Proyecto de Ley por la que se modifican el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para la extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal conforme al artículo 49 de la Constitución Española.

Gràcies, president. Son las cuatro y media de la tarde, estamos en el punto cuarto, llevamos ya más de cuatro horas de Pleno y Feijóo todavía no ha aparecido. (Aplausos.―R‌ umores). El señor Feijóo tiene la cara de cemento armado, porque ni siquiera mientras denuncia el absentismo laboral se pasa por aquí, aunque sea un ratito, por su puesto de trabajo por el que cobra todos los días. (Aplausos.―‌ Rumores). Y a mí no me sorprende que el Partido Popular esté vigilante con el absentismo laboral o con las bajas falsas, porque al Partido Popular no le preocupa que haya derechos que no se cumplen, solo le preocupa si hay alguien que tiene unos poquitos más de los que ellos creen que les corresponden. En todo caso, señorías del Grupo Popular, ¿de verdad?, ¿absentismo laboral?, ¿ustedes? Es que ustedes mantienen a Mazón de diputado con un sueldo de expresidente, con chófer, con un asesor, cobrando un complemento de una comisión que no se convoca nunca. No va nunca a trabajar, una persona que un martes por la mañana está tomando el sol en la playa de San Joan d’Alacant; ese es Mazón. Y este tío, Mazón, «su tío», que ahora está cobrando por no trabajar en horario laboral, se estaba hinchando a cubatas mientras doscientas treinta personas ―v‌ alencianos y valencianas‌― se ahogaban porque no llegaba la alerta roja. Así que no nos hablen ustedes de absentismo laboral porque bastante finas hemos sido con la que está cayendo. Porque si la persona que estuvo desaparecida hubiese sido un líder de izquierdas, no sabríamos solo la marca de ginebra que se estaba tomando en ese momento. Mazón es un sinvergüenza y, ustedes, si lo encubren, también lo son. (Protestas.―Aplausos).

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. As emendas presentadas polo BNG á lei de dependencia e discapacidade pretendían, en liñas xerais, asegurar e incrementar o financiamento e, ao tempo, a ampliación e mellora das prestacións, servizos e sistemas de atención ás persoas dependentes.

Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. Las enmiendas presentadas por el BNG a esta ley de dependencia y discapacidad pretendían, en líneas generales, asegurar e incrementar la financiación, el tiempo y la mejora de las prestaciones, servicios y sistema de atención a las personas dependientes. (Rumores).

Algunhas das emendas, precisamente na maioría procedente de colectivos e organizacións que traballan na defensa dos dereitos das persoas con dependencia, xa foron incorporadas no texto, quer directamente, quer mediante emendas transaccionais. E as que non o foron, mantémolas vivas para hoxe, para este debate e esta votación.Infelizmente as propostas relativas ao incremento de fondos destinados ao financiamento da dependencia foron vetadas e non puideron ser obxecto de votación. Porén, resultado dunha demanda case unánime de distintas forzas políticas e colectivos sociais, a lei recolle de forma expresa algo que levaba moitos anos reclamando, o financiamento de 50 % do gasto total certificado. Un compromiso que até o de agora non se fixo efectivo e que agardamos que como obriga legal sexa cumprido finalmente estritamente.

Amplíanse as prestacións e a súa compatibilidade, mellórase a asistencia persoal e céntrase a norma en garantir un proxecto de vida independente e a atención non institucionalizada. Partillamos estas medidas, aínda que no momento actual poderían ter sido máis ambiciosas. En todo caso, máis unha vez defendemos asegurar recursos suficientes para garantir prestacións dignas, atención integral e unha remuneración digna e con dereitos sociais a todas as persoas coidadoras, tanto no ámbito familiar como das persoas traballadoras, fundamentalmente que integran o Servizo de Atención no Fogar, o SAF, que, cando menos no caso de Galicia, están a desenvolver as súas funcións de forma precaria, precisamente pola falta de financiamento dos concellos, que son os que están a asumir este servizo, aínda que non debería ser así.

En definitiva, votaremos a favor, porque aínda que nalgúns aspectos nos pareza insuficiente, achamos que incorpora medidas que van na boa dirección e para nós, para o BNG, mellorar a calidade de vida e o benestar da poboación das clases populares galegas é un obxectivo fundamental.

Moito obrigado.

Algunas de las enmiendas, precisamente la mayoría procedentes de colectivos y organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas con dependencia, ya se han incorporado al texto, directamente o a través de enmiendas transaccionales, pero las que no lo han sido se mantienen vivas para este debate y para esta votación. Desafortunadamente, las propuestas relativas al incremento del fondo destinado a la financiación de la dependencia han sido vetadas y no han podido ser objeto de votación. Sin embargo, resultado de una demanda casi unánime de las distintas fuerzas políticas y colectivos sociales, la ley recoge de forma expresa algo que llevábamos mucho tiempo reclamando: la financiación del 50 % del gasto total certificado, un compromiso que hasta ahora no se ha hecho efectivo y que esperamos que se cumpla estrictamente.

Se amplían las prestaciones y la compatibilidad de las mejoras a la asistencia personal, y se centra la norma en garantizar un proyecto de vida independiente y la atención no institucionalizada. Compartimos estas medidas, aunque en el momento actual podrían haber sido más ambiciosas. En todo caso, una vez más, defendemos asegurar recursos suficientes para garantizar prestaciones dignas, atención integral y una remuneración digna y con derechos sociales para todas las personas cuidadoras, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito de las personas trabajadoras que integran el servicio de atención en el hogar, que en Galicia están desarrollando sus funciones de forma precaria precisamente por la falta de financiación de los municipios, que son los que asumen este servicio, aunque no debería ser así.

En definitiva, vamos a votar a favor de este texto porque, aunque en algunos aspectos nos parece insuficiente, creemos que incorpora medidas que van en la buena dirección, y para nosotros, para el BNG, mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población de las clases populares gallegas es un objetivo fundamental.

Muchas gracias.

Muchas gracias, señor presidente. Durante muchos años, en nuestro país se ha construido el Estado del bienestar sobre un pilar invisible: los millones de mujeres que cuidan sin descansos y sin derechos. Eso, sin lugar a dudas, había que cambiarlo y es lo que hoy vamos a debatir: el modelo de cuidados, cómo queremos cuidar en nuestro país. Por eso, esta ley supone un cambio importante, porque detrás está el paso de un modelo asistencial a la apuesta por un modelo de vida independiente, a la apuesta por que las personas puedan decidir cómo y dónde envejecer, porque la mayoría de nosotras, si nos dan a elegir, queremos envejecer en nuestro entorno, queremos ser cuidadas en nuestro entorno, en nuestra comunidad, y, eso sí, que se nos brinden los apoyos necesarios por parte de las Administraciones. Este modelo que queremos construir lo que pone en el centro es el proyecto de vida de las personas y que el sistema acompañe para ello. También, corrige situaciones que veníamos denunciando durante años; por ejemplo, elimina incompatibilidades de prestaciones para que las personas no tengan que elegir entre unas y otras; reconoce automáticamente el grado de discapacidad de aquellas personas que ya tengan reconocido el grado de dependencia y así se evita duplicar trámites y se agilizan muchísimo los procedimientos, y por primera vez se reconoce de manera expresa la figura de la cuidadora principal. Porque algo que me resultaba absolutamente paradójico en este sistema, que, como les decía, se sostenía en las espaldas de las mujeres cuidadoras, es que en la ley anterior apenas se hablaba de ellas. Hoy, por fin, pasan a ser una figura reconocida, con derecho a formación, acompañamiento, conciliación y mayor protección, y eso, sin lugar a dudas, es un avance. Pero también debemos decir la verdad, y es que la ley no ha sido todo lo ambiciosa que nos hubiera gustado, pues no se ha reconocido a las cuidadoras como una figura imprescindible. Por eso, en Podemos mantenemos nuestras enmiendas, porque entendemos que debe haber un reconocimiento económico de los cuidados para avanzar hacia una prestación de cuidados en el entorno familiar que sea digna, que no tengan que renunciar a su empleo, que no tengan que renunciar a las cotizaciones, que estas madres o estas cuidadoras principales no tengan que renunciar a la autonomía económica. Esa, señor ministro, es la principal pena que me queda con relación a esta ley ―‌como decimos en Canarias, esa es la principal magua‌―, porque ellas no buscan medallas ni premios, ni mucho menos, lo que buscan es que se les trate con dignidad, a ellas y a sus familiares.

