Real Decreto-ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radio Televisión Española, S.A., S.M.E.

Gracias. Señorías, comparezco nuevamente ante esta Cámara para defender la convalidación del Real Decreto Ley 16/2026, de 16 de junio, de medidas para garantizar la prestación del servicio público encomendado a la Corporación Radiotelevisión Española. Esta norma responde a una necesidad concreta, inmediata y perfectamente identificable: garantizar la estabilidad financiera de una institución a la que nuestro ordenamiento encomienda la prestación de un servicio público esencial para nuestro país. Radiotelevisión Española no es una empresa cualquiera. La Ley 17/2006, de 5 de junio, le atribuye una misión de servicio público que resulta fundamental para asegurar el acceso a la ciudadanía a una información plural, veraz y de calidad, así como promover la cultura, las lenguas y la diversidad territorial de España y garantizar una oferta audiovisual accesible para todos los ciudadanos. La propia ley califica este servicio como esencial para la cohesión de una sociedad democrática. Precisamente por esta razón, el Estado tiene la obligación de proporcionar una financiación suficiente que permita el adecuado cumplimiento de esta facultad. El equilibrio económico‑financiero de Radiotelevisión Española no es una cuestión meramente contable, es una condición necesaria para que el servicio público pueda prestarse con normalidad, independencia y continuidad. La situación que aborda este real decreto ley es conocida por todos ustedes: existen controversias tributarias pendientes sobre la deducibilidad de determinadas cuotas impositivas soportadas por la corporación y recientes pronunciamientos judiciales han generado una incertidumbre jurídica que puede tener importantes consecuencias económicas para Radiotelevisión Española. El Gobierno no pretende interferir en estos procedimientos ni anticipar su resultado, lo que hace es algo mucho más sencillo y razonable: garantizar que, si determinados impuestos resultan finalmente no deducibles, ese coste no recaiga sobre la capacidad de Televisión Española para prestar el servicio público que la ley le exige. La solución adoptada es sencilla y clara: se incorpora un nuevo artículo 33 bis en la Ley 17/2006 que establece que los impuestos no deducibles soportados por Radiotelevisión Española tendrán la consideración de coste del servicio público audiovisual estatal, y, si este coste surge por circunstancias sobrevenidas ―‌incluidas resoluciones administrativas o judiciales relativas a ejercicios anteriores‌―, nace simultáneamente un derecho a la compensación por parte del Estado.

Estamos, por tanto, ante una medida lógica, de lógica financiera y coherencia institucional. Si la ley encomienda una obligación de servicio público al ente público estatal, resulta razonable que los costes inevitables derivados de esa prestación formen parte del coste financiable del propio servicio. Además, la norma introduce importantes garantías. En primer lugar, establece que el registro contable del coste y el de la compensación deberán realizarse de forma simultánea, para evitar distorsiones en las cuentas de la corporación. En segundo lugar, determina expresamente que esta compensación se integrará en el cálculo del coste neto del servicio público. Y, en tercer lugar, señala de manera inequívoca que en ningún caso podrá producirse una situación de sobrecompensación a Radiotelevisión Española. Quiero insistir en este punto. No estamos aprobando ningún privilegio ni ningún mecanismo excepcional de financiación, estamos garantizando que Radiotelevisión Española ni gane ni pierda patrimonio por la existencia de impuestos no deducibles vinculados a la prestación del servicio público. Es una medida de neutralidad económica que busca preservar el equilibrio financiero de una institución estratégica para nuestro sistema democrático. Concurren obviamente las razones también de extraordinaria y urgente necesidad exigidas por el artículo 86 de la Constitución.

En definitiva, la reforma que hoy sometemos a convalidación permite que los impuestos no deducibles soportados por Radiotelevisión Española se consideren un coste del servicio público y, por tanto, sean financiados o compensados por el Estado para garantizar la sostenibilidad económica de la corporación con efectos retroactivos.

Señorías, la votación de hoy no trata de posiciones políticas ―‌legítimas‌― respecto al modelo audiovisual público, persigue algo más básico: garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad financiera y la continuidad de un servicio que el legislador ha considerado esencial para todos los ciudadanos. Por responsabilidad institucional, por respeto a la función de servicio público de Radiotelevisión Española y por la necesidad de preservar su equilibrio económico‑patrimonial ante contingencias tributarias que no deben comprometer su misión, les solicito el voto favorable para la convalidación de este real decreto ley.

Gracias. (Aplausos).

Gràcies, president. Son las 13:49 horas, estamos debatiendo ya el segundo punto del orden del día, llevamos casi dos horas de Pleno y Feijóo sigue sin aparecer. (Protestas.―‌Varios señores diputados: Sánchez tampoco está.‌―El señor Azorín Salar pronuncia palabras que no se perciben). Senyor ministre, des de Compromís anem a votar a favor d’este reial decret llei perquè nosaltres creiem en els serveis públics i també perquè creiem en els mitjans públics. En plena era de la desinformació, de les fake news, dels discursos d’odi dels Vito Quiles i dels algorismes que volen decidir per nosaltres el que veiem i el que no veiem, disposar d’uns mitjans de comunicació forts, independents i ben finançats són una necessitat democràtica. Defensar la radiotelevisió pública és un dret del conjunt de la ciutadania, perquè tenim el dret a una informació rigorosa, plural i de qualitat. És la base de la democràcia, és disposar d’unes fonts d’informació plurals.

Però els mitjans públics no només no només es defensen amb recursos, també es defensen respectant la seua independència, protegint els seus professionals i entenent que estan al servei de la ciutadania, no del govern de torn. I ací és on el Partit Popular no està en condicions de donar‑nos cap lliçons, perquè ja sabem el que fan, perquè han convertit À Punt al meu país, el País Valencià, en l’última peça de la seua ofensiva contra la cultura i contra el valencià. Han recuperat la censura per la porta de darrere, han apartat els professionals que els incomoden, han matat el valencià i han substituït la promoció de la cultura per els bous que venen de Madrid i el que han fet és intentar convertir la nostra radiotelevisió pública en un instrument al servei del relat del Consell de la Generalitat. Per això nosaltres anem a donar suport a este decret perquè no volem que passe el que ja ens passa allà, perquè necessitem mitjans de comunicació públics que siguen forts, independents i plurals.

I, senyories del Partit Popular, anem a fer‑los fora de la Generalitat Valenciana i tornarem À Punt a que siga un referent de la nostra cultura, de la nostra llengua i dels serveis d’informació de qualitat per al conjunt de la ciutadania valenciana, i no un altaveu de les obsessions ideològiques de Mazón i de Pérez Llorca. Davant de la desinformació que estem patint, la millor resposta sempre serà més democràcia i per això fan falta serveis públics de qualitat, millor periodisme i que la radiotelevisió pública siga de totes i per a totes.

Gràcies.

Señor ministro, desde Compromís votaremos a favor de este real decreto ley porque nosotros creemos en los poderos públicos y también porque creemos en los medios públicos. En plena era de la desinformación, de las fake news, los bulos, los discursos de odio, los Vito Quiles y los algoritmos que quieren decidir por nosotros lo que vemos y lo que no, disponer de medios de comunicación fuertes, independientes y bien financiados es una necesidad democrática. Defender la radiotelevisión pública es un derecho del conjunto de la ciudadanía porque tenemos derecho a una información rigurosa, plural y de calidad. Es la base de la democracia. Es disponer de fuentes de información plurales.

Pero los medios públicos no se defienden solo con recursos, también se defienden respetando su independencia, protegiendo a sus profesionales y entendiendo que están al servicio de la ciudadanía, no del Gobierno de turno. Ahí es donde el Partido Popular no está en condiciones de darnos ninguna lección porque ya sabemos lo que hacen. Han convertido À Punt en mi país, en el país valenciano, en la última pieza de su ofensiva contra la cultura y contra el valenciano. Han recuperado la censura por la puerta de atrás, han apartado a los profesionales que les incomodan, han matado el valenciano, han sustituido la promoción de la cultura por los bous, los toros que vienen de Madrid, y han intentado convertir nuestra radiotelevisión pública en un instrumento al servicio del relato del Consell de la Generalitat. Por ello, nosotros vamos a dar apoyo a este decreto, porque no queremos que ocurra lo que ya nos ocurre ahí, porque necesitamos medios de comunicación públicos fuertes, independientes y plurales.

