenta, con su venia. Señorías, señor ministro, este real decreto ley, como ya se ha dicho, recoge fundamentalmente, por no decir en exclusiva, dos medidas. (Rumores).

La primera, en su artículo único, es la relativa al régimen aplicable a los contratos de relevo en la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones públicas. Esto es consecuencia de la chapuza de la reforma laboral que hicieron hace dos años, donde suprimieron con carácter general la figura de la contratación temporal para convertirlos en fijos discontinuos y así maquillar las cifras del paro; porque en los periodos en los que los fijos discontinuos no trabajan, no figuran como parados, y así dicen que se crea empleo. (Aplausos). ¿Qué ocurre? Que en las Administraciones públicas, cuando lo han querido aplicar, se dan cuenta de que muchas Administraciones de un tamaño pequeño, regular o medio no tienen capacidad suficiente para hacer planificación a medio y largo plazo, y no tienen capacidad suficiente para aprobar y ejecutar ofertas de empleo público anuales, ni siquiera bienales. Al final, han tenido que hacer esta chapucilla para tapar la chapuza anterior, y decir: Bueno, transitoriamente se permite que los contratos de relevo ―que son, para el que no lo sepa, contratos a tiempo parcial para cubrir las horas del que se acoge a esa jubilación parcial― se puedan hacer con contratos temporales no queridos en la legislación general aprobada hace dos años. Esta es la chapuza, y esta es la realidad.

Y lo traen en un real decreto ley por razones de extraordinaria y urgente necesidad. Oiga, mire, lleva años hablándose de esto. En la legislatura pasada dejaron morir la ley de función pública; en esta la están dejando morir. Hace más de un año que no se reúne la ponencia, porque no se llega a un acuerdo entre el PSOE, Esquerra Republicana y Podemos con el tema de la consolidación del trabajo temporal; y, como no se llega a un acuerdo, está en el congelador metida. Esa es la realidad. Y para decir que el señor Óscar López hace algo, traen este real decreto, que, por cierto, insisto, es tapar una chapuza con otra chapuza.

Por otro lado, se omite regulación alguna para la jubilación parcial de personal funcionario y estatutario. Consultado el ministerio sobre este asunto, dicen que eso lo dejan para la ley de función pública. ¿Y por qué para personal laboral sí? ¿Por qué para el personal funcionario y estatutario lo dejan para la ley de función pública que tienen paralizada? ¿Qué hay detrás de esto? Ah, claro, el compromiso con UGT... Nos conocemos, señor López. (Aplausos).

Y como es sabido, y hay que repetirlo muchas veces ―yo no me canso de hacerlo―, padecemos un Gobierno presidido por un autócrata incapaz de aprobar presupuestos generales y determinadas leyes como la de la función pública; que quiere controlar todas las instituciones del Estado, que se ríe de la separación de poderes y que está terminando con la democracia y con la unidad de España. (Aplausos).

La segunda medida que recoge el real decreto ley es la actualización de las indemnizaciones por residencia del personal de la Administración General del Estado en las Islas Baleares. Mi grupo parlamentario hace dos años presentó una proposición no de ley exigiendo esto, y se aprobó en la Comisión Mixta sobre Insularidad. Han tenido dos años para haber presentado una ley, para haber negociado, para haber fijado las cuantías, para haber sacado del congelador la ley de función pública, para haber hecho unos presupuestos ―que es donde en realidad tendrían que venir estas cifras, en unos presupuestos―. En su lugar hacen un real decreto ley con intención de maquillar y de contentar. (Rumores). Pero, oiga, lo que hacen es una manifestación de voluntades de que se va a negociar. Decía usted que está negociado ya y va a ser el cien por cien ¿Sabe cuál es la media de lo que tienen negociado? 80 euros. Cogiendo a los distintos grupos, la media es de 80 euros al mes. (Aplausos). ¿Con 80 euros va a pagar el alquiler un funcionario que está destinado a Ibiza, donde el precio de alquiler medio es de más de 1500 euros al mes? Pero, hombre, esto es demagogia pura: vamos a dar 80 euritos. Entre otras cosas, para eso están los complementos específicos. La señora de Esquerra Republicana decía que no tienen competencia las autonomías para el tema retributivo de sus funcionarios. ¿Cómo que no? El complemento específico es cien por cien de la comunidad autónoma. El complemento específico en la Administración del Estado es cien por cien de la Administración del Estado. Y, dentro del desglose de los complementos o de los temas que configuran ese complemento específico, se puede poner el tema de la insularidad perfectamente. No tiene por qué ser un complemento ajeno al complemento específico. De hecho, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, a la que yo pertenezco como funcionario, en el complemento específico se valoran muchas cosas. Se valora el que está destinado en los montes en Liébana, frente al que está destinado a pie de playa en Laredo, por ejemplo. Tienen distinto complemento específico en puestos que son similares por razón de la residencia, por razón del kilometraje entre las zonas donde puedes vivir si te tienes que desplazar para ir al trabajo; eso va en el complemento específico. Es decir, que esto se podía arreglar de otra forma en lugar de trayendo un real decreto ley. (Aplausos). Bueno, todos sabemos que al Gobierno de Sánchez le da igual la función pública. Ya lo he dicho en otras ocasiones, pero es que en ocho años que lleva Sánchez de presidente de este Gobierno van seis ministros responsables del área de Función Pública. Quizá el que más está aguantando es el señor López, que lleva ya dos años.