Arratsalde on guztioi. Todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitaremos cuidar o ser cuidadas, por ello, además de reforzar los servicios públicos y la colaboración con el tercer sector y el ámbito comunitario, debemos situar los cuidados en el centro de las políticas públicas. Porque cuando una persona en situación de dependencia recibe una atención digna, cuando una persona cuidadora encuentra apoyo o cuando una persona con discapacidad puede participar plenamente en la vida social toda la comunidad sale fortalecida. Ese es el modelo vasco de cuidados, que avanza para ser un modelo cada vez más personalizado, comunitario y centrado en las personas.

Jaun‑andreok, gaur garrantzi handiko bi lege aldatzen dituen lege proiektu bat eztabaidatzen ari gara. Lehenik eta behin, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorra. Lege proiektuan jasotako erreformak, bereziki ponentzia fasean egindako lanen ondoren txertatutakoak, bat datoz Konstituzioaren 49. artikuluaren erreformarekin eta 2006ko desgaitasuna duten pertsonen eskubideei buruzko Nazioarteko Konbentzioarekin.

Señorías, hoy debatimos un proyecto de ley que modifica dos leyes de gran importancia, en primer lugar, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Las reformas recogidas en el proyecto de ley, especialmente las incorporadas tras los trabajos realizados en la fase de ponencia, se corresponden con la reforma del artículo 49 de la Constitución y con la Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

Esta parte del proyecto de ley ha contado desde el principio con una valoración positiva por parte de nuestro grupo. No obstante, mantenemos dos enmiendas relativas a la creación del programa estatal de promoción de la accesibilidad universal, porque entendemos que debe configurarse como un fondo de financiación cuya gestión cuente con la participación de las comunidades autónomas.

En segundo lugar, el proyecto modifica la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El Grupo Vasco presentó una enmienda a la totalidad de devolución, sustentada por dos cuestiones fundamentales. La primera era el respeto al reparto competencial. El reiteradamente invocado artículo 149.1.1.ª de la Constitución no habilita al Estado para homogeneizar materias que corresponden a las comunidades autónomas. Las condiciones básicas deben garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos, pero no imponer uniformidad. La segunda cuestión era la financiación. La ampliación del catálogo de prestaciones y el resto de las modificaciones previstas implicaban un incremento evidente del gasto público; sin embargo, la memoria económica posponía la cuantificación de ese impacto. Por ello, exigíamos un compromiso claro del Gobierno del Estado para avanzar hacia el nivel de cofinanciación previsto en la ley de 2006, compromiso que, pese al paso de distintos Gobiernos, nunca se había cumplido.

Bi horiek izan ziren Eusko Alderdi Jeltzalearentzat, lege proiektu honen tramitazioan aurrera egin ahal izateko ezinbesteko bi baldintzak: eskumenen errespetua eta finantzaketa. Bi puntu horietan Gobernuaren konpromisoa lortu ondoren, gure taldeak hainbat hobekuntza proposatu zituen aurkeztutako zuzenketen bidez. Horietako batzuk onartu dira eta beste batzuk, berriz, gaurko osoko bilkurarako bizirik mantentzen ditugun zuzenketak dira.

Estas fueron las dos condiciones imprescindibles del PNV para poder avanzar en la tramitación de este proyecto de ley: el respeto competencial y la financiación. Una vez alcanzado el compromiso del Gobierno en estos dos puntos, nuestro grupo propuso una serie de mejoras a través de las enmiendas presentadas. Algunas de ellas han sido aprobadas y otras son enmiendas que mantenemos vivas para el Pleno de hoy.

Por ofrecer algunos datos que ilustran la magnitud del sistema, actualmente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia atiende a 1 700 000 personas en todo el Estado. En 2024, el gasto total del sistema fue de 12 843 millones de euros y, de esa cantidad, las comunidades autónomas financiaron el 72,9 %, mientras que el Estado aportó únicamente el 27,1 %. Tras la crisis de 2008, el Estado retrasó el calendario de implantación de la ley y dejó de financiar el denominado nivel convenido. Esa infrafinanciación persiste y el esfuerzo económico recae sobre las comunidades autónomas. Quiero destacar en concreto el trabajo y el esfuerzo realizado por las instituciones vascas, que es lo que me corresponde. Los datos demuestran que las políticas sociales, en especial las de dependencia, han sido y son una prioridad en Euskadi. En 2024, Euskadi destinó 1020 millones de euros a la dependencia; el Estado aportó únicamente el 15 % de ese total. Son datos que se repiten en 2025. Las instituciones vascas han cumplido íntegramente con la cartera de servicios y prestaciones exigida por la legislación estatal e incluso la han mejorado con la propia. Aun así, han llegado a asumir en algunos ejercicios hasta el 92 % del gasto total. Aunque en la Comisión Mixta del Concierto Económico se alcanzó un acuerdo sobre esta cuestión en 2025, es necesario ajustar el cálculo del cupo para reflejar correctamente esa cofinanciación, tal y como se establece en la ley. Por todo ello, dado que la financiación de Euskadi y Nafarroa se articula a través del concierto y del convenio económico, nuestro grupo no ha participado en el debate de convalidación del real decreto ley. No obstante, anuncio que votaremos favorablemente a su convalidación porque el compromiso alcanzado en materia de financiación ha sido una condición esencial y previa a la aprobación de este proyecto de ley.

El proyecto de ley incorpora un mejor encaje competencial, existe un compromiso político sobre la financiación y, además, se han introducido importantes mejoras gracias a las enmiendas aprobadas. Entre ellas, destacamos apoyar económicamente a la persona cuidadora y favorecer la permanencia de la persona dependiente en su entorno habitual; mejoras en materia de la calidad de los servicios y condiciones de empleo; la garantía de continuidad de los cuidados cuando la persona cuidadora principal se encuentre hospitalizada o padezca una enfermedad grave, evitando que ninguna persona dependiente quede desatendida; medidas específicas de protección para las personas cuidadoras principales, y la creación de una ventanilla única. No obstante, seguimos manteniendo varias enmiendas vivas porque entendemos que responden a necesidades que aún no han sido resueltas: proponemos la creación de un tejido asistencial específico para personas dependientes menores de 65 años, reclamamos una atención integral para las personas afectadas por la polio, también defendemos una compensación ágil y justa a todas las víctimas del amianto, mantenemos las enmiendas sobre la prestación CUME ―‌seguimos teniendo pendientes con las familias cuidadoras‌― y, por último, proponemos corregir una situación injusta y que las víctimas de violencia sexual puedan compaginar su pensión no contributiva con la indemnización judicial, ya que esta no constituye un ingreso destinado a cubrir necesidades básicas, sino una reparación del daño moral sufrido.

Amaitzen dut. Zaintza ez da kontu pribatu bat, gizarte justu eta demokratiko baten oinarrietako bat baizik, pertsona guztiok gure bizitzako uneren batean zaintzaren beharra izango dugulako haurtzaroan, zahartzaroan, gaixotasun baten aurrean edo mendekotasun egoera baten aurrean. Joan Tronto, politologo eta unibertsitateko irakasleak dioen bezala, zaintza auzi politikoa da, eta, horrenbestez, leku nagusia izan behar du gure erakunde demokratikoetan. Zaintza politika publikoak erantzukizunak modu bidezkoan banatzeko antolatu behar dira, zaintzaren zama nagusia emakumeen gain modu neurrigabean erortzen jarrai ez dezan.

Mila esker.

Finalizo. El cuidado no es una cuestión privada, sino uno de los pilares de una sociedad justa y democrática, porque todas las personas en algún momento de nuestra vida necesitaremos cuidados ―‌en la infancia, en la vejez, ante alguna enfermedad o en alguna situación de dependencia―‌ . Como dice la politóloga y profesora universitaria Joan Tronto, el cuidado es una cuestión política y, por lo tanto, debe ocupar un lugar central en nuestras instituciones democráticas. Las políticas públicas de cuidados deben articularse para un reparto equitativo de responsabilidades que evite que la carga principal de los cuidados siga recayendo desmesuradamente sobre las mujeres.

Muchísimas gracias.

Gracias, señor presidente, señor ministro. Un saludo a las entidades y asociaciones del sector. Agradecemos real y sinceramente vuestro trabajo de años y vuestro trabajo día a día.