Señorías del Partido Popular, les vamos a echar de la Generalitat Valenciana, vamos a hacer que À Punt vuelva a ser un referente de nuestra cultura, de nuestra lengua y de unos servicios de información de calidad para el conjunto de la ciudadanía valenciana y no un altavoz de las obsesiones ideológicas de Mazón y de Pérez Llorca. Ante la desinformación que estamos sufriendo, la mejor respuesta siempre será más democracia y para ello hacen falta servicios públicos de calidad, mejor periodismo y que la radiotelevisión pública sea de todas y para todas.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días.

Es una triste realidad que programas de la televisión pública española se hayan convertido en emisiones sectarias a las órdenes fundamentalmente de los intereses del Gobierno y también de sus socios. Es llamativo comprobar cómo hay programas de análisis de la actualidad que se han entregado a productoras externas relegando a los propios profesionales de la cadena. Pero esta deriva y esta vergüenza se produjo ya en el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración mientras se iban acumulando los muertos de la dana, lo que motivó la suspensión de la sesión de control, aunque el Gobierno y sus socios estuvieron empeñados en esos nombramientos.

Por otro lado, señorías, es evidente que hoy, 14 de julio, como durante los últimos veinticinco años, mi corazón y mi alma están hoy en Leiza, en Navarra, acompañando a Reyes Zubeldia, a Francisco, a Daniel y a Raquel, viuda e hijos de José Javier Múgica Astibia (aplausos), concejal de Unión del Pueblo Navarro en el ayuntamiento de dicha ciudad, que fue asesinado por la banda terrorista ETA tal día como hoy por defender la libertad y la democracia, por representar a sus vecinos y hacerlo en nombre de Unión del Pueblo Navarro. Sus compañeros continúan con su legado y mantienen encendida esa llama de la esperanza a pesar de las dificultades. El trabajo y el esfuerzo de José Javier perdurará en el tiempo. Pero hoy también, 14 de julio, con el recuerdo a José Javier tenemos que recordar a dieciséis personas más asesinadas por una banda terrorista, por el FRAP y por la banda terrorista ETA. Y con ellas, a todas las víctimas del terrorismo.

Y con estos recuerdos, señorías, también una denuncia. Es una vergüenza, es repugnante y una ignominia que todavía haya partidos políticos o colectivos que siguen sin condenar los asesinatos de ETA, que siguen teniendo entre sus dirigentes a terroristas, que los llevan en sus listas electorales y que no colaboran con la justicia en el esclarecimiento de más de trescientos atentados de ETA. (Aplausos).

Hoy, en el 25.º aniversario del asesinato de José Javier Múgica y en el 40.º aniversario del asesinato de doce guardias civiles en la plaza de la República Dominicana de Madrid…

… una vez más tenemos que denunciar, señorías, que todavía haya actos de enaltecimiento del terrorismo y que se siga excarcelando fraudulentamente a etarras.

Hoy, para todos ellos: ¡Verdad, memoria, dignidad y justicia! (Varios señores diputados: ¡Muy bien!―Aplausos).

Grazas, señor presidente. Moi boa tarde. De novo teño a certeza de que este debate non vai ir de diñeiro, non vai ir de financiamento da televisión española a pesar de que ese sexa o motivo fundamental do Real Decreto, senón que vai tomar outro cariz. Eu teño a certeza de que subirán aquí PP e VOX para denunciar a manipulación e a falta de pluralismo da televisión pública española, polo menos no caso do PP nun evidente exercicio de proxección, que é como se chama agora o vello principio de propaganda nazi de Goebbels de acusar aos outros do que un propio fai. Pois aí están exemplos, que máis coñezo da actuación do Partido Popular desta etapa de Núñez Feijóo como presidente coa Televisión de Galicia en que manipulación e falta de pluralismo político é realmente quedar moi curto e ademais eu teño a certeza de que é probábel que, pois isto o fagan traendo a conto un caso recente dunha tertuliana que se levantou en directo dunha tertulia para poñelo como exemplo. Eu si que lle quero dicir ó PP, que é verdade que isto na Televisión de Galicia non pasaría ou, para ser máis exacto, na Televisión de Galicia non podería pasar por que porque na Televisión de Galicia nas tertulias da Televisión de Galicia non hai ninguén que defenda a oposición, non hai ninguén que non sexa pro‑PP, non hai absolutamente ninguén que discrepe minimamente do pensamento único, porque a Televisión de Galicia non é unha televisión que falte pluralismo é directamente un aparello de propaganda do Partido Popular.

E que temos que dicirnos sobre a televisión española? Imos defendela? Evidentemente, non. Claro que falta pluralismo na televisión española, especialmente non xa político ideolóxico, especialmente no pluralismo nacional, porque a televisión española pagámola todos e todas os que falan español e os que falamos galego, os que falan catalán ou os que falan eúscaro e, por tanto, a televisión española debe reflectir esa realidade plurinacional, pluricultural e plurilingue do Estado español. Ten a obriga de reflectir con normalidade as producións culturais e artísticas que se producen, por exemplo, en galego ou en eúscaro ou en catalán. Aquelas producións na nosa lingua que teñan que ver con literatura, con música, con teatro, con cinema e que infelizmente non están na televisión, española e tamén, e tamén —‌acabo señor presidente— nas tertulias porque non só ten importancia o que acontece en Madrid e, por tanto, eu acabo preguntando, para cando o cumprimento de compromisos como que a televisión española 2, a 2 de televisión española, estea en galego, como que ClanTV teña programación en galego ou que TVPlay teña un catálogo suficiente na nosa lingua? Iso para nós é o que realmente importa.

Moito obrigado.

Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes una vez más. Tengo la certeza de que este debate no va de dinero, de financiación de la Televisión Española, a pesar de que ese sea el motivo fundamental del real decreto, sino que va a tomar otro cariz. Tengo la certeza de que aquí subirán PP y VOX para denunciar la falta de pluralismo de la Televisión Española. Por lo menos en el caso del PP en un ejercicio de proyección, que es lo que se llama ahora ―‌antes era propaganda nazi de Goebbels‌―, de acusar a los demás de lo que está haciendo uno mismo. Aquí hay ejemplos. Yo conozco más de la actuación del Partido Popular en la etapa de Núñez Feijóo como presidente con la televisión de Galicia que es manipulación y falta de pluralismo político. Y me quedo corto. Tengo la certeza o, bueno, es probable que esto se haga trayendo a cuento el caso de una tertuliana que se levantó en directo de una tertulia para ponerlo como ejemplo. Aquí le quiero decir al PP que es cierto que esto en la televisión de Galicia no pasaría; más exactamente en la televisión de Galicia no podría haber pasado. ¿Por qué? Porque en la televisión de Galicia en las tertulias de la televisión no hay nadie que defienda a la oposición; no hay nadie que no sea pro‑PP, no hay nadie que discrepe mínimamente del pensamiento único. Porque la televisión de Galicia no es una televisión en donde falte pluralismo, es directamente un aparatón de propaganda del Partido Popular. ¿Y nosotros qué tenemos que decir acerca de Televisión Española? Evidentemente no la vamos a defender. Claro que falta pluralismo en Televisión Española, especialmente no ya político‑ideológico, sino pluralismo nacional, porque la televisión española la pagamos todos y todas: los que hablan español y los que hablamos gallego, los que hablan catalán o los que hablan euskera. Por tanto, Televisión Española tiene que reflejar esa realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado español. Tiene la obligación de reflejar con normalidad las producciones culturales y artísticas que se producen, por ejemplo, en gallego, en euskera o en catalán; aquellas producciones en nuestra lengua que estén relacionadas con la literatura, música, teatro, cine y que desafortunadamente no están en

Televisión Española. También ―y‌ con esto finalizo, señor presidente‌― con las tertulias, porque aquí no solamente tiene importancia lo que sucede en Madrid. Yo pregunto: ¿para cuándo la obligación de compromiso para que la Televisión Española y La 2 estén también en gallego, que Clan Televisión también tenga programas en gallego? Eso es lo que realmente nos importa a nosotros.