Señorías del Partido Popular, mi grupo parlamentario se va a oponer a todo lo que traiga este Gobierno porque a este Gobierno no se le puede dar más aliento, no se le puede dar una gota más de oxígeno. Ayer su líder, el señor Feijóo, decía que comienza la cuenta atrás. Pues no se pongan de perfil, sean valientes, voten que no a todo lo que traiga este Gobierno, porque es un Gobierno salpicado por la corrupción. No es un Gobierno normal, es un Gobierno formado por mafiosos, son una mafia.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, señorías. Quiero empezar mi intervención dando las gracias, en mi nombre y el del Grupo Parlamentario Socialista, a todos los profesionales públicos que se están dejando todo por defender los intereses de los ciudadanos en los incendios forestales que hay en nuestro país. (Aplausos). Señorías, lo segundo que quería decir es que, simplemente con leer la redacción del título del Real Decreto Ley 19/2026, ya no haría falta más debate. Solo con leer el título, solo con saber que pretende asentar un derecho para la jubilación parcial del personal laboral y, al mismo tiempo, defender una indemnización en las Islas Baleares adecuada a las condiciones actuales, con eso sería suficiente para que, en condiciones normales, nadie estuviera en contra. Son objetivos muy claros, señorías, y la verdad es que al escuchar el debate me llaman poderosamente la atención muchas cuestiones. Fíjense, lo que les digo, con la explicación que ha dado el ministro ―buenas tardes también, señor ministro― creo que es suficiente para entender que no hay nadie en contra, salvo aquellos que buscan algo para estar en contra. Entre quienes lo tienen que aplicar nadie está en contra: ni la federación de municipios, ni los sindicatos que lo pactan. Solo buscamos, como ha hecho ahora su señoría de VOX… Por cierto, en una intervención nefasta, cuando la escuche después se dará cuenta de que hay que perseguir un poquito más de rigor. Pero con su última intervención sobraría…, ha dicho que van a votar todo en contra. Pues no hace falta más debate. Si sabemos que ustedes no han venido a arreglar nada de la vida de los españoles y las españolas, sino todo lo contrario. (Aplausos). Pero, además, señorías, yo les pregunto: ¿quién está en contra de dar seguridad jurídica a un derecho laboral?, ¿quién está en contra de un acuerdo del diálogo social?, ¿quién está en contra de que los empleados públicos en Baleares no vean mejorada su indemnización por residencia?, ¿quién quiere enfrentar a unos trabajadores con otros? Señorías, díganlo abiertamente, porque esto es de lo que estamos debatiendo. Les voy a dar algunas cifras que todavía no se han dado y me parecen fundamentales. En nuestro país hay aproximadamente 640 000 trabajadores contratados por las Administraciones como personal laboral, de los cuales unos 84 000 son de la Administración General del Estado, unos 250 000, de las comunidades autónomas y unos 307 000, aproximadamente, de las Administraciones locales; de los cuales 347 000 son mujeres. Y yo digo: ¿a alguien con su voto le va a salir gratis decir que está en contra de los derechos de 640 000 trabajadores en nuestro país? Esto es muy serio, señoría. Esto no es un debate cualquiera en el que uno pueda decir: Bueno…, como lo propone el Gobierno, como lo acuerda el diálogo social, como nadie está en contra, ahora voy a ver qué me invento para votarlo en contra. Esto es mucho más serio y, desde luego, los que estamos aquí sentados deberíamos tomarlo como un debate mucho más serio de lo que hasta ahora estoy comprobando. Y debatir un tema que proviene del diálogo social, un tema que proviene de un gran acuerdo, como es este caso, no es un mero eslogan, es una forma de gobernar. No olvidemos nunca que lo que hay aquí también es una diferencia, hay maneras y maneras de gobernar: escuchando para solucionar problemas o enredando para alargar el problema y no solucionarlo nunca, que es lo que hace la derecha en nuestro país siempre que se da esta situación. Yo le agradezco al señor Feijóo que haya sido tan claro en sus pretensiones de llegar a la Moncloa, hemos visto todos públicamente que sus primeras medidas se dirigirán a recortar derechos laborales con las bajas. Es muy interesante que la ciudadanía lo conozca, pero da todavía más argumentos para defender que hay dos formas diferentes de gobernar. Señorías, por cierto, basta ya de subir a esta tribuna y protestar porque un real decreto ley viene con muchos temas y no da tiempo a debatirlos todos, porque ahora viene uno con un compromiso ―tres semanas o cuatro semanas después de que fuera al Consejo de Ministros― y ningún grupo parlamentario puso nada, ni una coma en contra. Por lo tanto, hoy aquí se trae un real decreto ley que viene limpio, hablado con los grupos, y ningún grupo normal debería ponerse en contra. Nadie. Basta ya de esa utilización que se hace aquí. ¡Basta ya! (Aplausos).

