Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Gràcies, presidenta. Son las 15:15 de la tarde, estamos debatiendo el tercer punto del orden del día, llevamos más de tres horas de Pleno y Feijóo todavía no ha aparecido por aquí. (Rumores.―Aplausos). Senyor ministre, hola. Després parlarem de drets. Ara parlem de la condició imprescindible perquè eixos drets siguin una realitat, i és el finançament. Ja m’agradaria que arribara algun moment en què Compromís posarem ací a parlar i no parlarem de finançament, però eixe dia encara no ha arribat. Des de Compromís valorem molt positivament aquest reial decret llei que augmenta l’aportació de l’Estat al sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència. De fet, és un dels compromisos que teníem amb Compromís i que formava part de l’acord d’investidura. Per tant, celebrem que hui es faça realitat, perquè la dependència, com molt bé ha explicat el ministre Bustinduy, no és una ajuda assistencial, és un dret subjectiu que tenim tots i totes i que les administracions públiques han de garantir. Ho tenen clar, senyories del Partit Popular, açò? Ho dic perquè igual estaria bé que ho explicaren als seus companys i companyes del PP valencià, perquè no saben de què va la cosa. Però clar, tot este esforç no pot dependre de decrets puntuals, perquè el que necessitem és un finançament estable i suficient. I això també passa, i ho sabem totes, per un nou sistema de finançament autonòmic, perquè sense justícia financera, territoris infrafinançats com el meu continuarem fent equilibris per a sostenir els serveis públics. I nosaltres ho sabem de primera persona, perquè durant el Govern del Botànic nosaltres vam tindre que fer autèntics malabars per a poder reforçar la dependència malgrat els pocs diners que ens arribaven de l’Estat. De fet, amb sols un 11 % d’inversions del Govern central vam fer un canvi de paradigma brutal de la mà de Mónica Oltra a la Generalitat Valenciana. I permetin‑me acabar amb una evidència: resulta difícil prendre’s seriosament al Partit Popular quan hui critiquen el que sempre han defensat: que l’Estat pagui el 50 % de la dependència. En tot cas, senyor ministre, nosaltres anem a votar a favor d’este reial decret llei i continuarem sent exigents en qüestions com tindre més recursos, un finançament autonòmic just per a tots i totes i que el model aposte per la proximitat, per l’atenció domiciliària i per la vida independent. Gràcies.

Señor ministro, hola. Después hablaremos de derechos; ahora hablaremos de la condición imprescindible para que esos derechos sean una realidad: la financiación. Me gustaría que llegara un momento en el que Compromís subiera aquí y no hablásemos de financiación, pero este momento todavía no ha llegado. Desde Compromís, valoramos como muy positivo este real decreto ley, que aumenta la aportación del Estado al Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia. De hecho, es uno de los compromisos que teníamos en Compromís y que formaba parte del acuerdo de investidura. Por lo tanto, celebramos que hoy se haga realidad. La dependencia, como muy bien ha explicado el ministro Bustinduy, no es una ayuda asistencial, es un derecho subjetivo que tenemos todos y todas y que las Administraciones públicas deben garantizar. ¿Lo tienen claro, señorías del Partido

Popular? Lo digo porque, quizá, estaría bien que se lo explicaran a sus compañeros y compañeras del PP valenciano, porque no saben de qué va la cosa. Pero, claro, todo este esfuerzo no puede depender de decretos puntuales, porque lo que necesitamos es financiación estable y suficiente, y eso también pasa ―‌lo sabemos todos‌― por un nuevo sistema de financiación autonómica, porque sin justicia financiera, territorios infrafinanciados como el mío seguirán haciendo equilibrios para sostener los servicios públicos. Nosotros lo sabemos en primera persona, porque durante el Gobierno del Botánico tuvimos que realizar auténticos malabares para reforzar la dependencia, a pesar del poco dinero que nos llegaba del Estado. Con solo un 11 % de inversión del Gobierno central logramos un cambio de paradigma brutal de la mano de Mónica Oltra en la Generalitat Valenciana.

Permítanme terminar con una evidencia: resulta difícil tomarse en serio al Partido Popular cuando hoy critican lo que siempre han defendido: que el Estado pague el 50 % de la dependencia.

Señor ministro, nosotros votaremos a favor de este real decreto ley y seguiremos siendo exigentes en cuestiones como más recursos, financiación autonómica justa para todos y todas y que el modelo apueste por la proximidad, por la atención domiciliaria y por la vida independiente.

Gracias. (Aplausos).

Señorías. Señor ministro, desde que empezó a aplicarse la ley, hace veinte años, venimos las comunidades autónomas pidiendo al Gobierno del Estado que cumpla con el 50 % prometido, y durante veinte años las comunidades autónomas han asumido el gran peso del cumplimiento de la ley de dependencia. Es verdad que en los últimos años ha crecido, pero, incluso en el año pasado, estábamos hablando del 25 %. La media de estos veinte años ha sido del 19 % y el año que más aportaron, en el caso de Canarias, recibimos 87 millones, frente a 218 que ponía la comunidad autónoma. El último año, 302 millones la comunidad autónoma, 100 millones el Estado. ¿Cómo no nos vamos a alegrar y cómo no vamos a apoyar una mejora como la que se nos está planteando hoy? Por supuesto que lo hacemos, veinte años después. Pero, señor ministro, hay dos cosas que le tengo que pedir. Más allá de que vayamos a apoyar ―‌cómo no‌― esta mejora importante que por fin lleva la apuesta del Estado a lo que debió ser desde un inicio, es muy importante, para que no sigan cargando a las comunidades autónomas con la responsabilidad de lo que sale mal, con los incumplimientos, con los malos datos de la dependencia, mientras que el Estado no ha aportado históricamente lo que tenía que aportar, que seamos realistas cuando generemos expectativas. Porque, aunque mejoramos mucho en inversión, es verdad que ese sistema de cuidados de calidad, ese deseo de «el dependiente antes que la economía» pasa por mucho más dinero, y usted lo sabe. Pasa por cambiar los centros y que dispongamos de habitaciones individuales y dupliquemos las ratios; pasa por mejorar los convenios de los trabajadores dedicados a la dependencia, de las cuidadoras. Termino. Cuando hablen de financiación y de leyes, no se olviden de que no cuesta lo mismo una plaza en una isla ―‌y menos a 2000 kilómetros‌― que en Guadalajara, que en Toledo o que en cualquier territorio peninsular. Ya no le quiero contar lo que significa atender a dependientes en El Hierro, Lanzarote o Fuerteventura. No hay siquiera profesionales cualificados y, para traerlos de otros lugares, hay que pagarles una vivienda que tampoco existe. Por eso nosotros necesitamos una mirada diferente, porque nuestro territorio es diferente y porque la dependencia de Canarias es mucho más cara. Estamos absolutamente comprometidos a que todos los canarios, vivan donde vivan, sean atendidos con calidad. Sin embargo, tenemos dificultades que pasan por que el Estado también lo entienda e, insisto, de manera específica y diferente en un territorio que tiene circunstancias diferentes.

Contará con nuestro apoyo tanto ahora como en el punto que viene a continuación. Insisto, celebramos la mejora, pero creo que tenemos que darle una pensada al futuro que viene. La población está envejeciendo de manera alarmante y los recursos no son suficientes. Me sorprende que este Congreso, que este hemiciclo se llene para debates estériles y que cuando hablamos de algo que afecta a millones de personas ―‌incluidos todos nosotros, que seremos dependientes‌― haya tantos escaños vacíos. (Aplausos).