Muchas gracias.

Moltes gràcies, president. Senyor ministre, vostès porten a convalidació un nou reial decret, en aquest cas relacionat amb Radiotelevisió Espanyola, que pateix exactament dels mateixos vicis que típicament pateix les iniciatives del Govern. L’han escrit pensant que tenen una majoria absoluta en aquest hemicicle que en realitat no tenen. L’han escrit pensant en Madrid i, per tant, girant l’esquena a Catalunya. I l’han escrit pensant que s’aprovarà segur i no serà així i serà la segona vegada que li passa, senyor ministre, que no se’n surt d’aprovar les seves iniciatives, perquè és evident que Radiotelevisió Espanyola pateix econòmicament les conseqüències de no poder‑se deduir els impostos que paga al portar a terme la seva activitat ordinària i que, per tant, a la pràctica és evident que això no deixa de ser un sobrecost afegit a l’activitat diària de Radiotelevisió Espanyola. Però també és evident que aquest mateix problema el pateixen TV3 i Catalunya Ràdio i que, per tant, a nosaltres el que ens importa és aplicar una solució que també —‌que— també resulti d’utilitat al conjunt de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Perquè aquest reial decret llei no estableix un mecanisme general de protecció dels serveis públics audiovisuals, sinó que pretén crear una cobertura específica i exclusiva per Ràdio i Televisió Espanyola. Molt bé. I TV3? I Catalunya Ràdio? I les televisions locals catalanes que pateixen exactament el mateix problema que està patint Radiotelevisió Espanyola amb els temes fiscals? Sense anar més lluny, Hisenda ha realitzat en els darrers anys tres grans ofensives fiscals contra la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, inspeccions que poden acabar sumant una devolució de més de 360 milions d’euros, inspeccions amb el risc evident de generar a la corporació una intencionada asfíxia financera. Però atenció! Ara que resulta que la compensació de l’IVA amenaça Radiotelevisió Espanyola, hem d’aprovar un reial decret llei a corre‑cuita i només per Ràdio i Televisió Espanyola. I, en canvi, quan l’amenaça és per TV3 i Catalunya Ràdio, llavors no cal fer res. Doncs miri, no. TV3 i Catalunya Ràdio són els mitjans de comunicació públics i nacionals de Catalunya i, juntament amb les televisions locals, necessiten la mateixa protecció que vostès pretenen donar a Radiotelevisió Espanyola. Queda això resolt en la seva proposta? No. Doncs per tant, és fàcil. Els vots de Junts per Catalunya no sumaran per l’aprovació d’aquest reial decret que deixa al descobert Catalunya Ràdio i TV3, perquè està fet d’esquena, com deia, a Catalunya, perquè no protegeix TV3 ni Catalunya Ràdio i perquè l’han portat sense majoria parlamentària. Des de Junts per Catalunya posem molt en valor el paper de TV3 i Catalunya Ràdio en garantir la presència del català en els mitjans, en impulsar la indústria audiovisual catalana i en assegurar una informació de proximitat. De fet, TV3 i Catalunya Ràdio són molt més que un mitjà de comunicació generalista. Són la veu, la mirada i la companyia de generacions de catalans que s’han fet grans al seu costat. TV3 i Catalunya Ràdio han entrat cada dia a les nostres llars per explicar‑nos la vida en la nostra pròpia llengua i, per això, formen part del nostre patrimoni col·lectiu com a país. I, per tant, sense resoldre el problema fiscal de l’IVA per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, vostès, com li deia, senyor ministre, no tindran els nostres set vots i aquest reial decret no es validarà. Volen protegir fiscalment Radiotelevisió Espanyola? Cap problema. Agafin la nostra proposta que nosaltres tenim registrada en la Llei del cinema, que també dona protecció a TV3 i Catalunya Ràdio i, en aquest cas, tindran segur els nostres set vots. Moltes gràcies.

Muchas gracias, presidente. Señor ministro, ustedes traen para su convalidación un nuevo real decreto ley, en esta ocasión relacionado con Radiotelevisión Española, que sufre exactamente los mismos vicios de los que típicamente adolece su Gobierno. Lo han escrito pensando que tienen una mayoría absoluta que en realidad no tienen. Lo han escrito pensando en Madrid y, por lo tanto, dando la espalda a Cataluña. Y lo han escrito pensando en que se aprobará seguro, cuando no será así. Será la segunda vez que le suceda hoy, señor ministro. No consigue aprobar sus iniciativas. Es evidente que Radiotelevisión Española sufre económicamente las consecuencias de no poderse deducir los impuestos que paga al llevar a cabo su actividad ordinaria. Por lo tanto, en la práctica, es evidente que esto no deja de ser un sobrecoste añadido a la actividad diaria de Radiotelevisión Española. Pero también es evidente que este mismo problema lo sufren TV3 y Catalunya Ràdio. Por lo tanto, a nosotros lo que nos importa es aplicar una solución que también sea de utilidad al conjunto de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Este real decreto ley no establece un mecanismo general de protección de los servicios públicos audiovisuales, sino que pretende crear una cobertura específica y exclusiva para Radiotelevisión Española. Muy bien, ¿y TV3, Catalunya Ràdio y las televisiones locales que sufren exactamente el mismo problema que sufre Radiotelevisión Española con los temas fiscales? Sin ir más lejos, en los últimos años, Hacienda ha realizado tres grandes ofensivas fiscales contra la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales; inspecciones que pueden acabar sumando una devolución de más de 360 millones de euros; inspecciones con el riesgo evidente de generar para la corporación una intencionada asfixia financiera. Pero, atención, ahora que resulta que la compensación del IVA amenaza a Radiotelevisión Española, tenemos que aprobar un real decreto ley deprisa y corriendo y solo para Radiotelevisión Española. En cambio, cuando la amenaza es para TV3 y Catalunya Ràdio, no hay que hacer nada. Pues, mire usted, no. TV3 y Catalunya Ràdio son los medios de comunicación públicos y nacionales de Cataluña y junto con las televisiones locales necesitan la misma protección que ustedes quieren dar a Radiotelevisión Española. ¿Queda esto resuelto en su propuesta de hoy? No. Por lo tanto, es fácil: los votos de Junts per Catalunya no sumarán para la aprobación de este real decreto, que deja al descubierto a Catalunya Ràdio y TV3. Se ha hecho dando la espalda a Cataluña, porque no protege a TV3 ni a Catalunya Ràdio y porque lo han traído sin tener mayoría parlamentaria. Desde Junts per Catalunya ponemos muy en valor el papel de TV3 y Catalunya Ràdio a la hora de garantizar la presencia del catalán en los medios, para impulsar la industria audiovisual catalana y para garantizar información de proximidad. De hecho, TV3 y Catalunya Ràdio son mucho más que unos medios de comunicación generalistas. Son la voz, la mirada y la compañía de generaciones de catalanes, que han crecido a su lado. TV3 y Catalunya Ràdio han entrado cada día en nuestros hogares para contarnos la vida en nuestra propia lengua y, por eso, forman parte de nuestro patrimonio colectivo como país. Por lo tanto, sin resolver el problema fiscal del IVA para la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales ustedes, como decía, señor ministro, no tendrán nuestros siete votos y este real decreto no se convalidará. ¿Quieren proteger fiscalmente a Radiotelevisión Española? No hay problema, tomen la propuesta que tenemos registrada en la ley del cine, que también da protección a TV3 y a Catalunya Ràdio; en ese caso, tendrán ustedes seguro nuestros siete votos. Muchas gracias.

Bona tarda, president. Senyories. Aquest reial decret respon a una necessitat clara, concreta i urgent, que és, com s’ha dit, garantir la sostenibilitat econòmica de la corporació RTVE, davant la incertesa generada per litigis i per la interpretació i ocasional canvi de doctrina tributària que poden deixar determinats impostos suportats per Radiotelevisió Espanyola, sense deducció.

Aquesta situació, senyor ministre, si no es tracta, com vostè ha dit, posa en risc l’equilibri patrimonial de la corporació i, en conseqüència, la continuïtat del servei públic que presta.