No nos acompaña la señora Belarra, pero le quería decir que si alguien va a encontrar apoyo para mejorar temas en materia de función pública en este país es el Grupo Parlamentario Socialista. No somos suficientes, tenemos que buscar el acuerdo con otros grupos, pero dar lecciones aquí de enfrentar trabajadores con otros trabajadores no creo que esté, ni mucho menos, a la altura de lo que esta Cámara necesita.

Señorías, las Administraciones públicas no pueden contratar como lo hace una empresa privada, deben respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y, por eso, tenemos que refrendar con este real decreto ley la seguridad jurídica necesaria para poder realizarlo.

Señorías, seguramente podríamos decir que tendría que haber llegado antes, que tendría que haberse hecho de otra manera, pero hoy consolidamos un derecho en nuestro país para que los trabajadores en calidad de personal laboral puedan seguir utilizando la jubilación parcial. Pero también son medidas de transferencia de conocimiento, de renovación de plantillas y, por lo tanto, de empleo de calidad. Ese es el reto que toda Administración pública seria y de futuro tiene que afrontar, y eso es lo que hace el Gobierno trayendo este real decreto ley y es lo que los grupos que lo vamos a apoyar estamos poniendo encima de la mesa para que así sea posible.

Señorías del Grupo Popular, ¿con todo lo que han hablado ustedes de la indemnización por residencia en Baleares, hoy se van a poner en contra? Algunos de sus diputados no van a poder salir a la calle en Baleares, no van a poder salir porque ¡mire que han dicho cuestiones en Baleares!, y hoy, que tienen la oportunidad de refrendarlo, espero y deseo ―así se lo pido― que no tengan la más mínima tentación de pensar que no apoyar esto puede hacer daño al Gobierno. Esto hace daño a 640 000 trabajadores, personal laboral y a todos los empleados públicos del AGE en Baleares, a nadie más. Piensen en ellos más que en otras cuestiones que están pensando.