Hoy llegamos a la votación final de una ley que afecta directamente a miles de personas y de familias. Quiero poner en valor los avances que hemos conseguido incorporar en esta ley. Hemos avanzado en el respeto competencial; hemos mejorado el procedimiento de valoración, fijando un plazo máximo de tres meses. Este avance es especialmente relevante para la ciudadanía de Nafarroa, donde las valoraciones se alargan hasta los seis meses, pero lo es aún más en muchas comunidades del Estado, donde miles de personas esperan más de un año a ser valoradas, llegando incluso a fallecer sin haber recibido ningún apoyo. Reducir esta espera es una cuestión de justicia y de dignidad. Incorporamos también un avance sustancial: el reconocimiento de la figura del asistente personal como derecho. Además, con el objetivo de reforzar dicho derecho hemos aprobado un marco formativo para el acceso al empleo y desempeño de los y las profesionales que prestan la asistencia personal. La asistencia personal no es un recurso accesorio, es una herramienta decisiva para garantizar la autonomía, la libertad y la capacidad de elección; permite estudiar, trabajar, participar en la comunidad y organizar la vida desde la dignidad y la autodeterminación. Y, mirando a Euskal Herria, este derecho tendrá un impacto enorme en Bizkaia, donde por decisión política solo tienen acceso a esta prestación las personas con discapacidad y no con dependencia. Esta ley corregirá esta injusticia.

Se incorpora la definición de derecho a la vida independiente, tal y como las propias personas afectadas entienden que debe ser. La definición que recogerá la ley propuesta por Euskal Herria Bildu es la que nos trasladó Elkartu, la Federación de Personas con Discapacidad de Gipuzkoa. A ellas les agradecemos el trabajo, su claridad y su compromiso político.

Avanzamos en la transparencia sobre la información del catálogo de servicios, ya que hemos conseguido introducir en el listado de datos esenciales la titularidad de la plaza en la contabilidad de las plazas, diferenciando claramente entre plazas públicas y privadas, incluyendo aquellas que, aunque privadas, funcionan mediante conciertos o modelos de cheques servicio. Esta diferenciación es esencial para conocer la realidad del sistema y evitar que la oferta pública quede diluida en cifras que no reflejan su verdadero peso. Una plaza privada pagada con dinero público y con ánimo de lucro no puede considerarse como un modelo válido de atención. Subrayamos la temporalidad de la prestación económica y remarcamos en el propio texto que se dotará de prestación económica mientras no se disponga de una plaza pública.

Incluimos también la perspectiva de género, un elemento imprescindible para transformar el sistema de cuidados. Durante décadas, el peso de los cuidados, como ya se ha comentado, ha recaído casi exclusivamente sobre las mujeres, fruto de una discriminación histórica que ha limitado sus oportunidades laborales, económicas y vitales. Nuestra aportación ha sido clara: avanzar hacia un modelo basado en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, reconociendo que los cuidados son una responsabilidad colectiva y no una carga que deba recaer sobre la mitad de la población. Con esta perspectiva, damos un paso hacia un sistema que garantice derechos sin reproducir desigualdades estructurales. Hemos incorporado también lenguaje no sexista, el reconocimiento de la figura de la persona cuidadora, el blindaje del cupo de vivienda protegida y el nuevo artículo 4 bis, que introduce el concepto de cuidar a quien cuida y el derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia.

Señorías, quiero señalar aquello que seguimos defendiendo. Persisten deudas históricas con colectivos como las personas afectadas por la polio o quienes sufrieron esterilización forzada. Defendemos que las prestaciones económicas tengan efecto retroactivo desde la fecha de solicitud. No lo hemos conseguido y lo seguiremos reclamando. Y quiero ser especialmente clara: defendemos una concepción de la dependencia que reconozca también las situaciones laborales, momentos concretos de la vida en los que una persona necesita apoyo sin que ello implique la condición crónica. Un sistema de cuidados justo debe atender estas necesidades cotidianas y cambiantes que afectan a miles de personas y familias y que hoy siguen quedando fuera de los criterios rígidos del sistema.

Finalmente, quiero reforzar un eje central de nuestra visión sobre el copago. Igual que sucede en la sanidad o la educación, defendemos que la cobertura social y de cuidados debe ser pública, universal y gratuita. Sabemos que es un horizonte ambicioso, pero es el horizonte hacia el que debemos avanzar. Por eso proponemos la exención completa del copago en los cuidados residenciales y domiciliarios. Las tareas directamente relacionadas con el cuidado personal deben estar cubiertas de manera pública, sin contraprestación por parte de la persona reconocida del derecho.

Y, señorías, si queremos que todo esto sea real, debemos hablar de financiación. Lo hemos repetido en numerosas ocasiones: sin una financiación suficiente y estable, los derechos quedan en papel. Hoy, en esta sesión, prevemos la convalidación del real decreto ley de financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que incrementa el nivel mínimo garantizado. Es un paso importante y esperado, pero insuficiente si no se consolidan los próximos presupuestos generales del Estado porque el esfuerzo financiero sigue siendo asimétrico. La gestión y la prestación de los servicios recae en las comunidades autónomas, que deben asumir aproximadamente el 50 % del coste. En territorios con mayor demanda esto tensiona los presupuestos y dificulta desplegar todos los derechos que esta ley reconoce. Además, el éxito de esta norma depende de que las comunidades autónomas puedan contratar más personal y agilizar la burocracia. La lista de espera sigue siendo muy numerosa y la inyección estatal no se traduce automáticamente en un aumento equivalente en la prestación final que recibe el usuario.

La financiación debe servir para reforzar el sistema. Por eso insistimos en que para que este blindaje sea real y duradero debe consolidarse de una manera estructural en los próximos ejercicios presupuestarios.

Señorías, esta ley no es perfecta, pero sí es un paso adelante, un paso que mejora la vida de miles de personas y que abre la puerta a seguir construyendo un sistema de cuidados público, justo y basado en derechos.

Mila esker.

Gràcies, president. Senyor ministre, i de nou també agrair la presència de les entitats del tercer sector, gràcies per ser presents aquesta tarda. Gràcies a tots.

El primer que us vull dir és que som molt conscients del neguit que us ha suposat veure com aquesta llei caminava per la corda fluixa fins a comptar amb els vots de Junts. Però també us hem de dir que ha estat difícil per a aquest grup de només set diputats mantenir la posició, perquè aquesta llei no fos un xec sense fons ni l’eina per ofegar encara més Catalunya ni altres comunitats autònomes. No podíem ser de cap de les maneres corresponsables d’una reforma que mantenia una situació injusta, perversa i insuportable. Al final, com sabeu, hem forçat el Govern espanyol a canviar aquesta situació i prova d’això, prova d’això és que ens van vetar vint‑i‑dues esmenes. El primer dia de ponència vam arribar amb vint‑i‑dues esmenes vetades, incloses les nostres línies vermelles, que ara sí que s’han acceptat, que era el respecte competencial que Catalunya controli al cent per cent els seus serveis socials i la corresponsabilitat econòmica equitativa al 50 % en les prestacions de dependència.

Aguantar la posició, una vegada més, ha fet possible que la primera gran reforma de la dependència en vint anys signifiqui una nova relació econòmica més justa entre l’Estat i Catalunya de què es beneficiaran totes les comunitats autònomes. A Junts no podíem seguir acceptant que a Catalunya hi hagi 80 000 persones en llista d’espera d’una prestació a la que tenen dret i que, com dèiem abans, a l’anterior punt, que l’any passat hagin mort 10 000 persones esperant aquesta prestació. Era una qüestió de dignitat, després de 20 anys assumint el 70 i fins i tot el 80 % del cost de la dependència. Aquesta situació, això, arruïna qualsevol departament de serveis socials. En una situació, com dèiem, perversa, perquè l’Estat obliga a les comunitats autònomes a cobrir unes prestacions, però no hi aporta els mateixos recursos. I això, com dèiem, s’ha acabat. A partir d’ara haurà d’aportar el 50 %. En la tramitació, hem patit el xantatge emocional del Govern espanyol. Érem els dolents de la pel·lícula, perquè no els aprovàvem un text que, insistim, era inacceptable. Només ho hem fet, aprovar‑ho, quan han acceptat les nostres condicions sense xantatge emocional que valgui, sense xantatge emocional. Perquè com s’atreveixen a fer‑nos xantatge emocional quan som membres d’un govern que, per exemple, es nega a reduir l’IVA dels aparells destinats a millorar la vida de les persones amb discapacitat? Un malalt d’ELA, per exemple, que necessita una tablet per poder comunicar‑se amb altres persones, ha de suportar el 21 % d’IVA. El Govern Sánchez també li ha negat els usuaris de gossos guia deduir‑se les despeses d’alimentació i cures veterinàries, quan estem parlant d’un cost estimat per l’Estat que és inferior a un milió d’euros a l’any. Aquestes dues esmenes formen part de les vint‑i‑dues que ens han vetat. Prou de dir que són l’economia que més creix mentre tenen l’empatia en números vermells.