No serà per nosaltres que això no tiri endavant. Tenim clar el servei que presta Radiotelevisió Espanyola i els seus professionals. Recordem també el centre de producció, important, de Sant Cugat a Catalunya i el canal La 2 Cat, important també per a la difusió de la llengua catalana. Bo i més senyories, en un moment en què hi ha una gran preeminència de les notícies falses i les postveritats.

Tres punts faran que el nostre grup voti a favor d’aquest reial decret. En primer lloc, la defensa del servei públic i la pluralitat. La mesura preserva l’existència d’un mitjà públic important, capaç de garantir pluralitat d’informació, espais culturals i continguts en totes les llengües oficials. A Catalunya sabem bé la importància d’un espai mediàtic que reconegui i faci visible la nostra llengua i la nostra realitat. Una corporació econòmicament sanejada és també una garantia que aquestes realitats no quedaran relegades per criteris mercantils. En segon lloc, senyor ministre, votarem a favor per la seguretat jurídica i la previsibilitat financera. La inclusió d’un mecanisme de compensació davant circumstàncies sobrevingudes, com sentències o resolucions que alteren la deducció d’impostos, aporta previsibilitat comptable i evita que la gestió ordinària hagi de carregar amb riscos extemporanis que no depenen de l’activitat normal de la corporació. Això facilitarà una gestió més eficient i evitarà tensions en la plantilla i en la programació. I en tercer lloc, senyories, votarem a favor perquè entenem que és una mesura proporcional i adequada i que arriba en un moment urgent.

Entenem que el Govern, en aquest cas, ha utilitzat un instrument d’urgència, el decret llei, que sempre és un instrument discutible, perquè calia actuar abans de l’aprovació de comptes el primer semestre de l’any 2026 i perquè l’absència d’aquella cobertura hauria comportat un perjudici greu per al servei públic. No obstant, senyor ministre, seguirem vigilants perquè les mesures adoptades siguin proporcionals i no esdevinguin una porta oberta per a intervencions que minvin l’autonomia editorial i la independència d’aquest servei públic. Però, atenció, senyories, especialment senyories del PSOE, seria bo que es busqués una solució generalitzable també per a altres mitjans de caràcter anomenats autonòmics o local. Reclamem amb fermesa que aquesta mesura també s’adopti per a aquells casos en què mitjans autonòmics o locals tenen dificultats similars. En particular, senyor ministre, parlo dels mitjans que depenen de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, singularment, TV3 i Catalunya Ràdio, que reflecteixen també la nostra realitat i són un mitjà robust.

Els mitjans TV3 i Catalunya Ràdio tenen també costos derivats de decisions tributàries o judicials sobrevingudes. I, per tant, estan en un problema que podríem dir equivalent. TV3 i Catalunya Ràdio són institucions fonamentals per a la llengua, la cultura i la informació pròpia de la nostra nació. La seva estabilitat financera no és només una qüestió tècnica. És una garantia perquè la ciutadania tingui accés a continguts de qualitat en català, a informació de proximitat i a espais que promoguin el debat públic i la cohesió social. El paper que fa TV3 o Catalunya Ràdio no és un paper afegit o sobrevingut. És un mitjà que articula la conversa social a Catalunya i, per tant, demanem, senyor ministre, que aquesta mesura sigui també contemplable en altres àmbits. I demanem des d’aquí també que la Generalitat i les administracions corresponents treballin amb el Govern de l’Estat i amb els agents implicats per establir mecanismes de compensació i protecció similars als que aprovarem avui, o que intentarem aprovar.

Apel·lo directament a la senyoria socialistes perquè són responsables d’això i apel·lo, a més a més, els representants del socialisme català que s’asseuen en aquesta cambra. Vull recordar que el Partit Socialista a Catalunya ostenta la presidència de la Generalitat en la persona del molt honorable Salvador Illa. Per tant, senyories socialistes, toca espavilar‑se, perquè vostès són responsables tant de la Corporació Radiotelevisión Española com de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que depèn del Govern de Catalunya. No s’hi val, senyories socialistes, posar‑se de perfil.

Senyor ministre, votarem a favor d’aquest decret, però també li dic, amb exigències clares de control parlamentari rigorós, màxima transparència en la comptabilització i en els mecanismes de transparència pressupostària i garantia que els recursos assignats siguin efectivament destinats a preservar el servei públic, la qualitat informativa i els drets laborals de la magnífica plantilla de la Corporació.

Toca garantir l’estabilitat immediata de Radiotelevisió Espanyola i guanyar temps, però, atenció, per treballar solucions estructurals, senyor ministre, per anar una mica més enllà, per no haver de fer més reals decrets que improvisen el que podem anomenar pedaços. Així mateix, reitero, ho torno a dir, exigim que aquestes mesures que ara adoptarem aquí tinguin un reflex i un complement en les polítiques que depenen dels mitjans de les comunitats autònomes i del món local, singularment pel que fa al grup republicà, TV3 i Catalunya Ràdio. Aquesta és una visió lògica d’un estat compost on tan important és el que fa l’administració central, senyor ministre, com el que fan les administracions autonòmiques.

Gràcies.

Buenas tardes, presidente, señorías. Este real decreto responde a una necesidad clara, concreta y urgente, que es, como se ha dicho, garantizar la sostenibilidad económica de la corporación RTVE ante la incertidumbre suscitada por litigios y por la interpretación y el ocasional cambio de doctrina tributaria, que pueden dejar ciertos impuestos soportados por RTVE sin deducción. Señor ministro, si no se trata esta situación, como ha dicho usted, se pone en riesgo el equilibrio patrimonial de la corporación y, por consiguiente, la continuidad del servicio público que presta. No será por nosotros que esto no salga adelante. Tenemos claro el servicio que prestan RTVE y sus profesionales. Recordamos también el importante centro de producción de San Cugat, en Cataluña y el canal La 2 Cat, importante para divulgar la lengua catalana, más todavía, señoras y señores, donde predominan las noticias falsas y la posverdad. Tres puntos harán que nuestro grupo vote a favor de este real decreto. En primer lugar, la defensa del servicio público y la pluralidad. La medida preserva la existencia de un medio público importante, capaz de garantizar la pluralidad de la información, espacios culturales y contenidos en todas las lenguas oficiales. En Cataluña sabemos bien de la importancia de tener un espacio mediático que reconozca y haga visible nuestra lengua y nuestra realidad. Una corporación económicamente saneada es también una garantía de que estas realidades no quedarán relegadas por criterios mercantiles. En segundo lugar, señor ministro, votaremos a favor por la seguridad jurídica y la previsibilidad financiera. La inclusión de un mecanismo de compensación ante circunstancias sobrevenidas, como sentencias o resoluciones que alteran la deducción de impuestos, aporta previsibilidad contable y evita que la gestión ordinaria deba cargar con riesgos extemporáneos, que no dependen de la actividad normal de la corporación. Esto facilitará una gestión más eficiente y evitará tensiones en la plantilla y en la programación. Y, en tercer lugar, señorías, votaremos a favor porque entendemos que es una medida proporcional y adecuada y que llega en un momento urgente. Entendemos que en este caso el Gobierno ha utilizado un instrumento de urgencia, el decreto ley, que siempre es un instrumento discutible, porque había que actuar antes de la aprobación de las cuentas del primer semestre de 2026 y que la ausencia de esa cobertura habría conllevado un perjuicio grave para el servicio público. No obstante, señor ministro, seguiremos atentos para que las medidas sean proporcionadas y no una puerta abierta a intervenciones que socaven la autonomía territorial y la independencia de este servicio público. Pero, atención, señorías ―e‌ n especial las señorías del PSOE―‌ , estaría bien que buscaran una solución generalizada también para otros medios de carácter denominados autonómicos o local. Reclamamos firmemente que esta medida se adopte también en aquellos casos en los que medios autonómicos o locales tienen dificultades parecidas. En particular, señor ministro, le hablo de los medios que dependen de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y, en particular, de TV3 y Catalunya Ràdio, que reflejan nuestra realidad y son un medio robusto. Los medios TV3 y Catalunya Ràdio también tienen costes derivados de decisiones tributarias o judiciales sobrevenidas y, por lo tanto, podríamos decir que se encuentran en un problema equivalente. TV3 y Catalunya Ràdio son instituciones fundamentales para la lengua, la cultura y la información propia de nuestra nación. Su estabilidad financiera no es solo una cuestión técnica, es una garantía para que la ciudadanía tenga acceso a contenido de calidad en catalán, a información de proximidad y a espacios que fomenten el debate público y la cohesión social. El papel que desempeña Catalunya Ràdio y TV3 no es un papel añadido o sobrevenido, es un medio que articula la conversación social en Cataluña. Por lo tanto, señor ministro, pedimos que esta medida se pueda contemplar también en otros ámbitos. Desde aquí pedimos que la Generalitat y las Administraciones correspondientes trabajen con el Gobierno del Estado y con los agentes implicados para establecer mecanismos de compensación y protección similares a los que aprobaremos o intentaremos aprobar hoy.