Termino, señorías. Este real decreto ley no enfrenta nada. Al contrario, hace compatible un derecho que estaba establecido en nuestro país con todo lo que significa el nuevo sistema de reforma laboral. La calidad de un país no se mide por los discursos que se pronuncian, sino por los derechos que se garantizan. Hoy tenemos la oportunidad de tener ese nuevo derecho. Todos ustedes tienen la opción de hacer esa política útil o de hacer todo lo contrario, tumbar los derechos de más de 640 000 trabajadores en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenos días, señorías. Señor ministro, este real decreto ley es su respuesta urgente a una avería normativa provocada por el propio Gobierno. Mire, es verdad que la jubilación parcial necesitaba una solución, pero la función pública española necesita mucho más ―planificación, estabilidad, seguridad jurídica y una verdadera estrategia de relevo generacional― y ustedes no están haciendo nada al respecto. Traen este real decreto para resolver su falta de previsión al reformar el contrato de relevo sin adaptar adecuadamente la regulación a las reglas de acceso al empleo público. Estamos, de nuevo, ante una forma de legislar atropellada y que se ejecuta cuando los problemas ya les han sobrepasado. Pero esto no es nuevo, la función pública española se está regulando mediante una acumulación de reales decretos leyes, disposiciones adicionales, regímenes transitorios y soluciones sectoriales. Hoy traen la jubilación parcial, mañana modifican la jornada, después improvisan una oferta de empleo público y más tarde introducen excepciones sobre temporalidad. Todo sin estrategia y sin planificación.

Señor ministro, los servidores públicos de este país merecen que esto se tome como una política de Estado. (Aplausos). Pero, claro, para Sánchez el Ministerio de la Función Pública es un destino provisional para después ir a otros lugares. Usted ya es el sexto ministro del ramo en siete u ocho años y, aunque le queda poco tiempo para ir derechito a la oposición de la Asamblea de Madrid acompañado de una de las ministras de Sanidad más indolentes que ha tenido este país, cuando se marche de aquí no podrá sentirse orgulloso del legado que ha dejado en relación con la planificación de los recursos humanos de la Administración General del Estado.

Le daré solo algunos datos del diagnóstico. Más de 3200 oficinas de atención ciudadana en la Administración General del Estado con problemas de saturación, demoras, falta de citas, déficit de personal en todos los ámbitos ―la Seguridad Social, el SEPE, la Administración penitenciaria, las oficinas de extranjería―, anuncios de oferta de empleo público que superan las 25 000 plazas para este año 2026, pero todavía hay 9000 sin cubrir de los años 2023, 2024 y 2025, según denuncian las propias organizaciones sindicales. No se lo digo yo. Hay un problema de temporalidad persistente que o no quieren o no saben resolver y que, además, tiene en vilo a miles de empleados públicos tras las sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. Un ataque permanente ―y volvemos a denunciarlo― a los habilitados nacionales de este país por su rendición permanente a nacionalistas e independentistas. Y así todo, porque son innumerables los compromisos que tienen pendientes y que no avanzan: la carrera profesional, la evaluación del desempeño, la reducción de la temporalidad, una dirección pública profesional y la modernización de los procesos selectivos.

La pregunta es: ¿por qué está la situación así? Está claro: sus hechos los delatan como socialistas a la hora de abordar los temas de la Administración. No tienen ya autoridad moral para seguir gestionando la función pública. ¿Por qué? Porque tienen socialistas condenados ya por usar la Administración creando una plaza ficticia para el hermano del presidente, porque pronto habrá un juicio en el que una persona pagada por todos los españoles ha sido empleada presuntamente por la mujer del presidente para sus negocios privados, porque se han dedicado a nombrar al guardián de los avales de las primarias de Sánchez o a un exgerente del Partido Socialista como consejeros en sociedades públicas sin tener la más remota idea de los temas que gestionaban, y porque también se juzgará en breve que hayan estado creando plazas en la Administración dirigidas a amigas íntimas de ministros las cuales ni siquiera iban a trabajar. (Una señora diputada: ¡Muy bien!―Aplausos). Lo que ya no es soportable es que hasta los propios miembros del Gobierno desprecien a la Administración. Podríamos hacer unos Óscar, el Óscar al descaro, el Óscar a la caradura... El Óscar al descaro se lo vamos a asignar a usted, al ministro de Función Pública, señor López, que ha mostrado el mayor desprecio a la Administración de Justicia en este país cuando afirmó, abro comillas: Hay jueces que prevarican y si no son ellos, son gente de su entorno. Se lo voy a decir alto y claro, los jueces de este país se pasan años y años de su vida estudiando y preparándose para administrar justicia, que es el mandato constitucional que se les otorga, y que venga alguien como usted ―con el currículum precisamente que tiene usted― a despreciarlos es una vergüenza. Así que, por muy ministro que sea, más le vale lavarse la boca antes de hablar de la Administración de Justicia. (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Bravo! ¡Bravo!). El siguiente Óscar es el Óscar a la caradura, para otro ministro, Óscar Puente, que la semana pasada criticó que la justicia se haya pronunciado sobre la plaza del hermanísimo de Sánchez. O sea, al ministro Puente debe de parecerle normal que a un tipo del Partido Socialista se le ocurra usar la Administración que gobierna para inventarse una plaza ficticia con un proceso viciado y dárselo al hermano del presidente, y cuando un tribunal considera acreditado que se ha incumplido la ley, al ministro le parece mal que la justicia entre a juzgar a quienes incumplen la ley. ¿Pero se puede tener más cara dura, señor López?, ¿se puede tener más cara dura? (Aplausos). Claro, que lo de estos Óscar no es de extrañar cuando ambos han tenido de maestro y faro moral a Zapatero que, por cierto, acaba de pasar recientemente por un masaje en ‘Telepedro’ del que parece que ha salido diciendo que no sabe nada. Pero tendrá que responder ante la justicia por organización criminal, por tráfico de influencias tras presuntamente haber cobrado una comisión usando la Administración española para autorizar un rescate millonario que hemos pagado todos los españoles. Esperemos que se le juzgue y, en caso de que sea culpable, pague por ello. (Aplausos.―Un señor diputado: ¡Muy bien!).