Una altra cosa que no pot seguir passant: que el Govern espanyol ampliï prestacions que arrosseguen a les comunitats autònomes sense saber quin cost tindran. El Govern ha presentat la llei sense memòria econòmica i, de fet, per no saber no saben ni quin serà el cost de la dependència en el futur, per exemple, com a efecte de l’envelliment de la població. Per calcular‑ho, hem acordat la creació d’un grup d’estudi que havia d’analitzar també el dèficit històric que ha patit Catalunya. Però el Govern espanyol no ho ha volgut posar llum al gran forat negre de milers de milions d’euros que la falta de finançament de la dependència ens ha causat.

I bé, ara els parlaré d’una esmena molt especial, tan especial, tan especial, que porta nom. És l’esmena Javi Gámez. El Javi és comissari dels Mossos d’Esquadra i malalt d’ELA des del 2018. La seva situació no li permet acompanyar‑nos presencialment avui, com sí que ha pogut fer el Pepe, el Pepe Jiménez, el president de ConELA, a qui de nou li donem les gràcies per ser present, i de ben segur que també ens acompanya des del cel el Carlos de Pablo, el malalt d’ELA que ens va deixar fa unes setmanes i que ens havia acompanyat, que havia estat present aquí també, durant tota la tramitació de la llei ELA. Gràcies per seguir acompanyant‑nos, Carlos.

A tots us he d’explicar l’esmena Xavi Gámez. El Xavi Gámez ha lluitat i treballat més que ningú amb la Fundació Catalana Miquel Valls i amb el nostre company al Parlament de Catalunya, Jordi Fàbrega, els textos per eliminar el copagament a Catalunya, que ara serà només del 5 % i només en els casos de persones que tinguin ingressos superiors als 55 000 euros a l’any. I això i això té molt de mèrit, perquè el Xavi escriu amb la veu, però tenint en compte greus problemes de respiració, com dic, té molt de mèrit. El Xavi no ha parat perquè ell volia resoldre una gran injustícia: una de cada tres persones amb dependència extrema en risc de mort evitable no demana les prestacions per pagar cuidadors perquè aleshores li descompten altres prestacions i no arriben a final de mes. O sigui, l’Estat els paga una prestació amb la mà dreta i els descompta una altra amb la mà esquerra. A partir d’ara, a les persones en situació de grau III+ no els reduiran les prestacions per cuidadors ni el complement de gran invalidesa, ni el d’assignació per fill a càrrec major de 18 anys amb un grau de minusvàlua igual o superior al 75 %, ni el de la pensió d’invalidesa no contributiva ni el subsidi d’ajut a tercera persona. Catalunya ja tenia les competències per fer‑ho, però ara ja no tindrà l’excusa per no aplicar aquestes deduccions. I això és gràcies, com dèiem, a l’esmena Xavi Gámez. Senyor Illa, ja no hi ha excusa que valgui. El que tu has fet, Xavi, tindrà conseqüències en milers de persones en dependència extrema, ja sigui per una ELA, per un Alzheimer, per un Parkinson o per una altra malaltia. És el teu llegat, gladiador, perquè avui, com diu l’Ilde, doncs, és el millor dia.

I també hi ha una esmena —i‌ acabo— que li devíem als companys de les sectorials de discapacitat i d’esports de Junts. Fa un any i mig, vàrem acordar que el Govern espanyol bonifiqués el 90 % en les quotes de la Seguretat Social dels entrenadors de l’esport base de clubs no professionals, per afavorir la pràctica esportiva dels nens i les nenes i els adolescents. Ha estat un èxit que a Catalunya li ha suposat un estalvi als clubs modestos de 20 milions d’euros, 120 milions d’euros a tot l’Estat. Doncs bé, ara hem aconseguit que s’ampliï als monitors…

Gracias, presidente. Gracias, señor ministro, y de nuevo quiero agradecer también su presencia a las entidades del tercer sector; gracias por estar presentes esta tarde, gracias a todos.

Lo primero que quiero decirles es que somos muy conscientes de la inquietud que les ha supuesto ver cómo esta ley caminaba por la cuerda floja hasta contar con los votos de Junts. Pero también os tenemos que decir que para este grupo de solo siete diputados ha sido difícil mantener nuestra posición para que esta ley no fuera un cheque sin fondos ni la herramienta para ahogar todavía más a Cataluña y otras comunidades autónomas. No podíamos ser de ningún modo corresponsables de una reforma que mantenía una situación injusta, perversa e insoportable. Al final, como sabéis, hemos forzado al Gobierno español a cambiar esta situación, y buena prueba de ello es que nos vetaron veintidós enmiendas; el primer día de ponencia llegamos con veintidós enmiendas vetadas, incluidas nuestras líneas rojas, que ahora sí se han aceptado: el respeto competencial, es decir, que Cataluña controle el cien por cien de sus servicios sociales, y la corresponsabilidad económica equitativa al 50 % en las prestaciones de dependencia.

De nuevo, aguantar la posición ha hecho posible que la primera gran reforma de la dependencia en veinte años signifique una relación económica más justa entre el Estado y Cataluña y de la que se van a beneficiar todas las comunidades autónomas. En Junts no podíamos seguir aceptando que en Cataluña hubiera 80 000 personas en lista de espera para una prestación a la que tienen derecho y, como decíamos en el punto anterior, que el año pasado murieran 10 000 personas esperando dicha prestación. Era una cuestión de dignidad tras veinte años asumiendo el 70 e incluso el 80 % del costo de la dependencia. Esta situación arruina cualquier departamento de servicios sociales. Es una situación perversa, como decíamos, porque el Estado obliga a las comunidades autónomas a cubrir unas prestaciones, pero no aporta los mismos recursos. Eso se ha terminado. A partir de ahora, tendrá que aportar el 50 %. Pero en la tramitación hemos sufrido el chantaje emocional del Gobierno español. Éramos los malos de la película porque no les aprobábamos un texto que, insistimos, era inaceptable. Solo lo hemos hecho ―a‌ probarlo―‌ cuando han aceptado nuestras condiciones, sin chantaje emocional que valga. Porque ¿cómo se atreven a hacernos chantaje emocional cuando son miembros de un Gobierno que, por ejemplo, se niega a reducir el IVA de los aparatos destinados a mejorar la vida de las personas con discapacidad? Un enfermo de ELA, por ejemplo, que necesita una táblet para comunicarse con otros, tiene que soportar el 21 % de IVA. El Gobierno de Sánchez también ha negado a los usuarios de perros guía la deducción de los gastos de alimentación y cuidados veterinarios, cuando estamos hablando de un coste estimado para el Estado que es inferior a un millón de euros anuales. Pues estas dos enmiendas forman parte de las veintidós que nos vetaron. Basta ya de decir que somos la economía que más crece mientras tienen la empatía en números rojos.

Otra cosa que no puede seguir pasando es que el Gobierno español amplíe prestaciones que arrastran a las comunidades autónomas sin saber qué coste tendrán. El Gobierno ha presentado la ley sin memoria económica; de hecho, por no saber, no saben ni cuál será el coste de la dependencia en el futuro, por ejemplo a causa del envejecimiento de la población. Para calcularlo, hemos acordado la creación de un grupo de estudio que tendría que analizar también del déficit histórico que ha sufrido Cataluña. Pero el Gobierno español no ha querido arrojar luz al gran agujero negro de miles de millones de euros que nos ha provocado la falta de atención de la dependencia.

Y ahora les voy a hablar de una enmienda muy especial; tan especial, tanto, que lleva nombre. Es la enmienda Xavi Gámez. Xavi es comisario de los Mossos d’Esquadra y enfermo de ELA desde 2018. Su situación no le permite acompañarnos presencialmente hoy, como sí lo ha podido hacer Pepe Jiménez, presidente de ConELA, a quien de nuevo le agradecemos que esté presente. Y a buen seguro que también nos acompaña desde el cielo Carlos de Pablo, enfermo de ELA que nos dejó hace unas semanas y que nos ha acompañado y estado aquí presente durante toda la tramitación de la ley ELA. Gracias por seguir acompañándonos, Carlos.