Interpelo directamente a las señorías socialistas porque son responsables de esto y, además, interpelo a los representantes del socialismo catalán que se encuentran en esta Cámara. Quiero recordar que el Partido Socialista en Cataluña ostenta la presidencia de la Generalitat en la persona del Muy Honorable Salvador Illa. Por lo tanto, señorías socialistas, hay que darse prisa porque ustedes son responsables tanto de la Corporación Radiotelevisión Española como de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, que depende del Gobierno de Cataluña. No se vale, sus señorías socialistas, ponerse de perfil.

Señor ministro, votaremos a favor de este decreto, pero también se lo digo: lo haremos con exigencias claras. Exigimos control parlamentario riguroso, máxima transparencia en la contabilización y en los mecanismos de transferencia presupuestaria y que se garantice que los recursos asignados se destinen efectivamente a preservar el servicio público, la calidad informativa y los derechos laborales de la magnífica plantilla de la Corporación.

Ahora corresponde garantizar la estabilidad inmediata de Radiotelevisión Española y ganar tiempo. Pero, atención, para trabajar en soluciones estructurales, señor ministro; para ir un poco más allá, para no tener que recurrir a más reales decretos que improvisen lo que podríamos llamar parches. Y reitero ―‌lo vuelvo a decir‌―: estas medidas que hoy aprobaremos deben tener un reflejo y un complemento en las políticas que dependen de los medios de las comunidades autónomas y del mundo local, singularmente, en lo concerniente al Grupo Republicano, TV3 y Catalunya Ràdio. Esta es una visión lógica de un Estado compuesto donde, igual de importante es lo que hace la Administración central, señor ministro, como lo que hacen las Administraciones autonómicas.

Gracias. (Aplausos).

Gracias, presidente. (Coloca un reloj de arena en la tribuna. Así lo hacen también sobre sus escaños las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR). Este reloj es para medir el tiempo de los ausentes en sala, sino para recordarles que el tiempo se agota, se acaba para el pueblo palestino y necesitamos el proyecto de ley de embargo de armas contra el genocidio de Israel, necesariamente. (Aplausos). Señorías, aunque les parezca increíble, en el último año, por dos ocasiones, me han confundido con el cantante Antonio Carmona (risas), un guitarrista de flamenco, un cantaor y con el líder de una banda de rock argentina, Los Estelares. Yo no me lo explico. En el caso de Carmona debe ser por la nariz, porque otra explicación no cabe. Pero, en fin, los que me abordaron insistían repetidas veces en que yo era quien no era. Y así opera la percepción y las proyecciones. ¿Saben quién es Mario Monti? No, no fue comisario europeo de la Competencia. Fue empleado de Silvio Berlusconi, del imperio Mediaset, trabajó para la Comisión Trilateral y para Goldman Sachs, y fue el responsable de la campaña europea más importante de desregulación y privatización de los medios públicos en el Espacio Común Europeo; lecciones de Maquiavelo sobre los espejos, la imagen y las apariencias. Señorías, las apariencias engañan. En el Partido Popular dicen defender el servicio público radiotelevisivo, pero actúan como VOX, con una continua desestabilización, en un claro ejemplo de intentar desmantelar la tele de todos. No trabajan por el bien común. Carecen de integridad pública, de frónesis, de prudencia política y de enkrateia, de responsabilidad y autocontrol. Y también diría yo, de bonhomía. Con un solo cuarto de bondad y trabajo por los demás de personas comunes, como mi tío Francisco Pleguezuelos, al que despedimos esta semana pasada, la vida en este país mejoraría notablemente. Pero no están por la labor.

Señorías, defender Radiotelevisión Española es legislar con visión de futuro, garantizando su financiación independiente y brindando a sus profesionales frente a las presiones continuas de la ultraderecha. La prudencia política nos exige protegerla para asegurar el derecho a la información. Porque defender Radiotelevisión Española es defender la frónesis frente a la mala política que destruye lo común y es ejercer también el principio de enkrateia frente al autoritarismo que busca silenciar la diferencia.

Este real decreto ―‌lo han dicho quienes han utilizado la palabra por otros grupos parlamentarios‌―, efectivamente no resuelve el problema de financiación de los medios públicos, pero preserva el sistema para garantizar su continuidad de posibles consecuencias económicas adversas por una controversia tributaria que viene de los tiempos del Gobierno Rajoy. O, si sus señorías del Partido Popular lo prefieren, mejor hablamos del señor Montoro. Porque el señor Montoro es justamente la viva expresión de cuál es su apuesta legisladora en esta Cámara. Ustedes, los hombres de negro, con permiso del señor Rajoy, son aquellos de los recortes que hicieron popular el falso dilema de elección, ¿recuerdan? Elijan: ¿Un quirófano o una televisión pública? Una falsa dicotomía porque con usted nos quedamos sin salud pública y sin medios públicos. Si de usted dependiera, el mejor modelo es el de Trump: todo privado, sin ningún servicio público audiovisual.

Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR traemos de nuevo a esta tribuna la exigencia de una política de Estado, y se lo recordamos al señor ministro porque, efectivamente, este real decreto de urgencia resuelve lo que resuelve ―‌se lo han señalado‌―, no cubre los medios públicos tanto autonómicos como locales. Pero frente a los Mario Monti y los oligarcas de los medios de comunicación como Rupert Murdoch necesitamos otro marco normativo, otro desarrollo. Urge la defensa y mejora de la financiación de Radiotelevisión Española y del conjunto de los medios públicos, también, como decía, de los entes autonómicos y locales. ¿Por qué? Esta es una cuestión que hay que recordar: la financiación de los medios públicos en España es de las más bajas de Europa. A día de hoy, el PP y el partido del diccionario de los que no leen basculan entre falsos compromisos, amenazas y continuos ataques al servicio público audiovisual. Vamos, que actúan ustedes como portavoces de UTECA y del duopolio audiovisual. Al igual que hacen en otras materias legislativas en el debate en esta Cámara. Si hablamos del oligopolio eléctrico, de regulación de los mercados, de derechos sociales y de los trabajadores, invariablemente ustedes siempre están con la oligarquía y los intereses económicos del gran capital. Por eso se han embarcado en una campaña de acoso y desprestigio institucional contra Radiotelevisión Española.

Su proyecto de servicio público audiovisual pasó del franquismo sociológico del ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el monopolio estatal y antidemocrático de la Corporación, al modelo neoliberal de los señores Rato y Aznar, que abogaban por el modelo PBS, el de Estados Unidos: un canal elitista, de poco alcance, nula presencia en la esfera pública, siempre en beneficio de las grandes networks. Es normal, es normal, ¿para quién trabaja el señor Aznar? ¿Quién le paga su salario? (El señor Palencia Rubio: ¿Y a Zapatero?). Pues el grupo Fox News Corporation. Por eso ustedes, como el señor Macron, están por la labor de debilitar la fortaleza económica y la competencia de Radiotelevisión Española. Han impulsado la comisión de investigación del Senado a fin de conseguir la reducción de la financiación, y, si pudieran, llegarían a plantear, como hizo Álvarez Cascos, que Radiotelevisión Española no es un servicio público esencial; de modo que quien quiera ver a la selección española tenga que hacerlo por un canal de pago o privado, como ocurre con Milei en Argentina.