Grazas, señora presidenta. Moi boa tarde. Señor ministro, somos consciente, creo que todos e todas, que o principal problema da atención ás persoas dependentes en todas as súas facetas é o financiamento. Mellor dito, vén sendo a falta de financiamento suficiente. O servizo de asistencia no fogar, os centros de día, residencias, prestacións, axudas para as persoas coidadoras, precisan de máis recursos para garantir a dignidade dos servizos e a cobertura das necesidades. Segundo os últimos datos achegados polo propio Ministerio e referidos a 2024, o que financiou a Administración Xeral do Estado na Galiza, en relación á dependencia pasou de 32,64 % a case 41 %, mais ficou igualmente lonxe do obxectivo comprometido co BNG de 50 %. Porén, segundo os datos procedentes do informe da Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais en 2025 o financiamento por parte do Estado viuse novamente reducido, pois o gasto en dependencia na Galiza alcanzou a cifra de 733,7 millóns, dos cales o Estado achegou só 241 millóns e o resto a Xunta. Quere dicir que se sitúa arredor de 33 %. Así pois, non podemos deixar de apoiar calquera medida que incremente os fondos destinados á dependencia, como se fai neste Real Decreto lei, que propón a actualización das contías de nivel mínimo de protección, un suplemento de crédito que permitirá aumentar o investimento social para atender ás persoas dependentes e familias. Mais seguiremos a esixir, a defender que ese incremento chegue no mínimo a 50 %, cumprir con ese obxectivo que agora pasará, veremos aprobar a lei a continuación a unha obriga legal de forma expresa é fundamental para que o sistema de atención e coidados sexa máis xusto e máis digno. Polo tanto, estamos falando dun avance e nesa medida o BNG vaino apoiar. Moito obrigado.

Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Señor ministro, somos conscientes ―‌creo que todos‌― de que el principal problema de la atención a las personas dependientes en todas sus facetas es la financiación o, mejor dicho, es la falta de financiación, no hay la suficiente. El servicio de asistencia en el hogar, los centros de día, las residencias, las prestaciones y las ayudas para las personas cuidadoras necesitan de más recursos para garantizar la dignidad de los servicios y la cobertura de las necesidades. Según los últimos datos ofrecidos por el propio ministerio y referidos a 2024, lo que financió la Administración General del Estado en Galicia en relación con la dependencia pasó del 32,64 % a casi el 41 %, pero se quedó igualmente lejos del objetivo comprometido con el BNG del 50 %. Sin embargo, según los datos procedentes del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en 2025 la financiación por parte del Estado se redujo dado que el gasto en dependencia en Galicia alcanzó la cifra de 733,7 millones, de los cuales el Estado aportó 241 millones y el resto la Xunta; es decir, que se sitúa alrededor del 33 %. Así pues, no podemos dejar de apoyar cualquier medida que aumente los fondos destinados a la dependencia, como se hace en este real decreto ley que propone la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección y el suplemento de crédito, que permitirá aumentar la inversión social para atender a personas dependientes y a las familias. Pero seguiremos exigiendo y defendiendo que ese aumento llegue como mínimo al 50 %. Cumplir ese objetivo, que ahora pasará a ser una obligación legal de forma expresa si se aprueba el dictamen de reforma de la ley de dependencia, es fundamental para un sistema de atención a los cuidados más justo y más digno.

Hablamos, por tanto, de un avance en esa medida. Por tanto, nosotros estamos a favor. Gracias.

Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida a la Cámara a las entidades del tercer sector, los movimientos sociales y la sociedad civil organizada que nos acompañan, especialmente a mi querida Plataforma Estatal de Cuidadoras Principales. En breves minutos vamos a debatir también la ley que reforma el sistema de dependencia y la ley de discapacidad de nuestro país. Y está claro que una ley que, como usted ha dicho, señor ministro, avanza en garantizar derechos a nuestra ciudadanía y, además, cambia todo el modelo de cuidados que hemos conocido hasta ahora se debe acompañar de recursos suficientes para hacerlos efectivos. Yo entiendo que ese es el objetivo de aprobar este decreto ley. Durante todo el debate y el trabajo parlamentario que hemos hecho para que hoy en día esto sea una realidad he hecho varias reflexiones. Una de ellas me apena muchísimo, y es la postura de algunos grupos en la Cámara, entre otros del Grupo Popular, el cinismo del que han hecho gala. Un Partido Popular que, cuando estuvo en el poder, recortó más de 5000 millones de euros en el ámbito de la dependencia. ¿Y eso en qué se tradujo? Se tradujo en peores prestaciones, menores cuantías, en más listas de espera, en muchísimas personas desprotegidas, en que las cuidadoras fueran invisibles. Y eso no fue porque no dieran importancia suficiente a los cuidados; ellos cuidaban, pero cuidaban a los suyos, como hizo el señor Rajoy, que, mientras recortaba en dependencia para la ciudadanía en general, utilizaba recursos públicos que son de todos para cuidar a su padre desde la Moncloa. (Rumores). Por eso me parece tan cínico el discurso que ha tenido el Partido Popular. Espero, les pido y les tiendo la mano para que no solo aprueben el decreto ley, sino que también aprueben las reformas de la ley de dependencia y discapacidad que tantas personas están esperando en este país. No me puedo extender más porque se me agota el tiempo. Vamos a tener la oportunidad de hablar de la reforma de la ley en el próximo punto, de cuáles son las cuestiones que nosotras vemos muy ventajosas y positivas, pero también de las deudas pendientes que nos quedan con muchas personas y del trabajo que nos queda por hacer. Porque, señor ministro, es verdad que es un paso adelante, es verdad que es un avance, pero todavía queda mucha gente atrás. Muchas gracias. (Aplausos).

Bona tarda, senyories. Per començar, volem donar la benvinguda a totes les associacions i entitats de la societat civil que ens acompanyen avui i que representen milions de persones, milions de persones que pateixen una discapacitat o que es troben en situació de dependència. Sabem que al darrere de cada associació hi ha persones que viuen el seu drama particular. Vosaltres, millor que ningú, podeu, per tant, entendre la situació que vivim a Catalunya. El nostre sistema de dependència està al límit des de fa tant de temps que ja no és notícia. És on hi ha més persones en llista d’espera, més de 80 000 persones, gairebé la tercera part de les persones en llista d’espera de tot l’Estat. Moltes esperen valoració o prestacions ja reconegudes. L’any 2025, 10 000 persones van morir justament esperant aquestes prestacions i en els primers cinc mesos del 2026 ja portàvem més de 4000 persones esperant, que van morir esperant, com dèiem, aquestes prestacions, gairebé la meitat del total de l’Estat.

La llei diu que el temps màxim d’espera ha de ser de 180 dies. A Catalunya tenim una mitjana de 266 dies. I sabeu què passa? Que hem normalitzat tant aquesta situació que, com us deia, ja no és notícia. I no és que individualment no siguem sensibles a la desgràcia de l’altre, ho som. El problema és que socialment patim, com en tants altres temes que afecten milers, el que els psicòlegs en diuen la fatiga de la compassió, perquè és més fàcil sentir empatia quan parlem del problema del Joan o de la Maria. Per tant, potser cal posar‑li nom, al problema. Potser cal tenir present que tots, absolutament tots, hi estem exposats a una situació així, de dependència, a què la teva mare o al teu pare no li estiguin pagant la prestació que tant necessita i a la que té dret. Porta tota la vida cotitzant i ara el posen a la llista d’espera, potser per acabar morint desesperat. Això és una situació de vergonya. A Junts no acceptem aquesta normalitat. Mai, mai ens quedarem de braços plegats davant d’una situació així d’injusta.

Per això, com després podrem explicar amb més detall, hem forçat el Govern espanyol a rectificar la relació econòmica Estat‑Comunitats autònomes en la llei de dependència, però ara voldria centrar‑me en el reial decret llei que aporta recursos extres per cobrir els graus II i III de dependència. I sí, he dit recursos extres, no extraordinaris. I m’explico. Extraordinaris ho serien si per un moment servissin per corregir i compensar el dèficit històric de la dependència que pateix Catalunya des de fa vint anys. Vint anys pagant el 70 % o el 80 % de les prestacions a què ens obliga l’Estat, mentre el Govern espanyol, a sobre, ens segueix aplicant el seu espoli fiscal de 22 000 milions d’euros cada any. Hem volgut que el Govern reconegui i compensi aquest dèficit històric de la dependència, però no ho han acceptat. No fos cas, oi? Per tant, avui no ens aporten res d’extraordinari. Són recursos extres, perquè tampoc han posat a disposició una partida extraordinària suficient perquè aquest reial decret llei aportés des de ja el 50 % del cost de les prestacions de la dependència. Això no ha passat. Només hi ha 2218 milions i dic només —‌només— perquè repartits per tot l’Estat no serviran per fer canvis realment significatius en les llistes d’espera ni en la millora de l’atenció a les persones dependents. I no serà perquè el Govern espanyol no tingui diners. En té molts. Mirin, des que governa Pedro Sánchez al 2018, la recaptació d’impostos de l’Estat ha augmentat en un 36 %. Ara, ara, atenció recapten 117 000 milions d’euros més que al 2018, entre l’IRPF i l’IVA, l’impost de societats i altres impostos. Per tant, que no ens vinguin a vendre com a cosa extraordinària el que no ho és. Tot ajuda, ho entenem segur. I aquest és el principal argument de les associacions, però demanem que analitzin la situació. Ens estan dient per terra, mar i aire que l’Estat espanyol és una de les economies que més creix a la Unió Europea. Però de què serveix que l’Estat cada cop tingui més diners si aquests no arriben a la ciutadania just quan més ho necessita?