A todos os tengo que contar la enmienda Xavi Gámez. Xavi Gámez ha luchado y trabajado más que nadie con la Fundació Catalana d’ELA Miquel Valls y con nuestro compañero en el Parlamento de Cataluña Jordi Fàbrega los textos para poner fin al copago en Cataluña, que ahora será solo del 5 % y únicamente en los casos de personas con ingresos superiores a los 55 000 euros anuales. Y eso tiene mucho mérito, porque Xavi escribe con la voz, pero teniendo ―‌como tiene‌― graves problemas de respiración, tiene mucho mérito. Xavi no ha parado porque él quería resolver una gran injusticia: una de cada tres personas con dependencia extrema en riesgo de muerte evitable no pide las prestaciones para pagar a cuidadores porque, en tal caso, le van a descontar otras prestaciones y no van a llegar a final de mes. Es decir, con la mano derecha el Estado les paga una prestación y con la izquierda les descuenta otra. A partir de ahora, a las personas en situación de grado III+ no les van a deducir de las prestaciones para cuidadores ni el complemento de gran invalidez, ni el de asignación por hijo a cargo mayor de 18 años con un grado de minusvalía igual o superior al 72 %, ni el de la pensión de invalidez no contributiva, ni el subsidio de ayuda a tercera persona. Cataluña ya tenía las competencias para hacerlo, pero ahora ya no tendrá la excusa para no aplicar estas deducciones. Y eso es gracias, como decíamos, a la enmienda Xavi Gámez. Señor Illa, ya no hay excusa que valga. Lo que tú has hecho, Xavi, va a tener consecuencias en miles de personas en situación de dependencia extrema por una ELA, por un alzhéimer, por un párkinson o por otra enfermedad. Es tu legado, gladiador, porque, como dice el Ilde, «Hoy es el mejor día».

Hay otra enmienda ―‌y termino‌― que les debemos a los compañeros de las sectoriales de discapacidad y de deporte de Junts. Hace un año y medio acordamos una bonificación del 80 % en las cuotas de la Seguridad Social de los entrenadores de base de los clubes no profesionales con el fin de favorecer la práctica deportiva de los niños, las niñas y los adolescentes. Ha sido un éxito que a Cataluña y a los clubes modestos les ha supuesto un ahorro de 20 millones de euros en Cataluña, 120 en todo el Estado.

…que s’ampliï als monitors de l’esport adaptat i inclusiu, sense límit d’edat. Un èxit que volem compartir amb la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.

Gràcies.

Así que vamos a conseguir que se amplíe también a los monitores de deporte adaptado e inclusivo sin límite de edad. Este es un éxito que queremos compartir con la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña.

Gracias.

Gràcies, president. Senyories, gràcies al ponent. Gràcies a tots els diputats que han contribuït a fer aquesta llei millor. Gràcies, ministre. Gràcies a la lletrada Mercedes Cabrera, que sense ella això hagués sigut molt diferent i molt més complicat. I bé, agrair‑los la seva feina. Fa vint anys aquesta cambra va prometre a la gent treballadora que cuidar deixaria de ser un problema privat, que quan a casa no es pogués més hi hauria un estat al darrere. Aquella promesa es va escriure, però no es va pagar mai del tot. I una promesa que no es paga es converteix en una mentida fatídica en aquest cas. Mentre tramitàvem aquesta reforma, una persona cada disset minuts ha mort esperant aquesta ajuda, 85 cada dia i gairebé 8000 sense haver estat ni tan sols valorades; a Catalunya 4342 persones mortes només fins al maig, gairebé una de cada tres a tot l’Estat. Darrere de cada xifra hi ha una mare, un pare, una veïna que va cuidar tothom i que ningú va cuidar quan a ella li feia falta, gent que va aixecar els nostres països i que ha mort fent cua a la porta de l’estat del benestar. Per això els avala el nostre vot. Esquerra Republicana votarà sí aquesta llei, un sí a memòria, amb condicions i amb vigilància.

La memòria primer. La llei del 2006, va néixer amb una gran promesa i una caixa buida. Les retallades del 2012 la van acabar de buidar. Millor dit, les polítiques del 2012 la va acabar de buidar. El resultat el coneixem tots: llistes d’espera, cròniques, prestacions de misèria i famílies, dones sobretot, fent de franc la feina que l’Estat no pagava. I una llei sense finançament no és un dret, és una declaració d’intencions i amb declaració d’intencions no es dutxa ningú, no es vesteix ningú i no es cuida ningú. Per això aquest grup va posar una condició innegociable: sense diners no hi ha vot i els diners hi són —‌ho he explicat abans— signat el 14 de juny amb el ministre, complert al Consell de Ministres el 23 i vigent des de l’1 de juliol. Honorem la seva paraula i això l’honora, com deia abans. Per primera vegada en vint anys els drets venen amb diners; no suficients, però venen en diners. I què canvia aquesta llei a la vida real? Baixem‑lo al carrer. La teleassistència es torna un dret per a tothom, important. L’ajuda a domicili inclourà que t’acompanyin al metge i a comprar i una veïna o un amic podran ser reconeguts com a cuidadors sense conviure‑hi, això és important. S’acaben les contencions com a rutina. Estem parlant de la llei de dependència.

S’acaben les contencions com a rutina. Deixar de sedar persones grans és simplement més humanitat, que tinguin la dependència reconeguda i tindran també la discapacitat reconeguda sense repetir el calvari. L’habitatge habitual no comptarà i cap família no haurà de tornar la prestació del mes de la defunció, mai més aquesta carta. I en aquesta llei hi ha l’empremta republicana, sí, també n’hi ha una empremta republicana, no l’única, he dit que és una cosa col·lectiva. Hem posat negre sobre blanc, sobre blanc la perspectiva de gènere. El treball de cures està feminitzat i invisibilitzat i mal pagat. Per fi, l’Estat haurà de mesurar quant aporta a l’economia el treball no remunerat de les dones i estudiar una prestació per dignificar les treballadores de la llar. La reserva del 4 % de l’habitatge protegit, la vida independent i l’emancipació escrites a la llei, viure la teva vida, no que la gestionin altres. Les dades públiques i desagregades, perquè només es pot exigir allò que es pot comptar i que no quedi ningú fora, ni les persones migrants ni el món rural. L’altre gran bloc és el blindatge de les competències de la Generalitat: sancions, consell territorial, el dret propi. En això ningú ha anat tan lluny com Esquerra Republicana, diguin el que diguin alguns, i ho dic amb complicitat d’altres grups com el basc o com Bildu. Els drets socials es defensen millor des de l’autogovern. A Madrid aquesta obvietat costa a vegades que s’entengui i cal lluitar‑la sempre.

Ara, la vigilància, a l’article 32 hi ha escrita la conquesta que s’espera des del 2006: l’Estat garantirà el 50 % de la despesa certificada i cap ampliació del catàleg sense memòria econòmica. Però aquestes 50 % té una clau de pas, un grup de treball que ha de definir com es certifica la despesa. Vigilarem perquè la clau de pas no es converteixi en un pany. És una llàstima que haguem de fer aquestes esmenes, perquè això amb l’Estatut ja hauria d’estar clar, com he dit abans, però no ho és.

I una paraula dita amb serenitat sobre la paternitat d’aquesta llei: no té propietaris. Gràcies a tots els grups parlamentaris. Qui vulgui saber què hi ha posat cadascú, no cal que escolti els mítings, que miri el BOE. Els drets són el dictamen. Els diners, el decret i les medalles per a la gent que fa vint anys que aguanta aquesta situació. El grup Popular i VOX van votar que no dient que faltaven diners. Ja són al BOE, ja són els BOE, com a mínim els pròxims dos anys. Només els queda triar entre la gent que espera i el soroll. Em sembla que una vegada més triaran el soroll. I si algú pregunta per què no hem anat més lluny, si algú pregunta per què no hem anat més lluny, doncs per una cosa molt senzilla, perquè a la balança hi ha el clam de la societat civil i sobretot de la gent que espera, per tota la gent que espera. Aquest és el clam. Els hem escoltat i, malgrat podíem haver anat més lluny o ho hauríem intentat combatre anar més lluny, entre quedar‑se amb la puresa, entre quedar amb el tot i això que ens reclamava la societat civil, hem escollit la segona part. Nosaltres no fem política pel titular ni per tindre una coma més que els altres, o per fer veure que tens una coma més que els altres. Això ho deixem per altres. La fem per la gent que no pot esperar.