Ahora, como ironizaba Umberto Eco, les voy a dar una noticia que no les dejará muy contento. Una noticia del mañana, señorías del PP: los perros andaluces, el perral, como dicen en México, los descamisados, los nadies no lo vamos a permitir. No van a poder con la tele de todos, ni en Radiotelevisión Española, ni en Canal Sur, ni en TVG. (Aplausos). Recuperaremos lo que es de todos de su voracidad privativa y patrimonialista, como ya logramos en Valencia. Lo decimos alto y claro: Sin medios públicos no hay democracia. Por ello vindicamos en esta tribuna las demandas de la plataforma de Radiotelevisiones Públicas en Lucha, en línea con el espíritu del Reglamento Europeo de Libertad de Medios. Los derechos de los profesionales de radiotelevisión que ustedes atacan pasan por poner fin a la externalización. Privatizar los medios públicos es romper con el principio de igualdad y da lugar, como en Canal Sur, al acoso y el nepotismo al que nos tienen acostumbrados Moreno Bonilla y los socios del señor Zancajo. Seguiremos defendiendo el derecho a la información plural, contrastada y veraz, y para eso es necesaria una financiación plurianual. Los medios públicos en España están por debajo de la media de recursos de las cadenas de la UER en Europa.

Concluyo, presidente. Señorías del PP, estamos trabajando en un mandato marco que garantice el contrato programa de Radiotelevisión Española, y lo estamos haciendo con voluntad de acuerdo, entendimiento y diálogo. No sigan militando en la razón cínica, no son pendejos asintomáticos ni pelotudos disimulados, pero me temo que siguen presos de los intereses privados y padecen no solo el síndrome de la enfermedad infantil del franquismo sociológico, sino especialmente de la cultura retardataria. Llegan tarde al concierto de las autonomías…

… a la ley del aborto ―‌voy terminando‌―, al matrimonio igualitario y a la defensa de una muerte digna, como a tantos y tantos otros derechos.

En fin, es lo que tiene la naturaleza de la razón cínica, que ni es razón ni sostenible en el tiempo. Y terminarán, quizá, con muchos debates, jornadas, discusiones y defendiendo hasta el Estado plurinacional.

Nuestra formación política va a seguir trabajando por los medios públicos y para abrir una ventana de oportunidad para encender la imaginación…

… frente a Fox News, por el derecho a la comunicación, por la gente y por lo común.

Gracias. (Aplausos).

Muchas gracias. Son las dos y veinte de la tarde: Acaban de condenar al hermano del presidente del Gobierno y me pregunto si la televisión pública va a hacer de esto un titular en prime time. (Aplausos). Señor ministro, este real decreto que usted nos presenta hoy aquí es el enésimo ejercicio de desfachatez de este Gobierno. De este real decreto es falso hasta el título. No sé cómo no les da vergüenza. Mire, en España no hay un servicio público de radio y televisión, sino que es un enorme aparato de propaganda al servicio de Sánchez y su banda del que usted empieza a ser un alumno aventajado; empiéceselo a mirar. Ustedes dicen que este es el decreto ley de medidas para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión, y ya el título, ya solo el título en sí mismo es una falsedad. Oiga, ¿de qué servicio público nos hablan ustedes?

Este decreto no nace para garantizar el servicio público, señor ministro. Nace para esconder un agujero de 941 millones de euros, evitar que radiotelevisión pública entre en causa de disolución, mantener un gigantesco aparato de propaganda del Gobierno y trasladar esa factura al bolsillo de todos los españoles. (Aplausos).

El origen de este decreto, señor ministro, es tan simple como vergonzoso. Radiotelevisión Española está en bancarrota ―r‌econózcanlo, por lo menos―‌ como consecuencia de una gestión manifiestamente irresponsable, y en lugar de que dimitan los responsables que han provocado una deuda monumental con la Agencia Tributaria, que no pueden pagar, ahora pretenden que esa deuda la paguen todos los españoles. En cualquier rincón de la España real si un autónomo, un hostelero o un comerciante se equivoca en un céntimo en su declaración de la renta, Hacienda le va a caer encima con todo el peso de la ley, con intereses, con sanciones y sin piedad. Para el español de a pie, Hacienda somos todos; pero para los amigos del Gobierno, Hacienda es una especie de ONG que puede perdonar deudas de 900 millones de euros. Pues mire, no, señor ministro, no. ¿Van a incluir a la radiotelevisión pública en ese listado de morosos que han hecho de la Hacienda pública?

Abusan una vez más de la urgencia del decreto ley para, de manera espuria, ocultar un agujero de 941 millones antes de que la Corporación entre en causa de disolución, que es lo que dice la ley. ¿Y cuál ha sido la genialidad de este Gobierno? ¿Aplicar la motosierra y recortar? No, eso no. Se han inventado una especie de trampa contable para establecer por ley que los impuestos que RTVE no pueda pagar pasen a registrarse automáticamente como coste de servicio público. Y ese coste, ¡oh sorpresa!, genera un derecho directo de compensación a cargo de los presupuestos generales del Estado que se nutren de los impuestos que pagan todos los españoles. (Aplausos). Es decir, señor ministro, que la deuda fiscal de su aparato de agitación y propaganda la trasladan íntegra por real decreto al bolsillo de todos los españoles. Es la quintaesencia del sanchismo, oiga: socializar las pérdidas de sus desmanes, blindar su aparato de opinión sincronizada, pagar sueldazos a los colaboradores y obligar al contribuyente a pagarles la fiesta. Pues mire, no cuenten con VOX, porque nos vamos a oponer radicalmente a este atraco y se lo vamos a contar, además, a todos los españoles. Porque esta televisión ya no es pública, es simplemente la televisión del régimen. Es un aparato secuestrado para el interés privado de productoras externas que, por cierto, con los beneficios que obtienen están ya montando una cadena propia ―‌la séptima, que ya la anuncian‌―, y además para el interés particular de Pedro Sánchez y su banda.

Les vamos a contar a los españoles todos los desmanes y las razones por las que la televisión pública tiene un agujero. Les vamos a contar que la Moncloa llegó a presionar para cerrar una planta entera de Radio Nacional de España con el único fin de que Begoña Gómez grabase un podcast para promocionar su cátedra por la que hoy está imputada. (Aplausos). Les vamos a contar cómo se despilfarran 28 millones de euros por dos temporadas en fichajes estrella como el de David Broncano, blindado en una cena privada con el presidente del Gobierno, solo para que de esta manera se pudiera competir con las cadenas privadas que osaban criticar al «puto amo», al líder. O cómo se despilfarraron 5 millones de euros que se tiraron a la basura en ese desfile de personajes grotescos que fue La Familia de la Tele, que tuvieron que suprimir por el rotundo fracaso de audiencia.

Según ustedes, ¿este es el servicio público que defienden, un servicio esencial con estos contenidos? ¿Es el de Silvia Intxaurrondo, demandando a la propia casa para subirse el sueldo hasta los 269 000 euros al año, y que dedica sus programas a jalear y encubrir a quienes roban a manos llenas? Es la señora de la imputación con pinzas de Zapatero. ¿O el de Mercedes Milá, que ya tiene nuevo programa y que dice que las denuncias a Zapatero, que vienen de la Fiscalía Suiza y de la Fiscalía Francesa, son solo un montaje? ¿El del tren de vida de directores, presentadores y productoras externas que cobran millonadas mientras se asfixia a los medios internos? ¿Y qué decir de los colaboradores? Pagan a personajes inmorales como Bob Pop para que insulte a diputadas como Júlia Calvet, con comentarios machistas y misóginos ante el silencio sepulcral de las de «compañera, yo sí te creo». Permiten que se viertan ofensas gratuitas contra los católicos, como los de Lalachus, o que personajes como Jesús Cintora humillen a profesionales en directo sin que haya ni una sola consecuencia.

Mire, ustedes han convertido la televisión de todos en un reducto donde el propio Consejo de Informativos emite unos informes demoledores acusando a sus propios programas de tener un sesgo de izquierdas insoportable y de violar sistemáticamente la neutralidad exigible a un medio público.