A banda d’increments pressupostaris, volem un canvi de model que sigui més just i de pas més transparent, perquè el reial decret llei incrementa les aportacions de l’Estat, però no sabem quin és el cost global de les prestacions i, per tant, no sabem quina factura hauran d’acabar pagant les comunitats autònomes. Per això era línia vermella que l’Estat assumís de manera literal el 50 % del cost per votar a favor la llei de dependència.

Des de l’entrada en vigor de la llei de dependència, la 39/2006, hem suportat la seva política de «Jo convido i tu pagues». Vostès, des de Madrid, ampliant prestacions. Nosaltres, des de Catalunya, encaixant‑les. Aquest reial decret llei forma part d’aquesta manera de fer, perquè ni la llei de dependència ni aquest reial decret llei modifiquen l’arquitectura financera amb què l’Estat ofega econòmicament Catalunya en dependència, en sanitat, en tot, sempre aprofitant‑se de les comunitats autònomes. Un ofec que va arribar a màxims històrics entre el 2011, després de la crisi econòmica, i el 2020. Vostès mateixos reconeixen, en el preàmbul d’aquest reial decret llei, que l’any 2016 l’Estat va aportar 1191 milions d’euros, mentre que les comunitats autònomes van aportar 6113 milions d’euros. Saben quin percentatge correspon a aquesta diferència? Doncs bé, les comunitats autònomes van aportar el 80 %. I ara el Govern espanyol, sobretot la part econòmica d’Hisenda, ens venen amb l’enganyifa del nou model financer Estat‑autonomies, a fer‑nos creure, com sempre explica molt bé el Josep Maria Cruset, que ens regalen 4700 milions d’euros quan ens donen allò que ja ens corresponia.

Potser els altres els compren aquesta moto, nosaltres no. Però evidentment necessitem més recursos per a la dependència. I aquest reial decret llei aporta un extra que, com deia, no és extraordinari.

Gràcies.

Buenas tardes, señorías. Para empezar, queremos dar la bienvenida a todas las asociaciones y entidades de la sociedad civil que nos acompañan hoy y que representan a millones de personas; millones de personas que sufren una discapacidad o que se encuentran en una situación de dependencia. Sabemos que detrás de cada asociación hay personas que viven su drama particular. Vosotros, mejor que nadie, podéis entender, por lo tanto, la situación que vivimos en Cataluña. Nuestro sistema de dependencia está al límite desde hace tanto tiempo que ya no es noticia. Es donde hay más personas en lista de espera, más de 88 000 personas, casi una tercera parte de las personas en lista de espera de todo el Estado. Muchas esperan valoración o prestaciones ya reconocidas. En 2025, murieron 10 000 personas precisamente esperando las prestaciones, y en los primeros cinco meses de 2026 llevamos ya más de 4000 personas que fallecieron esperando, como decía, las prestaciones, casi la mitad del total del Estado. La ley dice que el tiempo máximo de espera tiene que ser de 180 días. En Cataluña tenemos un promedio de 266 días. ¿Y sabéis qué pasa? Que hemos normalizado tanto esta situación que, como os decía, ya no es noticia. Y no es que individualmente no seamos sensibles a la desgracia del otro; lo somos. El problema es que socialmente sufrimos, como en tantos otros temas que afectan a miles de personas, de aquello que los psicólogos llaman la fatiga de la compasión, porque es más fácil sentir empatía cuando hablamos del problema de Joan o de María. Por lo tanto, quizás hay que poner nombre al problema y tener presente que todos, absolutamente todos, estamos expuestos a una situación así, de dependencia, a que a tu madre o a tu padre no les paguen la prestación que tanto necesitan y a la que tienen derecho. Llevan toda la vida cotizando y ahora los ponen en lista de espera, quizás para acabar muriendo desesperados. Esto es una situación de vergüenza. En Junts no aceptamos esta normalidad. Nunca, jamás, nos quedaremos de brazos cruzados ante una situación así de injusta. Por eso ―‌como después podremos explicar con mayor detalle‌― hemos forzado al Gobierno español a modificar la relación autonómica entre Estado y comunidades autónomas en la ley de dependencia. Ahora quiero centrarme en el real decreto ley que trae recursos extras para cubrir los grados 2 y 3 de dependencia. Y, sí, he dicho recursos extras, no extraordinarios. Me explico: extraordinarios serían si por un momento sirvieran para corregir y compensar el déficit histórico de la dependencia que sufre Cataluña desde hace veinte años. Esto es, veinte años pagando el 70 o el 80 % de las prestaciones a las que nos obliga el Estado mientras el Gobierno español, encima, nos sigue aplicando su expolio fiscal de 22 000 millones de euros al año. Hemos querido que el Gobierno reconozca y compense el déficit histórico de la dependencia, pero no lo han aceptado, ¿verdad? Hoy, por lo tanto, no nos aportan nada extraordinario, son recursos extras porque tampoco han puesto a disposición una partida extraordinaria suficiente para que este real decreto ley aportara desde ya el 50 % del coste de las prestaciones de la dependencia. Esto no ha ocurrido, solo hay 2218 millones. Digo solo, porque repartidos para todo el Estado no servirán para impulsar cambios realmente significativos en las listas de espera ni en la mejora de la atención a las personas dependientes. Y no será porque el Gobierno español no tenga dinero, que tiene mucho. De hecho, desde que gobierna Pedro Sánchez, desde 2018, la recaudación de impuestos del Estado ha aumentado en un 36 %. Ahora ―a‌ tención―‌ recaudan 117 000 millones de euros más que en 2018 entre IRPF, IVA, impuesto de sociedades y otros impuestos. Por lo tanto, no quieran vendernos como algo extraordinario aquello que no lo es. No dirán que todo ayuda; sí, eso lo entendemos, seguro, y este es el principal argumento de las asociaciones, pero pedimos que analicen la situación. Nos dicen por tierra, mar y aire que el Estado español es una de las economías que más crece en la Unión Europea, pero ¿de qué sirve que el Estado tenga más dinero cada vez si este dinero no llega a la ciudadanía, precisamente, cuando más lo necesita?

Además de aumentos presupuestarios, queremos un cambio de modelo que sea más justo y, de paso, más transparente. Porque el real decreto ley aumenta las aportaciones del Estado, pero no sabemos cuál es el coste global de las prestaciones y, por lo tanto, no sabemos cuál es la factura que acabarán pagando las comunidades autónomas. Por eso, era una línea roja que el Estado asumiera de forma literal el 50 % del coste para votar a favor de la ley de dependencia.

Desde la entrada en vigor de la ley de dependencia, la Ley 39/2006, hemos soportado su política de «yo invito y tú pagas». Ustedes desde Madrid amplían prestaciones; nosotros desde Cataluña las encajamos. Este real decreto ley forma parte de esta manera de hacer, porque ni la ley de dependencia ni este real decreto ley modifican la arquitectura financiera con la que el Estado ahoga económicamente a Cataluña en dependencia, sanidad y en todo, siempre aprovechándose de las comunidades autónomas. Un ahogo que llegó a máximos históricos entre el 2011 ―‌después de la crisis económica‌― y el 2020. Ustedes mismos reconocen en el preámbulo del real decreto ley que en 2016 el Estado aportó 1191 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas aportaron 6113 millones de euros. ¿Saben cuál es el porcentaje que corresponde a esta diferencia? Pues bien, las comunidades aportaron el 80 %. Y ahora el Gobierno español ―s‌ obre todo el lado económico de Hacienda―‌ nos viene con el engaño del nuevo modelo financiero del Estado de las autonomías para hacernos creer, como siempre explica muy bien Josep Maria Cruset, que nos regalan 4700 millones de euros cuando nos dan aquello que ya nos correspondía. Quizás los demás les compren esta moto, nosotros no. Pero, evidentemente, necesitamos más recursos para la dependencia y este real decreto ley aporta un extra que, como les decía, no es extraordinario.