I acabo. Avui guanyem una batalla. El combat continuarà al Senat, als pressupostos i a cada transferència, però avui votem sí per la senyora que espera la plaça de residencia. Avui votem sí per la senyora que espera a la plaça de residència, el noi Amela, que necessita el suport les vint‑i‑quatre hores, a la treballadora familiar que cobra 1000 euros per una feina que en val molt més. Aquesta és una altra assignatura pendent d’aquesta societat: paguem molt poc i tenim molt males condicions per les persones que cuiden dels nostres avis i els nostres malalts. Perquè les lleis per sí soles no cuiden a ningú, cuiden les persones amb sous dignes, amb serveis públics i finançament garantit.

Moltes gràcies. Hem fet un pas, però com deia abans, la guerra continua.

Gracias, presidente. Señorías, quiero dar las gracias al ponente, a todos los diputados que han contribuido a hacer mejor esta ley, al ministro y a la letrada Mercedes Cabrera, que sin ella esto habría sido muy diferente y mucho más complicado. Y, bueno, también quiero darles las gracias a todos por su trabajo. Hace veinte años esta Cámara prometió a la gente trabajadora que cuidar dejaría de ser un problema privado, que cuando en casa no se pudiera más habría un Estado detrás. Esa promesa se escribió, pero no se terminó de pagar, y una promesa que no se paga se convierte en una mentira fatídica. Mientras tramitábamos esta reforma, una persona cada diecisiete minutos ha muerto esperando esta ayuda, 85 al día y casi 8000 sin haber sido siquiera valoradas. En Cataluña, han muerto 4342 personas solo hasta mayo, una de cada tres casi de todo el Estado. Tras cada cifra hay una madre, un padre o una vecina que cuidó a todo el mundo y a quien nadie cuidó cuando lo necesitaba. Gente que levantó nuestros países y que ha muerto haciendo cola ante la puerta del estado del bienestar. Por eso les pido nuestro voto. Esquerra Republicana va a votar sí. Un sí con memoria, con condiciones y con vigilancia. En primer lugar, la memoria. La ley nació con una gran promesa y una caja vacía. Los recortes de 2012 acabaron de vaciarla, o, mejor dicho, las políticas de 2012 acabaron vaciándola. El resultado ya lo conocemos todos: listas de espera crónicas, prestaciones de miseria y familias ―m‌ ujeres, sobre todo―‌ haciendo gratis el trabajo que el Estado no pagaba. Una ley sin financiación no es un derecho, es una declaración de intenciones, y con declaración de intenciones no se ducha nadie, no se viste nadie y no se cuida a nadie. Por eso este grupo ha puesto una condición que es innegociable: sin dinero no hay voto. Y el dinero está ―‌lo he explicado antes‌―, firmado el 14 de junio con el ministro, cumplido por el Consejo de Ministros y vigente desde el 1 de julio. Contaremos con su palabra, honramos esa palabra. Por primera vez en veinte años los derechos vienen con dinero; no suficiente, pero vienen con dinero. ¿Qué cambia esta ley en la vida real? La teleasistencia ha sido un derecho para todos ―‌importante‌―; la ayuda a domicilio incluirá que te acompañen al médico y a comprar; una vecina y un amigo podrán ser reconocidos como cuidadores sin convivir ―y‌ esto es importante―‌ ; se acaban las contenciones como rutina… (Rumores.―V‌ arias señoras y señores diputados chistan pidiendo silencio.‌― Pausa). Estamos hablando de la ley de dependencia. … se acaban las contenciones como rutina; más humanidad para las personas mayores que tengan la dependencia reconocida y que tendrán también reconocida la discapacidad sin repetir el calvario; la vivienda habitual no contará, y ninguna familia tendrá que devolver la prestación del mes de la defunción ―n‌ unca más esa carta―‌ . En esta ley, además, también hay una huella republicana ―‌no la única, ya he dicho que es una cosa colectiva―‌ , porque hemos puesto negro sobre blanco la perspectiva de género. El trabajo de cuidados está feminizado, invisibilizado y mal pagado y, por fin, el Estado tendrá que medir cuánto aporta a la economía ese trabajo no remunerado de las mujeres y estudiar una prestación para dignificar a las trabajadoras del hogar. Asimismo, la reserva del 4 % de la vivienda protegida; la emancipación y la vida independiente, que constan en la ley, significan que vivas de manera independiente y que no te gestione nadie tu vida; los datos públicos y desagregados, porque solo se puede medir aquello que se puede contar, y que no se quede nadie fuera, ni las personas migrantes ni el mundo rural. El otro gran bloque es el blindaje de las competencias de la Generalitat: sanciones, consejo interterritorial, derecho propio… Nadie ha ido tan lejos en esto como Esquerra Republicana, digan lo que digan algunos. Lo digo con la complicidad de otros grupos, como el Grupo Vasco o Bildu: los derechos sociales se defienden mejor desde el autogobierno. A veces cuesta entender esto y hay que luchar por ello siempre.

En segundo lugar, la vigilancia. En la ley se escribe la conquista que se espera desde 2006: el Estado garantizará el 50 % del gasto certificado y ninguna ampliación del catálogo sin memoria económica. Pero este 50 % tiene una clave de paso y es que tiene que definir cómo se identifica el gasto. Vigilaremos para que la clave de paso no se convierta en un cerrojo. Es una lástima que tengamos que hacer estas enmiendas, porque eso tendría que estar claro en el estatuto, pero no está claro.

Unas palabras dichas con serenidad sobre la paternidad de esta ley: no tiene propietarios. Por ello, gracias a todos los grupos parlamentarios. Quien quiera saber qué ha puesto cada uno, no hace falta que vaya a los mítines, sino que vaya al BOE. Los derechos son el dictamen, el dinero, el decreto y las medallas para la gente que aguanta esta situación desde hace veinte años. El Grupo Popular y VOX votaron que no diciendo que faltaba dinero. Este ya está en el BOE, al menos para los próximos dos años. Ahora solo nos queda escoger entre los que esperan y el ruido, y parece que una vez más escogerán el ruido. Y si alguien pregunta por qué no hemos ido más lejos, pues por una cosa muy sencilla: porque en la balanza tenemos el clamor de la sociedad civil y, sobre todo, de los que esperan, de todas las personas que esperan. Ese es el clamor y los hemos escuchado. Aunque podríamos haber ido más lejos o tendríamos que haber intentado luchar por más, entre quedarse en el todo y la pureza o lo que reclama la sociedad civil, hemos escogido la segunda parte. Nosotros no hacemos política de titulares, ni partimos de una coma más como los otros, ni queremos una coma más que los demás. No, eso que lo hagan los demás. Lo hacemos por la gente que no puede esperar más.

Acabo. Hoy ganamos una batalla. El combate seguirá en el Senado y los presupuestos se quedarán en transferencia, pero hoy votamos sí por la señora que necesita y espera una plaza de residencia; por el chico con ELA que necesita cuidados veinticuatro horas, y por la trabajadora o el familiar que cobra mil euros por un trabajo que vale mucho más. De hecho, esta es otra asignatura pendiente de esta sociedad, pagamos muy poco y tenemos muy malas condiciones para las personas que cuidan a nuestros abuelos y a nuestros enfermos. Porque las leyes por sí mismas no cuidan a nadie, a las personas las cuidan los sueldos dignos, los servicios públicos y la financiación garantizada.

Muchas gracias. La lucha por los que padecen ELA continúa. (Aplausos).

(Coloca un reloj de arena sobre la tribuna de oradores). Gracias, presidente.

Quiero empezar mandando un saludo a las personas que siguen este debate desde la tribuna de invitados y desde la sala Cánovas. Esta reforma es vuestra. Son muchas las veces que, militando en el movimiento feminista, hemos debatido y reflexionado en torno a la afirmación de que el cuarto pilar del estado del bienestar son las mujeres. Esta pata, que corresponde a la de los cuidados y apoyos, es el trabajo reproductivo que asegura el trabajo productivo y que tradicionalmente han desarrollado las mujeres en la esfera privada. Absolutamente todas las personas ―l‌a humanidad‌― necesitamos ser cuidadas a lo largo de nuestro ciclo vital. Y también cuidamos, como seguramente está haciendo ahora mismo nuestro compañero Lander Martínez, ponente de esta ley, con su recién nacido y con su pareja, a quienes mandamos un abrazo desde aquí. (Aplausos).