Es una televisión tan plural tan plural que entrevista al exfiscal general del Estado, hoy condenado, como si fuera un personaje de la prensa rosa. Es una televisión tan neutral que envía equipos a Villán de Tordesillas para perseguir y señalar con el dedo a los vecinos que han cometido el crimen de votar a VOX. Es tan patriótica que recibe presiones de la Moncloa para censurar las pitadas a Sánchez, pero, en cambio, jalea y blanquea las pitadas al himno nacional, ante el estupor y la perplejidad de sus propios trabajadores, señor ministro. (Aplausos).

La televisión pública española ha llegado a tal nivel de delirio que, informando sobre el accidente de Adamuz, elaboraron un ranking de accidentes para meter con calzador a Franco y así desviar la atención sobre su negligencia criminal, con un resultado de 47 muertos en el accidente de Adamuz. Pero, para colmo, destinan uno de cada cuatro euros ―‌según palabras ayer del propio presidente de la Corporación―‌ a cumplir el chantaje lingüístico de sus socios separatistas, que ya tienen televisiones públicas tan deficitarias como esta y que hoy, además, le han pedido que también el Estado asuma sus deudas, cargándolas al bolsillo de los españoles. Ministro, es una absoluta indecencia que un Gobierno que asfixia a impuestos a los españoles pretenda que estos, además, rescaten con su dinero el millonario aparato de propaganda que Sánchez y su banda utilizan a diario para blanquear su corrupción.

Ustedes han hundido el prestigio de la televisión pública, convirtiéndola en un aparato de propaganda para encubrir y jalear la corrupción de este Gobierno. Además, han arruinado las cuentas y ahora pretenden endosarnos la deuda a todos los españoles. Sepan, pues, que VOX no va a contribuir a legalizar esta estafa ni este atraco a los españoles, que no vamos a permitir que este despilfarro quede sin consecuencias y que no vamos a parar hasta que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables de haber destruido un servicio público esencial como es la radio y la televisión pública. Si ustedes quieren telebasura, se la pagan ustedes. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario VOX: ¡Muy bien!―Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario VOX, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Rodríguez Gómez de Celis). Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sarrià Morell.

Gracias, señor presidente. Señorías, empezaré por lo esencial después de las sandeces que acabamos de escuchar. El real decreto ley que hoy nos trae el Gobierno para su convalidación no pretende otra cosa que garantizar el principio de suficiencia financiera que la Ley 8/2009 establece para la prestación del servicio público que Radiotelevisión Española tiene encomendado por ley. No se trata de rescatar a la corporación pública ―h‌ ay que recordar que Radiotelevisión Española cerró 2025 con un beneficio de 55,7 millones de euros‌― y no estamos hablando de cubrir insolvencias o pérdidas en la gestión; únicamente se pretende compensar a Radiotelevisión Española por los costes que eventualmente tuviera que asumir por impuestos soportados no deducibles. En definitiva, que esos impuestos tengan la consideración de costes derivados por la prestación de un servicio público que, obviamente, tiene que sufragar el Estado. Se trata de dar respuesta a una controversia tributaria que se inició tras la modificación de la ley del IVA en 2015. La diferente interpretación de la norma por parte de Radiotelevisión Española, por un lado, y la Agencia

Tributaria, por el otro, se tradujo en un proceso administrativo y judicial iniciado en 2017 en relación con los ejercicios de 2015 y 2016 y que aún está pendiente de resolución definitiva. Sí, han oído bien: de 2015 y 2016, aunque el Partido Popular haya esperado a los ejercicios de esta legislatura para descubrir un problema que creó el señor Montoro y que su equipo económico se ve que no pudo solucionar. (Aplausos).

Señorías, estamos ante dos cuestiones totalmente distintas: una, el método de cómo se liquida un impuesto, si es deducible o no, que lo resolverán los tribunales cuando toque; y otra, que sea cual sea esta resolución no puede afectar al sistema de financiación del servicio público que establecieron estas cortes.

La controversia ha tenido idas y venidas. Conviene recordar los informes prejudiciales del Tribunal de Justicia Europeo que fueron favorables a las tesis de las televisiones públicas. Sin embargo, otras sentencias han sido desfavorables, como la que este año ha dictado la Audiencia Nacional en relación con Radiotelevisión de Madrid. Hay que recordar ―‌como efectivamente se ha dicho‌― que estamos ante un litigio que afecta a la totalidad del sector público de radiotelevisión, no únicamente a Radiotelevisión española, pero corresponde al Gobierno de España la financiación de Radiotelevisión española, no de las televisiones autonómicas, para las que seguramente habrá que buscar otro tipo de soluciones en el seno de las propias comunidades autónomas.

Resulta aún más incomprensible, si cabe, la demagogia ―e‌ specialmente del PP, aunque también de la derecha en general‌― en un tema que supone una seria amenaza para la viabilidad económica de las cadenas públicas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP y por VOX. Porque quieren cerrar todas las cadenas públicas, pero la realidad es que, cuando tienen ocasión, procuran controlarlas.

Sería ingenuo pedirles que garanticen el equilibrio económico financiero de Radiotelevisión Española. Para ustedes, señorías del PP, la prioridad es otra: es la salvaje campaña de desprestigio a la que están sometiendo tanto a la Corporación como a sus profesionales con ataques de todo tipo. (Aplausos). Llevan meses anunciando la quiebra, la disolución, sabiendo perfectamente como saben que el auditor ha acreditado hasta la fecha que Radiotelevisión Española se ha adecuado en todo momento a la normativa contable en la elaboración de sus estados financieros y en los criterios seguidos para reflejar en estos sus discrepancias con la Agencia Tributaria. Por cierto, los mismos criterios que usaron ustedes hasta 2018, no sé qué cuestionan ahora.

Pero en ningún momento hemos oído cómo resolverían ustedes el problema que crearon y que podría comprometer gravemente la viabilidad de Radiotelevisión Española. Y ¡qué casualidad! (rumores), lo hacen cuando esta registra sus mejores datos de audiencia, de aceptación pública y de resultados económicos en muchos años. Me temo que, precisamente, es por eso, por el buen momento de la cadena. Si fuera mal, no les preocuparía tanto, mal que le pese al señor Feijóo, que no ha tenido otra ocurrencia que cuestionar el sistema de medición de audiencias que utiliza todo el sector. (Rumores). Se ve que no tenía bastante con cuestionar el voto por correo, los datos del paro, la ley de nietos… El Gobierno manipula hasta las audiencias, eso sí, únicamente cuando no le gustan a él. Ni ustedes ni los intereses privados que les silban a la oreja pueden soportar una cadena pública de calidad y competitiva, y por eso han abierto una causa general en el Senado ―‌inquisitorial‌― en forma de comisión de investigación en la que ni ustedes mismos saben que van a investigar. Eso sí, van a hacer pasar por allí hasta al apuntador. Han pedido toneladas de documentación con el único objetivo de contribuir a su campaña de acoso y derribo contra el servicio público y, de paso, ver si paralizan el funcionamiento administrativo de la Corporación. Casualmente, fíjense, es lo mismo que ha hecho la ultraderecha francesa en la Asamblea Nacional con France Télévisions, con el descarado objetivo de jibarizarla hasta su mínima expresión y convertirla en subsidiaria de las cadenas privadas. La diferencia es que allí la derecha democrática homologable ha sido la primera en denunciarlo y aquí ustedes son cada vez más indistinguibles de VOX.

Concluyo, presidente. En resumen, con este real decreto se soluciona un problema que no creó este Gobierno. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). No entramos en cuál será la resolución judicial última de un procedimiento que sigue su curso, pero garantizamos que, sea cual sea, Radiotelevisión Española podrá seguir prestando el servicio público que tiene encomendado por estas Cortes con suficiencia financiera, de acuerdo con la ley de financiación de la Corporación. Este es nuestro compromiso con la Radiotelevisión pública y con sus profesionales; el de ustedes, no lo conocemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

Señorías, les quiero comunicar una información absolutamente veraz, que no la escucharán ni la verán en los programas informativos de la productora afín en Radiotelevisión Española: un tribunal independiente, formado por varios magistrados, con pruebas y sin lawfare, ha condenado por prevaricación al hermano de P.S. —‌Sánchez— y a su exlíder en Extremadura. (Aplausos). Son las tres menos veinte (señala el reloj de la parte central del hemiciclo) y Pedro Sánchez no ha convocado aún elecciones. ¿Qué más tiene que pasar, señorías? (Aplausos).