Gracias.

Bona tarda, presidenta. Gràcies, senyories. Una salutació especial a totes les entitats que ens estan seguint avui dels dos punts del dia, primer dels calers i després la llei de dependència, que són, com ha dit el ministre, possiblement una de les lleis més importants, si més no, d’aquesta legislatura. Gràcies especialment, com deia, a les entitats, i sobretot —‌aprofiteu‑me que tiri cap a casa— al Toni Guillem i a la Laura Recha, que han vingut de casa meva, infatigables i imprescindibles. La dependència en diners no és una qüestió tècnica, són la diferència entre tenir un dret o no tenir‑lo. La dependència es paga de tres butxaques: la de l’Estat, comunitats autònomes i la de les famílies. L’any 2006 la llei va prometre que l’Estat i les comunitats aniríem a mitges. Això no ha estat així. Evidentment que no és responsabilitat seva, senyor ministre, però és una realitat de la qual partim. Vint anys després, la realitat és aquesta: de cada quatre euros que costa el sistema, l’Estat ha pagat poc més d’un 27 %. L’any passat, 3750 milions d’euros d’un cost de més de 13 500 milions, poc més del 27 %, com deia. Això encara —i‌ aquí sí que seré una mica més dur amb els partits del Govern i amb el Govern— si entra vostè a la pàgina del Ministeri de Defensa, el Ministeri de Defensa veurà que hi ha 79 programes compromesos per valor de 94 000 milions d’euros. I aquí estem discutint per aquests diners, que són molts, però comparat amb l’altre. I per la classe treballadora, la seguretat és també la llei de dependència, no només la seguretat militar. Ahí lo dejo. Com deia abans, l’Estat espanyol dedica a les cures de llarga durada la meitat que la mitjana europea, 0,8 % del PIB, quan a Europa supera el 1,15. No és una feina d’un dia, és responsabilitat dels diferents governs, però també és una realitat la que estem vivint. Ens ho van dir els experts a la ponència. El nostre no és un sistema car, és un sistema, en tot cas de low cost. Què fa, doncs, aquest reial decret llei? Tres coses, primera, injecta 2218 milions d’euros addicionals aquest mateix 2026, no l’any que ve, ara. Bé, amb això l’aportació de l’Estat arriba enguany als 5513 milions. Segona, puja el mínim de l’Estat, que garanteix per cada persona. La gran dependència passa de 296 euros al mes a més del doble. El grau II se multiplica de 130 a 260. La tercera, garanteix 4930 euros mensuals per a les persones amb dependència extrema, l’ELA i les malalties equiparables, perquè hi ha malalties que no poden esperar cap tràmit. I això no és caritat, senyories, és començar a tornar el que se’ns deu.

Val a dir que aquest decret no ha caigut el cel. Com deia abans, existeixen perquè milers d’entitats han pressionat, però també hem posat Esquerra Republicana el nostre gra de sorra, amb tota humilitat. Vam dir una cosa molt senzilla mentre estàvem tramitant aquesta llei: sense diners no hi hauria cap vot. I aquí, senyor ministre, li vull donar les gràcies, senyor Bustinduy, perquè realment vostè ha complit la seua paraula. Vam dir que perquè tirés aquesta llei endavant, volíem un document signat. El va signar el 23 de juny. Ho va aprovar, perdó, ho va signar el 14 de juny. Ho va aprovar, com vostè va dir, el 23 de juny i es compleix la paraula donada i des de l’1 de juliol ja s’està aplicant. Així que gràcies i això l’honora. Aquesta és la política que ens interessa, la que acaba en una nòmina, no la que acaba en una foto.

Ara bé, que ningú confongui, aquest sí amb un xec en blanc. Aquest decret millora el present però encara no garanteix el futur i vostès ho saben. Quatre lletres petites tretes al mateix BOE. Primera, és un suplement de crèdit al 2026, només per al 2026. Els més de 7200 milions anunciats pel 2027 són avui un anunci i els compromisos s’haurien d’escriure; si no, són de poc de fiar. Però li donem un vot de confiança també amb aquests 7200 milions d’euros anunciats pel 2027.

Segona, les quanties no són xifres fixes, sense clàusula d’actualització. I aquí sí que permeti’m que és una de les espines clavades que tinc amb la negociació d’aquest reial decret llei. Nosaltres vam demanar al Ministeri una revisió anual lligada als costos i a la demanda. La inflació, l’envelliment, els diners es devoren calladament, com va passar a partir de l’any 2011. Un dret que no s’actualitza és un dret que es retalla a càmera lenta. És una espina clavada amb el ministeri que tenim present i tenim memòria, senyor Bustinduy i això s’hauria d’haver arreglat. S’ha d’arreglar. S’ha d’actualitzar perquè si no, els diners perden valor.

Tercera, el cinquanta per cent avui deixa de ser una promesa —‌l’escrivim a la llei— però té clau de pas: una certificació de despesa que encara s’ha de definir per un grup de treball. Vigilarem perquè això es compleixi i, de fet, no faria falta que estigués aquestes esmenes que estem ficant en diferents grups, perquè l’Estatut ja ho diu i que, bé, que s’hauria de complir. Però bé, si ho posem és perquè no es compleix.

Quarta, el repartiment territorial continua sec a la demografia. Es paga per beneficiari reconegut, però no per necessitat real, i això penalitza Catalunya, 4442 persones mortes en llista d’espera només fins al maig i 320 dies de mitjana per resoldre un expedient. No demanem cap privilegi. Demanem que la llei es compleixi, com deia abans. Hi ha qui aquests dies diuen que això és un pedaç, que 2200 milions d’euros és un pedaç. Un pedaç és retallar més de 5000 milions d’euros, com va fer el Partit Popular a partir del 2012. Això sí que és un pedaç i, a més, d’una mala costurera o costurera.

I per acabar, hi ha qui compta la dependència com una despesa. Nosaltres la comptem com el que és: el salari indirecte de la classe treballadora, allò que sosté aquella persona que emmalalteix, que es fa gran, quan algú de casa ja no es pot valdre sol. Defensar aquest finançament és defensar el sou de la gent encara que no surti de la nòmina. I és alhora lluita social i lluita nacional, perquè finalment, finançar els drets de la gent i respectar les competències de Catalunya no són dues coses, són per a nosaltres, per a Esquerra Republicana, la mateixa.

Per tot això, Esquerra Republicana votarà sí a la convalidació d’aquest reial decret llei i a partir de demà mateix vigilarem que cada euro, cada termini i cada transferència estigui ben empleada, perquè la dignitat no es decreta, es finança.

Moltes gràcies.