Mire, señor ministro, la función pública no es una moneda de cambio ni una extensión orgánica del partido que esté en el poder; es una institución del Estado, una garantía de neutralidad y sometimiento a la ley. Por ello, frente al desastre de lo que están gestionando hay esperanza porque, más pronto que tarde, un nuevo Gobierno se va a ocupar adecuadamente de los más de tres millones de empleados públicos de este país. Lo va a hacer abordando una reforma integral y negociada de la función pública; aprobando una planificación plurianual de los recursos humanos que esté vinculada a las necesidades reales; lo va a hacer ejecutando las ofertas de empleo público pendientes; lo va a hacer estableciendo una solución constitucional y eficaz frente al abuso de temporalidad; también recuperando una dirección pública profesional como pilar básico de una Administración moderna; captando y reteniendo el talento tecnológico, sanitario y científico que este país merece; modernizando los procesos selectivos y, en definitiva, recuperando el valor de los empleados públicos y los servicios que prestan los españoles.

Su tiempo se acaba. Ya queda menos para que esto ocurra y solo esperamos que den la voz a los españoles para que ellos mismos se lo digan alto y claro.

Muchas gracias. (Una señora diputada: ¡Muy bien!―Aplausos).

Muchas gracias, presidenta.

Agradezco el tono, las intervenciones y las aportaciones, incluso las reivindicaciones sobre otras materias en relación con la función pública. Es verdad que los que amamos y respetamos el Parlamento echamos en falta que se respete lo básico de un Parlamento, que es discutir la cuestión que se está debatiendo y fijar la posición ―que estamos en el turno de fijación de posición―, pero en lugar de eso muchas veces nos toca recibir mítines de partidos políticos, etcétera. Está muy bien, pero, en el caso que estamos debatiendo hoy, estamos hablando de un real decreto ley que tiene dos medidas; dos, no cincuenta y cuatro. No mezcla asuntos, hay dos asuntos: uno, la prejubilación de los contratados de la Administración pública; dos, subir el complemento a los trabajadores de la función pública en Baleares. Esto es decir sí o no, y lo demás son cuentos chinos. (Aplausos). ¡Cuentos chinos! ¡Cuentos chinos! Porque aquí, para los señores que aportan desde la bancada, cuando un decreto tiene muchas cosas, es un trágala, y cuando tiene una cosa concreta, es un trágala. No, mire usted, vamos a votar lo que vamos a votar. Oigan, yo he escuchado aquí a portavoces como por ejemplo la portavoz de Coalición Canarias decir que hay que subir el complemento a los funcionarios en Canarias. Tiene razón y lo abordaremos. El de Baleares era el más urgente, porque es verdad que tienen una situación dramática, pero hablaremos también de Canarias. Hablaremos y hemos hablado en este Parlamento de las treinta y cinco horas y de las mayores ofertas de empleo público de la historia. Que tenga que escuchar yo lecciones de quien convocó 64 000 plazas en siete años ―¡64 000 plazas en siete años!―, con tasa de reposición y recortando el empleo público, frente a un Gobierno que ha convocado casi 300 000 plazas. Hay que tener una paciencia inmensa a veces con las cosas que se escuchan. Muy grande, mucha paciencia. (Aplausos).