Este real decreto constituye una auténtica confesión de culpa por parte del Gobierno. La Corporación de Radiotelevisión Española y la SEPI llevan siete años, ¡siete años!, desde 2019, aprobando unas cuentas que incluyen un balance falseado, que incluyen un activo ficticio y ocultan un pasivo real. ¡Y no es responsabilidad de Montoro ni de un Gobierno del Partido Popular, porque esto es del año 2019, cuando gobernaba el Partido Socialista!, ¡y ustedes han venido maquillando las cuentas desde entonces! (Aplausos). Otra cosa les digo, si ustedes dicen que es de Montoro y por una vez en siete años no mintiesen ―c‌ osa que, evidentemente, no es así―‌ , hubieran tenido tiempo más que suficiente para haber resuelto el problema. Pero ustedes ¿qué han hecho? Incluir un supuesto crédito a favor de Radiotelevisión Española frente a la Agencia Tributaria, que es absolutamente ficticio; y ocultan la existencia de una deuda real de Radiotelevisión Española con la Agencia Tributaria, tremendo. Y con estas dos falsedades ocultan la causa legal de disolución en la que podría estar incursa la corporación.

Señorías, la manipulación contable ha sido desacreditada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, pero le ha dado absolutamente igual a este Gobierno. A Televisión, porque su casi exclusiva ocupación y preocupación ha sido la manipulación informativa al servicio de este Gobierno, y a la SEPI, porque sus gestores andaban ocupados ―‌eso lo saben ustedes muy bien‌― y preocupados por las andanzas y negocios de los que están ahora imputados. Así, enlodados como están en la manipulación y en el business, desatender un quebranto de más de 900 millones de euros ―‌que se dice pronto, señorías, ¡900 millones de euros!―‌ les ha parecido un tema menor. (Aplausos). ¡Pues no es menor, ni mucho menos! Que una empresa pública falsee sus cuentas —¡falsee sus cuentas!— y presente un balance falso tiene una enorme gravedad.

Señorías, ¿con tanta falsedad hay algo de verdad en este Gobierno, ministro? Yo creo que no. Como excusa, Radiotelevisión y la SEPI dijeron que no era preciso contabilizar el caso IVA, porque a fin de cuentas, la corporación iba a ganar ―‌porque eso sí, tienen la bolita―‌ el juicio a la Agencia Tributaria. Así de frívola y de irresponsable ha sido la excusa utilizada para ocultar a los españoles la gravedad de la situación. Fue la propia Intervención del Estado la que le avisó de lo infundado del optimismo sobre la victoria judicial ante la Agencia Tributaria. Para ellos lo importante era seguir manipulando la información y seguir haciendo caja en los bolsillos particulares de los gestores de la SEPI y de todos sus amigos. ¡¿Cuándo van a sacar las garras de Radiotelevisión Española, que es un medio público de todos los españoles?! (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Muy bien!). Señorías, no olvidemos que la sentencia de la Audiencia Nacional, que se cita en el decreto, juzgó un caso semejante dando la razón a la Agencia Tributaria. Y ahora, en lugar de asumir o depurar responsabilidades políticas, el Gobierno hace lo de siempre: nos trae un real decreto ley que, además de una confesión, es una auténtica chapuza. Lo es porque ni da solución a la actual falsedad del balance ni resuelve a futuro la situación financiera de la entidad. Es así. Las cuentas anuales de Radiotelevisión Española, formuladas solamente por parte de su Consejo de Administración y aprobadas por la SEPI, siguen incluyendo un balance que refleja un activo ficticio de más de 500 millones de euros y ocultan una deuda real con la Agencia Tributaria.

Además, el real decreto prevé que, cuando se concreten las sucesivas derrotas judiciales en el caso IVA, el problema se arregle con una mera anotación contable por la que Radiotelevisión Española reconozca su derecho a una futura subvención. Subvención que no habrá cobrado pero que tampoco estará aprobada, y aún más, cuya tramitación no habrá sido ni tan siquiera iniciada. Una chapuza monumental. Es más, en la memoria se afirma que la norma no tiene repercusión económica, cero euros, y tan solo una mera anotación contable. Repito, una chapuza integral que ni resuelve la falsedad actual de las cuentas ni soluciona su crisis financiera. Lo de siempre con ustedes, nada original. Lo que ocurre con todas las empresas públicas que han infectado: las ponen en manos de gestores ineptos al servicio de Sánchez y acaban arruinándolas. Y a la cabeza la SEPI, a la que pertenece la corporación. No lo olvidemos: sus tres presidentes (hace el número tres con los dedos de la mano derecha) de la etapa socialista imputados y veintitantos más con rescates y adjudicaciones bajo sospecha. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!—Aplausos). O el caso de Correos, al que arruinó su entonces presidente y hoy persona de rabiosa actualidad judicial e íntimo amigo de Sánchez.

Y es que no solo se esconde la verdad, se manipula sin rubor alguno, se injuria y se calumnia a jueces, a periodistas, a la oposición, a la UCO, a la UDEF y al sursuncorda; en definitiva, a todo aquel que no se pliegue a los intereses de Sánchez. Además, incumplen todos sus fines, porque ni es independiente, ni es objetiva, ni es neutral, ni es plural, ni tan siquiera es saludable. Eso fue lo que nos dijo ayer en un lapsus ―‌imagino, debió ser‌― el presidente de Radiotelevisión Española, cuando nos dijo que ver Televisión Española no es bueno para la salud. Eso lo dijo el presidente de Radiotelevisión Española.

En la corporación existen grandes profesionales, por supuesto que sí, a los que desde aquí hacemos un merecido reconocimiento, pero lamentablemente hay gran parte de «opinión sincronizada» que, como sabemos, interviene al dictado de Moncloa. Los argumentarios les llegan incluso antes de que se haya publicado una sentencia o un auto; lo conocen todo y ellos salen automáticamente a defenderlo sin tener conocimiento de ninguno de los argumentos que dice el auto o la sentencia. Pero bueno, da igual, la cuestión es salvar a Moncloa a toda costa. Todos ellos están presentes en los informativos de productora que se emiten en Radiotelevisión Española, como La Hora de La 1, Mañaneros, Malas Lenguas o Directo. Algunos de los presentadores, como Intxaurrondo, Javier Ruiz, Cintora o Miró, no dudan en esparcir bulos, calumniar y humillar a los discrepantes en una constante desacreditación. Ahí están las denuncias públicas del Consejo de Informativos, que todos conocen, y la de la CNMC, que concluye su informe sobre el incumplimiento de las obligaciones de pluralismo por Radiotelevisión Española diciendo que los porcentajes de tiempo dedicados al Gobierno nada tienen que ver con el bloque de la oposición, así como las intervenciones en los programas informativos. Claro, como Sánchez no puede pisar la calle, utiliza la televisión pública como altavoz con el dinero de todos. (Aplausos.—Una señora diputada: ¡Eso es!). Los españoles merecen una televisión independiente y sólida. Y la pregunta sigue en pie, porque todavía se preguntan ustedes por qué hemos impulsado una comisión de investigación en el Senado sobre Radiotelevisión Española, pues a los hechos me remito.

Para ustedes, por su concepto patrimonialista del Estado, el uso instrumental de las instituciones y empresas públicas para ponerlas al servicio del jefe de la banda se hace con devoción, devoción mesiánica, y no tienen límite moral alguno porque están administrando dinero de todos para proyectos de la banda. La ineptitud envuelta en el fanatismo hacia Pedro Sánchez ha llevado a España a una situación insostenible. No queda institución, ni organismo, ni empresa pública que no hayan colonizado, manoseado y hundido. Y las consecuencias las pagan todos los españoles, hartos de que ustedes no convoquen elecciones. Todos los españoles, millones y millones de españoles, ¡están reclamando elecciones generales ya!

Nada más y muchas gracias. (Aplausos.―Varios señores diputados: ¡Muy bien!).