Buenas tardes, presidenta. Gracias, señorías. Un saludo especial a todas las entidades que nos siguen hoy en estos dos puntos del orden del día, dinero y ley de dependencia, que son, como ha dicho el ministro, tal vez de las leyes más importantes, al menos de esta legislatura. Gracias especialmente a las entidades, como decía, y sobre todo ―p‌ ermítanme que barra para casa‌― a Toni Guillem y a Laura Recha, que han venido de mi casa, de mi tierra, infatigables e imprescindibles. La dependencia en dinero no es algo técnico, es la diferencia entre tener un derecho o no tenerlo. La dependencia se paga de tres bolsillos: familias, comunidades autónomas y Estado. En 2006, la ley prometió que el Estado y las comunidades iríamos a medias, y eso no ha sido así. Evidentemente, no es su responsabilidad, señor ministro, pero es una realidad de la que partimos. Veinte años después, la realidad es esta: de cada cuatro euros de nuestro sistema, el Estado tiene que pagar poco más del 27 %. Concretamente, el año pasado pagó 3657 millones de euros de un coste de más de 13 600 millones. Esto es, poco más del 27 %, como decía hace un momento. Y aquí voy a ser un poco más duro con los partidos del Gobierno y con el Gobierno. Si usted se mete en la página del Ministerio de Defensa, verá que hay setenta y nueve programas comprometidos por valor de 94 000 millones de euros. Y estamos ahora debatiendo de este dinero, que es mucho, pero comparado con este otro, no es tanto. Y para la clase trabajadora, la seguridad también es la ley de dependencia, no es solo la seguridad en sentido militar. Ahí lo dejo. Como decía antes, el Estado español dedica a los cuidados de larga duración la mitad de la media europea: 0,8 % del PIB, cuando en Europa se supera el 1,15 %. No es trabajo de un día, es responsabilidad de los distintos Gobiernos, pero es la realidad en la que vivimos. Los expertos de la ponencia dijeron que nuestro sistema no es caro, de hecho, es un sistema, en todo caso, de bajo coste. Entonces, ¿qué hace este real decreto ley? Tres cosas. Primero, inyecta 2218 millones de euros adicionales este 2026 ―‌no el año que viene, sino ahora―‌ y con esto la aportación del Estado llega este año a los 5613 millones. En segundo lugar, sube el mínimo que el Estado garantiza para cada persona. Se pasa de 130 a 260 por cada grado y se multiplica también para las personas de dependencia extrema y enfermedades equiparables, porque hay enfermedades que no pueden esperar. Pero esto no es caridad, es empezar a devolver lo que se nos debe. Hay que decir que este es un decreto que no ha caído del cielo, existe porque hay miles de entidades que han presionado, y nosotros, Esquerra Republicana, también hemos puesto nuestro grano de arena, con toda humildad. Cuando se tramitaba esta ley, dijimos algo muy sencillo: sin dinero no habría votos. Aquí, señor ministro Bustinduy, le quiero dar las gracias porque realmente usted ha cumplido su palabra. Dijimos que, para que esta ley saliera adelante, queríamos un documento firmado y lo firmó el 14 de junio y lo aprobó ―‌como decía usted‌― el 23 de junio. Por tanto, se cumple la palabra dada y desde el 1 de julio está en aplicación. Así que, gracias, esto le honra. Esta es la política que nos interesa, la que termina en una nómina, no la que termina en una foto. Ahora bien, que nadie confunda este sí con un cheque en blanco. Este decreto mejora el presente, pero todavía no garantiza el futuro, y ustedes lo saben. Cuatro letras pequeñas que salen del primer BOE. Primero, es un suplemento de crédito del 2026. Es decir, solo para 2026, porque los más de 7200 millones anunciados para el 2027 son, en este momento, un anuncio. Los compromisos habría que escribirlos, pero vamos a dar un voto de confianza a estos 7200 millones anunciados para el 2027. Segundo, las cuantías nuevas son cifras fijas sin cláusula de actualización. Ahí sí que quisiera decirle que es una de las espinas clavadas que tengo en la negociación de este real decreto ley. Nosotros pedimos al ministerio una revisión anual vinculada a los costes y a la demanda: la inflación, el envejecimiento… El dinero se devora calladamente, como ocurrió desde 2011. Este es un derecho que no se actualiza y se va recortando a cámara lenta. Es una espina clavada con el ministerio que tenemos presente ―‌lo tenemos en la memoria‌― y esto, señor Bustinduy, habría que arreglarlo. Hay que actualizarlo, porque de lo contrario el dinero pierde valor.

En tercer lugar, el 50 % hoy deja de ser una promesa. Se pone por escrito en la ley, pero tiene una llave de paso, una certificación del gasto que todavía tendría que definir un grupo de trabajo. Vamos a estar atentos para que se cumpla. De hecho, no haría falta que estas enmiendas estuvieran, porque ya lo dice el estatuto y habría que cumplirlo. Pero, bueno, si lo decimos es porque no se cumple.

En cuarto lugar, el reparto territorial sigue siendo ciego con respecto a la demografía. Se paga por beneficiario reconocido, pero no por la necesidad real y esto penaliza a Cataluña: 4442 personas muertas en lista de espera solo hasta mayo y 320 días de media para resolver un expediente. No pedimos ningún privilegio; pedimos que se cumpla la ley, como decía antes. Estos días hay quien dice que esto no es más que un parche, que estos 2200 millones de euros son un parche. No, un parche es recortar miles de millones de euros, como hizo el Partido Popular desde 2012. Eso sí que es un parche de una mala costurera o costurero.

Para terminar, diré que nosotros entendemos este gasto como lo que es: el salario indirecto de la clase trabajadora. La dependencia ayuda a quien se pone enfermo, a quien se hace mayor o cuando alguien en casa ya no puede valerse por sí mismo. Defender esta financiación es defender el salario de las personas, aunque no salga de la nómina. Hay quien ve, sin embargo, la dependencia como un gasto, y esto tiene que ver con la lucha social y la lucha nacional. Porque financiar los derechos de la gente y respetar las competencias de Cataluña no son dos cosas, sino que son lo mismo.

Por todo ello, Esquerra Republicana va a votar sí a la convalidación de este real decreto ley. Y, a partir de mañana mismo, vamos a vigilar para que cada euro, cada plazo y cada transferencia se cumplan y estén bien empleados. Porque la dignidad no se decreta, se financia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Buenas tardes, presidenta. Ministro, señorías, quería empezar saludando a toda la buena gente que hoy nos acompaña en tribuna y a toda la buena gente que está en la sala Cánovas, personas que se dedican a mejorar la vida y el entorno de la discapacidad y la dependencia. Bienvenidos a todas y a todos, y muchísimas gracias por estar aquí. (Aplausos). Y es que hoy nos jugamos algo muy, muy importante. Y no hablo de Francia‑España, o no solo de Francia‑España, sino de que hoy todos los ciudadanos nos jugamos apostar por un sistema de cuidados que no deje a nadie atrás, y no solo a los no nacidos, que diría el Partido Popular, tanto con este real decreto ley del que hablamos ahora como, después, con la ley de dependencia y de discapacidad. Y no hubiéramos llegado hasta aquí sin vosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. (Aplausos). Hoy el Gobierno, de la mano del ministro Bustinduy, nos trae un real decreto ley de esos que marcan un antes y un después, tanto en las políticas de la Administración General del Estado como en las de las comunidades autónomas. Pero, sobre todo, puede marcar un antes y un después en la vida de las personas con algún tipo de discapacidad o dependencia y, sobre todo, en la de sus cuidadores o, mejor dicho, cuidadoras, porque una mayoría aplastante son mujeres. Es una norma con la que, como bien ha explicado el ministro, se duplica la financiación respecto a 2025, superando los 7200 millones en 2027 y alcanzando ya los 5513 millones en 2026. En total, la inversión aumentará en 6200 millones de euros de aquí al final de la legislatura, de modo que la aportación estatal alcanzará el 50 % de la financiación de las comunidades autónomas, justo lo que tanto lleva pidiendo el Partido Popular. Esperemos que voten en consonancia. Eso se llama compromiso político, una rara avis en estos tiempos que corren. Se amplían por ley las cuantías correspondientes a cada uno de los grados de dependencia. En el grado I, un 18,4 %; en el grado II, un 100 %; y en el grado III, la prestación mínima aumenta un 127 %. Sin duda alguna, se trata de un salto cuantitativo para lograr un salto cualitativo en materia de cuidados.

Estos días, que estamos tan futboleros, hay que recordar y destacar que también existen diferentes ligas en esto de los cuidados y la dependencia. Si uno tiene recursos, tu familia y tú estaréis en una liga; pero, si no los tenéis, os tocará vivir en una liga inferior. Y es que, desde los recortes de 2011, el sistema de dependencia ha ido sufriendo y ha ido asfixiando a mucha gente. Ha dejado atrás a muchas personas, aunque en los últimos años hemos ido mejorando. Eso lo hemos podido ver en los barrios. Seguro que el señor Feijóo, en El Viso, no lo ha visto, pero quienes llevamos toda la vida en nuestro barrio, quienes hemos tenido la suerte de crecer y vivir siempre allí, sabemos lo que significa intentar cuidar en comunidad. Hemos visto cómo las familias debían enfrentarse, primero, a la burocracia, a las listas de espera y a unas ayudas que tardaban en llegar, mientras trataban de compaginar los cuidados con la casa y el trabajo. Hemos visto cómo esa hija, esa madre, iba asumiendo las tareas de cuidados hasta el punto de dejar incluso de trabajar, perdiendo una capacidad adquisitiva fundamental. Hemos pasado de saludarlas en el bus, yendo al curro, a saludarlas en la cola de Cáritas para recibir alimentos esenciales. Y si ya eres migrante, la cosa es muchísimo peor. Y en este mismo barrio, que es el mío, basta con cruzar una calle para encontrarnos en la otra liga. Gente que tiene recursos, que tiene dinero y que, con la misma preocupación por su familia, puede cuidar de los suyos de una manera muy muy diferente. No normalicemos esta diferencia sin más, señorías. No normalicemos esta inequidad.

