Arcadi España García
GobiernoMinistro de Hacienda.Página 7Vídeo
Gràcies, presidenta. Gracias, presidenta.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para defender la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2027‑2029. Lo hago desde una convicción profunda, y es que la estabilidad de las cuentas públicas no es un fin en sí misma, sino el instrumento que nos permite sostener y fortalecer aquello que realmente importa a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país: la sanidad, la educación, la dependencia, las pensiones, la vivienda; en definitiva, nuestro estado de bienestar. La estabilidad presupuestaria no es solo un compromiso adquirido con nuestros socios europeos, es también una herramienta de soberanía económica. Cuanto más solventes son nuestras cuentas, más capacidad tiene nuestro país de decidir su propio rumbo. Por tanto, reducir el déficit y contener el endeudamiento significa depender menos de la financiación exterior; significa depender menos de las fluctuaciones del mercado, menores costes financieros que pueden imponernos circunstancias ajenas a nuestras decisiones. Cada euro que dejamos de destinar al pago de intereses es un euro que podemos destinar a mejorar la vida de nuestros ciudadanos.
La estabilidad presupuestaria nos permite afrontar las crisis con mayor fortaleza, reaccionar con más rapidez ante situaciones imprevistas y proteger mejor nuestro estado de bienestar. Por eso, el debate de hoy no es exclusivamente un debate en términos de cifras económicas, es también un debate sobre el modelo de país que queremos construir y sobre la responsabilidad institucional que debemos ejercer quienes representamos legítimamente a los ciudadanos y las ciudadanas. España ha demostrado en estos últimos años que es posible combinar crecimiento económico, cohesión social y responsabilidad fiscal. Hemos afrontado circunstancias extraordinarias, desde la pandemia a la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, ahora también en Irán, y tensiones presupuestarias inflacionistas globales en un contexto internacional marcado con una palabra: la incertidumbre. Sin embargo, nuestro país ha respondido con resiliencia ante una serie de crisis concatenadas.
Hoy, la economía española crece por encima de las principales economías de la zona euro y así lo hará los próximos años, de acuerdo con todos los organismos internacionales. Medido en términos reales ―esto es, descontando la inflación―, el PIB español se situará, en 2027, en alrededor de 15 puntos por encima de su nivel de 2019; una recuperación muy superior a la de Alemania, Francia, Italia o la de la media de la zona euro. Además, la afiliación a la Seguridad Social está en máximos, supera los 22,4 millones de ocupados, con 65 meses consecutivos de creación de empleo. Por tanto, los datos demuestran que nuestra política económica está funcionando y nos permite afrontar con solvencia los retos que tenemos por delante. Instrumentos y medidas aprobadas por este Parlamento como el plan de respuesta a la guerra de Irán, con 6800 millones de euros movilizados, la aprobación de 6200 millones de euros adicionales para la dependencia ―luego habrá un interesante debate en esta Cámara―, la asignación de 7000 millones de euros para el Plan Estatal de Vivienda y decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional un 66 % o la revalorización de las pensiones conforme al IPC son algunos ejemplos de las medidas aprobadas en lo que va de esta legislatura, muchas de ellas con apoyo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara. Aun así, persisten —lo sabemos— retos muy importantes, como la vivienda, seguir incrementando los salarios o reducir la desigualdad en nuestro país.
Por otro lado, además de aprobar esas medidas en esta Cámara por parte del Consejo de Ministros, hemos conseguido reducir el déficit público y disminuir significativamente el peso de nuestra deuda. El déficit se ha reducido a su nivel más bajo en dieciocho años; tenemos un déficit inferior a la media de la zona euro y también de países referentes como Italia, Francia o Alemania. Fíjense que la última vez que España tuvo un saldo fiscal mejor que Alemania fue en el año 2007. La deuda pública ha descendido en más de 20 puntos respecto al máximo alcanzado durante la pandemia, y todo ello sin desmantelar los servicios públicos, sin abandonar a familias, pymes, autónomos y empresas. Y es en este contexto económico en el que debemos analizar los objetivos de estabilidad que hoy presentamos. Son unos resultados económicos que han tenido una consecuencia directa en el incremento de recursos de todas las Administraciones públicas y, obviamente, también en las comunidades autónomas, que nunca habían contado con tantos recursos como en la actualidad.
Estos son los hechos. Les daré algunas cifras: las comunidades autónomas recibieron 30 000 millones de euros a través del Fondo COVID‑19; se mantuvieron las entregas a cuenta durante la pandemia pese al desplome de la actividad económica; el Estado asumió liquidaciones negativas por importe de 4000 millones de euros; se han transferido más de 40 000 millones de euros estos años en conferencias sectoriales, además de reforzar los mecanismos extraordinarios de liquidez a aquellas comunidades que lo necesitaban y la actualización de entregas a cuenta desligada de la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Son decisiones que reflejan el compromiso permanente del Gobierno de España con el Estado autonómico y las competencias que ejercen las comunidades autónomas, fundamentales en nuestro Estado de bienestar.
Señorías, la consecuencia de esta política económica exitosa y que funciona es que las comunidades autónomas volverán a disponer el año que viene, en 2027, de la mayor financiación de su historia. Los recursos crecerán más de un 8 % con respecto a este año si sumamos entregas a cuenta y liquidación, un incremento extraordinariamente importante que permite seguir reforzando las competencias autonómicas en sanidad pública, en educación, en ayuda a las personas y a las familias dependientes, en más servicios sociales o en políticas de vivienda.
Precisamente porque creemos en el fortalecimiento de los servicios públicos presentamos, primero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y posteriormente en el Consejo de Ministros y ministras, una senda de estabilidad que protege y ofrece mayor margen presupuestario a las comunidades autónomas. La propuesta que hoy defendemos y planteamos establece una reducción progresiva y realista del déficit público del 1,8 del PIB en 2027 al 1,6 en 2028 y al 1,5 en 2029, unos objetivos plenamente compatibles con las nuevas reglas fiscales europeas y con la necesidad de seguir reduciendo la deuda pública de manera sostenida. La responsabilidad fiscal consiste en eso, en gestionar de forma eficiente los recursos públicos, reducir gradualmente los desequilibrios y hacerlo sin poner en riesgo ni el crecimiento económico ni el bienestar de la ciudadanía, y eso es exactamente lo que hace la senda que proponemos hoy a esta Cámara. Para las comunidades autónomas se establece un objetivo del déficit del 0,1 % del PIB durante los años 2027, 2028 y 2029.
Permítanme hacer una reflexión sobre esta parte. Las comunidades autónomas no tendrán que realizar esfuerzos adicionales durante este periodo; mantendrán el mismo margen fiscal durante tres años consecutivos. Mientras tanto, la Administración General del Estado será la que asumirá la mayor parte del esfuerzo de la consolidación fiscal. El déficit del Estado se reducirá progresivamente desde el 1,8 previsto para este año al 1,3 en 2029, una reducción de 5 décimas que asume la Administración General del Estado. Pero no solo esto. Del 1,5 que establece el acuerdo para la Administración General del Estado, si tenemos en cuenta… (Rumores).