El avance de la democracia ha ido logrando, poco a poco y con muchos parches y déficits de cuidados, que las instituciones públicas se hagan cargo de dar respuesta a esta necesidad humana y que no solamente lo hagan las mujeres de la familia. En este avance a trompicones del estado del bienestar como garante de cuidados y apoyos, hoy nos toca dar la zancada de gigante, significa la refundación del sistema de cuidados y apoyos, pasar de un sistema caduco, arraigado en el asistencialismo, a otro que desinstitucionaliza los cuidados y apoyos. Esta es la vocación de la reforma de estas dos normas y del incremento estructural tan significativo de los recursos disponibles que hemos debatido en el punto anterior. Proponemos actualizar un sistema que tenga todas las herramientas para afrontar los nuevos desafíos de una sociedad que celebra la democratización de la longevidad como éxito del progreso, pero a la que hay que responder con un sistema del bienestar capaz. Atender a más gente y atenderla mejor, con profesionales mejor retribuidas y valoradas, son los pilares de esta reforma. Con el real decreto ley de financiación de la dependencia, el Gobierno ha hecho su parte, incrementando significativamente y de forma estructural el presupuesto. Ahora les toca a las comunidades autónomas, que son las que gestionan y las que pilotarán este cambio de modelo. A partir de ahora se pueden dar las condiciones para dar mejor cuidado a las personas: más horas de ayuda a domicilio, mejores prestaciones y complementariedad de estas. Destaco dos cambios que están en el tejado de las comunidades autónomas y sobre los que ya no hay excusas. Una reducción y ordenación significativa de los copagos para garantizar que nadie se queda fuera por no poder afrontar los costes del cuidado y unas condiciones laborales más dignas para las profesionales ―l‌a mayoría mujeres―‌ que cuidan. El dinero está sobre la mesa, ahora les toca a las comunidades autónomas mejorar las condiciones salariales y dignificar su trabajo. (Aplausos). Nuevas licitaciones, nuevos conciertos, más ratios. Porque un estado del bienestar robusto nos obliga a construir un sistema que responda a las necesidades tanto de las personas que reciben cuidados como de quienes cuidan. Y así lo hacemos hoy, también con la reforma de la ley de discapacidad, mandato derivado del cambio del artículo 49 de la Constitución, normativa esencial para el reconocimiento de derechos de los más de cuatro millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Hoy también votamos y reforzamos de manera integral los derechos laborales de las personas con discapacidad garantizando el acceso, la permanencia y unas condiciones dignas en el empleo o su expulsión del mercado laboral. Hoy decidimos si establecemos las bases para un cuidado cercano y en comunidad basado en derechos, autonomía personal y vida independiente o si seguimos planificando macrorresidencias. Si aprobamos nuevos servicios, respuestas más flexibles, con menos burocracia, que permitan una atención centrada en las personas y desde las comunidades para que todas y todos podamos controlar nuestros proyectos de vida hasta el final de esta. Porque de esto se trata, de poder elegir. «Nada sobre nosotras sin nosotras», este es uno de los grandes lemas que reivindican. (Aplausos).

La mayoría de las personas con discapacidad o personas mayores quiere vivir en su domicilio, con sus cosas y recuerdos, con la gente que quieren cerca, en su barrio, y por esto esta reforma revolucionaria. Giramos todo el sistema creando ecosistemas de apoyo donde las personas residen; ponemos las bases para responder de manera distinta a unas necesidades que son claras: ser dueñas de nuestras vidas y asegurar una buena vida, digna y con derechos. Hoy cristaliza una de las reformas más trascendentes de la política social del país, y lo hace con el aval de los agentes sociales y de entidades del tercer sector, de colectivos de personas afectadas, del movimiento de la discapacidad, que se han dejado la piel para mejorar esta reforma y para que salga adelante. Agradecemos el trabajo ingente de las trabajadoras del sector, de los proveedores de servicios, de las entidades, muchas de las cuales nos siguen hoy y nos acompañan aquí, y, evidentemente, agradecemos también a los grupos parlamentarios el buen trabajo que se ha hecho en el marco de la ponencia y comisión para consensuar el texto final. También queremos agradecer a la letrada Mercedes Cabrera su profesionalidad y paciencia con todas nosotras. (Aplausos). Permítanme también dar las gracias al magnífico equipo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que lleva años entregado para que esta transformación del sistema de cuidados sea una realidad. Quisiera mencionar también a Celia, al equipo del grupo, a Eva.

Señorías, hoy debería ser un día histórico, un día donde se demuestre que un Gobierno de coalición progresista amplía derechos y construye un horizonte deseable para todas. Y sí, somos la izquierda alternativa la que redacta reformas que dan más derechos a las personas cuidadas y a las que cuidan. Para eso hemos venido.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Con la venia, señor presidente. En primer lugar, saludos respetuosos y considerados a todos los miembros del tercer sector que nos acompañan aquí, en las Cortes españolas, y telemáticamente. Señores y señorías, hace casi dos mil años, Seneca escribió en una de sus cartas a Lucilio, en expresiones propias de su tiempo, que no hay por qué despreciar la virtud en un cuerpo falto ni admirarla más en uno sano. Es una loa, sin duda, a la dignidad inherente a toda persona con independencia de sus discapacidades o de las limitaciones que la vida pueda imponerle, y de eso trata, en el fondo, el debate que hoy nos ocupa. Durante las últimas semanas hemos dedicado muchas horas al estudio de este proyecto. Hemos analizado centenares de enmiendas, debatido cuestiones técnicas, jurídicas, competenciales e intentado mejorar el texto que aborda una realidad especialmente sensible para cualquier sociedad que aspire a llamarse civilizada. Pero, precisamente por la importancia de la materia, conviene evitar una tentación cada vez más frecuente, confundir el progreso real con la acumulación de teóricos nuevos derechos en una ley. En esta norma hay una realidad previa e incuestionable: detrás de casi todas las situaciones de discapacidad y dependencia están los miembros de una familia, sus cuidadores principales, mayoritariamente mujeres. Los que hemos tenido la fortuna de convivir con nuestros mayores o algún dependiente sabemos bien de qué hablamos y probablemente casi todas vuestras señorías, o muchas, y los que nos escuchan también. Con mayor o menor ayuda pública ahí estaba y ahí sigue estando la familia, siempre la familia. (Aplausos). Por eso conviene ser prudentes cuando legislamos sobre estas materias. Porque cualquier sistema que ignore ese papel esencial o pretenda sustituirlo por completo acabará chocando con una realidad que ninguna estructura administrativa puede reemplazar. Durante esta legislatura y la anterior, en VOX hemos presentado numerosas iniciativas para mejorar la situación de las personas con discapacidad, de las personas dependientes y de sus familias. Todas ellas fueron rechazadas, vetadas por el Gobierno, incluso cuando tenían un coste perfectamente asumible presupuestariamente y un impacto directo sobre quienes más lo necesitaban. Es la lógica insensata de este Gobierno. En comisión, mi compañera Blanca Armario dejó una atinada advertencia, el peligro de convertir las expectativas en frustración. Y ahí es donde el debate abandona el terreno de las declaraciones pomposas y entra en el de la realidad. Porque la pregunta termina apareciendo inevitablemente: cómo se va a pagar esto o cómo se garantiza el pago de todo esto. (Aplausos). Los derechos que se incorporan a una ley terminan convirtiéndose en prestaciones, servicios profesionales, plazas asistenciales y recursos económicos concretos, y serán principalmente las comunidades autónomas quienes deberán asumir buena parte de estas obligaciones, en muchas ocasiones sin conocer con certeza los recursos de los que dispondrá para hacerlo. Por eso, nos preocupa que el proyecto avance mucho más deprisa en la proclamación formal de derechos que en la garantía efectiva de los recursos necesarios para hacerlo realidad. Una ley puede estar llena de buenas intenciones, lo difícil viene después; lo difícil es pasar de las palabras a los hechos. Como he recordado en alguna ocasión desde esta tribuna y me lo han oído decir, más allá del texto respetado y respetable de una ley, obras son amores y no buenas razones. Cuando se gobierna, las palabras deben convertirse en decisiones. Ahí está Aragón, donde desde la vicepresidencia de VOX se han impulsado en tiempo récord ayudas que cubren íntegramente los cuidados de todos los enfermos de ELA en esa región en las fases más avanzadas de la enfermedad. Y, precisamente por respeto a las personas con discapacidad y dependencia, creemos que una ley de esta naturaleza debería concentrarse en resolver problemas reales y no en satisfacer determinadas obsesiones ideológicas. Buena parte de las modificaciones incorporadas durante la tramitación responden a una característica muy propia del ridículo progresismo contemporáneo, la creencia de que alterando el lenguaje se modifica la realidad. Se cambian las palabras, se reinventan conceptos y se presentan como avances o transformaciones que muchas veces son meramente nominales. Hace apenas unos días, el Papa León advertía de que uno de los grandes retos de nuestro tiempo consiste en redescubrir el significado de las palabras. Porque cuando las palabras pierden su conexión con la realidad, la propia realidad termina volviéndose discutible. Eso es exactamente lo que sucede cuando se pone más empeño en modificar o pervertir el lenguaje que en resolver los problemas reales o dar soluciones. (Aplausos). Ninguna persona dependiente recibirá antes una prestación porque el BOE incorpore nuevas etiquetas o categorías pretendidamente inclusivas. La dignidad humana no depende de construcciones ideológicas cambiantes, pertenece a cada persona por el mero hecho de ser persona.