Por esto, entre otras muchas razones, tanto este real decreto como la nueva ley de dependencia y discapacidad que vendrá después deben salir adelante, y espero que con un consenso generalizado. Por justicia, por feminismo ―s‌ í, por feminismo―‌ , por responsabilidad política y ciudadana y también, cómo no, por necesidad social. Sigamos generando comunidad, pero también garantizando derechos universales y creando oportunidades para todos y todas. Pero para todo ello hacen falta respuestas sin evasivas; financiación para reforzar el sistema de cuidados; financiación para reducir la burocracia; financiación para disminuir los copagos, señorías del Grupo Popular; financiación para reducir las listas de espera; financiación para una mejor atención; financiación para la creación de empleo digno para las trabajadoras de los cuidados, y financiación para afianzar derechos, muchos derechos.

Como decía, a partir de 2011 los fondos destinados a la atención a la dependencia se redujeron. ¿Quién gobernaba en esa época? Se lo puedo decir yo: el Partido Popular. El esfuerzo financiero se trasladó a las comunidades autónomas y a la ciudadanía. Esto ha mejorado en los últimos años. Según los datos, España va mejor. Vamos bien. Pues bien, ha llegado el momento de devolver a la sociedad lo que nunca se debió recortar: la dignidad de las personas y de sus cuidadoras (aplausos), y la dependencia como verdadero cuarto pilar del estado del bienestar. Y un detalle para el Grupo Popular y para VOX. Esta financiación, ¿de dónde viene? ¿Viene de Quirón? ¿Viene de los bancos rescatados que nunca devolvieron las ayudas? ¿O de empresas como Madrid Network? No. Viene de nuestros impuestos, bien gestionados. (Aplausos).

Para terminar, vuelvo a lo futbolístico. Cuando algunos querían dar por acabado este partido que es la legislatura, o más bien creían que ya había terminado, muchos tomamos decisiones. Unos seríamos centrocampistas y otros defensas de las políticas progresistas. Y mientras defendíamos la portería, nuestro estado del bienestar, frente a la derecha y la ultraderecha, alguien subía por la banda, llegaba hasta el Ministerio de Hacienda y conseguía lo que todavía hoy sorprende a muchos: una financiación millonaria. Entonces pregunté a Tesh, que es experta en fútbol, y puedo afirmar, ministro Bustinduy, que usted es nuestro Cucurella. (Risas). Enhorabuena a usted y a todo su equipo. Enhorabuena. (Aplausos). Porque no sé cómo lo han conseguido, pero yo quiero lo mismo también para la sanidad y para otras cosas. Enhorabuena. Dicho esto, aún queda partido, señorías del Grupo Popular. Pero, sin duda, hoy el gol y la victoria es para la sociedad civil y para los colectivos.

Quería terminar con una mención especial a mi ahijada Nina y a su luchadora madre, Ana. Porque todos los que estamos aquí tenemos a alguien que cuida. Todos conocemos a alguien que cuida de una persona con discapacidad o en situación de dependencia.

Todos nos hemos reunido con esas madres, hijas y mujeres cuidadoras y hemos escuchado sus necesidades. Pues bien, hoy es el día de seguir mejorando sus vidas. Hoy es el día de pulsar el botón verde del sí. Por días como hoy merece la pena estar en el Congreso de los Diputados.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, puestos en pie).

Gracias, presidenta. Buenas tardes. Señorías, qué fácil es votar a favor de esta propuesta. Qué fácil es quedar bien con todo el mundo y colgarse esta medalla. Qué fácil es votar a favor y mirar para otro lado. Qué fácil es lavarse las manos y dejar que las personas con discapacidad y sus familias crean que, por fin, van a mejorar sus condiciones de vida, cuando todos sabemos que no será así. Porque, desgraciadamente, este es el modus operandi que impera en la política de siempre, la que ustedes llevan años practicando: proponer para quedar bien con el ciudadano que reclama una necesidad y, después, si te he visto, no me acuerdo; apoyar para no quedar mal, huyendo de la responsabilidad de decirle a la gente la verdad, de enfrentarla a la realidad: que la mayoría de las veces lo que se aprueba no se cumple. Señorías, todos aquí sabemos que esto no es más que otro engaño de este Gobierno miserable. Porque hay que ser muy miserable para hacer creer a quienes viven una situación desesperada que las cosas van a mejorar para luego dejarles en la estacada, como han hecho siempre. Como hicieron con los enfermos de ELA. (Aplausos). Como han hecho hace apenas unos días con las familias de la CUME y como van a hacer ahora con tantos y tantos españoles necesitados de ayuda urgente. Este aumento en la cuantía de las ayudas a la dependencia que propone el Gobierno no es un gran avance del que sentirse orgullosos. No lo es porque venimos de un mínimo indecente y no lo es porque, a pesar del aumento, seguimos estando muy por debajo de la media europea. Pero ni siquiera es esta la cuestión, porque de nada sirve aprobar un aumento de las ayudas si el Gobierno no está en condiciones de garantizar que lleguen a quienes tienen que llegar, en tiempo y forma. Por tanto, lo que debemos plantearnos hoy aquí no es si aprobemos o no un aumento de la cuantía de unas ayudas que, por supuesto, son absolutamente necesarias. La pregunta que debemos hacerle a este Gobierno es si, una vez aprobado este real decreto, las ayudas llegarán a las familias, a todas las familias. (Aplausos). ¿Están ustedes en disposición de asegurarnos que será así? Nosotros creemos que no, y lo creemos porque los datos que manejamos son absolutamente demoledores. Porque la realidad es que hoy mueren noventa dependientes al día sin recibir la asistencia que les corresponde por ley: uno cada dieciséis minutos. La realidad es que, en los cinco primeros meses del año, la lista de espera ha aumentado en más de siete mil personas, hasta alcanzar la cifra de 265 503 dependientes que necesitan atención y no la tienen. La realidad es que el tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 320 días, cuando la ley establece 180. Así que la pregunta es muy clara: ¿van a ser capaces de reducir las listas de espera? Porque ¿de qué sirve una ayuda, por muy cuantiosa que sea, si no va a llegar a tiempo? Señorías, hay cálculos que dicen que harían falta ochenta y seis años para eliminar las listas de espera. ¿Pueden decirnos cómo van a cambiar esta situación? Y, ya de paso, ¿podrían decirnos cómo van a resolver la desigualdad territorial? ¿Cómo van a garantizar que todos los dependientes, vivan en la comunidad que vivan, tengan la posibilidad de recibir las mismas ayudas? Y, por último, ¿qué va a pasar con los miles de nuevos dependientes que se van a ir sumando, irremediablemente, a la petición de ayuda como consecuencia, entre otras cosas, de sus regularizaciones masivas? ¿Han tenido en cuenta el aumento constante del número de posibles beneficiarios? ¿Habrá dinero para todos, teniendo en cuenta que ni tienen ni van a tener ustedes presupuestos? Señorías, ustedes ni siquiera son capaces de dotar a nuestros mayores de plazas públicas y concertadas en las residencias. Sabemos que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de ochocientas mil personas y que el crecimiento de la demanda va muy por delante del ritmo de creación de plazas. Hoy faltan más de cincuenta mil plazas para atender la lista de espera de las personas con dependencia severa y gran dependencia, y cerca de cien mil para alcanzar el mínimo recomendado de cinco plazas por cada cien mayores de 65.

Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de lo mismo de siempre: de titulares electoralmente rentables, de política de gestos. Estamos hablando de una gran mentira. Estamos hablando de cómo blanquear la corrupción del Partido Socialista mientras todo se desmorona a su alrededor, a costa de las expectativas de personas necesitadas de ayuda. De eso estamos hablando. Y por eso nosotros, en conciencia, no podemos seguir participando en este cruel engaño. Y por eso nosotros, por responsabilidad y por decencia, tenemos que decir que no vamos a participar en este juego macabro.

Señorías, lo fácil es votar a favor y ponerse de perfil. Claro que sí. Lo fácil es votar a favor y hacer como si creyéramos que estas ayudas van a llegar a los españoles que las necesitan. Lo fácil es votar a favor, recibir la aprobación social y eludir la crítica. Pero, a veces, hay que escoger el mejor camino, aunque sea el más difícil. Y lo difícil, señorías, es votar en contra de este real decreto. Lo difícil es decirles a tantos españoles que esperan una ayuda que no se dejen engañar, que están jugando con sus expectativas por puro interés partidista. Lo difícil es decirles que el papel lo aguanta todo, pero que se arruga rápido y que rápido acaba en el fondo de una papelera. Que el Gobierno solo gana tiempo y que, por mucho que aprobemos hoy este real decreto, la inmensa mayoría de los afectados no va a recibir esta ayuda. Es mucho más difícil asumir la responsabilidad de decirle a este Gobierno, asediado por la corrupción, que no; que ya está bien de engañar a los ciudadanos; que no nos creemos nada; que esto de repartir dinero sin garantía alguna de que llegue a sus destinatarios es una vergüenza y una obscenidad. Lo difícil es mantenerse firme cuando te acusan falsamente de votar en contra de las mujeres, de los niños, de las personas mayores o de las personas con discapacidad solo por votar en contra de medidas bonitas por fuera, pero muy dañinas por dentro, que no solucionan nada y se quedan en un titular. (Aplausos).

No, nosotros nunca vamos a votar en contra de los ciudadanos, como quieren hacer ustedes creer, cada vez con menos éxito, gracias a Dios. Nosotros votamos en contra de este Gobierno indecente. Votamos en contra de sus mentiras, de sus malas artes y de la utilización partidista que hacen de las personas más vulnerables. Que a nadie se le olvide que este Gobierno es el máximo responsable de la precariedad de la dependencia en España; que durante ocho años ha permitido y promovido las listas de espera, el abandono de los mayores, la desigualdad territorial y la escasez de plazas en residencias y centros de día. Y solo ahora, al final de una de las peores legislaturas de la historia, cuando agoniza contra las cuerdas de la corrupción, se acuerda de los enfermos y de los dependientes. Pero no se engañen. No lo hacen por humanidad; lo hacen por necesidad. Lo hacen por puro interés partidista. No hay nada más indigno.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

Gracias, presidente. Señorías, permítanme que comience con unas palabras de cariño hacia mis compañeros, mis vecinos de Almería, que han sufrido ese terrible incendio este fin de semana. (Aplausos). Quiero trasladar todo nuestro apoyo a las familias de los fallecidos, a quienes lo han perdido todo, y desear una pronta recuperación a las personas heridas. Y también quiero mostrar nuestro reconocimiento a todos los profesionales, a los servicios de emergencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las personas voluntarias y a los ayuntamientos que han trabajado sin descanso para proteger a la población.

Señorías, ya entrando en el objeto de este debate, quiero saludar y agradecer la presencia, tanto en tribuna como en la sala, de las organizaciones que trabajan para las personas en situación de dependencia y con discapacidad. Quiero dar las gracias a las familias, a las personas cuidadoras y a todas las entidades que llevan tantos años luchando por mejorar la vida de las personas en situación de dependencia y de las personas con discapacidad. (Aplausos). Sin duda, la reforma de la ley de dependencia y discapacidad y este decreto llevan también su nombre, porque, si hoy estamos aquí, es gracias a todo el trabajo que han realizado durante tantos años y a esa perseverancia y constancia que nos han hecho muchas veces entender que necesitábamos mejorar la vida de las personas con discapacidad y dependientes. Gracias.

Hoy damos un paso decisivo, convalidamos un real decreto ley con una inversión de 6200 millones de euros adicionales para reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Es la mayor financiación de la historia para consolidar un sistema que atiende a millones de personas y que necesita recursos para seguir creciendo. Este decreto garantiza que los nuevos derechos de la reforma de la ley de dependencia, que vamos a aprobar hoy aquí, se hagan efectivos porque dota a las comunidades autónomas de recursos necesarios para ampliar prestaciones, reforzar servicios y seguir reduciendo las listas de espera.

Señorías, durante la tramitación de la ley, el Grupo Popular nos dijo que no podían aprobar la reforma de la ley de dependencia porque su problema era la financiación. Hoy, se trae aquí financiación y al Grupo Popular no le vale. Saben ustedes que este año el Gobierno de España ha aportado la mayor financiación en dependencia de la historia. Además, se van a aportar 6200 millones de euros extras en los próximos dos años, y dice el Grupo Popular que no le vale. Hay algo más importante y es que se pone dinero sobre la mesa, puesto que este decreto modifica la ley de presupuestos para incrementar las cuantías del nivel mínimo garantizado de la financiación de la dependencia, y al Grupo Popular sigue sin valerle. (Rumores).

Por lo tanto, no estamos hablando de promesas, estamos hablando de hechos, de una norma con rango de ley. Eso significa que, si en un futuro se quiere cambiar, tiene que modificarse en esta Cámara con una mayoría parlamentaria. Si a ustedes les parece esto insuficiente, me pregunto, señorías del Grupo Popular, qué les pareció cuando Rajoy dejó la financiación de la ley de dependencia en mínimos históricos. ¿Eso no les parecía insuficiente? Hay que tener memoria, señorías del Grupo Popular (aplausos), hay que tener memoria. Tengo que recordarles que quienes recortaron, quienes eliminaron el nivel acordado y quienes quitaron la cotización a las mujeres, a las madres, a las hijas o a las hermanas fueron ustedes, y ahora vienen aquí a darnos lecciones de financiación. Hay que tener memoria. (Rumores).

Pero es que hay más. Llevan años diciendo que el Estado debía financiar el sistema al 50 % (la señora Acedo Reyes: Y no lo hace), y en política hay que decir también la verdad: la ley de dependencia de 2006 en ningún momento dice que el 50 % sea competencia del Gobierno. (Rumores). Por favor, no, es la realidad. La ley de dependencia dice que las comunidades autónomas aportarán, como mínimo, lo mismo que el Gobierno de España. (Rumores). Al Partido Popular le ha convenido hacer bandera de esto porque han llevado a los ayuntamientos, a las diputaciones y a todas las comunidades autónomas mociones pidiendo el 50 %, y ahora que hay un acuerdo histórico ―‌pero no gracias a ustedes, porque no han pactado absolutamente nada de la ley‌― con los demás partidos políticos tampoco les vale y votan en contra.

Además, dicen que votan en contra porque ahora resulta que no saben de dónde vamos a sacar el dinero. Ustedes dicen que tienen un problema con la financiación, pero su problema de verdad no es con la financiación, tienen un problema gordo porque, por un lado, los colectivos sociales están pidiendo desde hace muchos años financiación y más apoyos para ellos y, por otro lado, tienen al señor Feijóo que está diciendo que voten en contra de todo lo que el Gobierno progresista haga, aunque sea beneficioso para la ciudadanía. Por lo tanto, tienen ustedes un papelón muy gordo. (Aplausos). Tienen ustedes un papelón. (Rumores). Sí, señorías, tienen un papelón muy gordo.

Sin embargo, nosotros, el Grupo Socialista y el Gobierno de coalición, lo tenemos muy claro: elegimos a las personas, elegimos reforzar el sistema, ampliar derechos y poner recursos donde ustedes solamente pusieron recortes. Las personas que hoy nos acompañan en tribuna y en la sala esperan que todos estemos a la altura, esperan respuestas, esperan compromisos y esperan hechos. Precisamente, eso es lo que hoy trae este Gobierno aquí, porque trae financiación, derechos y un sistema fuerte para quienes más lo necesitan.