Hablaremos de todo eso, hablaremos de los complementos y de las treinta y cinco horas, que también la hemos aprobado; por cierto, todo en un acuerdo sindical, con todas las fuerzas sindicales, ¡con todas! Y todas son todas, incluso alguna que no estaba acostumbrada a hacer acuerdos con este Gobierno, pero también ha firmado para mejorar la condición de los funcionarios, que por cierto van a tener la mayor subida salarial a cuatro años. ¡La mayor! Son realidades, señorías.

¿Faltan cosas por hacer? Faltan cosas por hacer. ¿Hablamos de los interinos? Hablemos de los interinos; deseando estoy. Estoy deseando que este Parlamento avance de una vez ―iba a decir un adjetivo― en la ley de función pública, deseando estoy. Este Gobierno hizo una reforma de la ley la función pública, que se aprobó en este Parlamento, con un pacto de gobierno donde había otras formaciones políticas. A continuación, se comprometió con Bruselas a estabilizar 300 000 plazas y ha estabilizado 440 000. Dicen que no les hablemos de personas. Es que son personas las que ocupan esas plazas, ¡440 000! Por cierto, pido a las formaciones políticas que se llenan la boca en este Parlamento con que quieren acabar con el problema de los interinos que me ayuden luego, cuando negocie con las comunidades autónomas donde gobiernan, porque el problema está en las comunidades autónomas. (Aplausos). El problema está en las comunidades autónomas y ustedes lo saben tan bien como yo. Ustedes saben como yo que la temporalidad, en el caso de la Administración General del Estado, está por debajo de los dos dígitos, en torno al 4 %; sin embargo, en las comunidades autónomas se dispara el 40 %. Por lo tanto, si quieren que hablemos en serio, hablamos en serio y me ayudan a conseguir acuerdos con las comunidades autónomas para reducir la temporalidad y para acabar con el problema del abuso de la temporalidad, al que por cierto le pondremos cifras también. Hay quienes hacen muchas campañas con los interinos y con el número de interinos y no están dando la cifra real ―que la daremos― de cuánta gente hay en abuso de temporalidad, ¡abuso de temporalidad!, que es más de tres años encadenando contratos temporales. Hablaremos de esa cifra y, a lo mejor, alguno se lleva una sorpresa y son muchos menos de los que piensan. De verdad, créanme, estaría encantado. Este Gobierno lleva muchas reformas y muchas medidas para reducir la temporalidad en la función pública y se está consiguiendo reducir.

Queda un paso definitivo, la ley de función pública, que es un acuerdo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos. Espero que podamos avanzar con las comunidades autónomas en septiembre. Desde luego, se lo pido encarecidamente. Si de verdad los discursos se acompañan con la realidad, si de verdad nos creemos lo que decimos en este Parlamento, si no venimos sencillamente a hacer un vídeo de TikTok para moverlo, espero la colaboración de todos para alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas para reducir aún más la temporalidad. Lo espero de verdad.

En resumen, agradezco el apoyo de los grupos que van a hacer posible este decreto. No entiendo ese juego parlamentario habitual, viejo ya; no hay nada que aleje más a los ciudadanos. Yo no sé cómo les van a contar a miles de contratados y a miles de funcionarios de Baleares que no hacen posible esto porque la abuela fuma o porque mi primo no sé qué. ¿Qué me están contando? Sí o no; esto es lo que es. (Rumores). Yo agradezco el apoyo de los grupos y pido que, por favor, se atengan al asunto, que es el que es: estamos a punto de mejorar las condiciones… (Rumores.―El señor De Olano Vela y el señor Pérez López pronuncian palabras que no se perciben). No entro en las descalificaciones personales, que he escuchado varias. Decía que estamos a punto de mejorar las condiciones laborales de miles de funcionarios en Baleares y en toda España. Como he dicho antes, si lo conseguimos hoy, será mérito de todos. Si no sale adelante, yo seré el primero en encargarme de que se enteren esos miles de personas por quién y por qué no ha salido adelante.

Muchas gracias. (Aplausos.―Rumores).