Tampoco compartimos algunas propuestas iniciales y modificaciones introducidas durante la tramitación con respecto a los favorecidos por este proyecto de ley. Se reconocen los beneficios a todos aquellos solicitantes del derecho de asilo. En este sentido, es preciso recordar el uso fraudulento que se hace del derecho de asilo por parte de muchos inmigrantes ilegales que acceden a nuestro país, que se convierten así en beneficiarios de esta ley, provocando nuevamente el colapso de nuestros servicios sociales, que a su vez provoca un irresponsable efecto llamada. Nuestra prioridad nacional es otra, y más cuando los recursos son escasos. Y tampoco ignoramos que muchas de las obligaciones que aquí se anuncian terminarán recayendo sobre comunidades autónomas con capacidades y recursos muy distintos, profundizando desigualdades entre ellas que ningún español debería sufrir por razón del territorio en el que vive y convertir todo esto en unos indeseables juegos del hambre. Sí, parafraseando a Séneca, la dignidad de una persona no depende de su discapacidad, ni siquiera de su apariencia. Por esa razón, pese al trabajo realizado durante la ponencia y el respeto que nos merece la finalidad declarada de este proyecto, nuestro grupo, lamentablemente, no puede apoyarlo tal como está, porque sería un acto de fe que por sus hechos, obras y acciones no se merecen. Porque tan peligroso es abandonar a quien necesita ayuda, como generar falsas expectativas que después no puedan convertirse en una realidad.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Hoy debatimos aquí algo más que una reforma legislativa. Hoy hablamos de cómo queremos vivir, de cómo queremos ser cuidados y de qué sociedad queremos construir. Y hablamos de algo que no debemos perder de vista nunca en política, algo a lo que deberíamos dirigir siempre todas nuestras decisiones, hoy hablamos de mejorar la vida de las personas. (Aplausos). Ese es el sentido profundo de este proyecto de ley, porque las leyes importan cuando transforman la realidad; cuando una persona con discapacidad puede elegir cómo vivir; cuando una persona mayor puede permanecer en su domicilio, si eso es lo que desea; cuando una familia encuentra apoyos en lugar de soledad; cuando una mujer deja de renunciar a su puesto de trabajo porque tiene un sistema público de cuidados que responde; cuando una persona cuidadora recibe formación, apoyo y reconocimiento. De eso estamos hablando, de derechos que se convierten en vida cotidiana y en dignidad. (Aplausos). Quiero hacer un reconocimiento que creo que esta Cámara tiene la obligación moral y política de realizar, no habríamos llegado hasta aquí sin la sociedad civil organizada, sin las asociaciones de personas con discapacidad, sin las entidades de personas mayores, sin las organizaciones de familiares, sin quienes representan a las personas cuidadoras, sin tantos profesionales que conocen el sistema porque cada día viven sus fortalezas y también sus dificultades. Han sido ellas quienes han mantenido viva la reivindicación durante años, quienes alzaron la voz cuando en el año 2012 se produjeron los recortes y los retrocesos, quienes han empujado cuando parecía que los avances eran demasiado lentos y quienes nos han recordado que detrás de cada artículo de una ley hay una persona esperando una respuesta. Por eso, hoy queremos decirles gracias. Gracias por no resignarse nunca, por exigirnos más. Porque cuando la sociedad civil empuja, las instituciones tienen la obligación de responder. Y eso es, precisamente, lo que hace hoy esta ley. Lo hace dejando atrás una visión excesivamente asistencialista para avanzar hacia un modelo basado en derechos, en autonomía personal, en la accesibilidad universal, en la desinstitucionalización y en los cuidados centrados en la persona. Lo hace, además, reconociendo nuevos derechos y eliminando barreras que demasiadas personas siguen encontrando cada día. Lo hace, además, reforzando la ayuda a domicilio, consolidando la teleasistencia como un derecho, ampliando los apoyos para que las personas puedan vivir en su domicilio, si eso es lo que desean. También lo hace facilitando la compatibilidad en las prestaciones y poniendo el foco en la vida independiente y en la participación en la comunidad. Lo hace también reconociendo algo que durante demasiado tiempo permaneció invisible: el enorme valor de los cuidados. Porque cuidar sostiene la vida y durante demasiados años ese trabajo, desempeñado casi exclusivamente por mujeres, no ha recibido el reconocimiento social ni institucional que merece. Esta ley también dignifica los cuidados, mejora la protección de las personas cuidadoras y reconoce que no puede haber un buen sistema de dependencia sin empleo digno, sin formación y sin mejores condiciones laborales para los que cuidan. (Aplausos).

Señorías, para los y las socialistas, gobernar significa precisamente eso: escuchar las demandas sociales y convertirlas en derechos. Lo hicimos cuando construimos el sistema público de pensiones, cuando garantizamos la educación pública de calidad, cuando universalizamos la sanidad, cuando aprobamos la ley de dependencia, cuando impulsamos las reformas del artículo 49 de nuestra Constitución. Y lo hacemos ahora, dando un nuevo paso adelante en el reconocimiento de la autonomía personal, porque las sociedades cambian y las leyes tienen que seguir avanzando con ellas. España envejece, vivimos más años y esto es una extraordinaria conquista colectiva. Pero vivir más exige también pensar cómo queremos vivir esos años y cómo organizamos socialmente los cuidados. La respuesta no puede ser que cada familia se arregle como pueda. La respuesta no puede seguir descansando fundamentalmente sobre las mujeres. No puede depender del código postal, de la renta o de la capacidad económica de una familia. Una sociedad democrática y avanzada tiene que ampliar derechos, servicios públicos y una red de cuidados capaz de acompañar a las personas durante toda su vida. Este proyecto de ley nos hace ver qué dos tipos de modelos políticos tenemos. Hay quienes consideran los cuidados un problema privado. Nosotros lo consideramos una responsabilidad colectiva. Hay quienes hablan de libertad, pero entienden que la libertad consiste simplemente en que los poderes públicos no intervengan. Nosotros creemos que una persona solo es verdaderamente libre cuando dispone de apoyos necesarios para decidir sobre su vida.

Este proyecto de ley, además, viene acompañado de una financiación que supone la mayor inversión en dependencia de la democracia. Este Gobierno ha demostrado con hechos que cuando habla de dependencia habla también de recursos humanos y materiales. Son 2218 millones extra para este año, por lo que casi se multiplica por cinco la financiación estatal del año 2018. Por lo tanto, se cumple uno de los compromisos de este Gobierno de coalición: que la dependencia se va a pagar al 50 % por parte de la Administración General del Estado. (Aplausos). Y, además, lo blindamos por ley. Y ahora viene aquí el Partido Popular y nos dice que el Gobierno tiene decreto de financiación, pero no tiene presupuestos. Oiga, ¿de qué les sirvió a ustedes tener presupuestos si dejaron de financiar la dependencia hasta límites insostenibles? (Rumores). ¿De qué les sirvió? (Aplausos). ¡Por favor!

Quiero reivindicar aquí la política, quiero reivindicar todo el trabajo que se ha hecho en esta comisión, quiero realmente decir muchas cosas.

Sí. Es verdaderamente importante este problema, porque aquí hay quienes pretenden bloquear cualquier avance social simplemente porque procede de un Gobierno socialista. Señores del Grupo Popular, les quiero recordar que detrás de este proyecto no solo está el Gobierno, detrás de este proyecto están las personas, las familias, todo el sistema de dependencia y todas las personas del tercer sector. Además, esta sociedad lleva muchos años reclamando un modelo de cuidados más humano, más flexible y más justo.

Y ustedes, de nuevo, se han puesto en el lugar equivocado de la historia y van a volver a votar que no a mejorar la vida de millones de personas. Están aún a tiempo de corregirlo. (Aplausos).