A VOX ni siquiera se lo voy a decir, porque a ustedes nunca les han importado las personas con discapacidad ni en situación de dependencia, y lo han demostrado hoy aquí también, pero a las señorías del Grupo Popular les diría que están todavía a tiempo de rectificar; todavía están a tiempo de demostrar que, cuando ustedes hablaban de financiación, lo decían de verdad; todavía están a tiempo de ponerse del lado de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. No hagan caso al señor Feijóo, de verdad, hagan caso ―‌no a mí, que lógicamente no lo van a hacer‌― a los ciudadanos y las ciudadanas. Por respeto a las personas en situación de dependencia y discapacidad y por respeto a todas las organizaciones que día a día se dejan la piel deben votar que sí. Por respeto a eso nada más.

Señorías, dejen de una vez de pensar solo en su estrategia de partido y voten a favor de un decreto que es beneficioso para todas las personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, señor presidente. Señorías, permítanme comenzar dirigiéndome a quienes hoy nos acompañan desde la tribuna: entidades que representan a personas con discapacidad, a personas en situación de dependencia, a sus familias y a cuidadores. Gracias por estar aquí. (Aplausos). Su presencia nos recuerda que no podemos defraudar su esperanza. En dependencia y en discapacidad lo importante no es la fotografía histórica de la aprobación, sino la realidad diaria de la prestación. Señorías, hay debates en este Parlamento que hablan de presupuesto, otros que hablan de leyes y otros hablan de personas, y este pertenece a la última categoría. Venimos a hablar de personas en situación de dependencia, de personas con discapacidad y también de sus familias, de sus cuidadores que reorganizan su tiempo, su trabajo e incluso su proyecto de vida para atender a aquellas personas que más quieren. Porque la dependencia nunca afecta a una sola persona ―e‌ so creo que lo sabemos todos―‌ , cuando entra en un hogar transforma a toda una familia. Este debate también habla de futuro ―l‌o decía el ministro―‌ , porque efectivamente somos un país envejecido y, por lo tanto, vamos a necesitar más servicios y cuidados en el ámbito de la dependencia. Por ello, no venimos a hablar de otros, venimos a hablar de todos, porque necesitamos una sociedad que garantice cuidados. Hoy, el Grupo Parlamentario Popular afronta el debate de este real decreto ley con claridad y sin ambigüedades. Quiero explicar bien desde el principio los dos conceptos de claridad y ambigüedad. No confundamos a la gente, en este punto del orden del día de lo que estamos hablando es de un real decreto ley que viene a financiar la ley de dependencia vigente (aplausos) y después tendremos el debate sobre el proyecto de ley de reforma de discapacidad y dependencia. Este real decreto ley no viene a sustituir la memoria económica que le hemos venido pidiendo, señor ministro, desde que presentó usted esta ley en el Consejo de Ministros. Cualquier recurso que llega al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es positivo, porque detrás de cada euro hay personas que esperan una prestación, hay familias que sostienen unos cuidados, hay trabajadores y profesionales que prestan unos servicios y hay comunidades autónomas y ayuntamientos que sostienen la asistencia y la atención a domicilio, la teleasistencia, los centros de día y las residencias de mayores. Nadie debería utilizar esa realidad para construir un relato partidista, pero ustedes, señorías del Gobierno, hoy no someten a votación solo la convalidación de un real decreto, ustedes, miembros del Gobierno, quieren que convalidemos su manera de gobernar, que son dos cosas distintas. (Aplausos). Gobernar no es solo anunciar nuevos derechos; no, gobernar consiste en hacerlos posible. Anunciar es relativamente sencillo, lo difícil es financiarlos, sostenerlos y que aquello que un ministro promete desde esta tribuna acabe llegando a la puerta de la casa de aquellas personas que lo necesitan, y eso es otra cuestión.

Señorías, voy a resumir nuestra posición en cinco verdades, en cinco hechos, y no en cinco opiniones, porque la dependencia no necesita propaganda. La primera de las verdades que quiero poner encima de la mesa en la tarde de hoy es que este real decreto no cambia el sistema de financiación de la dependencia; puede aprobar un suplemento de crédito ―‌que lo hace‌―, puede incrementar las cuantías del nivel mínimo, puede incorporar recursos extraordinarios, pero no puede hacer algo que jurídicamente es imposible: convertir en estructural una financiación que seguirá dependiendo de la aprobación año a año de los presupuestos generales del Estado, donde precisamente ustedes tienen poca credibilidad. (Aplausos).

La financiación de los 2218 millones del real decreto ley solo sirve para financiar este año, el año en curso, para nada los 6200 millones de los que usted hablaba aquí y han aparecido en notas de prensa, pero no en el real decreto, porque es solo un titular político. ¿Cómo puede garantizar financiación estable para mantener estos derechos un Gobierno incapaz de garantizar estabilidad presupuestaria y que lleva incumpliendo la Constitución toda una legislatura, sin presentar una ley de presupuestos generales del Estado? (Aplausos). La dependencia necesita certezas y no parches.

Segunda verdad. Hoy ustedes desmienten su propio discurso, ministro. Usted lo dijo en varias ocasiones en la sala de prensa del Consejo de Ministros y en el Senado. (Muestra un titular de prensa). ¿Qué decía y qué justificaba? Que con unos presupuestos prorrogados no podía aumentar la financiación para la dependencia. Pues bien, hoy demuestran exactamente lo contrario. Parece que sí podían. Si podían hacerlo, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué han permitido durante tres años que las comunidades autónomas aporten tres euros de cada cuatro que se dedican al sistema de dependencia? (Aplausos). ¿Por qué han permitido que crezca la deuda en 20 000 millones de euros con las comunidades autónomas? (Aplausos). ¿Qué ha cambiado realmente? Ni ha cambiado la situación presupuestaria ni tenemos nuevos presupuestos. ¿Sabe qué es lo único que ha cambiado? ¿Sabe qué es? Que ahora mismo tienen menos votos en la calle porque forman parte de un Gobierno que tiene 126 imputados, el hermano del presidente del Gobierno condenado, secretarios de organización de su compañero en el Consejo de Ministros en la cárcel, un millón trescientos mil euros de Zapatero en joyas ―‌que no ha sido capaz de aclarar su origen‌― y un presidente del Gobierno absolutamente acorralado por la corrupción. (Aplausos). Señor ministro, les faltan votos y por eso han venido.

Tercera verdad. Nos pide un acto de fe. ¿Qué creemos?, ¿la exposición de motivos del real decreto donde dicen que con este real decreto se financia el 50 %?, ¿o creemos esa enmienda transaccional que han firmado con el resto de los grupos que sostienen al Gobierno donde dicen ―f‌íjense, señorías―‌ que, después de aprobar la ley y de su entrada en vigor, el Gobierno de España tendrá doce meses para realizar un estudio donde se vea la posibilidad de financiar el sistema de dependencia y hacerlo sostenible? Señor ministro, ¿al final qué votamos, una garantía o una intención? Dejen de engañar, porque los derechos sociales no pueden construirse sobre un acto de fe, sino sobre memoria económica, planificación, financiación y presupuestos. Cuatro factores que ustedes no ponen encima de la mesa. (Aplausos).

Cuarta verdad, y voy terminando. Al final, ustedes primero anuncian y después calculan. Es aquello que decía una portavoz anteriormente: yo invito y tú pagas. El problema es que el tú pagas no se refiere solo a las comunidades autónomas, sino a todos los españoles, a los que nos están subiendo los impuestos de manera constante desde que Pedro Sánchez llegó.

Voy terminando, señor presidente. ¿Cómo vamos a pagar a los entre 261 000 y 640 000 nuevos profesionales que serán necesarios? ¿Dónde está el cálculo? ¿Dónde está el coste? Termino con la quinta verdad. Nosotros también queremos el 50 %, efectivamente, y queremos el 50 % que ustedes cerraron con el Gobierno vasco. Donde hay reglas claras, donde hay calendario…

Termino, presidente. Termino ya, presidente.

Queremos el mismo 50 % que el Gobierno vasco, y que no utilice la dependencia para pagar una semana más en el Palacio de la Moncloa, que eso es lo que ha hecho con ese pacto. (Aplausos).

Señorías, vamos a votar a favor porque entendemos la importancia de los recursos públicos para financiar el sistema de dependencia, pero no vamos a convalidar ni su forma de gobernar ni vamos a participar nunca en una política que promete lo que sabe que mañana no va a poder pagar.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie.―Varios señores diputados: ¡Bravo!).